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7 Empresas, vacunas y virus[1]

Desafíos para el desarrollo en América Latina

Katiuska King Mantilla y César Carranza Barona

Introducción

El coronavirus ha trastocado las dinámicas sociales y económicas en el mundo. Se ha presentado una tensión permanente entre la salud pública, que busca prevenir la saturación de los hospitales, sobre todo de las unidades de cuidados intensivos, y las presiones por impulsar la actividad económica evitando la promoción de nuevos confinamientos. Para salir del entuerto, se ha visto la imperiosa y apremiante necesidad de contar con las vacunas que se requieren para inocular a la población. Para ello, los gobiernos de los países ricos no dudaron en impulsar su investigación a través de recursos humanos y económicos que, con ciertas excepciones, fueron en su mayoría otorgados a empresas multinacionales (EMN).

A través de ello, se cuenta en la actualidad con algunas marcas de vacunas cuyas dosis fueron preencargadas y acaparadas por los países ricos que apoyaron su financiamiento, mientras que las patentes se mantienen en propiedad de las empresas fabricantes. Si bien el proceso de investigación de las vacunas fue más rápido de lo habitual puesto que se realizaron ciertas fases en paralelo una a otra y no de forma secuencial,[2] su acceso en el Sur Global está mediado por los derechos de propiedad, acaparamientos de vacunas por parte de ciertos países ricos, así como por negociaciones asimétricas con algunas EMN y, en algunos países, dificultades presupuestarias que obstaculizan un abastecimiento masivo e incluso mínimo para inocular a personal de primera línea y población en riesgo, sobre todo durante los primeros momentos de la distribución.

El presente capítulo está organizado en cinco partes, la primera introduce el tema, la segunda discute la evolución de la conceptualización de las vacunas, sus financiamientos para las empresas fabricantes y las patentes, la tercera discute las orientaciones del desarrollo en América Latina y la eventual posibilidad de producir las vacunas para la propia región, la cuarta presenta un análisis de la economía política de la medicina en el marco de la biopolítica y la última sección señala algunas conclusiones.

1. Bienes comunes globales del conocimiento, financiamiento, compras anticipadas y derechos de propiedad

En procura del bien común (Gozum, 2021) y de superar la mercantilización de la salud, poniendo en evidencia su relevancia para el bienestar y la vida humana, esta ha sido pensada de varias formas abocadas a cuestionar la orientación de su finalidad hacia el mercado. Para ello, la salud ha pasado de ser considerada como un bien preferente o social,[3] un bien público y un bien común,[4] a ser considerada un bien común global (Yunus, Donaldson y Perron, 2020) en el sentido de Ostrom y Hess (2016).

En este marco, las vacunas se ponen en el centro de la prevención de la salud para un regreso paulatino a la vida prepandémica, a una “normalidad”, que se supone debe privilegiar el crecimiento de la economía. Ubicar las vacunas contra el covid-19 dentro del debate de los bienes comunes del conocimiento implica:

Proporciona[r] un modelo alternativo coherente para obtener un mayor equilibrio entre preocupaciones económicas, sociales y éticas. Permite hablar de la inalienabilidad de determinados recursos y del valor de la protección de los intereses comunitarios. El paradigma de los bienes comunes llena un vacío teórico al explicar cómo puede crearse y sostenerse valor significativo fuera del sistema de mercado. No analiza prioritariamente el sistema de propiedad, de los contratos y de los mercados, sino las normas y reglas sociales y los mecanismos jurídicos que permiten a la gente compartir la propiedad y el control de los recursos (Bollier, 2016, 63).

Por el alto costo de los medicamentos de distribución mundial sobre todo para enfermedades prevenibles y comunes en países del Sur Global, como la tuberculosis y la malaria, o virales y mundiales como el sida, estos empezaron a considerarse “bienes públicos mundiales”, y en su momento se discutió la “concesión obligatoria de licencias en el caso de emergencias sanitarias, y la transferencia de tecnologías a países con menor capacidad productiva” (Vieira, 2002, 427).

Si bien las primeras discusiones sobre el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, en inglés denominado TRIPS) ponían en evidencia el rol de las patentes en el precio de los medicamentos y la necesidad de hacerlos accesibles a nivel mundial, este tratado se terminó convirtiendo en un mecanismo de protección de los derechos de propiedad de dichos medicamentos y no precauteló su papel en la salud pública.

De los bienes públicos mundiales se pasa a los bienes públicos globales que mantienen propiedades de no rivalidad en el consumo e inaplicabilidad del principio de exclusión. Lo que se traduce en lo siguiente:

La participación de un agente adicional en los beneficios derivados del consumo de un bien no reduce los beneficios obtenidos por los demás consumidores, lo que implica que el coste marginal de admitir un usuario adicional es cero. Consiguientemente, y puesto que la participación de un agente en los beneficios no afecta a los de los demás, no es eficiente excluir a ninguno de su consumo una vez que el bien ha sido provisto. Por su parte, la no excluibilidad implica que no es posible (incluso aunque fuese eficiente), una vez provisto el bien, excluir de los beneficios de su consumo a ningún agente (García-Arias, 2004, 188).

Las barreras que impiden su acceso, como aquella que conllevan las patentes, implican una privatización del conocimiento y pasan por alto los importantes recursos públicos otorgados para los procesos de investigación y desarrollo de las distintas vacunas. Una barrera que deriva de ello, particularmente en los países del Sur Global, es la poca disponibilidad de vacunas para hacer frente a la pandemia y al aparecimiento de nuevas cepas, lo que pone en jaque sus sistemas de salud y limita sus capacidades de reactivación económica.

En esta perspectiva, cabe interrogarse en clave de economía política internacional (EPI) si en el marco del acceso a la salud como un bien común global deben primar los derechos de propiedad de las empresas fabricantes o la situación sanitaria debe obligar a conceder licencias y transferencia de tecnologías, más aún cuando el desarrollo de las vacunas por parte de esas empresas recibió importantes apoyos públicos, como se verá más adelante.

Está claro que existen múltiples usos e intereses en conflicto en estos bienes comunes. Las grandes empresas han apoyado el incremento de las patentes y los derechos de propiedad, mientras que muchos científicos, especialistas académicos y personas activas en sus respectivos campos adoptan acciones para garantizar el libre acceso a la información (Hess y Ostrom, 2016, 34).

Las vacunas, dentro de la tipología de los bienes públicos globales (BPG), entrarían como bienes que proporcionan beneficios públicos al reducir los riesgos de pandemia, y también como BPG de conocimiento debido a la tecnología utilizada en su producción con el objetivo de descubrir una vacuna contra una enfermedad (García-Arias, 2004).

Si bien la vacuna contra el covid-19 no previene la enfermedad, permite que sus efectos en la salud no sean tan graves y extendidos. Detrás de los debates en torno a considerar a las vacunas como BPG, lo que facilitaría un mayor acceso a ellas a costos menores, está la tensión entre mercado y Estado, planteada desde los enfoques convencionales de la economía. Una disputa que rebasa el ámbito netamente económico, ya que involucra aspectos éticos, una nueva biopolítica, y profundiza los debates sobre una nueva gobernabilidad mundial, no solo en materia de salud, que permita hacer frente a las crisis múltiples, diversas e interrelacionadas que cada vez son más frecuentes y profundas en el sistema-mundo vigente.

En esta perspectiva, la pandemia por el covid-19 evidencia la necesidad de pensar alternativas al modelo civilizatorio hegemónico y a los mecanismos de gobernanza global. Žižek (2020) plantea que la pandemia muestra los límites de la globalización, pero también la necesidad de coordinación y colaboración global para la supervivencia. Una respuesta en la que primen valores humanos como la solidaridad y el bienestar global frente al lucro del mercado. No obstante, las respuestas nacionalistas orientadas al acaparamiento de vacunas incidieron, por ejemplo, en la aparición de la variante Ómicron, registrada por primera vez en África a finales de 2021. Ayoade Olatunbosun-Alakija, directora de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas, sostiene que era conocido que el retraso en los procesos de vacunación en países enteros incrementaría la posibilidad del surgimiento de nuevas variantes potencialmente peligrosas, los países ricos no cesaron en el acaparamiento excesivo de vacunas, lo cual implicó que se abandonen estrategias equitativas de vacunación global, la variante Ómicron fue una consecuencia de ello (BBC News Mundo, 2021).

En el mismo sentido expresado por Žižek, Velásquez y Syam (2021) plantean que para esta, como para futuras pandemias, es necesaria la “acción colectiva y organizada para proteger la salud pública en todo el mundo y garantizar que se anticipen y cubran las necesidades de todos los países, en particular los países en desarrollo y menos adelantados” (2021, 2). Valga indicar que dicha acción colectiva está permeada por los intereses financieros de las empresas fabricantes, al punto que la propia gobernanza multilateral en términos de recursos y capacidad de actuación no se encuentra en el seno de la Organización Mundial de la Salud (Velásquez y Syam, 2021).[5]

El peso de los intereses empresariales y de la inclinación política de los Estados hacia la austeridad económica incluso en materia de salud no es nuevo y representa un problema para la prevención y gestión de enfermedades transmisibles y de riesgo pandémico. Tras la aparición del SARS y su propagación global en 2003, un conjunto de países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 64 en total, se comprometieron, a través de Reglamento Sanitario Internacional convenido en 2005, a fortalecer sus capacidades de detección, evaluación, información y respuesta ante riesgos y eventos futuros de salud pública. No obstante, nueve años después, en 2014, tan solo un tercio de los países participantes habían cumplido a plenitud con el desarrollo de capacidades básicas según lo convenido (CDC, 2015).

La imperiosa necesidad de contar con las vacunas ha propiciado que para agosto de 2021 existan, con distintos niveles de aprobación, al menos 23 vacunas a nivel mundial. Es menester recalcar que esto ha sido posible por los recursos públicos otorgados por los países ricos, cuya contribución asciende a más de 6.000 millones de dólares como consta a continuación en el gráfico 7.1.

Figura 7.1. Inversión en I+D de vacunas para el covid-19 (en millones USD)

Fuente: Global Health Centre (2021). Elaboración propia.

Tres países, Estados Unidos, Alemania y Hong Kong, concentraron el 66% de la inversión en la investigación y desarrollo de las vacunas para el covid-19, siendo el primero el que aportó con más de la mitad de dicha inversión. Al ver esta contribución, en relación con el producto interno bruto, los países que más contribuyeron fueron: Hong Kong, Noruega, Singapur y Alemania.

En el imaginario, resonaron más los aportes de la filantropía, como los realizados por la fundación Gates o de personajes como Jack Ma de Alibaba, o de la música, como los de la cantante Dolly Parton, lo que ha amplificado el verdadero aporte de la filantropía para el desarrollo de las vacunas. En realidad, resulta que este fue marginal frente al financiamiento de los gobiernos y más aún frente a las compras futuras de vacunas a las propias empresas para asegurar y acaparar el abastecimiento.

Figura 7.2. Financiamiento en I+D de vacunas por tipo de fuente

Fuente: Global Health Centre (2021). Elaboración propia.

El sector privado contribuyó con el 7,9% del financiamiento, mientras que la filantropía lo hizo en un 1,3%. En otros, aparecen aportes no identificados provenientes principalmente de Suiza y en mucho menor medida de Canadá. Esto no es nuevo y Mazzucato (2013) ya lo ha puesto en evidencia, respecto al comportamiento de las empresas farmacéuticas y al hecho de que sea el Estado el que asume principalmente el financiamiento de la investigación y desarrollo, así como sus riesgos. Se convierte así en un “Estado emprendedor” pero no necesariamente, por ello, recibe los réditos de estas inversiones.

Estos datos se complementan con lo mencionado por Hooker & Palumbo (2020) sobre la participación de organizaciones no gubernamentales por un 14%, donde principalmente aparece CEPI,[6] que es la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations por sus siglas en inglés, con un financiamiento de 733,40 millones de dólares.

A continuación, se presenta el flujo de recursos de I+D por tipo de vacuna.

Tabla 7.1. Flujo de financiación de I + D de vacunas: financiación directa, financiación secundaria y financiación a intermediarios (en millones de USD)

Vacuna

Monto total

Empresa

1

Janssen

1.027,9

Johnson & Johnson

2

Moderna

957,3

Moderna

3

BioNTech/Pfizer

800,3

BioNTech
Fosun
Pfizer

4

Curevac

741,7

Curevac

5

Novavax

508,0

Novavax

6

Sichuan Clover Biopharm

328,0

Clover Biopharmaceutical

7

Sinopharm

145,0

Sinopharm

8

Medicago

135,5

Medicago

9

IDT-Biologika

132,1

IDT-Biologika

10

University of Oxford/AstraZeneca

118,0

AstraZeneca

 

Total

4.893,6

Fuente: Global Health Centre (2021). Elaboración propia.

Cada país privilegió el financiamiento de sus propias vacunas, con ciertas excepciones, así, por ejemplo, la AstraZeneca contó con un 98% de financiamiento del Reino Unido, que equivalió al 23% de lo invertido por ese país. Mientras que la vacuna que más financiamiento recibió fue Janssen, que obtuvo el 100% de recursos de Estados Unidos, lo que se ilustra en el gráfico 7.3.

Figura 7.3. Flujo de financiación de I + D de vacunas: financiación directa, financiación secundaria y financiación a intermediarios (en millones de USD)

Fuente: Global Health Centre (2021). Elaboración propia.

BioNTech/Pfizer es la vacuna que se ubica como la tercera en recibir más financiamiento y fue producida por BioNTech, empresa alemana, en asociación con la EMN Pfizer. Esta vacuna contó con un tercio de todo el financiamiento alemán, 35% del financiamiento de la Unión Europea y la totalidad del financiamiento de Singapur.

Pese a que todas estas empresas recibieron recursos públicos, sus derechos de propiedad se mantienen en propiedad de estas y los resultados de la investigación y desarrollo no son públicos ni accesibles. Por la envergadura de la pandemia la secuencia del genoma sí fue compartida.

Pero además de los recursos de investigación y desarrollo recibidos, el propio financiamiento de las empresas que según Hooker y Palumbo (2020) representó un 24%, están las compras anticipadas realizadas por los gobiernos, tal como se observa en el cuadro siguiente.

Tabla 7.2. Flujo de financiación de I + D de vacunas: acuerdos de compra anticipada (en millones de USD)

 

Vacuna

Monto total

Empresa

Número de países

1

BioNTech/Pfizer

17’748,98

BioNTech/Pfizer

4

2

Curevac

2’767,50

Curevac

1

3

Moderna

7’380,00

Moderna

2

4

Sanofi Pasteur/GSK

4’890,00

Sanofi Pasteur/GSK

2

5

Janssen

4’900,00

Johnson & Johnson

3

6

Novavax

1’600,00

Novavax

1

7

University of Oxford/AstraZeneca

4´848,51

AstraZeneca

9

8

Valneva

858,00

Valneva

1

Total

44’992,99

Fuente: Global Health Centre (2021). Elaboración propia.

Por compras anticipadas estas empresas recibieron siete veces más que en investigación y desarrollo. Las vacunas que más acuerdos de compra recibieron fueron Moderna y BioNTech/Pfizer. La primera recibió de 25 a 35 dólares por cada dosis, la más cara del mercado, y la segunda con un precio en torno a los 19 dólares; sin embargo, estos valores no incluyen su transporte y almacenamiento, que en el caso de la BioNTech/Pfizer exige condiciones particulares. En este cuadro 7.2, es preciso indicar que Sanofi/GSK y Valneva se encuentran en la fase 3 y todavía no estaban disponibles hasta febrero de 2022.

Estas compras anticipadas implicaron un nacionalismo de vacunas (Abbas, 2020), tal como ya se observó en 2009 con el virus H1N1. Los acuerdos de compras anticipadas son acuerdos bilaterales entre países que permiten la provisión a los países que las compran en condiciones privilegiadas con exclusiones (Phelan et al., 2020) y que potencialmente implican un desabastecimiento para los países de renta baja. Es así que la iniciativa COVAX “compite con países ricos que tienen la oportunidad de comprar pagando por adelantado las existencias de vacunas a las farmacéuticas” (EFE, 2021). La Unión Europea y Estados Unidos están a la cabeza de los acuerdos de compras anticipadas con casi el 86%.

A principios de siglo ya se puso en evidencia que los precios de los retrovirales contra el VIH, obstaculizaban su disponibilidad en los países en vías de desarrollo (Collazo Herrera, 2004), lo que llevó a países como Brasil, India y Sudáfrica a replantear sus políticas respecto a las patentes farmacéuticas sobre los medicamentos relacionados con el VIH-SIDA, malaria y tuberculosis, enfermedades presentes y extendidas en los países del Sur Global (Giaccaglia, 2010). Entre todas las vacunas que se encuentran aprobadas, la más conocida y posicionada en el imaginario a nivel global es la BioNTech/Pfizer, en cuyo precio se debe incluir lo que implica mantener requisitos más rigurosos de logística y transporte porque debe respetar una cadena de frío a temperaturas más bajas. Esta vacuna luego de las operaciones financieras que se describen en el recuadro 7.1 se beneficia de la marca Pfizer, conocida por sus medicamentos en varias áreas de la salud, entre las que destacan los tratamientos oncológicos.

Esta vacuna que fue la primera en obtener el permiso de aplicación en el Reino Unido, también ha recurrido a prácticas de chantaje y solicitud de garantías soberanas como embajadas o bases militares en caso de que se presente alguna demanda legal futura (Davies et al., 2021). La propia OMS ha contratado seguros contra la posibilidad de demandas legales futuras, a través de “programas de inmunización sin culpa” para las vacunas proporcionadas por COVAX. Con estos seguros se libera a “los fabricantes de vacunas la carga de responsabilidad por los efectos adversos” (Velásquez y Syam, 2021, 10).

Recuadro 7.1. Moderna, BioNTech-Pfizer y AstraZeneca: estrategias diferenciadas, ¿quién invierte y quién asume las ganancias?

El análisis desde una perspectiva comparada de las estrategias financieras de las vacunas producidas por las empresas Moderna, BioNTech-Pfizer y AstraZeneca permite comprender sus resultados, así como sus posicionamientos económicos, estratégicos y simbólicos. Los criterios de selección de estas tres vacunas son su precio, efectividad[7] y conocimiento entre la población. Siendo Moderna la más cara, AstraZeneca la más barata y BioNTech-Pfizer la primera en ser aprobada y la más conocida en la región latinoamericana.

Tabla 7.3. Comparación de precios por dosis de vacunas analizadas

Vacuna

Precio por dosis

Moderna

25

37

Pfizer-BioNTech

18,34

19

AstraZeneca

4

8,1

Fuente: Global Health Centre (2021), Hooker & Palumbo (2020). Elaboración propia.

La vacuna de AstraZeneca se realizó con el auspicio de la Universidad de Oxford de Reino Unido. Es la vacuna más barata porque su precio de venta durante la emergencia corresponde a los costos de producción. En términos de apoyos de investigación y desarrollo, recibió 118,01 millones de dólares y cuenta con más de 4.000 millones de dólares en compras anticipadas. Esta vacuna utiliza una tecnología tradicional de vectores virales y presenta una menor efectividad que las otras dos. Por ejemplo, se previene la hospitalización ante la variante Delta en un 92% luego de la segunda dosis, mientras la Pfizer-BioNTech provee un 96% de efectividad (PHE, 2021).

En términos de efectividad con dos dosis, la vacuna de Moderna tiene una efectividad del 94,1% (CDC, 2021b), mientras que la de Pfizer-BioNTech presenta una efectividad de 95% en la prevención de casos de covid-19 confirmados en laboratorio y sin evidencia de infecciones previas (CDC, 2021c).

Por otro lado, las vacunas Moderna y BioNTech-Pfizer utilizan una tecnología más innovadora y moderna basada en el ARN mensajero (ARNm) que “enseñan a nuestras células a producir una proteína, o incluso una porción de una proteína, que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo” (CDC, 2021a). Es preciso recordar que Moderna es la vacuna más cara entre todas las aprobadas, además de manejar precios más altos en Europa que en Estados Unidos (Kollewe, 2021) y la segunda que más financiamiento en investigación y desarrollo recibió, por 957.3 millones de dólares luego de la vacuna Jansen, lo que significa ocho veces más que la AstraZeneca y cuenta con compras anticipadas por 10.080 millones de dólares.

La vacuna producida por la empresa alemana BioNTech, que ya tenía una alianza con la EMN Pfizer desde 2018 para fabricar vacunas para la influenza, tuvo diferentes estrategias de financiamiento para su producción y distribución que pueden ser útiles en términos de visualizar quién invierte y quién toma los réditos. Esta vacuna obtuvo 800 millones de dólares en recursos de investigación y desarrollo y 6.420,32 millones de dólares en compras anticipadas. BioNTech realizó un primer acuerdo de desarrollo y comercialización con la empresa china Fosun Pharma por 135 millones de dólares. Esta última empresa compró por 50 millones de dólares, 1,58 millones de acciones y acordó mantener ganancias compartidas con BioNTech por las ventas de la vacuna en China (BioNTech, 2020) asegurando la distribución y venta futura en ese país.

Un día después, la EMN con base en Estados Unidos, Pfizer, también invirtió 185 millones de dólares en BioNTech y compró principalmente acciones por 113 millones de dólares (SEC, 2020), con lo cual se aseguró de obtener ganancias futuras en caso de que la vacuna sea exitosa. Más adelante, el gobierno alemán entregó 434,4 millones de dólares en investigación y desarrollo, más del doble de lo que la EMN Pfizer invirtió en acciones. El desarrollo de la vacuna de BioNTech posteriormente obtuvo recursos de la Unión Europea por 115,9 y de Singapur por 250 millones de dólares. El valor de mercado de BioNtech permitió que sus accionistas se encuentren actualmente dentro del ranking de las personas más adineradas del mundo por el aumento del valor de mercado de la empresa.

Es preciso advertir que el gobierno alemán apoyó a BioNTech, pero sin obtener los frutos de la inversión en el caso de Pfizer o acciones y ganancias compartidas por las ventas en el caso de Fosun. Esta vacuna además de ser la pionera y tener mayor efectividad, cuenta con el renombre de la marca Pfizer y se beneficia así de su posicionamiento. La vacuna de Moderna mantuvo una estrategia tradicional, recibió múltiples recursos públicos como investigación y desarrollo, cobra el precio más alto y es la empresa cuyo precio de la acción más creció entre las tres.

Otra de las conclusiones que se desprenden tiene que ver con las diferentes estrategias de la empresa china Fosun y la estadounidense Pfizer, la primera garantizando la distribución y abastecimiento de su mercado y obteniendo ganancias por ello, y la segunda privilegiando únicamente los intereses de la empresa. Sin duda, la entrega de los recursos para investigación y desarrollo, así como los términos de las compras anticipadas, que no son conocidos, deben ponerse en la mesa de discusión para el debate y cuestionamiento del uso de recursos públicos para obtener bienes comunes globales.

El valor de las marcas de las empresas y sobre todo de las EMN está relacionado con un tema subjetivo de calidad y modos de vida (King Mantilla, 2020). Cuando se habla de esta vacuna ni siquiera aparece el nombre de la empresa que la produjo ni de la segunda empresa transnacional que invirtió y compró posteriormente acciones de BioNTech. Los derechos de propiedad se relacionan con el valor de mercado de las empresas, sobre todo de las EMN, y no es casual que la vacuna desarrollada por BioNTech en asociación con Pfizer se posicione como la de mejor calidad, justamente porque se aprovecha de las ventajas de su marca y encubre los apoyos estatales, así como otras prácticas de la comunicación con sujetos sensibles. Esto le permite construir imaginarios y obtener fuertes réditos con costos sociales. A nivel global el acceso oportuno y suficiente a vacunas está mediado por relaciones de poder, en las cuales los países de la periferia tienen menor capacidad de incidencia.

Las empresas farmacéuticas que tienen la propiedad intelectual de las vacunas también se benefician de los imaginarios posicionados por comunidades epistémicas, redes de profesionales de reconocido prestigio y capacidad de incidencia en las políticas de los países (Haas, 1992).[8] Este factor aumenta su influencia en materia económica y de salud pública, lo que limita la discusión global de los derechos de propiedad de las vacunas, tal como sucedió con el VIH en su momento. Estas comunidades podrían ser consideradas como parte de la globalización subterránea que favorece intereses particulares en detrimento del bien común.

En la actualidad, se discute la posibilidad de un nuevo tratado internacional vinculante ante pandemias que podría ser impulsado desde la OMS y cuyo principal escollo es la OMC con su tratado ADPIC, que protege las patentes de las vacunas, tal como fue advertido en 2008 (Velásquez, 2019). Esta protección genera un efecto perverso en aquellas enfermedades que afectan a los países pobres porque “no ofrecen beneficios atractivos y rentables” (Velásquez y Syam, 2021, 6). La propuesta de una exención temporal de ADPIC durante la pandemia cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la oposición de Alemania, tal vez por el éxito o posicionamiento de la vacuna BioNTech-Pfizer. Este acuerdo implica retos para el Sur Global como “mecanismos para permitir el acceso abierto a las tecnologías, incluidos los conocimientos técnicos, con el fin de ampliar la fabricación local de suministros de salud relacionados con la pandemia” (Velásquez y Syam, 2021, 7).

2. Orientaciones, limitaciones al desarrollo y acceso a vacunas en América Latina

En este marco, América Latina puede sentarse a esperar que se vayan cumpliendo las entregas de las dosis preencargadas o podría mantener una estrategia más activa en la producción de las vacunas. Según que se ha podido ver hasta el momento, en la región se han implementado una diversidad de estrategias tanto para la adquisición de vacunas cuanto para otros asuntos relacionados con ellas, producción, distribución, etc., pero sin poder establecer una estrategia común y coordinada que permita a los países en conjunto contar con condiciones más ventajosas y equitativas en el acceso a las vacunas.

Las relaciones internacionales de poder han jugado un rol fundamental en estos procesos, desde determinaciones sobre el tipo de acuerdos efectuados por ciertos países, las vacunas que se aprueban y las que no, el acaparamiento y redistribución regional a través de prestaciones con valor agregado y donaciones. Así también, ante la escasez de vacunas por el acaparamiento global y regional, ciertos países de renta más baja, incluso respecto de otros periféricos, han optado por estrategias de cierto riesgo. Por ejemplo, el participar en programas de vacunación voluntaria de vacunas en desarrollo. Algunas vacunas ya han pasado las fases de desarrollo correspondientes pero no han sido aprobadas en estos territorios debido, entre otras cosas, a presiones internacionales por convenios y acuerdos bilaterales; mientras que otros de renta más alta han podido contratar cantidades de dosis que superan la cantidad requerida para vacunar a sus poblaciones, a la vez que invertir en programas de producción de vacunas ya aprobadas por las empresas fabricantes y en proyectos de desarrollo de vacunas propias.

El panorama internacional que se dibuja entre el acaparamiento y el desabastecimiento es desolador para Latinoamérica. Las prácticas biopolíticas del Norte Global; es decir, la protección de la vida biológica de sus poblaciones (Foucault, 2002), se ha valido de prácticas necropolíticas en el Sur. El ejemplo más crudo de ello ha sido la mencionada estrategia de abastecimiento seguida por varios países latinoamericanos, de aceptar participar en programas de ensayo de vacunas en desarrollo, aun cuando otras vacunas se encuentran ya en el mercado, pero principalmente acaparadas por los países del Norte. Para 2020, en comparación con otras regiones, la mayoría de las vacunas candidatas en fase 3 tenían como población de ensayo al menos un país latinoamericano, muchas de ellas a más de uno; de un total de 23 vacunas en fase 3, 10 realizaron, ya sea de manera exclusiva o no, sus ensayos en países de América Latina (Perelli et al., 2020). Latinoamérica se convirtió en la región del planeta que concentró comparativamente la mayor cantidad de proyectos de ensayo para el desarrollo de vacunas. Estos ensayos se han dado generalmente a través de acuerdos directos entre los países y diferentes empresas farmacéuticas, entre ellas Jhonson & Jhonson, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, BioNTech, Gamelaya Center, etc. (García, 2020). Por otra parte, los organismos internacionales han impulsado estas prácticas bajo una idea de altruismo con los países que tienen un acceso más limitado a las vacunas. En este sentido, a finales de 2020 la OMS y la OPS presentaron la iniciativa Solidarity a los Ministerios de Salud de cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y México; una iniciativa que consistió en coordinar una estrategia acelerada de ensayos clínicos en parte de las poblaciones de estos países, sosteniendo que además de ayudar al rápido desarrollo de nuevas vacunas, serviría de apoyo a estos países para acrecentar sus tasas de vacunación (OPS, 2020). Bajo esta dinámica global, la carga de los procesos riesgosos de investigación recae principalmente sobre el Sur Global, mientras que los beneficios gozados, preeminentemente por el Norte Global (Ravignetto, 2021).

Al igual que en el nivel global, también se ha evidenciado una carrera regional por la adquisición de vacunas, donde son identificables países que han acaparado cantidades de dosis por encima de lo necesario para vacunar a sus poblaciones, mientras otros no han logrado cubrir todavía la totalidad de su población e incluso casos en que ni siquiera se tiene un abastecimiento básico mínimo de los grupos con mayor riesgo y exposición. Este último es, por ejemplo, el caso de Haití, que no ha conseguido vacunar hasta el primer trimestre de 2022 ni a un 2% de su población (Ritchie et al., 2022). Con datos a marzo de 2022, un total de 10 países de América Latina y el Caribe no han alcanzado ni un 50% de población vacunada con al menos una dosis, y 16 países tienen porcentajes menores a 50% de su población vacunada con dos dosis (Statista, 2022).

Para analizar lo ocurrido con el abastecimiento de vacunas en los países latinoamericanos es necesario considerar dos niveles de determinación. El primero viene dado por las acciones tomadas por los países del Norte Global, empresas fabricantes y entidades internacionales, mientras que el segundo tiene que ver con el escenario político de los distintos países latinoamericanos, atravesado por lo que Mazzucato identifica como una visión austera del Estado (Rodríguez, 2020), también propiciada por la hegemonía del Norte, por ejemplo a través de acuerdos generalmente derivados de préstamos a entidades como el FMI que comprometen la implementación de medidas de austeridad y reducción del gasto público para estos países.[9] Sobre estos dos niveles es posible comprender a detalle cuáles han sido las estrategias que han desplegado los países latinoamericanos para asegurar la adquisición de dosis de las diferentes vacunas del mercado.

Para el primer punto se visualiza, como se ha expuesto anteriormente, una gestión nacionalista del acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos, especialmente Estados Unidos y los de la Unión Europea, que mediante acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas han contratado, incluso de manera anticipada a su salida al mercado, la gran mayoría de la producción de vacunas. Pero esto ha venido acompañado de una agencia centrada en el mercado y deslocalizada, sobre todo por parte de las EMN. Esto último se expresa en una difusión incompleta de datos sobre el desarrollo de las vacunas por parte de estas empresas que, negándose a hacer públicas no solo las patentes, sino la información de procedimientos científicos y tecnológicos sobre el desarrollo de las vacunas, los datos compartidos guardan una orientación financiera en lugar de sanitaria (Mazzucato, Lishi Li y Torreele, 2020). Es así como “ejecutivos de grandes laboratorios vendieron sus acciones de las compañías farmacéuticas después de anunciar que habían conseguido desarrollos de vacunas efectivas contra [la] Covid-19” (Fernández y Godoy, 2021, 4) para beneficiarse de los súbitos aumentos de las acciones de las empresas farmacéuticas.

Estas mismas empresas, conformantes del llamado BigPharma, rechazaron la adhesión al programa de la OMS promovido por 35 países, de Acceso Mancomunado a Tecnología contra la covid-19 (C-TAP), que consistía en la divulgación pública de estudios sobre el virus, ensayos clínicos, así como demás información relevante sobre el desarrollo de vacunas y permisos para la producción extendida, que habrían ayudado a más rápidos y mejores procesos de producción y abastecimiento global (González Carrillo y Juárez Torres, 2020; ONU, 2021).

El escenario de desarrollo de vacunas entre los países del Norte, muy lejos de consolidarse como un ambiente colaborativo, se constituyó como lo que varios autores llamaron una carrera sanitaria global.[10] Las disputas entre los países que competían por el inicial lanzamiento al mercado de una vacuna tomaron varias formas, desde ataques cibernéticos hasta la culpabilización de ciertos países —principalmente a China— por la existencia y propagación de virus y propagandas de desprestigio y sospecha sobre la efectividad de la vacuna —recaídas principalmente sobre Rusia— (Priego, 2020). Pero esta disputa geopolítica de carácter nacionalista ha estado marcada por una producción global deslocalizada. Esto tiene particular importancia en países no hegemónicos pero que participan de ciertos acuerdos de producción y distribución, entre ellos varios latinoamericanos como México y Argentina, y de manera más compleja, por los efectos internos que estos acuerdos tuvieron en la salud pública, en India.

Siendo India un país de renta media, no ha podido influir en las determinaciones de las empresas fabricantes al igual que otros como Estados Unidos, Francia, Canadá o China; sin embargo, debido a que la empresa AstraZeneca-Oxford mostró una postura más solidaria con respecto a la producción y fabricación de su vacuna, otorgó licencias tecnológicas para su producción a otras compañías, entre las que se encuentra el Serum Institute of India (ONU, 2021). Este país es, a 2021, el mayor productor de vacunas en el mundo, no obstante, no ha vacunado todavía a buena parte de su población de primera línea (BBC News Mundo, 2021b), por lo que tras un acrecentado colapso de la situación sanitaria en el país se prohibió parte importante de la exportación de vacunas, con el fin de extender la vacunación al interior (Barberena, 2021; BBC News Mundo, 2021a), lo que ha tenido efectos de desabastecimiento sobre los países que no están en capacidad de producir sus propias dosis.

El hecho de que India, siendo el mayor productor mundial de vacunas, no haya podido asegurar su distribución interna demuestra que, aun pese a pretensiones de solidaridad de parte de ciertas casas farmacéuticas, como la apertura a entregar licencias o la afirmación por no lucrar con la vacuna durante la pandemia —también de parte de AstraZeneca-Oxford—, los intereses de las empresas fabricantes prevalecen sobre las necesidades de los países que no tienen la capacidad de competir con otros de mayor renta por el abastecimiento.

Se han desplegado varios esfuerzos de parte de entidades internacionales para evitar y paliar las desigualdades en la distribución global de las vacunas. En lo concerniente a la difusión pública de la información y las licencias de producción, se presentó la iniciativa C-TAP, a la que las empresas fabricantes vinculadas al BigPharma se negaron a participar. En octubre de 2020 se presentó una propuesta a la OMC para suspender de manera temporal ciertas limitaciones de propiedad intelectual sobre el desarrollo y producción de vacunas para los países miembros, sin embargo, a pesar del apoyo de varios miembros, incluida China, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los países argumentando que causaría tropiezos y desincentivos a los fabricantes (Moon y Ruiz, 2021; OMC, 2020).

La iniciativa de mayor peso en lo que se refiere a una distribución global más equitativa de las vacunas es, probablemente, COVAX. Se trata de un mecanismo creado en abril de 2020 por la OMS, Gavi-Alianza Global para las Vacunas y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad equitativa de las vacunas alrededor del mundo, subvencionando a los países de renta más baja. No obstante, incluso antes de la aprobación de las primeras vacunas el mecanismo COVAX tuvo problemas en cuanto a la adquisición de dosis para su distribución entre los aproximadamente 190 países que dependen en parte de él; esto debido al prematuro acaparamiento de parte de los países de renta alta, así como a la multiplicidad de acuerdos bilaterales tanto por estos países cuanto por otros de renta media y baja que buscaban asegurar un mínimo de adquisición de dosis para sus poblaciones (Moon y Ruiz, 2021).

La iniciativa COVAX también tuvo que enfrentar la falta de cooperación por parte de los países de renta alta. Al respecto, Estados Unidos dio un paso al costado en el desarrollo del programa, en línea con la ruptura del gobierno de Trump con la OMS, que se ausentó al evento del ACT en que se propuso la iniciativa (Moon y Ruiz, 2021). Así mismo, otros países como Reino Unido, que había ofrecido 571 millones de libras para COVAX (Rayner, 2020) y China, finalmente realizaron una inversión considerablemente menor a la inicialmente prevista para el programa. Tal es así que el primer objetivo de COVAX, distribuir 100 millones de dosis —siendo su meta última hacer llegar 2000 millones de dosis en 2021 a todo el mundo—, no se ha alcanzado; hasta febrero de 2021 se habían movilizado apenas 38 millones de dosis, de las cuales 37 millones provenían de AstraZeneca y eran producidas en su mayoría en India (El País, 2021). Aun para 2022, la meta prevista no se ha cumplido, las cifras registradas en enero del presente año son de 1000 millones de dosis entregadas a través de COVAX a nivel global, la mitad de lo previsto para 2021 (Francia Diplomacia, 2022).

Varios países de Latinoamérica producen vacunas ya ofertadas en el mercado; es el caso de Argentina, que produce dosis de Sputnik-V y participa de la producción de vacunas de AstraZeneca, y de México, que ha empezado también a producir esta última (González Carrillo y Juárez Torres, 2020; Horwitz y Zissis, 2021). Unos pocos han desplegado esfuerzos por el desarrollo de vacunas propias, son los casos de Cuba, México, Brasil con dos proyectos de vacuna, Argentina con tres fórmulas candidatas desarrolladas, una de ellas de vía mucosal, Chile con una vacuna candidata en ensayos preclínicos, Ecuador y Perú, varios de estos proyectos se encontraban a finales de 20221 en las fases 1 y 2 de desarrollo (Rodríguez, 2021). De todas estas iniciativas, solo en Cuba, con cinco candidatas, se llegaron a fases finales de ensayo durante 2021 en tres de sus vacunas candidatas, incluyendo una vacuna pediátrica (Soberana 02). Estas tres vacunas fueron aprobadas por la Autoridad Sanitaria Nacional, aunque no tienen autorización para uso de emergencia de la OMS, por lo que Cuba inició desde mayo de 2021 la administración de estos inmunológicos a su población y desde septiembre de ese año arrancó la vacunación de niños mayores de 2 años (Sánchez, 2021).

Sobre estas iniciativas debe tomarse en cuenta que estos países y sus proyectos de desarrollo de vacunas no cuentan con la potente inversión pública y de otras fuentes con las que contaron los países y empresas farmacéuticas del Norte Global. Ni siquiera de parte de sus propios gobiernos, que priorizan la importación de vacunas en el gasto público. De igual manera, es necesario considerar que las condiciones de desarrollo y producción establecidas por las agencias de regulación internacionales (por ejemplo, las BPM-Buenas Prácticas de Manufactura) son muy costosas o de plano inaccesibles para los países de renta media y baja, por lo que los procesos de producción, desarrollo y distribución resultan muy lentos, incipientes y dependientes de la cooperación internacional, tanto en lo tecnológico como en lo financiero.

Sobre el segundo nivel en que se inscriben las estrategias de abastecimiento desde países latinoamericanos es necesario pensar el rol que toman los principales actores negociadores a nivel internacional para la adquisición de dosis, los Estados. Para ello resultan relevantes los aportes de Mazzucato (2013), quien describe un imaginario extendido sobre la forma y rol del Estado en la innovación tecnológica y científica. Tal imaginario supone un Estado deslindado de estos aspectos e incapaz de potenciarlos, con lo que se promueve la idea de que debe mantenerse al margen de su gestión y apoyar solo a su base. Se ha desconocido así que las grandes transformaciones sociales, científicas y tecnológicas han tenido históricamente un importante impulso público. Lo cual no deja de manifestarse en las circunstancias actuales, en que a pesar de que el desarrollo de las vacunas que se ofertan en el mercado ha sido principalmente financiado por fondos públicos y se ha apoyado en años de inversión pública, por ejemplo, en una larga trayectoria de investigación en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (Mazzucato, Lishi Li y Torreele, 2020), la actitud de los fabricantes ha sido la de desconocer esta base y orientar su producción al lucro mercantil. El rol de emprendedor que asume el Estado desde esta lógica (asumir riesgos que las empresas privadas no están dispuestas a correr, para no participar activamente de lo producido por su financiamiento) lo coloca en una situación de debilidad a la hora de negociar con los intereses privados, siendo complicado asegurar que los grandes financiamientos públicos desemboquen en beneficio público antes que mercantil (Mazzucato, 2013). Es por ello que el nuevo tratado internacional plantea “construir un modelo alternativo de I + D basado en la inversión pública y libre de propiedad intelectual” (Velásquez, 2019).

Mazzucato encuentra que esta visión sobre el Estado ha tenido consecuencias particularmente perjudiciales en los países latinoamericanos, tanto en la competitividad de su demanda para el abastecimiento de vacunas como, de manera más general, en la capacidad de atención social, lo que los vuelve aún más vulnerables frente al advenimiento de emergencias y desastres (Rodríguez, 2020). Moon y Ruiz (2021) muestran, por ejemplo, que antes de la competencia global por las vacunas, se había registrado en los países de renta media y baja escasez de equipos de protección individual, mascarillas, pruebas diagnósticas y demás implementos indispensables para hacer frente a la crisis sanitaria, debido a que lo que ofertaba el mercado global era rápidamente acaparado por los países del Norte Global, puesto que realizaban mejores ofertas para su adquisición. Lo propio ha ocurrido en el marco de las vacunas, donde se ha visto que varias de ellas han vendido a precios diferenciados sus dosis, dependiendo de la capacidad adquisitiva de los países, lo cual implica que prioricen la venta a aquellos países que presentan una mejor oferta (Fernández y Godoy, 2021). La generalizada posición austera de los Estados latinoamericanos, expresada en una escueta inversión pública no solo en materia sanitaria, sino educativa, laboral, etc., ha colocado a sus poblaciones en un escenario mucho más vulnerable que otros del Norte ante la emergencia sanitaria global. Pero incluso en estos, son visibles las desastrosas consecuencias de la austeridad pública y la privatización y mercantilización de la salud.

Mientras que algunos países desarrollados, como Alemania y Japón, cuentan con 8 y 13 camas de hospital por cada mil habitantes en promedio, hay casos como el de Estados Unidos, que tiene en promedio 2.9 camas por cada mil habitantes; o países de la Unión Europea como Italia y España cuentan con 3.1 y 3 camas por cada mil habitantes, respectivamente. Solo por mencionar algunos países en vías de desarrollo, encontramos que India, Haití y Colombia cuentan apenas con 0.5, 0.7 y 1.7 camas de hospital por cada mil habitantes, respectivamente (Tejedor Estupiñán, 2021, 9-10).

Esta forma de afrontar la pandemia fue característica en la mayoría de los Estados latinoamericanos. En ellos, por las políticas convencionales de austeridad, no se contaba inicialmente con los medios adecuados para diagnosticar la situación real de propagación y efectos del virus en sus territorios, por lo que se adoptaron medidas insuficientes, poco realistas, poco efectivas e imposibles de cumplir por el grueso de sus poblaciones. No se tomó en cuenta la heterogeneidad de la población civil, la alta tasa de empleo informal, las condiciones de pueblos originarios, y se adoptaron modelos de gestión de los países del Norte cuyas condiciones para afrontar la crisis son en extremo diferentes. Todo esto conllevó una intensificación de las desigualdades ya existentes al interior de estos países, así como el relegamiento a la atención de otras problemáticas que históricamente venían arrastrando y que fueron agravadas por la crisis sanitaria. De manera general, la región se vio desbordada e incapaz de hacer frente oportuna y adecuadamente a los retos y nuevas dinámicas que trajo consigo la pandemia, como por ejemplo, enfermedades prevenibles en niños, el tratamiento de otras enfermedades —entre ellas catastróficas—, abastecimiento de medicamentos y alimentos, el deterioro progresivo y extendido de la salud mental, crecientes índices de desempleo, las brechas de conectividad y dificultades de adaptación a las nuevas modalidades virtuales de la educación y el empleo, etc. Se evidencia, de este modo, que el debilitamiento de lo público y la asunción de un Estado mínimo y austero presenta importantes desventajas y poca capacidad de respuesta ante una crisis global, como la causada por el covid-19.

Estas actitudes austeras de parte de los Estados latinoamericanos no son ajenas a la gubernamentalidad neoliberal imperante a nivel global y al proyecto civilizatorio hegemónico. En el marco del desarrollismo convencional se pone énfasis en un camino progresivo y lineal que toda sociedad debe recorrer para alcanzar cierto estado deseable, de “bienestar material”, apalancado fundamentalmente por el crecimiento económico y las ganancias de corto plazo. Esta perspectiva tampoco es ajena a los llamados modelos alternativos de desarrollo, donde se incorpora a su discurso la ampliación de capacidades y oportunidades, y el incremento del capital humano, una perspectiva que refleja una nueva subjetivación, la impulsada por el proyecto neoliberal, en la cual el ser humano deviene en empresario de sí mismo y la sociedad en empresa, donde la competencia se instaura como la racionalidad predominante.

Svampa (2019) identifica en Sudamérica tres momentos de crítica a las bases epistémicas y civilizatorias del desarrollismo. El primero, en los años 60 y 70, a través de la Teoría de la Dependencia y de los cuestionamientos a la sociedad de consumo y el estilo de vida promovido por el proyecto desarrollista. El segundo, que emerge en los 90, con los planteamientos del postdesarrollo donde se interpela el propio discurso del desarrollo como proyecto civilizatorio, el cual promueve un horizonte único, el modo de vida occidental, y reproduce las relaciones de poder hegemónicas a nivel global. El tercer momento corresponde a la crítica del neoextractivismo, impulsado a raíz del “boom de los commodities” que caracterizó, desde el nuevo milenio, a toda la región indistintamente de los modelos de desarrollo y de inserción global de sus gobiernos. Las interrogantes respecto a estas críticas de carácter onto-epistémico al desarrollismo radican en “las posibilidades concretas de alternativas, que permitan traducir el debate académico en el que, principalmente, el postdesarrollo [y el neoextractivismo] se ha[n] enmarcado […], con posibilidades efectivas de transición, rompiendo el nihilismo en que pueden encontrarse” (Carranza Barona, 2019, 12).

Los distintos modelos de desarrollo por los que ha transitado la región, al centrar el crecimiento económico como horizonte, los problemas que se vuelve necesario solucionar son los atenientes a los límites o trabas de la capacidad productiva, dejándose de lado otras cuestiones sociales, políticas, culturales, medioambientales. Esto opaca en el debate los patrones de poder global que se reproducen.

La incidencia hegemónica de la racionalidad neoliberal imperante se refleja en que, a principios de 2020, en medio de la crisis sanitaria, varios países latinoamericanos suscribieron o renovaron acuerdos con los organismos de Bretton Woods, que condicionaban el accionar público hacia la austeridad fiscal, la reducción de servicios, la flexibilización laboral y la desregulación. Para abril de ese año el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó 11 préstamos para distintos países de la región, de entre el 0,5% y el 3% de sus productos brutos nominales, bajo una modalidad de Rapid Financing Instrument (Morales, Oliva y Oglietti, 2020). Una orientación de política inscrita en la austeridad que limitó la capacidad de respuesta ante la crisis y que acrecentó las desigualdades globales, cuestión que se ha visibilizado en las diferentes velocidades de recuperación económica entre países ricos y pobres (Fernández y Godoy, 2021).

Una orientación de política en la región que en otros momentos hubiese recibido el rechazo abierto de sectores y movimientos sociales, en la cual el miedo al contagio se ha convertido en un eje estratégico aprovechado por los Estados para justificar la implementación de medidas convencionales neoliberales. Una sociedad paliativa, en la que impera la algofobia (fobia al dolor), que se manifiesta y estratégicamente es aprovechada por la crisis pandémica. Una sociedad en la que impera una política paliativa que “prefiere echar mano de analgésicos, que surtan efectos provisionales y que no hacen más que tapar las disfunciones y desajustes sistémicos […] De esta manera todo es una mera continuación de lo mismo” (Han, 2021, 12).

La crisis actual por la pandemia en Latinoamérica ha desnudado el carácter dependiente del Sur Global, inscrito en un sistema-mundo cuyas estructuras de poder privilegian los intereses hegemónicos y corporativos. Asimismo, ha puesto de manifiesto desigualdades y problemas estructurales que se venían acarreando históricamente y las limitaciones de los sistemas de salud y de protección social. Una crisis que ha llevado a la región a una “encrucijada civilizatoria”, en la cual los modelos y alternativas al desarrollo deben ser repensados para transitar a “un cambio de época”, a una nueva convivencia y gobernanza global (CEPAL, 2021).

3. Hacia una economía política de la medicina. Una aproximación desde la biopolítica

La pobre gestión de la crisis sanitaria por parte de Estados poco preparados debido a la austeridad en el gasto público ha llevado al despliegue de dispositivos que Calderón Gerstein (2021) describe como necropolítica e idiopolítica, en varios países del Norte; pero, sobre todo, en países del Sur Global. Una necropolítica, que se refleja en los intentos de inmunización colectiva por contagio (inmunización de rebaño) como estrategia para afrontar el virus. Una respuesta que pretende limitar y evitar el confinamiento y que pone en el centro no afectar la economía. Al respecto, países como Suecia, Estados Unidos y Brasil adoptaron medidas de este tipo, que pusieron en riesgo a la población, mayoritariamente de los sectores más vulnerables, bajo una subestimación del potencial pernicioso del virus. Los grupos más afectados por estas medidas fueron sectores de clase trabajadora que no podían evadir sus responsabilidades laborales y ciertos grupos racializados, en Brasil y Estados Unidos, principalmente afrodescendientes (Calderón Gerstein, 2021).

Una perspectiva donde la biopolítica (hacer vivir y dejar morir) deviene en necropolítica (hacer morir), una subyugación de la vida al poder de la muerte, la cual deviene como dispositivo de dominación (Mbembe, 2003). Una necropolítica que con la pandemia ha puesto el valor de unas vidas sobre otras; ya que la pandemia “toma las vidas” principalmente de aquellos que no le son funcionales al sistema: los viejos, los pobres, los marginados, aquellos que no producen ni consumen. La idiopolítica es vista como aquel despliegue de políticas que solo pueden ser acatadas por segmentos privilegiados de la población, sin considerar las condiciones diversas y las limitaciones que tienen los sectores históricamente excluidos:

Cuando se dictan normas que sólo unos cuantos podrán cumplir, como dejar de ir a trabajar, lavarse las manos varias veces al día, recibir bonos en una cuenta bancaria; o cuando los préstamos del gobierno son recibidos principalmente por las grandes empresas y quienes obtienen pases de circulación son sólo los trabajadores formales, se incurre en idiopolítica (Calderón Gerstein, 2021, 79).

En relación con lo que afirma Han (2021) respecto de la “sociedad paliativa”, que al poner la salud por supervivencia vinculada al aprovechamiento del miedo por el virus, permite la justificación de medidas como las de austeridad, que en otros contextos podrían generar mayor rechazo popular, se puede decir que ha servido también para desplegar otras estrategias de talla más biopolítica. Entre ellas están lo que Rayner (2020) llama biociudadanía (biocitizenship), que vendría a ser cierto control de responsabilidades humanas mutuas, entre ciudadanos. Esto podría ayudar a pensar en cuestiones como la justificación de abusos de la fuerza pública, mecanismos de disciplinamiento y control excesivo, medidas anexas a las sanitarias que se proponen para salvaguardar la salud, presiones mutuas por seguir ciertas reglas impuestas y culpabilización de la población civil por los contagios y colapso de la salud pública, así como el aumento extraordinario de precios de la salud privada, lo que libera de responsabilidad a la austeridad estatal. En ese sentido, se ha privilegiado el sostenimiento del poder disciplinario por sobre las necesidades humanas:

El virus es un terror que viene del aire. Cada uno de nosotros es sospechoso de ser un potencial portador del virus, lo cual genera una sociedad de cuarentena y acabará trayendo un régimen policial biopolítico. La pandemia no pone en perspectiva ninguna otra forma de vida. En la guerra contra el virus la vida es más que nunca mera supervivencia. La histeria por sobrevivir se recrudece viralmente (Han, 2021, 34).

La cuestión de la salud se ha reducido a la premisa de mantenernos vivos bajo cualquier costo, asunto que puede ser formulado en otro sentido más afín a las circunstancias: mantenernos fuera de contagio a cualquier costo. Lo que concierne a la salud se ha reducido en gran medida a la evasión del contagio, dejando en segundo plano la atención de otras enfermedades, pero también ignorando las crecientes consecuencias sobre la salud mental derivada del aislamiento y la falta de vínculos sociales. La carga de culpa que ha recaído sobre la socialización ha intensificado ciertas tendencias individualizantes propias de la vida moderna, como las que identifica Touraine (2012) respecto del aislamiento social y la reducción crónica e individualizadora de empatía por los otros. Por lo que, como afirma Castro (2020), es necesario separar los conceptos de “distanciamiento físico” y “distanciamiento social”, entendiendo que la interacción social no se ha reducido, sino que se ha transformado, frenando ciertas tendencias y potenciando otras, por efecto del distanciamiento físico. De tal modo que así como nos enfrentamos a una biopolítica que pone todos sus esfuerzos en el mantenimiento básico de la vida biológica, desatendiendo otras cuestiones importantes para la salud física y mental, atendemos también a una reducción de la socialización a actividades estrictamente formales y básicas para la reproducción de la institucionalidad moderna, castigando la socialización placentera que ocurre fuera de lo “estrictamente necesario”, que generalmente busca ser resuelto desde la virtualidad.

Hannah, Hutta y Schemman (2020) muestran, además, que ha acontecido un temporal debilitamiento de ciertas instituciones disciplinarias tradicionales, como la escuela. Ante esto, de la mano con las posibilidades de justificación de ciertas medidas por la tanatofobia extendida, se ha fortalecido lo que podrían llamarse mecanismos disciplinarios de amplia visibilidad. Entre ellos se puede considerar la mencionada biociudadanía, pero también la justificación de los controles policiales y el desarrollo de tecnología novedosa basada en el reconocimiento facial, que alerta sobre las personas que no están haciendo uso correcto de la mascarilla en espacios públicos (Europa Press, 2020; Yan, 2020). Se trataría de mecanismos basados no solo en lo que Foucault identifica en Vigilar y castigar como la centralidad de los mecanismos disciplinarios: la interiorización del sentido de vigilancia, sino en la certeza de la vigilancia y la ampliación del espectro de visibilización. Un nuevo dispositivo de poder, el de la bioseguridad:

Con la así llamada pandemia, se avanzó todavía un paso más, […] a un paradigma de gobierno que podemos llamar “bioseguridad”, basado en la salud. Es importante comprender que la bioseguridad supera en eficacia y capacidad de penetración a todas las formas de gobierno de las personas que hayamos conocido. Tal como ha podido constatarse en Italia, pero no sólo en Italia, no bien se percibe una amenaza para la salud, la gente acepta sin reaccionar limitaciones de las libertades que en el pasado jamás habría aceptado. Se ha llegado así a la paradoja de que el cese de toda relación social y de toda actividad política se presenta como la forma ejemplar de participación cívica (Agamben, 2020, 76-77).

Todo esto, sobre todo lo concerniente a la tanatofobia, impulsado por una reactivación de un vínculo entre el poder médico y el económico, con el fin de establecer lineamientos de verdad y de agencia que den lugar a un ideal propicio para los intereses de las empresas fabricantes (Horton, 2020). Y que, a la vez, generen aceptación del desarrollo de nuevos mecanismos disciplinarios de amplia visibilidad, complementados por una vigilancia mutua entre la población.

Conclusiones

La irrupción del covid-19 ha planteado una reconfiguración de las dinámicas globales y presenta varios y complejos desafíos para asegurar el bienestar de la población. Particularmente para el Sur Global, este escenario a más de los nuevos retos que genera conlleva replantearse los modelos tradicionales de desarrollo y de su financiamiento, así como el rol que en ello juegan la investigación y las empresas fabricantes, entre las que se cuentan algunas multinacionales. Las firmas farmacéuticas, pese a que recibieron financiamientos gubernamentales para el desarrollo de vacunas que permitan hacer frente a la pandemia, mantienen los derechos de propiedad de estas, desconociendo su financiamiento inicial y el hecho de que deberían ser bienes comunes del conocimiento.

La negativa a compartir los conocimientos e instrumentos necesarios para que las vacunas sean un bien aprovechable por la totalidad del planeta, así como las diversas estrategias de abastecimiento del Norte, deben entenderse como acontecimientos y procesos globales. Esto implica, como se ha expuesto a lo largo del capítulo, considerar las redes internacionales de poder, el modo en que los países del Norte han aprovechado su posición hegemónica dentro de ellas para asegurar condiciones privilegiadas en sus territorios, la forma en que distintos agentes (comunidades científicas, empresas e incluso organismos internacionales) han generado alianzas con los países más ricos para afianzar estas redes de poder y disputar los lugares más privilegiados dentro de ellas, así como los efectos perniciosos que ha tenido esta extensa dinámica global sobre los países del Sur Global.

Desde esta perspectiva analítica ha sido posible visualizar las carreras por la producción y por la adquisición de vacunas como momentos de intensa disputa, donde lo que está en juego no es tanto la búsqueda de una salud global, sino el aseguramiento de posiciones hegemónicas en las redes internacionales de poder. Un nacionalismo en la disputa por el poder se conjuga con la deslocalización propia de las EMN, lo que provoca la intensificación de las desigualdades globales. La deslocalización en los procesos de experimentación y producción de vacunas ha sido un eje indispensable para las EMN, que se vieron en necesidad de encontrar espacios en que la producción sea más barata y masiva, a la vez que requirieron contar con un número considerable de población voluntaria para las diversas pruebas. Sin embargo, esta internalización se ha detenido en los momentos de desarrollo y producción, de modo que no llegó a desplegar procesos de distribución internacional justa. Los casos expuestos a lo largo del capítulo, como el de la enorme producción de dosis en India que se acompaña de una débil vacunación local, así como el aprovechamiento de la escasez de vacunas en varios países latinoamericanos que los obliga a correr riesgos con población voluntaria para probar vacunas aún no aprobadas o las garantías exigidas para la venta de determinadas vacunas, dan vasta cuenta de ello.

De igual manera, los esfuerzos de varios países de renta alta por acaparar vacunas en un número que supera varias veces lo que requieren para vacunar a la totalidad de sus poblaciones, su falta de colaboración con las iniciativas internacionales para la libre distribución de conocimiento y para la distribución equitativa de vacunas muestra que la prioridad no es asegurar el bienestar global, sino lucrar con la salud, mantener y disputar la hegemonía internacional. Estrategias como las de aprovechar un turismo extraordinario a través de ofrecer inmunización a quienes ingresan a sus territorios, generar un escenario de escasez global por el acaparamiento, entre otras de parte de estos países, así como acciones desde las fabricantes, como mostrar cierta imagen solidaria, como lo ha hecho AstraZeneca al ofertarse como una vacuna a precio de producción durante la pandemia, dan cuenta de que la intención es generar un escenario endémico, en el sentido que Castro (2020) recupera de Foucault, al interior de esos países, sin preocuparse por las consecuencias sobre las vidas fuera de sus territorios. Al acaparar un número suficiente para inocular varias veces a toda su población, los países del Norte pueden alcanzar un estado endémico del virus antes que los demás; es decir, lograr que el contagio sea un problema controlado y fácilmente administrable. Habiendo adquirido a precio de producción vacunas como la de AstraZeneca, sus costos iniciales no son excesivos, mientras que, al incrementarse la cantidad de países (de renta alta) que sean capaces de sobrellevar los contagios, la situación dejará de considerarse pandémica y los precios volverán a elevarse, por cuanto quienes incurrirán con mayores gastos para la adquisición de estas dosis serán los países de renta más baja, quienes han sufrido las peores consecuencias de la pandemia y de la carrera global por el poder y el acaparamiento de vacunas.

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  1. Este capítulo es la versión inicial de una investigación sobre el financiamiento para el desarrollo y la biopolítica. Contó con la asistencia de investigación de José Luis Morales y Nicolás Villavicencio (estudiantes de la FCSH de la UCE).
  2. Los distintos procesos que permitieron un desarrollo acelerado, a grandes rasgos son: a) haber omitido la fase de descubrimiento, debido al desarrollo inicial de vacunas contra el SARS-CoV y el MERS-CoV; b) la adaptación de procesos previamente existentes y el inicio simultáneo de las fases 1 y 2 de ensayos de las vacunas; c) en los ensayos de fase 3 se mantuvieron etapas paralelas de ensayos clínicos; d) la producción a gran escala de varias vacunas inició de manera paralela a los ensayos de fase 3; e) varias vacunas se aprobaron para su uso de emergencia, por lo que fue posible disponer de ellas de manera mucho más rápida que lo permitido bajo los procesos usuales de aprobación, y las evaluaciones para su aprobación se dieron de manera continua a su distribución (Jiménez Sarmiento, Cañelles López y Campillo, 2020).
  3. Por la relación que mantiene “el medicamento como objeto de comercialización y su [decisivo] valor de uso” (Vernengo, 1996).
  4. En este punto se consideran los bienes comunes como “espacios institucionales en los que los agentes humanos pueden actuar libres de las restricciones específicas requeridas por los mercados [… ellos] pueden usar recursos gobernados por […] restricciones diferentes de las impuestas por el derecho de propiedad” (Benkler, 2008, 128).
  5. Por ejemplo, la iniciativa Gavi tiene un rol fundamental en la inmunización a través de la iniciativa COVAX de la que participa la OMS. Gavi a través de los donantes también realizó compras anticipadas de vacunas. Si bien la Asamblea Mundial de la Salud tiene la posibilidad de emitir convenciones vinculantes, solo lo ha hecho en el caso del tabaco, a través del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), que ha sido ratificado por 177 países. En el caso del covid-19, se planteó como bien público global la inmunización mas no las vacunas.
  6. CEPI se crea en 2017 con el objetivo de acelerar el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas y facilitar su acceso. CEPI es parte de la iniciativa COVAX.
  7. Es preciso indicar que la comparabilidad de las vacunas depende de varios factores, como las variantes del virus. En el caso de la CDC no se cuenta con los mismos datos para todas las vacunas.
  8. Para Hass una comunidad epistémica es: “una red de profesionales con experiencia y competencia reconocidas en un dominio concreto y una reivindicación autorizada de conocimientos relevantes para la política dentro de ese dominio o tema […] Los miembros de una comunidad predominante se convierten en actores fuertes a nivel nacional y transnacional a medida que los responsables de la toma de decisiones solicitan su información y les delegan responsabilidades. Sin embargo, el asesoramiento de una comunidad está informado por una visión propia del mundo más amplia. En la medida en que una comunidad epistémica consolida el poder burocrático en las administraciones nacionales y las secretarías internacionales, puede institucionalizar su influencia e insinuar sus puntos de vista en la política internacional más amplia (Haas, 1992, 3-4).
  9. En el caso de Ecuador, se repitió sin cesar que la reducción del gasto público era la solución a los problemas económicos y, por ende, había que pedir apoyo a los organismos multilaterales (King y Samaniego, 2020).
  10. Priego (2020) habla de una nueva carrera espacial, en que se han visibilizado acciones de competencia sucia, sabotajes y campañas de desprestigio entre países del Norte. González y Juárez también denominan como carrera el momento de desarrollo de vacunas, alegando que el primer país en capacidad de fabricarlas “se encontrará en mejor posición de establecer las condiciones para su comercialización y distribución, y por supuesto gozará de prebendas económicas y políticas muy favorables de cara al futuro inmediato, tanto a nivel regional como en el ámbito global” (15), a la vez que intensificará el prestigio internacional de quienes la desarrollen, lo cual convertirá el desarrollo de vacunas en una cuestión de ventaja estratégica global (Moon y Ruiz, 2021).


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