Antecedentes y contexto actual

Silvia Lago Martínez

Introducción

En los apartados anteriores nos abocamos a revisar las políticas para la sociedad de la información (PPSI) en la región latinoamericana, los supuestos conceptuales y políticos bajo los cuales se desarrollan sus estrategias y los alcances que se evidencian a más de veinte años de su puesta en marcha.

En este capítulo, dentro del amplio espectro de las PPSI, nos focalizamos en el estudio de las políticas específicas destinadas al acceso y formación en TIC, que fueron identificadas como acciones, planes o programas para el acceso universal de la población entre las décadas de 1990 y 2000.

En este período, entre las estrategias adoptadas por los gobiernos, se destacaron los programas comunitarios que propiciaban el acceso gratuito a las tecnologías de información y comunicación (TIC) mediante el establecimiento de terminales en lugares públicos y centros comunitarios. Los mismos fueron promovidos, total o parcialmente, por los gobiernos, por organismos multilaterales de cooperación o por organizaciones no gubernamentales (ONG), de manera que los modelos adoptados por los distintos países para los programas de acceso universal fueron diversos, así como el marco jurídico institucional que los regulaba (Lago Martínez, 2005).

A pesar de que los centros de acceso se denominaron de manera particular en cada país, se los reconoció a nivel regional con el nombre genérico de “telecentros”. En el marco de las ONG y de las universidades e institutos de investigación, se desarrollaron numerosas iniciativas para la promoción y fortalecimiento de los centros de acceso comunitario.

En el ámbito académico, mucho se investigó y se escribió sobre el desarrollo y perspectivas de los telecentros; esto dio origen a numerosos estudios sobre la informática social y comunitaria y los usos sociales de las TIC (Rueda Ortiz, 2008). Una de las preocupaciones que se abordaron en estos estudios era la revisión del rol de los ciudadanos en cuanto actores de la sociedad de la información y sus derechos como tales, comenzando por el más elemental, el derecho al acceso y al uso social de las TIC. Estas políticas y acciones se vincularon a la noción de desarrollo que propiciaba el acceso a la sociedad de la información y con ello la disminución de la brecha digital. En tal sentido, Susana Finquelievich afirmaba en el año 2000 que las TIC se utilizan –entre otros fines– para apoyar a las comunidades y a las organizaciones comunitarias en pos del desarrollo social y económico, señalando que “la informática comunitaria es una estrategia que combina tecnología y organización social, y que pone en red los esfuerzos comunitarios para el desarrollo socioeconómico” (Finquelievich, 2000: 1). Se debatía en ese entonces sobre la capacidad o potencialidad de las TIC para la reducción de la pobreza.

Este apartado tiene por objetivo revisar brevemente las políticas específicas destinadas a la creación y sustentabilidad de los telecentros, ejecutadas desde hace más de quince años en la mayoría de los países de la región y en Argentina, para luego focalizar en el Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC), uno los planes nacionales más recientes para la inclusión digital, y nuestro objeto de estudio.

Antecedentes en América Latina

Como ya señalamos, a fines de la década de 1990 y durante los 2000, se pusieron en marcha una gran cantidad de proyectos para la instalación de infocentros o telecentros, no solo en la región, sino a lo largo de todo el mundo en desarrollo. Estas iniciativas fueron muy diferentes entre sí por su contexto y lugar de implantación, por la tecnología empleada, los modelos de gestión, operación y financiación, por la variedad de servicios ofrecidos, y por la visión de quienes los proyectaron y ejecutaron acerca de cuál era el papel y la función de dichos centros.

Por supuesto que en el mismo período grandes operadoras de telecomunicación desarrollaron modelos de telecentros comerciales, también pequeños empresarios establecieron cibercafés en las grandes ciudades como un modelo de negocio rentable basado en la prestación de un servicio de acceso público a Internet.

Pero nos vamos a referir aquí a los telecentros “comunitarios” o “sociales”, que propiciaban el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades más desfavorecidas, a través del acceso y el uso de las TIC.

Si bien no hay una definición única, de manera muy general los telecentros se concibieron y se presentaron como espacios físicos de acceso público a las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo educacional, personal, social y económico. Los mismos fueron pensados para proporcionar una combinación de servicios de tecnología de información y comunicación que iban desde el servicio telefónico básico y el correo electrónico hasta conectividad completa a Internet.

Gobiernos e instituciones multilaterales, organizaciones sociales y ONG crearon centros comunitarios de acceso a Internet y de formación en TIC en los barrios de las ciudades latinoamericanas, muchos de ellos como producto de asociaciones entre sectores gubernamentales, sociedad civil y sector privado. En la región es posible señalar diversas iniciativas y experiencias, entre ellas: Infocentros Comunitarios en Chile, Ecuador, Venezuela, Paraguay, El Salvador; Unidades Informativas Barriales en Colombia (COLNODO); Red Científica Peruana (cabinas públicas); Proyecto Chasque en Uruguay; Sampa.org en San Pablo, Brasil; Programa e‐México; Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) en Argentina y muchos otros.

Por su parte, la Unesco, impulsó el desarrollo de telecentros concibiéndolos como un instrumento poderoso para la superación de la brecha digital. En este sentido, puso en marcha un programa internacional denominado Centros Multimedia Comunitarios (CMC) y la promoción de los telecentros constituyó un objetivo para las oficinas regionales de la organización en el contexto de América Central y del Caribe (Unesco, 2006).

Además, se produjo un amplio movimiento de promotores de telecentros en Latinoamérica. En el año 2001, se celebró el I Encuentro Regional de Telecentros en la ciudad de Quito, donde se inauguraron una serie de eventos que se extendieron a lo largo de la década. En esta dirección, en septiembre de 2007, se desarrolló el Encuentro Latinoamericano de Telecentros e Inclusión Social en Santiago de Chile, cuyos resultados fueron publicados por la Fundación Telefónica (2008).^[1]

De manera que las ONG cumplieron un rol destacado en estas y otras importantes iniciativas para la sobrevivencia y sustentabilidad de los centros de acceso a las tecnologías. Entre varias organizaciones, podemos mencionar como las más destacadas:

• Fundación ChasquiNet de Quito, coordina el Proyecto Telelac (Red de Telecentros de América Latina y el Caribe), apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)^[2] de Canadá. La Comunidad Virtual somos@telecentros que surge de la red tuvo una participación más que destacada en la generación de acciones y estudios sobre los telecentros.
• FUNREDES, organismo no gubernamental internacional, dedicado a la difusión de las TIC en los países en desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe. Desde aquí se desarrolla la comunidad virtual M.I.S.T.I.C.A.
• Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en América Latina (APC), que lleva adelante el Proyecto Redes Comunitarias en América Latina (inicio en 1997), apoyado por el IDRC. Este proyecto contaba con dos componentes: uno en Ecuador (a ser ejecutado por ECUANEX) y otro en Colombia, que se denominó Unidades Informativas Barriales (UIBs), ejecutado por Colnodo.^[3]

Estas organizaciones y redes no solo apoyaron el desarrollo y la sostenibilidad de los centros de acceso a las tecnologías, sino que trabajaron en la construcción de nuevos conceptos y propuestas redefiniendo los objetivos y perspectivas de los telecentros. En ellas participaron investigadores, docentes, estudiantes, funcionarios públicos, miembros de organismos internacionales y multilaterales y activistas del desarrollo social, que brindaron sustento teórico, político, ideológico y observaciones críticas para la generación de acciones y políticas destinadas a la reducción de la brecha digital, el empoderamiento de las comunidades y el desarrollo sustentable. Se escribieron libros, artículos, manuales de buenas prácticas, se elaboraron proyectos, se generaron comunidades virtuales y muchas otras iniciativas.

Delgadillo, Gómez y Stoll señalaban:

Los telecentros comunitarios son una herramienta poderosa para apoyar el desarrollo comunitario con el uso de tecnologías digitales y fortalecer la inclusión digital […] Su énfasis es el uso social y la apropiación de las herramientas tecnológicas en función de un proyecto de transformación social para mejorar las condiciones de vida de las personas (Delgadillo, Gómez y Stoll, 2002: 8).

Los autores agregaban que los locales de los telecentros comunitarios deben ser “lugares de encuentro e intercambio, espacios de aprendizaje, crecimiento personal, y movilización para resolver problemas y necesidades de la comunidad” (Delgadillo, Gómez y Stoll, 2002: 9), asignándole un rol muy importante el desarrollo y crecimiento de las comunidades.

Además de la comunidad somos@telecentros, vale destacar a la comunidad virtual M.I.S.T.I.C.A. (Metodología e Impacto Social de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en América), que surge a finales de la década de los noventa desde FUNREDES con la finalidad de fortalecer a los actores sociales de las TIC de América Latina y el Caribe, experimentar en una metodología articuladora para comunidades virtuales y la construcción de nuevas modalidades de comunicación comunitarias. El proyecto se mantuvo en actividad durante aproximadamente siete años y tuvo un fuerte impacto en la región, investigadores, docentes, funcionarios, estudiantes y activistas “se congregaron para compartir sus conocimientos y aprender colaborativamente dentro de una experiencia precursora de lo que luego se dio por llamar redes sociales” (Rodríguez Leal y Pérez Álvarez, 2014: XVII).

Se elaboraron tipologías de telecentros, que sistematizaron las distintas experiencias con el objetivo de desarrollar modelos conceptuales y herramientas metodológicas adecuadas para el monitoreo y evaluación de las mismas  (Gómez, Hunt y Lamoreaux, 1999; Proenza, Bastidas y Montero, 2001).

El objetivo primordial era potenciar a los sectores populares brindando información, capacitación y promoviendo el desarrollo de habilidades y destrezas en el uso de las TIC.

Antecedentes en Argentina

En Argentina, finalizando el segundo gobierno del presidente Carlos Menem (1999), se crea el Programa para el Desarrollo de las Comunicaciones Telemáticas: argentin@internet.todos, y dentro del mismo, el Proyecto Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), es decir, los telecentros argentinos. La autoridad de aplicación del proyecto fue la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, a cargo de diseñar, coordinar y evaluar la ejecución del programa en convenio de cooperación con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Con posterioridad al cambio de gestión del gobierno nacional, en marzo de 2000, se crea el Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PSI), del cual va a formar parte el Proyecto CTC (en el marco de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación). En el año 2001, es nuevamente transferido a la órbita de la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) del Ministerio de Infraestructura y Vivienda.

Coexistieron con el Proyecto CTC otros dos programas estatales: Centros de Tecnología 2000 (dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y Centros de Acceso, del Consejo Federal de Inversiones (CFI); pero fue el Proyecto CTC (nacional) el de mayor alcance e inversión. Se instalaron alrededor de 1350 centros, distribuidos en todo el territorio nacional^[4] y posteriormente se incorporaron 1745 bibliotecas populares. Se consideraba, en los fundamentos de su creación, que la instalación de telecentros de uso comunitario constituía una condición necesaria para el desarrollo socioeconómico, de manera “que su objeto era extender el acceso a las TIC a los sectores de la población en condiciones de desventaja socioeconómica o geográfica” (Bassi y Rabadan, 2002: 5).

Los CTC, instalados por el Gobierno, recibieron equipamiento y una capacitación inicial, el pago por un año de la línea telefónica y en algunos pocos casos, el pago del proveedor de Internet (a pesar de que existía un convenio con las telefónicas). Ninguno recibió fondos para el mantenimiento, los insumos y el pago de salarios. La participación de los actores sociales en la construcción del proyecto estuvo dada únicamente por la inserción de los centros en instituciones huéspedes, la mayoría de ellas en establecimientos educativos, asociaciones civiles y municipios o comunas. La gestión y atención de los CTC fue resuelta de diversas formas por las organizaciones o municipios huéspedes, en algunos casos se abonaron salarios, en otros se apeló al voluntariado. La dificultad más grave que enfrentaron los centros fue la conectividad. La gran mayoría se conectaba por dial-up, y muchos no contaban con conexión a Internet, pero no solo en localidades del interior, sino también en la Ciudad de Buenos Aires. De todas formas, hay que tener en cuenta las limitaciones que existían en el país en ese período en materia de infraestructura en telecomunicaciones. En el año 2001, luego de dos años de iniciado el proyecto, se realizó un diagnóstico parcial y se reformularon los objetivos, pero estos nunca se llevaron adelante.

Al mismo tiempo, y en defensa de la sostenibilidad de los CTC, en el año 2001 se conformó una Red Nacional de Centros Tecnológicos Comunitarios, cuyo objetivo fue avanzar hacia su autogestión y sostenibilidad como sistema integrado. Se realizaron más de dieciséis encuentros regionales de CTC y en mayo de 2004, se realizó el Primer Encuentro de CTC Voceros de la Red Nacional de CTC en la ciudad de Mar del Plata.

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación,^[5] a poco de andar, se evaluó que varios de los centros nunca abrieron sus puertas, otros perdieron el equipamiento en el camino y muchos fueron aprovechados con fines políticos por sus responsables. La caída del gobierno del entonces presidente de la nación De La Rúa y la crisis económica, política y social del país acentuó la ya difícil situación del PSI, que se encontraba totalmente desfinanciado. Las deudas que mantenía el Estado con los proveedores de Internet hicieron que se discontinuara el pago del servicio, algunos centros lo afrontaron y otros debieron abandonar la conexión. En 2001 se calculaba que no más de 700 CTC estaban en funcionamiento, la mitad de ellos sin conexión a Internet.

Lo cierto es que los centros fueron abandonados a su suerte. El trabajo de campo realizado en nuestra investigación da cuenta de tal situación y de las estrategias que utilizaron para la supervivencia, con enormes dificultades económicas y de capacidad de gestión. La relación con el PSI era básicamente formal y la permanencia del CTC a lo largo del tiempo se debió principalmente a las iniciativas llevadas a cabo por los responsables del mismo y la institución huésped donde residía (Lago Martínez, 2005; Lago Martínez y Solá Álvarez, 2004).

Recién en el año 2003, con el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, se retomó el programa a la luz de un nuevo proyecto y en concordancia con la direccionalidad de la política del Estado nacional. Se redefinió el objetivo del programa, con la finalidad de rearticular los CTC hacia el área de la producción y el trabajo, sobre todo destinado a los jóvenes de los sectores más vulnerables de la población. Los CTC debían convertirse en nodos que capacitaran y promovieran la generación de microemprendimientos. Se esperaba que brindaran acceso a las TIC a los sectores productivos mediante acciones de aprovechamiento de la innovación tecnológica aplicada a la producción.

Se llevaron a cabo algunas acciones, como el otorgamiento de cien becas a coordinadores de CTC para capacitarse en cursos de teletrabajo. Esta iniciativa se desarrolló en el marco del plan nacional de teletrabajo apoyado por Unesco, con la idea de que los coordinadores de los CTC adquirieran conocimientos básicos sobre las nuevas modalidades de trabajo con tecnologías y que pudieran ser multiplicados al público usuario de los mismos. Sin embargo, no se vieron resultados de esta iniciativa. El PSI (y los CTC) estuvo en funcionamiento hasta fines del año 2015 y a partir del cambio del gobierno nacional, fue desplazado al Ministerio del Interior en la Subsecretaría de Gestión Municipal, y el único proyecto que permanecía en ese momento (al menos virtualmente) era el de Apoyo Tecnológico para la Discapacidad (ATEDIS), de manera que el Programa CTC fue discontinuado definitivamente (Lago Martínez, 2016).

Nueva etapa de políticas de inclusión digital

En el año 2010 se crea el Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC), como parte del eje estratégico de inclusión digital del Plan Nacional Argentina Conectada. Si bien el programa presenta puntos de contacto con los CTC de la década anterior, conceptualmente incorpora nociones promovidas por la Unesco en el Primer Informe Mundial Hacia las sociedades del conocimiento de 2005. En él, la Unesco señala que “[…] las sociedades emergentes no pueden contentarse con ser meros componentes de una sociedad mundial de la información y tendrán que ser sociedades en las que se comparta el conocimiento” (Unesco, 2005: 5). Agrega que más preocupante aún que la brecha digital es la brecha de conocimiento que separa a los países en desarrollo de los países menos adelantados; por esta razón la brecha digital atañe directamente a la acción de la Unesco.

En este sentido, Ceballos y Tapia, en el marco del Encuentro Latinoamericano de Telecentros e Inclusión Social, proponen la transformación de los puntos de acceso a tecnología (telecentros) en núcleos de conocimiento con el principal objetivo de “empoderar a las comunidades pobres y desaventajadas, particularmente las mujeres” (Ceballos y Tapia, 2008: 72).

Por su parte, Celedón y Razeto^[6] también fundamentan la necesidad de la mencionada transformación. Señalan las autoras que

si bien las iniciativas de acceso público se desarrollan bajo el supuesto de que masificar el acceso a las TIC trae beneficios a la población en distintas esferas –incluyendo mayores posibilidades de superar situaciones de pobreza– ha sido difícil verificar y medir este impacto (Celedón y Razeto, 2009: 9).

Concluyen que es de vital importancia que los telecentros diseñen e implementen estrategias de acción para convertirse en centros de oferta de servicios innovadores destinados a la población socioeconómicamente vulnerable.

Así entonces, el nuevo proyecto destinado a la inclusión digital desarrollado en nuestro país denominó a sus centros “Núcleos de Acceso al Conocimiento” ofreciendo nuevos servicios y prestaciones a los usuarios respecto de los ofrecidos por los CTC.

No hay que olvidar, además, que la inversión en infraestructura que se realizara en la Argentina (también en los países de la región) en la presente década, sobre todo la introducción y desarrollo de la banda ancha fija y móvil, ampliaron las posibilidades tecnológicas de este y otros programas nacionales.^[7]

Creación y desarrollo del Programa NAC

El Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” fue creado el 21 de octubre de 2010 (Decreto nº 1552). Entre sus metas, contempla el establecimiento de 250 Núcleos de Acceso al Conocimiento (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, s/f:5). En los objetivos del plan se señala:

Bajo la premisa del deber prioritario de los gobiernos de garantizar el acceso equitativo a las nuevas TIC, el presente eje define una estrategia de reducción de las disparidades regionales y sociales en las oportunidades de acceso y la apropiación de los beneficios asociados a dichas tecnologías […] Se trata, asimismo, de generar las competencias que permitan a las personas y comunidades incorporar las TIC para gozar de una mejor calidad de vida (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, s/f: 6).

El reglamento de los NAC se establece en agosto de 2011, donde se definen como “espacios de acceso público a las tecnologías de la información, al conocimiento y al entretenimiento, dentro del marco de instituciones de desarrollo comunitario abiertas a toda la población”.^[8] De esta forma el Programa NAC ofrece a todos los habitantes acceso a la conectividad y a las TIC para el logro de habilidades digitales, oficios, herramientas de participación, expresión y entretenimiento, de manera gratuita.^[9] A su vez, cada NAC constituye un nodo de políticas públicas que articula los programas de las instituciones estatales nacionales, provinciales y municipales, y acciones de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil (OEI, 2015).

Operativamente, los NAC son instalados en espacios –denominados instituciones huéspedes– previamente consensuados, tales como museos municipales, Centros Integradores Comunitarios (CIC), Unidades de Gestión Comunitaria (UGC), organizaciones sociales, espacios vecinales, etcétera. El proceso de instalación se inicia con un requerimiento de las instituciones que presentan una solicitud espontánea a la coordinación nacional del programa. No hubo participación de las instituciones beneficiarias ni los municipios en el diseño del programa.

Asimismo, se plantea a través de estos dispositivos el dictado de cursos de capacitación para el aprendizaje de habilidades digitales que van desde alfabetización básica hasta cursos y oficios con certificación universitaria.^[10] Los mismos se realizan a través de ofertas programadas desde la coordinación nacional del programa y también por parte de la propia institución huésped, que provee cursos iniciales, así como el abordaje de temáticas de interés para la comunidad. De esta forma, las contrataciones de los docentes a cargo de cursos y talleres corrían por parte de los municipios, universidades y otras instituciones, aunque en algunos casos como las Casas Educativas Terapéuticas (CET) y en Centros Preventivos Locales de Adicciones (CePLA), ambos en el marco de la SEDRONAR, eran abonados por el Ministerio. En este sentido, un implementador territorial aclara:

La estructura del NAC tiene un problema, que la contratación de los equipos de trabajo no está centralizada en el Ministerio, lo tiene cada intendente, entonces el problema que yo noto es que funciona según la prioridad que tiene el intendente, la bolilla que le dan los coordinadores, los recursos que tenga cada municipio para desarrollar los cursos… Y eso hace mucha diferencia entre los NAC (entrevista, junio de 2016).

El Estado nacional asume el compromiso de brindar equipamiento mobiliario y dispositivos tecnológicos, capacitación, contenidos digitales, acompañamiento técnico y administrativo a los NAC; y las instituciones, de aportar el espacio físico y los recursos humanos necesarios para llevar adelante la gestión local de los núcleos, siendo el Ministerio solo responsable por la actualización y mantenimiento tecnológico y la programación básica de actividades. La contratación y pago de salarios de los coordinadores y las coordinadoras, en general en un promedio de dos personas por NAC, corría por cuenta de la institución huésped, aunque en el caso de organizaciones que no podían afrontar esa erogación, fueron provistos por la coordinación nacional.

La figura del coordinador resultó clave tanto para el funcionamiento operativo del NAC como para la articulación con la organización central y con las instituciones de la zona, como surge de una de las entrevistas a funcionarios del programa:

La figura del coordinador del NAC es fundamental, tiene que ser un militante de la política pública, no importa que sepa de sistemas o que sea un tecnólogo, sino una persona comprometida, que pueda convocar a la gente para que pueda acceder de manera feliz. Sino la gente sólo va para ver su Facebook (entrevista, mayo de 2017).

El programa atravesó distintos momentos desde su inicio. En 2010 se implementó una prueba piloto, que consistió en la instalación de trece NAC en distintos puntos del país, como Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Formosa, La Rioja, Córdoba y Posadas (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, s/f: 5).

Hasta el año 2012 la estrategia desarrollada pone énfasis en el acceso a las TIC con el objetivo de reducir la brecha digital al igual que las políticas antecesoras. La experiencia fallida del Programa CTC fue tenida en cuenta en las distintas etapas del programa para garantizar su continuidad temporal. Los responsables a cargo del diseño del Programa NAC realizaron un diagnóstico del estado de situación de los CTC (en la órbita de la Secretaría de Comunicaciones en ese período) y detectaron que solo 300 continuaban funcionando, pero su implementación se alejaba de los fines para los cuales habían sido creados, en su mayoría operaban como “cyber”, cobrando por el uso de los equipos, mientras en las bibliotecas populares se utilizaban para la gestión de las mismas y no para el acceso del público (OEI, 2015).

Según la información obtenida de las entrevistas realizadas a funcionarios, también se tuvieron en cuenta como modelos los centros comunitarios de Colombia y de Venezuela, con la diferencia principal de que los NAC ofrecen una sala de entretenimientos y actividades asociadas a la misma (como cine-debate), ausente en los programas mencionados: “Esa sala se pensaba no como un depósito de chicos, sino también para que se implementen programas para la gente de la tercera edad”, la idea era establecer relación entre generaciones, de manera de acercar a los adultos mayores “que tenían miedo a las computadoras” a los jóvenes (entrevista, mayo 2017). Para ello los NAC contaban con tres espacios, uno de capacitación (con énfasis en las amas de casa y adultos mayores), otro de apoyo a los microemprendimientos zonales (por ejemplo, para comercializar productos regionales como mermeladas, tejidos, etcétera) y el de entretenimiento. Esto último no es un tema menor, ya que muchas comunidades no tienen cine, y el microcine del NAC suplió esta ausencia.

Los NAC llegaron a la Puna, estamos hablando de 2600 metros de altura donde la gente no tiene teléfono y en los NAC estudiaron sobre la producción de la quinoa. En Misiones, pueblos como Capiobí donde están las comunidades guaraníes, o Castelli en Chaco, donde las comunidades toba venden sus artesanías por Internet, creando sus propias páginas web (entrevista a funcionario, 2017).

Con las pruebas piloto, se comenzó a relevar en territorio las condiciones para la instalación de los NAC, así como la voluntad política de los municipios y/o responsables de las organizaciones para su instalación. Debía ser un espacio de uso comunitario emplazado en barrios de sectores populares.

Nosotros sabíamos lo que significaba la inclusión digital, pero cómo ponerla en práctica es lo más difícil porque la inclusión digital es un concepto abstracto. Ahora bien, cuando tenés un equipo de gente que puede ir al territorio, visualizar qué es lo que pasa, cuáles son las necesidades […] si vas a un espacio comunitario y tenés tejido, danza, no vas a sacar eso para ponerles las máquinas de computación […] había que compatibilizar las cuestiones comunitarias arraigadas relacionadas con la apropiación de los espacios y la cuestión de que esta misma gente pueda acceder a las nuevas tecnologías (entrevista a funcionario, 2017).

En esta primera etapa (2010-2012), se instalaron 120 NAC, con un equipo operativo de cuatro personas. Uno de los funcionarios que trabajó en el programa desde el inicio comenta: “Viajábamos por todo el país […] recorríamos distancias siderales, reuniones con intendentes, hacíamos informes, sobre las distintas características del lugar” (entrevista a funcionario, 2017).

Sobre el terreno se fueron ajustando cuestiones operativas, pero también se diseñaron aplicaciones específicas, como por ejemplo capacitaciones básicas para las personas mayores sobre cómo acceder y operar un cajero automático:

en uno de los NAC se le ocurrió a uno de los diseñadores hacer un programita para enseñarles a los abuelos cómo operar el cajero, se sentaban frente a la computadora y apretaban los botones y aprendían simulando estar en los cajeros. Esto pasó en varios NAC, entonces también fluía el conocimiento compartido, eso también tiene que ver con inclusión digital (entrevista, 2017).

La segunda etapa del programa transcurre durante el período 2012-2015. La misma se caracteriza por el crecimiento exponencial del programa: de los 120 NAC iniciales se extendieron a 203 NAC en 2015 (OEI, 2015). A juzgar por los comentarios de nuestra entrevistada, el mecanismo de instalación y el seguimiento del NAC resultaba muy eficiente.

Del Ministerio recibimos todo lo que ves, cartelitos, computadoras, los racks para poner el servidor, el servidor, las Xbox, los juegos, los discos, los auriculares, los parlantes, todo de excelente marca en excelente estado, con un remito súperprolijo, vinieron a controlar cómo estaba el edificio, si teníamos ya Internet, muchísimo seguimiento muy muy de cerca (entrevista a Directora de Cultura, San Antonio de Areco, junio de 2016).

Se incorporan otros actores necesarios para la organización y apoyo de los NAC, como los implementadores territoriales, que se distribuían en diferentes regiones de todo el país. Se agregan instancias de formación permanente de los distintos equipos de la coordinación y se promueve la vinculación entre los coordinadores y equipos de los NAC con la realización de encuentros nacionales llamados Foros NAC (OEI, 2015: 23).

se empieza a incorporar gente y se organizan distintos grupos. Un grupo de contenidos, un grupo de vinculación continua, un grupo de proyectos y relevamiento y el equipo de comunicación. El equipo de relevamiento era la parte más política, que visitaba los NAC y hablaba con los intendentes. El equipo de vinculación que comunicaba con los referentes locales. La parte de contenidos trabajaban con los cursos de capacitación y la parte de comunicación se ocupaba de los distintos actos políticos, inauguraciones, publicidad, etcétera (entrevista a funcionario, 2017).

Es importante la idea del implementador territorial. Es algo que viene a revolucionar la idea del seguimiento del Estado, porque no es solamente ir, dejar las computadoras, y que se arreglen los municipios, sino hacer un seguimiento constante, ver cómo se aplica e implementa la política pública […] Yo vengo a ser como el nexo entre el territorio y el Ministerio, soy el que visita a los NAC, charla acerca de la implementación en cada territorio, cómo potenciar las distintas actividades que se desarrollan, la articulación con los distintos programas e instituciones, hacer un acompañamiento a los coordinadores en su trabajo. Tengo un total de cincuenta y seis NAC a mi cargo (entrevista a implementador territorial, 2016).

Asimismo, se realizaron articulaciones institucionales con el Ministerio de Justicia, con la SEDRONAR, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social (quienes aportaban los CIC) y con otros organismos para el dictado de talleres vinculados a temáticas de interés general, como derechos humanos, trata de personas, memoria, género, seguridad en la red y prevención comunitaria en adicciones.

Otro de los objetivos de esta etapa fue profundizar en el desarrollo de contenidos digitales. Con esta finalidad, se establecen articulaciones con universidades nacionales para desarrollar talleres, capacitaciones, cursos de oficios digitales con certificación universitaria, como desarrollo web, animación 3D, aplicaciones android, testeo, periodismo digital y fotografía digital (OEI, 2015). Se pusieron en marcha convenios con la Universidad de la Matanza (UNLaM), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), la Universidad del Centro de Buenos Aires (UNICEN), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre otros.

Se amplió la capacitación de los coordinadores acerca de las herramientas con las que contaba el programa y cuáles eran los objetivos en torno de una visión amplia del mismo.

La actividad del NAC no solamente estaba supeditada a cursos que tengan que ver con la computadora, sino que también se desarrollaban talleres de ajedrez, cine-debate, y también se pueden hacer cursos, talleres, de algo que no tuviera que ver directamente con la informática, pero sí que sirve para contribuir en el despliegue territorial, yo lo llamo el “echar raíces” (entrevista a implementador territorial, 2016).

En cuanto a los mecanismos de monitoreo y evaluación del programa, la Universidad Nacional de La Matanza condujo 45 auditorías sobre los NAC en base a informes producidos por los coordinadores y finalmente se encomendó a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) una evaluación final sobre el Programa NAC, que incluyó una encuesta a 425 usuarios. El informe final se dio a conocer en octubre del año 2015; en él se informa que en esa fecha el programa logró la instalación de 203 NAC en todo el país, “en los que según estimaciones del propio Programa, más de 177.000 personas circulan mensualmente por estos espacios” (OEI, 2015: 23).

En una tercera etapa (inicios de 2015), se implementan numerosas capacitaciones, jornadas de igualación de conocimientos técnicos entre los coordinadores y foros nacionales para presentación de nuevas herramientas, como portales web del programa, herramientas de administración del NAC, y asociación de usuarios del NAC a la plataforma de vinculación ciudadana “CLIC”, por medio de la cual se podían realizar cursos en línea.

Se realizaban seminarios de coordinadores regionales y nacionales, conferencias de especialistas, nosotros como equipo contábamos las novedades y a su vez los coordinadores preparaban informes de lo que habían trabajado en sus espacios. En estos espacios todos se podían conocer y compartir ideas que luego se fueron incorporando en los distintos NAC (entrevista a funcionario, 2017).

El intercambio de experiencias y saberes fue la clave de ésta última etapa del programa, puesto que, a juicio de nuestros entrevistados, ya había alcanzado un cierto grado de maduración:

En la tercera etapa había cursos más interesantes con incentivos. Hacíamos concursos sobre la creación de un juego. Se juntaba un grupo de chicos y creaban un programa. En los congresos entregábamos los premios. Recuerdo que había ganado un programita que ibas por el tráfico y llegabas a las capitales de las provincias, los chicos jugaban con eso y aprendían las capitales de las provincias (entrevista a funcionario, 2017).

La difusión del programa en el territorio era uno de los temas que preocupaba a los responsables de los NAC; en los encuentros se debatía y compartían experiencias en este sentido como pudimos ver en los foros a los cuales asistimos como observadores. La difusión se realizaba principalmente por medio de las redes sociales, sobre todo Facebook, a cargo de cada coordinador y por la página del NAC desde la Coordinación Central.

No obstante, la divulgación del NAC, tanto como programa como espacio de uso y apropiación de tecnologías, se consideraba limitada como vemos en la siguiente frase de una entrevista:

No ha tenido mucha difusión el programa, para mí es una lástima porque tiene una potencialidad increíble y la mayoría de las personas no sabe lo que es un NAC. Las personas saben lo que puede ser otra política pública, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero no sabe que también los recursos iban para capacitar a cualquier habitante del país de manera gratuita, equipamiento de primerísima calidad, cursos gratuitos […] (entrevista a implementador territorial, 2017).

Con el cambio de gobierno de Cristina Kirchner a Mauricio Macri, se inaugura una nueva etapa del programa. En primer lugar, con la eliminación del MPFIPyS, el programa fue desplazado a la órbita del Ministerio de Modernización de la Nación. Posteriormente, en 2016, se aprobó la conformación organizativa de esta cartera ministerial, creándose la Secretaría País Digital, de la cual el Programa NAC va a formar parte.

Nuestros entrevistados señalaron a este período –que alcanza hasta principios de 2017, cuando concluye nuestro trabajo de campo– como de transición, donde los NAC quedaron sin conducción operativa, suspendidos los cursos y talleres en algunos casos y discontinuados los pagos de salarios de coordinadores y docentes.

Hoy, los cursos que iban por cuenta del Ministerio ya no existen más, responden a los Municipios. El que tiene la posibilidad de generar recursos para dar cursos, lo hace. Y no se están solucionando los problemas técnicos que hay, no se están bajando contenidos. Los NAC de las Casas Educativas Terapéuticas, donde mayoritariamente las poblaciones que asistían eran chicos con situaciones con distintas vulnerabilidades y consumos problemáticos, han dejado de ir los coordinadores y distintas personas que formaban parte del equipo de trabajo, por un tema de contratación, que no estaban cobrando, dejaron de ir, les restaron horas laborales (entrevista a implementador territorial, 2016).

Había un montón de municipios que no podían pagar sueldos y que lo pagaba el Ministerio de Planificación que se dejó de pagar; los contenidos estaban suspendidos y no había avances. Hay muchos municipios que no tenían la estructura ni la capacitación necesaria de técnicos o desarrolladores de capacitación. Quedó una época de transición de una nebulosa que no se sabía qué iba a pasar (entrevista a funcionario, 2017).

Como surge de las citas de las entrevistas arriba transcriptas, esta transición permaneció por lo menos durante un año. Posteriormente, los referentes territoriales fueron despedidos y los salarios de la totalidad de los coordinadores debieron ser pagados por el municipio o las instituciones huéspedes. En consecuencia, una parte de los NAC quedó a cargo de los municipios y universidades donde se encontraban emplazados, como el NAC de Tandil en la UNICEN, San Antonio de Areco y Gral. Las Heras en el municipio y los NAC de la Ciudad de Buenos Aires, como la ex ESMA y ex Garage Olimpo, funcionaban con voluntariado.

Hasta el cierre de nuestra investigación, poca información pudimos obtener sobre la operatividad de los restantes NAC que formaron parte de nuestra muestra, íntimamente vinculada a las capacidades de las instituciones huéspedes para sostenerlos.

En el portal del programa se consignaba en diciembre de 2016 que se habían instalado 279 NAC en todo el territorio nacional.^[11] Cabe mencionar que “instalados” no implica operativos; algunos no estaban en funcionamiento durante nuestro trabajo de campo, y otros

nunca estuvieron porque se crearon al finalizar el gobierno, la gestión anterior y con la nueva nunca se pudieron resolver algunas cuestiones más políticas si se quiere, o temas de contratación, que no hay equipos de trabajo, o no se terminaron de instalar, o no se terminaron de acomodar a la normatividad que pide el programa (entrevista a implementador, 2016).

En el marco de este mismo proceso de transformación, en enero de 2017, el Programa NAC cambió su denominación a “Punto Digital”.

Que, la SECRETARIA DE PAIS DIGITAL entiende menester modificar la denominación del hasta ahora conocido “Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC)” para proceder a designarlo bajo la denominación “Programa Punto Digital”, con el objetivo de demostrar que los mismos integran una red que pretende extender su presencia a todo el territorio Nacional, logrando de esta manera generar las condiciones para el desarrollo de habilidades digitales y oficios en pos del desarrollo de las personas y sus comunidades, en congruencia con las competencias que posee la SECRETARIA DE PAIS DIGITAL del cual depende el Programa referenciado (Boletín Oficial, Ministerio de Modernización, Resolución 49 – E/2017).

En el portal de País Digital^[12] se consigna que el Punto Digital ofrece un espacio con computadoras, un área con consolas de videojuegos, “para que se diviertan los chicos y también los grandes”, y una sala de cine para ver películas y televisión, es decir, ya muy lejos del concepto y finalidad propuesto originalmente.

Al respecto de las transformaciones en la conducción del programa, como consecuencia del cambio del gobierno, ya en 2016 uno de nuestros entrevistados nos comentaba:

Es necesario hacer ese balance entre el antes y el ahora porque es notorio, son distintas concepciones sobre el funcionamiento del Estado y distintas concepciones de las políticas públicas como tales […] Yo creo que anteriormente había una visión mucho más amplia de inclusión digital de la que se puede tener ahora […] ahora quizás hay una concepción más técnica de la inclusión digital, pero no solo se trata brindar herramientas técnicas, sino de brindar herramientas técnicas para la transformación sustancial de la vida de cada individuo (entrevista, junio de 2016).

Además, se crearon los puntos digitales móviles que pueden trasladarse a distintos espacios con un equipamiento condensando en estructuras transportables,^[13] organizado por un equipo territorial e instalados a “demanda” de los municipios, en general del mismo signo político que el gobierno nacional.

Conclusiones

En las políticas del gobierno argentino en el período de 2005-2015, la noción que subyace sobre la inclusión digital es la respuesta del Estado ante la brecha digital. De acuerdo a lo que expresan los documentos oficiales, supone un esfuerzo de integración social para hacer que más personas puedan acceder (físicamente) y hacer uso (educación, capacitación, generación de conocimiento, participación) de las tecnologías digitales y formar parte de la sociedad de la información, con la consecuencia subsidiaria de que la inclusión digital favorece el ejercicio de derechos ciudadanos. En consecuencia, el Estado obra como garante de los derechos colectivos, y por lo tanto, es quien debe interceder para la inclusión de los sectores menos favorecidos por la sociedad o aquellos no contemplados por el mercado.

Respecto de los Programas CTC y NAC, en relación con el período inaugurado en la época menemista, se observa en el NAC una mayor consistencia y compromiso. Ambas políticas son coherentes con la tendencia general en la región, donde encontramos regularidades en torno a la justificación teórica de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Se verifica una mayor concentración en recursos del Estado y una fuerte impronta vertical a nivel nacional, en ambos programas; tanto las instituciones huéspedes como los beneficiarios no tuvieron participación en la formulación del programa.

Para los coordinadores y funcionarios del programa entrevistados, el objetivo de inclusión digital se vincula fuertemente con el objetivo de inclusión social. Por esta razón, siempre se piensa la forma de incluir digitalmente a los grupos sociales que padecen todo tipo de exclusiones, ligadas a la cuestión social en un sentido más amplio. De esta forma, se observa una orientación hacia un espacio de contención/inclusión social y no solo de inclusión digital.

Se detecta, además, que los NAC ofrecen fundamentalmente capacitación, ya sea de alfabetización básica o de formación para el mundo del trabajo y microemprendimientos. Esto no parece desacertado, teniendo en cuenta que, si bien en el Área Metropolitana de Buenos Aires se avanzó en el acceso a las TIC, aún resta mucho por alcanzar en cuanto a la apropiación de las tecnologías digitales, sobre todo en los sectores más vulnerables a los cuales están destinados los NAC.

Además, los responsables nacionales y referentes territoriales que fueron entrevistados coinciden en señalar que el programa había alcanzado cierto punto de maduración en relación con sus objetivos al finalizar el año 2015. Indicaron que en las distintas etapas por las que había atravesado el programa se había producido un progresivo aprendizaje de todos los actores involucrados, aunque no había alcanzado a todos los NAC, puesto que muchos eran muy recientes y tenían un desenvolvimiento muy incipiente. De manera que los objetivos iniciales del programa no lograron consolidarse totalmente ni ampliarse cuando fue paralizado en 2016 hasta su transformación en Punto Digital en el año 2017.

El punto de maduración fue fantástico pero tenía más desarrollo. Porque las ideas que te estoy comentando son infinitas, cuando la gente está cómoda con un espacio, yo conozco gente que hizo cinco o diez cursos. Había mucha perspectiva y esperanza que esto continúe (entrevista, 2017).

En consecuencia, observamos que en Argentina las acciones y estrategias han sido erráticas y discontinuas –nuevamente la continuidad de los NAC, así como del Programa Conectar Igualdad, destinado a estudiantes y docentes, se vio interrumpida por el cambio de gobierno–, parece que siempre se vuelve a empezar, a diferencia de otros países de la región, donde las políticas TIC han persistido a pesar de los cambios de signo político de sus gobiernos.

Si bien el gobierno mantiene el discurso sobre la inclusión tecnológica, los Puntos Digitales, como programa, transforman el sentido de la política pública. En el portal se destinan unos pocos reglones para dar a conocer lo que es un Punto Digital, nada dice de sus objetivos como política de gobierno y se enfatiza en “aprender, divertirse y crecer en comunidad”.

De la misma forma, la información sobre los cursos ofrecidos no se diferencia en nada de una academia o instituto privado de formación en tecnologías digitales. Se destacan los cursos que “apuntan a promover el espíritu emprendedor, para que puedas hacer realidad tus proyectos. Allí podrás encontrar ideas para desarrollar un negocio”, una de las propuestas estelares del presente gobierno. Es decir, este portal se encuentra totalmente vacío de contenidos.

Tal como se desarrolla en el capítulo anterior, en estas políticas públicas (como tantas otras), nos encontramos con al menos dos supuestos políticos e ideológicos: el que justifica las políticas en los derechos, entendidos dentro de conceptos como inclusión social –y en este particular, la inclusión digital– que sostendría el Programa NAC, y el otro que presenta las tecnologías digitales como medio para el desarrollo de economías competitivas, donde estas son medios de trabajo y conforman la estructura misma del mercado, que parecería ser el enfoque del actual gobierno.

Concluido el relato del inicio y desarrollo del Programa NAC, en base a la documentación obrante sobre el mismo y entrevistas a informantes claves del programa, en los siguientes apartados nos focalizaremos en el análisis de las entrevistas realizadas a coordinadores y la encuesta a los asistentes a los NAC.

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