En el presente capítulo abordamos el papel de las corporaciones en la política de ingreso de China a la OMC. Con este objetivo, trabajamos tres ejes. En primer lugar, indagamos en las discusiones y características del lobby empresarial en la política estadounidense. En segundo lugar, analizamos la relación entre las corporaciones y el gobierno de Clinton enmarcado en el contexto de ascenso de la protesta social a partir de la “Batalla de Seattle”. Luego, nos adentramos en el específico accionar empresarial en el debate parlamentario por el PNTR para China. Se analizan las demandas, argumentos, intereses y estrategias para lograr su aprobación. Se utilizan en este capítulo fuentes de las principales corporaciones, documentos oficiales y un relevamiento de la prensa escrita.

El lobby empresarial en la política estadounidense: características y conceptualizaciones

A diferencia de muchos países, el sistema político norteamericano establece el lobby como una práctica legal. Sin embargo, es importante señalar que, a lo largo de la historia estadounidense, el lobby no tuvo siempre el mismo peso político y sus formas de regulación fueron variando. Como mencionamos en el capítulo 3, el crecimiento significativo del dinero vía lobby en la política norteamericana se dio a partir de los años 70, contexto en el cual también crecieron las asociaciones de corporaciones empresarias como lo son la U.S Chamber of Commerce y National Association of Manufacturers, y fue también el momento en el cual se creó The Business Roundtable (Akard, 1992; Drutman, 2015; Harvey, 2015; Waterhouse, 2014). Es decir, el crecimiento del dinero corporativo en la dinámica política norteamericana se inscribe en un proceso de organización política empresarial -con nuevas asociaciones y think tanks- y la conformación de una nueva agenda probusiness (Anderson, 2013; R. Brenner, 2007).

Este proceso de búsqueda de una mayor coordinación política entre empresarios se desarrolló en un contexto de caída de la tasa de ganancia y aumento de la conflictividad obrera (Bowles et al., 1989; Cox, 2012; Skonieczny, 2017). Situación que devino en la crisis del Estado de Bienestar keynesiano y la crisis económica de 1973, las cuales en Estados Unidos se combinaron también con la Guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate que contribuyeron a la erosión de la legitimidad de las instituciones norteamericanas (Mizruchi, 2013). En este proceso, se inscribe la expansión del lobby primero como una respuesta defensiva al desafío obrero, buscando derrotar leyes apoyadas por los sindicatos (Akard, 1992; Kotz, 2015), pasando luego a la ofensiva y convertirse en una forma predilecta de movilización política de las corporaciones. El lobby, por lo tanto, constituye parte de los mecanismos institucionales que adquirieron relevancia en la ofensiva neoliberal. Los datos de su crecimiento fueron significativos:

The number of corporations with public affairs offices in Washington grew from 100 in 1968 to over 500 in 1978. In 1971, only 175 firms had registered lobbyists in Washington, but by 1982, nearly 2,500 did. The number of corporate PACs increased from under 300 in 1976 to over 1,200 by the middle of 1980^[2] (Hacker y Pierson, 2011, p. 118).

Ahora bien, para comprender estas transformaciones, es necesario primero exponer brevemente cómo funciona el sistema. Existen diversos mecanismos a partir de los cuales puede desarrollarse el aporte monetario buscando alcanzar influencia política. En el caso del financiamiento electoral, los candidatos (sean locales, gobernadores, representantes, senadores o presidentes) pueden recibir aportes de distintas maneras. A partir de la sanción de la Federal Election Campaign Act en 1971, se estableció una nueva regulación electoral que incluía el deber de presentar informes más completos y frecuentes de ingresos y gastos. Se incluyó en este sistema de publicación de información, a los gastos en elecciones primarias y también se impusieron límites sobre cuánto podían gastar los candidatos. Sin embargo, la ley no establecía un órgano de control. La Federal Election Commission (FEC) fue creada por una enmienda a la ley electoral en 1974, luego del escándalo de Watergate.

Desde entonces, la FEC regula y controla los fondos públicos destinados a las campañas electorales y los candidatos pueden, a su vez, recibir donaciones de individuos que en caso de superar los $200 dólares deben ser informados por los partidos políticos y sus datos pasan a publicarse en el sitio de la FEC.

Sin embargo, debido a las regulaciones, limitaciones y publicidad de la información que establece este mecanismo, las principales contribuciones se realizan por otros medios. Uno de los más conocidos son los llamados PACs (Political Action Committee): comités de lobbistas que puede incluir el dinero de las corporaciones^[3], los sindicatos, organizaciones civiles, individuos particulares e incluso puede haber contribuyentes extranjeros. Este mecanismo obstaculiza la divulgación de los datos de los contribuyentes, en tanto el aportante pasa a ser el propio PAC. Los PACs igualmente tienen un límite de dinero que pueden aportar a candidatos particulares y a los comités nacionales de los partidos políticos e incluso pueden donar también a otros PACs.

A partir de esta última cuestión, se establece la diferencia entre “hard” y “soft money”. La primera hace alusión al dinero aportado tanto por individuos como PACs a un candidato en especial, mientras que “soft money” refiere al dinero aportado a un partido político o a un PAC. Este último, no tenía límites ni regulación hasta la sanción de la Bipartisan Campaign Reform Act en el 2002.

A estos mecanismos más o menos regulados con más o menos control y transparencia, se le suman también los controvertidos Independent Expenditures. Estos están destinados a:

anuncios publicitarios y comunicaciones políticas que expresamente abogan a favor (o en contra) de un candidato determinado. Usualmente, estos gastos son realizados en forma “independiente” del candidato, por organizaciones políticas, sindicatos o corporaciones que, manejándose por cuenta propia, destinan el dinero para realizar sus propias acciones en favor de un candidato, o para llevar a cabo campañas sucias o de desprestigio del adversario (Carbone, 2013, p. 106).

Este tipo de “gasto independiente” no tiene límites de dinero establecidos por la FEC^[4].

Además del conjunto de estos mecanismos de financiamiento electoral^[5], hay otras formas de influencia política. En el caso de la labor parlamentaria, el lobby no sólo está vinculado con el dinero privado otorgado para que el representante o senador logre ser electo, refiere también al conjunto de acciones para alcanzar la aprobación o rechazo de determinada ley.

En primer lugar, es necesario aclarar que el oficio de lobbista es considerado una profesión y existen firmas o empresas dedicadas especialmente a ofrecer ese servicio. Es decir, el lobby es en sí mismo considerado un negocio. A su vez, su accionar está regulado principalmente por el Lobbying Disclosure Act de 1995^[6]. Los lobbistas deben estar registrados en ambas cámaras y revelar quién los contrata, cuánto les pagan y qué temas o leyes están impulsando.

¿Cuáles serían las actividades que realiza un lobbista? Una de ellas es brindar a los legisladores asesoría e información proveniente de distintos think tanks, institutos académicos o personalidades que aportan argumentos de cara a la aprobación o no de determinada ley de interés para sus clientes. A su vez, establecen reuniones con funcionarios, tienen una relación fluida con distintos sectores de la burocracia estatal y monitorean e informan lo que otros policymakers -incluido el gobierno- están haciendo. Brindan información específica sobre determinada ley, así como información política en torno a lo que están realizando otros, qué impacto podría tener esa ley en su electorado o distrito y quienes apoyan o se oponen a esa medida. En muchos casos, también, organizan campañas de publicidad y de envío de cartas para lograr presionar por cierta ley, preparan testimonios para las audiencias del Congreso y, lógicamente, también vehiculizan dinero de sus clientes para las campañas electorales de los legisladores y para aprobar o rechazar medidas. Mediante estos distintos mecanismos, que involucran millones de dólares, se desarrolla una relación de dependencia mutua entre los políticos, los lobbistas y sus clientes, mayoritariamente corporaciones. Incluso, en varias oportunidades se da un fenómeno de “puerta giratoria” (revolving door) en el cual muchos funcionarios políticos luego pasan a ser lobbistas y viceversa (Blanes i Vidal et al., 2012; LaPira y Thomas, 2014).

La literatura académica sobre la temática está orientada principalmente al armado de modelos de medición de la capacidad de influencia del lobby en la política pública. Dentro de esta abrumadora cantidad de trabajos que buscan una medición cuantitativa y causal entre lobby y política pública, la discusión gira entorno a qué variables tomar y cómo construir los modelos. Sin embargo, no han logrado resultados significativos. Esto ha llevado a que exista una preocupación en el propio campo mainstream sobre los problemas y la incapacidad de poder medir el impacto del lobby (Burstein y Linton, 2002; Drutman et al., 2019; Grossmann, 2012; Witko, 2006). También se observan esos inconvenientes en las investigaciones que buscan relaciones causales entre el dinero gastado en campaña electoral y la cantidad de votos obtenidos en las elecciones (Baumgartner y Leech, 1998; Stratmann, 2005). Estas preocupaciones sobre los resultados de las investigaciones suelen ser muy categóricas: “the only consistent finding about the relationship between lobbying and legislators’ behavior is that the relationship is not consistent”^[7] (Godwin et al., 2012, p. 12).

En este tipo de estudios, los supuestos teórico-metodológicos remiten a las vertientes clásicas de la Ciencia Política: pluralismo y elitismo^[8]. En el primero, la sociedad aparece compuesta por diversos grupos con sus respectivos intereses que compiten entre sí, siendo el Estado un mediador en esos conflictos y las corporaciones empresarias un grupo más (Dahl, 1961; Dahl y Lindblom, 1953; Truman, 1951). Si bien hay un reconocimiento de las desigualdades sociales entre los distintos grupos, en la perspectiva pluralista se considera que el poder está disperso y que existe una división entre poder económico y político. La sociología de las elites, por su parte, observa diferencias entre los actores sociales y critica las concepciones que plantean una diseminación del poder. El Estado es el garante de la dominación de las elites que monopolizan el poder e imponen sus decisiones sobre la mayoría (Domhoff, 1990, 2014; Michels, 1965; Mosca, 1939; Pareto, 1968; Wright Mills, 2013).

Existen por lo tanto, los trabajos que analizan la presión de la multiplicidad de “grupos de interés” como un proceso competitivo sin presuponer de antemano cómo se distribuye el poder (Ansolabehere et al., 2003; Baumgartner, 2009; Berry, 2010; Godwin et al., 2012; Grossman y Helpman, 2001; Walker, 1991) y quienes, por otro lado, parten de las desigualdades dentro de estos actores y analizan el peso especial que tiene el lobby corporativo (Drutman et al., 2019; Hansen et al., 2005; Schlozman et al., 2012; Schlozman y Tierney, 1986).

Pese a los matices en las discusiones, prevalece en este tipo de trabajos sobre los “grupos de interés” un análisis de los distintos actores sociales basado en los principios de la teoría de la decisión racional para explicar su comportamiento. En la mayoría, predomina una mirada de la acción de estos “grupos de interés” heredera de los planteos de acción colectiva de Olson (1965) donde como señalaron Offe y Wiesenthal (1980) no se evidencian las diferencias entre la forma y las condiciones para actuar que tienen trabajadores y empresarios, y por lo tanto, tampoco se inscribe el análisis en la estructura de clases sociales. A su vez, al focalizar en los “grupos de interés” subestiman la importancia del Estado y éste aparece vaciado de contenido.

Por otro lado, aunque con cierta relación con la tradición elitista (ya que enfatizan en la capacidad de “compra de voluntades” o de “amplificar la voz” que tienen los sectores más poderosos de la sociedad), existe una serie de estudios que muestran los problemas del vínculo entre “money and politics”. Con distintos matices y propuestas, prevalece una mirada que juzga negativamente los efectos de esta relación para la democracia, considerando la necesidad de reformas del sistema político tendientes a disminuir el peso del dinero corporativo en la política (Kuhner, 2007; Lessig, 2011; Mazo y Kuhner, 2018; Page y Gilens, 2017; Torres-Spelliscy, 2016).

Por último, amerita destacar otros trabajos. Encontramos, ciertos análisis que desde una mirada constructivista, explican el éxito del lobby a partir de cuán efectivas resultan las narrativas para apelar al público y al Congreso (Skonieczny, 2018a). Y, por otro lado, trabajos que desde una perspectiva de la sociología de las elites incorporan elementos del marxismo y explican el desarrollo de políticas de liberalización comercial producto de la unidad y “cohesión política objetiva” de las corporaciones en tanto clase social argumentada a partir de un análisis de redes (Dreiling y Darves, 2016).

El conjunto de estos trabajos y conceptualizaciones sobre el lobby muestran elementos importantes de la relación entre capitalistas y Estado en el caso norteamericano, aunque advertimos sobre sus problemas teórico-metodológicos. Aquí, desde otra perspectiva pretendemos, indagar en la dinámica que adquieren estos mecanismos institucionalizados del lobby entendiendo al Estado como una relación social y no como un instrumento o un mediador imparcial entre grupos de intereses que compiten por lograr su influencia. En este sentido, en los propios resultados no determinantes ni significativos de los estudios mainstream está la clave para desarrollar una mirada atenta a las contradicciones, la dinámica de la lucha de clases y, por ende, las relaciones de fuerza y el contexto histórico, que escapan a cualquier análisis causal y lineal. Entendemos que para caracterizar el accionar de las corporaciones es necesario comprender su heterogeneidad interna, sus problemas de cohesión por la propia dinámica competitiva de los capitales individuales y considerar que su influencia no es exterior al Estado y no está sólo dada por sus recursos monetarios. A partir de estas formulaciones: ¿cómo se explica el lobby en el marco de la complejidad de la relación entre Estado y corporaciones? Este interrogante teórico orienta nuestro análisis.

Pedidos cruzados: la relación entre corporaciones empresarias y el gobierno de Clinton

Como expusimos en los capítulos anteriores, el proyecto de PNTR para China llegó al Congreso tras una serie de tensiones y luego de las jornadas de protesta en Seattle. Para el gobierno de Clinton, el ingreso de China a la OMC era una de sus prioridades políticas y sus esfuerzos para lograrlo fueron varios.

A nivel discursivo, la intervención del presidente incluyó la búsqueda de entablar una alianza con el empresariado. En una cena con la asociación Electronic Industries Alliance ya en marzo de 1999 sostenía al respecto:

I ask you to think about how are we going to get this passed in a Congress […] I would like to say is, with your employees, with those in the community with whom you work, help people to understand that the forces of globalization can be good, but they present challenges that must be met.^[9]

Con el proyecto ya presentado y el acuerdo bilateral alcanzado, en febrero del 2000, Clinton ante el Business Council sostuvo:

We are the world’s only superpower, and whenever we walk away from an opportunity to lead the world toward greater integration and cooperation […], we bear a particular responsibility for future adverse consequences. So, I ask you to help me with Members of the Congress, without regard to party, based on the national interest, the clear economics, and going beyond the economics. This is a profoundly significant decision for the United States.^[10]

Este tipo de declaraciones y pedidos al empresariado por parte del Poder Ejecutivo se repitieron en otras oportunidades^[11] y estuvieron orientados a vínculos con sectores específicos. Especialmente se buscó afianzar la relación con las high-tech de Silicon Valley. Clinton les pidió expresamente su apoyo para desarrollar el lobby y sostuvo en varias oportunidades la importancia de internet como una herramienta para influir en China y profundizar sus reformas^[12]. Este vínculo fue importante en tanto, la ley de PNTR para China fue la primera legislación comercial en la cual las high-tech desarrollaron una campaña de lobby en el Congreso^[13]. Esto se visibilizó en un mayor gasto en las elecciones respecto al ciclo político anterior:

Individual, PAC, and soft-money donations from computer-related companies to national party organizations and candidates leaped from a little over $9 million in the 1997–98 election cycle to nearly $24 million as of June 30, 2000, in the next cycle, putting the high-tech industry on a par with such other big donors as the energy, insurance, pharmaceutical, and banking industries. In the first half of 2000, high-tech firms directed campaign funds to pro-PNTR lawmakers, and industry lobbyists made it clear to House members that their votes on PNTR would be strongly considered when it came time to dole out further contributions^[14] (Shoch, 2001, p. 239).

Se fortaleció especialmente el vínculo entre las high-tech y los New Democrats^[15]. Relación que también se observa en el protagonismo del propio Bill Gates en la escena pública siendo uno de los organizadores de la Ronda de Seattle de la OMC^[16] y argumentando fuertemente a favor de PNTR^[17].

A la vez, las principales asociaciones empresariales mostraron en varios comunicados su disposición a trabajar con el gobierno^[18]. Especialmente se destaca el trabajo en conjunto con la Office of the United States Trade Representative (USTR) a cargo de C. Barshefsky. Desde esta agencia estatal, se proporciona un espacio para la influencia y elaboración de políticas de liberalización comercial a partir de comités de asesores del sector privado, establecidas en la Trade Act de 1974, siendo el principal vehículo para traducir los intereses capitalistas a posiciones coherentes de política comercial (Panitch y Gindin, 2013a). Según ciertos análisis, desde y a través de estas estructuras estatales se permitió que los líderes corporativos más organizados reprodujeran el liderazgo y la autoridad de clase, ejerciendo influencia dentro del aparato estatal y organizando políticamente al sector empresarial (Dreiling y Darves, 2016).

En lo que respecta estrictamente a la ley en cuestión, el gobierno directamente impulsó un “China Room” en la Casa Blanca para coordinar las acciones de lobby^[19]. Clinton se reunió con los representantes, viajó a distintos estados y logró el apoyo de más de 40 gobernadores, expresidentes y funcionarios de la talla de Kissinger y Alan Greenspan^[20] -entonces director de la Reserva Federal-. Según un informe de la General Accounting Office (organismo destinado a la auditoría del gobierno federal), se estimó que el gobierno gastó al menos $1.6 millones de dólares para la aprobación de PNTR, donde se incluyen gastos de personal^[21] trabajando de manera full-time, viajes, desarrollo de sitio web e impresión de gráficos, folletos y otros documentos^[22].

En un informe anterior, en mayo del 2000, el mismo organismo de auditoría afirmaba:

The documents we have received to date – including speeches, talking points, fact sheets, and e-mail messages – show extensive outreach and communication by the Administration with private sector groups such as public corporations and trade and business coalitions.^[23]

El Poder Ejecutivo, por lo tanto, no aparece sólo como influido o presionado por las corporaciones, sino organizando a diversos actores y valiéndose de los mecanismos del lobby corporativo para lograr la aprobación del acuerdo con China.

Sin embargo, el apoyo y la colaboración con el gobierno por parte del empresariado no era total. En varias declaraciones aparecía una exigencia al presidente de mayor intransigencia ante los “discursos proteccionistas y aislacionistas”^[24] contra la globalización y explícitamente ante los sindicatos. Al respecto, se destacan las apreciaciones sobre la agenda “post-Seattle”:

The question being asked in this hearing today is, where should the United States go on trade policy after the Seattle Ministerial? Our answer is simple: The focus for the U.S. after Seattle should be exactly where it was before Seattle – a relentless drive to open markets and opportunities all around the world for American farmers, companies and workers. […] Passing PNTR ought to be job one for this Congress […]This vote is about whether we take advantage of an unparalleled opportunity for our companies and our workers. Or, we sit on the sidelines and watch numerous foreign competitors eat our lunch..^[25]

En la misma línea, también hubo pedidos explícitos al presidente de no atar el proyecto de PNTR y el libre comercio a otras cuestiones^[26], en relación con los estándares laborales, ambientales y el respeto a los derechos humanos. Esta preocupación también explica la abrumadora búsqueda por parte de los empresarios de presionar al Congreso mediante el lobby para la efectivización de la ley sin significativas enmiendas.

A la vez, se expresaron por más acuerdos de liberalización comercial^[27], inscribiendo la disputa por el ingreso de China a la OMC en otros pedidos. Entre ellos se destacan, la aprobación del acuerdo alcanzado con África y América Central^[28] y principalmente las exigencias al gobierno de un cambio en la política respecto a Cuba^[29]. Las corporaciones reclamaban al gobierno el levantamiento del bloqueo, incluso se menciona que el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos viajó a La Habana y se reunió con Fidel Castro^[30]. También existían fuertes críticas por parte de las corporaciones vinculadas a cuestiones domésticas, principalmente en materia impositiva y en asignación del presupuesto^[31].

En el marco de un año electoral, en las declaraciones de las asociaciones empresariales aparece también un pedido a los candidatos presidenciales a posicionarse a favor del acuerdo con China y a que intervengan en el escenario conflictivo al respecto^[32]. En este sentido, fueron muy rechazadas las declaraciones ambivalentes de Gore^[33], al intentar sostener el vínculo con el sindicalismo. Cuestión que luego se plasmó en el financiamiento de la campaña electoral. Según el reconocido Center for Responsive Politics, se estima que en las contribuciones al ciclo electoral 1999-2000 por parte de sectores empresariales (incluyendo PAC, donaciones individuales a candidatos, partidos y gastos independientes) fueron $513 millones para los demócratas y $708 millones para los republicanos^[34].

Como señalan ciertos autores, para los demócratas resulta más difícil y deben “hacer más” para mantener el apoyo empresarial (Hacker y Pierson, 2011). Otros especifican que tras la derrota del permiso de fast-track en 1997, muchos líderes corporativos concluyeron que no había que desfinanciar a los “pro-business demócratas” en tanto los hacía más dependientes del financiamiento y las presiones de los sindicatos y que, por eso, hubo un intento de rebalancear los aportes entre partidos y así modificar las relaciones al interior del Partido Demócrata (Shoch, 2001).

La campaña de las corporaciones para la aprobación de PNTR para China

En primer lugar, amerita presentar brevemente a las distintas asociaciones protagonistas de la campaña por PNTR para China. La Cámara de Comercio es la más antigua, numerosa y activa en materia de lobby, sostiene que representa a empresas grandes y pequeñas de todo el territorio. Por su parte, la creada en los años 70, Business Roundtable, agrupa a CEOs de las principales empresas norteamericanas, “desde entonces se convirtió en el eje de la acción colectiva en pro de los intereses de los negocios” (Harvey, 2015, p. 52). Estas asociaciones a su vez se organizaron bajo el paraguas de Business Coalition for U.S-China Trade que incluía a the Emergency Committee for American Trade, the National Association of Manufacturers (otra de las históricas asociaciones) y varias grandes empresas. A su vez, de manera específica aproximadamente 70 organizaciones vinculadas al agro se nuclearon bajo la Agriculture Coalition for U.S. – China Trade.

Las acciones impulsadas por las corporaciones empresarias fueron diversas. Estudios sobre el impacto favorable del ingreso de China a la OMC; reuniones con miembros del Congreso; exposiciones en las audiencias de las comisiones parlamentarias; una millonaria campaña publicitaria en televisión, radio, prensa escrita y por internet y “campañas locales educativas”^[35]. En la semana de la votación, a su vez, Business Coalition for US China Trade entregó canastas con celulares, Pepsi y otros productos a 300 legisladores^[36]. Desarrollaron también, lo que se conoce como “astro-turf lobbying” que implica el intento de simular un apoyo local o de base a determinada medida a partir de la contratación o de presión a trabajadores para que envíen cartas y se movilicen mostrando en este caso su aprobación al PNTR para China^[37].

En todos los casos, se buscó revertir los argumentos esgrimidos principalmente por los sindicatos: sostuvieron que se generarían más puestos de trabajo^[38], que se trataba de un acuerdo distinto al del NAFTA^[39], que en China se respetaban cada vez más los derechos laborales y que el acuerdo fomentaría aún más este avance^[40]. Incluso las propias corporaciones afirmaban que realizaban un feroz lobby en respuesta al movimiento de Seattle^[41]. Se evitó mencionar el principal beneficio que traía el acuerdo para el empresariado -las posibilidades que se abrían para invertir en China- para no concederles a los sindicatos el argumento de la deslocalización y pérdida de empleos (Devereaux et al., 2006).

A la vez, el discurso giró en torno a amenazas respecto a las consecuencias que podría tener un rechazo de la ley en el Congreso, estableciendo principalmente dos ejes: peligro para la seguridad nacional y pérdida de oportunidades ante competidores extranjeros^[42], especialmente la Unión Europea. A la vez, se realizaba una defensa de los mecanismos y procedimientos de la OMC para aplicar sanciones en caso de que China no cumpliese^[43]. Estos fueron los mismos argumentos esgrimidos por tanto el gobierno como por los representantes y senadores que votaron a favor de PNTR para China.

Además de los numerosos lobbistas contratados por las grandes corporaciones, varios CEOs se apersonaron en el Congreso y en la Casa Blanca para reunirse con distintos legisladores de cara a la votación de PNTR^[44]. Se destacó especialmente la actividad de los representantes de Motorola, Boeing, Intel, Caterpillar, General Motors, Goldman Sachs, Cargill, Citigroup, Walmart y Microsoft. Muchas de estas empresas intervinieron en el debate público tanto dentro como por fuera de las asociaciones que las contienen, algunas de ellas incluso participando de las audiencias organizadas por las comisiones parlamentarias y pagando sus propios mensajes publicitarios^[45].

Según el informe de Public Citizen, se estima un gasto de $113 millones de dólares por parte de las principales empresas y asociaciones, abrumadoramente mayor al monto gastado por las corporaciones para la aprobación del NAFTA^[46]. Entre estos números se incluye una campaña publicitaria orquestada por US Chamber of Commerce y Business Roundtable de entre 12 y 15 millones de dólares y 31 millones de dólares en gastos de lobby en el Congreso durante la primera mitad del año 2000^[47]. Montos declarados que no descartamos que hayan sido aún mayores.

La Cámara de Comercio, en sus declaraciones sostuvo sobre su campaña por la aprobación de PNTR en House of Representatives:

The Chamber has actively supported the China trade deal by mobilizing a massive grassroots effort in 66 congressional districts, beginning over a year before the vote. In addition, 20 lobbyists fanned out across Capitol Hill organizing over 400 congressional meetings and more than 30 Chamber field staffers organized numerous events in targeted congressional districts.^[48]

Para Business Roundtable, su estrategia temprana y agresiva, organizada localmente y orientada a la educación fue la clave para el éxito en la aprobación de PNTR para China^[49]. A su vez, esta asociación empresaria sostuvo que esta votación mostró que “la comunidad empresarial” aprendió la lección respecto a anteriores votaciones sobre libre comercio^[50]. Por su parte, la Electronic Industries Alliance se jactó de haber elaborado un manual de instrucciones para que cada empresa convenza y movilice a sus empleados a favor de PNTR^[51]. Según la Cámara de Comercio, triunfaron los hechos por sobre los miedos y fue una victoria bipartidista tras una fuerte pelea con los sectores opositores al libre comercio^[52]. En palabras del presidente de la National Association of Manufacturers: ‘‘This historic trade legislation clearly is a setback for the forces of protectionism and reestablishes important bipartisan support for global trade expansion”^[53].

El conjunto de los esfuerzos realizados por las corporaciones es necesario inscribirlo en el contexto de politización tras las protestas en Seattle. Las corporaciones reconocieron que para aprobar la ley de PNTR se requería un arduo trabajo de lobby. La votación era presentada por el empresariado como la más importante en décadas y su principal prioridad^[54] y hasta era comparada con la caída del Muro de Berlín^[55]. Implicaba imponer un cambio en la relación de fuerzas.

Ahora bien, si bien la mayoría de las asociaciones comerciales y las principales corporaciones fueron las protagonistas de esta campaña, hubo ciertos sectores del empresariado que no acompañaron el PNTR para China. Entre ellos se destacan, por un lado, el sector textil que bajo la American Textile Manufacturers Institute envió su posición a la audiencia organizada por el Committee on Ways and Means, donde afirmaba:

Five years into the Uruguay Round agreements, after all the pronouncements about ‘‘open markets,’’ an analysis by ATMI has found that no significant new market access for U.S. textile and apparel products has occurred as a result of the agreements […]We urge the Committee to reject permanent NTR with China and send this agreement back to be renegotiated on terms more equitable to U.S. textile firms and U.S. workers.^[56]

Por otro lado, encontramos otros opositores como National Farmers Union and the National Family Farm Coalition representaciones de sectores del agro menos concentrado, a diferencia de la American Farm Bureau (con fuerte presencia de las grandes empresas de agronegocios) y la American Soybean Association que participaron de las acciones a favor. El vocero de esta asociación de productores de soja sostuvo respecto a las diferencias en el sector agropecuario: ”Everybody except for a few splinter groups wants this to happen‘^[57]. Estos sectores evidentemente no estaban en condiciones de competir en la costosa arena política del lobby, lo cual evidencia a su vez el sesgo que este mecanismo institucional impone y sus implicancias en la mayor concentración de capitales.

Conclusiones del capítulo

En el análisis desarrollado en el capítulo observamos tres elementos centrales para comprender la organización y acción política empresarial que se desenvuelve aquí mediante los mecanismos del lobby.

En primer lugar, destacamos que el cuestionamiento en las calles que significó la Batalla de Seattle puso de relieve para el gobierno y el empresariado, la necesidad de reaccionar fuertemente. La vigorosa movilización política de las corporaciones durante los años 90, como mostraron Dreiling y Darves (2016), respondió a la oposición de trabajadores, grupos ambientalistas y estudiantes que se movilizaron contra la OMC, el NAFTA y el PNTR para China. Cuando este movimiento perdió fuerza y protagonismo a partir de 2001, decreció también el enérgico activismo de las corporaciones respecto a la política comercial (Dreiling y Darves, 2016). Es decir, el accionar político de los empresarios no puede pensarse en sí mismo, sino en relación con el propio desarrollo de la lucha de clases. En la misma línea, la eficacia del lobby para influir en determinada política pública depende de ese contexto.

En este sentido, los mecanismos del lobby resultaron ser los predilectos en tanto constituyen un terreno ventajoso para las corporaciones a partir de los cuales pueden hacer demostraciones de fuerza e imponer sus intereses inmediatos. Ahora bien, esta preferencia por el lobby y su institucionalización debe encuadrarse históricamente. Como mencionamos, el aumento exponencial se dio a partir de los años 70 en el marco de la ofensiva neoliberal: la desarticulación de los anteriores mecanismos de integración de las masas bajo el Estado keynesiano implicó una transformación en las estructuras institucionales en las cuales se desenvuelve el conflicto. El lobby corporativo adquirió protagonismo para imponer determinadas medidas neoliberales y para neutralizar la protesta popular. Estamos, por lo tanto, ante una forma de acción política empresarial que es distintiva de la restauración del poder de clase bajo el proyecto neoliberal en Estados Unidos.

En esta línea, al igual que con la deslocalización de capitales que apareció en un primer momento como una respuesta anárquica e individual (Piva, 2020), el lobby apareció primero de manera defensiva ante el desafío obrero. Ambas respuestas, la “política” y la “económica”, forman parte de un mismo proceso y se terminan articulando desde el Estado como ofensiva neoliberal hacia el trabajo. La internacionalización productiva y especialmente la expansión global del capital norteamericano en los 90 a partir de los tratados de libre comercio aparece como política de estado y, por ende, resulta mediada por la lucha política. La mayor movilidad de los capitales producto de esa expansión global y deslocalización productiva encuentra en el lobby un mecanismo de intervención en esa disputa política de manera más dinámica, efectiva y competitiva.

Ahora bien, estamos ante un fenómeno que es específico de la política norteamericana y no de la ofensiva neoliberal en su conjunto ni del proceso de internacionalización productiva en general. Su particularidad remite al propio papel de Estados Unidos en ese proceso. Al ser la principal potencia imperialista y encabezar el proceso de internacionalización, se desenvuelven específicas tensiones entre la dominación doméstica e imperial. Como evidencian Panitch y Gindin (2013a), éstas encuentran expresión en la relación entre Ejecutivo y Congreso. El lobby corporativo resulta una forma de acción que media y se desenvuelve en esa contradicción.

El segundo elemento de la acción política corporativa que se desprende del análisis del capítulo refiere a los problemas para alcanzar una cohesión y su relación con la dinámica competitiva de los capitales. Al respecto hay que destacar que no todas las empresas tienen condiciones para desarrollar el gasto en lobby en la misma magnitud: por eso resulta también, un mecanismo privilegiado por los grandes capitales y que, a su vez, permite, en determinados contextos, que estos sectores accedan a beneficios que favorecen a la concentración de capital como lo puede ser el acceso a determinados mercados o ventajas impositivas. A su vez, observamos que por más posiciones privilegiadas que tengan determinadas empresas en las principales asociaciones, también realizan su intervención de manera individual: la coordinación no es total, sino que involucra tensiones por la propia dinámica competitiva del capital. En el caso analizado aquí vemos ambos aspectos: tanto sectores que se ven perjudicados por el acuerdo con China, se posicionan en contra y no logran intervenir de manera efectiva en la arena del lobby, así como también vemos grandes empresas que siendo protagonistas e impulsoras de instancias de organización como las asociaciones también tienen su intervención propia en el marco del debate parlamentario. A su vez, es importante señalar que dentro de las asociaciones más activas como US Chamber of Commerce, National Association of Manufacturers y Business Roundtable se engloba intereses contradictorios y en competencia, donde no todos los sectores saldrán efectivamente beneficiados por el acuerdo con China.

En tercer lugar y, por último, vemos el papel central del Ejecutivo en la organización de la movilización política empresarial. Tanto desde las estructuras institucionales como la USTR así como con el impulso del “China room” en la Casa Blanca se observa cómo desde el Estado se articula la ofensiva ante el desafío del movimiento antiglobalización. El lobby corporativo no aparece por lo tanto como un aspecto por fuera del Estado y una acción que sólo influencia y presiona exteriormente. Se estructura desde el gobierno y bajo esas mediaciones es que se constituye en un mecanismo efectivo y poderoso.

Estamos, por lo tanto, ante una acción colectiva distintiva de los capitalistas, con sus específicos recursos y modos de movilización, siendo como señalaron Offe y Wiesenthal (1980) intrínsecamente diferenciadas de las que llevan adelante los trabajadores. Aquí, en concreto, se observa cómo las grandes corporaciones organizan una poderosa y millonaria campaña con y desde el Ejecutivo, silenciando y dejando sin capacidad de acción a los sectores empresariales que estaban en contra del acuerdo y no podían desplegar una movilización tan costosa. Situación de debilidad que también detentan los sindicatos que tampoco cuentan con esos cuantiosos recursos para competir en la arena del lobby.

Sobre esa ventaja en la lucha política, la fortaleza del lobby corporativo articulado desde el Estado se impone y las relaciones de fuerza se quiebran, desarrollándose como mencionamos en el capítulo anterior, una derrota del movimiento antiglobalización. Ahora bien, que la desarticulación de ese desafío sea en el marco del Congreso da cuenta también no sólo lo acertado del mecanismo del lobby como forma de acción política empresarial sino también cómo se encuadra y resulta una mediación de las tensiones que se desenvuelven entre Ejecutivo y Legislativo en Estados Unidos. Como hemos señalado anteriormente, las contradicciones entre éstos dan cuenta de la complejidad entre la dominación doméstica e imperial. En este marco, el lobby constituye, por lo tanto, una poderosa forma de movilización política protagonizada e impulsada especialmente por la fracción de la burguesía cuyo espacio de acumulación es global y busca con su intervención política sortear los límites que representa el Congreso. Como veremos en el próximo capítulo, en el debate parlamentario se expresa la relación de fuerzas doméstica en toda su complejidad, evidenciando cómo las diferencias dentro de la propia burguesía cobran relevancia política y territorial.