El capítulo incluye, primero, una descripción de las características del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) y un análisis de los objetivos de Estados Unidos al impulsarlo. Luego, una recapitulación de las negociaciones multilaterales, los temas y miembros que provocaron trabas en estas reuniones y las causas de la demorada concreción de la firma del acuerdo. El foco está en las posiciones, agenda y prioridades de Estados Unidos en esas instancias. Por último, el capítulo contiene un balance de los resultados del TPP centrado en los sectores que fueron protagonistas de las discusiones, movilizando recursos y disputando posiciones. Desde esa mirada, caracterizaremos quienes fueron los ganadores y perdedores en Estados Unidos, aquellos que concretaron sus demandas y aquellos que no vieron todos sus intereses reflejados en el texto final.

El TPP: más que un tratado de libre comercio

El Acuerdo Trans-Pacífico empezó a delinearse en pleno contexto de crisis económica internacional. En 2008, el presidente Bush, antes de terminar su mandato, anunció que Estados Unidos tenía intenciones de iniciar conversaciones para un tratado de libre comercio con el llamado “Pacific 4” (P4) (incluía a Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y Singapur)^[1]. Ante el anuncio de Estados Unidos, se sumaron a las conversaciones Australia, Perú y Vietnam, luego entradas las negociaciones se incorporaron Malasia, Canadá, México y Japón.

En 2009, ya con Obama en la Casa Blanca, se confirmó la continuidad de este proyecto y la necesidad de establecer un tratado con “altos estándares”:

I know there are many who questioned how the United States perceives China’s emergence. […] Now, as with any nation, America will approach China with a focus on our interests. But it’s precisely for this reason that it is important to pursue pragmatic cooperation with China on issues of mutual concern, because no one nation can meet the challenges of the 21st century alone, and the United States and China will both be better off when we are able to meet them together. That’s why we welcome China’s effort to play a greater role on the world stage, a role in which their growing economy is joined by growing responsibility. China’s partnership has proved critical in our effort to jump-start economic recovery. […] So the United States does not seek to contain China, nor does a deeper relationship with China mean a weakening of our bilateral alliances. On the contrary, the rise of a strong and prosperous China can be a source of strength for the community of nations. […] The United States will also be engaging with the Trans-Pacific Partnership countries with the goal of shaping a regional agreement that will have broad-based membership and the high standards worthy of a 21st-century trade agreement. Working in partnership, this is how we can sustain this recovery and advance our common prosperity.^[2]

El contexto de crisis y la necesidad de reestablecer condiciones para la acumulación de capital aparecían a nivel discursivo. A la vez, se admitía la existencia de una situación de debilidad política al considerar que Estados Unidos no podría hacer frente en soledad a los “desafíos del siglo XXI”. Observamos, pues, cómo la necesidad de recomponer la dominación y la acumulación resultaron un motor de esta iniciativa política. En ese sentido, se concebía y presentaba al TPP como un acuerdo que iba más allá de los parámetros de cualquier tratado de libre comercio.

En esta línea, debemos comprender al TPP en el marco de su contexto y de sus objetivos. Con Obama al frente del Ejecutivo, Estados Unidos comenzó a reorientar su política exterior, lo que luego se consustanció en el llamado “pívot asiático”. Tras años de centralidad en la “guerra contra el terrorismo” en Medio Oriente, se empezó a delinear un cambio de eje^[3]. El TPP se encuadró desde el principio en este intento^[4]. Como observamos en el discurso de Obama anteriormente citado, el auge de China aparecía ya como un tema a considerar, aunque en aquel entonces persistía la idea de un crecimiento simbiótico entre ambos países. Luego, con el transcurso del tiempo y las propias negociaciones, apareció con más claridad que los objetivos también incluían la necesidad de aislar y contener el crecimiento de China. Al final de las negociaciones y con un álgido debate doméstico al respecto, Obama sostenía:

My approach to trade has been guided by a unifying principle: leveling the playing field for American workers and businesses so we can export more products stamped “Made in America” all over the world that support higher paying American jobs here at home. (…) When more than 95 percent of our potential customers live outside our borders, we can’t let countries like China write the rules of the global economy. We should write those rules, opening new markets to American products while setting high standards for protecting workers and preserving our environment. That’s what the agreement reached today in Atlanta will do. Trade Ministers from the 12 nations that make up the Trans-Pacific Partnership finished negotiations on an agreement that reflects America’s values and gives our workers the fair shot at success they deserve.^[5]

La preocupación por “quién escribe las reglas del siglo XXI” que aparecía en sucesivas intervenciones del presidente y otros funcionarios^[6], también se encuadraba en los problemas y trabas de la Ronda de Doha de la OMC y en el marco de los intentos de China de abrir negociaciones para establecer otro tratado en la región excluyendo a Estados Unidos que desembocarían luego en el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)^[7]. Los problemas de la dominación imperialista norteamericana en este cuadro general nos permiten comprender que las negociaciones del TPP se extendieran durante varios años: la relación de fuerzas a nivel internacional imposibilitó, como veremos, que Estados Unidos se impusiera en todos los aspectos del acuerdo y administre sus tiempos.

A la vez, amerita señalar que el TPP era un mega-acuerdo en el marco de una estrategia más amplia. Recordemos que Estados Unidos durante las negociaciones del TPP, también comenzó a impulsar otros acuerdos como lo era el Transatlantic Trade and Investmen Partnership (TTIP) con la Unión Europea.

En este contexto general, encontramos en el TPP un acuerdo diferente a los demás tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos que también se reflejaba en la incorporación de nuevos temas de agenda. Se trataba de un acuerdo mega-regional que avanzaba en cuestiones detrás de las fronteras, es decir, en temas regulatorios (Ghiotto y Guamán, 2018; Kelsey, 2013). Se incorporaron a las negociaciones ejes como la regulación del comercio electrónico y adquirieron mayor relevancia las discusiones sobre derechos de propiedad intelectual, servicios y sector financiero. A la vez, se incluyeron capítulos específicos sobre derechos laborales, medioambiente, telecomunicaciones, regulación de empresas estatales e inversiones. Como veremos en el próximo apartado, cambiaron también los principales puntos de discusión en las negociaciones en las cuales, a diferencia de otros tratados de libre comercio, las tarifas no ocuparon un lugar central ni muy polémico. Incluso sólo 6 de los 30 capítulos que conformaron el TPP remitían a cuestiones arancelarias evidenciando que el contenido de esta política comercial excedía ampliamente a la liberalización de las tarifas (Liss, 2021).

La literatura académica sobre el TPP ha analizado distintos aspectos del acuerdo y bajo diversos lentes^[8]. Encontramos, por un lado, visiones liberales optimistas y defensoras del TPP (Fergusson et al., 2015; Green y Goodman, 2015; Hamilton, 2014; Petri y Plummer, 2016; Rubinson, 2017; Tellis, 2014; Twining et al., 2016; J. D. Wilson, 2015). En este marco, varios trabajos focalizaron en las dificultades para concretar el TPP como estrategia geopolítica (Capling y Ravenhill, 2011; Elms, 2016; Griffith et al., 2017; Solís, 2012). Mientras otros análisis fueron más allá y plantearon la inconsistencia de la estrategia geopolítica y su incapacidad para contener a China mediante el llamado “pívot asiático” (Löfflmann, 2016).

Más allá de los debates sobre el carácter del TPP en el escenario geopolítico^[9], existe una serie de análisis sobre distintos sectores específicos y sus agendas: por ejemplo, el digital (Azmeh y Foster, 2016), farmacéutico (Gleeson et al., 2017; Rimmer, 2017), industria alimentaria (Friel et al., 2016) o tabacalero (Kelsey, 2013). A la vez que aparecen trabajos que se dedicaron a examinar el contenido de ciertos capítulos del TPP como por ejemplo, el destinado a cuestiones medioambientales (J. Wilson, 2016), derechos laborales (Elliott, 2012; McNamara y Labonté, 2017), propiedad intelectual (Baker, 2016; Flynn et al., 2012; Halbert, 2017; Rubinson, 2017) o “coherencia reglamentaria” (Polanco, 2013).

Por último, más cercanas a nuestras inquietudes identificamos tres trabajos. Por un lado, Biegon (2020) desde una perspectiva neogramsciana comprende al TPP como un proyecto hegemónico de Estados Unidos en respuesta a la crisis económica y la rivalidad de China, y su posterior veto por parte de Trump como un síntoma de la crisis de la hegemonía estadounidense. En línea con estos planteos, Merino (2017, 2018) concibe al TPP como una geoestrategia específica de un sector: de las fuerzas globalistas en el marco de sus luchas hegemónicas en un período de transición histórica mundial. El objetivo de esta geoestrategia radicaba en configurar las reglas de juego del siglo XXI, es decir establecer el nuevo Orden Mundial, construyendo una nueva institucionalidad global para resolver una crisis de hegemonía que se presentaba como crisis económica y geopolítica de “Occidente” (Merino, 2017). Esta geoestrategia encontró un límite con el veto al TPP que impuso Trump como expresión de las fuerzas americanistas.

Por último, Chodor (2019) aporta una visión más compleja marcando que el TPP puede comprenderse como un nuevo instrumento “constitucional” ante la crisis orgánica del neoliberalismo, privilegiando al capital transnacional y buscando construir consenso mediante la incorporación de estándares laborales y medioambientales. Sin embargo, al introducir estos temas en los debates sobre libre comercio, abrió terreno para que fuerzas sociales subordinadas impugnaran y finalmente desbarataran el acuerdo. De allí se desprende un análisis de las contradicciones que albergaba en su interior el TPP como proyecto hegemónico impulsado por Estados Unidos que, por lo tanto, no puede comprenderse de manera monolítica ni racional.

Más allá de ciertas discrepancias teóricas, de estos trabajos nos interesa destacar la comprensión del TPP como un proyecto que se inscribe en la necesidad de una recomposición de la acumulación y la dominación imperialista en un contexto de crisis. A su vez, resaltamos que este proyecto no era monolítico ni totalmente coherente en sí mismo y era impulsado por la fracción globalista de la clase dominante. Sin embargo, las contradicciones que allí se contenían y la propia dinámica de la relación de fuerzas a nivel doméstico e internacional condicionaron no sólo su desenlace sino también el propio proceso de negociaciones.

En síntesis, por nuestra parte, aquí buscamos focalizar el análisis en la posición de Estados Unidos, atendiendo a las especificidades anteriormente expuestas del TPP -su contexto, sus objetivos y su agenda- y particularmente indagando en la relación entre la política doméstica y exterior visible a lo largo de las negociaciones y su derrotero. Si bien la política doméstica será trabajada en detalle en los próximos capítulos, veremos en el siguiente apartado que las negociaciones multilaterales no pueden ser comprendidas sin mencionarlas.

El proceso de negociaciones multilaterales

Como anticipamos en el apartado anterior, el TPP fue anunciado en 2008 y luego confirmado por Obama en 2009. Las rondas de negociación comenzaron formalmente en 2010 y continuaron hasta el año 2013. Durante ese período se llevaron a cabo 19 rondas. Luego durante 2014 y 2015, el formato de las instancias cambió y comenzaron a desarrollarse reuniones multilaterales específicas de ministros o representantes de negociación de cada país. Del conjunto de las negociaciones no hay publicadas actas de las discusiones lo cual genera que sea difícil acceder al contenido de lo conversado respecto a cada tema incluido en el TPP. Ante este problema de orden documental, reconstruimos el proceso a partir de los informes oficiales presentados por Estados Unidos, junto con las repercusiones en la prensa escrita de los debates y las posteriores filtraciones de documentos por parte de Wikileaks.

En 2010 se desenvolvieron las primeras cuatro rondas. La Office of the United States Trade Representatives (USTR), previo a las negociaciones, comenzó sus reuniones y consultas con miembros del Congreso, con los distintos “trade advisory committees” de la USTR y con diversos “stakeholders”, es decir, las “partes interesadas” en el TPP, mayoritariamente corporaciones, aunque también sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil^[10]. Es decir, se dio lugar a diversos actores de la sociedad civil norteamericana en el proceso de formulación de la posición del Estado de cara a las negociaciones.

La primera ronda fue en marzo en Melbourne, durante la cual comenzaron a discutirse distintos ejes del TPP en varios grupos en simultáneo y en sucesivos días, a la vez que la delegación estadounidense informó en su minuta oficial que recibió a representantes de las principales asociaciones empresarias y sindicatos australianos^[11]. En la segunda ronda durante el mes de junio que se desarrolló en San Francisco, continuó el debate en grupos e incluyó actividades con presentaciones de Public Citizen y la AFL-CIO^[12]. En la tercera ronda en octubre en Brunei, se consensuó el ingreso de Malasia a las negociaciones, lo cual fue previamente noticiado al Congreso por parte de la USTR, a la vez que se destinó un día a realizar un seminario específico sobre las disposiciones en materia laboral en la cual participaron funcionarios gubernamentales y representantes empresariales^[13]. La cuarta ronda realizada en Auckland durante diciembre, además de las reuniones de los grupos temáticos de negociación, contó una jornada de presentaciones de distintos “stakeholders”, entre los cuales se informa que un representante de U.S. Chamber of Commerce intervino sobre los derechos de propiedad intelectual^[14].

Estas primeras rondas de negociación tuvieron escasa cobertura mediática, por lo tanto, la información sobre las discusiones propiamente dichas resulta limitada a las minutas oficiales de la USTR. Sin embargo, ya desde el comienzo, desde la prensa se empezaba a imaginar posibles escenarios e incluso a alertar sobre los problemas para lograr consensos en el Congreso de cara a la concreción del TPP^[15]. En ese sentido, observamos nuevamente la presencia de una compleja relación entre Ejecutivo y Legislativo, entre la política exterior y la política doméstica, cuestión que atraviesa al conjunto del proceso de negociación.

En 2011, se desarrollaron seis rondas de negociación. En la quinta ronda durante febrero en Santiago de Chile, se mantuvo la misma dinámica, pero terminó acordándose extender la cantidad de días de las rondas de negociación para poder avanzar e intensificar el trabajo de los grupos. La delegación estadounidense se propuso continuar con sus instancias de consulta con el Congreso y organizaciones de la sociedad civil con el fin de que el TPP asegurase los intereses de empresarios y trabajadores estadounidenses y reflejase los valores norteamericanos^[16]. Respecto a la sexta ronda, durante fines de marzo y principios de abril en Singapur, en los documentos oficiales se afirmaba que se habían desarrollado importantes avances en las negociaciones. Estados Unidos presentó versiones consensuadas de textos jurídicos sobre varios temas (bienes industriales, cuestiones sanitarias, barreras técnicas al comercio y medioambiente). A la vez, elaboró un marco jurídico sobre “coherencia reglamentaria”, una cuestión que figuraba por primera vez en un mega acuerdo comercial, con objeto de abordar las cuestiones “detrás de la frontera”, concebidas como “las principales barreras a las que se enfrentan las empresas estadounidenses al intentar acceder a los mercados extranjeros”^[17].

La séptima ronda se desarrolló en Vietnam durante junio de 2011, mantuvo el mismo esquema: trabajo en grupos y presencia de diversos “stakeholders”. Allí especialmente se abordó la discusión sobre los estándares laborales^[18]. La octava ronda en Chicago en el mes de septiembre contó con la participación de aproximadamente 250 representantes organizaciones, sindicatos y asociaciones empresarias de los distintos países del TPP. En esta instancia, Estados Unidos presentó un documento vinculado a la industria de medicamentos, se informó a su vez, que hubo avances en las negociaciones de 20 capítulos del TPP y que Estados Unidos estaba preparando los textos sobre cuestiones laborales y empresas estatales^[19]. Este último texto lo presentó Estados Unidos en la novena ronda en Lima en octubre, donde también se desarrollaron avances en otros temas como el vinculado a las disposiciones especiales para pequeñas y medianas empresas, así como también se informó que hubo progresos en materia de “coherencia reglamentaria”^[20]. Sobre la décima ronda durante diciembre en Kuala Lumpur se comunicaron avances en ciertas temáticas y la conformación de “mini rondas” sobre las “normas de origen”, servicios, inversiones y propiedad intelectual, a la vez que se señaló que algunos equipos a cargo de los paquetes arancelarios sobre bienes industriales, agrícolas y textiles también se habían reunido bilateralmente^[21].

La prensa tampoco hizo una cobertura de estas rondas durante el 2011, aunque sí comenzó a cobrar más importancia el TPP a fines de ese año cuando empezó a considerarse el ingreso de Japón a las negociaciones y el impacto que podría generar en el vínculo con China en el marco del “pívot asiático”^[22].

En 2012 se realizaron otras cinco rondas de negociación. La 11° ronda del TPP fue en Melbourne donde continuaron las discusiones temáticas en distintos grupos y nuevamente participaron en actividades distintas organizaciones como U.S. Chamber of Commerce y Public Citizen^[23]. En la 12° ronda en Dallas durante mayo, la delegación estadounidense propuso un texto borrador vinculado al tabaco^[24] y funcionarios de la USTR mantuvieron reuniones con representantes de la AFL-CIO y Sierra Club sobre estándares laborales y la regulación de empresas estatales^[25]. En la 13° ronda en San Diego, durante julio, Estados Unidos introdujo la necesidad de discutir una reglamentación de copyright al TPP^[26] y se anotició formalmente al Congreso el ingreso de Canadá y México a las negociaciones^[27]. Además, en el marco de la ronda, representantes de distintos sectores, con opiniones disímiles, desde Occupy San Diego a U.S Chamber of Commerce aportaron sus perspectivas en paneles y seminarios, a la vez que los negociadores de los nueve países del TPP fueron invitados a un evento organizado por la AFL-CIO, the International Association of Machinists and Aerospace Workers, the United Steelworkers, the Communications Workers of America, Public Citizen, Sierra Club, the International Brotherhood of Teamsters, Friends of the Earth, y the Citizens Trade Campaign^[28].

Las negociaciones continuaron en la 14° ronda en la localidad de Leesburg en Virginia, Estados Unidos, durante el mes de septiembre. Nuevamente allí, hubo grupos temáticos de negociación, reuniones bilaterales y participación en charlas y actividades de 250 organizaciones entre las cuales estaban National Association of Manufacturers, Public Citizen, the U.S. Chamber of Commerce y la AFL-CIO^[29].

En diciembre, en Auckland, se desarrolló la 15° ronda, donde por primera vez participaron Canadá y México. Estados Unidos informó que la mayoría de los capítulos del TPP estaban ya en un estado muy avanzado y que se había acordado, de cara a la próxima ronda, abordar las cuestiones pendientes, principalmente las vinculadas a telecomunicaciones, las “barreras técnicas al comercio” y las cuestiones sanitarias y fitosanitarias^[30].

Durante el 2012, fueron destacadas por la prensa las discrepancias durante las negociaciones respecto a la regulación del comercio electrónico, patentes y precios de medicamentos. A la vez, nuevamente se señalaba que la dificultad estaba no solo en las diferencias entre los países-miembros sino también en la política doméstica norteamericana donde se advertía la dificultad para el tratamiento en el Congreso y la existencia de sectores del empresariado en contra del TPP: aparece, por ejemplo, la empresa New Balance preocupada por la apertura del mercado vietnamita^[31].

En 2013 se desarrollaron las últimas cuatro rondas formales de negociación. La 16° ronda fue en Singapur en marzo, allí se dio cierre a ciertos grupos de negociación como telecomunicaciones, coherencia reglamentaria y desarrollo, y los países del TPP se propusieron concentrar sus esfuerzos en resolver las cuestiones más polémicas como las relacionadas con la propiedad intelectual y el medioambiente^[32]. Mientras se desenvolvía la ronda, Obama señalaba en un discurso que estaban ahora moviéndose agresivamente para la concreción del TPP y que para ello era necesario contar con la ayuda de empresarios y sindicatos^[33]. La política doméstica una vez más presente como un condicionante para poder alcanzar un acuerdo. A su vez, se advertía un escenario más complicado ante el posible ingreso de Japón, especialmente por la reticencia del sector automotriz y sus vínculos estrechos con miembros del Congreso^[34].

La 17° ronda fue en Lima en mayo y continuó bajo la misma dinámica, con reuniones de negociación grupales, instancias bilaterales, actividades y presentaciones de distintas organizaciones^[35]. El lobby empresarial desarrollado por grandes multinacionales como Nike, Google, Pfizer, Wal-Mart y por las principales asociaciones U.S. Chamber of Commerce y Business Roundtable, resultó destacado por la prensa en el marco de las negociaciones, buscando elaborar partes del TPP, con especial interés en el capítulo sobre derechos de propiedad intelectual^[36].

En julio se desarrolló la 18° ronda en Malasia donde se acordó el ingreso de Japón al TPP^[37]. Su participación se hizo efectiva en la siguiente y última de las rondas en Brunei en el mes de agosto. Allí se identificaron temas a seguir trabajando en los distintos grupos, considerando que las negociaciones del TPP entraban ya en su etapa final^[38].

Tras esa resolución, comenzó un período de reuniones específicas. Si el TPP ya era criticado por su secretismo, al desenvolverse este tipo de instancias más acotadas y con poca publicidad, los reclamos se avivaron. En ese contexto, Wikileaks filtró uno de los capítulos más polémicos del TPP, el de propiedad intelectual^[39], previo a una reunión de negociación prevista para noviembre de 2013. En el comunicado de prensa de Wikileaks se denunciaba explícitamente el secretismo respecto a los textos legales del TPP:

Since the beginning of the TPP negotiations, the process of drafting and negotiating the treaty’s chapters has been shrouded in an unprecedented level of secrecy. Access to drafts of the TPP chapters is shielded from the general public. Members of the US Congress are only able to view selected portions of treaty-related documents in highly restrictive conditions and under strict supervision. It has been previously revealed that only three individuals in each TPP nation have access to the full text of the agreement, while 600 ’trade advisers’ – lobbyists guarding the interests of large US corporations such as Chevron, Halliburton, Monsanto and Walmart – are granted privileged access to crucial sections of the treaty text^[40]

Aquí aparece, como señalamos anteriormente en el capítulo 6, cómo la USTR y sus comités de asesores del sector privado constituyen el principal vehículo para traducir los intereses capitalistas a posiciones coherentes de política comercial (Panitch y Gindin, 2013a), de allí su centralidad y, por ende, no sorprende el traspaso de información y la articulación con lobbistas en el marco de las negociaciones del TPP.

Si bien en el próximo apartado abordaremos el detalle del acuerdo, resulta pertinente señalar que, en este primer capítulo filtrado, que consta de 95 páginas, se permite apreciar las distintas posiciones de los países del TPP. Allí aparece un apoyo por parte de Australia a las propuestas de Estados Unidos y podemos observar uno de los principales ejes de debate: las patentes y la duración de los derechos de exclusividad sobre determinados productos, especialmente medicamentos^[41]. Este último aspecto luego fue incluso publicado en declaraciones de la USTR oficializando las intenciones de Estados Unidos de establecer 12 años de protección para los nuevos medicamentos biológicos como exigían las grandes farmacéuticas, mientras que otros países del TPP pedían que fueran 5 u 8 años^[42].

Posteriormente, en diciembre Wikileaks reveló extractos de documentos de las reuniones de fines de noviembre en Salt Lake City. Allí figura que Estados Unidos reforzó sus presiones para concretar el TPP, pero los avances fueron escasos. Aparece una actitud intransigente de Estados Unidos en cuestiones como el capítulo de inversiones y las funciones del Órgano de Solución de Diferencias. Se afirmaba que estaba trabada la discusión en materia de empresas estatales, que había temas pendientes vinculados a la agricultura y que no hubo avances respecto a servicios financieros, medioambiente y las “normas de origen”^[43].

En este contexto, durante el 2013, comenzó a crecer el descontento a nivel doméstico, con incluso empresas como Ford y sindicatos como United Auto Workers, alertando junto con representantes y senadores al Ejecutivo sobre las consecuencias del ingreso de Japón y reclamando medidas para proteger la industria automotriz^[44]. Como veremos con mayor detenimiento en los siguientes capítulos, este descontento a nivel doméstico se avivaba a la luz de la necesidad de la aprobación en el Congreso del Trade Promotion Authority (antes conocido como fast-track) y empezaba a desplegarse un rechazo por izquierda y también por derecha, con sectores del Tea Party criticando el TPP^[45].

En 2014 el escenario de descontento a nivel doméstico y demoras en las negociaciones multilaterales se profundizó. En enero, Wikileaks publicó el capítulo sobre medioambiente^[46] con un comunicado criticando fuertemente la ausencia de cláusulas obligatorias y medidas de cumplimiento significativas^[47]. La prensa se hizo eco de estos documentos, incluyendo las voces disconformes de organizaciones ecologistas que advertían sobre un retroceso en las protecciones medioambientales; de empresarios defendiendo la flexibilización y libertad de acción para los países en vías de desarrollo; y de funcionarios del gobierno que reafirmaban su compromiso con la “comunidad ecologista” con quienes venían trabajando, mientras sostenían que estaban presionando fuerte en el marco de las negociaciones^[48]. En esta línea, el mismo día, la USTR lanzó un comunicado sobre la posición de Estados Unidos al respecto. Allí se argumentó que la protección del medioambiente era un “valor estadounidense fundamental”, que los negociadores eran serios a la hora de garantizar las obligaciones estipuladas para el capítulo y que no estaban retrocediendo sino presionando más al resto de los países^[49].

Un mes después, la USTR, en el marco de crecientes críticas^[50], publicó un comunicado afirmando que sus comités de asesores contaban con la participación de empresarios, pero también de sindicatos, grupos ecologistas, grupos de consumidores y representantes de los gobiernos locales, los cuales accedían a la misma información. Especialmente se menciona a los sindicatos incluidos en el President’s Advisory Committee on Trade Policy Negotiations y en el Labor Advisory Committee, y cómo éstos habían contribuido a definir las disposiciones laborales del TPP, a la vez que habían mantenido intercambios con el gobierno de Obama sobre todos los aspectos del acuerdo^[51]. Aparecía, entonces, un intento del gobierno de responder a las críticas respecto al secretismo del TPP, marcando que había una participación sindical, procurando así darle legitimidad al acuerdo. Sin embargo, el sólo hecho de tener que salir a desmentir la diferencial participación del empresariado en la formulación de la posición de Estados Unidos en las negociaciones del TPP da cuenta de un grado de descontento y falta de consenso a nivel doméstico. Cuestión que además resultaba preocupante en el marco de elecciones de medio término y posiciones divergentes al interior del Partido Demócrata respecto al TPP^[52].

Obama viajó en abril a Japón y Malasia para lograr avanzar con las negociaciones, sin embargo, las críticas a nivel doméstico continuaron, especialmente aquellas vinculadas al impacto que le podría generar un acuerdo con Japón a la industria automotriz y sus trabajadores^[53].

Wikileaks en octubre de 2014 reveló una nueva versión del capítulo de propiedad intelectual, elaborado en una reunión durante mayo en Vietnam^[54]. Allí se advirtió que, tras la controversia que había generado la versión anterior del capítulo, las patentes de procedimientos quirúrgicos se habían eliminado del texto. Sin embargo, aparecieron agregados que favorecían a empresas como Monsanto en lo que respecta a patentes de productos agrícolas, y disposiciones que afectarían el acceso a medicamentos contra el cáncer^[55]. El documento mostró a su vez, que persistían fuertes desacuerdos y que “los países en vías de desarrollo” no aceptaban todas las propuestas de Estados Unidos. En ese sentido, a pesar de los esfuerzos del lobby empresarial y de muchas propuestas favorables para las grandes empresas farmacéuticas, éstas tampoco estaban consiguiendo todo lo que aspiraban^[56]. En esa línea, el acuerdo aún estaba lejos de alcanzarse.

Continuó durante el 2014 la dinámica de reuniones de negociación temáticas y acotadas, con poca publicidad e información al respecto. En noviembre, pasadas las elecciones de medio término con victoria republicana, hubo un encuentro de mandatarios de países del TPP donde Obama remarcó:

To ensure that TPP is a success, we also have to make sure that all of our people back home understand the benefits for them: that it means more trade, more good jobs, and higher incomes for people throughout the region, including the United States. And that’s a case that I’ll continue to make to Congress and the American people. And I know that the leaders here are committed to making that case as well^[57]

Nuevamente la preocupación sobre la política doméstica aparecía como un eje fundamental en las negociaciones del TPP. La necesidad de construir consenso y de lograr el aval del Congreso resultaba cada vez más apremiante en el marco del avance de las negociaciones, que no podían concluirse sin que el Ejecutivo contara con el poder de Trade Promotion Authority (TPA).

Durante el 2015 fue nodal tal discusión en el Congreso, como veremos en el capítulo 12. Obama se puso en campaña tanto para la aprobación del TPA como para la posterior ratificación del TPP. Mientras tanto, las negociaciones continuaron herméticas, salvo por las cuatro filtraciones que realizó Wikileaks. En marzo, publicaron otro de los capítulos polémicos, el de inversiones^[58], acompañado por un comunicado denunciando que la creación de tribunales supranacionales allí contemplada atentaba contra la soberanía parlamentaria y judicial de los distintos países integrantes del acuerdo^[59]. En la misma línea, las disposiciones de este capítulo fueron criticadas por varios legisladores demócratas que alertaban sobre el empoderamiento que implicaba para las grandes multinacionales la capacidad de demandar a los estados en el marco del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por su sigla en inglés) estipulado en el TPP^[60].

En junio, en plena discusión en el Congreso por el TPA, Wikileaks filtró otro documento, en este caso, el anexo de salud del capítulo sobre transparencia del TPP^[61]. El eje en discusión refería a qué medicamentos se podían ofrecer a los ciudadanos a través de los programas gubernamentales de atención médica y cuáles serían las tarifas a reembolsar a los vendedores de medicamentos, cuestión que se desarrolló en el marco de un intenso lobby de la industria farmacéutica^[62]. Vemos nuevamente aquí, cómo el TPP involucraba más que un acuerdo comercial e implicaba una intromisión y regulación “dentro de las fronteras”.

A fines de julio, con el TPA ya aprobado en el Congreso, volvieron a reunirse los negociadores de los distintos países en Hawaii. En ese marco, Wikileaks filtró un documento borrador fechado en 2013 sobre las empresas de propiedad estatal^[63]. La intención incluso pública de Estados Unidos al respecto era disciplinar a las empresas estatales, para que garantizar una “competencia leal”^[64]. Es decir, disposiciones tendientes a privatizar y limitar su accionar. Aquí la preocupación de Estados Unidos radicaba en establecer normas y parámetros ante China, que operaba como un “negociador en las sombras” en tanto había posiciones de Estados Unidos que sólo podían comprenderse como respuesta a ese desafío que implicaba el “gigante asiático” (Solís, 2012).

Por otra parte, la controversia respecto a los medicamentos, con presión empresarial y protestas de opositores al TPP continuó^[65]. Durante las negociaciones, Vietnam, Malasia y Nueva Zelanda adoptaron una actitud más concesiva, mientras que Canadá se mantuvo en contra de la apertura de sus mercados avícola y lácteo, Australia y Chile rechazaron la propuesta respecto a los medicamentos de Estados Unidos, y México mantuvo diferencias con Japón sobre la industria automotriz^[66]. A la vez, aún había polémicas asociadas a los estándares laborales en Vietnam y la regulación de las empresas estatales y los derechos humanos en Malasia^[67]. Las negociaciones volvieron fracasar, lo cual retrasaba aún más el calendario e implicaba que una vez consensuado el acuerdo, éste debiera ratificarse en el Congreso de Estados Unidos en 2016 en pleno año electoral.

A fines de septiembre, volvieron a reunirse, esta vez en Atlanta, con el clima a nivel doméstico ya signado por la disputa electoral y con diversas presiones desde el Congreso^[68]. En el marco de esas críticas, Estados Unidos propuso en las negociaciones excluir a las tabacaleras de la posibilidad de usar el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado contra aquellos países que establecieran políticas antitabaco^[69]. Esto fue leído como un triunfo para los defensores de la salud pública y un retroceso para las tabacaleras. Entendiendo que los grupos anti-tabaco generalmente suelen apoyar al Partido Demócrata en las elecciones, esta concesión debe ser leída y atribuida a cuestiones de política doméstica (Twining et al., 2016).

Mientras, continuaron debatiéndose los últimos temas polémicos: la cuestión del mercado de lácteos y especialmente de los medicamentos^[70]. Respecto a este último punto, Estados Unidos se mostró más flexible, concediendo que el período de protección para los medicamentos biológicos sea menor a los 12 años que exigían las grandes farmacéuticas. Esta concesión implicaba un punto crítico en tanto podía generar que republicanos en el Congreso rechazasen el TPP^[71]. A la vez, fueron estos cambios de posición, que disgustaron a farmacéuticas y tabacaleras, industrias con fuerte influencia en el Legislativo, aquellos que permitieron que el acuerdo finalmente pueda concretarse^[72] en el marco de protestas contra el TPP por parte de trabajadores y ambientalistas^[73].

Tras el cierre de las negociaciones, Wikileaks publicó la última versión del capítulo de propiedad intelectual^[74], donde cómo analizaremos en detalle en el siguiente apartado, se habilitó una redacción abierta y difusa respecto a la polémica sobre los medicamentos biológicos.

Finalmente, días después, Obama anunció la concreción del TPP:

Now, I’m the first person who will say that past trade agreements haven’t always lived up to their promise. (…) And that makes folks suspicious of any new trade initiatives. But let’s be clear. Our future depends not on what past trade deals did wrong, but on doing new trade deals right. And that’s what the TPP does. It includes the strongest labor standards in history, from requiring fairer hours to prohibiting child labor and forced labor. […]Without this agreement, competitors that don’t share our values, like China, will write the rules of the global economy. They’ll keep selling into our markets and trying to lure companies over there; meanwhile, they’re going to keep their markets closed to us. That’s what’s been going on for the last 20 years. That’s what’s contributed so much to outsourcing. That’s what has made it easier for them to compete against us. And it needs to change. […]And I look forward to working with both parties in Congress to approve this deal and grow our economy for decades to come.^[75]

Estas palabras de Obama resultan ilustrativas. Nuevamente aparece la política doméstica y la exterior con sus tensiones: el Congreso cómo límite al desarrollo de políticas de libre comercio, el descontento al interior del Partido Demócrata, el rechazo por parte de los trabajadores a los efectos de la deslocalización de capitales y la creciente rivalidad con China. Durante todo el extenso proceso de negociaciones, las relaciones de fuerza a escala doméstica e internacional fueron determinantes en los vaivenes de las posiciones de Estados Unidos y su capacidad de imponerlas.

Un mes después, en noviembre, se publicó el texto del TPP. A continuación, sucintamente, analizaremos los elementos más destacados en vistas de identificar qué sectores se vieron beneficiados, cuáles perjudicados, para posteriormente analizar en los próximos capítulos sus argumentos e intervenciones a favor o en contra del TPP.

Un balance del TPP: ganadores y perdedores

El TPP constituye, como venimos analizando, un acuerdo complejo, novedoso y extenso. Incluyó 30 capítulos, sumados a cuatro anexos y otros tantos documentos bilaterales complementarios^[76]. En lo que aquí respecta, sistematizaremos ciertos aspectos centrales de las discusiones en torno al TPP para poder identificar posteriormente las características de la intervención política de empresarios y trabajadores estadounidenses en los siguientes capítulos. Como advertimos en la introducción de este capítulo, el balance que proponemos se acota a los sectores que fueron relevantes en las negociaciones, identificando quienes lograron alcanzar sus objetivos y quienes no. En este sentido, excede a la presente tesis un análisis en profundidad del articulado de cada capítulo y sus implicancias en materia de derecho internacional. A los fines de esta tesis, destacaremos ciertas disposiciones en materia de propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, servicios financieros, el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, trabajo, medioambiente y “normas de origen” (con especial atención en el sector automotriz y textil).

Como ya advertimos, el capítulo de propiedad intelectual fue uno los más polémicos a lo largo de las negociaciones y donde hubo más atención por parte del lobby empresarial. Allí en general se acrecentaron los plazos de las patentes, los derechos de exclusividad y protección de nuevos productos. En este sentido, el capítulo tendió a reforzar “derechos monopólicos” paradójicamente en el marco de un tratado de libre comercio, beneficiando así a las empresas trasnacionales por sobre el acceso a la salud pública, el conocimiento, la cultura y la libertad de expresión (Halbert, 2017). Se comprende entonces, que este apartado sobre derechos de propiedad intelectual especialmente resultaba de interés para la industria cultural, con Hollywood a la cabeza, las grandes tecnológicas y las farmacéuticas.

En lo que respecta específicamente a la industria cultural, el TPP incluyó un aspecto reclamado por el sector: las sanciones ante el avance de la piratería y las correspondientes indemnizaciones para las empresas afectadas. Esta perspectiva se consustanció en el artículo 18.77 donde se establecía que las violaciones a los derechos de copyright constituyen delitos penales, cuestión que no era contemplada en otros tratados de libre comercio y que se encuadraba en la búsqueda de adoptar medidas más severas en el marco de los pocos resultados que había logrado Estados Unidos con las denuncias a China en la OMC al respecto (Flynn et al., 2012; Halbert, 2017). A la vez, el TPP establecía una mayor cantidad de años de protección en materia de copyright que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS Agreement) de la OMC. Según el artículo 18.63 se instituían 70 años, mientras que el TRIPS considera 50 años de protección.

Ahora bien, no por ello había total acuerdo dentro del sector empresarial respecto a las disposiciones en materia de copyright: existían matices entre la industria cultural y las empresas de Internet que vehiculizan el acceso a productos culturales, como Google y Facebook (Cartwright, 2021). La discusión remitía a en qué medida estas empresas debían asumir las consecuencias de las acciones de los usuarios de internet que consiguen por esa vía a productos culturales por fuera de los parámetros del copyright. Pese a que las asociaciones representantes de la industria cultural presionaron con su lobby para imponer sus intereses, el TPP terminó reflejando la posición de las empresas vinculadas a internet (Cartwright, 2021). Esto puede observarse en el artículo 18.66 que planteaba la necesidad de establecer un abordaje equilibrado entre copyright y otros derechos involucrados, admitiendo excepciones y consideraciones cuando aparecen involucradas actividades como el periodismo, la enseñanza, la investigación, entre otras.

En general y no sólo en esta cuestión, vemos que las grandes tecnológicas incidieron fuertemente en el TPP. En el capítulo sobre derechos de propiedad intelectual y también en el específico sobre comercio electrónico se atendieron los requerimientos de las Big-Tech cuyo lobby a favor del TPP fue extenso (Azmeh y Foster, 2016). Las disposiciones vinculadas a este sector reflejaban la legislación nacional estadounidense, permitiendo que Google, Apple, Facebook y Amazon se asegurasen un oligopolio en áreas clave de la infraestructura digital mundial (Kelsey, 2019). En especial la atención estaba centrada en quiénes controlan los flujos de datos, aspecto que por primera vez aparecía en un mega-acuerdo comercial como el TPP. Aquello que estaba en juego era establecer mecanismos para evitar que los estados regulen y limiten el accionar de las grandes tecnológicas estadounidenses. En este sentido, cabe señalar que la mayoría de las disposiciones vinculadas a la “agenda comercial digital” de las Big Tech y de Estados Unidos en las negociaciones del TPP respondía y se presentaban como contrapeso a las regulaciones que China sostiene en ese sector (Azmeh y Foster, 2016).

Las farmacéuticas, por su parte, si bien lograron una regulación que las favorecía, protegiendo sus derechos en detrimento de la producción de medicamentos genéricos, como anteriormente señalamos, no obtuvo todo lo esperado. Respecto la polémica de los biológicos, la versión final del TPP establecía en el artículo 18.51 que la protección constaba de un mínimo de 5 años, cuando la ley estadounidense y lo reclamado por las grandes farmacéuticas era un plazo de 12 años. La ambigüedad habilitaba diversas lecturas porque se establecía un mínimo de años, pero no un máximo, sumado a una redacción abierta del artículo que podía interpretarse como una opción optar por un mínimo de 8 años de protección. Las farmacéuticas caracterizaron esto como un retroceso y adoptaron a partir de entonces, una posición de rechazo del TPP, pese a que éste contemplaba sus demás reclamos y esta redacción ambigua permitía que igualmente obtuviesen un grado de protección significativo para sus innovaciones en materia de medicamentos biológicos.

Continuando con el análisis del acuerdo, amerita destacar también las disposiciones respecto a los servicios. Como tal, el sector aparecía contemplado en varios capítulos del TPP como en los de inversiones, comercio electrónico y empresas de propiedad estatal y, a su vez, ciertos servicios tuvieron sus propios capítulos específicos como, por ejemplo, las telecomunicaciones y los servicios financieros.

En el capítulo 10 estrictamente vinculado al sector, sobresalen como aspectos centrales la necesidad de garantizar un trato igualitario de las empresas de servicios, impidiendo que haya restricciones o requerimientos para operar en los demás países del TPP. Esto aparecía sustanciado en los artículos 10.3 que concedía derechos de trato nacional a los proveedores de servicios extranjeros y 10.4 les otorgaba el trato de nación más favorecida, garantizando que los proveedores de servicios de un país-miembro no reciban un trato menos favorable que los proveedores de cualquier otro país. Esto a su vez, fue reforzado en el artículo 10.5 que estipulaba privilegios de acceso al mercado y prohibía restricciones. Bajo estas premisas aparentemente muy generales, las empresas estadounidenses podían acceder a mercados que tenían limitados como el de Malasia, Japón y Vietnam (Hufbauer, 2016). En esta línea, amerita destacar también que el capítulo establecía un anexo especial para una de las prioridades de Estados Unidos: la liberalización del servicio postal y de delivery express, con el objetivo de desarmar el poderío de las empresas del sector bajo control estatal, especialmente la compañía postal japonesa (Fergusson y Williams, 2016). Esto, lógicamente beneficiaba a empresas norteamericanas como FedEx y UPS (Hufbauer, 2016).

En particular, el capítulo de servicios financieros da cuenta de cómo el sector resultaba uno de los grandes ganadores. En el marco del TPP, podía acceder según el artículo 11.2.2 al Minimum Standard of Treatment (MST). Es decir, podían exigir compensación en el ISDS si no recibían “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad”. Esto permitía al sector exigir compensaciones ante políticas regulatorias de los estados en contextos de crisis económica, yendo aún más allá de lo estipulado por el NAFTA que permitía ciertas políticas de integridad y estabilidad de los sistemas financieros en caso de crisis (Chodor, 2019). El establecimiento de normas “al interior de las fronteras”, también se observa en el artículo 11.7 que obligaba a los estados a permitir instrumentos financieros de riesgo, como los derivados, o cualquier nuevo producto financiero, si estos ya habían sido avalados en otro país miembro del TPP (Chodor, 2019). En otras palabras, estas disposiciones del TPP imponían nuevos límites a la capacidad de los estados para intervenir en la economía: la “disciplina de mercado” aparecía institucionalizada y como una presión externa.

Todas estas disposiciones, entre otras que ya estaban estipuladas en tratados de libre-comercio previos, en el marco del TPP adquirían otro carácter en tanto eran reforzadas por el establecimiento del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) que favorecía a las empresas multinacionales a las cuales se les habilitaba la posibilidad de demandar a los países cuando consideraran que sus políticas domésticas atentaban contra sus intereses.

Como mencionamos en el apartado anterior, a último momento, se excluyó del acceso a este mecanismo de arbitraje a las tabacaleras. Esto se desarrolló en el marco de fuertes críticas de sindicatos, ecologistas y ONGs respecto al ISDS ejemplificando con el caso de Phillip Morris demandando a Australia por sus leyes de empaquetado. Por ello, también Australia adoptó una actitud reticente al ISDS en las negociaciones (Fergusson et al., 2015). Buscando lograr consensos, en el marco de relaciones de fuerza complejas a nivel doméstico e internacional, Estados Unidos terminó cediendo en este aspecto que aparecía sustanciado en el artículo 29.5 del TPP.

En lo que respecta a los capítulos sobre trabajo y medioambiente, el articulado distaba de lo reclamado por las organizaciones sindicales y ecologistas. Se reproducían las disposiciones del “May 10 agreement” ^[77], con muy pocas innovaciones e incluso algunas normas que retrocedían respecto a ese piso mínimo. Tanto en el artículo 19.3.2 del capítulo destinado al trabajo como en el artículo 20.3.2 de medioambiente se permitía que cada país establezca sus propias condiciones. Esto si bien garantizaba cierta autonomía y soberanía para que cada miembro regulara lo que considerase como “condiciones de trabajo aceptables” y “sus propios niveles de protección ambiental y sus prioridades”, habilitaba también que las empresas multinacionales puedan obtener en ciertos países ventajas para explotar mano de obra y recursos naturales. Esto se sumaba a que, a diferencia de las empresas que podían acceder a demandar incumplimientos en el marco del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, las organizaciones ecologistas y sindicales no poseían acceso directo al Órgano de Solución de Diferencias, sino que sus reclamos debían estar mediados por los gobiernos (Chodor, 2019).

El capítulo del TPP destinado a las “normas de origen” también fue polémico. En el marco de la creciente internacionalización de la producción y la organización de cadenas globales de valor, la discusión sobre “normas de origen” resulta relevante en tanto la fragmentación de los procesos productivos a escala global dificulta establecer cuál es “el origen” de los productos. Estas normas definían si las mercancías habían sido producidas en los países miembros del TPP y, por tanto, si podían recibir un trato preferencial en virtud del acuerdo. Al negociarse normas de origen específicas para cada producto hubo que establecer parámetros y analizar las listas arancelarias de cada caso (Elms, 2016). Ahora bien, la polémica detrás consistía en qué medida podrían productos elaborados mayoritariamente en China u otros países, ser presentados como originarios de países miembros del TPP por realizarse allí su ensamble o terminación.

Especialmente, fueron motivo de discusión las normas sobre automóviles y textiles e indumentaria (Fergusson et al., 2015; Ravenhill, 2017). Esto generó diferencias al interior del empresariado producto de su lugar en las cadenas: en el caso de la industria automotriz hubo divergencias entre ensambladores y fabricantes de componentes, mientras que en la industria textil entre empresas fabricantes de tejidos y los importadores y retailers (Ravenhill, 2017).

En lo que respecta a la industria automotriz, la fórmula que establecía el TPP admitía dos métodos de medición del origen de los productos, uno propuesto por Estados Unidos, usado también en el NAFTA y otro propuesto por Japón. Para cada uno se estableció un porcentaje: 45% en el primer caso y 55% en el segundo. Esto resultaba significativamente inferior al 62,5% incluido en el NAFTA (Fergusson y Williams, 2016). Ciertos sectores de la industria automotriz consideraron que estas disposiciones permitían que otros países fuera del TPP se beneficiaran, perjudicando a los productores de autopartes estadounidenses. A la vez, había fuertes críticas por la falta de medidas para evitar la manipulación monetaria por parte de Japón y también consideraciones por los plazos en los cuales se estipulaba la reducción de aranceles y la apertura de los mercados de Japón, Malasia y Vietnam (Fergusson y Williams, 2016).

En el sector textil la discusión giró en torno a si la norma de origen debía estar dada por el principio de “Yarn Forward” que establece que el origen se contempla a partir del hilado. Es decir, los trabajos de hilado, tejido y de confección de cualquier prenda de vestir o tela debían ser desarrollados en un país miembro del TPP para obtener el trato preferencial. Esta premisa es la que figura en el NAFTA y otros tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos. Si bien las empresas importadoras y de retail buscaban flexibilizar esta norma de origen, terminó primando este principio. Igualmente se veían beneficiados al poder acceder a los productos textiles baratos provenientes de Vietnam y la industria textil estadounidense se veía por ello de todos modos afectada, a la vez que la competencia reforzaba la presión para la deslocalización de la producción allí. Esto se expresaba en las críticas tanto de los sindicatos estadounidenses que denunciaban las condiciones de trabajo en Vietnam, como también en diferencias al interior del empresariado. Como analizamos en el capítulo 11, ciertas empresas temían no poder competir con la industria vietnamita o denunciaban que sus competidores deslocalizaban su producción allí, como sucedía en la disputa en la industria del calzado entre Nike y New Balance.

Este sucinto análisis, por lo tanto, nos permite apreciar que, en líneas generales, el TPP favorecía a la fracción internacionalizada de la burguesía, en tanto establecía parámetros beneficiosos en materia de derechos de propiedad intelectual, capacidad de imponer sus intereses a través del ISDS, extender la normativa legal estadounidense e intervenir en la política y regulación doméstica de los otros países. Todas cuestiones que permitían garantizar condiciones de acumulación por fuera de las fronteras. Sin embargo, producto de las relaciones de fuerza a nivel doméstico e internacional no lograron todo lo que aspiraban. La complejidad del acuerdo, en esta línea, impactó de manera desigual a distintos sectores.

Por otro lado, observamos cómo las organizaciones sindicales y ecologistas, así como también aquellos capitales cuyo espacio de acumulación es nacional, no contaron con la fuerza suficiente para imponer de conjunto sus intereses, aunque sí, gracias a su intervención, condicionaron las negociaciones y obturaron ciertos beneficios para la fracción globalista.

Conclusiones del capítulo

El análisis de los objetivos, las negociaciones y el acuerdo alcanzado arroja una serie de conclusiones sobre la relación entre la política doméstica y la exterior.

En primer lugar, el TPP debe inscribirse en su contexto: la crisis internacional y sus consecuencias. Por lo tanto, se encuadraba en un particular escenario de relaciones de fuerza a nivel internacional en el cual Estados Unidos presentaba signos de debilidad en su dominación imperialista. Las constantes trabas que tuvieron las negociaciones del TPP dan cuenta de las dificultades de Estados Unidos para imponer sus intereses y administrar los tiempos.

Los objetivos del TPP, en esta línea, se enmarcaron en la necesidad de recomponer la acumulación y la dominación, especialmente en un contexto de creciente ascenso y rivalidad de China. Las reiteradas afirmaciones sobre “quién escribe las reglas del siglo XXI” refieren justamente a qué estaba en juego: quién lograba imponer sus condiciones y cristalizarlas en una nueva normativa, en este caso bajo la forma de un acuerdo mega regional de libre comercio.

Observamos, entonces, una necesidad de recomponer la dominación imperialista, reeditando uno de los aspectos que Panitch y Gindin (2013a) habían considerado característico del imperio informal: el “derecho internacional americanizado”. Es decir, la implementación y extensión a nivel internacional de la normativa estadounidense, dándole un manto de imparcialidad en el marco de tratados internacionales. Aparece, pues, la idea de comprender la normativa establecida en el TPP como forma de asegurar condiciones de homogeneidad y previsibilidad para los capitales, posibilitando un marco para su expansión. Aunque en el caso del TPP implicaba también cristalizar una relación de fuerzas favorable a Estados Unidos en el marco de la competencia con China. En otras palabras, Estados Unidos con el TPP no sólo buscaba, como en otros tratados de libre comercio, garantizar condiciones para la expansión global de los capitales norteamericanos, sino también limitar el accionar de China. De allí que, como señalamos, hubiera tanta preocupación en las negociaciones por los capítulos de derechos de propiedad intelectual y empresas estatales.

Ahora bien, pensar el TPP como un proyecto para la recomposición de la dominación y la acumulación, no implica asumir que éste tenía un carácter racional y monolítico. Como ya venimos señalado en los capítulos anteriores, el Estado no actúa de manera racional sabiendo cuáles son las condiciones necesarias para la reproducción del sistema, así como tampoco lo hace como reflejo de los intereses de la clase dominante. Por el contrario, las relaciones son complejas. En el análisis de las negociaciones del TPP observamos como las relaciones de fuerza a nivel doméstico e internacional determinaron las posiciones del Estado. Los vaivenes y las concesiones se explican en ese sentido.

La dinámica de ensayo y error, que se expresa en los dos niveles de intervención, es quizás más nítida en las últimas cuestiones que concedió Estados Unidos en las negociaciones: la menor protección a los medicamentos bilógicos y la exclusión de las tabacaleras del ISDS. El Estado cedió para lograr sellar el acuerdo, pero a la vez fueron esas mismas concesiones las que generaron que tabacaleras y farmacéuticas, con fuerte influencia y capacidad de lobby en el Congreso, rechazaran el acuerdo y con ello, peligrase su posterior aprobación en el Legislativo.

En este aspecto, pero también en el conjunto de las negociaciones observamos la constante tensión entre Ejecutivo y Legislativo, como expresión de la dominación imperialista y doméstica. Aquello que venimos señalando en los capítulos anteriores vuelve aparecer en el análisis: el Congreso se presenta como un límite para el avance de las políticas de liberalización comercial en tanto caja de resonancia de las relaciones de fuerza a nivel doméstico. En el capítulo observamos en esta dinámica el complejo vínculo entre las necesidades que impone la política doméstica y la internacional.

En el caso del TPP, además, se desarrolló una modalidad novedosa con la participación de organizaciones empresarias, sindicales, ambientalistas y ONGs en las rondas de negociación. Si bien su intervención fue en paralelo, con paneles, charlas y seminarios, no en los específicos grupos de negociación, ya el sólo hecho de su incorporación en las rondas le imprimió otra dinámica. Incluso desde la USTR cuando constantemente en sus comunicados se resaltó la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil tanto en las rondas como en los distintos comités de asesores, aparece un intento de generar otro tipo de legitimidad al TPP. A la vez, esta apertura implicaba trasladar no sólo el derecho estadounidense a los demás países, sino también una de las características de su sistema político: el lobby que aparece extendido también a escala supranacional. En este sentido, en los próximos dos capítulos destinados al accionar de sindicatos y corporaciones empresarias, el análisis no sólo se centrará en sus posiciones e intervenciones respecto al TPP a nivel doméstico, sino también de cara a las instancias multilaterales.