El capítulo se enfoca en la discusión por el Trade Promotion Authority (TPA) en la Cámara de Representantes y en el Senado. Se comprende la votación teniendo en cuenta variables territoriales, partidarias y la relación de los legisladores con corporaciones empresarias y con sindicatos. Se examinan las especificidades de cada una de las cámaras, las instancias previas a la votación y las estrategias llevadas a cabo por los distintos actores sociales a favor y en contra de la ley. En el capítulo se indaga en esta votación atendiendo a la relación entre Ejecutivo y Legislativo, entendiendo que este último impone límites como caja de resonancia de las relaciones de fuerza doméstica para el avance en políticas de liberalización comercial. Para el análisis se utilizaron fuentes oficiales tanto del Ejecutivo como del Legislativo, complementando con un relevamiento de prensa escrita.

El Congreso ante el TPA y TPP: los debates previos

Las discusiones respecto al TPA y TPP venían adquiriendo notoriedad pública antes de su específico tratamiento parlamentario. En el caso del TPP, ya analizamos en los capítulos anteriores, las distintas campañas desplegadas a favor y en contra. En ese marco, y con las negociaciones en curso, para el gobierno resultaba apremiante contar con el TPA. Como advertimos previamente, se trata de una potestad otorgada por el Poder Legislativo al Ejecutivo, a partir del Trade Act de 1974, para negociar tratados de libre comercio. En esta potestad se establecen los lineamientos y objetivos de cara a las negociaciones y se deja posteriormente a disposición del Congreso solamente la ratificación o rechazo del tratado sin posibilidad para hacer modificaciones.

Conocido también como fast-track este procedimiento ya había sido polémico años anteriores. Clinton no logró su aprobación en la segunda mitad de los años 90 y bajo el gobierno de Bush, cuando asumió el nombre de Trade Promotion Authority, fue validada con un margen muy escaso de votos en la Cámara de Representantes, con 215 a favor y 212 en contra. Esa anterior TPA había sido aprobada en 2002 y tuvo vigencia hasta 2007.

Obama no contó con su renovación hasta 2015, es decir gobernó prácticamente sus dos mandatos sin poseer esta potestad. Pese a no contar con ésta, Obama llevó adelante las negociaciones del TPP como si la detentase, prometiendo realizar consultas al Congreso. Recién en 2013, el presidente públicamente empezó a hablar de la necesidad de aprobar el TPA y de contar con un apoyo bipartidista para lograrlo^[1]. En ese marco, comenzaron a realizarse juntadas de firmas de representantes y senadores a favor y en contra, motivados por distintas iniciativas de empresarios y sindicatos^[2].

En 2014, Obama planteó la necesidad del TPA en el discurso de inicio de sesiones del Congreso^[3]. Los líderes parlamentarios presentaron un proyecto al respecto, pero no logró progresar^[4]. Las elecciones de medio término, en el marco de las acciones desarrolladas por los sindicatos, imposibilitaron el tratamiento del fast-track en el Congreso^[5]. Esto fue admitido por el propio Obama posteriormente, alentando a los empresarios a que presionasen a los congresistas para que se aprobase el TPA^[6].

Finalmente, en 2015 comenzó el tratamiento del fast-track en el marco de una situación cada vez más apremiante para el gobierno producto del avance de las negociaciones del TPP y la cercanía a las elecciones presidenciales. Desde principios de 2015, los líderes republicanos y el gobierno intentaron encauzar el proceso^[7], se desarrollaron una serie de negociaciones, gestiones personales del propio Obama impulsando el lobby, mientras se desenvolvía la campaña de rechazo organizada por los sindicatos y también las críticas por derecha de sectores conservadores asociados al Tea Party^[8].

Recién en abril se logró presentar en el Congreso la ley titulada Bipartisan Congressional Trade Priorities Act (H.R. 1890/S. 995). Siguió, sin embargo, un camino complejo. Fue primero presentada en dos comisiones parlamentarias: Senate Finance Committee y House Ways and Means Committee. Hubo empero ciertos bloqueos al tratamiento de la ley en los recintos, con fuertes tensiones al interior del Partido Demócrata e incluso polémicas abiertas entre la senadora Elizabeth Warren y el presidente Obama^[9]. Uno de los ejes de los distintos intentos por bloquear el TPA fue la intención de adjuntarle medidas sobre manipulación monetaria, reclamadas por empresarios industriales domésticos, especialmente automotrices, cuestión que finalmente fracasó^[10].

En ese marco, en pos de garantizar más votos a favor del TPA, la estrategia impulsada por el gobierno consistió en unificar esta ley con Trade Adjustment Assistance (TAA) bajo el número H.R. 1314. El TAA constituye un programa de asistencia a trabajadores, empresas, farmers y comunidades ante el dañino impacto del ingreso de productos importados en determinados sectores de la economía estadounidense producto de tratados de libre comercio. Esta ley tenía vigencia hasta septiembre de 2015, al adelantar su votación y unificar ambas leyes se buscaba condicionar a los legisladores principalmente demócratas aliados a los sindicatos para que no votasen en contra.

La ley H.R. 1314 fue aprobada en el Senado el 22 de mayo de 2015 por 62 votos a favor y 37 en contra con un debate que incluyó posibles enmiendas las cuales terminaron siendo rechazadas^[11]. Esta votación, sin embargo, se desarrolló en un contexto de fuertes tensiones y negociaciones: según la prensa durante media hora dramática la legislación estuvo pendiendo de un hilo y Obama personalmente se comunicó con la senadora Maria Cantwell (Demócrata-Washington) quien fuera una pieza clave para asegurar los últimos votos necesarios para la victoria^[12].

Luego, el proyecto de ley fue sometido a un procedimiento en la Cámara de Representantes conocido como “division of the question” que implica votaciones separadas para las distintas partes del texto bajo la condición de que ambas deban ser aprobadas para que la ley se efectivice. En la votación del 12 de junio, TPA fue aprobada por 219 votos a favor y 211 en contra, pero la TAA fue rechazada por 126 votos a favor y 302 en contra. Es decir, para los opositores al TPA resultó más fácil conseguir votos republicanos opositores al TAA como estrategia para hacer caer la primera, incluso posicionándose en contra de una política asistencial para trabajadores.

El rechazo de la ley fue catalogado por la prensa como humillante para Obama luego de meses de lobby poniendo en juego su propia credibilidad política^[13]. Esto causó una fuerte reacción de las principales corporaciones empresarias^[14] y fue leído como un triunfo de los sindicatos^[15]. Ante esta situación, la estrategia del gobierno fue asociar el TPA a otra ley. En este caso fue otra dedicada a establecer beneficios para los trabajadores: Defending Public Safety Employees’ Retirement Act (H.R. 2146). Aquí nuevamente aparecía un intento de dividir a los propios sindicatos y sus aliados. En los próximos apartados analizamos esta votación que fue la que efectivamente terminó habilitando la aprobación del TPA, el 18 de junio en la Cámara de Representantes y el 24 de junio en el Senado.

Llamativamente, una discusión importante políticamente, no atrajo abundante interés a nivel académico, lo que cual se expresa en que existen pocos análisis específicos sobre la votación del TPA de 2015.

Encontramos, por un lado, trabajos de carácter cuantitativo. Entre los cuales están quienes observaron una correlación entre los distritos y estados dedicados a la exportación de productos agrícolas y los votos a favor del TPA, mientras que los votos en contra los explicaron mayoritariamente por su “labor ideology” (Lee y Yoon, 2019).

Dentro de este grupo y siguiendo con los planteos sobre el impacto político de la competencia generada por la importación de productos chinos (Autor et al., 2013), encontramos un estudio que analizó su específico impacto en la votación del TPA de 2015 (Che y Xiao, 2020). Allí establecieron, mediante un modelo econométrico, que en los distritos con mayor exposición al ingreso de productos chinos (a lo cual asocian la caída del empleo, los ingresos y la tasa de crecimiento económico) los legisladores tendieron a votar en contra del TPA.

Por otro lado, existen trabajos cualitativos, que abordaron la votación a partir de un análisis del accionar y las negociaciones de los partidos políticos y en particular del papel cumplido por Obama (Friedrichs, 2021; M. K. Lewis, 2016).

Por nuestra parte, buscamos inscribir el análisis de la votación en las cambiantes relaciones de fuerza que abordamos en los capítulos anteriores, observando la dinámica entre Ejecutivo y Legislativo, en el marco de la relación entre política doméstica y exterior. Para ello, ahondamos en los próximos apartados en las votaciones del TPA en las distintas cámaras, buscando articular diferentes dimensiones de análisis a la hora de explicar los resultados.

La ajustada votación en House of Representatives

La discusión en la Cámara de Representantes respecto al TPA fue álgida e incluyó, como mencionamos, varias idas y vueltas. En el conjunto de esos debates^[16], observamos entre los impulsores de la ley en el Congreso un rechazo y confrontación con los ejes de la campaña de los sindicatos, a quienes interpelaron como principales interlocutores. Aparecían en sus discursos lógicamente los beneficios que traería el TPP para sus distritos, visualizándose el componente territorial en las argumentaciones como veremos en detalle luego. Se desatacaron también los posibles beneficios para las pequeñas empresas en caso de aprobarse el TPP y los puestos de trabajo que se crearían a partir de este tratado de libre comercio.

A su vez, su argumentación estuvo signada por el papel de Estados Unidos en el mundo, reivindicando que debía continuar siendo “quien escribe las reglas” y no cederle ese lugar a China. En esta línea, se rechazaba el aislacionismo y proteccionismo, justificando la necesidad de que sea Estados Unidos quien lidere la globalización. El libre comercio aparecía presentado como una herramienta de soft power necesario para subordinar a Asia Pacífico y especialmente a China.

Por otro lado, los representantes opositores del TPA enfatizaron en la potencial pérdida de puestos de trabajo que generaría el TPP y su comparación con el NAFTA y el PNTR para China. Se justificaron incluso los votos atendiendo a la postura de la AFL-CIO en contra de la ley. A este recurrente argumento respecto a los puestos de trabajo, se le sumaba la discusión sobre el carácter secreto de las negociaciones^[17] y la necesidad de incluir medidas para evitar la manipulación monetaria. A la vez, se reclamaba que no debía hacerse un “pívot asiático” sino un “pívot a América”, reivindicando las necesidades domésticas por sobre las de la política exterior.

Desde la oposición, se declaraba también que el TPP sería beneficioso para las grandes multinacionales y aparecía en sus discursos una crítica al lobby empresarial, especialmente de las grandes farmacéuticas y del sector financiero. Además, se llegó a denunciar la presión personalizada ejercida por Obama hacia los miembros del Congreso para que se aprobara el TPA.

A grandes rasgos, observamos entonces que, en la Cámara de Representantes, resonaban los mismos argumentos tanto a favor como en contra que se escuchaban entre sindicatos, corporaciones empresarias y el propio gobierno. Como ya señalamos en los capítulos anteriores, todos estos actores sociales intervinieron de diversas maneras en la discusión parlamentaria. Especialmente el Ejecutivo fue artífice de una serie de acciones en vistas de lograr la aprobación de la ley, coordinando el lobby empresarial, presionando a los legisladores (principalmente a Nancy Pelosi como líder demócrata en la cámara^[18]) e impulsando artimañas parlamentarias. Entre las últimas, se desatacaron los mencionados intentos por adosar la ley del TPA a otras leyes relativas a beneficios para trabajadores, con el objetivo de así acorralar y dividir al movimiento sindical. Esto ha llevado a que los propios gremios rechazaran medidas que los favorecían^[19].

Sin embargo, amerita destacar que el hecho de que el gobierno haya adoptado como estrategia adjuntar el TPA a otras leyes expresa la debilidad y la falta de consenso en torno a la medida, incluso puede ser leído como un intento por ocultar el contenido de la ley. A la vez, el hecho de que la votación haya logrado sustanciarse recién en junio, luego de seis meses de negociaciones, da cuenta de la polémica en torno al tema y la fortaleza de la campaña opositora.

Finalmente, el 18 de junio de 2015 fue aprobado el fast-track en la Cámara de Representantes con un ajustado margen: 218 votos a favor (190 republicanos y 28 demócratas) y 208 votos en contra (50 republicanos y 158 demócratas). Hubo también 8 representantes que no votaron (6 republicanos y 2 demócratas). A simple vista, queda en evidencia el abrumador apoyo del Partido Republicano a la propuesta de TPA y los escasos votos que logró atraer Obama de su propio partido. Estamos entonces ante una primera determinación del voto asociada al partido político, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de los votos demócratas por la positiva provenían de representantes asociados al agrupamiento de los llamados “New Democrats”^[20]. A la vez, se observa que incluso en varios estados el voto fue polarizado: con sus miembros republicanos votando en bloque a favor y los demócratas en contra. Esto se desarrolló en los casos de Arizona, Indiana, Iowa, Minnesota, Missouri, Nevada y New Hampshire.

Sin embargo, no se trató de una votación completamente determinada por este factor. Resulta, por lo tanto, necesario indagar en explicaciones tanto para aquellos demócratas que votaron a favor como en los republicanos que votaron en contra. Volvemos entonces a considerar importante, como lo hicimos para el análisis de la votación de PNTR para China en el capítulo 7, varios elementos como las cuestiones ideológicas, el accionar partidario, la presión del Ejecutivo y de las corporaciones empresarias y sindicatos en su dimensión territorial^[21]. En cada estado se combinaron de manera particular cada uno de estos aspectos, los cuales aparecieron también mencionados en la mayoría de las intervenciones de los representantes en el debate donde expresaron las particularidades de sus distritos y qué implicancias tenía el TPP para cada uno.

En primer lugar, amerita mencionar que hubo 7 estados en los cuales todos sus representantes votaron a favor: Arkansas, Kansas^[22], Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota y Utah. Estos estados tenían representantes republicanos, salvo Nebraska que contaba con un representante demócrata. A su vez, excluyendo Utah, estamos ante estados en cuyas economías la agricultura tiene un peso significativo^[23]. La influencia del “farm lobby” también aparece aquí como un elemento para explicar las relaciones de fuerza en estos estados. A estos se le suman los 26 votos a favor (22 republicanos y 4 demócratas) de Texas en cuya economía también adquiere un lugar significativo la elaboración de materias primas y de otros productos para exportación, cuestión resaltada por los representantes en sus alocuciones en el debate parlamentario^[24]. Asimismo, amerita señalar la influencia de las tabacaleras en los estados donde se concentra más la producción: Kentucky, North Carolina y Tennessee, en los cuales primaron los votos a favor del TPA y argumentaciones de los representantes al respecto^[25].

A su vez, en el marco de la influencia del lobby llevado adelante por las grandes empresas tecnológicas, farmacéuticas, industria del entretenimiento y del sector financiero encontramos una cantidad de votos a favor en estados como California (16 votos: 11 republicanos y 5 demócratas), Nueva York (6 votos: 4 republicanos y 2 demócratas), Virginia (7 votos: 5 republicanos y 2 demócratas) y Washington (7 votos: 4 republicanos y 3 demócratas). Estos fueron los estados en los cuales el gobierno logró traccionar más votos demócratas, sumado a Oregon (4 votos: 1 republicano y 3 demócratas), donde la campaña de Obama en las plantas de Nike tuvo un gran revuelo mediático y el lobby de esta compañía fue decisivo^[26].

Sin embargo, amerita señalar que en California y Nueva York estados con mayor influencia del Partido Demócrata e históricamente más progresistas, en esta votación la fuerza de la campaña de los sindicatos se reflejó en los números: con 34 representantes demócratas de California y 16 demócratas de Nueva York votando en contra. La medida tomada por la dirigencia sindical de suspender el financiamiento electoral en el marco de esta votación fue decisiva y ejerció presión en figuras importantes del Congreso como Nancy Pelosi, electa por el estado de California. Las intervenciones de los representantes de estos distritos estuvieron signadas por la discusión sobre el impacto de los tratados de libre comercio en los puestos de trabajo, debatiendo los efectos del NAFTA y del PNTR para China, haciendo explícita la mención a la posición de la AFL-CIO al respecto^[27].

Ahora bien, no solo la presión sindical fue un factor explicativo en el caso de la cantidad de votos en contra en California: la discusión respecto al libre comercio también atravesó a las empresas de Silicon Valley. Como se señaló en la prensa, si bien el influyente Silicon Valley Leadership Group (representante de 390 empresas, entre ellas Facebook, Google y Microsoft) presionó a favor del TPA, Electronic Frontier Foundation un grupo de 250 empresas tecnológicas más pequeñas se pronunció en contra^[28].

En el caso de Nueva York, los discursos de quienes votaron en contra también reflejaron los problemas de la industria textil entre otros empresarios manufactureros, en contra de los intereses de las grandes corporaciones y especialmente de Wall Street^[29].

Además de Nueva York, encontramos una gran cantidad de votos en contra en los demás estados del Noreste: Connecticut^[30] (4 demócratas), Delaware (1 demócrata), Maine^[31] (1 republicano y 1 demócrata), Maryland (7 votos en contra: 1 republicano y 6 demócratas), Massachusetts (9 demócratas), New Jersey (4 republicanos y 5 demócratas), Rhode Island (2 demócratas) y Vermont (1 demócrata). Vemos nuevamente en estos estados, una fuerte influencia de los legisladores demócratas por parte de los sindicatos, con discursos en la Cámara de Representantes en defensa de los puestos de trabajo y la industria manufacturera^[32].

Obama no sólo tenía complicado el panorama para poder conseguir votos de su propio partido en el Nordeste sino también los estados del Rust belt^[33]. En el área del “cinturón del óxido” se observa la polarización política con mayor claridad siendo una de las regiones que más sufrió los efectos de la deslocalización de capitales y la caída del empleo manufacturero. Como anteriormente mencionamos, en Indiana^[34], Missouri y Minnesota el voto fue estrictamente partidario: los representantes republicanos votaron a favor y los demócratas en contra. Mientras que en Wisconsin el único demócrata que votó a favor, junto con el bloque republicano, fue Ron Kind referente de los New Democrats.

En el caso de Illinois, encontramos una mayoría en contra con 9 votos demócratas mientras hubo 7 votos a favor (6 republicanos y 1 demócrata^[35]). Aquí observamos intervenciones que evidenciaron que no sólo era la presión sindical la que estaba promoviendo los votos negativos:

This is not labor versus business. Lapham-Hickey Steel, Independence Tube, and countless other manufacturers across my district oppose this. Ford Motor opposes this because they know past trade agreements sold as economic boons have been a bust, and they are gravely concerned about how the massive TPP enabled by this TPA will kill more Americans jobs.^[36]

Se hace explícito el otro actor social que estaba motorizando el voto en contra: los empresarios manufactureros domésticos, especialmente de siderúrgicas y automotrices. En este sentido, en Michigan, Ohio y Pennsylvania, pese a la mayoría republicana a favor, todos los representantes del bloque demócrata votaron en contra. Además, en estos casos, encontramos republicanos votando por la negativa, al igual que en West Virginia cuyos 3 representantes republicaron se manifestaron en contra, evidenciando la presión de los empresarios manufactureros que financiaron sus campañas, según los datos del reconocido Center for Responsive Politics. En esta línea, observamos en las intervenciones constantes alusiones por parte de representantes del Rust belt al problema de la manipulación monetaria, cuestión reclamada por la fracción americanista^[37].

Amerita asimismo señalar que en el caso de estos representantes republicanos del Rust belt que votaron en contra encontramos una fuerte influencia conservadora^[38], con ciertos miembros ligados a la experiencia del Tea Party y también algunos que resultaron aliados de Trump.

Estas diferencias propias de la interna republicana se pueden observar también en otros estados. Al detenerse en los estados del sur, si bien la mayoría de los representantes republicanos votaron a favor, lo cual se vio reflejado en los resultados generales de cada estado, asimismo encontramos una significativa cantidad de republicanos que se manifestaron en contra. Esto se observa en los casos de Alabama (3 votos), Florida (4 votos), Georgia (2 votos), Louisiana (1 voto), North Carolina (2 votos), South Carolina (2 votos) y Texas (3 votos). Es decir, de los 50 votos republicanos en contra del TPA, 17 fueron de los estados del sur. Estamos ante estados con una innegable tradición más conservadora reflejada en que la gran mayoría de estos representantes que votaron en contra del fast-track, formaron parte de la experiencia del Tea Party y/o acompañaron la candidatura de Trump^[39].

Por otro lado, específicamente en el caso de Georgia, North y South Carolina, estados históricamente asociados a la producción textil^[40], solía aparecer en sus representantes una crítica al impacto de los tratados de libre comercio en la industria manufacturera. Sin embargo, tras el NAFTA y el ingreso de China a la OMC muchos de estos empresarios industriales no pudieron competir con los productos baratos importados, lo cual lógicamente también afectó a su capacidad de presión política. Si bien aparecía un sector del Partido Republicano en conjunto con los representantes demócratas manifestándose en contra, la mayoría republicana en estos estados terminó votando a favor.

A modo de síntesis, en la votación se observan distintas relaciones de fuerza en cada estado, expresadas en las diferencias e internas de los partidos políticos y su relación con las presiones de las clases y fracciones de clase. Estamos ante un entramado complejo, donde no encontramos una linealidad y causalidad directa aplicable a todos los casos, sino que amerita detenerse a analizar las particularidades de cada estado en el marco de la dinámica política nacional.

En ese sentido, en ese entramado complejo de relaciones de fuerza, el accionar del Ejecutivo fue sustantivo para organizar el lobby empresarial y presionar individualmente a los representantes para conseguir sus votos. La tarea que se encomendó Obama fue ardua y de allí que él mismo terminase admitiéndolo una vez firmada la ley: “Now, I think it’s fair to say that getting these bills through Congress has not been easy. [Laughter] They’ve been declared dead more than once”^[41]. La tensa relación entre Ejecutivo y Legislativo aparecía explicitada.

La votación en Senado: enmiendas y debate

La situación en el Senado tampoco fue fácil para el gobierno. Como anteriormente señalamos, en esta cámara también hubo dos votaciones respecto al TPA. Tras varios intentos de bloqueo e intensas negociaciones encabezadas por Obama^[42], el 22 de mayo de 2015 se trató el fast-track en el recinto bajo la ley H.R. 1314. Sin embargo, como previamente mencionamos, allí se incluyeron una serie de enmiendas que hicieron que el proceso fuera más engorroso y peligrara la aprobación de la ley.

Entre las enmiendas propuestas se destacaron tres: la presentada por los senadores Stabenow (demócrata – Michigan) y Portman^[43] (republicano – Ohio) sobre medidas contra la manipulación monetaria; la propuesta por la senadora Warren (demócrata – Massachusetts) sobre el mecanismo de solución de diferencias inversor-Estado (ISDS) y la enmienda elevada por el senador Brown (demócrata – Ohio) sobre cómo actuar ante una posible incorporación de China al TPP.

La que generó más polémica en el recinto fue la primera^[44], cuya votación además fue la más ajustada: 48 votos positivos y 51 negativos. La enmienda de Stabenow y Portman contaba con el apoyo explícito de la fracción americanista^[45] y especialmente de la industria automotriz^[46]. El debate en el recinto giró principalmente en torno a esta temática. El rechazo del gobierno a esta enmienda era tal que, en el Senado, los defensores del TPA sostenían que en caso de aprobarse la enmienda de Stabenow y Portman, Obama era capaz de vetar la ley en su conjunto^[47]. Las principales corporaciones empresarias se manifestaron en contra de esta enmienda lo cual fue también presentado en las intervenciones en el debate^[48]. Sin embargo, la presión ejercida por los opositores al TPA respecto a la necesidad de medidas para evitar la manipulación monetaria llevó a que los defensores del TPA tuvieran que proponer otra enmienda al respecto, pero con un contenido meramente declamativo^[49].

Por su parte, la enmienda presentada por Warren fue rechazada: 39 votos a favor y 60 en contra. Mientras que propuesta por Brown fue rechazada por 47 votos a favor y 52 en contra. Superadas estos intentos de obturar la ley, ésta fue aprobada por 62 votos a favor (48 republicanos y 14 demócratas) y 37 en contra (5 republicanos, 30 demócratas y 2 independientes).

Sin embargo, producto de los ya mencionados debates y bloqueos al TPA en la Cámara de Representantes, la ley tuvo que volver a ser tratada en el Senado el 24 de junio adosada a la H.R 2146. La votación en este caso tuvo como resultado 60 votos a favor (47 republicanos y 13 demócratas) y 38 en contra (5 republicanos, 31 demócratas y 2 independientes^[50]). Si bien parecería que se tratara de una diferencia de votos sustancial, en verdad estamos ante un resultado al límite. Para poder dar por cerrada la votación con una medida de “cloture”, y evitar así los intentos de bloqueo (por ejemplo, a través del “filibuster”), en el Senado se requieren 60 votos.

Quienes cambiaron sus votos respecto a la votación del 22 de mayo fueron Cardin (demócrata – Maryland) y Ted Cruz (republicano – Texas) que habían votado a favor y pasaron a ser opositores. A ellos se le sumaron los casos de Enzi (republicano – Wyoming) que no votó en la primera oportunidad y en junio lo hizo por la positiva, a la inversa de Rubio (republicano – Florida). Por último, Lee (republicano – Utah) votó en contra en mayo y en junio estuvo ausente.

El cambio de posición de Ted Cruz remitió abiertamente a sus intenciones de presentarse para candidato presidencial en la interna republicana, ante la postura de uno de sus contrincantes, Rand Paul (Kentucky), cuya oposición al TPA ganaba simpatía entre conservadores^[51]. Rubio, el otro candidato republicano, estuvo ausente.

Ahora bien, en esta votación estamos nuevamente ante un resultado signado por la pertenencia partidaria. Una vez más, quienes garantizaron los votos para que Obama pudiera detentar la potestad de TPA resultaron ser mayoritariamente los republicanos. Entre los demócratas que votaron a favor, encontramos a ambos senadores de los estados de Delaware (Carper y Coons), Virginia (Kaine^[52] y Warner) y Washington (Cantwell y Murray^[53]). A la vez, Bennet (Colorado), McCaskill (Missouri) y Shaheen (New Hampshire) votaron por la positiva en bloque con los senadores republicanos de sus respectivos estados. Estos senadores fueron especialmente convocados por Obama a la Casa Blanca e impulsados por el Ejecutivo a llevar adelante la votación por el TPA en el Senado^[54], a la vez que recibieron importantes aportes monetarios por parte de las grandes corporaciones empresarias nucleadas en US Business Coalition for TPP^[55].

Sólo tres demócratas que votaron a favor participaron de las discusiones en el recinto. En el caso de la senadora de California, Feinstein, en sus intervenciones apareció una fuerte defensa de los beneficios que generaría el TPP para su estado, haciendo alusión a Silicon Valley, Hollywood y la producción agrícola^[56]. También en defensa de los intereses del agronegocio se pronunció la senadora demócrata Heitkamp (North Dakota)^[57]. Por último, amerita destacar a Wyden (Oregon) que fue uno de los principales impulsores del TPA en el Senado y lo hizo argumentando a favor de los farmers de su estado^[58]. Wyden asimismo, presidía el Senate Finance Committee, cuyos miembros fueron los que más dinero recibieron por parte de la industria farmacéutica^[59].

Por su parte, entre los cinco republicanos que votaron en contra encontramos a los dos senadores candidatos a la presidencia que ya mencionamos (Ted Cruz y Rand Paul). A ellos se le sumaron los dos senadores de Alabama cuyas intervenciones fueron insistentes con la necesidad de proteger la industria siderúrgica^[60]. Resulta llamativo que uno de sus senadores, Sessions, fue anteriormente un promotor de las políticas de liberalización comercial, como observamos en el caso de PNTR para China en el capítulo 7. En este caso, en sus intervenciones citó a Dan DiMicco, quien fue CEO de la empresa siderúrgica Nucor Steel, presidente de la Coalition for a Prosperous America y luego en 2016 fue asesor de la campaña de Donald Trump. Por último, encontramos un quinto voto republicano por la negativa por parte de la senadora Collins de Maine que justificó su voto alegando una defensa de la producción manufacturera nacional y especialmente de empresas como New Balance con presencia en su estado^[61].

En líneas generales, podemos observar en la votación en el Senado que prevaleció la polarización partidaria ante la cercanía de la campaña electoral con una creciente opinión pública contra el libre comercio. A su vez, en los casos de votos demócratas por la positiva y de republicanos por la negativa primó el accionar del lobby empresarial, diferenciando las posiciones de sus distintas fracciones y observando diversas relaciones de fuerzas.

Si bien la diferencia en la cantidad de votos puede comprenderse por las propias características del Senado^[62], el hecho de que haya costado tanto alcanzar los 60 votos necesarios da cuenta de una situación compleja para el gobierno. Como veremos luego, esta correlación de fuerzas favorable para Obama y las grandes corporaciones empresarias era muy frágil. Las elecciones y los cambios de posiciones de las tabacaleras y las farmacéuticas una vez firmado el TPP a fin de 2015, generaron un escenario muy difícil para que el gobierno pueda ratificar el tratado de libre comercio en el Congreso.

Conclusiones del capítulo

En primer lugar, el análisis de la votación pone de manifiesto la compleja relación entre el Ejecutivo y Legislativo en la política estadounidense. Obama tuvo que intervenir personalmente organizando el lobby empresarial y convenciendo individualmente a los distintos legisladores y aun así el resultado fue ajustado en la Cámara de Representantes y al límite en el Senado. La política doméstica se presentaba como una traba que debía ser superada para poder llevar adelante la política exterior, en este caso avanzar con los tratados de libre comercio.

En este sentido, en segundo lugar, amerita resaltar cómo se expresaron distintas relaciones de fuerza en las votaciones en ambas cámaras, evidenciando la presión ejercida por los sindicatos suspendiendo el financiamiento electoral, en paralelo con el lobby empresarial con un millonario gasto llevado a cabo por la fracción globalista (ya sea individualmente cada empresa o mediante sus grandes y tradicionales asociaciones). Ambas fuerzas influenciaron a nivel nacional a los distintos partidos. A nivel estrictamente local, se evidenció el peso del lobby del agronegocio en determinados estados a favor del TPA. Mientras que la campaña en contra impulsada por los sindicatos expresó sus fortalezas a nivel territorial conquistando votos en contra principalmente en la zona del Noreste, del Rust Belt y en California. Asimismo, se observó con un despliegue territorial, la influencia llevada a cabo por la fracción americanista de la clase dominante, logrando traccionar votos no sólo de demócratas sino también de republicanos en contra del TPA.

En tercer lugar, resulta destacable cómo esa contradicción entre Ejecutivo y Legislativo atravesaba al sistema de partidos políticos en un contexto de mayor polarización política. El gobierno logró conquistar la potestad del TPA gracias a los votos republicanos y le costó mucho esfuerzo que miembros de su propio partido lo acompañaran. En esta línea, se expresaron también divergencias y tensiones al interior de los partidos políticos, evidenciándose las diferencias entre las fuentes de financiamiento y las bases electorales que buscaban interpelar. Lo cual, a su vez, se manifestaba contradictoriamente con las particularidades de cada distrito en el caso de las elecciones legislativas. De allí lo que se desprende es la imposibilidad de un análisis lineal: es necesario observar las características de cada territorio.

Ahora bien, lo que sí podemos apreciar son justamente esas contradicciones entre financiamiento y representación, las tensiones entre quiénes o qué política aporta dinero y cuáles los votos. El Partido Republicano, históricamente tuvo posiciones más libre mercado, ha recibido mayoritariamente financiamiento de asociaciones como US Chamber of Commerce y mantiene su predominancia en estados con fuerte peso del agronegocio. Esto explica sin dudas, su abrumadora cantidad de votos a favor del TPA.

Sin embargo, esta situación dentro del Partido Republicano se conjuga con los efectos que generó la fractura de la clase dominante. Expresada tanto en el crecimiento de sectores más conservadores dentro del partido, con una mayoría de representantes republicanos más nuevos en la Cámara votando en contra del TPA (Liss, 2019), como en las nuevas asociaciones de la fracción americanista realizando lobby para poder imponer modificaciones al TPP especialmente incluyendo en agenda el reclamo de la manipulación monetaria. Esto se puso de manifiesto en los votos en contra del TPA y los intentos de enmiendas en el Senado. En paralelo, observamos la búsqueda por capturar votos en estados del Rust Belt y a los candidatos a la presidencia que buscaban competir en la interna republicana votando en contra del TPA.

En el caso del Partido Demócrata también aparecen tensiones. Se volvió evidente cómo el Ejecutivo impulsaba el TPP, una de las principales medidas reclamadas por la fracción globalista, quien financiaba a su vez y coordinaba el lobby con Obama. Fue gracias al apoyo de este sector que el gobierno logró votos de su partido, muchos de los cuales se nucleaban en el agrupamiento de los New Democrats abiertamente financiados y representantes de la fracción globalista. Observamos un claro ejemplo de cómo el Partido Demócrata representaba lo que Nancy Fraser (2019) denominó el “neoliberalismo progresista”. Sin embargo, justamente parte su base electoral progresista, con los sindicatos y los grupos ecologistas a la cabeza, aparecían como fuertes opositores del TPA y TPP. La presión ejercida con la suspensión del financiamiento electoral y con ella, la amenaza de no movilizar a votantes fue muy efectiva pese a no lograr bloquear por completo el fast-track. El propio desarrollo de las políticas de libre comercio y sus consecuencias en la industria manufacturera atentaba contra los tradicionales apoyos del Partido Demócrata, perdiendo votos en estados que anteriormente eran indiscutiblemente “azules” como los del Rust Belt, donde la polarización política se agudizaba.

En síntesis, estamos ante un triunfo muy frágil del Ejecutivo, con el Legislativo y los partidos políticos atravesados por el proceso de fractura por arriba que venimos abordando en capítulos anteriores. El conflicto interburgués signado por la lucha de clases aparecía determinando las idas y vueltas para el tratamiento del fast-track. Como veremos en el próximo capítulo, el ajustado margen de aprobación del TPA no pudo sostenerse en el marco de las elecciones de 2016 e imposibilitó al gobierno tan siquiera presentarlo para discutir el TPP en el Congreso.