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5 ¿Financiamiento de qué desarrollo?

BID y modelos políticos suramericanos 2001-2019

Wendy Vaca Hernández

Introducción[1]

En América del Sur, durante las dos primeras décadas del siglo XXI se buscó establecer un modelo político alternativo. Este reviste particularidades en cada país donde tomó forma, pero en líneas generales puede hablarse de un modelo progresista que coexistió con el modelo neoliberal implantado en los noventa.

A estos modelos políticos subyace la idea de desarrollo, término que por sí mismo no da cuenta de sus implicaciones. Por ello, es importante analizar su contenido, esto es, su base ideacional y cómo esta definió el uso de las capacidades materiales disponibles. Entre tales capacidades figura el llamado financiamiento del desarrollo, que igualmente es una etiqueta que dice poco respecto al destino de tales recursos. Así, adquiere sentido estudiar tanto el modelo como su financiamiento. No puede desconocerse que este último también responde a orientaciones políticas que comportan conjuntos de ideas y relaciones de poder. De lo anterior se desprenden las categorías de ideas, capacidades materiales y poder, cuya articulación se aborda desde una perspectiva de economía política internacional crítica.

Este trabajo se enfoca en el financiamiento procedente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su interacción con los modelos neoliberal y progresista entre 2001 y 2019. Se toman como casos de estudio Ecuador, donde el modelo neoliberal fue interrumpido por una etapa progresista y fue restaurado a continuación, y Perú, donde el modelo no se ha modificado sustancialmente desde los noventa.

En consecuencia, el objetivo es identificar los lineamientos básicos de cada modelo y en qué medida el BID contribuyó a su concreción. Este capítulo se divide en cuatro secciones, además de esta introducción y las conclusiones. En primer término, se expone el marco conceptual. A continuación, se revisa brevemente la noción de desarrollo en el marco del BID. El siguiente apartado se dedica a la interacción del BID con el modelo neoliberal. Finalmente, se aborda la interacción con el modelo progresista ecuatoriano.

Marco conceptual

El concepto de financiamiento del desarrollo se asocia con los llamados bancos regionales de desarrollo, entre los cuales figura el BID. Su objetivo declarado es canalizar recursos para el desarrollo de sus países miembros prestatarios (Culpeper, 2006; Titelman, 2006, 243). Por ello, han sido definidos en términos de intermediarios financieros y organismos de desarrollo, papeles que se desempeñan en paralelo (Sagasti y Prada, 2006, 92). Este tipo de definiciones evidencia la asunción del desarrollo como una realidad concreta, cuando en realidad responde a determinadas orientaciones políticas que lo dotan de contenido, tanto a nivel doméstico como en las instituciones regionales y globales.

Estos bancos se mueven en el vínculo entre las esferas política y económica, y así dan forma a “dimensiones políticas, técnicas y financieras” (Vivares, 2013). La dimensión técnica está enlazada con un proceso de despolitización que oculta bajo imágenes técnicas el carácter político y, por consiguiente, las relaciones de poder (Vivares, 2013; Boas y McNeill, 2004). Este proceso también se ha llevado adelante respecto del desarrollo (Nustad, 2004). La interacción de estas instituciones con sus miembros vincula las dimensiones política y económica al combinar proyección de ideas y financiamiento. Este último al mismo tiempo implica capacidades materiales. La indicada proyección de ideas da lugar a una cierta incidencia política que es explícita en el impulso al modelo neoliberal. Así, es claro que su papel ha sido llevar a la práctica formulaciones teóricas (Cope, 2018, 20).

Pero no se trata únicamente de ideas, sino que estas responden a un particular ejercicio de poder que, en este caso, puede definirse como institucional. Esta calificación alude a la utilización de determinadas instituciones para mantener el control (Barnett y Duvall, 2005, 3). Por esta razón, las instituciones son creadas en concordancia con las relaciones de poder y con las ideas (“imágenes colectivas”) afines a tales relaciones (Cox, 1993, 144). A continuación, se construye la imagen de que persiguen el bien común. De este modo, se legitiman dichas relaciones de poder y se logra la aceptación del orden establecido (Cox, 1993, 145). Cabe anotar que la idea que sustentó la creación del BID fue el desarrollo, concebida en función de las relaciones de poder entonces vigentes.

Esta relación entre poder e ideas explica cómo se define aquello que se considera relevante (Cox con Jacobson, 1996, 363). Posteriormente, las instituciones posicionan tales temáticas. En el caso del BID, esta corresponde a la particular concepción de desarrollo, de la cual resultan consecuencias materiales. Es decir, flujos de financiamiento que concretan la incidencia sobre el modelo político. Asimismo, la dimensión del poder está relacionada con el nexo entre las esferas internacional y doméstica ejecutada por el BID desde su nivel regional. En términos ideacionales, se trata de la proyección antes referida, mientras que en términos materiales puede mencionarse la canalización de recursos hacia sus miembros prestatarios.

Desde el contexto internacional se transfirió el neoliberalismo, que según algunos autores constituye una “ideología dominante” (Cope, 2018, 48; Gamble, 2014, 16, 24). Su conexión directa con el entramado de relaciones de poder se evidencia en que por su medio se logró establecer un “sistema de justificación y legitimación” de las acciones ejecutadas en favor de ciertos grupos (Harvey, 2015, 25). Este modelo propugna la liberalización de la economía, por consiguiente, promueve el retiro del Estado mediante la desregulación y la privatización (Harvey, 2015, 8; Cahill, 2014, 3). No obstante, se asigna al Estado el papel de proteger el funcionamiento del mercado (Harvey, 2015, 8).

Como reacción frente al neoliberalismo surgieron propuestas alternativas que dieron lugar a varios proyectos estatales que han recibido distintas denominaciones, por ejemplo, progresistas (Gudynas, 2011, 33), “socialistas […] desarrollistas, populares, nacionalistas, populistas” (Carrillo, Escárzaga y Günther, 2016, 11). Persistió la matriz primario-exportadora, pero se recobró la capacidad estatal para incidir sobre la economía mediante el aprovechamiento de los ingresos provenientes de las materias primas para fortalecer el trabajo y el mercado interno (Filmus, 2019, 31-35, 37, 38, 46).

Se encuentran opiniones contrapuestas respecto a este modelo. Así, se destaca su distanciamiento del modelo dominante (Filmus, 2019) al tiempo que se subraya que los dos modelos compartieron una base extractiva (Domínguez y Caria, 2016, 102; Acosta y Cajas, 2016, 393, 396) y políticas similares (Larrea, 2016, 141), de modo que no habría contraposición o cierto desafío. A pesar de compartir una serie de características, no se trató de un modelo uniforme, sino que cada país presenta particularidades. En Ecuador se formuló el concepto de buen vivir, el cual se ha analizado como una vía distinta de desarrollo y como opuesta a él (Braña, 2016, 16, 62).

1. BID y desarrollo

El BID planteaba como su objetivo “promover el desarrollo económico-social en América Latina y el Caribe” (BID, 2004a, 136; BID, 2007a, 117, 146). Pero no es sencillo definir cuál es el contenido que se confiere a este concepto. Se infiere que se aborda en tres dimensiones: social, económica e institucional (BID, 2011; BID, 2017a, II). El tipo de financiamiento que ofrece está asociado con dichas dimensiones, esto es, para inversión, emergencia y reformas de políticas (BID, 2002c). El propio Banco vincula este último ámbito con “reformas económicas” (BID, 2006, 115; BID, 2007a, 146). Sin embargo, no se trata de financiar la implementación de reformas en estricto sentido, ya que el volumen del préstamo no obedece a los recursos que esta requiere, sino a las necesidades financieras del país. En todo caso, este tipo de préstamo se otorga a condición de que el prestatario lleve a cabo la correspondiente reforma (BID, 2016b). Es posible encontrar menciones respecto a un “nuevo paradigma para el financiamiento del desarrollo” (Moreno, 2008, 1). No obstante, su contenido no se desprende ni del discurso ni de las actividades realizadas, sino que se mantiene el enfoque en el “crecimiento económico” y la competitividad (BID, 2008b).

Asimismo, en 2008 fue aprobado el Marco de Efectividad en el Desarrollo (BID, 2010). Este trasluce una pretendida despolitización que se expresa en una comprensión técnica del desarrollo, la cual se aprecia en el discurso del Banco. Se planteaba medir la efectividad del desarrollo. Para ello, se establecieron varios instrumentos (BID, 2014). En términos más concretos, se buscaba evaluar los resultados de los proyectos realizados para asegurar que contribuyeran al desarrollo (BID, 2010).

Esta formulación nos remite nuevamente a la interrogante de qué se estaba entendiendo por desarrollo. La respuesta se vislumbra en que como objetivo más amplio se proponía “medir el avance del desarrollo a largo plazo en la región” (BID, 2012b, 20). Con ello, queda claro que se asume al desarrollo como una realidad concreta, medible y lineal, por la cual se progresa. De acuerdo con un funcionario del BID, el enfoque principal del Banco fue la reducción de la pobreza, por tanto, esta se encontraría en el centro de su comprensión del desarrollo, si bien es cierto que a lo largo del tiempo se han agregado otros temas (entrevista 1, 2019).[2] Sin embargo, esta no suele ser el área prioritaria en términos de flujos de financiamiento. Además, esta no se asume en términos estructurales, es decir, mediante políticas de alcance universal, sino a través de focalización y asistencia. Esta concepción se ha materializado en los llamados “programas de transferencias monetarias condicionadas”, que han sido ampliamente respaldados por el Banco de forma discursiva y financiera (BID, 2008b; BID, 2009, 10). Por ejemplo, Perú recibió recursos del Banco para su programa, llamado “Juntos” (BID, 2016a, 21).

En 2010 se aprobó el informe sobre el noveno aumento de capital (BID, 2011; BID, 2016a, 12). El acuerdo se denominó BID-9 y en su marco se definió una “estrategia institucional” (BID, 2016a, 12), planteada también como “agenda de reformas” (BID, 2011). Se proclamaba que esta estrategia tenía como referentes, por una parte, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y por otra, el “crecimiento sostenible”, todo lo cual se calificaba como “desafíos que constituirán la piedra angular del desarrollo en la Región” (BID, 2011). Sin embargo, no se advierte un cambio sustantivo, puesto que siguen figurando reducción de la pobreza y crecimiento. Es cierto que existe alguna variación cuando se menciona la necesidad de considerar el acceso al trabajo y a los servicios al cambiar el enfoque puesto en la “redistribución de ingresos” (BID, 2011). Pero previamente no sobresalía un enfoque redistributivo del Banco, además, desatender la redistribución implica evitar abordar la concentración de la riqueza.

Adicionalmente, se advierte el despliegue de esfuerzos para preservar la imagen del BID como una institución relevante. Así, frente a la pronta recuperación regional de las afectaciones derivadas de la crisis financiera de 2008, Luis Alberto Moreno afirmaba que el Banco “[…] ha influido en el éxito de la región”, habiendo contribuido a enfrentar las distintas crisis y a “[…] trazar el rumbo del progreso regional durante los últimos cincuenta años, […]” (Moreno, 2009, 2). De este modo, omitió reconocer la incidencia de políticas no alineadas con las recomendaciones del Banco por parte de algunos gobiernos, así como la poca efectividad de su intervención en otros contextos históricos.

Como ya se ha mencionado, la interacción entre el Banco y sus miembros prestatarios puede abordarse desde el concepto de financiamiento del desarrollo, identificando en alguna medida el contenido con que se ha dotado al concepto de desarrollo. No obstante, en el contexto del auge neoliberal, el BID se apartó de tal concepción, en su lugar impulsó explícitamente la implantación del modelo, proveyendo financiamiento y asistencia técnica con tal objeto. Scheman resume el papel del BID en la década de los noventa en los siguientes términos: direccionado a “convertir al Estado latinoamericano de un modelo de sustitución de importaciones a uno que está conducido por las exportaciones, desde una economía controlada por el gobierno a una que está conducida por el mercado” (1997, 90). La interacción del Banco con este modelo, en particular con los casos ecuatoriano y peruano, se revisa en la siguiente sección.

2. BID y modelo neoliberal 2001-2019

En los noventa el Perú adoptó el modelo neoliberal. Desde entonces se aprecia el acompañamiento del BID en una absoluta concordancia en el plano de las ideas. Esta institución financió la implementación de las reformas estructurales (Campodónico, 1997, 146; BID, 2002b, 11). También contribuyó a tal implementación mediante cooperación técnica, siendo el Perú uno de sus principales receptores (BID, 2002b, 11, 17, 18). Así, en los primeros años de los noventa, el país se convirtió en “modelo para la región” cuando previamente no alcanzaba el promedio regional en lo relativo a reformas neoliberales (BID, 2002b, 18). Se llevó adelante una amplia liberalización económica, entre cuyos puntos más importantes consta la flexibilización del “mercado de trabajo” que el propio Banco reconocía como una de las más profundas de la región (BID, 2002b, 25).

El BID afirma que contribuyó a la implementación de la “política de desarrollo” del Perú (BID, 2002b, 55). Describe como objetivo de esta “mejorar la eficiencia de asignación de recursos mediante el afianzamiento de la estabilidad macroeconómica y un entorno sustantivo favorable a las fuerzas del mercado” (BID, 2002b, 55). De este modo, queda inscrita en el modelo neoliberal y la noción de financiamiento del desarrollo se enlaza con el impulso al mercado. Aparentemente, sería este último el encargado de distribuir los recursos, puesto que para la doctrina neoliberal “los mercados en libre competencia garantizan la eficiencia económica. Por tanto, […] son entendidos como la forma más eficiente y más moral […] de organización social” (Cahill, 2014, 3).

En contraste, respecto al Ecuador el BID cuestionaba el proceso de reforma, relevando que no se alcanzaba el promedio regional (BID, 2004b, punto 1.10). El Banco también participó directamente en la implantación de las reformas. Ejemplo de ello se encuentra en el impulso de reformas legales (Oleas, 2017, 233, 234) y en el financiamiento otorgado para respaldar privatizaciones (BID, 2001, 48).

En el contexto de la serie de crisis atravesadas por la región a fines de esta década el BID defendía el modelo, afirmando que la situación sería peor de no ser por las reformas (BID, 1997). Cabe anotar que la grave crisis experimentada en Ecuador se atribuye a la liberalización financiera respaldada por el Banco (Acosta, 2001, 209, 210). Años después, desde el Banco se cuestionaba lo apropiado de la reforma (BID, 2004b, puntos 1.10, 1.12, 4.15). En el marco de dicha crisis se adoptó el sistema de dolarización (Oleas, 2013, 280, 281, 373). En su implementación, mediante financiamiento, participó el Banco, además del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) (BID, 2004b, punto 2.8; BID, 2008a, 13, 14). Esto evidencia los vínculos entre las esferas internacional y doméstica, así como los encadenamientos efectuados por los mecanismos financieros desde su nivel regional. Cabe anotar que hasta los primeros años del siglo XXI las acciones del BID en el país se circunscribían a la carta de intención con el FMI (BID, 2004b, punto 2.16).

Durante los primeros años del siglo XXI, la economía ecuatoriana logró cierta estabilidad, lo cual suele atribuirse a la dolarización. Por ejemplo, el BID afirma que con esta se controló la inflación, y ello permitió que la economía creciera entre 2001 y 2006 (BID, 2008a, 5). Tal afirmación ha sido cuestionada, con el argumento de que los resultados de la dolarización “[…] son del todo modestos” (Carrasco, 2005, 149) y que dicho sistema fue soportado por las remesas enviadas por una importante cantidad de migrantes que dejaron el país debido a la crisis (Acosta y Falconí, 2005, 27). Dichas remesas habrían contribuido también a la reducción de la pobreza (Sánchez, 2005, 83). Asimismo, el Banco criticaba lo que consideraba un avance reducido en el área de privatizaciones, sosteniendo que el país recibía poca inversión extranjera debido a su resistencia ante tales procesos (BID, 2004b, puntos 1.8, 1.17).

A principios del presente siglo, el discurso del BID revelaba una completa adhesión al modelo neoliberal. Se exaltaban las medidas concordantes con él, tales como los recortes salariales en el sector público, reducciones en seguridad social e incluso, recibir financiamiento del FMI, bajo una consideración de “disciplina macroeconómica” (BID, 2002a, 6). Esta adhesión también es evidente en los papeles que asigna al sector privado y al Estado. El primero era considerado “motor principal del crecimiento económico de un país”, mientras que al segundo correspondería brindar las condiciones para su despliegue (BID, 2005, 29), por tanto, una posición subordinada, desde la cual debería garantizar “estabilidad económica”; “infraestructura esencial” e institucionalidad que soporte al sector privado; impulso a “la competitividad y fomentar un clima propicio para los negocios” (BID, 2005, 29). Esto muestra la total omisión de consideraciones sociales.

En concordancia con esta orientación, la Iniciativa del Clima de Negocios planteada en 2004 evidencia el decidido respaldo al sector privado. Esta contemplaba, por una parte, el apoyo a este sector y, por otra, el trabajo con los gobiernos para mejorar su efectividad en “el suministro de bienes y servicios” (BID, 2005, 29). Varios países se adscribieron a la iniciativa, entre ellos Ecuador y Perú (BID, 2005, 29).

Respecto al Perú se calificaban como “extraordinarias” las reformas y sus resultados, aunque se las consideraba “inferiores a las expectativas” (BID, 2002b, 26). Esta afirmación contrasta con un reconocimiento velado de que durante los primeros años de los noventa, periodo de la más profunda reforma, creció la pobreza y la desigualdad (BID, 2002b, 33), así como del fracaso en cuanto a resolver “problemas estructurales” (BID, 2002b, 56). En 2007 se reitera que el crecimiento económico incidió sobre “la disminución de la pobreza y la generación de empleo” por debajo de lo que se esperaba (BID, 2007b, 3). Entre 2001 y 2004 la pobreza pasó de 54% a 51,6% (BID, 2007b, 3), es decir, una reducción mínima.

Adicionalmente, el BID criticaba el reducido gasto social, la baja calidad educativa (BID, 2007b, 4) y las deficiencias de la administración pública. Respecto a esta última, el Banco destaca su incidencia en la realización de negocios (BID, 2007b, 5). De este modo, es claro que al Estado se confiere el papel de resguardar el funcionamiento del mercado y la calidad del servicio público importa en la medida en que contribuye a su desarrollo.

La cercanía entre el gobierno y el BID en términos prácticos se expresó en que los préstamos solicitados por el Perú entre 2002 y 2006 se aprobaron en un tiempo inferior al promedio (BID, 2007b, 12). Asimismo, los desembolsos fueron superiores al promedio (BID, 2007b, 13). De este modo, la coincidencia en el plano de las ideas se concretó en capacidades materiales.

A principios de siglo, la sociedad rechazaba las reformas y sus resultados. En tal contexto, el BID demostraba inquietud frente a una posible búsqueda de alternativas (BID, 2002a, 7). Su discurso procuraba defender el modelo, sosteniendo que el abandono de las “reformas estructurales” implicaba “un retroceso en la modernización de las economías y un retorno a las viejas políticas de control e intervención estatal” (BID, 2002a, 7). Había tanto interés en la defensa del modelo que incluso se encuentran argumentos relativamente contradictorios. Por un lado, se aseguraba que una reversión de las reformas era improbable debido a que habían sido adoptadas en contextos de crisis y se había persistido en ellas posteriormente, y por otro, se señalaba que la probabilidad del mencionado retroceso se reduciría si se resolvía la situación de Argentina, si la economía de Estados Unidos se recuperaba y si se abrían “nuevas oportunidades de exportación para los países latinoamericanos”, permitiendo un mayor “horizonte para la inversión” y “un rápido retorno del crecimiento” (BID, 2002a, 7).

A continuación, inició un periodo de altos precios de las materias primas, los cuales dieron lugar a importantes tasas de crecimiento económico en la región (BID, 2004a, 2; BID, 2007a). No obstante, persistían altos niveles de desempleo y pobreza, por ello, se mantenía el rechazo a las reformas estructurales neoliberales, tales como las privatizaciones (BID, 2004a, 1, 8). El BID defendía las reformas, argumentando que su “descrédito” ponía en riesgo el crecimiento futuro (BID, 2004a, 8, 9). Esto da cuenta de la proyección de ideas desde el BID bajo cierta envoltura técnica, pero no se advierte un sustento material.

Se procuraba que esta clase de ideas derivaran en la implementación de políticas enfocadas en la “concentración del gasto social en la protección y el apoyo a los pobres” y “la mejora de la cobertura y eficiencia de los servicios básicos de educación y salud” (BID, 2004a, 1, 9). Esto muestra la incorporación en alguna medida de una dimensión social con objeto de reducir la resistencia ante el modelo, con lo que se logró algún grado de legitimación. Evidencia de este enfoque se encuentra en el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) establecido en Ecuador en calidad de instrumento “para compensar a los pobres, particularmente rurales, por las reducciones en el gasto público que se llevaron a cabo en el marco de los ajustes macroeconómicos” (BID, 2008a, 41).

Por supuesto, no había consideraciones de fortalecimiento interno, tales como políticas universales o direccionadas al trabajo. Por el contrario, se recomendaba “mantener políticas fiscales austeras”, y se rechazaba, por ejemplo, el “congelamiento de tarifas de servicios públicos”, incrementos salariales o del “gasto público” (BID, 2004a, 8, 9). Respecto a este tipo de medidas afirmaba que serían insostenibles y que reducirían el descontento, pero que a futuro “perjudicarían a los más pobres” (BID, 2004a, 8). Pero no se explicaba cómo ocurriría dicho perjuicio, lo que revela una vez más la proyección de ideas bajo imágenes técnicas.

El BID continuaba proveyendo un soporte ideacional al modelo neoliberal ecuatoriano. Así, afirmaba que constituía un logro que se hubiera establecido un límite al crecimiento del gasto público (BID, 2004b, punto 4.6; BID, 2008a, 9). Añade que la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transferencia Fiscal (LOREYTF) “tenía como objetivo establecer criterios técnicos para mantener el equilibrio fiscal y manejar de manera sostenible el endeudamiento público” (BID, 2008a, 9), al tiempo que presentaba al Fondo de Estabilización, Inversión Social Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) como un “instrumento anticíclico” (BID, 2008a, 9, 10). Entonces se aprecia un esfuerzo de despolitización al encubrir decisiones políticas bajo imágenes técnicas, decisiones que además se insertan en el modelo neoliberal y que también ocultaban relaciones de poder, puesto que beneficiaban a los acreedores del país.

El FEIREP se integraba con parte de la diferencia entre el precio del petróleo presupuestado y obtenido (Correa, 2005, 70; Páez, 2005, 134). El 70% de sus fondos estaba destinado a “la recompra de la deuda pública” (Correa, 2005, 70; Páez, 2005, 134). De este modo, se cumplió el compromiso de destinar el 70% de los recursos obtenidos por la operación del “oleoducto de crudos pesados” (OCP) “a la recompra de los bonos global”, y de este modo se garantizaron los altos precios de los títulos (Suárez, 2003, 77).

Dicho compromiso formaba parte de las condicionalidades del FMI, pues la aprobación de la LOREYTF figuraba como condición para suscribir un acuerdo entre esta entidad y el gobierno de Noboa, lo cual no llegó a ocurrir (Correa, 2005, 71). Según Correa, el manejo del FEIREP en la práctica constituyó una preasignación presupuestaria que “revalorizó artificialmente los bonos” (2005, 70). Por tanto, se infiere que sostenibilidad de la deuda para el BID significaba únicamente disponer de recursos para los pagos.

En 2003, el 38% del total de la deuda externa ecuatoriana se mantenía con las instituciones multilaterales. Dentro de este porcentaje la mayor porción correspondía al BID, 46% (BID, 2004b, nota 26). Para el año siguiente la participación del BID alcanzó el 50% (BID, 2004b, puntos 2.30 y 5.12). A pesar de la continuidad del modelo neoliberal en Perú, durante los primeros años del siglo XXI se adoptaron algunas políticas activas. Mediante estas se procuró disminuir el peso de la deuda externa e incrementar la importancia de la deuda interna mediante la formación de un mercado de capitales doméstico. Además, se trabajó en la acumulación de reservas internacionales (Jiménez, 2009, 157, 158). Asimismo, se emprendieron acciones para mejorar las condiciones de la deuda pública. Estas tendieron a establecer plazos más amplios y tasas de interés fijas (Jiménez, 2008, 14, 16). Como resultado, comenzaron a reducirse los niveles de endeudamiento público y empezó a crecer la proporción de deuda interna (MEF, 2006; MEF, 2007).

El BID estableció una estrategia con el Perú para el periodo 2000-2006. Sin embargo, su actuación no se ciñó estrictamente a esta programación. Las acciones efectuadas dan cuenta de donde se concentraba el interés. Por ejemplo, en el sector de competitividad se aprobaron incluso más operaciones que aquellas programadas, las cuales estuvieron acompañadas de cooperación técnica. En contraste, la estrategia proclamaba la “importancia del sector social”, pero le correspondió únicamente el 19% de la programación y el 16% de las aprobaciones (BID, 2007b, 7). Así, la orientación del Banco es clara y es evidente que esta coincide con el modelo seguido por el país.

Entre 2002 y 2006 Perú ocupó el segundo lugar entre los prestatarios del BID en términos de aprobación de proyectos. Por tanto, se trataba de un país relevante para el Banco (BID, 2007b, 7). Además, figuraba en cuarto lugar en los llamados “préstamos de rápido desembolso” (BID, 2007b, 8). Estos préstamos tuvieron por objeto “cambiar el perfil de […] deuda y cubrir vencimientos de deuda anteriormente contraída” (BID, 2007b, 8). Es decir que se inscribían en los esfuerzos de gestión de deuda del país. Su tratamiento refleja la buena relación con el BID, ya que su preparación llevaba mucho menos tiempo que el promedio manejado por el Banco (BID, 2007b, 12, 13). Esta concordancia también se refleja en que en varias ocasiones las condicionalidades establecidas en los préstamos ya estaban cumplidas cuando estos se aprobaban. Por esta razón, no se precisaba ejecutar la cooperación técnica destinada para ello y el desembolso se realizaba de manera inmediata (BID, 2007b, 29).

El BID releva los resultados alcanzados por el Perú, pero no alude a las políticas activas que adoptó. Por el contrario, pretendía asociar el modelo neoliberal con la situación favorable que entonces atravesaba la región. En consecuencia, argumentaba que esta no provenía únicamente de los ingresos por exportaciones primarias, sino que habían contribuido “las políticas internas que preservaron la disciplina macroeconómica […]”, políticas orientadas a “mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar el clima empresarial” (BID, 2007a). De este modo, se pasaban por alto las graves crisis vividas.

Entre 2007 y parte de 2017 Ecuador adoptó un modelo progresista, por lo que la relación con el modelo neoliberal en este trabajo para este periodo se refiere únicamente al Perú. Durante dicho lapso se establecieron dos estrategias con el Banco (2007-2011 y 2012-2016). En el contexto del auge de las materias primas el país logró importantes cifras de crecimiento económico (Marchini, 2015). Por consiguiente, no precisaba liquidez. No obstante, el BID proveyó préstamos para reformas de política, también llamados de apoyo presupuestario (BID, 2013, 10; BID, 2016a). Estos se enmarcaron en temas institucionales y de política pública (BID, 2013, 15). En consecuencia, los préstamos de inversión cubrieron un porcentaje menor de las aprobaciones (BID, 2013, 8, 10).

Al parecer, los ámbitos en los cuales se inscribían estos préstamos no representaban mayor interés, es decir que no se encontraban entre las prioridades de atención, puesto que no se conocía en detalle su situación antes de aprobarse el financiamiento. Esto se desprende del hecho de que la mayor parte de series contempló entre sus compromisos “la realización de estudios y la construcción de sistemas de información sobre el problema que objetivaba la operación” (BID, 2013, 14).

El país llevó a efecto múltiples acciones para reducir la presión ocasionada por la deuda externa. Algunas de estas consistieron en conversiones y prepagos al BID (MEF, 2008, 25; BID, 2016a). Las menores necesidades de financiamiento externo derivadas del crecimiento económico y del mercado de capitales, al cual el Perú accede en mejores condiciones desde la obtención del grado de inversión en 2007, así como las indicadas acciones para reducir el endeudamiento ocasionaron la pérdida de espacio del BID. Esto se reflejó en la disminución de las sumas tanto de aprobaciones como de desembolsos (BID, 2013, 11, 12).

Entre 2007 y 2011 se registraron “flujos positivos”, salvo en 2010 (BID, 2013, 12), pero se tornaron negativos entre 2012 y 2016 (BID, 2016a, 10, 11). La evaluación de 2016 señala expresamente que “dada la buena calificación de riesgo de Perú, beneficiaría al Banco tener una mayor exposición allí” (BID, 2016a, 10). En este último periodo se incluyeron dos líneas de crédito contingentes por 600 millones de dólares que solo se desembolsarían en caso necesario (BID, 2014; BID, 2016a, 10, 11). Esto concuerda con los parámetros establecidos por el país para la gestión de deuda, según los cuales se mantendrían líneas de crédito abiertas con los multilaterales a emplearse solo en situaciones críticas cuando sea más costoso acudir al mercado (MEF, 2014, 43).

Este distanciamiento no se extendió al plano de las ideas, como lo muestra la orientación del modelo. Parte importante de este consiste en la apertura comercial, ámbito en el cual el Banco proveyó cooperación técnica mediante un proyecto para el “comercio interregional” que tenía por objeto ayudar “[…] a las pequeñas empresas del país a beneficiarse del tratado de libre comercio con Estados Unidos” (BID, 2009, 28). Cabe anotar que de forma menos explícita se reconocía que este tratado también había ocasionado perjuicios. Para atenuar sus efectos sobre “la economía de los pequeños y medianos productores” se estructuró el Programa de Compensación para la Competitividad (PCC) (BID, 2016a, 23).

Igualmente, puede apreciarse la coincidencia ideacional en el impulso al sector privado. En la estrategia 2007-2011 se estableció “apoyar la creación de un clima de negocios amigable con la apertura comercial liderada por los TLC”, así como “reducir la precariedad de la organización institucional de los temas y los actores de la competitividad” (BID, 2013, 16). Entre las operaciones sin garantía soberana (sector público sin garantía estatal o sector privado) se planteaban áreas que, de no mediar esta aclaración, podría haberse asumido que se encontraban entre las operaciones con garantía soberana, por ejemplo, “infraestructura (transporte, energía, agua y saneamiento, con empresas subnacionales o concesionarias)” (BID, 2013, 6, 7). El mencionado impulso se expresó también en el respaldo por parte del BID a las asociaciones público-privadas (APP) (BID, 2016a, 5, 6, 13).

La provisión de cooperación técnica es otro ámbito importante en la relación entre el Perú y el Banco. El país se encuentra entre sus principales receptores (BID, 2002b, 11; BID, 2016a, 14). Dicha modalidad de provisión de recursos fue utilizada por el Banco para proyectar sus ideas. Posteriormente, la empleó para sostener su presencia en el país. Ha sido definida como un instrumento para transferir conocimientos y compartir experiencias (BID, 2002a, 72; BID, 2005, 77). Según un funcionario del BID en Perú, el país busca al Banco debido a que aporta “conocimiento técnico” y legitimidad a los proyectos (entrevista 2, 2019).[3] Por ejemplo, el Programa de Modernización de la Gestión de la Inversión para la Cobertura Universal de Salud” incluyó cooperación técnica para reforzar la implementación de APP por parte del Ministerio de Salud (BID, 2016a, 13, 14). Entonces es evidente la vinculación entre la cooperación técnica y el respaldo al sector privado.

Las opiniones respecto a los resultados del modelo peruano son variadas. Algunos autores defienden sus logros (Mendoza, 2013; Yamada y Castro, 2010) mientras que otros los cuestionan (Jiménez, 2016; Marchini, 2015). El BID resalta tanto buenos resultados como deficiencias. Entre los primeros puede mencionarse lo siguiente: avances en “dotación de infraestructura” vial, educativa y sanitaria; mejoramiento de “la capacidad del gobierno para ejecutar el gasto público”; incremento en “la cobertura de los servicios públicos de educación y salud”; significativa reducción de la pobreza; y, reducción de la “desigualdad del ingreso” (BID, 2016a, 4). Entre las problemáticas persistentes, se refiere la limitada calidad educativa y la necesidad de continuar ampliando la cobertura de electricidad y de agua y saneamiento (BID, 2016a, 5). Del mismo modo, el BID releva los avances en competitividad y “facilidad para hacer negocios” (BID, 2013, 3), si bien es cierto que para 2016 remarcaba como desafío la competitividad, entre cuyos problemas menciona las dificultades para hacer negocios y la informalidad (BID, 2016a, 4).

El fin del auge de las materias primas dio lugar a dificultades económicas en la región. Alrededor de 2017 y 2018, Luis Alberto Moreno reconocía que en los años anteriores habían mejorado las condiciones de vida y que tales mejoras podían revertirse. No se asociaba esta situación con el modelo político vigente, en consecuencia, la respuesta ante ella no era presentada con un sentido político. Planteaba la recuperación de un crecimiento económico elevado como medio para evitar la indicada reversión. Para ello, sería preciso “crear condiciones favorables para la inversión privada”, además de “políticas públicas bien diseñadas” (Moreno, 2018, 1). Lo anterior expone con claridad una orientación neoliberal, así como un esfuerzo por encubrir la dimensión política.

En este periodo uno de los principales problemas fue la elevada “migración intrarregional”. Para afrontarlo, el BID estableció una “facilidad no reembolsable para apoyar a países que reciben flujos migratorios intrarregionales repentinos y de gran magnitud” (BID, 2020, 15). En 2019 se aprobó una operación para Ecuador con objeto de “mejorar los servicios sociales en las principales ciudades receptoras de migrantes” (BID, 2020, 15). En 2019 se aprobó la combinación de recursos de la indicada facilidad “con recursos de capital ordinario en operaciones de préstamos de inversión en las siguientes áreas”: “acceso a servicios de identificación y registro”; “acceso a servicios básicos”; “acceso a servicios sociales”; y “expansión de oportunidades económicas” (BID, 2020, 19). El mayor porcentaje de estas operaciones correspondía a financiamiento reembolsable, es decir, crédito (BID, 2020, 19). Cabe anotar que los informes anuales contienen información limitada.

En 2017 Ecuador retornó al modelo neoliberal. Esto implicó que la relación con el BID volviera a enmarcarse en la carta de intención con el FMI (entrevista 3, 2019).[4] El BID estableció nuevas estrategias con los dos países, para Ecuador esta cubrió el periodo 2018-2021, y para el Perú de 2017-2021. Para mediados de marzo de 2022 aún no se encontraban disponibles las correspondientes evaluaciones.

En la estrategia con el Ecuador consta que su contenido se alineó con el plan de desarrollo vigente y se contemplaron tres áreas: “fortalecimiento de las finanzas públicas”; “impulso a la productividad y el desarrollo del sector privado como motores de crecimiento”; y “profundización de los avances sociales de la última década” (BID, 2018b, 3). Se fijó como prioridad “la aceleración del crecimiento de la economía con el objeto de consolidar y profundizar los avances sociales logrados desde el cambio de siglo” (BID, 2018b). Esto podría interpretarse como un énfasis en el área social, pero el enfoque no estaba relacionado con tal área, sino que el BID se refería a “transitar hacia un modelo de crecimiento en el que la iniciativa privada adquiera un mayor protagonismo, y mitigar los impactos adversos que este proceso pudiera tener sobre los colectivos más vulnerables” (BID, 2018b, 13).

Nuevamente se aprecia un abierto impulso del modelo neoliberal por parte del Banco y la recuperación de su discurso de principios de siglo. Esto es evidente en la afirmación de que el desafío del país era “modificar su patrón de crecimiento, dando un mayor protagonismo a la productividad y a la iniciativa privada como motores de este” (BID, 2018b, 18). Para ello, se resaltaba la necesidad de corregir los aspectos causantes del “lento crecimiento de la productividad y de la inversión privada”. Entre estos se señalaba “la debilidad del clima de negocios, y la existencia de obstáculos estructurales a una participación más activa de los empresarios ecuatorianos en los mercados mundiales” (BID, 2018b, 18).

La formulación anterior constituía una forma velada de introducir el tema de la “flexibilización laboral”, puesto que a continuación consta que “los empresarios ecuatorianos identifican a la regulación laboral como el principal obstáculo para hacer negocios en el país” (BID, 2018b, 20). El BID agrega que la normativa ecuatoriana sobre el trabajo es rígida, y pretendía presentar como evidencia de la indicada rigidez que “Ecuador es el país de la región en el que el costo del despido en términos de semanas de salario es más alto” (BID, 2018b, 20). De este modo, no hay consideración alguna respecto a los derechos de los trabajadores y se obvia que en el país el despido es ilegal, por ello implica una sanción, mientras que existen varias causas legales de terminación de un contrato de trabajo.

A la supuesta rigidez se atribuye la alta informalidad (BID, 2018b, 20), pero esta es incluso mayor en el Perú. A pesar de las profundas reformas que se implementaron en esta materia en dicho país, el BID relevaba en la estrategia 2017-2021 los altos niveles de informalidad atribuyéndolos a “los excesivos costos de formalización” y afirmando que “las cargas relacionadas con el despido que, equivalentes a 13% del salario anual, son las mayores de la región” (BID, 2017b, 11). Se utilizaron estos argumentos para justificar la intervención del Banco en “la definición e implementación de su estrategia de reducción de la informalidad”, donde este analizaría medidas tales como “la oportunidad de reducir los costos laborales no salariales” (BID, 2017b, 12). Se aprecia entonces una contradicción con lo sostenido a principios de siglo, cuando el BID exaltaba la profunda flexibilización laboral lograda en Perú, como se menciona en páginas anteriores.

También se encuentran referencias relativas a esfuerzos encaminados a atraer “inversión extranjera directa” mediante “mejoras institucionales”. Así, “en Ecuador se financió la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones” (BID, 2020, 16). Tal proyecto da cuenta de la coincidencia entre el Banco y el gobierno en lo relativo a inversión y “clima de negocios” (MPCIP, 2019). Además, en el informe de 2019 consta la aprobación de un préstamo para reformas de política bajo la denominación de Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y la Prosperidad (BID, 2020, 26).

El BID mencionaba entre las “causas subyacentes del deterioro de la situación fiscal” ecuatoriana el “peso de los subsidios energéticos” (BID, 2018b, 14), lo cual refleja cierto grado de coincidencia con la orientación gubernamental. También se señalaban entre tales causas “determinadas carencias del marco de gestión fiscal” (BID, 2018b), formulación que podría asociarse con un cuestionamiento al modelo político anterior, pero no se ofrece suficiente información para alguna inferencia consistente.

En buena medida el discurso del BID expresado en la estrategia de país con el Perú para 2017-2021 recuerda lo que se proclamaba a principios del siglo XXI. Nuevamente el Perú es presentado como “uno de los casos de mayor éxito económico y social en la región” (BID, 2017b, 1). Asimismo, se advierte una renovada defensa del modelo neoliberal, puesto que se sostenía que la “clave de la transformación del Perú” obedecía a las “reformas estructurales” y al “manejo prudente de las políticas públicas” (BID, 2017b, 1). Por supuesto, no queda claro qué es lo que el BID entendía como transformación, en particular frente a su situación actual.

Se fijó como objetivo de la estrategia “apoyar al país en lograr un crecimiento sostenido para fomentar los avances sociales, en un contexto de sostenibilidad ambiental” (BID, 2017b, 9). Las áreas prioritarias son las siguientes: “Productividad, con énfasis en mercado laboral, clima de negocios, desarrollo empresarial e infraestructura”; “Fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos, con énfasis en gestión pública, salud y seguridad ciudadana”; y “Sostenibilidad ambiental y cambio climático, con énfasis en recursos hídricos, gestión ambiental y agronegocios” (BID, 2017b, 1, 9). El Banco reconocía su creciente repliegue, por lo cual planteaba mantener su presencia en el país a través de apoyo técnico, refiriéndose expresamente a “posicionar e incrementar su visibilidad como líder técnico” en determinados sectores (BID, 2017b, 8). Finalmente, persistía la concepción del Estado como custodio y soporte del sector privado (BID, 2017b, 15).

3. BID y modelo progresista 2007-2017

Varios autores remarcan que el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) logró importantes resultados sociales, atribuyéndolos al auge de las materias primas, así como al papel del Estado para participar de tales ingresos (Burchardt et al., 2016, 9, 10; Thwaites y Ouviña, 2018, 34, 50). Pero se evita mencionar que el periodo de tal auge no coincide con este gobierno.

Entre los objetivos gubernamentales figuraba la “transformación de la matriz productiva”, lo cual no se logró. Esta situación fundamenta varios cuestionamientos. Por ejemplo, se sostiene que se inscribió en el neoextractivismo (Burchardt et al., 2016, 9, 10) o que existió una “reprimarización” (León, 2016, 167; Günther y Huerta, 2016, 116; Thwaites y Ouviña, 2018, 34). Puede entenderse que se hable de una persistencia o profundización del extractivismo, pero esto no concuerda con una situación de “reprimarización”, puesto que esta última alude a un retorno al modelo primario, lo cual aconteció en los noventa con el neoliberalismo y el desmantelamiento del modelo desarrollista. Este término aparece como lugar común, pero sin explicarse su pertinencia. En este aspecto el discurso del BID es bastante moderado, señala que no se alcanzó el objetivo de transformar la “matriz productiva”, pero reconoce que hubo esfuerzos en ese sentido (BID, 2018a, 6).

En contraste con la pretendida despolitización promovida desde el neoliberalismo, en este modelo se aprecia una recuperación del sentido político. En este orden de ideas, se recobró la capacidad de acción estatal y se implementaron políticas opuestas al modelo neoliberal, por ejemplo, fueron incrementados los rubros de gasto público y de inversión pública (León, 2016, 160). Los mayores ingresos percibidos por el Estado derivaron de la renegociación con las empresas petroleras para permitir a este una mayor participación en las ganancias de la exportación (León, 2016, 162, 163, 193; Holst, 2016, 330). A esto se sumó una mejor recaudación tributaria (León, 2016, 193).

Para algunos autores, el modelo no se asentó sobre las exportaciones, sino sobre la demanda interna (León, 2016, 193; García, 2016, 211). Esto implica un fundamento sobre el ámbito del trabajo (García, 2016; Atuesta, Cuevas y Sambonino, 2016). Las reformas efectuadas incluyeron mejoras salariales, estabilidad laboral y seguridad social (García, 2016, 215-217; Atuesta, Cuevas y Sambonino, 2016, 240). Esto se tradujo en reducción del desempleo (León, 2016, 179).

Una segunda parte de la construcción del modelo tiene relación con la inversión pública (León, 2016, 160, 193; Herrera, Molina y Torres, 2020, 13). Esta representó el 4,2% del PIB en 2006 y el 14,7 en 2013 (Atuesta, Cuevas y Sambonino, 2016, 231). Se reconoce la fuerte inversión en obra pública particularmente en infraestructura (Holst, 2016, 330, 331). En este aspecto se aprecia la distinta orientación del BID y del modelo ecuatoriano. El Banco rechazaba los incrementos del gasto público, si bien no menciona al país de manera particular (BID, 2008b).

La antes mencionada concepción lineal del desarrollo que se desprende del discurso del BID se refleja en sus asunciones respecto al Ecuador. Así, afirmaba que el país entre 2007 y 2011 avanzó “por la senda del desarrollo”, sin que pueda señalarse con exactitud cómo habría contribuido el Banco a ello (BID, 2012a, 23, 24). Una de las importantes modificaciones en la relación del Ecuador y el BID en este periodo fue que las actuaciones del Banco ya no se circunscribían a la carta de intención con el FMI debido a que el país se distanció de tal organismo (BID, 2012a, 12). En principio, esto ocasionó que la participación del BID en el país disminuyera (Arauz, 2019),[5] y puso así de manifiesto su subordinación al Fondo en particular en lo relativo a financiamiento de apoyo presupuestario. Posteriormente el Banco volvió a proveer financiamiento para inversión.

Respecto a los primeros años del gobierno de Rafael Correa, se advierte por parte del Banco una percepción de incertidumbre relacionada con el distanciamiento del modelo político dominante (BID, 2012a, 10). En este contexto, se negoció una estrategia, respecto a la cual el BID señala que alineó su programación con los objetivos fijados por el Estado ecuatoriano en el Plan Nacional del Buen Vivir (BID, 2012a, 9). Según el BID, se efectuaron varios estudios en búsqueda de las esferas en las cuales pudiera vincularse con el país (BID, 2012a, 9). La relevancia de la Estrategia es cuestionable debido a que solo algo más del 30% de los préstamos que se aprobaron entre 2008 y 2011 se corresponden con aquellos establecidos en el documento (BID, 2012a, 15, 16).

La Oficina de Evaluación del BID consideraba que el Banco no estaba influyendo suficientemente sobre las políticas del país. Esta sostenía que, en su calidad de prestamista relevante, el Banco debería contribuir a la definición de “un programa nacional dirigido a reducir su vulnerabilidad económica frente a factores exógenos y mejorar el clima de negocios y los índices de competitividad” (BID, 2012a, 24, 25). Es evidente una inclinación hacia el sector privado reflejada en la recomendación al BID de que procure contribuir a la atracción de inversión extranjera y a la conformación de APP para ejecutar proyectos de infraestructura (BID, 2012a, 25). Posteriormente el país promulgó una ley para fomentar estas alianzas y el Banco apoyó su consolidación (BID, 2018a, 13).

A pesar de la distancia entre los planteamientos del BID y las políticas adoptadas por el gobierno ecuatoriano, el Banco reconocía los buenos resultados alcanzados. Por ejemplo, señala que desde 2007 se advierte una mayor relación entre la disminución del desempleo y el crecimiento económico (BID, 2012a, 3). También remarca que entre 2007 y 2011 hubo “mejoras en la cobertura de la infraestructura”, reducción de la pobreza y de la desigualdad, lo cual habría sido reflejo de “un crecimiento económico constante y una inversión en rápido aumento en programas sociales y de infraestructura” (BID, 2012a, 23). Es destacable que el BID puntualizaba que los avances en infraestructura y cobertura eléctrica no obedecían a su intervención (BID, 2012a, 18).

Entre 2012 y parte del 2017 (culminación del gobierno de Rafael Correa), estuvo vigente una nueva “estrategia país”. El documento de evaluación refleja un cambio en la percepción del país por parte del Banco y una relación más cercana expresada en la concesión de préstamos de inversión. De acuerdo con el BID, dicha estrategia también se alineó con el Plan Nacional del Buen Vivir (BID, 2018a, 11). En todo caso, el respaldo del Banco a uno de los principales objetivos gubernamentales es manifiesto, esto es, el “cambio de la matriz energética”. El sector eléctrico concentró más del 40% de las aprobaciones con garantía soberana. En contraste, el área de “desarrollo social” recibió únicamente el 9% (BID, 2018a, 11). Esta distribución da cuenta de la poca relevancia práctica que se confería al área social a pesar de hacerla figurar en primer plano en el discurso.

En este periodo también otorgó un préstamo para reformas de política relacionado con acciones en el ámbito eléctrico. Si bien es cierto que se cancelaron dos operaciones bajo argumentos de mantener el control sobre los recursos (BID, 2018a, 15, 25, 26). El soporte brindado por el Banco al país es más evidente en la concesión de una “línea de crédito contingente para la sostenibilidad del desarrollo (DSL)” por 300 millones de dólares que tenía por objeto enfrentar las dificultades derivadas del descenso de los precios del petróleo (BID, 2018a, 14, 15). Estos recursos se entregaron en febrero de 2015 (BID, 2018a, 38).

Finalmente, no puede desconocerse que el país recibió apoyo del Banco para enfrentar la emergencia ocasionada por el terremoto del 16 de abril de 2016 (BID, 2018a, 38). El BID aprobó a favor del Ecuador una “línea de crédito contingente” para “ayudar a amortiguar el impacto que los desastres naturales severos o catastróficos pudiera tener sobre las finanzas públicas a través de un aumento en la disponibilidad, estabilidad y eficiencia del financiamiento contingente” (BID, 2018a, 38). El gobierno solicitó el desembolso de 160 millones de dólares el 18 de abril y los recursos se recibieron el 22 de abril (BID, 2018a, 38). Además, el Banco colaboró en el marco de las acciones de reconstrucción, lo cual consolidó su relevancia para el país (BID, 2018a).

Conclusiones

La interacción entre el BID y los modelos políticos suramericanos entre 2001 y 2019 refleja la conjugación permanente entre ideas, capacidades materiales y poder. En el plano de las ideas se encuentra la concepción de desarrollo. Mientras que las capacidades materiales se traducen en financiamiento y en la concreción de cierto tipo de ideas. Por último, las relaciones de poder permanecen encubiertas, en ocasiones bajo imágenes técnicas, pero se encuentran en la base de la configuración de determinados conjuntos de ideas, así como en el manejo de las capacidades materiales.

La particular interacción con el modelo neoliberal da cuenta de la proyección de ideas por parte del BID, y constituye un enlace entre las esferas internacional y doméstica. Al mismo tiempo, el Banco proveyó financiamiento para la implementación de las reformas, lo cual revela tanto la parte material como la vinculación entre lo político y lo económico. La dimensión del poder no es explícita, pero puede encontrarse en los beneficiarios del modelo, que dispone todas las condiciones en favor del sector privado.

En el Perú se ha mantenido el modelo neoliberal con absoluto apoyo del BID. Por tanto, puede afirmarse que el Banco ha soportado el modelo, de modo que contribuyó a la concreción de sus objetivos. Pero es preciso reconocer que también ha exhibido esfuerzos para mantenerse en el país en un contexto de menor demanda de financiamiento multilateral.

En el Ecuador, El BID ha demostrado un total alineamiento con el modelo durante los periodos neoliberales. Mientras que frente al modelo progresista las divergencias son evidentes en el plano de las ideas. Sin embargo, al igual que en el caso del Perú, es claro el esfuerzo del BID por conservar espacio. De este modo, también proveyó cierto soporte al modelo y a la concreción de sus lineamientos mediante recursos para inversión, en particular en lo relativo a un importante objetivo gubernamental, el “cambio de la matriz energética”.

En conclusión, el financiamiento del desarrollo puede entenderse en términos de proveer soporte material para la específica concepción de desarrollo planteada por el modelo político. Entonces es preciso buscar en qué consiste tal planteamiento, lo cual resulta difuso. Pero también puede asumirse como el desarrollo del modelo mismo. En el caso del BID, puede afirmarse que ha soportado material e ideacionalmente el modelo neoliberal, y que coadyuvó a su desarrollo.

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  1. Este trabajo proviene de mi investigación doctoral en el programa en Estudios Internacionales de FLACSO Ecuador. Dicha tesis aborda la interacción entre mecanismos financieros regionales y modelos políticos suramericanos 2001-2016.
  2. Entrevista anónima realizada por la autora. Quito, 22 de octubre de 2019.
  3. Entrevista anónima realizada por la autora. Medios virtuales, 29 de noviembre de 2019.
  4. Entrevista anónima realizada por la autora. Quito, 22 de octubre de 2019.
  5. Arauz, Andrés. Entrevista por la autora. Medios virtuales, 29 de septiembre de 2019.


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