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6 ¿Igual para todos?

Contraste en la asistencia del BID a Ecuador y a Colombia (2007-2015)

Pablo Hidalgo Romero

Introducción

El desarrollo constituye un objetivo esencial respecto de los países de América Latina para superar la pobreza estructural y en último término mejorar la calidad de vida de la población. Es por esta razón que cada país plantea estrategias dentro de una planificación nacional que le permitan alcanzar este objetivo. En esta línea, se configuran los planes nacionales de desarrollo (PND), que sirven de guía y promueven lineamientos generales de política, con el fin de ejecutar acciones coordinadas entre diferentes actores, con base en recursos limitados para consolidar un determinado modelo de desarrollo.

En los últimos 20 años en América Latina se han dado dos corrientes de desarrollo contrapuestas. Por un lado, se encuentra el modelo neoliberal que ha sido impulsado por países como Colombia, Perú y Chile, donde se busca promover los mercados y aplicar políticas de liberalización comercial. Por otro lado, está el modelo propuesto por gobiernos alineados al socialismo del siglo XXI como Ecuador, Venezuela y Bolivia, en los cuales el Estado se ha constituido como el principal actor dinamizante de la economía y las políticas públicas apuntan hacia la redistribución de la riqueza y, a su vez, alcanzar la justicia social.

Con este contexto, el financiamiento al desarrollo se ha instituido como una herramienta sumamente importante que permiten cristalizar los diferentes PND, puesto que las instituciones financieras multilaterales son proveedoras tanto de recursos financieros como de conocimiento técnico especializado para estimular el desarrollo en cada país.

Cabe recordar que al final de la Segunda Guerra Mundial surge la propuesta, por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, de que las instituciones internacionales constituyan un elemento de apoyo para la construcción de la paz, el orden y el desarrollo económico a nivel mundial. En consecuencia, además de la creación de varias instituciones, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en América Latina, surge la necesidad de obtener recursos financieros que contribuyan a los objetivos en términos de desarrollo de los países que componen esta región.

El Banco Interamericano de Desarrollo surge como una respuesta a esta necesidad regional. Esta institución fue creada en 1959 por 19 países de Latinoamérica y los Estados Unidos; forma parte del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, que está integrado por el Banco, el Fondo de Operaciones Especiales (FOE), la Facilidad de Financiamiento Intermedio (FFI), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y los fondos fiduciarios.

Por otra parte, se ha evidenciado que históricamente la relación entre las instituciones multilaterales con los Estados ha sido más o menos dinámica, es decir, ha existido un flujo de financiamiento significativo y permanente, siempre y cuando exista en estos una alineación política con Washington. En esta línea, la relación entre el BID con sus Estados prestatarios tiene una variedad de contrastes ya que esta institución es considerada como una “versión más suave del neoliberalismo”, lo que le permite brindar una cooperación de manera distinta a sus vecinos de Washington (Bull y Boas, 2003). Es bastante claro que países con mayor alineación a los planteamientos de la globalización neoliberal cuentan con mejores condiciones de mercado y, en consecuencia, su reputación en los mercados financieros internacionales es moderadamente favorable; por tanto, la relación Estado-institución cuenta con un dinamismo importante debido al flujo sostenido de recursos financieros y técnicos en comparación con otros casos.

Además, cabe mencionar que los PND de cada país tienen una diversidad de componentes en los cuales los recursos financieros y técnicos deben insertarse de manera estratégica procurando producir una relación de ganar-ganar entre las partes. Por lo cual, la primera cuestión que surge es, si bien los países prestatarios del Banco, en teoría, tienen igual prioridad para esta institución, ¿qué determina que en la práctica se den relaciones Estado-BID con tantas diferencias? En consecuencia, ¿los países que reciben la ayuda son quienes en realidad la necesitan o esta se encuentra condicionada a otros factores?, ¿esto se deriva del carácter político del gobierno? ¿O tiene que ver con aspectos propios del plan de desarrollo implementado? Considerando tales cuestiones, este texto tiene como pregunta central de investigación: ¿cuál es la incidencia del modelo de desarrollo en la asistencia (cooperación y financiamiento) que brinda el BID a Ecuador y Colombia?[1] La cual tiene como objetivo determinar los factores que establecen cuán dinámica, en términos financieros y técnicos, se da la relación entre los Estados con el BID.

Se utilizó el método comparativo con el fin de señalar matices en cuanto a las relaciones entre Ecuador y Colombia con el BID. Además, las técnicas utilizadas para generar evidencia fueron: primero, la investigación documental de los proyectos aprobados por parte del BID tanto para Ecuador como para Colombia, correspondientes al periodo de estudio. Segundo, entrevistas semiestructuradas[2] a actores clave de dicha institución. Y tercero, datos estadísticos, tanto de los proyectos aprobados como de la inversión pública de Ecuador y Colombia.

Dicho esto, se aborda brevemente la discusión teórica sobre los modelos de desarrollo que se han implementado en América Latina, así como el rol que tiene el financiamiento en el marco de estos modelos de desarrollo. A continuación, se examinan los modelos de desarrollo implementados en Colombia y Ecuador entre 2007 y 2015, para finalmente analizar la interacción entre estos países con el BID en el marco de sus respectivos planes nacionales de desarrollo, así como también los resultados obtenidos por el financiamiento y la asistencia brindada a estos países.

1. Neoliberalismo vs. neoestructuralismo

Para comenzar el análisis se debe aclarar qué se entiende por modelo de desarrollo. Mejía y Franco (2007) señalan que un modelo de desarrollo puede ser entendido de la siguiente manera:

Los modelos de desarrollo se originan en la forma como una sociedad organiza sus recursos materiales y sus instituciones para buscar el progreso y la satisfacción de necesidades de todos sus miembros, articulado con su historia, su cultura, su producción económica, su tradición jurídico política y sus posibilidades de adelanto científico y tecnológico (473).

El desarrollo de América Latina ha estado en el centro del debate a lo largo del siglo XX y el siglo XXI. Desde mediados del siglo XX, en la región se dieron varios intentos de industrialización con el objetivo de impulsar el desarrollo, sin embargo, estos esfuerzos no han contado con los resultados esperados. Según varios autores, Lustig (1988), Trucco (2012), Sunkel y Zuleta (1990), el desarrollo de América Latina (AL) se puede clasificar en tres etapas.

Como primera etapa, se encuentra el modelo agroexportador, cuyo objetivo fue exportar productos primarios competitivos a nivel internacional, sin embargo, constituyó un modelo colonial dependiente que se agotó con la gran depresión de los años 30.

Como segunda etapa, a partir de la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 1960, se plantea la teoría estructuralista donde uno de sus principales argumentos sostiene que “(…) las características estructurales de una sociedad determinan de manera fundamental su comportamiento, estos factores estructurales están relacionados con la distribución del ingreso, la riqueza, los regímenes de tenencia de tierra, el tipo y grado de especialización del comercio exterior (…)” (Lustig, 1988, 36).

Finalmente, como tercera etapa, a partir de los años 80 y dado el estancamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), desde las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se plantean una serie de medidas de política económica, las cuales tenían la finalidad de estimular el crecimiento económico, donde dicho crecimiento fue asociado de forma causal con el desarrollo.

Dichas medidas conocidas como “medidas de ajuste estructural” consistían en generar disciplina y austeridad fiscal, y debían ser aplicadas por los países receptores de financiamiento si estos querían seguir siendo considerados como tales.

En este sentido, basados en lo que propone la globalización neoliberal, la participación del mercado privado y la apertura comercial eran condiciones necesarias para consolidar los procesos de transformación industrial y, consecuentemente, alcanzar el desarrollo económico.

El modelo neoliberal desde Washington fue considerado como una receta única que podía impulsar el desarrollo en América Latina; Trucco (2012) señala: “En este contexto sociohistórico, la teoría económica desarrollada en los países centrales trató de racionalizar estos procesos de modo tal de exponer principios universales lógicamente articulados desprovistos de toda particularidad histórico concreta” (14). A la par de estos planteamientos, en América Latina a finales de los 80 surgió la teoría neoestructuralista, cuya innovación radicó en considerar las limitaciones de la teoría estructuralista previamente elaborada por la CEPAL, con el objetivo de reconfigurar los lineamientos que los países debían seguir para generar procesos de desarrollo sostenibles a lo largo del tiempo. Esta teoría, a diferencia del neoliberalismo, argumenta que es necesario considerar los factores históricos y culturales propios de la región que son esenciales para potenciar el desarrollo, como señalan Sunkel y Zuleta (1990):

Los problemas económicos principales y la condición de subdesarrollo que aún prevalecen en los países latinoamericanos no se deben tanto a distorsiones inducidas por la política económica, sino que más bien son de origen histórico y de índole endógena y estructural (36).

De igual forma, la teoría neoestructuralista afirma que las instituciones financieras son esenciales para el desarrollo por dos razones: primero, porque son una fuente importante de recursos técnicos y financieros, y segundo, porque pueden ser un factor importante a la hora de servir como agentes estabilizares y mitigadores de crisis. Así lo sostiene la CEPAL (2015):

Los bancos de desarrollo regionales han demostrado ser una exitosa fuente de recursos de mediano y largo plazo a través del financiamiento de inversiones en infraestructura, (…). Con el paso del tiempo, los bancos de desarrollo también han asumido otras funciones, incluido el desarrollo de instituciones y mercados financieros (…). Esta función también complementa los esfuerzos gubernamentales para promover instituciones y políticas financieras sólidas (…) (11).

A principios de la década de 1990, estalló una crisis en América Latina, ya que muchos países de la región se vieron gravemente afectados por su alto endeudamiento externo con las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, lo que las llevó a declarar una moratoria en el pago de la deuda externa. Esta situación, junto con las reformas propuestas por el Consenso de Washington, configuró un escenario en el cual el nivel de vida de toda la región decreció dramáticamente, mientras que la pobreza por ingresos y la desigualdad aumentaron de forma rápida.

En el campo académico, surgió un intenso debate sobre las fallas que el modelo neoliberal había presentado y las limitaciones de la teoría neoestructuralista. Esta realidad tuvo dos efectos importantes: el primero fue que se generó un panorama propicio para el ascenso de gobiernos de corte progresista con un discurso anti Estados Unidos promovido por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, y el segundo efecto fue que obligó a los académicos y tomadores de decisión a repensar el desarrollo de la región y buscar nuevas estrategias que permitan alcanzarlo. Es así como a inicios del siglo XXI se abre un camino alternativo a la teoría neoliberal dominante conocido como el “Socialismo del siglo XXI”. Estos planteamientos tenían como fin romper con los paradigmas impuestos por la globalización neoliberal y construir un desarrollo con base en valores como la igualdad, la solidaridad y la búsqueda del “buen vivir” combinado con la transformación de la matriz productiva y, así, estimular un proceso de industrialización progresivo.

Como ya se ha mencionado, el financiamiento es un factor fundamental para impulsar el desarrollo, independientemente de la corriente teórica. Un problema para destacar es que los actores del sistema financiero internacional tienen ánimo de lucro, es decir, su naturaleza está asociada con factores de mercado, lo que ha generado una gran acumulación de capital en una serie de sectores donde los actores financieros están presentes, y de este modo ha exacerbado las desigualdades existentes.

El modelo de desarrollo “alternativo”, que tiene su base en el neoestructuralismo, sugiere que las finanzas deben constituir una herramienta para alcanzar los objetivos socialmente deseables, a nivel micro y a nivel macr (Hidalgo, 2017). En consecuencia, este modelo plantea que las finanzas deben apuntar hacia lo siguiente: en primer lugar, promover la creatividad local y apoyar iniciativas que tengan como base relaciones de solidaridad. Segundo, deben constituir una herramienta que acelere la circulación del dinero con el objetivo de multiplicar el financiamiento; y, finalmente, deben permitir que quienes se beneficien de estos recursos puedan empoderarse y decidir sobre su destino para cristalizar proyectos que impulsen el desarrollo en el espacio local, como también se espera que estos recursos sean administrados de forma participativa y cooperativa por los propios beneficiarios (Hidalgo, 2017).

Tomando en consideración lo descrito en los párrafos precedentes, se debe subrayar que el BID, a lo largo de su historia, ha pasado también por varias etapas para llegar a ser la institución de financiamiento que conocemos hoy en día, debido a su conexión histórica con las etapas de desarrollo de América Latina. No obstante, sin dejar de lado su forma de actuar, que es “más hemisférica que latinoamericana” (Vivares, 2013, 102).

Como señala Vivares (2013), el BID tuvo dos etapas cruciales para configurarse tal como lo conocemos:

El primer mandato, desde su creación hasta la crisis de la deuda de 1980, definió el papel del BID en la promoción económica e ideológica de una integración hemisférica dentro de la hegemonía de EE. UU., al proporcionar liderazgo intelectual y apoyo financiero a las estrategias regionales de desarrollo bajo el llamado desarrollismo. El segundo, entre el final de la década de 1980 hasta terminar la década de 1990, aparece relacionado con la consolidación de la economía global.

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, el BID ha venido tomando mayor relevancia, como señala Múnich: “(…) el BID se configura como el banco regional de desarrollo más importante, tanto por su antigüedad como por el volumen de recursos administrados” (1998, 91).

Además, desde el inicio del siglo XXI, el BID ha debido transformar su mandato tomando en consideración la corriente “alternativa” de desarrollo que se impulsó por varios países de la región en contraposición del modelo neoliberal dominante. Por ello se puede aducir que el Banco ha debido “camaleonizar” su forma de trabajar con los países; por un lado, se ha especializado en ser proveedor de apoyo técnico para países con relaciones distantes a Washington y, por otro, continuar con el apoyo basado en una relación político-económica concordante con la línea neoliberal. En este sentido, Cox (1989) señala que

Históricamente los Bancos regionales de desarrollo han demostrado ser instituciones técnicas y consensuales, con el poder de institucionalizar la acción social al enmarcar las políticas alternativas de desarrollo y presentarlas “en el sentido de la forma como generalmente suceden las cosas”, con las ideas jugando un papel central.

En definitiva, Ecuador y Colombia, que se encuentran en líneas contrapuestas en cuanto a modelos de desarrollo se refiere; estos países presentan un panorama diverso y complejo sobre el cual esta institución debe insertarse, en consecuencia, coordinar agendas, objetivos de desarrollo, líneas de cooperación, condiciones de financiamiento atractivo para ambas partes resulta una tarea compleja.

2. Rol del financiamiento al desarrollo en América Latina

Considerando la diversidad de escenarios existentes resulta necesario conocer cómo se inserta el financiamiento multilateral, en términos técnicos y políticos, en las agendas de desarrollo de los países. De forma particular en Ecuador y en Colombia, dados sus modelos de desarrollo visiblemente dispares. Para lo cual se deben analizar dos aspectos fundamentales: en primer lugar, ¿cuánto y de qué tipo ha sido el financiamiento otorgado a estos países por parte del BID? Y ¿en qué medida este financiamiento ha estimulado la implementación de los modelos de desarrollo?

En segundo lugar, es fundamental determinar si los flujos contracíclicos, entendidos como los flujos de financiamiento que se han desembolsado en momentos de crisis, han sido una herramienta disponible para tal efecto, tomando en cuenta los planteamientos neoliberales y neoestructuralistas inherentes en los modelos de desarrollo analizados.

A la hora de implementar los planes nacionales de desarrollo, los países normalmente se enfrentan a varias restricciones, entre las más notables están: por un lado, la falta de conocimiento en temas que requieren una especialización y experticia técnica de alto nivel al momento de diseñar e implementar planes, programas y proyectos; y, por otro lado, se encuentra la escasez de recursos económicos, lo cual es una constante en los países de América Latina, para cumplir con dichos fines. Se puede observar que la región en su conjunto carece de “bienes públicos globales”, o estos son insuficientes, lo que dificulta el combate a la pobreza, la mitigación del cambio climático y la desigualdad en el ingreso; en consecuencia, en el panorama existen obstáculos significativos para el establecimiento de procesos de desarrollo sostenibles y exitosos.

En tal virtud, se espera que los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) sean proveedores de bienes públicos globales y, además, que sean soporte para los Estados en momentos de crisis, esto lo confirman Ffrench-Davis y Di Filippo (2003): “(…) hay poderosas razones para que parte de los bienes públicos faltantes provengan de organizaciones regionales, que actúen como complemento de la dimensión global, o a veces en su subsidio para llenar un vacío” (5-6). Es por esta razón que el BID se presenta como un aliado estratégico que debe insertarse en el proceso de implementación de los PND, conforme lo señala Vivares (2013): “(…) la experticia y superioridad técnica de los bancos regionales de desarrollo (BRD) los coloca en condiciones óptimas para promover el desarrollo y los bienes colectivos a nivel nacional y regional”.

Es así que el financiamiento al desarrollo aparece como una herramienta importante que los países procuran utilizar para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus objetivos en esta materia. Al mismo tiempo, existen distintas visiones sobre cuál es el rol y la importancia de la asistencia de los BMD a la hora de ayudar a implementar los procesos de desarrollo.

En este sentido, el financiamiento al desarrollo no solamente es importante por la capacidad que brinda a los países de potenciar y transformar diversas áreas económicas y sociales, sino porque permite generar procesos de gobernanza y articulación entre Estados, en los cuales se producen y sustentan relaciones de poder.

Se pueden señalar dos visiones existentes a nivel teórico sobre el rol y la influencia de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Por un lado, está la corriente que señala que estas instituciones componen una extensión del poder de los países dominantes, como son Estados Unidos y Europa, con el aditivo de que tienen la función de promover y expandir las ideas neoliberales (Vivares, 2013). Por otro lado, está el enfoque que mira de manera positiva la actuación y el funcionamiento de los BMD, en tanto son dinamizadores de los procesos de desarrollo y son herramientas contracíclicas que sirven de apoyo a los Estados en momentos críticos; este argumento es confirmado por Sagasti (2002):

Movilizan recursos de fuentes oficiales en los países para otorgar préstamos blandos a los países en desarrollo más pobres. Además, proveen asistencia técnica y asesoría para el desarrollo económico y social, así como una amplia gama de servicios complementarios a los países en desarrollo (9).

Según el análisis realizado en las líneas precedentes, no cabe duda que el financiamiento que proviene de las instituciones financieras multilaterales es una herramienta clave que sirve para potenciar los modelos de desarrollo durante su implementación y, a su vez, puede configurarse como un escudo protector para Estados como los de América Latina, cuya vulnerabilidad ante shocks externos es alta y donde sus ciclos económicos durante el auge de estos son de corta duración.

Asimismo, otro elemento medular es el conocimiento técnico de alta calidad que es generado por el BID y que es transferido a los equipos técnicos de cada país. Este conocimiento sirve como instrumento para que los países de la región puedan concretar hitos importantes plasmados en sus PND, lo que les permitirá solventar necesidades primordiales como acceso al agua, educación, infraestructura vial, construcción de hidroeléctricas, etc.; y, en consecuencia, dar saltos cualitativos hacia el objetivo final que es el desarrollo.

3. El desarrollo en Ecuador y Colombia

El modelo de desarrollo propuesto e implementado por el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, se enmarca en la búsqueda y superación de la economía primario-exportadora que lo caracteriza. Este modelo toma como guía valores éticos que buscan un fin superior, en el cual el aspecto económico está subordinado al concepto de “buen vivir” de todos los ciudadanos. De este modo,

La historia nos ha demostrado que los cambios que operan en la vida de las sociedades no son monocausales, ni unilineales, que el crecimiento económico no necesariamente implica desarrollo y que el subdesarrollo y el desarrollo son dos caras de una misma moneda (SENPLADES, 2009, 31).

Este plan parte de una crítica histórica del modelo de desarrollo neoliberal implementado en las décadas anteriores a este gobierno y propone una nueva economía en la cual el ser humano, en armonía con la naturaleza, es quien debe ser priorizado por encima de la actividad económica. Por cuanto “el plan constituye una ruptura conceptual con las ideas del consenso de Washington, con sus políticas estabilizadoras de ajuste estructural y de reducción del Estado a su mínima expresión (…)” (SENPLADES, 2009, 33).

En este sentido, se toma la economía del Ecuador como una que debe ser planificada en determinados sectores estratégicos; asimismo, plantea que el mercado debe ser moderadamente regulado y debe alinearse con lo que busca el régimen del “buen vivir”. En materia económica, el PND propuesto para el periodo 2009-2013 señala en su apartado 6.2 que existe una necesidad de transformación del patrón de especialización de la economía, a través de la sustitución selectiva de importaciones para el “buen vivir”. En el PNBV se detalla que “la transformación del patrón de especialización de la economía permite aumentar la participación en la economía de una serie de industrias nacientes, que cumplen con unas características generales que implican externalidades positivas para el Buen Vivir” (SENPLADES, 2009, 103).

El modelo planteado por el Ecuador busca establecer una alternativa al modelo económico tradicional y se encuentra en contraposición a la globalización neoliberal. Este modelo está en sintonía con los planteamientos de Lustig (1988), quien sostiene que “(…) el Estado es el encargado de promover el desarrollo, de orientar la asignación de recursos en forma socialmente más provechosa y para lograrlo debe participar e intervenir en la economía (…)” (39). Es decir, el Estado ha de actuar de manera activa en la economía, como su principal dinamizador, incorporando conocimiento y transformando de manera estratégica los procesos productivos. Planteamientos que, como podemos observar, están alineados con la teoría neoestructuralista propuesta por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Se puede evidenciar, en el PNBV 2013-2017, que se establecen varios ejes en esta materia, tales como: impulsar la transformación de la matriz productiva, y asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica.

Figura 6.1. Inversión pública del Ecuador por sector, 2008-2015

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones de SENPLADES, Evaluación del plan nacional de desarrollo.

La figura 6.1 evidencia un énfasis del gobierno del Ecuador por invertir y transformar los sectores estratégicos. Ya que su participación en la inversión pública creció del 4,4% en 2008 al 30,9% en 2015, sin descuidar otros sectores como la producción, empleo y competitividad y los sectores sociales, que tienen también una porción importante de la inversión. En consecuencia, el Ecuador se encuadra en los planteamientos teóricos neoestructuralistas mencionados, que buscan la transformación de los distintos sectores productivos mediante la participación del Estado y del sector privado.

Con este contexto, para el Ecuador el financiamiento del desarrollo es sumamente importante dada la vulnerabilidad del país por su condición de “subdesarrollado” y por sus ciclos económicos de corta duración. Este financiamiento es clave en tanto brinden flujos contracíclicos que permitan estabilizar al país en momentos de crisis, tal como señala la CEPAL (2015), que los ciclos de los países de AL se diferencian de los de los países desarrollados en su fase ascendente, por ser menos expansiva y de más corta duración (CEPAL, 2015).

No obstante, el gobierno de Ecuador consideró que si bien este financiamiento es una herramienta clave para potenciar la implementación del modelo de desarrollo, será aceptado y, además, se dará una relación de cooperación con los multilaterales, siempre y cuando no exista ningún tipo de condicionalidad, sobre todo, el gobierno de Ecuador rechazó la condicionalidad impuesta por los multilaterales en cuanto a la aplicación de ajustes de reforma estructural. Esto se puede evidenciar en lo que señaló el BID (2011) en su estrategia país:

El nuevo gobierno que asumió en 2007 consideraba que las políticas de estabilización y ajuste estructural promovidas por las instituciones financieras multilaterales habían sido responsables de la debilidad institucional y las crisis socioeconómicas experimentadas por el país en los dos decenios anteriores (1).

Por su parte, Colombia fue gobernada por dos presidentes, entre 2007 y 2015. El presidente Álvaro Uribe Vélez, de 2002 a 2010, y el presidente Juan Manuel Santos, de 2010 a 2018. Ambos presidentes plantearon planes de desarrollo cuyo enfoque principal estuvo en la consolidación de un Estado que brinde seguridad a su territorio, como el objetivo principal que debe ser alcanzado, esto conjugado con un crecimiento económico sostenido que parte de una economía de mercado, pero donde la economía está subordinada a la seguridad.

De esta manera, en el PND propuesto en el gobierno del presidente Uribe se mencionaba que Colombia

(…) enfrenta el desafío inmenso de la inseguridad interna que amenaza a la democracia; en respuesta, la política de seguridad democrática se diseñó como un instrumento para su defensa. La seguridad es un valor democrático y la paz depende de su preservación (DNP, 2006, 19).

En este sentido, lo que propone este PND es subordinar el aspecto económico a la seguridad nacional. Plantea que el desarrollo y el crecimiento económico no pueden ser alcanzados en tanto la seguridad no sea garantizada por parte del Estado, de esta forma, la “seguridad democrática” es el principal objetivo que el gobierno debe alcanzar.

Por su parte, el gobierno del Juan Manuel Santos sostuvo en su PND que, si bien es importante consolidar la seguridad vía la firma de un tratado de paz con los grupos insurgentes de Colombia, el aspecto económico no puede ser descuidado, sino que debe ser potenciado a través de políticas de apertura y liberalización de los mercados, aprovechando la globalización neoliberal.

El Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) del presidente Santos descansa en 3 pilares fundamentales: i) crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, productiva e innovadora; ii) igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego; y iii) consolidación de la paz en todo el territorio, con el fortalecimiento de la seguridad (PND, 2010).

Este plan sostiene que el desarrollo se basa en una sociedad próspera y que todos los ciudadanos pueden ser partícipes de esta prosperidad. Tomando esto en consideración, no se limita la riqueza a unos cuantos, sino que se proyecta a cubrir todos los sectores sociales, mediante los beneficios que trae consigo incorporar el sistema económico a la globalización neoliberal.

Entonces, se puede observar que lo que prima en los gobiernos de Colombia son aspectos de seguridad como eje principal, no obstante, se puede ver que existe un contraste entre ambos mandatos. Por un lado, se plantea el objetivo de consolidar la “seguridad democrática” propuesta por el presidente Uribe, donde se excluye la posibilidad de una firma de paz y se apunta hacia una victoria militar. Por el otro, el presidente Santos plantea la firma de la paz y la finalización del conflicto por la vía del diálogo. Sin embargo, en materia económica se evidenció una clara línea neoliberal, aunque la economía fue priorizada de manera diferente según cada gobierno. En el caso del gobierno de Uribe, se planteó subordinar la economía a la seguridad y en el caso del gobierno de Santos se propuso trabajar simultáneamente en la consolidación de la seguridad, la firma de un tratado de paz y la incorporación de Colombia en el proceso de globalización neoliberal.

En este sentido, el financiamiento al desarrollo se inserta en la agenda en tanto sirvan al interés principal planteado en el PND, sea la seguridad, en el primer caso, o la búsqueda definitiva de la firma de un tratado de paz, en el segundo.

Como se puede observar, los modelos de desarrollo que han sido plasmados en los respectivos planes de desarrollo, tanto de Ecuador como de Colombia, presentan un contraste sumamente marcado debido a que tienen objetivos y prioridades diferentes, aunque su realidad económica y su estructura productiva primario-exportadora es relativamente similar. Dicho esto, a continuación, se analiza de forma detallada cómo estos planes de desarrollo fueron implementados en cada país, como se insertó el financiamiento del BID y cómo se configuró la relación Estado-BID en cada caso.

4. Contraste en la asistencia del BID a Ecuador y a Colombia

El Banco Interamericano de Desarrollo es un banco multilateral cuyo objetivo es estimular los procesos de desarrollo de América Latina a través del financiamiento y el conocimiento técnico especializado. Esta institución se ha constituido como una de las principales fuentes de recursos financieros y técnicos para los diferentes países de la región, por tanto, resulta sustancial conocer cómo se alinean los intereses, en términos de desarrollo, de los países prestatarios con la asistencia que este banco puede otorgar.

Ahora bien, a pesar de las consideraciones discursivas en cuanto a un trato igualitario a todos los países, el financiamiento, cooperación y ayuda que provee el BID a los países prestatarios no siempre puede ser homogéneo debido a factores políticos y a que el financiamiento per se es un negocio, donde el Banco es el proveedor y los países son los clientes.

Según la propia institución lo ha mencionado, si bien se entiende desde el discurso que todos los países cuentan con los mismos beneficios y tienen la misma prioridad a la hora de ser considerados sujetos de crédito y de recibir cooperación, en la práctica esto no sucede debido a la naturaleza político-económica del Banco; esta institución debe considerar las particularidades de cada país en términos políticos y financieros, así como el modelo de desarrollo que proponen para establecer estrategias de inserción eficaz de la ayuda en dichos modelos. Por ello se puede observar que el BID se encuentra en una disyuntiva, ya que debe armonizar sus necesidades financieras debido a su naturaleza económica y su reputación en los mercados financieros al cuidar de su calificación de riesgo AAA, con las necesidades de financiamiento y cooperación técnica que tienen los países, de forma especial, con aquellos que no tienen los recursos suficientes o no son sujetos de crédito confiables debido a su bajo nivel de desarrollo, inestabilidad política permanente, desigualdad social, elevados niveles de pobreza, etc.

Es decir, el BID se enfrenta al desafío de articular la necesidad de la institución de expansión de capital con las necesidades nacionales de desarrollo de cada país (Vivares, 2013). Por tanto, se genera una contradicción, ya que “(…) debido al riesgo país, el país que más necesita no es el que más financiamiento obtiene”.[3] Esta premisa es crucial porque puede limitar la relación de cooperación entre el Banco con cada país. El primer indicador que el Banco y cualquier inversor analiza en el mercado internacional es el “riesgo país”, entendido como la voluntad que tiene un país de cumplir con sus obligaciones financieras y con lo cual puede constituirse como sujeto de crédito confiable.

Figura 6.2. Evolución del riesgo país de Ecuador y Colombia, 2007-2015

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones del Banco Central del Ecuador y del Banco de la República de Colombia (2015).

La figura 6.2 muestra que el riesgo país fluctúa con relación a los ciclos económicos internacionales. El riesgo país de Ecuador históricamente se ha mostrado superior al de Colombia, tomando en cuenta que, en 2009, el riesgo país del Ecuador se disparó debido a que se declaró el no pago de la deuda por considerarla “ilegítima” por parte del gobierno de Rafael Correa.

Para analizar la relación de los Estados con el BID, en primer lugar es necesario destacar que el financiamiento que se otorga por parte de esta institución está estrechamente ligado a las condiciones de los mercados financieros internacionales, como ya se mencionó. Por ello, es necesario conocer cuán dinámica ha sido la relación, tanto en el monto financiado cuanto en el tipo de financiamiento otorgado.

Figura 6.3. Aprobaciones del BID a Colombia y Ecuador, 2007-2015

Fuente: elaboración propia con base en las publicaciones de proyectos en la web del BID de 2007 a 2015.

Se puede ver en la figura 6.3 que Colombia ha recibido aprobaciones por alrededor de US$ 9.950 millones, cifra superior a la registrada por el Ecuador de alrededor de US$ 5.368 millones entre 2007 y 2015. Es decir que por cada dólar que recibió el Ecuador, a Colombia se le otorgaron cerca de dos dólares. No obstante, el monto financiado en valores absolutos es solamente una orientación sobre la relación antes mencionada; por tanto, es necesario desagregar el análisis e identificar momentos clave en los cuales se ven afectados o impulsados los procesos de desarrollo de manera significativa, esto corresponde a shocks externos en los mercados internacionales. En el caso del periodo estudiado, este shock surgió durante la crisis financiera internacional de 2008 y 2009.

Figura 6.4. Comparativo de las aprobaciones de financiamiento anuales a Colombia y Ecuador, 2007-2015

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones de proyectos en la web del Banco Interamericano de Desarrollo.

La figura 6.4 muestra la asimetría existente en el financiamiento entre ambos países. Por un lado, en el caso de Colombia se observa que las aprobaciones por año son significativamente superiores a las aprobaciones para el Ecuador, con excepción de 2014. Colombia ha recibido aprobaciones por aproximadamente US$ 1.100 millones, en promedio por año, mientras que Ecuador alrededor de US$ 500 millones.

Se evidencian dos puntos clave: por un lado, los años 2008 y 2009, años que corresponden a la crisis financiera internacional, en los cuales la brecha entre países se agranda, sobre todo en 2008, cuando el financiamiento aprobado fue de US$ 1.948 para Colombia, mientras que Ecuador recibió únicamente US$ 85 millones, de los cuales alrededor de US$ 70 millones corresponden al financiamiento otorgado de manera específica a un banco privado. El año 2008 es particular, ya que se registra una asimetría favorable a Colombia en el apoyo del BID, considerando que ambos países necesitaban de financiamiento como instrumento contracíclico para enfrentar dicha coyuntura.

De esta forma, se puede confirmar que Colombia recibió “herramientas” para enfrentar la crisis financiera internacional, mientras que Ecuador no contó con estos recursos.

Además, únicamente en el año 2014, se observa que el Ecuador recibió una mayor cantidad de financiamiento en comparación con Colombia; esto se dio debido a la fuerte inversión que el gobierno ecuatoriano destinó a los sectores de infraestructura y energía, en la cual el BID mostró un decidido apoyo por el proceso de inversión que se venía dando en estos sectores durante los años precedentes.

Cabe destacar que la economía del Ecuador entre los años 2010 y 2015 estuvo en un proceso de constante expansión y crecimiento sostenido; en este sentido, se puede argumentar que el financiamiento y apoyo técnico del BID al Ecuador se dio al compás del comportamiento cíclico de su economía y, además, de su riesgo país. Dicho de otra manera, Ecuador recibió un financiamiento procíclico, a diferencia de Colombia, que recibió financiamiento de tipo contracíclico, lo cual expresa un contraste profundo en cuanto a la asistencia del BID con uno u otro Estado y derriba el argumento de que a todos los Estados el BID asiste de forma homogénea.

Por otra parte, el tipo de financiamiento determina la naturaleza de la relación que existe entre el organismo multilateral con el país, ya que posee elementos técnicos, económicos y políticos que la configuran. Para analizar dicha relación, es necesario señalar que el BID provee de varios tipos de financiamiento. Por un lado, se encuentra el financiamiento de inversión destinado a los proyectos que requieren de participación cercana del BID con el Estado, en los cuales el riesgo y su gestión es compartida por los actores. Estos proyectos son vigilados de manera cercana por parte del BID, ya que se enfocan principalmente en sectores estratégicos que poseen una capacidad significativa para generar una trasformación del aparato productivo de un país cuyo impacto es sumamente profundo (Mazzucato, 2013).

Por otro lado, están los Politics based loans (PBL) o “préstamos basados en políticas”, cuyo desembolso se produce de manera rápida y en los cuales los flujos financieros vienen acompañados con una condicionalidad. Esta debe ser aceptada por el país y contempla una serie de reformas dirigidas por el Banco que se consideran necesarias para alcanzar los objetivos en materia de desarrollo; en tal sentido, el BID señala que lo que buscan estos flujos es:

Proporcionar liquidez a los países prestatarios a fin de ayudarlos a satisfacer sus necesidades de financiamiento y apoyarlos en la realización de reformas. La principal característica del financiamiento en apoyo de reformas de política que lo diferencia del financiamiento para inversión es que su producto se desembolsa en función del cumplimiento de una condicionalidad convenida (reformas de política e institucionales) (2016, 4).

Dicho esto, se evidenció que Ecuador contó con un monto de aprobaciones totales significativamente menor que Colombia. En el caso ecuatoriano, entre 2007 y 2015, tan solo cinco proyectos concentraron alrededor del 32% de todo el monto de financiamiento aprobado en el mismo periodo, como se detalla a continuación en la tabla 6.1.

Tabla 6.1. Proyectos con mayor financiamiento a Ecuador, 2007-2015

Proyecto

Sector

Título del proyecto

Financiamiento (USD millones)

Año

EC-1140

Energía

Apoyo al cambio de la matriz energética del Ecuador

500

2015

EC-1065

Transporte

Programa de infraestructura y conservación vial

350

2009

EC-X1014

Mercados financieros

Préstamo contingente para emergencias por desastres naturales

300

2014

EC-L1145

Mercados financieros

Línea de crédito contingente para la sostenibilidad del desarrollo

300

2014

EC-1018

Educación

Apoyo a la universalización de la educación básica

294

2007

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones de proyectos en la web del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se puede observar que, en este caso, tres de los cinco proyectos (EC-L1140, EC-L1065, EC-L1018) están destinados a la inversión y a la transformación productiva, y dos proyectos (EC-X1014, EC-L1145) están contemplados como líneas de crédito contingentes, en caso de ocurrir un evento natural que cause desastre o se generen factores externos que amenacen las inversiones que se han llevado a cabo por parte del gobierno.

Por ejemplo, en el documento del proyecto EC-L1140 “Programa apoyo al cambio de la matriz energética del Ecuador”, el cual representa al proyecto con mayor monto de financiamiento, se señala lo siguiente:

Desde el 2009 a la fecha, la inversión anual en el sector eléctrico se ha duplicado. Esta inversión se ha concentrado en: (i) incrementar la capacidad de generación hidroeléctrica y térmica más eficiente; (ii) expandir y fortalecer las redes de transmisión y distribución; (iii) aumentar la cobertura eléctrica en zonas urbano-marginales y rurales (…) (BID, 2015, 2).

En otras palabras, la naturaleza del proyecto se da en términos de cooperación estrictamente técnicos, en los cuales el BID encuentra que su aporte es sumamente importante, dada su capacidad técnica en esta área en particular, ya que permitiría que Ecuador pueda consolidar un proceso de transformación de su aparato productivo, en concordancia con lo que señalan Lustig (1988), Titelman y Pérez (2015), entre otros autores.

Por otra parte, se observa que si bien existió apoyo del BID para enfrentar desastres naturales o shocks externos que podrían afectar profundamente el proceso de desarrollo del país, estos montos solamente constituyen mecanismos para enfrentar dificultades inmediatas y de corto alcance; sin embargo, estos flujos de financiamiento no tienen la capacidad de responder de manera estructural o de manera contracíclica a un shock externo:

El escudo contracíclico está más desde el punto de vista de organismos como podría ser el FMI, más que el BID, en el caso del Ecuador nosotros lo que tenemos es algunas herramientas y algunas líneas específicas que pueden ayudar en momentos de crisis, tenemos algunos productos como los de emergencia; en líneas generales, el volumen que maneja el Banco para cada uno de los países es un volumen que no es significativo a los efectos de revertir un proceso de crisis económica de un país.[4]

Por lo tanto, se puede decir que la relación existente entre Ecuador y el BID se ha configurado como una relación estrictamente técnica que tiene las características propias de una relación de negocio financiero; esto se debe a que no se evidenció que, en los proyectos con mayor financiamiento, en el periodo analizado, existan condicionalidades de reformas (PBL) asociadas al financiamiento, lo que, en ese caso, haría que el BID tenga una influencia más profunda en el Ecuador.

Aunque la relación existente entre el Ecuador y el BID es “positiva”, dados los montos y proyectos estratégicos financiados, al mismo tiempo es una relación muy limitada y distante.

En definitiva, la relación al ser netamente técnica es “buena” dada su característica de ganar-ganar; no obstante, podría ser mejor si hubiera un incremento del financiamiento y de transferencia de conocimiento a lo largo del tiempo que potencie el proceso de desarrollo ecuatoriano. En Colombia se evidencia que, entre 2007 y 2015, hubo un énfasis en financiar el sector de mercados financieros. Como se pudo observar, los sectores con mayor financiamiento fueron el sector financiero, cuyo financiamiento fue de alrededor de US$ 2.381 millones, seguido por el sector de inversiones sociales, con US$ 1.351 millones, y agua y saneamiento, por US$ 1.278 millones (Hidalgo, 2017).

Al examinar las aprobaciones anuales del BID hacia Colombia, tal como se muestran en la tabla 6.2, se observa una particularidad: de los siete proyectos con mayor financiamiento, cuatro son préstamos basados en políticas o PBL; dos de ellos son proyectos de inversión; y un proyecto, el segundo con mayor monto de financiamiento aprobado de US$ 600 millones, se destinó al sector privado, específicamente a Telefónica Móviles Colombia S. A.; nótese que el monto financiado a esta empresa privada es superior al proyecto de Ecuador que tuvo mayor financiamiento (EC-L1140 con US$ 500 millones). Dicho proyecto fue financiado con base en la premisa de desarrollo del “spill over”, según la cual la inyección de flujos financieros al sector privado “gotea” hacia otros sectores de la economía; por tanto, dicho flujo se distribuye causando un efecto de cadena en el desarrollo.

Tabla 6.2. Proyectos con mayor financiamiento de Colombia, 2007 y 2015

Año

Proyecto

Sector

Título de proyecto

Financiamiento (USD millones)

2008

CO-X1007

Mercados financieros

Línea de financiamiento proyectos de inversión

650

2007

CO-L1020

Ciencia y tecnología

Préstamo empresarial a Telefónica Móviles Colombia S.A.

600

2015

CO-L1144

Mercados financieros

Programa de apoyo a la reforma del sistema financiero

500

2009

CO-L1034

Agua y saneamiento

Programa de saneamiento del Río Medellín-segunda etapa

450

2013

CO-L1128

Inversiones sociales

Reforma para fortalecimiento del Sistema Nacional Formación Capital Humano, fase II

400

2014

CO-L1142

Reforma/modernización del Estado

Profundización de la reforma fiscal en Colombia

400

2014

CO-L1141

Salud

Apoyo a la reforma del sector salud

400

Fuente: elaboración propia con base en publicaciones de proyectos en la web del Banco Interamericano de Desarrollo.

Como se puede apreciar, se muestra una relación sumamente dinámica entre Colombia y el BID. No solamente porque existe un financiamiento a los proyectos de inversión, sino porque se considera al sector privado un actor dinamizador importante de la economía, a diferencia de lo que puede verse en la relación del BID con Ecuador. En concreto, los PBL recibidos por Colombia han llegado a cifras muy significativas. Se observa que, en términos absolutos, los PBL fueron de alrededor de US$ 500 millones en 2008, año en el que se registra el monto más alto de aprobaciones en el periodo de estudio, y precisamente es el año en el cual se produjo la crisis financiera internacional.

La participación de PBL para el financiamiento de diversos sectores de la economía fue sustancial, como se evidencia en el gráfico 6.5, en los cuales Colombia realizó reformas profundas dada la condicionalidad asociada a dicho financiamiento. En consecuencia, se puede indicar que los sectores con un mayor monto de financiamiento fueron: transporte, acceso a servicios financieros, capacidad institucional del Estado y descentralización, entre otros.

Figura 6.5. PBL y préstamos aprobados a Colombia, 2011-2014, por sector (USD)

Fuente: evaluación de la estrategia país de Colombia 2011-2014, Banco Interamericano de Desarrollo.

Se demuestra que la relación que ha mantenido Colombia con el BID no es únicamente técnica ni estrictamente financiera, a diferencia del caso con el Ecuador.

En la relación Colombia-BID se evidencia de manera importante el componente político, puesto que gran parte de su financiamiento está compuesto por préstamos basados en políticas (PBL), que incorporan condicionalidades y en los cuales los diálogos en materia de implementación de reformas de políticas tienen un gran alcance.

Adicionalmente, se puede observar que la función de catalización del desarrollo que provee el BID tanto para Ecuador como para Colombia se encuentra condicionada a ciertos elementos: por un lado, está el aspecto financiero, donde se puede observar que no existe un comportamiento monolítico debido a la naturaleza político-económica del BID. Por otro lado, emerge el aspecto político, en el cual se observa la influencia del Banco al interior de cada país.

Por ello la relación de Ecuador con el BID es mucho más cauta. Se puede inferir que el país trata de aprovechar la capacidad técnica de la institución ubicando el financiamiento de manera estratégica para alcanzar los objetivos de desarrollo nacionales; que procura profundizar la transformación de la estructura productiva que ha impulsado el país desde 2007, utilizando como instrumento la cooperación financiera y técnica del BID.

En el caso de Colombia, la relación es mucho más compleja ya que tiene más componentes. Se observa que, si bien el componente técnico del BID es muy valorado debido al financiamiento de varios proyectos en diversos sectores entre 2007 y 2015, lo que sobresale es el tipo de financiamiento. Un financiamiento que conlleva aplicar reformas estructurales a ciertos sectores y las cuales vienen ancladas a los flujos de los préstamos basados en políticas (PBL).

Por otra parte, al comparar la disponibilidad y el alcance de la función contracíclica que tienen las instituciones de financiamiento multilateral, es curioso cómo el BID presentó este mecanismo para Ecuador y Colombia, que tuvo un contraste sumamente marcado. En el contexto de la crisis financiera internacional, como la sucedida en 2008 y 2009, se esperaría que la forma de cooperación que presente el BID no sea tan dispar debido a que ambos países están siendo afectados fuertemente dado que tienen una estructura económica primario-exportadora similar; es decir, la asistencia que otorga debe configurar un escudo contracíclico, en mayor o menor medida.

Se observó que en 2008 el financiamiento para Colombia superó los récords históricos; en contraste, el financiamiento que recibió el Ecuador fue el más bajo de los años estudiados. Cabe notar aquí una particularidad, los montos aprobados para Colombia, en 2008 y 2009, estuvieron fuertemente marcados por PBL, es decir, el BID decidió brindar flujos contracíclicos altamente significativos, en tanto estos flujos estén condicionados a la aplicación de reformas de política alineadas con lo que plantea la globalización neoliberal (Vivares, 2013).

Sin embargo, en el caso de Ecuador no se evidencia un apoyo para enfrentar esta crisis; al contrario, se puede observar que hay una relación distante en materia contracíclica. Si bien los montos para estos fines tomaron relevancia en 2014 con la aprobación de créditos contingentes, en la crisis de 2008 se notó una ausencia marcada del BID, como instancia a la cual acudir para enfrentar crisis, lo que dejó en evidencia que el componente político es determinante a la hora de otorgar financiamiento con alto impacto. Por lo tanto, vemos un BID presente y disponible para ayudar a Colombia a mitigar los efectos adversos de la crisis financiera y vemos un BID ausente en cuanto a la relación con Ecuador, lo cual evidencia que solamente Colombia pudo acceder a la función de escudo contracíclico por parte del BID, mientras que Ecuador no pudo hacerlo.

Conclusiones

Los modelos de desarrollo en América Latina han tratado de ser implementados a través de una diversidad de caminos desde la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Se ha podido constatar que hay países en los cuales el modelo de desarrollo neoliberal se ha mantenido a lo largo del tiempo, ya que ha contribuido a generar crecimiento económico de manera sostenida, como es el caso de Colombia, donde el crecimiento promedio desde 2007 a 2013 ha estado alrededor del 4,4% anual.

Por otro lado, los planteamientos que provienen de la corriente neoestructuralista también han sido acogidos por varios países de la región; el Ecuador, en particular, ha tomado muchas ideas de esta corriente, ha plasmado varios de sus postulados en su Plan Nacional del “Buen Vivir” y estos se han traducido en la formulación de proyectos estratégicos para potenciar el cambio de la matriz productiva y el desarrollo, en los cuales estuvo altamente vinculado el financiamiento del BID. Además, se evidenció que las prioridades de los países difieren fuertemente en sus fines, en términos de desarrollo. Así, Colombia ha priorizado el ámbito de seguridad sobre el económico y Ecuador ha priorizado valores éticos y justicia social, donde ha expresado que el ser humano es el sujeto y fin de la economía.

Ambos modelos de desarrollo convergen en el postulado de que mantener una economía en crecimiento es fundamental para alcanzar sus objetivos. Con este marco, la asistencia del BID se insertó estratégicamente para conseguir sus objetivos financieros y políticos propios, así como también los objetivos de estos dos países. En el caso de Ecuador, la relación con el BID se dio en el plano estrictamente técnico, financiando proyectos de inversión en sectores estratégicos (energía, transporte y logística, etc.), los cuales constituyeron prioridades de desarrollo, tanto del país, como del BID.

Esta relación limitó la interacción entre estos actores dado que Ecuador decidió únicamente recibir apoyo en el cual no exista ningún tipo de condicionalidad; por tanto, no tuvo la posibilidad de acceder a financiamiento contracíclico y, en este sentido, el BID no se constituyó como una instancia a la cual acudir en caso de shocks externos, como la crisis financiera internacional de 2008.

En el caso de Colombia, se demostró que existió una relación altamente dinámica en la cual no solamente fue determinante el monto del financiamiento (significativamente superior al de Ecuador) sino su tipo. Se evidenció que hubo un énfasis por tener una cartera de créditos que financie la mayor cantidad de sectores productivos posibles y donde el sector privado de este país fue considerado como “prioritario”. El BID consideró que su rol en la implementación del modelo de desarrollo fue muy significativo, basado en la premisa del “spill over”.

Asimismo, el tipo de financiamiento basado en PBL tuvo un papel determinante al configurar el tipo de relación, ya que esto generó que se pase de una relación estrictamente técnica a una tecno-política en la cual, al aceptar condicionalidades, Colombia tuvo a su disposición mayores recursos de financiamiento para enfrentar momentos de crisis y salvaguardar sus avances en materia de desarrollo.

Se ha demostrado que el BID tiene una alta capacidad de insertarse e incorporar sus lineamientos en las agendas nacionales de desarrollo, a través de una “camaleonización”; esto va alineado a lo que señala Cox (1989): que históricamente los Bancos Regionales de Desarrollo (BRD) han demostrado ser instituciones técnicas y consensuales, con el poder de institucionalizar la acción social al enmarcar las políticas alternativas de desarrollo y presentarlas “en el sentido de la forma como generalmente suceden las cosas”, donde las ideas tienen un rol fundamental.

Dicho esto, se puede concluir señalando que el Banco Interamericano de Desarrollo brinda asistencia de manera significativa a los países, en tanto: i) cumplan con requisitos de mercado, que los configure como sujetos de crédito confiables; ii) soliciten financiamiento y/o asistencia técnica asociada a condicionalidades, como es el caso de los PBL, en los que son necesarias reformas a sectores económicos del país y donde intervienen aspectos políticos; y iii) cuyos modelos de desarrollo se encuentren en sintonía con lo que plantea la globalización neoliberal.

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  1. Resultados preliminares de esta investigación fueron presentados como ponencia en FLACSO-Ecuador en 2017.
  2. Las entrevistas fueron realizadas hasta la saturación de información.
  3. Frase relevante de un actor clave, entrevista realizada en marzo de 2017.
  4. Entrevista a un actor clave en marzo de 2017, funcionario del BID en la representación del Ecuador.


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