Contextualización histórica

1. El nacimiento de la democracia: Crónica de un pacto fallido

Privaba la mentalidad, tan corriente y tan repetidamente criticada, pero tan difícil de corregir, de tomar los deseos por realidad. Por ejemplo, después del golpe del 2 de diciembre, que coloca a Pérez Jiménez como dictador absoluto, el primer análisis del BP del CC del PCV declara que el gobierno se ha debilitado y la oposición fortalecido. Al poco tiempo, quedaba claro que esto no correspondía a la vida real, que era una creación mental nuestra […] Como vemos, era una política sectaria que ignoraba la situación, que lo que exigía era un amplio frente de todos contra el enemigo del momento: la dictadura […] A poco la vida nos obligó a dar un bandazo en relación con esa política.

Pedro Ortega Díaz sobre el 23 de enero^[1]

El año 1958 fue decisivo para la historia política venezolana al ser derrocado Marcos Pérez Jiménez (1914-2001), quien había instaurado una dictadura militar cuyos inicios se remontan a 1948, cuando el escritor y líder del partido Acción Democrática (AD) Rómulo Gallegos (1884-1969) fue depuesto por una junta militar cuya tumultuosa historia tendría su punto crítico en el nombramiento de Pérez como presidente provisional transcurrido el año 1952.

Ello fue posible, gracias a la puesta en escena de una conspiración cívico-militar presidida por la Junta Patriótica. Órgano clandestino creado en 1957 con la finalidad de organizar el derrocamiento de Pérez y conformado por los partidos: Acción Democrática, Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), Unión Republicana Democrática (URD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Con el objetivo de garantizar la estabilidad democrática, evitar futuros golpes de Estado y prepararse para las elecciones que se celebrarían en el mes de diciembre, los principales partidos políticos que se habían organizado para remover al dictador AD, COPEI y URD decidieron suscribir un acuerdo político que pasaría a conocerse como el Pacto de Punto Fijo donde, como relata Urbaneja (2012), se comprometían a: “…respetar los resultados electorales, a formar un gobierno de coalición en torno al Presidente que resultara elegido […] y a llevar adelante un programa mínimo común” (p.10).

Pero las grietas en dicho pacto se hacían evidentes desde un principio al quedar excluido el PCV, según afirma el autor (op. cit), por una imposición de Rómulo Betancourt (1908-1981) líder y candidato presidencial de AD quienes para el momento eran el partido más poderoso, basándose en su pertenencia a una red internacional con base en Moscú y dirigida por la Unión Soviética, así como, por considerar que poseían un carácter antidemocrático al abogar por la instauración de la dictadura del proletariado; quedando en discusión hasta qué punto se trataba de una disputa por principios ético-políticos o de una estrategia que le permitía enormes beneficios al momento de hegemonizar el escenario electoral.

Sin embargo, es en el año 1960 que empiezan a agudizarse las diversas contradicciones que dejaban en evidencia la fragilidad de este acuerdo, cuando Rafael Caldera (1916-2009), quien para el momento fungía como presidente de la Cámara de Diputados, exigió a Fidel Castro (1926- 2016) el cese de los fusilamientos mientras que José Herrera Oropeza como presidente de la Comisión Congresual de Política Exterior respaldó a Cuba, generando disturbios y confrontaciones en el Capitolio.

Para agosto del mismo año, detuvieron al presidente del Comité de Defensa de la Revolución Cubana Humberto Cuenca, produciendo una crisis gubernamental cuya cúspide será la retirada de la VII Conferencia de la OEA que se celebraba en Costa Rica del dirigente del partido URD que para el momento ejercía la función de Canciller de la República, Ignacio Luis Arcaya (1912-1990), en señal de protesta contra el presidente Rómulo Betancourt y su postura con respecto a intervenir en los asuntos internos de Cuba.

No obstante, el quiebre definitivo esperará para el mes de octubre cuando, en desacuerdo con la política anti- comunista y sobre todo anti- revolución cubana tomada por Acción Democrática al asumir el gobierno, una fracción del partido decidió desligarse y fundar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria quienes, apenas mes y medio después de haber sido legalizados, dieron a conocer que llevarían a cabo una línea insurreccional asaltando 27 talleres donde se impriman los semanarios de URD y del Partido Comunista. Posteriormente, un grupo de militantes fueron detenidos acusados de poner 20 bombas y para el 17 de octubre URD se retiraba oficialmente del pacto de Punto Fijo, habiendo transcurrido apenas cuatro meses desde el momento en que suscribió su reglamento.

A partir de este momento será ilegalizado el Partido Comunista y en respuesta se unirá al MIR en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, aunque lo hará desde un enfoque de auto defensa en concordancia con la política soviética vigente para aquella época que impulsaba los frentes de masas.

A pesar de la inestabilidad política que generaba un conflicto de esta naturaleza, existía una suerte de fe en la capacidad resolutiva de las instituciones democráticas que había surgido como relato fundante durante las revuelta del 58 y evidencia de ello, en 1963 se celebraron elecciones nuevamente triunfando Raúl Leoni (1905-1972) como candidato de AD quien, sabiendo que el Pacto de Punto Fijo no podía servir para conservar la gobernabilidad al haberse quebrado por la actitud intransigente de su propio partido, decidió convocar un gobierno de coalición conformado por URD, el Frente Nacional Democrático, el movimiento electoral de Uslar Pietri^[2] y Copei, que no satisfechos con apoyar a un gobierno dirigido por AD asumieron una postura que denominaron Autonomía de Acción, la cual consistía básicamente en el apoyo crítico.

En 1969 asume por primera vez la presidencia un candidato opositor, el líder de Copei Rafael Caldera, habiendo triunfado sobre el candidato de AD Gonzalo Barrios (1902-1993) con el 29,13% de los votos frente a sus 28,24%, en un contexto fuertemente multipartidista considerando que el resto de los candidatos: Migue Ángel Burelli Rivas (1922-2003), representante de la coalición electoral que formaban URD, FNP y FDP llamada Frente de la Victoria y Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993), perteneciente al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y apoyado por la fachada legal del Partido Comunista que pasaría a conocerse como Unión Para Avanzar (UPA), obtendrían un 22,22% y 19,34%^[3] respectivamente^[4].

Sin embargo, más allá del debilitamiento electoral de AD, el tablero plural que resultó de dichas elecciones, la reapertura del proceso de pacificación iniciada por Caldera al legalizar los partidos PCV y MIR y la victoria electoral de un candidato que si bien había fundado el pacto de gobierno no pertenecía al partido hegemónico hasta la fecha, eran señales de la consolidación de un modelo democrático bipartidista que se mantendría medianamente estable hasta finales del siglo XX.

2. Carlos Andrés Pérez y la nacionalización: De sembrar el petróleo^[5] a la enfermedad holandesa

Antes del ascenso de Acción Democrática a las responsabilidades del poder, hubo una doble estimativa para enjuiciar la realidad nacional […] Nosotros reflejábamos la opinión de los más al sostener en la tribuna pública, el periódico y el parlamento una tesis diametralmente opuesta a esa coloreada de rosáceos arreboles. Ocupaba el comercio exterior un volumen imponente en la vida económica del país porque Venezuela estaba colgando de un solo hilo: el petróleo. Importábamos tanto porque casi no producíamos sino aceite mineral, producto “que ni se come ni se bebe”, como apuntara a su raudo paso por Caracas un escritor globe-trotter, Jonh Gunther.

Rómulo Betancourt^[6]

Transcurrido el periodo presidencial se celebraron elecciones en 1973 y estabilizado el sistema de partidos recobró fuerza nuevamente el pacto de gobierno que se había vuelto bipartidista luego de su brevísimo pasaje como amplio acuerdo de gobernabilidad. Así las cosas, quedaba demostrada la hegemonía de Acción Democrática y Copei al triunfar el candidato del primero Carlos Andrés Pérez (1922-2010) con 48,77% de los votos, frente Lorenzo Fernández (1918-1982) que obtuvo un 36,74% para Copei, en contraste con el 5,09% de Jesús Ángel Paz Galarraga del MEP y con José Vicente Rangel, que había sido candidato del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) consiguiendo apenas el 4,21%^[7].

Un dato particularmente importante con respecto a dicha contienda radica en que fueron las primeras elecciones en las cuales se implementaron estrategias modernas de marketing político, sustentadas inclusive por asesores extranjeros. La evolución experimentada por Carlos Andrés Pérez fue determinante a tal efecto, quien había fungido como Ministro del Interior durante la presidencia de Rómulo Betancourt, tratándose, además, de un periodo marcado por el conflicto armado, solía identificarse como un personaje gris asociado a la represión desmedida que caracterizo a esa época y repentinamente fue transformado en un candidato juvenil y moderno, dejando atrás los trajes oscuros que le otorgaban un perfil sobrio y conservador por sacos de cuadros y patillas pronunciadas.

Sin embargo, lo que representó un verdadero cambio de época durante la gestión de Pérez fueron las nacionalizaciones del hierro y el petróleo. El 22 de marzo de 1974 se estableció la Comisión Presidencial para la Reversión Petrolera y a partir del 31 de diciembre se declararon extintas las concesiones del hierro, dando paso a un proceso de estatización llevado a cabo mediante convenios de indemnización acordados con los antiguos propietarios.

En lo que al petróleo respecta, habría que esperar al 11 de marzo de 1975 cuando fue presentado al parlamento el proyecto de Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, promulgada el 29 de agosto a través de un acto solemne. Pero su artículo 5 demostraba la fragilidad de dicho proceso, en tanto autorizaba al Estado para celebrar convenios con entes privados por una duración previamente especificada y conservando la participación mayoritaria al mismo en caso de que la industria lo requiriera, dados los comportamientos del mercado internacional en lo que a hidrocarburos respecta. Por tales motivos, Aguiar afirma que (2019):

Se habla, entonces, de una “nacionalización chucuta” y en el importante debate se cruzan visiones tanto de Betancourt como Caldera, el primero para recordar que no estaba planteada en 15 Las cifras electorales son registradas en Urbaneja (2012). 16dicho artículo la figura hipotética de empresas mixtas hacia el futuro sino una salvaguardia prudente como las previstas en la constitución de 1961 […] Caldera afirma a su vez que “quienes hemos luchado con las transnacionales, sabemos que una rendija que se les abra es manejada para transformarla en una puerta abierta. (pp. 203-204)

Pero esta nacionalización debe contextualizarse en un proceso de alza de los precios del petróleo motivado por la conflictividad en Medio Oriente, cuyo momento decisivo fue la Guerra del Yom Kippur^[8] que impulsó a los países miembros de la OPEP a un agresivo aumento de los precios del barril, que en el caso venezolano se habían sostenido alrededor de los 2 dólares desde la década de 1950, manteniéndose en 1,85 hasta el año 1970 y al empezar este violento ascenso, alcanzaron los 10,99 dólares por barril para el año 1975^[9].

Si embargo, es innegable la forma como contribuyó a reconfigurar el modo en que operaba la economía política hasta ese momento, atenuando algunos elementos y acrecentando los efectos del resto. En principio, como afirma Urbaneja (2013), sirvió para incrementar la discrecionalidad del Estado y sobre todo del ejecutivo, que ahora contaba con un significativo tangente de recursos que no estaban destinados a priori para alguna actividad en particular y por ende, podían ser manejados con mayor libertad, lo que a su vez provocó un tipo de activismo estatal donde quien maneja los recursos públicos en representación del Estado hace uso de métodos clientelistas para convencer a la ciudadanía de apoyarlo electoralmente; consolidándose como la forma de hacer política que ha perdurado hasta la fecha.

Otro fenómeno que coadyuvo a definir la manera en que operaría el sistema político en adelante fue la forma en que, consolidado el régimen democrático, las preocupaciones por establecer bases morales o filosóficas que le dieran sustento fueron paulatinamente perdiendo relevancia para los partidos políticos hegemónicos, dando paso a una tendencia que comenzaba a expandirse por gran parte de occidente como eran los partidos de tipo catch all, es decir, aquellos que intentan atrapar votantes de diversas tendencias ideológicas con la intención de sostenerse electoralmente.

Para terminar, por primera vez en la historia democrática del país un presidente conformó su tren ministerial con funcionarios ajenos al partido, pertenecientes a la empresa privada o a la academia. Todos estos elementos sirvieron para fortalecer la figura del presidentelíder como eje articulador del aparato estatal y canal a través del cual se gestionan todas las operaciones de economía política.

2.1. Una socialdemocracia caribeña: política social, mercantilización y distribución de la renta

Esping-Andersen (2000) elaboro una tipología de lo que considera Regímenes de Bienestar extremadamente útil para comprender la particular forma en que la política social fue concebida en este primer periodo. Lo ingenioso del análisis propuesto por el autor, radica en no intentar categorizar Estados de Bienestar o políticas sociales concretas, sino abarcar la totalidad del sistema sobre el cual gravitan, utilizando la noción de mercantilización como punto nodal y en tal sentido, dividiéndolos de acuerdo con el sujeto que sostiene mayoritariamente el peso de la distribución del bienestar social, sea el Estado, la familia o el mercado.

Partiendo de tal premisa, el autor divide los diversos regímenes de bienestar en liberales, corporativos y universales. En el primer tipo, la distribución del bienestar social se lleva a cabo mayoritariamente a través del mercado y es común entre países anglosajones liberales donde la tradición socialista o democratacristiana eran débiles; salvando las diferencias que pueden tener aquellos países donde hubo movimientos obreros vigorosos como Australia y Gran Bretaña con los Estados Unidos.

Los socialdemócratas, por su parte, pueden identificarse en tanto el bienestar social es distribuido mayoritariamente por el Estado, quien lleva a cabo dicha tarea con un enfoque universalista, es decir, el simple hecho de pertenecer a una comunidad política en particular te otorga todos los derechos inherentes a la concepción social hegemónica acerca de lo que el bienestar social implica. Los países nórdicos son un claro ejemplo de dicho tipo.

Para cerrar, los regímenes conservadores pueden encontrarse sobre todo en Europa Continental y Japón. Estos sistemas se edificaron sobre las bases del estatismo monárquico, el corporativismo tradicional y la doctrina social de la iglesia católica, contribuyendo a que sus principales características sean el familiarismo y la segmentación social, haciéndose evidente en la prioridad que se le otorga al varón cabeza de familia en lo que a protección social se refiere y el papel central que tiene la familia como dispensadora de cuidados.

Toda esta introducción, obedece a que antes de adentrarnos en la particularidad del fenómeno que fue la política social durante el periodo analizado, es necesario recordar con Urbaneja (2012) que tras la revolución Cubana Venezuela se había transformado en su contra ejemplo, es decir, levantaba la bandera de lo que tener buenas relaciones con Estados Unidos y apegarse a los principios de una economía capitalista y un Estado liberal podría significar para el mejoramiento de las condiciones de vida sin necesidad de revoluciones; con las implicancias geopolíticas que ello acusaba.

Junto al boom de las comodities, esto contribuyó a que el régimen de bienestar venezolano gozará de características que no podían ser encontradas en el resto de Latinoamérica, tomando en cuenta además que el partido que gobernó durante más tiempo, Acción Democrática, formaba parte de la Internacional Socialista y había sido fundado por un excomunista; motivo por el cual durante sus primeros años miraba hacia la socialdemocracia europea como tipo ideal.

En tal sentido, González y Lacruz (2008) afirman que durante el período que arranca en 1958 hasta la década de los 80, el cual denominan como Tradicional, el Estado venezolano intento configurarse como un Estado de Bienestar bajo el imperativo de implementar servicios sociales básicos universales capaces de abarcar a la gran mayoría de la población por una parte, mientras que llevaba a cabo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones acelerado y perdurable que permitiera sostener dicho sistema económicamente e integrar a la sociedad alrededor del empleo productivo.

Uno de los elementos que hacía que esta etapa tradicional fuera tan particular, radicaba en la ausencia de conflictos distributivos. Como es sabido, parte de la complejidad inherente a la gestión de los Estados de Bienestar se debe a que la distribución de los recursos comunes resulta bastante fácil en momentos de apogeo económico, pero con la recesión, la puja tiende a arreciarse y eventualmente los gobernantes terminan tomando partido por aquellos actores sociales que consideren más peligrosos o afines a sus propios intereses.

Durante el período en discusión no existió un conflicto de esa naturaleza debido a los abundantes recursos que ofrecía el auge petrolero, los que además no tenían que ser redistribuidos puesto que para el momento de la nacionalización en lo que a actores nacionales respecta no pertenecían a nadie; tratándose de una etapa clave para la configuración del quehacer político venezolano, que en adelante se centraría en cómo debían repartirse los ingresos petroleros.

Para ilustrar los argumentos antes expuestos, Gonzalez y Lacruz (op.cit.) puntualizan los elementos centrales de la política social tradicional de la siguiente forma:

     • Educación gratuita en todos sus niveles y modalidades.

• Servicios de salud prestados gratuitamente.

• Subsidios a los principales servicios conectados a la vivienda y el transporte (gasolina, agua, electricidad, gas, teléfono, etc).

• Subsidios a gran variedad de productos de consumo masivo (alimentos, sobre todo).

• Establecimiento de un sistema de seguros sociales para proteger a la población trabajadora.

• Subsidios a la construcción de viviendas sociales, tanto en las áreas urbanas como rurales. (p. 24).

De tal modo, durante este breve período la función distributiva del bienestar tendía hacia el Estado, a la vez que se daba inicio tímidamente a lo que parecía ser un proceso de desmercantilización sobre determinados bienes que se consideraban relevantes, con el objetivo de consolidar al naciente régimen democrático. No obstante, con la recesión económica resultante de la caída de los precios del petróleo nuevos retos se avecinarían, dejando en evidencia las debilidades propias del sistema que se intentaba implementar.

3. De los programas de recuperación económica al Gran Viraje o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba

Acción Democrática tiene el descaro de proponer como elemento central de su acción de gobierno un programa de ajustes macroeconómicos para ordenar y equilibrar lo mismo que ellos desequilibraron y desordenaron los años pasados.

Comité Nacional Ampliado de Copei en el año 1989^[10].

Inmediatamente transcurrida la presidencia de Pérez y a pesar de la segunda bonanza petrolera que vivirá el país como producto de la guerra entre Irán e Irak, comenzaron a brotar una serie de problemas que venían gestándose, pero habían sido paleados por la flexibilidad que la nacionalización del crudo otorgaba al gobierno en su accionar, en tanto el atosigamiento provocado por los compromisos adquiridos se camuflaba entre nuevos compromisos pautados a futuro. Fue en un contexto tan poco favorable que Luis Herrera Campins (1925-2007), candidato de Copei, triunfaba en las elecciones de 1978 frente a Piñerúa Ordaz (1924-2001) de AD y José Vicente Rangel del MAS.

Según Urbaneja (2013), es este el momento en que se agotó el capitalismo rentístico venezolano y entre los principales rasgos del puntofijismo que terminaron conspirando en su contra, pueden señalarse los siguientes: El sector político tenía que mantener el control de la fuente rentística para poder distribuirla en orden de conservar la gobernabilidad, así como de otras ramas que generaban ingresos significativos como la siderúrgica, el aluminio y la electricidad, y como consecuencia, las grandes pérdidas generadas por dichas empresas que en su intento por garantizar la estabilidad política contaban con amplios sistemas de subsidios tanto para la población general como para actores específicos, eran absorbidas por la renta petrolera.

Aunado a ello, si bien el proceso de sustitución de importaciones contribuyó a incentivar la expansión del capital privado nacional, se hizo tras el resguardo de un Estado que lo financiaba con la renta petrolera, traduciéndose en que, como afirma el autor (op.cit.):

La sobrevaluación de la moneda, los efectos que sobre los sectores potencialmente más competitivos tenían las políticas destinadas a mantener con vida a los menos eficientes, las políticas laborales, la panoplia de políticas destinadas a satisfacer o apaciguar demandas e inquietudes de sectores diversos, todo ello derivado de las reglas del maximin, hacía que una vez agotadas las posibilidades del crecimiento hacia adentro, se chocara con los límites previsibles. (p. 281)

Ya para inicios de 1978, cuando se celebraron las elecciones que dejaron victorioso a Campins, Aguiar (2009) relata como la Tesorería Nacional anuncio un préstamo de 20.000 millones de yenes provenientes de Japón, 765 millones de bolívares de origen árabe, 18 millones de bolívares ingleses y 1.600 millones de bolívares alemanes, conduciendo a que la deuda pública sumara para finales de año un monto de 49.099 millones de bolívares según cifras oficiales.

Llegando a su punto de no retorno cuando, habiéndose producido una importante fuga de capitales que para el año 1982 se hizo insostenible, en tanto el bolívar se intercambiaba a una tasa totalmente ajena a la realidad macroeconómica del país de 4,30 por dólar, el 18 de febrero de 1983 el gobierno decide dar fin a la libre convertibilidad del bolívar, estableciendo tasas de cambio múltiples y produciendo una devaluación del 30%, motivo por el cual la fecha pasaría a conocerse como viernes negro.

Si bien más adelante ocurrirán episodios similares que condujeron al desarrollo de diversas revueltas, este acontecimiento no produjo consecuencias inmanejables en términos de gobernabilidad, aunque significó el quiebre del principal mecanismo que había contribuido a apaciguar los conflictos sociales, como se evidencia en la intensificación de las luchas sindicales. Además, Urbaneja (2013) señala la relevancia de los efectos simbólicos emanados de dicho acontecimiento, puesto que consiguió dejar al rey desnudo, demostrando que el modo en que se venía organizando el país hasta la fecha no tenía forma de continuar.

Durante el mismo año se celebraron elecciones nuevamente, quedando electo Jaime Lusinchi (1924-2014) por Acción Democrática frente a Rafael Caldera de COPEI, Teodoro Petkoff del MAS y José Vicente Rangel, Candidato del Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Electoral del Pueblo, quien además consiguió conservar la mayoría parlamentaria, lo que parecía demostrar que el gobierno aún goazaba de cierto margen de acción y al pacto de punto fijo como plataforma de consenso social le quedaban un par de años de vida. Sin embargo, la velocidad y agresividad de los sucesos que se desarrollarían con posterioridad a la toma de posesión de Lusinchi demostraron lo engañoso de dicho presupuesto.

Habiendo asumido la presidencia consciente del modo en que la ciudadanía estaba exigiendo que se aplicarán todas las reformas necesarias para estabilizar el vuelo, mientras las élites dirigentes se mostraban preocupadas por el rumbo que tomaba el país, uno de sus primeros actos de gobierno fue instalar una Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) conformada por intelectuales, académicos, dirigentes políticos y miembros de la iglesia, con el objetivo de proponer políticas que permitieran reestructurar al Estado para solventar todos los problemas que se venían acumulando, la cual resultó en una serie de propuestas enfocadas en la descentralización, para lo que se conformaron equipos regionales destinados a buscar posibles formas de aplicación como la elección directa de gobernadores. Sin embargo, a pesar de que su propio gobierno había creado tal comisión, Urbaneja (2012) relata que el mandatario hizo caso omiso a todos los informes presentados, negándose a llevar a cabo ninguna de las políticas presentadas.

De tal modo, el bipartidismo se iba consolidando en la medida en que se fortalecía la dinámica que lo caracterizaba, expresada en la existencia de un partido fuerte de gobierno y un partido de oposición principal, donde las decisiones tendían a concentrarse cada vez más sobre sus autoridades centrales. Pero mientras eso ocurría, el sistema de partidos comenzaba a ser desbordado por innumerables organizaciones ciudadanas que acudían a los organismos de gobierno para presentar sus propias propuestas, no sintiéndose representadas por los partidos hegemónicos.

Así las cosas, la presidencia de Lusinchi cerraba con una agresiva caída en los precios del petróleo, que para el año 1986 había alcanzado los 10 dólares, menos de la mitad de los 28 en que gravitaban finalizado el gobierno de Herrera y si bien algunos indicadores como el de mortalidad infantil o doctores por población se estabilizaron medianamente, los índices de pobreza no paraban de empeorar, produciendo un escenario que tendía inevitablemente al conflicto.

3.1. Interregno: El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez

La deuda no se va a pagar a costa del pueblo y en condiciones que perjudiquen el desarrollo económico y social del país.

Carlos Andrés Pérez Campaña presidencial de 1988^[11].

Carlos Andrés Pérez sale vencedor en las elecciones de 1988 como candidato de su partido Acción Democrática frente a Eduardo Fernández de Copei y acumulando menos del 3% del patrón electoral Teodoro Petkoff, quien se presentó por el MAS y Andrés Velásquez de La Causa R. Al respecto, es importante señalar que dicho triunfo se debió principalmente a la memoria colectiva que conservaba la ciudadanía de su primera presidencia, la cual fue impulsada por el boom de las comodities y la nacionalización del petróleo, que produjeron un auge económico inaudito, el cual fue gestionado a través de una política de sustitución de importaciones que contribuyó al aumento del poder adquisitivo de amplias capas de la sociedad; lo que permite comprender por qué los problemas de siempre generaron en esta ocasión un estallido social impredecible.

Apenas dos semanas después de haber asumido como presidente de la república, Pérez anuncio que se tomarían un conjunto de medidas destinadas a estabilizar la situación macroeconómica del país bajo recomendación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con quien firmaría una carta de intención para su acatamiento pocos días después por cadena de radio y televisión.

Este programa de ajuste que paso a conocerse como el paquete y constaba básicamente de los siguientes elementos: Liberación del mercado de bienes y reorientación de la política de subsidios eliminando los controles de precios y manteniendo los subsidios solo para un conjunto de 25 productos de consumo básico que apenas representaban el 8% de la canasta básica, unificación y liberación del mercado cambiario, eliminación de los controles sobre la tasa de interés y revisión de la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Créditos, eliminación del déficit fiscal mediante la erradicación de las exoneraciones arancelarias, aumento en los precios del combustible, creación de un impuesto general a las ventas no petroleras, ajuste de tarifas paras las empresas del sector público, reprivatización de empresas estatales, y por último, la adquisición de un préstamo proveniente de organismos multilaterales que para el período 1992-1993 debería alcanzar los 6.000 millones de dólares^[12].

Así las cosas, no había transcurrido un mes desde que asumió cuando, el 27 de febrero ocurrióQ un acontecimiento que pasaría a los libros de historia como el caracazo. Rey (2009) describe la secuencia del estallido a continuación:

Aunque, sin duda, hubo grupos minoritarios de la izquierda radical que trataron de aprovechar la ocasión y de fomentar los disturbios. El origen de estos es conocido, pues ha sido reseñado muchas veces, y apenas es necesario recordar sus rasgos principales. Durante las primeras horas de la mañana, en Guarenas -una barriada popular situada a algunos kilómetros de Caracas- las personas que se disponían a trasladarse a la capital para acudir a su trabajo, se encontraron con que el precio del transporte había aumentado, en forma brusca y sorpresiva. Pronto estalló la protesta entre los afectados, muchos de los cuales ni siquiera tenían dinero para cubrir el precio de los nuevos pasajes, aun en el caso de que hubieran estado dispuestos a pagarlo. Su indignación se convirtió pronto en agresiones contra las unidades de transporte y sus conductores. Las noticias se trasmitieron rápidamente a otras zonas populares y a los barrios de Caracas, generalizándose los disturbios. (pp. 9-10)

La protesta desembocó en 5 días de saqueos y disturbios que fueron fuertemente reprimidos con armas de fuego por parte del ejército, quienes habían sido convocados a salir a la calle acatando órdenes del presidente de la república y ocasionando un importante número de fallecidos que aún se encuentra en discusión, pero ya sea que se trate de los centenares reconocidos por el gobierno o los miles que imputan diversas ONGs y organismos internacionales tras investigaciones posteriores donde se encontraron fosas comunes, fue suficientemente impactante para terminar de condenar al Pacto de Punto Fijo como convenio de gobernabilidad y no permitir a Pérez terminar su presidencia en la relativa pasividad que había caracterizado a sus predecesores.

Todo ello, se vio agravado por la decisión de conformar un gabinete ministerial integrado por personas ajenas a su partido, principalmente tecnócratas, economistas y gerentes provenientes del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) que para el momento era un importante think tank de tendencia neoliberal, lo que hizo que fueran bautizados como los IESA boys, haciendo referencia a los pupilos de Milton Friedman. Es importante resaltar que fue un quiebre significativo en la lógica partidista que se venía manejando, cuyas repercusiones afectarían al total de las políticas públicas implementadas durante el período, en tanto se pasó de un estilo direccionado hacia lograr el máximo consenso a otro tecnocrático, donde se consideraba que el acuerdo político y el dialogo con los actores intervinientes eran irrelevantes para su éxito.

Es en dicho contexto, que se produce un levantamiento militar que marcará la historia contemporánea del país. En el año 1983, un conjunto de militares de rango medio, donde destacaba el liderazgo de Hugo Chávez (1954-2013), comienzan a organizarse en torno a lo que pasará a denominarse como el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 -en conmemoración a los 200 años de la gesta independentista-, organización subversiva pensada para derrocar el régimen puntofijista e impulsar un nuevo modelo de organización social que aún estaba por definirse, en tanto si bien tenían contacto por vínculos personales y nada formales de algunos de sus miembros con organizaciones de izquierda como el partido Bandera Roja, los principios ideológicos sobre los cuales se cimentaba carecían de claridad por su propia universalidad. El ejemplo más claro de ello es el árbol de las tres raíces que defendían como principal baluarte, donde se encontraban Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, militar criollo y político del partido liberal que fue uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal, asesinado el 10 de enero de 1860.

El 4 de febrero de 1992, estos militares deciden que ya están dadas las condiciones para llevar a cabo un golpe de Estado. Urbaneja (2012) narra los acontecimientos de la siguiente forma:

A pesar de que los conjurados que tenían a cargo misiones en Maracaibo, Valencia, Maracay, el aeropuerto de La Carlota logran sus importantes objetivos, el objetivo crucial de tomar Miraflores y capturar -es materia de controversia si el magnicidio también se contemplaba- a Carlos Andrés Pérez, no pudo ser alcanzado. El oficial a cargo de esta misión era el teniente coronel Hugo Chávez Frías. El comandante Chávez había establecido su base de operaciones en el Museo Militar de la Planicie y monitoreaba desde allí el curso de las operaciones sobre Miraflores. Fracasada la operación, se rindió, se entregó y fue detenido. (pp. 91-92)

Si bien esta operación fue un fracaso, la breve entrevista que le realizaron a Chávez en el momento de su reclusión, cuya intención radicaba en demostrar un gesto de poder por parte del gobierno dejando claro que todo militar insurrecto sería apresado, genero el efecto contrario, al asumir la responsabilidad sobre los actos y afirmar que los objetivos no habían sido logrados “por ahora”, denostando la intención de continuar por las vías necesarias su contienda por el poder. De esa forma, Hugo Chávez, un militar hasta el momento totalmente desconocido en la vida pública que no había formado parte de ningún partido ni estado presente dentro del tablero político más allá de ser un integrante de las fuerzas armadas, paso a ser un importante dirigente político que estaba en boca de todos los actores sociales con alguna importancia para el momento.

El hecho que más deja en evidencia los efectos simbólicos del intento de golpe de Estado, fue lo ocurrido en la sesión del Congreso celebrada el mismo 4 de febrero, cuando todos los partidos estaban de acuerdo en sancionar el acontecimiento, hasta que Rafael Caldera, quien gozaba de un puesto vitalicio en el congreso por haber sido presidente de la república y era considerado uno de los fundadores de la democracia venezolana, por lo que contaba con un capital social significativo aunque se considerase un personaje de otra generación y por ello no fuese un dirigente político importante dentro del partido que fundó, pidió la palabra para apoyar el golpe de Estado bajo el argumento de que no podían pedirle al pueblo que defendiera la democracia cuando tenía hambre. Dicha intervención lo catapultaría en la palestra política nuevamente, facilitándole la presidencia en las próximas elecciones.

Pero la estocada final del régimen puntofijista ocurrirá con la destitución de Carlos Andrés Pérez, cuando la fiscalía general de la república abrió una investigación por una operación cambiara irregular realizada por la presidencia y vinculada a gastos de seguridad ofrecidos a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema sentenció lo meritorio del juicio y nombro a Octavio Lepage, quien presidia al Congreso, como presidente provisional.

Lo que hace tan significativo a dicho acontecimiento, viene ser que no solo fue la primera vez en la historia del país que un presidente fue revocado de su mandato por órdenes judiciales, sino que esto fuera el resultado de la presión social recibida por los organismos decisores en la materia, más que al hecho de corrupción en sí mismo, lo que en un país como Venezuela no era novedoso ni sorprendente. Stephany (2006), quien realiza un análisis sumamente documentado acerca de los acontecimientos que rodearon al Caracazo, recolecta testimonios inclusive del juez involucrado que dan fe de lo marcada por la opinión pública que estuvo dicha decisión, en parte como un intento de la élite política tradicional por mantener en vigencia al puntofijismo a través de una suerte de proceso purgatorio público.

Sin embargo, como demostraron los sucesos posteriores, el quiebre a esta altura resultaba inevitable. Desde su conformación, el Pacto de Punto Fijo se incrusto en la identidad colectiva venezolana como una necesidad para mantener el régimen democrático siempre acechado por el recuerdo vívido de la dictadura, pero en la medida en que se acrecentaba la crisis de representación y se empeoraban las condiciones materiales de existencia, se dio un viraje claro en la forma en que los ciudadanos ponderaban el valor de mantener dicho sistema frente a un posible retorno de los militares; siendo prueba de ello la popularidad que levantó el intento de golpe de Estado orquestado por Hugo Chávez en un primer momento y su posterior victoria electoral.

3.2. Últimas imágenes del Naufragio: Velásquez, Caldera, y el declive de la IV República

Hemos aprendido a vivir mintiéndole al Estado, y ese aprendizaje tiene razón de ser, si este país viviese de acuerdo a las normas, leyes, disposiciones, reglamentos, permisos, procedimientos, etc., todo se habría paralizado […] La verdadera filosofía del Estado venezolano descansa sobre un axioma preciso y diáfano, esto es: el Estado en Venezuela sirve para impedir una catástrofe. El Estado desconfía absolutamente de los ciudadanos. El Estado venezolano parte de la idea de que somos unos pillos y de que es necesario impedir que seamos tan pillos^[13].

José Ignacio Cabrujas^[14].

Habiendo trascurrido un breve periodo de tiempo, durante el cual Legape ejerció las funciones presidenciales, el 6 de junio de 1993 Ramon J. Velásquez (1916- 2014), político, historiador y jurista venezolano, es encargado con las funciones de servir de mediador ante el panorama conflictivo generado por las crisis y destitución del presidente electo, así como, para preparar las próximas elecciones a celebrarse. Al respecto, es necesario señalar que los partidos hegemónicos AD y COPEI, si bien habían ofrecido a Velásquez la presidencia provisional, no quisieron formar parte del gobierno conscientes de que no les ofrecía un saldo político positivo frente al contexto de crisis de representación que imperaba, empujándolo a conformar un gabinete de personas ajenas a estos y a gobernar mediante una Ley Habilitante aprobada por el congreso que le permitía legislar sobre determinadas áreas, como por ejemplo, ir arando el terreno para un impuesto sobre el consumo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Ese mismo año se celebraron elecciones presidenciales y las candidaturas ya evidenciaban el declive del sistema bipartidista que había sido hegemónico hasta el momento. Acción Democrática lanzo como candidato a Claudio Fermín y COPEI a Oswaldo Álvarez Paz, pero Rafael Caldera, fundador de los últimos, se inscribió en representación de un partido denominado Convergencia, creado alrededor de su candidatura y apoyado por una coalición de partidos de izquierda donde resaltaban el MAS, el Partido Comunista, y el MEP, que pasaría a conocerse como el chiripero^[15], tratándose de un nombre despectivo que ellos mismos reivindicaban en la campaña, mientras que La Causa R presentó a Andrés Velásquez, quien después de haberse estrenado como flamante Gobernador del estado Bolívar tenía posibilidades reales de triunfar a pesar de los deplorables resultados que obtuvo en 1988.

Una de las promesas electorales de Caldera había sido liberar a los militares golpistas y cumplió con ella poco tiempo después de su toma de posesión en 1994, permitiendo la salida, entre otros, de Hugo Chávez, quien culminaba su periodo de retención la semana santa de dicho año con la única condición de abandonar la carrera militar, a lo que accedió.

Sin embargo, estabilizar el país en un contexto económico tan adverso sería un ejercicio más difícil de lo que el mismo Caldera parecía haber calculado. Una crisis bancaria con un costo aproximado del 10% del PIB sacudió al gobierno desde sus inicios, pero la situación se volvió aún más inmanejable para el año 1996, cuando la inflación rondaba en el 100%. Es en ese momento que Caldera decide llevar a cabo un programa de ajuste económico similar al implementado por Pérez, repercutiendo en que algunas de las organizaciones que lo habían acompañado desde el principio retiraran su apoyo, como el Partido Comunista.

Dicho programa, se conocerá como la Agenda Venezuela y Stephany (2006) lo resume de la siguiente forma:

Entre las medidas económicas que serán aplicadas de manera simultánea destacan nuevos precios para la gasolina (de un promedio de Bs. 7 a uno de Bs. 55) […] desmontaje del control de cambio […] aumento del Impuesto al Consumo Suntuario y las Ventas al Mayor […] apertura de la participación del sector privado en la petroquímica, minería e industria vegetal; privatización de industrias del aluminio en la CVG; venta de las acciones de la Cantv, Aeropostal y de los bancos estatizados por la crisis financiera […] Entre las medidas de carácter social, figuran el subsidio al transporte colectivo […] aumento de las remuneraciones del sector laboral del Estado […] duplicación de las pensiones […] duplicación de la beca alimentaria […] impulso del programa para la economía solidaria […] programa de medicinas para que los pacientes solo paguen el 20% de su costo; farmacias populares; aumento de multihogares; y programa <<Empleo Joven>>… (pp. 121-122).

Si bien no resultó en efectos sociales tan negativos como el implementado por Pérez e incluso logro disminuir levemente la inflación, contaba con la estabilidad de los precios del petróleo que en el año 1997 volvieron a descender hasta llegar a los 8 dólares, cerrando la presidencia de caldera con pocos puntos a favor.

3.3. Crónica de una muerte anunciada: Ajuste, austeridad y políticas sociales compensatorias

Las políticas sociales implementadas en el periodo que corrió desde 1989 hasta 1998, son denominadas por González y Lacruz (2008) como focalizadas o compensatorias. Según los autores, dicho apelativo proviene del particular enfoque implementado por los gobiernos en torno a la política social durante la década de los 90, que a diferencia de las aspiraciones universalistas que caracterizaban al modelo tradicional, procuraban focalizarse ahora en los grupos menos favorecidos bajo la tutela de agencias internacionales de cooperación y organismos multilaterales.

Ahora bien, tomando en cuenta que las políticas sociales implementadas durante tal período venían incluidas mayoritariamente en programas de ajuste acordados con el Fondo Monetario Internacional, puede afirmarse que su principal objetivo radicaba en atenuar los efectos negativos del mismo sobre los sectores más vulnerables, con la esperanza de que tras la recuperación económica el mercado sería capaz de sostener la distribución del bienestar social, aproximándose a un régimen liberal de bienestar social.

Sin embargo, lo que los decisores no tomaron en cuenta, fue el efecto que tenía el petróleo sobre la totalidad de la organización social que según Coronil (2013), al ser el principal ingreso de divisas que tiene el país y encontrándose en manos del Estado, provocaba que toda la dinámica política, incluso entre los partidos y organizaciones de izquierda, girara en torno a la forma como se distribuían los ingresos provenientes del crudo e inclusive conducía a que la vida económica del país dependiera exclusivamente de la situación de los precios del petróleo en el mercado internacional; incidiendo sobre la efectividad de las políticas sociales implementadas.

Siguiendo a González y Lacruz (2008), es posible caracterizar someramente dicho período utilizando los siguientes ítems: De un concepto estructural de la política social con aspiraciones universalistas y de permanencia se pasó a uno compensatorio que buscaba únicamente subsanar los efectos negativos de la crisis sobre los grupos más vulnerables implementando la focalización como principal herramienta, se incentivó la participación de grupos comunitarios y ONGs en la implementación de las políticas, se intentó descentralizar la gestión de los servicios sociales con el objetivo de acercar a los decisores hacia los problemas que debían resolver, y por último, el carácter de las políticas implementadas era transitorio, los programas buscaban resolver problemas concretos en un periodo de tiempo determinado, esencialmente problemas relacionados con las necesidades básicas de los grupos vulnerables.

4. Hugo Chávez, del mito al estadista: Rentismo, pragmatismo y política social

Mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, me estremeció la inspiración de que había viajado y conversado a gusto con dos hombres opuestos. Uno a quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país. Y el otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia como un déspota más.

Gabriel García Márquez^[16].

En 1998 se celebraron unas elecciones adelantadas motivadas por la destitución de Pérez, quedando victorioso Hugo Chávez con el 57%^[17] de los votos, quien se presentó como candidato de un partido creado como el ropaje legal de la organización militar clandestina que había dirigido, el Movimiento Quinta República (MVR) y apoyado por una coalición autodenominada Polo Patriótico, conformada esencialmente por pequeñas organizaciones de izquierda que habían estado relegadas dentro del tablero político venezolano como el Partido Comunista, el MEP, el Partido Patria Para Todos (PPT), la Liga Socialista y el Partido Revolucionario Venezolano, así como de personalidades vinculadas a la política o el periodismo que por mantener una posición de izquierda ocupaban puestos secundarios, como José Vicente Rangel y Luis Miquelena (1919-2016).

Chávez se presentaba en la figura de un outsider que venía a derribar a la élite política tradicional para establecer lo que consideraba la V República, levantando la bandera de una asamblea constituyente que pasaba a ser su relato fundante y en tal sentido, el significante vacío por excelencia durante este primer periodo.

En un principio, los partidos hasta el momento hegemónicos Acción Democrática y COPEI habían propuesto candidaturas separadas, el primero a Luis Alfaro Ucero (1922-2013), militante de la vieja guardia del partido cuya intención radicaba en procurar su unión en un contexto donde la crisis de representación estaba ocasionando fracciones y debilitando fuertemente su respaldo popular, mientras que COPEI endorso a Irene Sáez, antigua reina de belleza que había incursionado en la política como Alcaldesa del Municipio Chacao en 1992 y se presentaba en nombre del partido IRENE (Integración y Renovación Nueva Esperanza) constituido alrededor de su figura. Pero lo que intentaba ser una estrategia para legitimarla terminó generando el efecto contrario, en tanto la mayoría de los votantes que la apoyaban lo hacían en tanto era concebida como un actor ajeno a la élite política tradicional y no aceptaban que fuera candidata de uno de los partidos a los que se acusaba de ocasionar la crisis.

Al mismo tiempo, otro personaje que se había dado a conocer en la política local por el rol que desempeñó en la gobernación del estado Carabobo, Henrique Salas Römer, comenzaba a ganar popularidad al presentarse como candidato de una extensión nacional del partido con el cual gobernaba, Proyecto Venezuela. Sin embargo, en la medida en que se acercaban las elecciones AD y COPEI decidieron alinearse a la candidatura de Salas puesto que parecía ser la más sólida, conformando una gran alianza denominada Polo Democrático, lo que solo fortaleció el discurso de Chávez, quien se mostraba como un líder popular dispuesto a enfrentarse a toda la élite política tradicional.

Para el momento de su toma de posesión, Chávez se juramentó sobre lo que llamó la moribunda constitución, trayendo a colación nuevamente el relato fundante de una nueva república y el 25 de abril de 1999 celebró un referéndum para convocar la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, triunfando los votos a favor con un 87,9% pero registrando una abstención del 62,2%^[18].

Constituida la Asamblea Nacional Constituyente, pasaron a conformarse las comisiones y apenas en 3 meses ya se había concluido el nuevo proyecto constitucional que fue refrendado el 15 de noviembre del año 2000 y aprobado por el 72%^[19] de los votantes, presentando un 56% de abstención. Esta nueva constitución requería que fueran legitimados quienes habían sido electos a los efectos del viejo orden, triunfando nuevamente Chávez frente a Francisco Arias Cárdenas, candidato que lo había acompañado en el golpe del 4 de febrero para posteriormente distanciarse políticamente, pero en esta ocasión, la coalición que lo apoyaba consiguió 16 gobernaciones frente a las 7 de la oposición.

Para el año 2000, los conflictos con los grupos de poder tradicionales comienzan a recrudecerse cuando, a través de dos Leyes Habilitantes aprobadas por el congreso, el presidente decretó un conjunto de 49 leyes que abarcaban un amplio espectro de asuntos, donde destacaba aquella pensada para fortalecer el control estatal sobre la petrolera PDVESA. Así las cosas, el 10 de diciembre de 2001 el presidente del más importante gremio empresarial, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), convocó a una huelga general adhiriendo a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), principal asociación gremial que desde sus inicios había tenido una relación conflictiva con Chávez al contar en su seno con un amplio sector de militantes del partido Acción Democrática.

De tal modo, que culminado el paro con lo que consideraban sus organizadores un saldo positivo y habiendo medido la fuerza que tenía la tecnocracia petrolera atrincherada en PDVSA para debilitar al gobierno, el panorama no hacía más que complejizarse y el 11 de abril del 2002 los mismos actores convocaron una enorme marcha con destino al palacio de gobierno cuyos objetivos no estaban demasiado claros, pero gravitaban sobre la exigencia de que Chávez debía abandonar inmediatamente la presidencia.

En medio de la movilización se produjeron enfrentamientos que dejaron perdidas en ambos bandos contabilizando un saldo de 19 muertos y los altos mandos militares retiraron su apoyo al gobierno en un breve pronunciamiento por cadena nacional de radio y televisión, donde el general en jefe Lucas Rincón afirmó que tras solicitar la renuncia del presidente este había aceptado.

Mientras tanto, Chávez era retenido en la base naval de Turiamo y sus adeptos comenzaron a movilizarse hacia el palacio de Miraflores exigiendo que regresara, cuando Pedro Carmona Estanga dicto un decreto de asunción de gobierno contrario a lo establecido en la nueva constitución y disolvió el congreso, debilitando al frágil gobierno que apenas se conformaba y produciendo una imagen reaccionaria que terminaría contribuyendo a que el 13 de abril, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Chávez fuera liberado y asumiera la presidencia nuevamente.

No obstante, a pesar del fracaso que significó dicho episodio para la oposición, decidieron convocar a un paro petrolero en diciembre del 2002 que solo perduraría hasta enero del 2003, en tanto se debilitó por los mismos efectos generados en el conjunto de la población al paralizar el motor de la economía del país, dejando a la oposición en una posición incluso menos favorable a la inmediatamente posterior al golpe fallido y arreciando la confrontación política; lo que contribuía a fortalecer al chavismo dada su naturaleza puesto que, habiendo surgido de un momento populista, categoría sobre la cual se profundizará más adelante, al dicotomizarse el tablero político las distintas cadenas de articulación se iban alineando y una identidad política que había resaltado por su ambigüedad comenzaba a definir algunos contornos mínimos.

Otro elemento decisivo durante dicho período fueron las distintas alineaciones que se dieron entre actores sociales y partidos políticos a favor o en contra de Chávez, que lo empujaron a dar un viraje hacia la izquierda cuando uno de los principales representantes del chavismo al interior del congreso, Luis Miquelena, quien había mantenido una postura de centroizquierda bastante moderada, decidió respaldar el golpe de Estado mientras que las organizaciones que estaban más influenciadas por el marxismo-leninismo y el guevarismo no retiraron su apoyo al gobierno.

Ello explica en parte el vuelco que dará en el 2005 de un discurso nacionalista que hablaba sobre el árbol de las tres raíces hacia el socialismo del siglo XXI; categoría acuñada por primera vez en el Foro Social Mundial de Porto Alegre durante su intervención del 31 de enero de 2005.

Ahora bien, la nueva constitución en su artículo 72 contemplaba la posibilidad de llevar a cabo un referéndum revocatorio, figura a través de la cual cualquier representante electo podía ser refrendado al haber transcurrido la mitad de su mandato si se conseguía el número suficiente de firmas. Fue habiéndose alcanzado ese plazo para el año 2003 y de cara a las elecciones, que Chávez desplegó la plataforma de las Misiones Sociales en el mes de diciembre con la Misión Mercal; destinada a garantizar el abastecimiento estable de alimentos a precios accesibles, lo que sería en adelante el formato de política social por excelencia del chavismo.

Llegado el día de la contienda, el NO a la revocatoria triunfó con un 58,9% de los votos frente al 40,6% del SI y una abstención del 30,6%^[20], pero en este punto es necesario realizar un primer corte para conservar la coherencia del análisis. A continuación, se puntualizarán aquellos elementos considerados de mayor relevancia en lo que a política social se refiere para este período en particular y posteriormente se expondrán las categorías conceptuales que permitirán estudiar a profundidad el fenómeno que motivó la elaboración de la presente investigación.

4.1. De la contingencia permanente al Estado Comunal^[21]

Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado…

Fidel Castro^[22].

Antes de continuar, es necesario señalar que, como resultado de una política activa de colaboración y liderazgo frente a la OPEP, luego de un largo período donde los precios del petróleo no paraban de caer, a partir de 1999 comenzaría un ciclo ascendente que se mantuvo hasta el año 2006. La relevancia de dicha afirmación radica en que, como se expondrá más adelante, fue la disposición de dichos recursos con la libertad que permitían los mecanismos institucionales que había generado el gobierno para cumplir tal función, lo que permitió que se comenzara a conformar una suerte de Estado de Bienestar.

La nueva constitución ya permitía entrever cual era la concepción que durante este primer periodo se planteaba el gobierno de Chávez acerca de lo que la política social debía ser. González y Lacruz (2008) subrayan entre los elementos de mayor relevancia en lo que a dicha temática respecta, a las indicaciones que contiene sobre lo que es el Estado, su relación con la sociedad y lo que la ciudadanía implica:

El Estado venezolano es declarado por primera vez como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, estableciendo un reconocimiento más amplio de los derechos que la constitución predecesora de 1961 y un nuevo modelo político denominado democrático participativo y protagónico, dentro de lo cual debe construirse la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el Estado. Así la participación pasa a tener un reconocimiento con rango constitucional dentro del nuevo modelo político […] La sociedad civil es reconocida constitucionalmente bajo diferentes formas: comunidad organizada, sectores de la sociedad u organizaciones no gubernamentales (p. 71).

Otro elemento que los autores consideran como estructural para la primera política social chavista son las microfinanzas, las cuales eran gestionadas a través de diversos fondos que se distribuían de acuerdo con su target específico, como el Banco del Pueblo Soberano, el Banco del Desarrollo de la Mujer, el Fondo de Desarrollo Económico y Social, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, el Instituto Autónomo Fondo Único Social y el Fondo de Inversión Social de Venezuela.

Si embargo, fue con el Plan Bolívar 2000 que Chávez definió la forma en que, a través de una alianza cívico-militar, iba a implementar diversos planes sociales destinados mayoritariamente a combatir la pobreza en tres fases. La primera, denominada Proyecto País, buscaba solventar aquellos problemas considerados prioritarios a corto plazo, Proyecto Patria, tenía un alcance de corto mediano plazo y el Proyecto Nación, era pensado también para el mediano plazo pero trabajaba de acuerdo con el Plan de la Nación propuesto como proyecto político de su gestión mientras que, paralelamente, buscaba conseguir transformaciones a largo plazo. Todo ello, a través del acercamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales, específicamente los Comando de Guarnición, hacia las comunidades más carenciadas con quienes conformarían los Teatros de Operación Social.

Para finalizar, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 presentado por Chávez como su programa de intervención social para esta primera gestión, buscaba trabajar sobre cinco ejes de equilibrio: Un equilibrio económico para construir crecimiento sustentable a través de la diversificación productiva, el equilibrio político fundamentado por la necesidad de construir una nueva democracia sobre los cimientos del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, donde primaran los principios de igualdad, justicia y solidaridad, el equilibrio territorial que debía conseguirse a través de la organización de nuevos ejes territoriales de desconcentración y el equilibrio social, que aspiraba a superar las desigualdades sociales a través del ejercicio de la ciudadanía, implementando políticas más amplias en las materias descritas por González y Lacruz (2008):

…estrategias de desarrollo de sectores productivos, la reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones públicas, el desarrollo regional, la obtención de saldos favorables en capitales de corto plazo, el incremento de la proporción de las inversiones productivas sobre las financieras y la construcción de un sólido sector de economía social (p. 78).

Realizado este recorrido, es posible llegar a las Misiones Sociales que fueron la política social por excelencia del chavismo desde su aparición en el 2003, hasta ser concebidas como eje articulador de un nuevo tipo de Estado en proyecto denominado Estado Comunal. Pero antes de adentrarse en la particularidad de tal política, es menester realizar algunas aclaraciones conceptuales que permitirán que se lleve a cabo un examen a profundidad.