Las Misiones Sociales

Los parámetros que estructuran a las Misiones Sociales pensadas como el modelo por excelencia de política social chavista no emergieron del vacío, ni de la simple astucia de determinados líderes políticos que concibieron a dicho fenómeno como el tipo óptimo para su proyecto de Estado, sino que resultaron de largos y conflictivos procesos de articulación política que repercutieron en la imbricación contingente de diversos elementos presentes en el panorama social. De ello se desprendió, en primer lugar, la conformación de un tipo de política cuya flexibilidad permite mantener cierto margen de acción incluso en los contextos más desfavorables, pero, al mismo tiempo, siendo su condición de posibilidad un momento de ruptura populista que necesariamente conduce a la erosión de las instituciones tradicionales, la ausencia de marcos reglamentarios preestablecidos o mecanismos de check and balance dificulta que se lleve a cabo una distribución eficiente y ordenada del torrente de recursos que tienen a disposición los órganos decisores.

González y Lacruz (2008), intentan conceptualizar a las misiones desde una perspectiva que sea lo más holística posible, entendiéndolas como un conjunto de programas sociales destinados a atender lo que se consideran como necesidades urgentes de la sociedad en lo referente a exclusión y desigualdad social. Al mismo tiempo, Sánchez (2006) procura ser más específica en su caracterización argumentando que se trata de programas y actividades sociales que buscan incluir a los sectores tradicionalmente excluidos del circuito de bienes y servicios sociales, en un contexto de desinstitucionalización del antiguo sistema de bienestar social que, junto a la deconstrucción de los regímenes identitarios hegemónicos, produce un tipo de política social que contiene elementos universalistas propios del proceso de industrialización, los cuales habían sido puestos en cuestión por los programas de ajuste impulsados desde organismos multilaterales de crédito.

El Estado Venezolano concibe a las misiones, como afirma Alvarado (2009), siendo parte de un esquema de democracia participativa y protagónica sustentado en un modelo de desarrollo endógeno-socialista propuesto por la revolución bolivariana como alternativa al neoliberalismo, con el objetivo consolidar dicho proceso de inclusión social elevando la calidad de vida de los sectores tradicionalmente excluidos a través de la política social. En tal sentido, subraya como ocupan el centro de la política social chavista y representan un imperativo estratégico cuyo nombre denota una orden en tanto, dado su carácter ambicioso, solo pueden funcionar desde una perspectiva integral que opere a través de nuevos marcos de institucionalidad social conformados por tres ejes: Misiones sociales, consejos comunales y organizaciones de la economía social.

Pero, la autora (2005) no se encuentra totalmente de acuerdo con la definición planteada desde los organismos oficiales, porque considera que las misiones forman parte de una política de combate contra la pobreza que no necesariamente rompe con el modelo que primo durante los años 90 puesto que en ningún momento abandonan el tipo intervención asistencial compensatorio, evidenciándose en el alcance de los distintos programas que forman parte de semejante proyecto, los cuales si bien sería erróneo catalogar en su totalidad como focalizados distan mucho de ser una política social universal de nuevo tipo, hasta el punto en que el gobierno se vio en la necesidad de construir una narrativa que los acompañe con el discurso del universalismo progresivo.

1. El inicio de una travesía

[…] yo pido el mayor esfuerzo posible para que nosotros terminemos de enterrar en paz los restos fantasmagóricos de la IV República que aún quedan por allí (…) Ahí se nos tiene que ir la vida, en la elevación del nivel de vida de nuestro pueblo, de los más pobres, de los pobres, de la clase media, de los profesionales.

Hugo Chávez

Discurso con motivo del Reconocimiento de la Asamblea Nacional a la decisión soberana del pueblo venezolano en el referendo revocatorio presidencial del 2004^[1].

Algo que caracterizó a la gestión de Hugo Chávez desde el principio fue su capacidad de gestionar la creciente conflictividad social a través de políticas públicas suficientemente dúctiles para mantenerse, más allá de las vicisitudes inherentes a un país convulsionado por un proceso de cambio que, en un primer momento, no parecía tener del todo definida la ruta que deseaba transitar; obviando el alcance y la efectividad que a largo plazo pudiese obtener.

En efecto, deja en evidencia la influencia ejercida por Carlos Matus (1931-1998) y su modelo de planificación estratégico situacional, tanto en Hugo Chávez durante sus estudios de postgrado en ciencia política, como en aquellos funcionarios que lo acompañaron y colaboraron en la definición de lo que sería su proyecto. Este incentiva una dinámica que opera en dos direcciones, intervenir a través de políticas pública para lograr consenso social mientras se coopta la mayor cantidad de actores políticos posibles logrando un panorama favorable en el juego hegemónico y aislando a aquellos que se nieguen a colaborar.

Pensadas desde dicho enfoque, las misiones sociales surgen de cara al proceso refrendario de 2004. Urbaneja (2012) relata las condiciones de posibilidad que prepararon el terreno para que emergieran de la siguiente manera:

No era cosa de balde las cifras sobre preferencias electorales existentes para el inicio del segundo semestre del año 2003. La regla de la confrontación antes aducida no había estado acompañada de formas visibles de satisfacción de necesidades sociales que pudieran mostrarse […] Con las misiones, se reanudaba la distribución de la renta y se le sometía a un patrón y un criterio, que hasta entonces no se había visto. Ya no se haría en función de la consolidación de la democracia como tal, como en el pleno puntofijismo, sino en función de la consolidación de una mayoría a favor del gobierno […] Pero también atendían las misiones, de manera muy visible con una efectividad inmediata, necesidades sociales muy sentidas […] también de manera simbólica necesidades de reconocimiento de sectores de la población objeto de un largo olvido (p.129).

Así pues, el artículo 72 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada mediante el proceso constituyente de 1999 contempla la figura del referéndum revocatorio donde, habiéndose cumplido la mitad de su mandado, cualquier funcionario electo puede ser sometido a un referendo si se consiguiese recolectar la firma de no menos de veinte por ciento de los electores inscritos en la circunscripción correspondiente a dicha convocatoria.

En tal sentido, si participase un número igual o mayor al veinticinco por ciento de los electores inscritos y entre ellos un número igual o mayor a los electores que eligieron al funcionario en un primer momento votase a favor de la revocatoria, se puede proceder con el mismo cubriendo una falta absoluta como está dispuesto en la carta magna. Es en ese contexto que el Tribunal Supremo de justicia dispuso que según lo establecido en el texto constitucional la mitad del mandato presidencial se cumplía el 19 de agosto del año 2003, aunque el proceso de recolección de firmas llevo casi un año, acarreando a que el referendo se celebrara el 14 de agosto del 2004, arrojando como resultado la victoria del NO con 5.619.954 votos, lo que representaba al 58,9% de los votantes, frente al 40,6% obtenido por el SI^[2] .

Pero, la disputa política había sido una constante desde que Chávez fue electo y solo se arreciaría tras la declaración de intenciones por parte de los principales líderes opositores de llevar a cabo dicho proceso en un país sacudido por el intento de golpe de Estado del 2002 y el paro petrolero que duro hasta enero del 2003. Todo esto permite entrever por que dicho año era tan decisivo políticamente y cuál fue el panorama que empujó a que las misiones sociales se implementaran en ese momento en particular.

La primera misión en llevarse a cabo fue la Misión Robinson en junio del 2003 y sus principales antecedentes se encuentran en los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en el Foro Mundial sobre Educación que se celebró en Dakar para el año 2000, cuyas resoluciones fueron incluidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001- 2007 y motivaron la creación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del plan Educación para Todos en el 2002, cuyo principal objetivo radicaba en reducir la brecha de desigualdades en materia educativa a través de la generación de equidad de oportunidades. La ejecución de este último fue concebida, principalmente, mediante tres líneas de acción: El Plan Nacional de Alfabetización 2003-2005, el Liceo Bolivariano y la Escuela Técnica Robinsoniana.

Ahora bien, no habiendo arrojado los resultados esperados, se dio inicio al Plan Nacional Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez^[3] que pasaría a conocerse como la Misión Robinson, en honor al seudónimo utilizado por quien habría sido el maestro de Simón Bolívar. En un primer momento, dicho programa contaba con 74 asesores cubanos y 50.000 voluntarios junto a equipos de VHS y televisores que permitían llevar a cabo videos clases inspiradas en el sistema Yo sí puedo cubano con la finalidad de eliminar el analfabetismo entre jóvenes y adultos mediante la promoción de la comprensión lectora y así cumplir con las metas planteadas basándose en un sistema de tres etapas: Primero, la familiarización y el desarrollo de habilidades psicomotoras a través del estudio de las vocales, una segunda etapa donde se enseñaba la lectura y la escritura y por último, la consolidación de los conocimiento impartidos.

Sin embargo, habiendo transcurrido un periodo corto de tiempo desde la implantación del programa, el gobierno nacional empezó a considerar que su alcance era insuficiente y en el mes de octubre iniciaron la Misión Robinson II, la cual se proponía reforzar tales conocimientos y garantizar la aprobación de la educación primaria para sus participantes. No obstante, la metodología no variaba con respecto a su primera fase, aunque el periodo de cursada se dividía en dos: Un primer nivel conformado por las asignaturas de matemática, geografía, lenguaje, historia y ciencias naturales que corresponde al cuarto grado en el modelo educativo tradicional y un segundo nivel que abarca hasta el sexto grado, pero agrega informática e inglés, con el agregado de suministrar una beca a todo aquel que quisiera participar.

Posteriormente y con la intención de estructurar el sistema que se venía implementando para solventar una situación histórica de demandas insatisfechas bajo el esquema de emergencia social, se creó la Comisión Presidencial de participación comunitaria para el Plan Extraordinario José Félix Ribas, conocida como la Misión Ribas, cuyo objetivo radica en garantizar la formación en educación secundaria a jóvenes y adultos que se reciben como bachilleres con un perfil de:

Nuevo Republicano y nueva republicana bolivariana, ciudadanos y ciudadanas capaces de valorarse a sí mismos (as) y su comunidad para vivir en democracia de manera participativa, protagónica y corresponsable en el marco del ideario bolivariano, con visión holística y en armonía con el ambiente, para la construcción de una sociedad de convivencia, cooperación, solidaria, de justicia y, por ende, de paz^[4].

Asimismo, el siguiente paso sería la creación del Plan Extraordinario Mariscal António José de Sucre o Misión Sucre en septiembre del mismo año. Inicialmente se llevó a cabo a través de un censo nacional que buscaba determinar el volumen de bachilleres que quedaban fuera del sistema universitario público por falta de cupo, pero en el año 2005 fue relanzado y actualmente cuenta con 26 programas nacionales de formación que abarcan desde abogacía hasta hidrocarburos y artes plásticas^[5].

También en octubre, aunque el decreto presidencial será promulgado apenas para el 2004, es creada la Misión Guaicaipuro adscrita al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales para pasar a manos del nuevo Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en el año 2007, lo que en cierta medida restaría relevancia al programa en sí mismo dado que desde un principio no estaban claros sus objetivos de promover, desarrollar y ejecutar políticas destinadas a saldar la deuda histórica con las comunidades indígenas, lo que en la práctica comprendía desde la restitución de títulos territoriales hasta políticas enmarcadas en el reconocimiento cultural y los derechos humanos de dichas comunidades^[6].

Otro programa que surgió para octubre de dicho año enmarcado en el esquema de las misiones sociales, aunque su naturaleza diste enormemente del resto, fue la creación de las Milicias Bolivarianas a través de la Misión Miranda. En esencia, como establece su objetivo general^[7], se trata de la reestructuración de las reservas de las Fuerzas Armadas Nacionales con miras a ampliar el número de participantes, preparándolos de acuerdo a la visión de sociedad ideal propuesta por el gobierno bolivariano y reentrenando a los ya involucrados, no estando del todo claro si para el momento existía algún tipo de planificación a futuro que conllevara a incluir al programa dentro de las misiones, si se trató de un mecanismo utilizado para expandir el empleo público o si simplemente se aprovechó la oportunidad política para modificar una institución siempre problemática a la hora de aceptar reformas.

También durante este mes se creó el Plan Piar, el cual sería bautizado posteriormente como Misión Piar. Motivados por la situación de despojo y las condiciones paupérrimas de existencia que condenaban a aquellos habitantes de las zonas mineras donde convenios con grandes transnacionales generaban espacios de desgobierno, decidieron incluir a la pequeña minería entre los ejes de desarrollo estratégico del país, produciendo nuevas fuentes de empleo y regularizando una situación que rozaba la ilegalidad.

Para ello, se creó la Fundación Misión Piar encargada principalmente de organizar a los mineros artesanales, pequeños mineros y comunidades indígenas, ofreciéndoles asistencia técnica y talleres de capacitación en diversas áreas relacionadas con la materia. De igual modo, al ser entendida como parte integral del sistema de Misiones Sociales y a través de alianzas estratégicas con distintas instituciones y entes del Estado, facilita el acceso a los demás programas entre estos ciudadanos, quienes mayoritariamente residen en ubicaciones remotas^[8].

Pero, quizás una de las misiones más duraderas y determinantes en lo referente tanto a su alcance como a la incidencia que tuvo sobre la popularidad del gobierno bolivariano fue la Misión Mercal (Mercado de Alimentos). Como afirman González y Lacruz (2008), se trata de una iniciativa cuyo principal antecedente puede ubicarse en el programa iniciado por el presidente Pérez en 1989, cuando creo la Corporación de Abastecimiento y Servicios agrícolas (CASA), la cual sería retomada por Caldera en 1996 a través del Programa de Alimentos Estratégicos (PROAL).

No obstante, el carácter coyuntural inherente a la construcción de la política social durante los mandatos de Hugo Chávez, dada una visión estratégico situacional sobra la planificación de las políticas públicas que le permitió avanzar en su implementación navegando sobre panoramas sociales sumamente conflictivos, contribuyo a debilitar la fortaleza institucional de cada uno de estos programas, haciéndose evidente al observar la forma en que nació dicha misión.

Tras el paro nacional realizado en el año 2002, el gobierno comprendió que debía encontrar alguna forma de garantizar que ningún conflicto político fuese capaz de neutralizar el suministro de alimentos e insumos básicos en el país y para ello, se decretó el Plan excepcional de Desarrollo Económico y Social en marzo del 2003 que tenía como finalidad cumplir dicha misión, mediante la distribución de alimentos que serían comercializados a través de la empresa Mercado de Alimentos C.A. (MERCAL) y pudiendo acudir a los mercados internacionales de ser necesario, .

Para el 2004, PROAL es incorporado a la Misión Mercal y su estructura quedó conformada de la siguiente manera: CASA se encarga de comprar los suministros, Mercal C.A. vende los productos a través de Mercalitos, Bodegas Móviles, Módulos Mercal tipo I y II, Supermercales los Megamercales a cielo abierto, y por último, FUNDAPROAL, cuyo objetivo consiste en dotar de alimentos a poblaciones en riesgo nutricional mediante la implementación del Programa Especial en Áreas Rurales y Comunidades Indígenas, las Casas de Alimentación, el Suplemento Nutricional y Bolsas de Comida y Mercal Protección. Todo ello, bajo la supervisión de un Ministerio de Alimentación creado en 2004, que posteriormente pasaría a denominarse Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

Finalmente, otro de los programas que más impacto tuvo sobre la ciudadanía en general y el cual fue originado también en diciembre del año 2003, es la Misión Barrio Adentro. Como relata Alvarado (2009), la que ella considera como “madre de todas las misiones” (p.98) surge a partir de un plan piloto destinado a promover el desarrollo integral comunitario en base a un acuerdo entre la Alcaldía de Caracas y el gobierno cubano, sustentado por el Convenio Integral Venezuela-Cuba del 16 de abril de 2003, como punto culminante de la relaciones de colaboración que llevaban ambos países desde que en 1999, motivados por el desastre de Vargas^[9], el último enviara brigadas de especialistas en salud que permanecieron en el país pasada la catástrofe, con el objetivo de suplir las necesidades sanitarias generadas por los daños ocasionados, aunque, no obstante, sería elevado a la categoría de misión a finales de año por decreto presidencial.

El programa se articula en torno al concepto de salud integral y en tal sentido, trasciende aquella concepción que percibe a la salud como un problema de asistencia médica en caso de emergencias, acogiendo un enfoque holístico de medicina curativa que se relaciona con todos los factores que afectan la calidad de vida en determinada comunidad, haciendo especial énfasis en la participación comunitaria.

En un principio, estuvo conformado por médicos cubanos distribuidos con la ecuación de un médico por cada 250 familias, pero posteriormente fueron integrándose médicos venezolanos que accedieron a cursar estudios de postgrado en medicina integral comunitaria dirigidos por profesionales cubanos, hasta que se conformó oficialmente como una carrera, quienes mirando hacia un acceso universal de la salud fueron ubicados en comunidades vulnerables, alcanzando las localidades más recónditas del país. Es así como, con posterioridad comenzarán a construirse centros en barrios céntricos y de clase media con la intención de crear un circuito de salud integrado.

Atendiendo a estas consideraciones, la estructura organizativa de dicha misión opera en los siguiente términos: Barrio Adentro I integra consultorios populares, clínicas odontológicas, ópticas, Barrio Adentro deportivo y Misión Milagro, Barrio Adentro II comprende clínicas populares, centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología que apuntan hacia la atención especializada, y para finalizar, Barrio Adentro III se ejecuta a través de los hospitales del pueblo y las salas de rehabilitación integral, haciendo uso de la red hospitalaria nacional.

2. De la Contingencia al Estado de la Misiones

Las misiones sociales, que yo considero estratégicas, deben ser una vía, una nueva forma del Estado social, del nuevo Estado. Venimos de un Estado burgués, un Estado que servía a los intereses de a burguesía, y todavía el Estado que hoy tenemos esta penetrado por intereses contrarios a la revolución. Las misiones sociales deben ser un instrumento para acelerar la transformación del Estados burgués en el Estado social de derecho y de justicia.

Hugo Chávez^[10]

Así culminaba un año ajetreado, lleno de contingencias e inventiva a la hora de afrontarlas, a través de políticas públicas que fuesen suficientemente efectivas para transitar el terremoto ocasionado por la irrupción de una nueva élite dirigente que se proponía sacudir los cimientos de lo que denominaban como IV república, es decir, aquel pacto social conformado a partir de la llegada de la democracia en 1958 mediante un ejercicio de, en los términos expuestos por Sánchez (2006), “desinstitucionalización del antiguo sistema de bienestar social y de creación de nuevas identidades e institucionalidades en la sociedad venezolana” (p. 14). Dando vida a un proyecto de Estado de bienestar que en adelante pasará a articularse en torno a las misiones sociales como centro de operaciones, hasta el punto de crear, en algunos casos, estructuras paralelas al sistema de asistencia social existente para desplazarlo al momento de ejecutar dichas políticas, con la finalidad de “…forjar una economía real centrada en el pueblo, y no un pueblo al servicio de una economía capitalista.” (Serrano, 2015, p. 145).

Ahora bien, como se expuso en un principio, el objetivo de la investigación reside en analizar la evolución de este sistema de protección social, el cual fue confeccionado en un contexto de ruptura populista, junto a su relación con la noción de ciudadanía social durante los mandatos de Hugo Chávez.

En consecuencia, la escogencia de tal periodo no es un hecho trivial puesto que, siendo el chavismo una identidad política articulada en torno a la figura del líder como significante vacío en última instancia, su desaparición física en julio de 2013 implicó numerosos cambios en la estructura de poder que repercutieron sobre la arquitectura institucional del Estado, recrudecidos por una tendencia a la caída en los precios de las commodities que estalló en 2010 y la cual no ha sufrido reversiones significativas hasta la fecha. Debido a ello, en lo que resta del presente capítulo se llevará a cabo una sencilla exposición de las misiones sociales que surgieron a partir del 2004 hasta finales del 2013, tomando en cuenta tanto el escenario político que les sirvió como condición de posibilidad, como a los principales actores intervinientes.

De cara al referéndum revocatorio pautado para el 14 de agosto y en busca de incentivar la mayor participación posible, se implementó la Misión Identidad en abril de 2004, cuya finalidad radica en dotar de documentos de identidad tanto a venezolanos como a extranjeros que se encuentren residiendo en el país de acuerdo con lo que la legislación en materia de extranjería estipula de forma expedita (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2014). Para ello, se operativizaron 140 móviles de cedulación que se trasladaban a lugares estratégicos en orden de garantizar el acceso a los habitantes de todo el territorio nacional, trabajando en coordinación con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Asimismo, durante el mes de julio y en cooperación con el gobierno cubano, se creó la Misión Milagro, cuando los médicos cubanos que ofrecían sus servicios en Venezuela a través de la Misión Barrio Adentro detectaron el enorme déficit que existía en el país en lo que concierne a salud visual, siendo su finalidad garantizar la integración social y productiva de aquellas personas que por problemas de carácter oftalmológico se han visto excluidas (Op. Cit.).

Al iniciarse el programa, los pacientes venezolanos fueron trasladados a la República de Cuba donde 176.000 fueron atendidos (Ibidem), pero posteriormente y habiéndose firmado el Compromiso Sandino en Pinar del Río Cuba el 21 de agosto de 2005, al gobierno venezolano le fue asignada una cifra de 3.000.000 intervenciones a llevarse a cabo en 10 años, de pacientes con problemas visuales provenientes del todo el continente, para lo que se habilitaron hospitales y ambulatorios en todo el territorio nacional, naciendo así la Misión Milagro.

También en el mismo mes, fue creada la Misión Cultura Corazón Adentro tras absorber al Sistema Nacional de Culturas Populares, con la intención de fomentar una identidad nacional concebida como herramienta de disputa contra el neocolonialismo. Todo ello, pensando la cultura como “una manifestación social humana que transforma la realidad, promueve valores que erradican el individualismo y abre el diálogo, la participación, la crítica y la tolerancia, sin exclusiones, represiones ni castigos” (Ibidem, p. 45)

En busca de cumplir con semejante tarea, se procedió a dictar talleres estructurados en torno a dicho enfoque para distintas comunidades, con la intención de formar líderes comunitarios que pasen a impulsar los programas ofrecidos por la misión. Aunado a ello, se licenciaron educadores con mención en desarrollo cultural e indígena, se creó la cátedra permanente descolonización y cultura Comunal y se conformaron unidades artísticas en todo el territorio nacional.

En enero del 2006, fue creada la Misión Negra Hipólita con miras a promover la inclusión social de personas que se encuentren en situación de calle a través de su capacitación y de la promoción de proyectos productivos, atacando lo que se considera como factores de riesgo mediante el estudio de cada uno de los ciudadanos que se encuentran en tales circunstancias a través de terapias de grupo, quienes son cooptados por brigadas de captación integradas por profesionales de la salud con el apoyo logístico de la Guardia Nacional.

Durante el mismo mes, fue implementada la Misión Árbol. Esta iniciativa tiene por objetivo promover la reforestación de los bosques en todo el país a través de la organización comunitaria, generando conciencia ambiental entre la ciudadanía en el proceso, mediante la creación de comités conservacionistas que recolectan semillas y siembran plantas fundando viveros y paisajismos comunitarios.

Finalizando el año, específicamente durante el mes de noviembre, comenzó a ejecutarse la Misión Sonrisa con la finalidad de ofrecer atención odontológica a personas de escasos recursos, para lo que se llevó a cabo la apertura de una tecnicatura superior en mecánica dental a dictarse en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA). Los servicios ofrendados abarcan desde cirugía bucal y preprotésica, colocación de prótesis dental, endodoncia, reconstrucción de dientes y pilares de prótesis dentales, hasta la realización de estudios con rayos X.

Así las cosas, para cerrar un ciclo tan activo en lo que a Misiones Sociales se refiere, es necesario realizar un par de señalamientos que contribuyan a comprender al periodo en cuestión. En principio, como se señaló en reiteradas ocasiones, el referendo fue un punto clave para la delimitación del accionar del gobierno, quienes concebían a una posible derrota como el fin del proyecto país que Hugo Chávez venia articulando desde que inició su mandato dados los altos niveles de polarización, pero, además, es importante traer a colación como la recuperación de los precios de las commodities fue un elemento central para la política exterior chavista, hasta el punto de insistir en reunirse con países islámicos sabiendo lo que ello implicaba cuando los atentados del 11 de septiembre gobernaban la agenda en Estados Unidos, uno de sus principales compradores, y por último, como el viraje hacia un discurso acerca del Socialismo del Siglo XXI incentivó la creación de las Misiones Sociales concebidas ahora no solo como políticas sociales de gran importancia, sino como el corazón del nuevo Estado Comunal.

Ahora bien, para noviembre de 2007 se funda la Misión Música. Dicho programa busca incentivar el aprendizaje de música entre niños y adolescentes de sectores populares a través de su integración en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles y Coros Infantiles en colaboración con los Consejos Comunales, quienes estan encargados de crear centros de acción social donde se distribuyen instrumentos musicales de forma gratuita.

Luego, en marzo del 2008, se decreta el inicio de la Misión José Gregorio Hernández enfocada en aquellos ciudadanos que sufren de algún tipo de discapacidad. Al respecto, se realizaron en un primer momento estudios que buscaban determinar cuáles eran sus principales causas genéticas o hereditarias y durante la segunda fase, se crearon diversos programas con la intención de que dichos ciudadanos fueran atendidos tanto por especialistas venezolanos, como cubanos, médicos integrales comunitarios y activistas comunitarios pertenecientes al Frente Francisco de Miranda.

Aunado a esto, desde inicios del 2009 el mundo se vio sacudido por una seria de acontecimientos que, tomando en cuenta el enfoque situacional implementado por el gobierno de Hugo Chávez donde la coyuntura internacional se yuxtapone sobre el panorama político nacional para poder intervenir de forma efectiva considerando a la noción de ciudadanía social hegemónica para el momento, mientras que se la intenta rearticular de acuerdo con dicho contexto, necesariamente incidían, no solo sobre la implementación de tal política, sino sobre el entramado institucional particular que le servía de condición de posibilidad, tanto en el plano nacional como internacional.

El 20 de enero es juramentado Barack Obama, quien siendo el primer presidente de color en Norteamérica había prometido retirar a las tropas de Irak y parecía representar un viraje en el histórico rol que de potencia expansionista había jugado Estados Unidos frente al resto del continente, recibiendo el apoyo de numerosas organizaciones e intelectuales progresistas. Sin embargo, con el golpe de Estado condenado por la Organización de Estados Americanos que el 28 de junio provocaría el arresto y destierro de Manuel Zelaya, aliado de Chávez y del nuevo progresismo latinoamericano, quedaría en evidencia que un quiebre radical en la política exterior norteamericana era poco probable.

Continuando en el plano latinoamericano, Evo Morales se vio ratificado tras la aprobación de una nueva carta magna el 25 de enero y en Venezuela, para el 15 de febrero fue aprobado a través de un referendo la enmienda constitucional que permitía extender el mandato presidencial, representado una bocanada de aire fresco para el gobierno nacional, quienes habían perdido el proceso refrendario mediante el cual se promovía una nueva constitución que proponía, entre otras medidas, modificar dicho período. Ello significaba la posibilidad de llevar a cabo políticas más ambiciosas, mientras exigía al gobierno intervenir sobre una serie de asuntos que habían quedado replegados por las coyunturas electorales, resultando en la reformulación de la Misiones Sociales como Grandes Misiones Sociales, lo que en un primer momento no modificaba la plataforma constitutiva de las mismas, pero hacia un llamado a la ampliación de su alcance tanto temática como cuantitativamente y a otorgar mayor relevancia en lo que implementación se refiere a las comunidades organizadas en torno al poder popular.

Mientras tanto, en el mes de agosto se creaba la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor^[11]. Como lo establece su portal web oficial, la misión tiene por objetivo la transformación integral del hábitat de los barrios populares en todo el territorio nacional, buscando garantizar desde vías de comunicación y asfaltado, acceso a servicios públicos básicos como agua, gas y electricidad y la creación de espacios de recreación y esparcimiento, hasta la eliminación de las condiciones de hacinamiento en las que tales comunidades se encuentran.

Para ello, se conformaron los corredores populares como espacios integración comunal destinados a ejercer el poder popular, los cuales, no obstante, son creados de acuerdo con estudios estadísticos previos realizados por el gobierno nacional, quienes distribuyen los recursos a utilizarse en la intervención basados en los indicadores de pobreza y pobreza extrema registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En enero de 2010, se instituyó la Gran Misión Agro Venezuela que, según el portal electrónico de la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)^[12], consiste en un programa a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras destinado a proveer de asistencia técnica, capital físico predial, financiamiento, créditos e insumos productivos a pequeños, medianos y grandes productores de los rubros vegetal, pecuario y de pesca y agricultura, con el fin de fortalecer la producción nacional de alimentos.

Además, a partir de la ola de las Grandes Misiones se originó la Gran Misión Vivienda Venezuela en abril del 2011, que ha sido uno de los estandartes del gobierno nacional en los últimos años. Dicho programa, tiene por objetivo garantizar una vivienda digna a todas las familias venezolanas que se encuentren imposibilitadas para adquirirla donde puedan satisfacer sus necesidades básicas y su arquitectura institucional resulta de la fusión de dos programas previos, la Misión Villanueva y la Misión Hábitat.

Para lograr las metas planteadas, opera a través de 5 vértices: Realizar un censo que permita determinar el número de familias que no poseen una vivienda o se encuentran en situación de riesgo, elaborar un registro de todos los terrenos disponibles para construir viviendas que se encuentren en manos del Estado, registrar las empresas constructoras tomando en consideración a las compañías comunales, y realizar un inventario de los materiales de construcción. Culminadas las distintas fases, el Estado procederá a construir el número de viviendas requerido por los estudios previos.

Finalizando un ajetreado año, para el mes de diciembre se habilitaron 360 puntos de registro en las localidades de Caracas, Miranda y Vargas, para iniciar la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela^[13]. En el portal electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se presenta a este programa como una iniciativa cuyo principal público se encuentra en los adultos mayores que no lograron cotizar al Instituto Venezolano del Seguro Social por diversas razones, como la inestabilidad laboral o el empleo en negro.

En tal sentido, busca garantizar la inclusión social de dicho sector poblacional otorgándoles una pensión no contributiva y otros beneficios vinculados al estatus de pensionado como el acceso al sistema financiero, el turismo social y programas especiales de salud. Para ello, se realizó previamente una campaña de registro de mujeres mayores de cincuenta y cinco años y hombres mayores de sesenta, venezolanos o extranjeros, que contaran con residencia legal durante un periodo superior a los diez años.

La siguiente Gran Misión sería creada en el año 2012, específicamente en el mes de enero, en un contexto donde la caída de los precios en los commodities producida principalmente por el debilitamiento de la OPEP derivado de la implementación de métodos de fracking en los Estados Unidos, había impactado fuertemente a la economía venezolana, sobre todo en lo que a desempleo se refiere. Conscientes de dicha situación e intentando controlar las consecuencias políticas que una retracción económica podía generar luego de un periodo prolongado durante el cual los precios de las materias primas no habían parado de elevarse, el gobierno nacional impulso la Gran Misión Saber y Trabajo.

Según el portal electrónico de la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Comunidad de Estrados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)^[14], se trata de un programa articulado de tal modo que en principio se realice un sondeo sobre necesidades y ofertas de empleo a través de la distribución de puntos de registro en todo el territorio nacional, para posteriormente crear un marco jurídico e institucional que apunte a la creación de un sistema productivo no rentista basado en el diagnostico anterior y formar a los desempleados absolutos bajo una lógica avocada hacia la producción.

Ahora bien, el 12 de diciembre fallece Hugo Chávez luego de un breve periodo de lucha contra el cáncer y para el 19 de abril del 2013 el nuevo presidente de Venezuela pasará a ser Nicolas Maduro Moros, luego de recibir el apoyo de Chávez quien se había pronunciado afirmando que en el caso de su muerte lo consideraba el candidato más apto para ser presidente. Antiguo militante de la Liga Socialista, Maduro había acompañado a Chávez desde los inicios del MVR, ocupando cargos relevantes en representación de su partido como presidente de la asamblea nacional y canciller de la república.

Tras culminar este relato con el último periodo presidencial de Hugo Chávez, es posible cerrar el periodo de análisis considerando, no obstante, que hubo cierta continuidad a través de Nicolas Maduro y en tanto los actores sociales intervinientes y los programas en curso no sufrieron drásticas modificaciones en el momento inmediatamente posterior a su fallecimiento, se consideró pertinente analizar el año 2013 por completo para poder realizar una clausura metodológicamente coherente. No obstante, se decidió evitar extender más el estudio, debido a que la caída en los precios del petroleó y el reacomodo de los actores dificulta construir un relato medianamente lineal, haciendo necesaria una investigación adicional que se dedique a comprender el contexto actual.

En junio del año en cuestión, fue creada la Misión Jóvenes de la Patria para contribuir a la inclusión de los jóvenes con un enfoque integral, el cual abarca a todos los aspectos que articulan su vida social, alimentando su potencial creativo, educativo, cultural, científico y productivo (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2014). A través de este programa, se formaron líderes comunitarios estudiantes de educación media, se creó la tarjeta Somos para integrar a la juventud al sistema bancario, se integró a la juventud en el Sistema Nacional de Festivales a través de sus centros educativos, fue instalado el Centro de Estudios Antonio José de Sucre que coordina a 15 grupos de investigación abocados a la temática de la juventud, se formuló el Plan Turismo Juvenil, fue instaurado el Festival Arte Joven, y se crearon diversos campeonatos relacionados con distintas disciplinas deportivas.

En el mes de julio, fue instituida la Gran Misión A Toda Vida Venezuela con el objetivo de reducir la delincuencia, las faltas, los accidentes viales, los desastres y las emergencias, a través de la intervención sobre aquellas situaciones que las tornen posibles, atacando sus causas estructurales con políticas de prevención pensadas sobre un enfoque que incentive la movilización popular y no menoscabe los derechos humanos (Ibidem).

Para llevar a cabo dicho objetivo, se articuló un plan sustentado en 8 vértices: En primer lugar, se encuentra la organización popular mediante la implementación de procesos participativos que coadyuven a detectar y prevenir factores de riesgo, para luego reestructurar la arquitectura institucional de los órganos de prevención del delito en orden de incrementar su eficiencia, crear legislación y procedimientos que permitan construir un sistema nacional de justicia efectivo, reestructurar el sistema penitenciario de modo que garantice los derechos humanos de los privados de libertad, crear un sistema integral de atención a las víctimas de violencia, organizar un sistema nacional de investigaciones penales, reforzar la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, y por último, fortalecer los mecanismos de control sobre el sistema financiero.

Asimismo, en el mes de agosto nace la Gran Misión Eficiencia O Nada, dando respuesta a un sentimiento generalizado de inconformidad frente al funcionamiento ineficiente de diversas instituciones públicas, en parte resultado de su desfinanciamiento, pero también producto de la natural erosión de las instituciones inherente a los fenómenos de ruptura populista y a una cultura política centrada en la distribución de los recursos petroleros que los considera infinitos, haciendo que su repartición irresponsable y en algunos casos ilegal se vuelva una práctica habitual. En tal sentido, se trata de un programa dirigido a fortalecer la institucionalidad del Estado, siendo conscientes de lo que implica la desaparición de la figura del líder para conservar los logros conquistados.

Como informa el portal electrónico oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela^[15], la finalidad del programa consiste en erradicar el burocratismo y la corrupción, considerados por Nicolas Maduro como los principales vicios de la revolución y se encuentra articulado en torno a dos objetivos centrales: instalar las micromisiones que se encargarán de visitar diversas instituciones y programas del Estado para corregir sus fallas y desplegar un equipo secreto contra la corrupción.

Su función reside, entonces, en establecer un sistema integrado de control que coadyuve a garantizar el funcionamiento óptimo de las instituciones del Estado y luchar contra la corrupción, el burocratismo y el maltrato de los ciudadanos por parte de los funcionarios públicos (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 2014).

Más adelante, se conformó la Misión Eléctrica Venezuela en el mes de septiembre, de cara a un panorama donde diversas problemáticas en el desempeño del servicio eléctrico, cuyo funcionamiento se encuentra en manos del Estado, estaban generando descontento entre la ciudadanía. Según las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (2014), el programa tiene por finalidad la defensa del sistema eléctrico nacional entendido como un tema de seguridad de Estado, articulando para ello al Ministerio de Energía Eléctrica con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las comunidades organizadas a través de sus siete ejes: La defensa del sistema eléctrico, el fortalecimiento del sector, la creación de un modelo socialista de gestión, el paso hacia energías renovables, el desarrollo de soberanía tecnológica, y el uso racional de la energía.

También en dicho mes, fue creada la Misión Negro Primero, que pareciese desplazarse en el juego estratégico situacional para contribuir a consolidar un nuevo acuerdo social entre los principales actores. Consiste en un programa pensado para dar respuesta a las necesidades sociales del personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fortaleciendo, en el proceso, el poder defensivo nacional y garantizando así la soberanía y la independencia (Op. Cit.).

Para lograr esta meta, fueron concebidos cinco puntos de acción: Mejorar la calidad de vida de los soldados a través de medidas previsivas que contribuyan a un tratamiento equilibrado e igualitario, consolidar el equipamiento de armas, la construcción de nuevas instalaciones militares y el mantenimiento de las ya existentes, el desarrollo de proyectos productivos al interior de las Fuerzas Armadas, y el fortalecimiento del sistema educativo.

El último programa que se anunció para este mes fue la Misión Transporte, de nuevo, en relación directa con las principales demandas sociales insatisfechas para el momento. Según el portal electrónico oficial del Ministerio del Poder Popular para el Transporte^[16], sus principales objetivos son revolucionar el transporte público, ofrecer una opción de movilidad incluyente y dignificar al transportista, abarcando las siguientes actividades: Masificación de proveedurías de repuestos, seguridad de usuarios y transportistas, financiamiento para la renovación de los vehículos, construcción de refugios para gandolas, autobuses extraurbanos y motorizados, creación de escuelas de conductores, acondicionamiento de los terminales de pasajeros, asfaltado de las vías, construcción de alternativas viales en las ciudades y la constitución de nuevos sistemas de transporte.

Finalmente, en el mes de diciembre fue conformada la Misión Nevado. Pareciera la más atípica, puesto que responde a una demanda insatisfecha que no se encontraba entre aquellas capaces de hegemonizar la cadena de equivalencias que había constituido al sistema de protección social venezolano, como es la protección de la fauna canina y felina en situación de calle, pero obedecía a los reclamos presentados por diversas organizaciones de proteccionistas que venían realizando trabajos en pro de tales objetivos durante un período prolongado.

Según el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (2014), los colectivos nevados se encargan de desplegar la consciencia sobre el maltrato animal, levantar información sobre la situación en que se encuentran los caninos y felinos para proponer estrategias de intervención y colaborar en la creación de establecimientos de rescate, resguardo, protección, esterilización, vacunación, desparasitación y adopción de perros y gatos.

Expuesta, entonces, la trayectoria que dio origen a las principales misiones que han funcionado durante el período bajo estudio y aunque la investigación no pretenda ser un análisis cuantitativo acerca de lo eficientes que hayan podido ser como políticas públicas, resulta pertinente llevar a cabo un pequeño balance acerca de su impacto para poder entender hasta qué punto su relevancia proviene de la capacidad que puedan tener en términos de titulares de derecho atendidos y cuando el rol central que ocupan deriva más bien de este juego discursivo donde la ciudadanía social es vehiculada para conformar un meta-relato de sociedad deseada, compartido tanto por la élite gobernante como por la identidad política hegemónica.

Si bien puede parecer difícil realizar un análisis cuantitativo consistente basándose exclusivamente en datos de segunda mano, en tanto el Estado venezolano no se caracteriza por mantener una basé estadística pública y actualizada, D’Elia y Quiroz (2010) utilizan las cifras ofrecidas por el Banco Central de Venezuela en su Encuesta de Presupuesto y Gasto Familiar del año 2007, para ilustrar como únicamente el 48,3% de la población afirmaba haberse beneficiado al menos de una sola misión, lo que adquiere una dimensión distinta si se observa por deciles de ingreso donde el 60,7% perteneciente al decil 1 sostienen haber valido sus derechos a través de las misiones, mientras que el 84,9% de aquellas personas que son categorizadas en el decil 10, arguyen que jamás acudieron a ninguno de estos programas.

Con datos un poco más actualizados, España, Morales y Barrios (2016) realizan un estudio acerca de la cobertura que tienen las misiones sociales y su incidencia sobre la pobreza, para determinar cuáles son las necesidades de protección social existentes en el país, donde grafican el número de beneficiaros por programa social^[17]:

Como puede evidenciarse, llevar a cabo un análisis de impacto serio requiere contar con los medios necesarios para obtener datos de primera mano o realizar un análisis exhaustivo de diversas fuentes como organizaciones Estatales nacionales, supranacionales y no gubernamentales, de modo que, no siendo el objetivo de la presente pesquisa, se decidió prescindir de ellos en lo que respecta al estudio de la naturaleza ontológica del fenómeno, enfocando los recursos y esfuerzos en aquellos elementos que resalten por su adecuación para cumplir con los objetivos propuestos.