Principales categorías conceptuales

Partiendo de considerar al lenguaje como un territorio en disputa, lo que invita a discutir acerca de los orígenes de las conceptualizaciones que se utilizan al llevar a cabo cualquier investigación científica, el presente capítulo se centrará en dilucidar el significado de aquellas nociones que hacen parte de la caja de herramientas implementada en el momento de analizar al fenómeno bajo estudio.

1. Lo político

Un primer concepto que es necesario aclarar por parecer autoevidente en el lenguaje cotidiano tiene que ver con lo político. En principio, es importante destacar que desde el enfoque teórico sobre el cual se cimienta la investigación, el lenguaje debe ser considerado como un campo de batalla donde definir implica un acto de poder, o en términos husserlianos, que la existencia de toda definición es atravesada por momentos de sedimentación y reactivación, tratándose, en el primer caso, de aquel instante donde una conceptualización en particular pasa a naturalizarse con el paso del tiempo hasta borrar su acto violencia originaria, para retornar durante el segundo momento, permitiendo así su rearticulación en nuevas cadenas enunciativas.

Ahora bien, en términos analíticos resulta útil partir de aquello que hace de lo político un concepto distinto a la política, en tanto, parafraseando a Derrida, para entender la identidad de un fenómeno particular debe observarse su exterior constitutivo, es decir, qué es lo que este fenómeno no es. Gallardo (2007), diferencia ambos conceptos bajo la premisa de que lo político hace referencia al ámbito de la sociabilidad fundamental, de aquellas relaciones de reconocimiento mutuo y acompañamiento o de simple cooperación que se dan entre grupos humanos con el objetivo ya sea de reproducir su existencia material o de garantizar la sostenibilidad en el tiempo de determinado orden social, mientras que la política remite al funcionamiento de las instituciones que a través del Estado perpetúan dicho orden.

En tal sentido, se podría afirmar que lo político compete al ámbito supraestatal de relaciones que trascienden el limitado universo del aparato administrativo del Estado, mientras que la política, si bien se despliega sobre las mismas relaciones sociales, se centra en la forma como el Estado las gestiona a través de políticas públicas.

Lechner (2008), se mantiene en una dirección similar cuando comenta que toda sociedad puede organizarse únicamente a través de un referente que sea exterior a ella, permitiéndole ser representada y objetivada en toda su complejidad y produciendo así un sentido de continuidad. Es ahí donde reside el rol fundamental del Estado, que a través de la política trabaja sobre dichas relaciones sociales ordenando sus divisiones y de ese modo, remitiendo a una totalidad que se materializa en él.

Rancière, quien es citado por Norval (Critchley y Marchart, 2008), remite claramente a la disputa protagonizada por los autores ya citados en su intento por identificar el logos de la noción bajo estudio, aunque denomina la política al concepto que desarrolla en el texto que se cita a continuación:

…la política ‘ocurre cuando la contingencia igualitaria irrumpe en el orden jerárquico de la naturaleza’ y cuando esa irrupción produce un mecanismo especifico, es decir, ‘la división de la sociedad en partes que no son ‘verdaderas’; se establece que una parte es igual al todo en nombre de una ‘propiedad’ que no le es propia y de un ‘común’ que es la comunidad de la disputa’ (p. 196).

De tal manera, hay dos elementos que vale la pena señalar acerca de dicha conceptualización si se pretende relacionarla con el debate en curso. Aunque Rancière hace énfasis en un componente igualitario que no ha estado presente en ninguna de las discusiones anteriores, puesto que no lo excluyen pero tampoco le otorgan un lugar determinado en la cadena de relaciones causales que dan forma al fenómeno, el autor llama la atención acerca de la forma en que al irrumpir tal igualitarismo se produce la división de la sociedad en partes, donde una de ellas ocupa el rol de representante de aquella totalidad inexistente como lo común de dicha comunidad en disputa y por lo tanto, distribuye los roles que conforman a determinado orden social.

Pero es Schmitt (1991) quien termina de elaborar la noción que sirve de base para la presente investigación, cuando despliega una feroz crítica contra aquellas elaboraciones fundamentadas en la teoría política liberal que habían sido hegemónicas hasta el momento, afirmando que se sustentan sobre imperativos morales y como consecuencia, ignoran la existencia de relaciones de poder y el modo en que tales asimetrías inciden sobre la organización social.

Schmitt deconstruye al concepto para demostrar la validez de tal presupuesto, demostrando que es lo que hace a la política un objeto de estudio específico al argumentar que, si el dominio de la moral es la distinción entre el bien y el mal, de lo estético entre lo bello y lo feo y de lo económico lo beneficioso y lo perjudicial o lo rentable y lo no rentable, la distinción propiamente política es aquella que se da entre amigo y enemigo. Aislando así el locus de lo político, en el momento cuando grupos humanos se conforman en una colectividad para enfrentarse al enemigo externo que los amenaza, haciendo un intento por perpetuar su existencia; aunque es importante subrayar que no pretende elaborar una definición exhaustiva, sino producir un criterio que no derive de otros.

Siguiendo semejante línea argumentativa, Dussel (2011) asevera que lo político implica la existencia de un espacio de relaciones de fuerza que se modifica constantemente, en la medida en que los poderes se realinean para afirmar su posición, concluyendo que todo es potencialmente político puesto que todo antagonismo, sea religioso, moral, económico o cultural, se vuelve político cuando logra agrupar en torno a si a los hombres entre amigos y enemigos.

Mouffe (2007), por su parte, complejiza el debate trayendo a colación lo que desde el enfoque implementado es considerado como las dos principales fallas de la teoría política liberal. En primer lugar, afirma que peca de un individualismo excesivo, puesto que su énfasis en el individuo niega a lo político, al tratarse de un fenómeno que por naturaleza necesita de la conformación de identidades colectivas, es decir, de la diferenciación entre nosotros y ellos.

Pero, además, subraya que las mismas se construyen de forma relacional, haciendo imposible la existencia de un consenso racional como plantea la teoría política liberal y, por ende, proponiendo distinguir entre dos tipos de aproximaciones. Por un lado, la de la ciencia política que aborda el campo empírico de la política y por el otro, la filosófica que se pregunta acerca de la esencia de lo político.

También señala que la política hace mención al nivel óntico mientras que lo político al ontológico, utilizando las categorías elaboradas por Heidegger. Es decir, que mientras lo político versa sobre el tipo de antagonismos que constituyen a toda sociedad humana, la política se refiere al conjunto de prácticas institucionales mediante las cuales determinado orden social procura organizar su coexistencia, aunque en última instancia erradicar la conflictividad no sea viable.

Llegado a este punto, es posible aterrizar sobre la definición que atraviesa en su totalidad al análisis desarrollado, aquella elaborada por Ernesto Laclau (1935-2014). En una investigación anterior^[1] se señaló la relevancia que tiene la disertación explayada por este autor sobre la teoría política contemporánea, en tanto “rescata lo político de la sedimentación social que caracteriza a las sociedades occidentales modernas […] al trascender de la concepción mediante la cual cada ciudadano ocupa el rol de simple consumidor” (p. 241)

Laclau (1998), parte de deconstruir las dos visiones que han sido hegemónicas en la mayoría de los debates académicos contemporáneos en torno al concepto de lo político. Primeramente, interpela a aquella que lo concibe como un subsistema que emana de leyes necesarias capaces de regir a la sociedad en su totalidad, utilizando como ejemplo la noción marxista que se popularizo durante la II Internacional Socialista, donde era tratado como una superestructura que dependía de leyes económicas y que solo podía transformarse a través de estas, a lo que responde que, al contrario, lo político es un momento instituyente de la sociedad.

Aunado a ello, pone en tela de juicio a la postura que defiende la existencia de un lugar donde el legislador pueda operar como un dios mortal, en los términos propuestos por Hobbes. Según el autor (Ibidem), toda institución política resulta de decisiones tomadas por actores sociales y compuestas por actos de identificación, y en consecuencia, si no existe un sujeto definido a priori que intervenga en defensa de intereses preestablecidos, es posible concluir que la contingencia de los actos de institución que hace posible a lo político es, a su vez, lo que lo hace imposible, en la medida en que es por esencia irrealizable, un círculo que nunca termina de cerrarse.

Así las cosas, equiparando a lo político con el populismo, Laclau (2005) propone una definición que, si bien se nutre de todo el debate ya esgrimido, lo lleva a un nivel de complejidad mayor permitiéndole ser sumamente abarcativo sin llegar a desdibujarse:

Al ser la construcción del pueblo el acto político par excellance –como oposición a la administración pura dentro de un marco institucional estable-, los requerimientos sine que non de lo político son la constitución de fronteras antagónicas dentro de lo social y la convocatoria a nuevos sujetos de cambio social, lo cual implica, como sabemos, la producción de significantes vacíos con el fin de unificar en cadenas equivalencias una multiplicidad de demandas heterogéneas. Pero éstas constituyen también los rasgos definitorios del populismo […] cierta clase de equivalencia (cierta producción de un ‘pueblo’) es necesaria para que un discurso pueda ser considerado político. En cualquier caso, lo que es importante destacar es que no estamos tratando con dos tipos diferentes de política: sólo el segundo es político; el otro implica simplemente la muerte de la política y su reabsorción de las formas sedimentadas de lo social. Esta distinción coincide, en gran medida, con aquella propuesta por Rancière entre police y le peuple… (p. 195)

Mientras que en otro texto (2000), presenta una delimitación más concreta del concepto cuando diferencia a lo social de lo político. El autor afirma que la primera categoría concierne al conjunto de formas sedimentadas que estructuran a un orden social determinado, mientras que lo político tiene que ver con el modo en que adquirieron dicho rango mediante relaciones de poder en tanto, si lo universal es un lugar vacío propenso a ser llenado por diversos entes discursivos contingentemente, como subraya el autor (1996), lo político tiene que ver con aquellas estrategias utilizadas para lograrlo.

2. Política social

Como ocurre con el concepto de lo político, hablar de política social implica introducirse en un terreno sobre el cual no existe consenso alguno en la academia, debido a que lo que se entienda como política social dependerá en gran medida de los parámetros sobre los cuales se despliegue una investigación en particular en términos de economía política y como consecuencia, no solo del modelo de Estado que se estudie, sino además, de aquella dimensión normativa inherente a toda pesquisa al momento de priorizar un enfoque conceptual sobre el resto. Por tal motivo, es menester no tomar por sentado su significado y aclarar previamente a que se hará referencia cuando se nombre la política social, sobre todo considerando que uno de los principales objetos de estudio que motivaron a la presente investigación son las Misiones Sociales, pensadas desde la perspectiva propuesta por Alvarado (2009) en su rol como “eje de la política social venezolana” (p. 91).

Para González y Lacruz (2008), la política social consiste en un conjunto de acciones llevadas a cabo por el Estado con el objetivo de lograr cambios en la sociedad de acuerdo a metas planteados previamente y en tal sentido, identifican dos dimensiones que están presentes en la elaboración de toda política social: Una valorativa, vinculada a los objetivos en cuestión y otra práctica, relacionada con el modo en que se implementará para lograrlos.

Maingon (2004), por su parte, identifica dos tipos de aproximaciones posibles acerca de las principales funciones de la política social, consideradas por el autor como las de mayor relevancia en tanto engloban la variedad de debates existentes acerca de tal temática. La primera, se limita a los programas de bienestar social abocados a llevar a cabo un conjunto de medidas que permitan mejorar una situación específica de precariedad y se distingue por su carácter transitorio, mientras que el segundo, considera que la finalidad de toda política social debe ser “la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades” (p. 49).

Siguiendo dicha línea argumentativa, Adelantado, Noguera, Rambla y Sáez (1998) afirman que lo que hace a la política social es fungir como un dispositivo gubernamental que gestiona la desigualdad, administrando entre cada esfera del complejo estructural que conforma a una sociedad dada, determinadas funciones en la tarea de satisfacer sus necesidades sociales y produciendo así un equilibrio.

Vilas (1997) complejiza esta conceptualización, al integrar dos componentes propiamente políticos en la enumeración de sus objetivos, como lo son apoyar al proceso de acumulación reproduciendo la fuerza de trabajo y legitimar al orden político, mientras que Jessop (2008), introduce a Polanyi en el debate arguyendo que, siendo la fuerza de trabajo esencialmente una mercancía ficticia por no haberse originado para intercambiarse en el mercado, este último no puede hacerse cargo de su reproducción, teniendo que intervenir la política social.

En una dirección similar, Offe (1994) explica que para entender a la política social debe partirse de aquella función primordial que cumple desde el Estado, como lo es hacer compatibles las necesidades del trabajo y el capital, es decir, conciliar las exigencias del primero con los requisitos sistémicos del segundo, pudiéndose hacer una clara analogía con los orígenes de la cuestión social descritos por Dozenlot (2007) donde, frente a la devastación ocasionada por el auge del capitalismo industrial, el Estado se vio en la necesidad de generar políticas públicas que contribuyeran a conservar las paz social y el status quo. Aunado a ello, si se desea realizar un ejercicio especulativo para vislumbrar la relevancia que tiene dicho relato en la estructuración de una definición acerca de la política social suficientemente cohesionada, es posible articularla con los argumentos presentados por Harvey (2014) en su trabajo 17 contradicciones y el fin del capitalismo, donde plantea que es precisamente la incapacidad de mediar las exigencias del trabajo organizado frente a la necesidad de acumulación del capital, uno de los principales motivos que condenan a desaparecer al capitalismo tal como lo conocemos.

Pero este ciclo nunca termina de cerrarse sobre sí mismo, en tanto, como propone Adelantado (1998), la planificación estatal en lo referente a satisfacer algunas necesidades sociales solo puede ser incompleta, ya que los intereses que están en juego son contradictorios. El autor, ejemplifica esta situación con los resultados poco efectivos que suelen tener las políticas de rentas mínimas de inserción social que buscan combatir la pobreza a través de la mercantilización de bienes comunes.

Habiéndose establecido los parámetros de aquel debate conceptual que existe en la actualidad acerca de lo que la política social implica, es posible sintetizar un conjunto de elementos que contribuyan a englobar lo argumentado y así construir una definición. La cual, no obstante, necesariamente será incompleta y estará motivada por tomas de posición que no carecen de arbitrariedad, en tanto, como fue explicado con anterioridad, se parte de una postura donde la objetividad pura en cualquier investigación científica es imposible, puesto que estas se despliegan sobre paradigmas científicos que esconden su violencia originaria.

En principio, la política social conlleva al ejercicio de un conjunto de acciones llevadas a cabo por el Estado. Dicha afirmación puede parecer evidente, pero es menester aclarar que el Estado es el principal planificador y ejecutor de la política social en el enfoque teórico utilizado, lo que difiere con distintas propuestas vinculadas sobre todo los regímenes de bienestar liberales y las teorías de la gobernanza, que proponen ya sea su edificación a través de redes plenamente horizontales o la subsanación de necesidades sociales exclusivamente por el mercado.

Si bien, entre de las distintas fases que integran una política en particular, puede haber momentos donde miembros del tercer sector y organizaciones religiosas o económicas intervengan en su diseño, así como también que comunidades organizadas o actores financieros sirvan como vehículo para su ejecución, el financiamiento proviene mayoritariamente del Estado y como consecuencia, en los términos de la presente investigación tiene la última palabra sobre su organización e implementación.

Pero estas acciones no son arbitrarias, sino que operan sobre un conjunto de objetivos de naturaleza múltiple e incluso en algunos casos contradictoria, que fueron planteados con anterioridad. Esto es posible, debido a que existe una dimensión normativa acerca de lo que quienes dirigen el Estado en un periodo determinado consideran como sociedad ideal, que los motiva a llevar a cabo políticas que contribuyan a conseguir un conjunto de metas previamente acordadas y mediadas por los actores intervinientes en los procesos de planificación e implementación y sustentadas sobre concepciones de justicia, desigualdad o caridad construidas políticamente.

Sin embargo, también existen motivos prácticos detrás de la decisión de implementar una política social específica, en tanto legitiman a determinado orden social, pero, además, ayudan a reproducir la fuerza de trabajo, lo que no es posible a través del mercado por tratarse de una mercancía ficticia. Asimismo, garantizan la paz social mediando entre las necesidades acumulativas del capital y el trabajo organizado.

Recapitulando, la política social coadyuva a mantener las bases que permiten al capitalismo reproducirse sin agotar la fuerza de trabajo hasta un punto donde le sea biológicamente imposible seguir llevando a cabo sus funciones, ni acumular un sentimiento de malestar tal que los empuje a la revolución. Cimientos inestables, sin embargo, dado que las demandas sociales presentadas por diversos actores pueden ser antagónicas, obligando a un cierre siempre precario que se reacomoda constantemente dependiendo de los ciclos del capital y de lo que determinada sociedad en un periodo histórico particular considere la buena vida.

3. El discurso

Al igual que la mayoría de las nociones sobre las cuales ha girado la pesquisa hasta el momento, si bien el significante discurso parece autoevidente en el lenguaje cotidiano, al momento de ser operativizado para analizar un fenómeno en particular se hace evidente la variedad de acepciones que se manejan entre el heterogéneo escenario de disciplinas y corrientes filosóficas que caracterizan a las ciencias sociales contemporáneas. Conscientes de lo problemático que puede resultar dicha tarea, Jorgensen y Phillips (2002) proponen la elaboración de una taxonomía que contribuya a construir aquella hoja de ruta capaz de arrojar una definición holística que abarque al concepto en toda su complejidad:

En muchos casos, subyace bajo la palabra ‘discurso’ la idea general de que el lenguaje está estructurado de acuerdo a los diferentes patrones que siguen las expresiones de las personas cuando hacen parte en diferentes dominios de la vida social, siendo ejemplos familiares de ello el ‘discurso médico’ y el ‘discurso político’. El ‘Análisis del Discurso’ es el análisis de dichos patrones. (p.1)^[2]

Al respecto, Torfing (1999) trae a colación los orígenes históricos del concepto, en orden de ubicar el contexto específico que le sirvió como condición de posibilidad. Según el autor, los acontecimientos de mayo del 68 significaron un punto de quiebre para el debate científico hegemónico hasta el momento en lo que a análisis de discurso se refiere, puesto que condujeron al cuestionamiento de todo tipo de esencialismos y por ende, al abandono tanto de aquel presupuesto según el cual es posible una definición perfecta, como del consenso sobre la existencia de identidades arraigadas en entes concebidos apriorísticamente y cerradas sobre sí mismas, ubicando a su objeto de estudio en aprehender las distintas formas como una identidad social se constituye históricamente.

Laclau (2010), ubica tres momentos que considera decisivos en la evolución de tal disciplina. En primer lugar, se encuentran las tres distinciones propuestas por la lingüística estructuralista que representaban principalmente Saususure y Ferdinand: La categoría lengua^[3] entendida como lenguaje depositado en la mente del hablante y sus instancias individuales de uso que serían las palabras^[4], el significante^[5] como emisión de sonido y su concepto el significado^[6], constituyendo ambos al signo^[7] y por último, el sintagma como aquellas relaciones de combinación que se dan entre los signos y su substitución el paradigma^[8].

El segundo viraje se da con las escuelas de Praga y Copenhague, quienes radicalizaron al formalismo estructural aislando unidades más pequeñas que la palabra y así, conformando una descripción puramente formal del lenguaje donde no existe isomorfismo entre significante y significado, bajo la afirmación de que es inverosímil el desarrollo de una lingüística del discurso en tanto el hablante no puede ser aislado para confirmar los efectos de determinaciones estructurales.

Pero, además, Laclau (Ibidem) reseña lo importante que fue la transición hacia el posestructuralismo al poner en cuestión la noción misma de totalidad con la crítica de Derrida a la lógica del suplemento, al proponer la separación entre connotación y detonación con Barthes, y al cuestionar la relación entre significante y significado con Lacan.

En un intento por construir un concepto que no se vea entrampado por aquellas contradicciones que dieron paso al debate en cuestión, Van Dijk (1999) identifica como discurso a:

[…] un evento comunicativo especifico. Ese evento comunicativo es en sí mismo bastante complejo, y al menos involucra una cantidad de actores sociales, esencialmente en los roles de hablante/escribiente y oyente/lector (pero también en otros roles, como observador o escucha), que intervienen en un acto comunicativo, en una situación específica (tiempo, lugar, circunstancias) y determinado por otras características del contexto. Este acto comunicativo puede ser escrito u oral y usualmente combina, sobre todo en la interacción oral, dimensiones verbales y no verbales (ademanes, expresiones faciales, etc.) (p. 246).

Mientras que Acosta y Godoreckas (2009), plantean que todos los fenómenos inherentes a la producción social de sentido, indistintamente de la práctica sobre la cual se haga referencia, pueden ser entendidos como discursivos y que es en los sujetos que se constituyen al interior de tales articulaciones de significado, donde se encuentra el locus de la lucha política.

Siguiendo la misma línea argumentativa, Errejón (2011) propone una perspectiva propiamente politológica donde, la “[…] Teoría del Discurso se ocupa precisamente de la acción política como generación de sentidos compartidos que, aunque descansan en elementos materiales ‘objetivos’, no puede derivarse ‘naturalmente’ en modo alguno de ellos” (p. 114). Por consiguiente, aunque se sustente sobre una relativa objetividad contextual, no existe relación causal alguna que haga necesaria la existencia de una identidad particular.

Atendiendo a estas consideraciones, se puede avanzar hacia la elaboración conceptual desplegada por Laclau a la cual, como fue señalado anteriormente, se adhiere la presente investigación. Enfoque que Jorgensen y Phillips (2002) describen a continuación:

Laclau y Mouffe construyeron su teoría combinando y modificando dos importantes tradiciones teóricas, el marxismo y el estructuralismo. El marxismo les provee un punto de partida para pensar la sociedad, y el estructuralismo les provee una teoría del significado. Laclau y Mouffe fusionan ambas tradiciones en una teoría postestructuralista, donde el campo social es entendido como la red de procesos a través de la cual se constituye el significado (p. 25).

Dicho ejercicio, se lleva a cabo con la intención de configurar una noción de lo social pensado como espacio discursivo, aunque entiendan que toda definición tiende a cercenar la multivocidad de aspectos que intervienen en la realidad social (Follari, 2010). Pero identificar algunos aspectos generales que permitan englobar lo que se designará como discurso, no solo es posible sino necesario.

Laclau (2005), afirma que se trata de “totalidades estructuradas que articulan elementos tanto lingüísticos como no lingüísticos” (p.27), es decir, que lo que hace que una práctica pueda considerarse discursiva no radica en su carácter lingüístico, sino que toda práctica puede ser considerada discursiva en la medida en que se relacione con la producción social de sentido.

Jorgensen y Phillips (2002), sintetizan el planteo teórico de Laclau de la siguiente manera:

El discurso es entendido como la fijación de sentido en un dominio particular […] formado mediante la fijación parcial de sentido alrededor de determinados puntos nodales […] Un discurso se establece como una totalidad donde cada signo se fija como momento, mediante de su relación con los demás […] El campo de la discursividad es un depósito para el ‘exceso de 48sentido’ producido por las prácticas articulatorias –es decir, el significado que tiene o tuvo cada signo en otros discursos, el cual ha sido excluido del discurso especifico, para crear una unidad de sentido. (p. 26)^[9]

Por lo tanto, en el transcurso de la investigación se denominará discurso a todo conjunto de prácticas lingüísticas y no lingüísticas relacionadas con la producción social de sentido que resulten en la conformación de identidades colectivas caracterizadas por su contingencia y emanadas de condiciones históricas concretas, o en palabras de Laclau (2014):

[…] el ‘discurso’ no está exclusiva o primariamente ligado al habla o a la escritura, sino que abarca toda práctica significante. Esto implica que es equivalente a la producción social de sentido, es decir, al tejido mismo de la vida social. No hay posibilidad de separar estrictamente significación y acción. Hasta la afirmación más asertiva tiene una dimensión performativa, y a la inversa, no hay acción que no esté embebida en una significación. Por la misma razón, no puede haber ninguna exacta separación entre significación y afecto, ya que este último está constituido a través de una catexia diferenciada entre los varios componentes de una cadena significante (p. 83).

En consecuencia, lo que plantea el constructo propuesto es entender al discurso como toda practica significante, por lo que serán estudiadas diversas unidades de análisis en orden de implementar una perspectiva holística que contribuya a comprender al fenómeno en toda su complejidad, considerando que en la dinámica articulatoria de las identidades colectivas influyen un sinfín de elementos de naturaleza incluso contradictoria, que ván más allá del habla y la escritura.

4. Populismo

Como fue señalado previamente, la investigación resultó de un intento por complejizar una pesquisa llevada a cabo con anterioridad, la cual versaba sobre la conformación del sujeto político chavista desde la perspectiva propuesta por Ernesto Laclua (1935-2014). En consecuencia, debe reiterarse que para comprender los acontecimientos ocurridos en Venezuela desde el surgimiento de Hugo Chávez en la escena política, se vuelve urgente desarrollar lo que este autor entiende por populismo.

Pero, primeramente, es menester realizar un pequeño esbozo que ilustre el plano más amplio de definiciones que autores pertenecientes a diversas corrientes de pensamiento han elaborado sobre dicha noción. Ochoa, López y Rodríguez (1996), haciendo una salvedad acerca de la imprecisión y el misticismo que lo rodea, intentan puntualizar lo que consideran como rasgos definitorios del populismo y concluyen que su logos puede ser ubicado en una búsqueda del reacomodo de las clases sociales sin aspirar a su desaparición, la cual se presenta con el tamiz de tradiciones populares.

Mientras que MacRae (Laclau, 2006), establece unos parámetros más precisos sin descuidar su énfasis en el rol de las clases sociales y defendiendo, como el autor anterior, la existencia de cierto sustrato ideológico que le es inherente y el cual se encuentra fuertemente cargado de valoraciones peyorativas. En tal sentido, considera que puede hablarse de populismo cuando, amenazados por la industrialización, un sector predominantemente agrícola emerge en defensa de su comunidad, la cual es considerada extraordinariamente virtuosa y se siente atacada por una élite, confundiendo usurpación con conspiración extranjera y mirando hacia un pasado romantizado en busca de rescatar el presente mediante movimientos de corto plazo dirigidos por líderes heroicos que aspiran a dirigir el Estado para implementar las reformas que consideren necesarias.

De La torre (2006), mantiene la condena moral pero realiza un movimiento sutil que lo acerca al enfoque escogido al momento de llevar a cabo la presente investigación, al hacer énfasis en lo discursivo aunque considere que su naturaleza sea maniquea y rescatar la relevancia de los antagonismo, así como del rol que juegan las identidades colectivas corporizadas en el líder, cuando afirma que en el populismo este se conforma como símbolo de redención en una disputa moral del pueblo contra la oligarquía.

Di tella (1977), por su parte, termina de romper con esta connotación negativa asociada a las diversas definiciones que se estuvieron analizando hasta ahora, arguyendo que el populismo es el único vehículo posible para los procesos revolucionarios en América Latina, tratándose de un movimiento político poli clasista con fuerte apoyo popular que goza de una importante influencia entre sectores no obreros del partido y se articula alrededor de una ideología anti-status quo. En el mismo texto, Germani (ibidem.) da un paso hacia adelante en la caracterización llevada a cabo por este autor y aunque se mantiene en el terreno que reconoce al populismo como la forma en que las masas de países subdesarrolladas consiguen su reconocimiento político, le atribuye un sustrato ideológico particular que identifica como ideologías de industrialización las cuales, si bien pueden ser bastante ambiguas, suelen estar asociadas al autoritarismo, al nacionalismo, al socialismo en sus diversas vertientes colectivistas o al capitalismo de Estado, produciendo fenómenos tan heterogéneos como los autoritarismos de izquierda o los socialismos de derechas.

Al mismo tiempo, Mude (2004) se acerca a la visión teórica utilizada en la investigación cuando subraya lo que denomina como los aspectos ideológicos del populismo, haciendo una mención especial al ámbito discursivo desde su enfoque performativo:

[…] una ideología que considera que la sociedad está separada en última instancia en dos grupos homogéneos y antagonistas, el “pueblo puro” contra la “élite corrupta”, y la cual argumenta que la política debe ser una expresión de voloté generalé (voluntad general) del pueblo (p.543)^[10].

Sin embargo, en otro trabajo que realiza junto a Cristóbal Rovira (2013), reitera dicho concepto pero sugiere que en primera instancia es necesario construir una definición mínima, cuya finalidad radique en generar acuerdos académicos interdisciplinario que disipen la confusión existente entre las conceptualizaciones que se respaldan sobre valoraciones normativas y aquellas que buscan basarse en la mayor rigidez científica posible. Además, sostiene que en un segundo nivel de análisis conviene ordenar a los diversos populismos entre inclusivos y excluyentes, agrupando al caso venezolano entre los primeros y a los populismos europeos de derecha contemporáneos entre los segundos, resaltando la importancia de entender al populismo como un experimento político, es decir, como un proceso constante que nunca puede considerarse finalizado (Mudde y Frei, 2008).

Atendiendo a estas consideraciones, puede entreverse el extenso debate que se ha dado entre investigadores que intentan definir al populismo desde disciplinas disímiles y posturas teóricas contrapuestas. Aboy Carlés (2010), enumera las principales corrientes abocadas a dicha tarea, de la siguiente forma: 1) Una primera tendencia de naturaleza estructural-funcionalista define al populismo como la incorporación de las masas a la vida política cuando no existen aún instituciones capaces de procesarla, 2) luego, en las últimas dos décadas han primado aquellas investigaciones que catalógan como populistas o neo populistas a experiencias tan diversas como Margaret Thatcher y Hugo Chávez, utilizando el prefijo neo para referirse mayoritariamente a su deslindamiento, en lo que a política económica se refiere, de los populismos tradicionales latinoamericanos, caracterizados por llevar a cabo un tipo particular de políticas nacionalistas y redistributivas, 3) aquellas inspiradas por el artículo que Emilio de Ipola y Juan Carlos Portantiero escribieron en 1981, titulado Lo nacional popular y los populismos realmente existentes, donde piensan al populismo como una voluntad colectiva contradictoria, cuya concepción organicista de la sociedad lleva a que su eje articulador sea el conflicto entre tendencias a la ruptura y contra tendencias a la integración y, por último, 4) se encuentra la corriente conceptual que sirvió como sustento teórico para esta investigación, la cual considera al populismo como una forma particular de discursividad política, cuyo surgimiento rastrea el autor hasta el ensayo escrito por Ernesto Laclau en 1977, hacia una teoría del populismo.

No obstante, si bien el énfasis de Laclau se centra en lo discursivo, es necesario llamar la atención sobre la particular forma en que lo concibe como toda práctica significante, razón por la cual, Follari (2011) afirma que el autor: “Propone que lo populista no señalaría a un tipo determinado de sistema político, sino a un rasgo que corta transversalmente a cualquier forma de ejercicio de la política” (p. 36).

Es por esta razón que Laclau (2006) aclara el carácter amoral de tal categoría, en tanto puede estar presente en movimientos con diversas composiciones sociales y asociados a cosmovisiones de derecha o de izquierda, resultando en que toda valoración negativa o positiva deba hacerse a partir de un fenómeno particular, enmarcado en su contexto histórico y socio económico.

Para tal efecto, un movimiento será considerado populista debido a su lógica articulatoria y no a los contenidos ideológicos ni composición de clase que le den forma. El autor (2009), construye este argumento cuando plantea que “si este enfoque es correcto, podríamos decir que un movimiento no es populista porque en su política o ideología presenta contenidos reales identificables como populistas, sino porque muestra una determinada lógica de articulación de esos contenidos” (p. 52).

Dicha lógica articulatoria, opera en el particular terreno de los discursivo que se ha venido reiterando y por ello, es posible expresarla a través de la siguiente ecuación:

Nota. Fuente: Buttler, J., Laclau, E. y Žižek, S. (2003). Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda. Buenos Aires: Fondo de Cultura económica.

Dentro de este marco, se hablará de la emergencia de un movimiento populista cuando un conjunto de demandas sociales insatisfechas comiencen a acumularse, por lo que es importante hacer una diferenciación entre demandas democráticas y demandas populares (Laclau, 2006). Siendo, las primeras, aquellas que son procesadas debidamente por el sistema político y satisfechas de forma separada mediante una operación de transformismo gramsciano, mientras que en el segundo caso, al no conseguir respuesta por parte del Estado, comienzan a articularse escindiendo sus propias identidades entre la particularidad que les es inherente y el elemento común de rechazo a una élite que no las escucha.

La sociedad se divide entonces en dos polos antagónicos, quienes se consideran representantes del pueblo y la élite. Pero esta unión en el rechazo no sirve para conformar una identidad que sea capaz de movilizar a amplios sectores de la sociedad y conseguir así trasformaciones políticas relevantes, surgiendo la necesidad de algún símbolo contingente que logre hegemonizar aquel variopinto escenario de actores sociales.

Para llenar esta ausencia se posicionan los significantes vacíos, tratándose de un significante vaciado de significado que puede abarcar a cada una de las demandas insatisfechas. Ahora bien, La forma en que se expresa puede variar, ya sea a través de un partido, una bandera, una consigna o, el modo más común para el caso latinoamericano, la figura del líder, que  habitualmente es un outsider de la política tradicional quien por su particular naturaleza no posee tampoco una identidad constituida a priori, sino que se desplaza en el espacio de la sobredeterminación, donde sus acciones contribuyen a definir las fronteras de la identidad política que representa, mientras esta lo transforma de acuerdo a sus necesidades coyunturales.

Así se llega al momento de ruptura populista, donde el bloque de poder es desplazado por esta nueva identidad política a través de una guerra de posiciones, erosionando a las instituciones existentes mientras que procede tendencialmente a institucionalizarse en orden de garantizar su propia subsistencia. Barros (2009), resume la propuesta teórica de Laclau de la siguiente forma:

La conceptualización del populismo de Laclau tiene los siguientes resultados. Primero, sólo tendremos populismo si hay una serie de prácticas político-discursivas que construyen un sujeto popular cuya emergencia está atada a la constitución de una frontera que divide al espacio social en dos campos antagónicos. Segundo, la lógica de esta división está dictada por la creación de una cadena de equivalencia entre una serie de demandas; cadena que nace y se consolida con la emergencia de un elemento que le da coherencia a la cadena representándola como una totalidad. Tercero, el concepto de populismo propuesto por Laclau es así estrictamente formal porque “todos sus rasgos definitorios están relacionados exclusivamente a un modo de articulación específico – la prevalencia de la lógica equivalencial por sobre la lógica diferencial – independientemente de los contenidos reales que se articulan. (Laclau, 2009, p. 65) Este desplazamiento desde el contenido hacia la forma hace que el concepto de populismo propuesto sea una categoría ontológica y no óntica (p. 17).

5. Ciudadanía social

Para cerrar este capítulo, es importarse sumergirse en la categoría de ciudadanía social puesto que, al articularla con el concepto de cuestión social elaborado por Dozenlot (2007), puede observarse cierta secuencialidad entre aquella dinámica que hace emerger a una política en particular y los resultados de su aplicación, arrojando el siguiente esquema interpretativo: Si la cuestión social surge como resultado de los estragos producidos por la revolución industrial del siglo XIX, la cual irrumpió de forma violenta descolocando al orden social hegemónico hasta el momento y pauperizando las condiciones de vida de los sectores populares, generando así un malestar potencialmente revolucionario y empujando a que estadistas como Otto Von Bismarck (1815-1898) tomaran acciones para mejorar los ánimos sociales en orden de evitar posibles estallidos, cuando dicha situación se politiza posicionando a los reclamos en un status de derecho, hablamos de ciudadanía social.

Sin embargo, hay un paso menos evidente, aunque recurrente en la historia latinoamericana donde abundan momentos populistas y tiene que ver con la forma en que tales nociones operan durante los procesos de ruptura, siendo este el fenómeno que la presente investigación pretende analizar en el caso venezolano. Es decir, lo que se plantea es la posibilidad de una relación metonímica entre aquel significante pueblo que es inherente a toda lógica populista y la ciudadanía social, lo que permitiría cerrar una suerte de círculo virtuoso capaz de explicar la particular articulación política que se dio en un período determinado y en un contexto geográfico específico, para producir a las misiones sociales.

Pero antes de avanzar, es necesario aclarar en que consiste exactamente la ciudadanía social. El concepto surge a partir de la clásica obra de Marshall (2007) ciudadanía y clase social, donde el autor afirma que la ciudadanía es un status que se concede a los miembros plenos de una comunidad por su mera pertenencia, existiendo tres tipos de ciudadanías asociadas a periodos históricos consecutivos: En un primero momento, emergió la ciudadanía civil vinculada a derechos económicos, posteriormente, la ciudadanía política asociada principalmente al sufragio y los derechos de organización política en la naciente sociedad burguesa del siglo XIX y por último, la ciudadanía social propia de mediados del siglo XX, haciendo referencia a la protección social característica de los Estados de Bienestar.

Procacci (1999), explica el despliegue teórico llevado a cabo por Marshall en los siguientes términos:

Según la formulación de Marshall, la ciudadanía social es una respuesta estratégica al conflicto entre la tendencia democrática a la igualdad de derechos y el valor que otorga el capitalismo a la desigualdad: el problema consiste en que es necesario dar con una vía hacia una desigualdad legitimada que resulte viable políticamente (p. 23).

Al respecto, Vilas (2011) sostiene que en la tesis de Marshall la ciudadanía social debe ser entendida como aquellas acciones que lleva a cabo un gobierno particular con la intención de compensar las desigualdades propias del capitalismo, en tanto no pueden ser erradicadas por la lógica que rige a dicho sistema, pero el mismo necesita conservar la fuerza de trabajo a toda costa.

Llegado a este punto, se debe hacer una aclaración con base en la crítica que diversos investigadores como Jessop (2008) han realizado a la teoría de Marshall. Si bien permite producir un bosquejo esquemático del proceso a través del cual surge la ciudadanía social en distintos países, sus pretensiones de ser una teoría general de la ciudadanía social se ven opacadas por el estricto orden cronológico utilizado, el cual resulta muy pertinente para el caso británicos pero en Latinoamérica, por ejemplo, choca con una realidad donde sin conocerse aún la democracia liberal, como ocurrió con varios caudillos de principios del siglo XX, no solo se reconocieron diversos derechos sociales sino que incluso se plantearon los cimientos para un Estado de bienestar que, siguiendo los argumentos de Maingón (Gómez, 2007) “se expresa a través de los derechos sociales, los cuales a su vez son necesarios para lograr cuestiones tales como, la inclusión social, la participación y la integración social” (p. 16).

Aunado a ello, Procacci (1999) sugiere que reducir a la desigualdad y en particular a la pobreza como cuestión social, es más bien un impedimento para pensar una noción realmente abarcativa de ciudadanía, puesto que no se trata de problemas que sean indistintos a las ciudadanías civil y política, al considerar que los obstáculos para constituir una verdadera ciudadanía democrática no se encuentran solo en la exclusión de los no ciudadanos, sino en la ciudadanía misma pensada como aquella relación que mantienen los individuos con el Estado, la cual desde un principio ha actuado a través de diversas formas de diferenciación que establecen categorías de ciudadanos, ya sea de acuerdo a que vínculo mantienen con el trabajo remunerado, al género al que se pertenece, a la edad, entre otras.

Asimismo, la autora (ibidem) llama la atención sobre el peso que tiene la noción de derechos que le es inherente a la ciudadanía social y que la diferencia de la caridad. Norman (2002), afirma que Marshall fue el exponente más importante de esta concepción de una ciudadanía pensada como posesión de derechos, en tanto plantea básicamente que la ciudadanía puede definirse como tratar a cada persona como miembro pleno de una sociedad de iguales, lo que se consigue otorgando a todos los individuos un importante número de derechos de ciudadanía.

Abramovich y Courtis (2002), por su parte, plantean incluso que existe una relación de causalidad entre el nacimiento de los modernos Estados sociales y la transformación de la ayuda a los pobres, ya sea a través de la caridad privada o de programas discrecionales del Estado, al reconocimiento de los beneficios que le son propios a la condición de ciudadanos con derechos individuales. Mientras que Topalov (1990), debatiendo aquellas posturas que conciben a la intervención del estado en materia social como una expansión desmedida de los mecanismos de control social, afirma que no debe ignorarse el importante viraje que se dio a principios del siglo XX en dicha materia, cuando se demarca la diferencia cualitativa que separa al titular de un derecho de un mendigo que recibe limosna.

Fraser y Gordon (2008) llevan a cabo una interesante exposición sobre este punto en particular, utilizando el caso norteamericano como ejemplo:

Se dice que los americanos casi nunca hablan de <<ciudadanía social>>. Si se usara, esa expresión sugeriría la idea de que en un estado de bienestar la ciudadanía implica el derecho a los bienes sociales. Extendería a los subsidios sociales la aureola de la dignidad que rodea a <<ciudadanía>> y <<derechos>>. Quienes disfrutaran de la <<ciudadanía social>> adquirirían <<derechos sociales>>, no <<limosna>>. Esto no sólo significa que tendrían garantizada la ayuda suficiente para mantener su status como miembros de la sociedad con derecho a <<igual respeto>>. También significa que compartiría un conjunto de instituciones y servicios comunes diseñados para todos los ciudadanos, cuyo uso constituiría la práctica de la ciudadanía social (p. 66).

Recapitulando, la relevancia que posee el concepto de ciudadanía social para la ecuación que se plantea como eje articulador de toda la investigación, radica en su capacidad de servir como vehículo que conecta a la identidad política hegemónica con una élite gobernante que dirige al aparato estatal, jugando un rol determinante el significante pueblo, que en un proceso metonímico desplaza al de ciudadanía durante el momento de ruptura populista y lo desborda, recortando la distancia existente entre dicha identidad política y el régimen de protección social a través de la ciudadanía social.

Por tal motivo, en la metodología implementada se plantea la existencia de una suerte de círculo virtuoso que se produce entre la identidad política hegemónica, la ciudadanía social y el régimen de protección social, a través de las políticas sociales. Quedando pendiente para una investigación futura, si a partir de tal premisa se puede construir una teoría del Estado capaz de comprender la complejidad de los populismos que caracterizaron a la década progresista latinoamericana, los cuales aún juegan un rol determinante en el panorama internacional.