En este capítulo se analizan las discusiones políticas desarrolladas en el marco del debate en el Congreso por el PNTR a China. Se pretende identificar las posiciones de los legisladores según su procedencia partidaria y territorial, así como también analizar los diversos actores sociales que se expresaron con sus demandas condicionando la votación. A la vez, se busca evidenciar las diferencias en las estrategias de cara a la votación en la Cámara de Representantes y en el Senado a partir de las particularidades de cada una. Para ello, ordenamos la exposición en tres apartados. En primer lugar, sistematizamos algunos elementos sobre la relación entre el gobierno de Clinton y el Congreso, su composición y cómo fueron las instancias previas a la votación propiamente dicha. Luego dedicamos un segmento al debate y resolución en la cámara baja y otro para el Senado.

La antesala de una votación histórica

Tras las elecciones legislativas de 1998, el Partido Demócrata no pudo recuperar la mayoría en ninguna de las dos cámaras que había perdido en 1994 luego de la aprobación del NAFTA. El 106th Congress, se distribuyó en 211 demócratas, 222 republicanos y dos independientes (Bernie Sanders y Virgil Goode^[1]) en la Cámara de Representantes, mientras que el Senado se constituyó con 54 republicanos y 46 demócratas. Así, Clinton transcurrió su segundo mandato sin controlar el Congreso y, por lo tanto, su vínculo fue de por sí más complejo. Esto se evidenció, en materia comercial, especialmente en la incapacidad de obtener el poder de fast-track y a nivel general, con tener que atravesar un proceso de impeachment por denuncias de acoso sexual y el escándalo mediático con Mónica Lewinsky.

Sin embargo, esta complejidad no sólo respondía a la mayoría republicana en el Capitolio, sino también a las diferencias dentro del Partido Demócrata. Resulta significativo que el 60% de los representantes demócratas votó en contra del NAFTA, un 80% y 85% respectivamente en las votaciones de fast- track de 1997 y 1998, mientras que en el caso del PNTR para China un 65% de los representantes demócratas rechazó la ley. Que haya sido en cuestiones de política exterior, especialmente comercial, donde se evidenciaron más conflictos al interior del partido gobernante y entre el Ejecutivo y el Congreso, resulta un fenómeno a destacar y analizar.

En el caso de PNTR para China, el protagonismo de Clinton y del conjunto del gabinete como analizamos en el capítulo anterior, fue decisivo y estuvo presente en todo el proceso parlamentario. Con un discurso inaugural de las sesiones en enero del 2000, Clinton expresó la importancia de la aprobación de PNTR para China^[2], proyecto que días después comenzó su tratamiento. Entre las intervenciones por parte del presidente, se encuentra también una carta enviada a los líderes del Congreso donde señalaba:

If Congress were to refuse to grant permanent NTR, our Asian and European competitors will reap these benefits but American farmers and businesses may well be left behind. In sum, it lies not only in our economic interest to grant China permanent NTR status. We must do it to encourage China along the path of domestic reform, human rights, the rule of law and international cooperation.^[3]

Este tipo de declaraciones se repitieron en varias oportunidades en distintas instancias del Partido Demócrata, intentando argumentar la necesidad de la aprobación de la ley^[4].

Presentado el proyecto, el mismo fue asignado para su tratamiento al Committee on Ways and Means, presidido por el legislador republicano B. Archer de Texas. La comisión comenzó en febrero con las audiencias públicas al respecto, se destaca en ellas la presencia de C. Barshefsky, entre otros secretarios, y oradores de las principales asociaciones comerciales y corporaciones, así como también de los sindicatos, organizaciones ecologistas y de derechos humanos. En mayo, aprobado el proyecto en la comisión por 34 votos a favor y 4 en contra, se pasó a su tratamiento en la Cámara de Representantes contando también con la aprobación en el Senate Finance Committee con 18 votos a favor y uno en contra.

Si bien el Poder Ejecutivo es quien tiene a cargo la política exterior, el Congreso ha cumplido un importante rol en la política respecto a China especialmente con las renovaciones anuales del status de MFN que se tornaron cada vez más polémicas luego de las protestas en Tiananmen en 1989. Entre los trabajos que analizan esta cuestión, predominan especialmente los análisis cuantitativos centrados en la Cámara de Representantes. Algunos sostienen que las votaciones respecto a MFN y PNTR para China se explican por razones ideológicas y partidarias de los legisladores (Nokken, 2003; Xie, 2006) mientras que otros consideran determinantes el dinero corporativo vía PACs y el nivel educativo de los electores del distrito al cual responde el representante (Hasnat y Iii, 2002). Por otro lado, encontramos quienes analizan que los cambios de votos en las distintas votaciones de MFN y PNTR por parte de legisladores respondía a constantes evaluaciones de costos-beneficios según la coyuntura (Seo, 2015).

Otros trabajos cuantitativos concluyen que las contribuciones para las campañas electorales por parte de sindicatos y corporaciones determinaron el voto de los legisladores para PNTR, desestimando tanto las cuestiones ideológicas como las características poblacionales de sus distritos (Wang et al., 2013). Mientras otros, enfatizan principalmente en las contribuciones y el lobby del agro vía PACs como factor decisivo (Gilbert y Oladi, 2011). A la vez, en otro estudio se analiza cómo los demócratas que votaron a favor de PNTR tuvieron como consecuencias ciertos recortes en el financiamiento electoral por parte de los sindicatos (Jackson y Engel, 2003).

Por otro lado, encontramos trabajos cualitativos centrados en el análisis discursivo del debate. Algunos focalizados en la existencia de una retórica demonizante de China por parte de la oposición (Lubman, 2004) mientras otros observan los cambios en la narrativa del gobierno y los sectores que impulsaban la ley: en un primer momento orientada a los beneficios de la globalización para luego virar hacia una argumentación vinculada a la defensa de la seguridad nacional, mensaje más ajustado a los estereotipos sobre China en la sociedad norteamericana (Skonieczny, 2018b). Por último, una serie de análisis explican el resultado de la votación por las estrategias de los distintos partidos y la relación de fuerzas al interior de éstos en el marco del año electoral (Devereaux et al., 2006; Shoch, 2001).

Aquí nos proponemos, partir de y profundizar un aspecto caracterizado por Panitch y Gindin: el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo “refleja la contradicción interna que afronta el Estado estadounidense al actuar como el Estado de Estados Unidos y como el Estado “indispensable” del capitalismo global” (Panitch y Gindin, 2013a, p. 490). Entendemos que este conflicto se evidencia en el caso que aquí analizamos, comprendiendo que en el Congreso se ponen de manifiesto las relaciones de fuerza, las distintas fracciones de clase que se constituyen en su relación con el Estado (Bonnet, 2012) y las tensiones con el papel de Estados Unidos como potencia imperialista.

House of Representatives: quién representa a quién

A partir de la exposición de Clinton en enero inaugurando las sesiones del Congreso, las intervenciones de representantes vinculadas a China comenzaron a ser cada vez más recurrentes y álgidas. Los impulsores de la ley argumentaron principalmente sobre los beneficios económicos de la reducción de aranceles aduaneros y la posibilidad de reformas y democratización de China a partir del ingreso a la OMC y del avance y poder de internet. A su vez, remarcaban el carácter unidireccional del acuerdo en el cual Estados Unidos no estaba cediendo nada ante el gigante asiático y cómo un posible rechazo de la ley beneficiaría a los competidores. Especialmente se utilizó el acuerdo entre la Unión Europea y China firmado a días de la votación^[5], como un eje para justificar una posible pérdida de oportunidades para las empresas norteamericanas.

Los argumentos de los opositores fueron principalmente las enérgicas denuncias a China de comunista y país donde se violan los derechos humanos, no hay libertades religiosas no se respetan derechos laborales y se realizan abortos forzados. A estos se le sumaban la preocupación por el déficit comercial y la pérdida de puestos trabajo que traería como consecuencia este acuerdo al igual que ocurrió con el NAFTA. En este sentido, también eran recurrentes las denuncias contra el lobby empresarial y las corporaciones que buscaban relocalizar su producción en China para aprovechar sus bajos salarios. Las empresas más atacadas en los discursos opositores eran Wal-Mart, Nike, Cargill, Boeing, Motorola, Coca-Cola, General Electric, General Motors, Mattel y Timberland. Bajo esta perspectiva, también aparecían incluso menciones a que el problema era la propia OMC^[6].

Además del NAFTA, la comparación y el balance sobre la estrategia adoptada ante Cuba estuvo presente en las argumentaciones de ambos sectores. Esto se sumó a otro tópico de la polémica: la seguridad nacional. Quienes estaban a favor, sostenían que un rechazo podría desatar una inestabilidad en el orden mundial y una fuerte reacción de China, mientras que los representantes que estaban en contra de PNTR afirmaban que el país asiático al detentar armas nucleares constituía en sí mismo una amenaza para la seguridad nacional.

En el marco del debate en la Cámara de Representantes, ciertas tácticas partidarias fueron importantes para su aprobación. Por un lado, la decisión de la fecha de la votación en mayo estuvo pensada para evitar su cercanía con las convenciones nacionales de los partidos de cara a las elecciones^[7]. Ciertos republicanos querían extender el proceso con la finalidad de aumentar el costo político y dañar la candidatura de Gore, sin embargo, la presión empresarial primó para que se votase cuanto antes (Devereaux et al., 2006; Shoch, 2001).

Por otro lado, la propuesta de Levin y Bereuter de establecer una comisión encargada de evaluar anualmente la situación de los derechos humanos en China fue un elemento importante para traccionar a muchos indecisos. El hecho de que la propuesta viniera de Levin no era menor políticamente ya que se trataba de un demócrata de Detroit con un buen vínculo con el sindicalismo y que había votado en contra del NAFTA y el fast-track^[8]. Justamente, la experiencia previa de derrota del fast-track fue importante para que las corporaciones flexibilizaran su posición y aceptaran, en este caso, la propuesta de Levin y Bereuter para lograr los votos de ciertos demócratas temerosos de las críticas de los sindicatos (Shoch, 2001). Resulta significativo también el hecho de que una de las estrategias para conseguir votos indecisos fuera la creación de un organismo de monitoreo lo cual evidenciaba la importancia para el Congreso de no perder ciertas atribuciones en materia de política exterior ante el Ejecutivo. Por eso, también muchos representantes argumentaron su voto en contra a partir de la importancia de sostener la renovación anual de MFN como instancia de escrutinio de China desde el Congreso.

Además de la labor bipartidista de Levin y Bereuter, en la prensa se señaló el trabajo del representante demócrata Charles B. Rangel de Nueva York quien aparecía como un gran influyente para obtener los votos de congresistas afroamericanos nucleados en el Congressional Black Caucus^[9].

Por último, como analizamos en el capítulo anterior, debe destacarse que la acción coordinada del Ejecutivo junto con el lobby corporativo se valió de distintas negociaciones específicas con ciertos representantes. El gobierno prometió apoyo en determinados proyectos o beneficios a varios representantes indecisos a cambio del voto positivo a PNTR para China^[10].

Finalmente, luego de intensas jornadas de debate el 23 y 24 de mayo del 2000, la ley se terminó aprobando con un margen mayor al previsto: 237 votos a favor (164 republicanos y 73 demócratas) y 197 en contra (57 republicanos, 138 demócratas y 2 independientes).

Ahora bien, ¿qué nos dicen estos números? Lo más evidente es el significativo apoyo republicano a la propuesta del gobierno de Clinton quien afrontaba un rechazo dentro de su propio partido. Encontramos pues, una clara votación bipartidista, con alianzas que en otros temas resultan impensadas, pero que en cuestiones de liberalización comercial son posibles. En este sentido, amerita distinguir que hay otro trasfondo a lo que se caracteriza como “los extremos ideológicos contra el centro” (Nokken, 2003) en alusión a la alianza entre sectores más progresistas del Partido Demócrata con los más conservadores del Republicano para rechazar PNTR. Si bien ciertos miembros del Congreso ya tenían una posición tomada respecto al comercio con China, por las anteriores votaciones de MFN e incluso algunos desarrollaban un marcado activismo al respecto, no es la ideología la única explicación para comprender una votación cuyo desenlace fue incierto hasta último momento.

Consideramos importante ver los elementos mencionados (ideologías, accionar partidario, presión del Ejecutivo y de corporaciones y sindicatos) en su dimensión territorial^[11]. Cómo se combinan estas cuestiones en cada estado resulta particular y la mayoría de las intervenciones de los representantes en el debate estuvo orientada a detallar las particularidades de sus distritos y qué implicancias tenía para cada uno el PNTR para China.

En este sentido, primero resulta importante señalar que hubo 11 estados en los cuales la totalidad de sus representantes votaron a favor (Arkansas^[12], Delaware, Iowa, Kansas, Louisiana, Montana, Nebraska, New Hampshire, North y South Dakota y Wyoming). La gran mayoría de éstos pertenecen a la zona de las Grandes Llanuras^[13] o son estados cuyas principales actividades económicas están vinculadas con la agricultura^[14]. Entre estos también se incluyen la gran cantidad de votos que aportó Texas (25 siendo 11 republicanos y 14 demócratas), sumado a los de otros estados como Oklahoma, Kentucky, Arizona, New México y Missouri. La Casa Blanca buscó especialmente el apoyo de representantes de distritos con fuerte peso de sectores del agro^[15] y el “farm lobby” fue considerado un contrapeso a los sindicatos en varios distritos^[16].

El otro sector con importante influencia fueron las high-tech, lo cual vemos claramente reflejado en su peso territorial, con 31 votos a favor de representantes de California (20 republicanos y 11 demócratas), cuna de Silicon Valley y estado con significativa producción agrícola. Este peso del lobby de las high-tech también se puede observar en otros distritos. Esto se replica en otros estados con polos tecnológicos importantes como el llamado Silicon Alley en Nueva York, estado que aportó 17 votos a favor (9 republicanos y 8 demócratas) y al corredor tecnológico de Virginia que sumó otros 6 votos más, e incluso puede considerarse el interés de ciertos sectores en Texas por expandir las empresas de telecomunicaciones en el estado.

En el caso de Nueva York, lógicamente, también fue importante la presión del capital financiero, aunque hubo un contrapeso de 14 votos en contra (3 republicanos y 11 demócratas) que evidencian también las acciones de los sindicatos y de la industria manufacturera^[17].

El otro estado con peso de las high-tech con presencia de Microsoft y de la industria aeroespacial con Boeing a la cabeza fue Washington donde prevalecieron los votos a favor (3 republicanos y 5 demócratas) con sólo un voto republicano en contra, pese a haber sido Seattle, su ciudad más importante, la sede de las protestas antiglobalización.

La cantidad de votos a favor por parte de demócratas en estos estados se inscribe en las acciones del gobierno que apuntó especialmente a convencer a quienes tenían “safe seats” -cuyas bancas no estaban en peligro en las elecciones- y que podrían resistir a las críticas de los sindicatos^[18]. La mayoría de los demócratas que votaron a favor, se encuadraban dentro de los New Democrats, coalición formada por aproximadamente 65 congresistas^[19] cuyo PAC contaba con contribuciones de corporaciones como America Online, Motorola, Citigroup y Boeing^[20].

En relación con esta cuestión, aparece otra pregunta central: ¿todos los que denuncian a las grandes corporaciones tienen relación con el sindicalismo? La respuesta claramente es no. Muchos republicanos, conservadores en su gran mayoría, así como también varios demócratas, tuvieron discursos muy críticos contra las multinacionales ya que mantenían vínculos con otros sectores empresariales.

Es interesante, en este sentido, ver cómo en la mayoría de los estados del “cinturón del óxido”, los cuales sufrieron especialmente los efectos de la desindustrialización, tuvieron una votación mayoritariamente en contra, primando en las intervenciones las críticas al NAFTA. Los votos demócratas fueron predominantemente negativos en Michigan (6 votos a favor -5 republicanos y 1 demócrata- y 10 votos en contra – 1 republicano y 9 demócratas), Pennsylvania (9 republicanos a favor y 12 votos en contra – 1 republicano y 11 demócratas), West Virginia (3 votos demócratas en contra).

En el caso de Illinois, se desarrolló un empate partidario (10 votos republicanos a favor y 10 demócratas en contra), votos que fueron muy disputados tanto por empresas vinculadas al agronegocio como por Caterpillar como por Motorola^[21] con sede en el estado y con protagonismo en las asociaciones corporativas, en oposición la presencia sindical fue muy fuerte^[22]. En las argumentaciones en contra de los representantes de Illinois, además de las denuncias a las grandes corporaciones y los reclamos por las pérdidas de puestos de trabajo que atraería este acuerdo, aparecía también una defensa a pequeñas empresas manufactureras:

In the 7th District of Illinois on Chicago’s Westside there is a mini renaissance of manufacturing. […] These struggling new small businesses, the engine of job creation today, and their workers are about to be thrown into unfair competition with factories in China.^[23]

También hubo una votación empatada en Indiana, donde los representantes que expresaron su rechazo enfatizaron en la crisis para la industria siderúrgica^[24], y en el caso de Ohio, el otro gran estado del cinturón del óxido, la votación fue muy pareja con una mayoría demócrata en contra: 10 votos a favor (9 republicanos y 1 demócrata) y 9 en contra (2 republicanos y 7 demócratas). En las argumentaciones de los republicanos que votaron a favor tuvo especial presencia los beneficios para los productores de soja y maíz^[25], mientras que en las intervenciones de quienes votaron negativamente primaron discursos vinculados a la pérdida de puestos de trabajo principalmente a partir del NAFTA^[26]. Este tipo de discursos también se vieron en la mayoría de los representantes de Minnesota que votó en contra, enfatizando en los sectores de siderurgia y minería de hierro^[27] mientras los votos a favor fueron abiertamente en defensa de los agronegocios especialmente de Cargill con sede en el estado^[28]. En Wisconsin también la pérdida de puestos de trabajo, las críticas al NAFTA y las menciones a las protestas en Seattle aparecieron entre los discursos opositores^[29], mientras que el único demócrata que votó a favor, Ron Kind, pertenecía a los New Democrats.

Se destacan también, entre los estados del Nordeste, otros con una mayoría de votos en contra: Connecticut, New Jersey y Massachusetts. En el caso de este último, las intervenciones en contra en defensa de la industria textil y manufacturera y sus puestos de trabajo fueron nodales en las argumentaciones^[30].

En este sentido, en Georgia, North y South Carolina, estados con fuerte tradición de la industria textil^[31], también prevalecieron los votos en contra del PNTR para China. Las expresiones en el debate eran contundentes al respecto: “If we approve PNTR and China’s entry into the WTO, we will witness the total and complete collapse of the textile industry in America, along with some other industries”^[32].

A estos estados importantes con votos mayoritariamente negativos, se le suman otros 6 con pocos representantes cada uno donde todos ellos votaron en contra: Alaska (1 republicano), Hawaii (2 demócratas), Nevada (1 republicano y 1 demócrata), Rhode Island (2 demócratas), Vermont (1 independiente: Bernie Sanders^[33]) y West Virginia (3 demócratas).

Por último, amerita señalar en el caso de Florida donde hubo un empate: 11 a favor (8 republicanos y 3 demócratas) y 11 en contra (6 republicanos y 5 demócratas), con un representante que no votó. En las argumentaciones de quienes apoyaban la ley, aparecía fuertemente la mención a la industria de fertilizantes y la producción citrícola^[34]. Si bien la mayoría de los votos positivos en Florida fueron republicanos, es importante señalar que se trató del estado con más votos en contra por parte del Partido Republicano. Se observa, en este sentido, el peso de los sectores más conservadores del partido en este territorio. El hecho de que el debate sobre el bloqueo a Cuba estuviese muy presente a modo de paralelismo con China, no debe subestimarse. En pleno año electoral y siendo Florida un swing state con fuerte presencia de migrantes cubanos, se comprende también el significativo rechazo a la medida de varios republicanos.

Las particularidades de las relaciones de fuerza en cada estado se expresaron en la votación. En el marco de un proceso eleccionario se puede apreciar especialmente cómo en la Cámara de Representantes, hay una mayor movilidad y los representantes están más sujetos a distintas presiones para la renovación de sus bancas. Veremos a continuación, las diferencias respecto al Senado.

Senado: enmiendas ante un desenlace asegurado

En el Senado, de por sí se esperaba un resultado favorable. Las estrategias para evitar la aprobación de la ley fueron, por lo tanto, otras. Primó la discusión sobre la fecha de votación que fue debatida en el marco del calendario electoral y usada en las negociaciones entre los partidos. Finalmente, tras dilaciones, la votación terminó ocurriendo en septiembre.

Por otro lado, se buscó obstaculizar la ley mediante la presentación de más de 20 enmiendas. Éstas estaban relacionadas principalmente con temas de derechos humanos, libertades religiosas y seguridad nacional. La considerada más peligrosa para la aprobación de la ley fue la presentada por los senadores Thompson (Tennessee – Republicano) y Torricelli (New Jersey – Demócrata) que establecía la capacidad de sancionar a China por proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva. El hecho de que el tema de la enmienda remitiera a cuestiones de seguridad nacional no es menor. Refiere no sólo a un aspecto vinculado a la tradición realista muy fuerte en la política exterior norteamericana, sino a también su basamento material en preservar el complejo militar-industrial y el propio poderío imperial de Estados Unidos.

Si se aprobaba la enmienda, el proyecto debía volver a la Cámara de Representantes donde, dadas las condiciones en que se desarrolló el debate en mayo, implicaba un riesgo y una postergación mayor, cada vez más cercana a las elecciones. Esta enmienda fue especialmente atacada por el gobierno^[35] y el lobby corporativo. El presidente de la U.S. Chamber of Commerce, Thomas Donohue, amenazó con que iba a haber serias consecuencias políticas para quienes apoyaran la enmienda^[36]. Ésta finalmente terminó siendo rechazada por 65 votos en contra y 32 a favor y con distintos márgenes fueron derrotadas todas las demás propuestas de modificaciones.

Superados esos obstáculos, la votación de la ley resultó ser abrumadoramente a favor: 83 votos (46 republicanos y 37 demócratas^[37]) contra 15 (8 republicanos y 7 demócratas) y dos senadores que no votaron^[38]. Es decir, muchos senadores pese a haber votado a favor de las distintas enmiendas, llegado el momento no rechazaron la ley. Incluso Thompson y Torricelli terminaron votando a favor de PNTR para China.

Ahora bien, si en la Cámara de Representantes se tradujo la relación de fuerzas a nivel territorial en la votación, en el Senado la dinámica fue otra. Al respecto es importante señalar algunas de las diferencias entre ambas cámaras. El Senado tiene un carácter más conservador y “pro-business”. Su estructura de renovación de bancas no es total en cada elección sino por tercios y con mandatos de seis años en vez de dos. En contraste con lo que sucede en la cámara baja, los senadores son dos por cada estado -habiendo una sobrerrepresentación de los estados menos poblados, generalmente con más extensión rural- y su elegibilidad no depende de un distrito congresual en particular. En este sentido, sus ataduras a las demandas políticas del electorado y las presiones por la renovación de sus bancas suelen ser menores.

Esto se observa con claridad en el caso aquí analizado. La poderosa alianza del Ejecutivo y las corporaciones, que contaba con el apoyo de también más de 40 gobernadores, pudo imponerse ampliamente. Por su parte, por las características y tradición del Senado, la presión de los sindicatos era más débil, los cuales terminaron reorientando sus esfuerzos a las elecciones de noviembre y a otras prioridades como el sistema de salud y el aumento del salario mínimo^[39]. La previsión de una votación irreversible se vio también en la pérdida de presencia del tema en la prensa escrita.

Igualmente, hubo 15 votos negativos que ameritan ser analizados. Entre ellos se destacan varios senadores con un perfil marcadamente conservador, especialmente en el caso de los republicanos, pero también de ciertos demócratas como el histórico Senador Byrd de West Virginia quien, por ejemplo, había sido miembro del Ku Kux Klan en su juventud. Los “pro-labor democrats” en este caso, fueron pocos. Se destaca especialmente entre ellos a Wellstone (Minnesota) como el más activo en el debate.

Las trabas puestas en el Senado, si bien fueron menos alarmantes que en la Cámara de Representantes, muestran que la dinámica política del Congreso puede ser un obstáculo para las políticas de liberalización comercial e internacionalización del capital. En este caso, el accionar conjunto del Ejecutivo y el lobby corporativo de distintos sectores de la economía resultó fundamental para superarlo. Estos esfuerzos y esta coordinación, sin embargo, no estaba dada ni asegurada. Entre risas y agradecimientos, Clinton admitía en su discurso al promulgar la ley: “Let me say, in case you’ve all forgotten, this thing was hard to pass. [Laughter] This was a lot of trouble”^[40]. Por eso también, fue comprendida la aprobación de PNTR para China como un logro político y un legado que dejaba el gobierno.

Conclusiones del capítulo

A partir del análisis desarrollado en el capítulo, observamos ciertas tendencias del proceso particular en el cual la política de Estado Unidos continúa reflejando las presiones de fuerzas sociales internas a la vez que desarrolla funciones específicas como principal potencia imperialista en el marco del avance de la internacionalización productiva. Indagamos aquí en su expresión en la relación entre Ejecutivo y Legislativo retomando los aportes de Panitch y Gindin (2013a).

En este sentido, observamos cómo el Congreso, y principalmente la Cámara de Representantes, aparece como caja de resonancia de las distintas tensiones sociales. Especialmente en la votación aquí analizada vemos cómo se articularon las posturas ideológicas, el accionar de los partidos políticos, la presión del Ejecutivo y de corporaciones y sindicatos en su dimensión territorial dando lugar a los distintos posicionamientos de los representantes. En esta línea, abordamos la complejidad de la votación comprendiendo, por un lado, que muchos representantes ya tenían una posición tomada respecto al comercio con China vinculada con un activismo previo, protagonismo en las anteriores votaciones de MFN o ideas sobre qué política adoptar ante los países vinculados al ex bloque socialista y especialmente ante Cuba, como principal paralelismo. En este sentido, analizamos el particular y extraño fenómeno de alianza entre los sectores más conservadores del Partido Republicano con los más progresistas del Partido Demócrata rechazando las políticas de liberalización comercial. En las anteriores votaciones tanto de MFN como del NAFTA o los intentos de aprobar el fast-track, ya se había desarrollado una alianza similar y sobre ese proceso, sumado a la irrupción del movimiento antiglobalización, se desplegó una lucha política para debilitar ese posible desafío al PNTR para China. Es decir, muchos de los argumentos esgrimidos y las posturas ideológicas que se evidenciaron en este debate en particular tienen un arraigo anterior y escalaron y se radicalizaron tras la “Batalla de Seattle”, a la vez que muchos de éstos continúan presentes en las discusiones que atraviesan a Estados Unidos actualmente.

Ahora bien, sobre los distintos posicionamientos ideológicos de los representantes (que, en muchos casos, como analizamos, fueron determinantes en sus votos) se montaron también una serie de acciones de los partidos políticos, el gobierno y sectores empresariales y sindicales para intentar definir una votación que fue considerada incierta hasta último momento. En esas acciones, el despliegue de fuerzas en cada estado fue fundamental para convencer a “indecisos” e incluso lograr que varios representantes cambien su voto respecto a anteriores políticas de liberalización comercial. Estamos, por lo tanto, ante un conjunto de determinaciones propias de la lucha política que nos permiten comprender la complejidad de los resultados de la votación, donde no aparecen relaciones lineales como muchos análisis cuantitativos buscaron determinar, sino que estamos ante relaciones de fuerza en el marco de un contexto signado por la movilización social, pero también por las elecciones y las presiones que éstas implican tanto en materia de financiamiento electoral como en la competencia para la renovación de las bancas.

En esa perspectiva encuadramos el análisis de la campaña del Ejecutivo y el lobby corporativo y su despliegue territorial con un fuerte impacto en los resultados de la votación. Las explícitas menciones a los beneficios para determinadas corporaciones o sectores en las argumentaciones de quienes votaron a favor son una muestra más de que por más internacionalización del capital, los vínculos políticos entre capitalistas y Estado, en todos sus niveles y poderes persiste (Meiksins Wood, 2002; Panitch y Gindin, 2014) “Los grupos mundializados actúan dentro de un aparato de raíces locales y amoldan los requerimientos de la acción imperial a esa estructura nacional-estatal” (Katz, 2011, p. 58).

Esas relaciones se condensaron durante los años 90 en el agrupamiento de los New Democrats como momento político-estatal de consolidación de una fracción internacionalizada de la burguesía. En el marco del ascenso del conflicto social y el cuestionamiento a la globalización, se respondió con una articulación estatal de la ofensiva unificando a esta fracción de la burguesía con otra: la vinculada con el agronegocio. Esta poderosa alianza permitió profundizar las políticas de liberalización comercial.

Ahora bien, no todos los sectores resultaron beneficiados y esas tensiones también se observan en el vínculo conflictivo entre Congreso y Ejecutivo. Allí se expresó políticamente, no sólo las relaciones de fuerzas entre clases sino también la fractura por arriba entre fracciones con distintos espacios de acumulación (Piva, 2020). El sector cuya acumulación está orientada al territorio nacional, en este momento no había logrado consolidar sus intereses económicos en organizaciones corporativas fuertes y tampoco traducirlas en una construcción político-partidaria. Sin embargo, su voz y demandas aparecieron incipientemente y las consecuencias que tuvo posteriormente el ingreso de China a la OMC para estos capitales, conllevó a mayores tensiones y a la profundización de esta fractura, traduciéndose con mediaciones en nuevos fenómenos políticos principalmente a partir de la crisis de 2008. En este sentido, las formulaciones de Panitch y Gindin resultan insuficientes: el dominio indiscutido de Estados Unidos como premisa puede limitar el análisis de las posibilidades que se abren por del devenir de la contradicción entre la dominación doméstica e imperialista que ellos mismos acertadamente reconocieron.