Este trabajo se inscribe en el campo de los estudios sobre género y trabajo, con especial énfasis en la gestión organizacional y de personal. La investigación se sustenta en dos ejes teóricos: la perspectiva de género desde una impronta feminista y la perspectiva de género en el análisis organizacional. Este capítulo desarrolla el contexto conceptual del estudio (Maxwell, 1996), articulando los antecedentes del problema y los enfoques teóricos que guían el análisis. Su propósito es proporcionar un marco conceptual que permita comprender las desigualdades de género en la Televisión Pública Argentina y los procesos de implementación de políticas de equidad, articulando los antecedentes del problema y los enfoques teóricos que guiarán el análisis empírico.

Se parte de la perspectiva de género como categoría relacional y dinámica, capaz de explicar cómo factores culturales, sociales y estructurales influyen en la organización laboral y en la trayectoria profesional de las mujeres. Al mismo tiempo, se incorpora la teoría organizacional para analizar cómo las estructuras, normas y prácticas de la TVP facilitan o limitan la transversalización de la perspectiva de género. Este enfoque permite no solo describir las brechas existentes, sino también interpretar las tensiones entre formalización normativa y condiciones materiales de implementación, un aspecto central del análisis de la Dirección de Género entre 2020 y 2023.

Para ello, el capítulo comienza revisando los principales debates teóricos sobre género y feminismo, desde sus definiciones y construcciones sociales hasta la crítica de los modelos patriarcales que históricamente han relegado a las mujeres a posiciones de subordinación tanto en la esfera pública como en la privada. Se examinan las bases conceptuales que permiten entender el género como una categoría relacional y dinámica, articulando influencias culturales, sociales, jurídicas y económicas en la conformación de las jerarquías laborales y las trayectorias profesionales.

El análisis de este estudio se sostiene en la articulación de distintas dimensiones que permiten abarcar de manera integral los fenómenos de género en las organizaciones. Retomando el enfoque propuesto por García Prince (2013), se distinguen tres niveles fundamentales: la dimensión descriptiva evidencia las brechas y desigualdades existentes entre varones y mujeres en diversos espacios organizacionales, aportando información empírica esencial para comprender la magnitud y la urgencia del problema. La dimensión analítica incorpora marcos teóricos que permiten interpretar las causas y manifestaciones de esas desigualdades, profundizando en los mecanismos y estructuras que las producen y perpetúan más allá de su mera constatación. Finalmente, la dimensión política plantea el compromiso activo con la erradicación de privilegios que tienen los varones y la promoción efectiva de la equidad de género, orientando el trabajo hacia la transformación y la incidencia concreta en el ámbito institucional.

La extensa bibliografía sobre género y trabajo, así como sobre equidad en entornos organizacionales, ha requerido un cuidadoso proceso de selección y análisis. A partir de esta revisión, se define un marco conceptual que permite problematizar las dinámicas organizacionales en la TVP, identificando tanto las barreras estructurales que reproducen desigualdades como las estrategias implementadas para reducirlas.

Asimismo, este capítulo integra como parte fundamental de su recorrido el análisis de la institucionalización de las políticas públicas de equidad de género y la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito laboral, examinando tanto los marcos normativos como los procesos y desafíos de su implementación en organizaciones estatales como la Televisión Pública Argentina. Estos apartados permiten articular el enfoque conceptual con los procesos históricos y políticos recientes, identificando los principales avances, tensiones y resistencias en la gestión organizacional. Finalmente, el capítulo concluye con una síntesis crítica del recorrido, señalando los aportes teóricos y las herramientas analíticas que fundamentan el abordaje empírico y metodológico de los capítulos posteriores.

1.1 Género, feminismos y trabajo: una perspectiva para este estudio

La categoría de género permite entender cómo las relaciones de poder, construidas social y culturalmente, influyen en las oportunidades y trayectorias profesionales de mujeres y varones. En el ámbito laboral, estas relaciones se expresan en desigualdades estructurales, segregación de roles y brechas salariales, fenómenos que son particularmente visibles en organizaciones estatales como la TVP.

El feminismo proporciona el marco crítico necesario para cuestionar modelos jerárquicos y patriarcales que históricamente han relegado a las mujeres a posiciones subordinadas. Este análisis permite interpretar las experiencias laborales de las trabajadoras de la TVP, las barreras que enfrentan y las estrategias de resistencia y apropiación frente a las políticas de equidad implementadas desde 2020.

El concepto de género, tal como lo define Rubin (1998), se expande más allá de lo biológico, reconociéndose como una construcción social que transforma la sexualidad en productos de la actividad humana. Estas construcciones asignan jerarquías y roles específicos a lo femenino y lo masculino, los cuales han reflejado históricamente la dominación patriarcal (Scott, 1996; Butler, 2001, 2006). De acuerdo con el determinismo biológico, se perpetúan estereotipos sexistas que asignan a lo masculino una superioridad natural sobre lo femenino (Scott, 1993; Lamas, 1995; Ciriza, 2007). En este sentido, las sociedades han delineado tareas y funciones, consideradas naturales, que las niñas y los niños deben desempeñar, socializando a los individuos dentro de un sistema de roles rígido y jerárquico (Batthyány, 2005).

Estas normas y jerarquías, son construcciones culturales que impregnan todos los ámbitos de la vida, incluyendo el mundo laboral, ya que la división entre lo masculino y lo femenino ha permeado las estructuras organizativas y jurídicas (Olsen, 1990). La representación de las mujeres como subordinadas sigue siendo un desafío estructural en diversos contextos, incluida la Televisión Pública.

Barrancos (2012) subraya la importancia de reconocer que las sociedades son responsables de construir las funciones asignadas a cada sexo, destacando que, a pesar de las problemáticas inherentes a la terminología, estas relaciones jerárquicas no solo afectan la organización social, sino también la distribución de recursos y poder en el ámbito laboral. A partir de este enfoque, se evidencia que el género no solo estructura el trabajo y las relaciones laborales, sino que también define las oportunidades y barreras que las mujeres enfrentan dentro de las instituciones.

Si bien esta investigación se basa en un planteo binario del problema, trabajando desde las relaciones varón y mujer, consideramos oportuno presentar una concepción más profunda del concepto de género que aporta Judith Butler. “El género propio no se «hace» en soledad. Siempre se está «haciendo» con o para otro” (Butler 2006, p.13).

En las primeras reflexiones feministas contemporáneas, Gayle Rubin (1975) analiza cómo la organización social del sexo y el género produce jerarquías en las que algunas identidades y prácticas resultan legítimas y otras, marginadas. En su propuesta del sistema sexo/género, Rubin advierte que el binarismo varón/mujer es resultado de una matriz social que naturaliza ciertas posiciones, mientras expulsa y patologiza aquellas experiencias que no encajan en la norma. Así, lo que queda fuera de esta grilla jerárquica ocupa un lugar de abyección: es lo que no merece reconocimiento, lo que permanece invisible o censurado.

Butler (2001, 2002, 2007) profundiza sobre este mecanismo de exclusión; sostiene que las categorías binarias de género, lejos de ser universales y neutrales, se constituyen regulando la inteligibilidad de los cuerpos y los sujetos. El sistema de género dominante produce abyecciones, es decir, expulsa lo que no cabe en la matriz heterosexual y binaria de lo reconocible. Las vidas y deseos queer, trans, no binarios e intersex son constituidos como abyectos: quedan por fuera de lo que la sociedad está dispuesta a considerar como humano, legítimo y significativo.

En este marco, aunque los datos disponibles en la investigación configuran el binarismo varón/mujer, la revisión teórica permite abrir interrogantes sobre la existencia de otras identidades y experiencias que históricamente han quedado excluidas por procesos normativos y jerárquicos.

La crítica de Butler (2001) a la distinción entre sexo y género cuestiona la naturalización de categorías fijas. Estos enfoques normativos y biológicos, aunque avanzados en algunos aspectos, siguen reproduciendo visiones binarias que limitan la efectividad de las políticas y perpetúan la desigualdad. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la incorporación de políticas de género en la TVP no solo implica cambios normativos, sino una reconfiguración de las estructuras de poder y una apertura hacia nuevas formas de representación e inclusión.

A partir de la comprensión del género como categoría relacional y dinámica, es posible abordar los marcos teóricos que han problematizado la desigualdad, destacando el aporte central de las teorías feministas en el análisis y transformación de las relaciones de poder entre los géneros. El feminismo, como movimiento histórico y político, constituye un marco crítico para el análisis de las estructuras patriarcales que han sustentado la desigualdad de género en diversos ámbitos, incluyendo el laboral y organizacional (Fontanela, 2021; Angilletta et al., 2017). Su desarrollo, desde la Revolución Francesa hasta los movimientos contemporáneos, ha desafiado los sistemas de poder que perpetúan la subordinación de las mujeres y ha impulsado la exigencia de equidad en derechos. En este sentido, la teoría feminista resulta fundamental para la presente investigación, ya que permite examinar las políticas de género en la Televisión Pública Argentina desde una perspectiva que no solo cuestiona las dinámicas de dominación históricas, sino que también ofrece herramientas analíticas para evaluar su impacto en la representación y participación de las mujeres dentro del medio estatal.

El desarrollo del feminismo como movimiento social e intelectual ha permitido examinar las bases del patriarcado como sistema de dominación, abriendo el camino para indagar en los mecanismos y estructuras que perpetúan la subordinación de las mujeres.

En relación con ello, las estructuras patriarcales, se configuran como un sistema de organización social que ha justificado históricamente la desigualdad de género, otorgando una posición de superioridad a los varones sobre las mujeres, lo cual se refleja en ámbitos como el familiar, el político y, particularmente, el laboral. Según Fontanela (2021), el patriarcado es un sistema social, cultural y político basado en la dominación masculina, y se reproduce a través de estereotipos de género que limitan las oportunidades de las mujeres.

Dentro del marco patriarcal, los estereotipos de género legitiman y reproducen relaciones jerárquicas, por lo que resulta imprescindible analizar cómo estas simplificaciones inciden en las trayectorias profesionales y laborales. Así, los estereotipos, concebidos como construcciones que asignan roles y competencias desiguales a varones y mujeres (Heredia et al., 2002; Ridgeway y Correll, 2004), constituyen una herramienta clave para entender cómo las expectativas sociales continúan permeando la distribución de recursos y oportunidades en la TVP. Como señala Bruel dos Santos (2009), estos estereotipos afectan profundamente la autoimagen de las mujeres, influyendo en sus elecciones profesionales y en la percepción del lugar que ocupan dentro de la estructura organizativa.

Para Scott (1996) hablar de perspectiva de género comprende un simbolismo que surge entre otros, del campo social y sus respectivos actores; le otorga un elemento constitutivo de las relaciones sociales, una forma primaria de relaciones altamente significantes de poder. En este sentido, Serret (2008) plantea que la perspectiva de género constituye una manera de abordar distintos aspectos de la realidad (ya sea en el ámbito científico, académico, social o político), poniendo especial atención en cómo las relaciones de poder entre los géneros, tanto a nivel de las construcciones masculinas y femeninas como en la experiencia social concreta de varones y mujeres, condicionan y explican esos fenómenos (p. 15).

El abordaje del presente trabajo estará atravesado por una perspectiva de género que parte del supuesto de la existencia de una desigual distribución de poder entre varones y mujeres en las sociedades. Inequidades producidas por un modelo patriarcal (Connell y Messerschmidt, 2005), basado en la división sexual del trabajo dentro de un sistema económico capitalista y que, según Vázquez y Urbiola (2014) se replica dentro de las organizaciones. En estos espacios laborales de socialización, podemos observar que el problema central no radica en la diferenciación sexual, sino en cómo se operativiza la dominación masculina (Connell y Messerschmidt, 2005).

La asignación social de un ámbito para cada sexo conlleva una división social de las tareas de acuerdo al sexo. Ana María Fernández agrega que tal división puede ser entendida en términos de Lèvi-Strauss como prohibición de tareas según sexo y alude a los procesos históricos-culturales por los cuales los varones prohibieron a las mujeres su participación en las tareas de mayor prestigio en cada sociedad, precisamente porque no había nada en ellas que les impidiera hacerlo, más que la necesidad de mantenerlas en una relación de subordinación (Fernandez, 1994). En ese sentido, es que las sociedades asignan, y en el mismo movimiento prohíben, funciones diferentes a mujeres y varones fundamentalmente en el ámbito de la producción y de la reproducción.

Si bien la división social del trabajo constituye un eje explicativo de la desigualdad de género, estas dinámicas adquieren formas específicas en los contextos organizacionales, donde la aparente neutralidad institucional reproduce y legitima las relaciones de poder masculinas. Naturalizar, considerar familiar e indiscutible, el reparto social desigual del trabajo y del saber de acuerdo al sexo conlleva a invisibilizar, por un lado, la diversidad y segmentación de tipos de trabajo que existen en las sociedades y, por el otro, la especificidad con que afectan estas situaciones a las mujeres.

Una organización, sus estructuras y procesos, así como sus políticas, se definen tradicionalmente como neutrales. Esta supuesta neutralidad y universalidad es en realidad la adopción de los comportamientos y perspectivas masculinas como los propios de la organización, que se definen como neutrales y son aceptados como patrones universales (Rigat-Pflaum, 2008). En suma, “[…] las organizaciones no son neutras responden a una ratio racionalista, mecanicista jerarquizada y lineal en su estructura” (González y Camacaro, 2014 p.152), es por ello que la perspectiva de género conlleva una articulación con las condiciones de producción discursiva cotidiana y contextual del desarrollo que presentan los centros laborales (Vazquez y Urbiola, 2014).

En los estudios organizacionales tradicionales domina una perspectiva funcionalista, que ve a la organización como un sistema neutral, que busca orden, eficiencia y armonía. Nuestro enfoque, en cambio, tensiona esa mirada porque no solo atiende al género, sino a las relaciones de poder y desigualdad estructural dentro de la organización (Gaba, 2010).

La perspectiva de género aplicada a este estudio permite analizar la influencia de las políticas de equidad de género en la gestión de personal, especialmente en los procesos de incorporación, promoción y capacitación. Asimismo, la teoría de la masculinidad hegemónica de Connell y Messerschmidt (2005) proporciona herramientas conceptuales para analizar cómo las organizaciones reproducen relaciones de poder basadas en jerarquías de género. Esta masculinidad dominante se caracteriza por rasgos como la heterosexualidad obligatoria, la agresividad, la competitividad, la racionalidad sobre la emotividad, el control y la autoridad. Sin embargo, es importante entender que es una construcción cultural e histórica, no una esencia biológica fija. Este enfoque permite interrogar los modos en que las dinámicas de liderazgo, autoridad y toma de decisiones en contextos laborales (como el de la Televisión Pública Argentina) pueden estar atravesadas por patrones que legitiman formas dominantes de masculinidad, invisibilizando otras identidades y experiencias.

En línea con esta perspectiva, el análisis del caso se realiza a partir de la propuesta de García Prince (2013), que distingue tres dimensiones de abordaje: descriptiva, analítica y política. La dimensión descriptiva permite visibilizar las desigualdades existentes entre varones y mujeres, evidenciando brechas en distintos ámbitos. La dimensión analítica facilita la interpretación de estas desigualdades, proporcionando un marco teórico para comprender sus causas y manifestaciones en diversos contextos. Finalmente, la dimensión política implica un compromiso activo con su eliminación, cuestionando y desmantelando los privilegios masculinos que sostienen el orden de género y las relaciones jerárquicas de poder.

1.2 Perspectiva de género y teoría organizacional

La perspectiva de género aplicada al análisis organizacional permite examinar cómo las estructuras, normas y prácticas internas de la TVP influyen en la equidad de género. La teoría organizacional aporta herramientas para identificar puntos críticos en la gestión de personal, los procesos de incorporación y capacitación, y la distribución del poder dentro de la empresa. Esta combinación teórica es clave para comprender por qué ciertas políticas se implementan formalmente pero encuentran limitaciones en la práctica, como ocurre con la Dirección de Género y Diversidad de la TVP, donde la normativa existe pero los recursos materiales y culturales para su efectividad son parciales.

Los estudios de género en el mundo del trabajo han consolidado un campo multidisciplinario que permite comprender cómo las construcciones sociales de género afectan las relaciones laborales dentro de las organizaciones. Desde mediados del siglo XX, este enfoque ha adquirido relevancia en las ciencias sociales, profundizando en problemáticas como la segregación ocupacional, las brechas salariales y las dificultades que enfrentan las mujeres y diversidades para acceder a cargos jerárquicos y de toma de decisiones (Carrasco, 1988; Acker, 2000; Goren, 2023).

Los estudios que conforman la base de nuestro análisis abordan la industria televisiva desde la perspectiva de los estudios del trabajo y las relaciones laborales muestran un interés creciente a raíz de los procesos de flexibilización productiva y laboral (Roldán, 2010; Lara, 2013; Bulloni 2017; Bulloni y Del Bono, 2019). Se encontró literatura que analiza los cambios en las políticas públicas al respecto (Becerra et al., 2003; Maglieri, 2016; Becerra, 2015; Becerra y Mastrini, 2017; entre otros), trabajos que revisan la historia de la radio y la televisión estatal en Argentina, teniendo en cuenta los procesos de cambio gubernamentales y las legislaciones (Buero, 1999; Rodilla, 2016).

Del mismo modo, se incluyen investigaciones relacionadas con el desarrollo y la transformación de las emisoras estatales de televisión que se contraponen a los medios comerciales dominantes (Mindez, 2001; Becerra et al., 2012; Bonavetti, 2013; Rivero, 2015; Linares, 2018; 2020) y un artículo que indaga las desigualdades de género, los procesos de debate y las demandas de derechos en torno a las condiciones laborales de las mujeres en las artes del espectáculo en Argentina a partir de 2015 (Bulloni et al., 2022).

Nos resulta interesante hacer mención a un estudio de Fernández et al. (2022). Estos autores indagan sobre el lugar que ocupa en los medios de comunicación el colectivo de mujeres. El objetivo de su trabajo es explorar el estado de situación del mapa de medios argentino, la situación laboral y la relación de las mujeres en los medios tradicionales y digitales. Problematizan el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, relacionado específicamente con la segregación ocupacional, techo de cristal y la desigualdad de género. Si bien la investigación se titula “Mujeres y medios de comunicación; avances y perspectivas en la Argentina del siglo XXI”, su marco teórico se centra en la perspectiva de género en los medios digitales. Dentro de sus hallazgos, concluyen que la desigualdad de género dentro de las empresas mediáticas se destacan dos cuestiones centrales, distribución desigual del beneficio, y distribución desigual de la cadena de mando. La inclusión de la perspectiva de género y de los derechos de las mujeres y de las personas discriminadas por su orientación sexual e identidad de género en las piezas comunicacionales, parte de la necesidad de construir una comunicación de calidad, acorde con los derechos humanos (Chaher, 2016, cit. en Fernández et al., 2022). En tal sentido, es indispensable que las mujeres estén presentes en la creación de contenidos y en el desarrollo de las plataformas digitales.

Si bien la literatura revisada da cuenta de importantes aportes y análisis sobre los cambios organizacionales y laborales en el sector de medios y comunicaciones, se observa una ausencia de estudios que abordan en profundidad el cruce entre perspectiva de género, gestión de personal y estructuras organizacionales en la Televisión Pública Argentina. Esta investigación se propone cubrir ese vacío, aportando una mirada situada y específica sobre la articulación entre políticas de género y dinámicas organizativas en este ámbito estatal.

El interés de los estudios organizacionales en la perspectiva de género ha crecido en función de la necesidad de analizar cómo las estructuras laborales pueden perpetuar o desafiar las desigualdades de género. En este sentido, la sociología del trabajo ha introducido el género como categoría analítica fundamental para examinar la división del trabajo según roles de género. En las últimas décadas, la visibilización de las problemáticas que enfrentan las mujeres y diversidades en su acceso y permanencia en el mercado laboral ha llevado a la incorporación de estas cuestiones en la agenda pública. A pesar de los avances, estudios recientes demuestran que el mercado de trabajo en Argentina sigue presentando significativas desigualdades de género (Ascencio et al., 2019; Rodríguez Enriquez, 2019; Goren y Trajtemberg, 2023), manifestadas en la segregación ocupacional, brechas salariales y acceso restringido a posiciones de liderazgo, una situación que, según la OIT (2023), se sostiene por varias décadas y cuyos avances han sido notoriamente lentos en el ámbito internacional, incluida la Argentina.

Ahora bien, resulta necesario detenerse en las particularidades y limitaciones históricas de la teoría organizacional respecto al género. A diferencia de la sociología del trabajo, que dada su tradición más crítica incorporó tempranamente el análisis de las desigualdades de género, los estudios organizacionales han evidenciado una trayectoria más tardía y reticente a integrar esta perspectiva. Como señalan Gherardi y Poggio (2002), la teoría organizacional ha pensado a las personas sin género a la hora de investigar y conceptualizar los diversos fenómenos organizacionales, mostrando una notoria resistencia a desnaturalizar la supuesta neutralidad de las estructuras y procesos laborales. Así, suelen encontrarse únicamente una perspectiva androcéntrica^[1]:

[…] los hombres en las organizaciones toman su conducta y sus perspectivas para representar lo humano, las estructuras y procesos organizacionales son teorizadas como neutrales […] la visión de las organizaciones separa las estructuras de las personas en ellas (Acker, 2000, p. 142).

Es por esto que no hemos encontrado un cuerpo consolidado de Teoría Organizacional con Perspectiva de Género, sino una serie de intentos de pensar esta nueva problemática. Tal como propone Calás y Smircich (1996), la incorporación de la perspectiva de género al estudio de las organizaciones es fundamental ya que permite reconocer las dinámicas y relaciones que se generan a partir del género o sexo de los integrantes, y cómo aquellas relaciones promueven ciertas dinámicas de subyugación entre varones y mujeres, con lo cual se obstaculiza el cambio (Calás y Smircich cit. en Cadena López y Ramos Luna, 2022).

La división de las tareas productivas (trabajo) y reproductivas (cuidado) de la sociedad tiene un origen histórico contemporáneo al desarrollo del capitalismo. Silvia Federici (2004) ha sostenido que esta separación entre trabajo asalariado y trabajo doméstico, mayoritariamente femenino y no remunerado, constituye un pilar fundamental de la organización social y económica capitalista, siendo el trabajo de reproducción absolutamente funcional a la acumulación y perpetuación del sistema. En esta ecuación, la mayoría de las mujeres quedan recluidas a la ejecución de tareas sin visibilidad ni reconocimiento social, el trabajo doméstico es un claro ejemplo de ello. En este sentido, Vázquez y Urbiola sostienen que

[…] las organizaciones representan un excelente pretexto para revisar cómo interactúan mujeres y varones en el espacio laboral. Para millones de personas estos espacios son más que eso, también constituyen lugares de socialización donde es posible estudiar la división sexual del trabajo y los sistemas de género subyacentes (2014, p.160).

A partir de la inclusión de diversas perspectivas, los estudios organizacionales dialogan con los estudios del trabajo, buscando instrumentos analíticos que permitan comprender las realidades organizacionales desde una perspectiva propia. En esta línea, la mirada de Frassa (2020) sobre la cultura organizacional permite comprender las dimensiones simbólicas y los significados compartidos que estructuran la vida institucional, ofreciendo claves para pensar las organizaciones públicas más allá de su estructura formal o normativa. Es por ello que la crítica feminista y los aportes desde los estudios del trabajo han posibilitado identificar los mecanismos mediante los cuales las organizaciones reproducen no solo relaciones productivas, sino también relaciones de poder y jerarquías de género. En este sentido, transformar las organizaciones desde una perspectiva de género implica cuestionar profundamente la forma en que se conciben los procesos de trabajo, las estructuras internas y la cultura organizacional.

Como afirman Bascuas et al. (2019), las lógicas patriarcales forman parte del ADN organizacional, y al ponerlas en cuestión no solo se modifica una parte del sistema, sino su totalidad. La existencia de una discriminación estructural en el mercado laboral refuerza la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el análisis de las organizaciones ya que las dinámicas internas de estas no solo reflejan la estructura social en la que operan, sino que también reproducen valores y prejuicios que perpetúan desigualdades (Acker, 2000; Walby, 2003). Por ello, la institucionalización del enfoque de género resulta clave para promover el cuestionamiento de prácticas androcéntricas y avanzar hacia entornos laborales más inclusivos y equitativos.

Incorporar la perspectiva de género en el análisis organizacional implica no solo visibilizar las desigualdades existentes, sino también desmontar los supuestos de neutralidad y universalidad que han estructurado históricamente y justificado las relaciones laborales. De este modo, se habilita la posibilidad de analizar, explicar y transformar las organizaciones en favor de una mayor equidad y justicia social.

En esta línea, el estudio de los medios de comunicación, y particularmente de las emisoras públicas, permite abordar cómo las estructuras organizacionales reproducen desigualdades de género, tanto en términos de acceso al empleo como en los procesos de toma de decisiones, distribución de tareas y reconocimiento simbólico. Si bien existe una creciente producción académica sobre la industria televisiva argentina desde la perspectiva de las transformaciones laborales, todavía son escasos los estudios que aborden de forma integrada las políticas de género al interior de estas organizaciones. El presente trabajo busca aportar en ese sentido, enfocándose en el caso de la TV Pública y las dinámicas laborales que en ella se configuran.

1.3 Desigualdad, institucionalidad y agencia colectiva: marcos y herramientas para el análisis organizacional con perspectiva de género.

Habiendo presentado, en los apartados anteriores, los debates centrales sobre género y feminismos, así como las principales perspectivas teóricas acerca de las desigualdades de género en el mundo del trabajo y desde la teoría organizacional, este tercer apartado se detiene de manera particular en las categorías conceptuales, las herramientas analíticas e institucionales y en el papel de la acción colectiva (especialmente el feminismo sindical y la organización de las trabajadoras), que resultan clave para el estudio empírico de las desigualdades de género al interior de las organizaciones. La comprensión profunda de estos conceptos y de las estrategias asociadas es esencial para avanzar en el análisis de los procesos de exclusión, segregación y reproducción de jerarquías en el ámbito laboral de la Televisión Pública Argentina, así como para orientar las políticas y acciones hacia la equidad que serán discutidas en los capítulos siguientes.

El análisis de las desigualdades en la TVP exige considerar tres dimensiones interrelacionadas: la división sexual del trabajo, la segregación laboral y las brechas de género laboral. Además, este apartado profundiza en las herramientas institucionales y en el papel estratégico del feminismo sindical y la acción colectiva de las trabajadoras, reconociendo que la agencia colectiva constituye un componente fundamental tanto para la reproducción como para la transformación de las jerarquías y dinámicas de género en el ámbito organizacional.

Numerosos estudios coinciden en que la raíz de la discriminación laboral de género reside en la división sexual del trabajo, que organiza las actividades productivas y reproductivas asignando valor y reconocimiento diferencial (Monacci, 1997; Hartmann, 1976; Hirata, 1997; Hirata y Kergoat, 1997; Rubin, 1975; Anzorena, 2013). Esta diferenciación se ha consolidado históricamente en dinámicas que refuerzan la subordinación femenina.

Young (1992) propone que la división del trabajo por género es una herramienta clave para analizar la persistente subordinación de las mujeres en la vida económica y social, ya que las relaciones de género estructuran de manera diferenciada las actividades laborales y los espacios de participación, relegando a las mujeres y a otros grupos feminizados a tareas y posiciones menos valoradas tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo

En el capitalismo contemporáneo, esta división determina la distribución de tareas a partir de procesos de sexualización social y técnica, generando inserciones diferenciadas de feminidades, masculinidades y disidencias en los espacios productivos y reproductivos (Goren, 2023). El mercado laboral, lejos de ser neutral, reproduce territorios laborales separados, feminizados o masculinizados, y una valoración desigual, materializada en brechas salariales y de ascenso (Heredia et al., 2002; Magliano y Mallimaci, 2018; Ascencio et al., 2019; Goren, 2023).

Un informe del INDEC^[2] (2023) evidencia que, a pesar de la mayor participación femenina en el empleo (48,1%), las mujeres se concentran en sectores menos dinámicos y de menor salario, mientras que la industria y energía siguen altamente masculinizadas.

Esta discriminación se explicita a nivel horizontal y vertical. Según Goren, “la segregación del mercado laboral consiste en la exclusión de las mujeres de ciertas ocupaciones y su concentración en aquellas que presentan, por un lado, las peores condiciones laborales; mientras que, por otro, son las peor remuneradas.” (2023, p.80). Consideramos oportuno agregar que además de abordar este tema de manera cuantitativa, desde los índices más cualitativos, referidos al reconocimiento social del trabajo o las oportunidades de promoción profesional de las mujeres, ofrecen resultados históricos semejantes que avalan la existencia de discriminación generaliza contra las mujeres (Heredia et al., 2002; Magliano y Mallimaci, 2018; Ascencio et al., 2019).

La brecha de género se observa en el acceso al empleo, salarios y oportunidades de ascenso, resultado de estructuras sociales, económicas y culturales persistentes a pesar de los avances en educación y participación laboral (Folbre, 2006; Blau y Kahn, 2017; D’Alessandro, 2018; Marchionni et al., 2019; Paz, 2020; CEPAL, 2022^[3]).

Conocer el indicador de brecha de género en la TVP evidencia diferencias sistemáticas en condiciones de trabajo y desarrollo profesional, lo que requiere políticas específicas y cambios culturales profundos. Para comprender integralmente las desigualdades en la organización, se utilizan marcos como la interseccionalidad, que permiten analizar cómo género, clase, raza, orientación sexual e identidad de género interactúan y configuran experiencias complejas de discriminación (hooks et al., 2004; ; Viveros Vigoya, 2016; Arruzza et al., 2019; Cejas y Muñoz, 2021).

Dentro de este enfoque, las herramientas analíticas centrales para el estudio empírico en la Televisión Pública Argentina incluyen el techo de cristal, que se refiere a las barreras invisibles que obstaculizan el acceso de las mujeres a puestos de alta responsabilidad aún contando con formación y experiencia (Cuadrado y Morales, 2007; Roldán García et al., 2012; Gaete-Quezada, 2015; Burin, 2021); las paredes de cemento, que simbolizan los obstáculos organizacionales y estructurales, visibles y tangibles, que dificultan la movilidad y el avance profesional de las mujeres y refuerzan la segmentación ocupacional (Liparini y Pronko, 2008; Pérez y Burin, 2010); el piso pegajoso^[4], referido a las condiciones laborales que mantienen a las mujeres en puestos de baja remuneración o con escasas posibilidades de ascenso, especialmente afectado a minorías y sectores de bajos ingresos (Booth et al., 2002; Rodríguez Enríquez, 2015); y las escaleras rotas, que alude a los obstáculos materiales y sociales que limitan el progreso profesional a pesar de la acumulación de credenciales y competencias, proceso influenciado por factores como el género, la clase y la raza (Méndez, 2016; Lustig, 2018; Strada, 2018).

Estas barreras, lejos de ser meramente individuales, responden a estructuras socioculturales y organizacionales que reproducen la desigualdad de género, y se intensifican cuando interactúan con otras formas de discriminación.

Las categorías desarrolladas en este apartado no sólo constituyen herramientas conceptuales para comprender la reproducción de las desigualdades de género en el ámbito laboral, sino que además serán empleadas de manera empírica en el abordaje específico de la Televisión Pública Argentina. La división sexual del trabajo, la segregación horizontal y vertical y las brechas de género permitirán identificar, en la estructura organizacional de la TVP, los patrones de exclusión y relegación de mujeres a puestos de menor reconocimiento, así como los mecanismos que dificultan su acceso a posiciones jerárquicas y mejores condiciones económicas. Estos marcos teóricos resultarán claves para el análisis de las trayectorias profesionales, las oportunidades de promoción y los obstáculos en la movilidad ascendente y horizontal de las trabajadoras, que serán descriptos y estudiados en los capítulos siguientes.

Asimismo, el enfoque de interseccionalidad y las herramientas analíticas como techo de cristal, paredes de cemento, piso pegajoso y escaleras rotas, serán abordados como categorías operativas en el estudio de experiencias concretas, visibilizando las múltiples barreras que enfrentan las mujeres dentro de la empresa. Su aplicación permitirá distinguir cómo cada una de estas dimensiones impacta en la organización parcial y total de los equipos de trabajo, en el acceso a espacios de decisión y en la construcción de trayectorias diferenciadas, proporcionando elementos objetivos para interpretar los datos empíricos recolectados en el trabajo de campo.

Tabla 1. Comparativa de Barreras Sociales que afectan especialmente a mujeres y minorías

Fuente: Elaboración propia.

Todas estas barreras son sistémicas y requieren un cambio cultural y organizativo para ser superadas, su categorización colabora en el análisis de los motivos que las provocan para así buscar formas de eliminar estas discriminaciones. Es por ello que avanzaremos en el próximo apartado en los conceptos que se relacionan con la Políticas Públicas de Equidad de Género, entendiendo que su implementación se traduce en una de las formas en que es posible achicar las brechas de género.

La aplicación de estas categorías y herramientas analíticas será central en los capítulos siguientes, permitiendo abordar de manera empírica los patrones de desigualdad, los modos de segregación laboral, los trayectos profesionales de las mujeres y las dinámicas organizacionales en la Televisión Pública Argentina. Este marco conceptual otorgará criterios precisos para interpretar los datos cuantitativos y cualitativos, así como para examinar cómo se manifiestan y se reproducen barreras en las trayectorias, condiciones laborales y procesos de institucionalización de las políticas de género en la organización.

Más allá de las barreras que reproducen la desigualdad de género, resulta fundamental abordar los marcos y estrategias que permiten enfrentar y transformar estas estructuras. En esta línea, se presentan las categorías analíticas vinculadas a la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones, como la transversalización e institucionalización, y, complementariamente, se considera el papel de la acción colectiva y el feminismo sindical como motores de cambio. Esta organización permite problematizar no solo los obstáculos, sino también las estrategias y los actores que dinamizan las transformaciones hacia la equidad.

La institucionalización y transversalización de las políticas de género en la Televisión Pública Argentina (TVP), materializadas en la creación de la Dirección de Género y Diversidad (DGyD), representan el paso de demandas feministas a acciones estatales concretas, aunque su despliegue revela también tensiones y limitaciones en la implementación cotidiana (Fraser, 1997; D’Antonio, 2022).

La institucionalización permite analizar cómo las demandas del movimiento feminista son incorporadas al aparato estatal, transformándose en políticas, estructuras y programas específicos como es el caso de la creación de la DGyD. Se trata de un proceso político que genera avances en reconocimiento, pero que también puede encontrar resistencias y constricciones en su puesta en práctica.

Por su parte, la transversalización constituye una estrategia institucional orientada a integrar la perspectiva de género en todos los niveles, áreas y políticas de la organización. No implica solamente la creación de espacios específicos, sino la transformación de estructuras, procesos de gestión, cultura organizacional y prácticas cotidianas (Valdés, 2009; ONU Mujeres, 2017). De manera complementaria, el análisis de la organización colectiva de mujeres trabajadoras dentro del mundo sindical y en espacios laborales estatales permite profundizar en las dinámicas de agencia y acción colectiva. Desde este enfoque, se retoman los aportes del feminismo sindical, que visibiliza las tensiones entre género y organización gremial, y da cuenta de nuevas formas de acción que articulan luchas por el reconocimiento, la redistribución y la representación.

Siguiendo a Cambiasso y Yantorno (2020), el análisis de la agencia colectiva de las trabajadoras exige una mirada integral que contemple simultáneamente la inserción formal en las estructuras sindicales, la disputa por la construcción de agendas de género y la vitalidad de las redes y alianzas entre sindicatos y movimiento feminista. Esta perspectiva permite no sólo identificar obstáculos estructurales e institucionales, sino también captar las estrategias cotidianas de resistencia y transformación que se desarrollan en los espacios de trabajo y en la praxis sindical diaria. En este trabajo, esta perspectiva se utiliza para abordar la experiencia del Colectivo de Mujeres Trabajadoras de la TVP como actor clave en la disputa por la equidad de género dentro del canal, en articulación con el contexto sociopolítico más amplio (Pautassi & Roitman, 2019; Gago, 2019; Rodriguez, 2019, 2020; Varela, 2020; Goren y Prieto, 2020; Goren, 2022).

La articulación de estas categorías permite un abordaje integral de los procesos de cambio institucional, la acción colectiva de las trabajadoras y las persistencias estructurales que condicionan el avance hacia la equidad de género en la Televisión Pública Argentina.

Finalmente, es necesario ubicar la emergencia del Colectivo de Mujeres Trabajadoras de la TVP en el marco de un proceso histórico y político más amplio: el ciclo reciente de movilización feminista en Argentina y América Latina. Desde el retorno de la democracia en 1983, las políticas de género han recorrido una trayectoria ascendente, con hitos como la creación de la Secretaría de la Mujer (1987), el INAM (2017) y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2019). Sin embargo, fue a partir del 3 de junio de 2015, con la marcha de Ni Una Menos, que se inauguró una nueva etapa de efervescencia feminista, caracterizada por movilizaciones masivas, paros internacionales, asambleas territoriales y la visibilización del trabajo reproductivo y del rol de las mujeres en el mercado laboral (Fraser, 2017; Varela, 2020). Este ciclo habilitó nuevas formas de organización gremial y laboral, como la creación de la Mesa de Mujeres Sindicalistas y la Intersindical de Mujeres, que tensionaron las estructuras sindicales tradicionales desde una perspectiva feminista (Goren y Prieto, 2020).

En este contexto de movilización y disputa, surgieron experiencias clave como Actrices Argentinas, articulando el #MeToo^[5] local, el #MiráComoNosPonemos^[6] con el debate por el derecho al aborto, y denunciando públicamente el acoso sexual en el sector artístico. Estas luchas, profundamente mediatizadas, interpelaron también al ámbito de los medios públicos, abriendo espacios para nuevas demandas y formas de organización interna. La implementación de políticas de género, incluyendo la creación de la Dirección de Género y Diversidad en la TVP, se explica en parte, por esta confluencia entre movilización social, acción gremial feminista, y ventanas de oportunidad institucional abiertas por la orientación política del Estado en el período 2019-2023. Así, el Colectivo de Mujeres Trabajadoras de la TVP no sólo representa una forma de agencia interna, sino también una expresión situada de un proceso colectivo que atraviesa fronteras, sectores y generaciones.

1.4 Políticas públicas de equidad de género e institucionalización

En el presente trabajo analizaremos la implementación de políticas de equidad de género en la Televisión Pública Argentina en términos de su impacto en la gestión de personal, incluyendo los procesos de incorporación, promoción y capacitación, así como en la estructura de liderazgo y toma de decisiones. Asimismo, se investigará el impacto de estas políticas en la representación y participación de mujeres en distintas áreas laborales, considerando tanto los progresos alcanzados como los desafíos pendientes en la búsqueda de la equidad de género en el ámbito televisivo estatal.

La idea de política pública nos remite al papel del Estado, sus interacciones con la sociedad y las organizaciones públicas, así como a las decisiones y acciones específicas que lleva a cabo. Las políticas públicas son entendimientos sociales relativamente consensuados, que se construyen a partir de expresiones de intenciones y su continua reformulación e interpretación, lo que algunos autores y autoras describen como un proceso de retroalimentación mientras otros sectores como reflexividad. Entre otras definiciones posibles, Oszlak y O’Donnell (1995) han caracterizado las políticas como “un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil” (pp. 112-113).

Incorporar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas implica reconocer que las culturas políticas históricamente predominantes se han fundamentado en diferencias que estigmatizan a aquellas personas que son consideradas distintas (ya sea por ser pobres, mujeres, indígenas, mestizas, migrantes, afrodescendientes entre otros), limitando así el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, especialmente en el ámbito político. En la región, persiste un patrón de exclusión social y negación del desarrollo humano que se manifiesta en prácticas y visiones de culturas políticas caracterizadas por la desigualdad (Nogueira, 1995; Calderón y Smuckler, 2002; Pautassi, 2008).

Nancy Fraser argumenta que para abordar la injusticia de género es necesario transformar tanto la economía política como la cultura, así como desmantelar las estructuras de subordinación cultural y económica que organizan los espacios de reproducción social. La desigualdad económica se manifiesta en la distinción entre el trabajo productivo remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, así como en la disparidad salarial entre ocupaciones profesionales, donde los varones tienden a ocupar puestos mejor remunerados mientras que las mujeres se concentran en aquellos con salarios más bajos. Además, el género implica no solo desigualdades políticas y económicas, sino también culturales, debido a la presencia de modelos culturales dominantes que interpretan y valoran características asociadas a la masculinidad (Fraser, 1996).

En este sentido, incluir la perspectiva de género en los procesos de definición de las políticas públicas implica reconocer el enfoque de derechos como objetivo de las mismas, utilizando el marco conceptual que brindan los derechos humanos para aplicarlos a las políticas de desarrollo que deben considerar no sólo las obligaciones negativas del Estado sino también un conjunto de obligaciones positivas sobre aquello que debe hacer en orden a lograr la plena realización de los derechos civiles, políticos y también económicos, sociales y culturales (Pautassi, 2008).

En el ámbito de las políticas públicas, se torna necesario reconocer que su implementación representa una clara responsabilidad estatal de carácter internacional. Esta responsabilidad no solo abarca la esfera pública, sino que también se extiende al ámbito privado. La erradicación de cualquier forma de discriminación, sin importar su causa, constituye uno de los pilares esenciales y estructurales de los estados democráticos, como el nuestro. Al mismo tiempo, esta erradicación se presenta como una de las principales deudas pendientes para fortalecer democracias que aún enfrentan debilidades, como es el caso de la nuestra. Es por ello que la incorporación de la perspectiva de género constituye una clara responsabilidad estatal (Herrera, 2021).

Una de las referentes en la materia y específicamente en lo que refiere a las políticas de igualdad de género, Evangelina García Prince, aporta un marco conceptual sustantivo para entender las Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming^[7]. Presenta a las políticas públicas como “productos del sistema político y principalmente del Estado a quien corresponde brindarles la sanción de formalidad que legitima sus instrumentos de expresión como instrumentos de política pública” (García Prince 2008, p. 17). Las políticas públicas tienen el objetivo de alinear el comportamiento de la vida ciudadana y “surgen para dar respuestas a problemas o situaciones que demandan atención y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad” (García Prince 2008, p. 19). La autora subraya que están vinculadas estrechamente con las decisiones tomadas por el estado, siendo el gobierno, el principal instrumento de su implementación. En este marco y dentro de los diferentes tipos de políticas que se desarrollan, se encuentran las políticas de Igualdad, que surgen para dar respuesta a las desigualdades de género, considerando que pese a la implementación de políticas sociales y económicas las desigualdades en esta área son persistentes.

La aplicación de la perspectiva de género, hace posible visibilizar los intereses y necesidades de las mujeres, establecer simetrías y equivalencias en las posiciones y relaciones de poder entre mujeres y varones, generar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para diseñar y ejecutar políticas que permitan el empoderamiento de las mujeres y hagan efectiva la igualdad de género en los hechos, a fin de deconstruir los pilares que sostienen y perpetúan el patriarcado, proponiendo acciones para su erradicación. Una política de gueto es limitante, es por ello que se vuelve necesaria su amplificación a través de la transversalización. Esta perspectiva subraya la importancia de abordar la equidad de género no solo como una cuestión de diagnóstico de desigualdades, sino también como una herramienta para la acción y transformación social. (García Prince, 2013; Barrancos, 2022)

La incorporación del enfoque de género pretende que todas las políticas públicas tengan efecto transformador sobre las relaciones de género en todas sus fases y aporta una visión crítica de las políticas que afectan a varones y mujeres, denotando las relaciones de poder en torno al género e intentando transformarlas.

La transversalización de género comenzó a proyectarse en la arena macropolítica a partir de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing. La Plataforma de Acción de Beijing evidencia la existencia de sistemas de género en las diferentes sociedades, el funcionamiento desigual de estos y las diferentes dimensiones de los problemas y desigualdades de género que son resultado de este carácter sistémico: simbólica, normativa, subjetiva y relacional. Reconoce que ningún campo es neutral al género y que es necesario profundizar el análisis multicausal y la integralidad de la acción, y que el Estado es el responsable de hacerlo. En este contexto, se rejerarquiza el rol de las oficinas de la mujer, que se conciben como instancias de coordinación de políticas, responsables de liderar el proceso de gender mainstreaming e influir ya no solo en las políticas específicamente orientadas a la mujer, sino en el conjunto de las políticas públicas.

[…] el gender mainstreaming constituye un enfoque transformador que, basado en los presupuestos teóricos del feminismo crítico y los avances de las investigaciones sobre el género, apunta a impactar en las múltiples dimensiones del sistema de género que generan desigualdad. Para ello se vale de diferentes y variadas herramientas y estrategias (presupuestos en base a género, estadísticas desagregadas por género, etc.) e involucra al Estado, sus diferentes agencias y a otros actores que constituyen redes intra e interestatales para la toma de decisiones. El enfoque abarca, de esta manera, medidas que operan en la estructura, en los procesos y en la cultura del Estado, así como en la política pública, los programas y proyectos (Rigat-Pflaum, 2008, p.55).

En nuestro país, la legislación en materia de igualdad de derechos y oportunidades, así como la relativa a la erradicación de la discriminación por razones de género, constituye un corpus vasto y con una trayectoria histórica significativa. Su desarrollo excede los alcances de este trabajo, pero consideramos pertinente señalarlo brevemente, ya que representa el fundamento normativo sobre el cual se asientan las políticas de equidad de género que comienzan a incorporarse en las empresas del Estado.

A modo de breve genealogía, el antecedente clave para Argentina es el año 1947, donde se aprobó el derecho al voto femenino, una conquista fundamental que marcó el inicio de una serie de reformas para promover la igualdad de género. Para las décadas de 1980 y 1990 encontramos las primeras Políticas Públicas de Género; la recuperación democrática en 1983 significó un momento clave para el avance de los derechos de las mujeres. En 1985, se creó el Consejo Nacional de la Mujer, destinado a asesorar al gobierno en políticas de género. Durante esta época, Argentina ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1985, comprometiéndose a implementar medidas para erradicar la discriminación de género. “En Argentina, las mujeres, como colectivo con demandas específicas, ingresaron al Estado en 1985 no solo como destinatarias sino también como hacedoras de políticas públicas” (Anzorena, 2013, p.17).

En la década de 1990, la Ley de Cupo Femenino (Ley 24.012) de 1991 estableció una cuota mínima del 30% de representación femenina en las listas electorales, un avance significativo hacia la paridad política. La Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing fue un hito para la política de género a nivel mundial y en Argentina. La Plataforma de Acción de Beijing, que ya hemos mencionado, destacó la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas. Este marco global incentivó a Argentina a revisar y fortalecer sus políticas de equidad de género, promoviendo acciones concretas en diversos ámbitos como la salud, educación y trabajo.

En los primeros años del siglo XXI, se observó una consolidación de las políticas de género en Argentina. En 2006, se aprobó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485), que reconoce diferentes tipos de violencia y establece mecanismos de protección para las víctimas.

La Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género (2012) marcaron avances significativos no sólo para la equidad de género, sino también para los derechos de las personas LGBTIQ+^[8]. Estas leyes posicionan a la Argentina como un referente en la región en términos de derechos de género y diversidad.

En continuidad con estos avances, Feldman (2024) sostiene, a partir del análisis automático de textos del debate parlamentario argentino de 2016-2017, que la paridad de género se legitima en el discurso legislativo como garantía de igualdad de oportunidades y profundización democrática. Su sanción en la Ley 27.412^[9] (noviembre de 2017) cristaliza marcos argumentativos que articulan derechos humanos, corrección de sesgos institucionales y ampliación de la representación.

En ese mismo año se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), dando continuidad al Consejo Nacional de las Mujeres. Para el año 2019 se transfieren sus competencias al flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, reafirmando el compromiso del Estado argentino con la equidad de género. Este ministerio ha impulsado diversas políticas, como el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género (2020-2022) y el Programa Acompañar, que brinda asistencia económica y psicosocial a víctimas de violencia de género.

A principios del año 2019, fue promulgada la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En 2020, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobada, garantizando el derecho al aborto seguro y legal. Esta ley es resultado de décadas de lucha del movimiento feminista en Argentina y representa un avance crucial en la autonomía y derechos reproductivos de las mujeres.

Para junio del año 2021 se promulga la Ley 27.635, de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación, que tiene por objeto promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

En cuanto al ámbito internacional, mediante Declaraciones, Tratados y Convenios, Estados como el argentino, han asumido posturas y obligaciones referentes a la equidad de género, y con mayor sentido para su consolidación en el ámbito laboral, como por ejemplo los Convenios 003,100, 103,111,156,177,183,189 y 190 de la OIT y sus recomendaciones. En este mismo sentido consideramos oportuno señalar la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (ONU, s.f., párrafo primero). Fue declarada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, el 10 de diciembre de 1948 en la resolución 217ª (III) como el ideal común a todos los pueblos y naciones. Por primera vez fueron establecidos derechos humanos fundamentales cuya protección universal debía ser garantizada por las naciones comprometidas (ONU, s.f.)

Estos hitos han fortalecido la institucionalidad del género en el país, reafirmando el compromiso del Estado a partir de la inclusión de una regulación específica. Bonino (2007) señala que se entiende por institucionalización, el proceso a través del cual una idea, un enfoque, una política, logra estar sustentada en normas, reglamentos o leyes que la legitiman y confieren cierta autonomía con respecto a posibles cambios de voluntades o personas encargadas de promoverlas, lo que le brinda estabilidad en el tiempo. En este sentido, la institucionalización de la perspectiva de género refiere al “proceso mediante el cual se incluyen explícitamente, reglas o mecanismos específicos, para darle el carácter de cosa establecida a una política con perspectiva de género con la intención de convertirla en una práctica regular de la organización” (Muñoz, 2004, p.19). Este proceso requiere que las personas ejecutoras de políticas públicas expresen su voluntad en compromisos y acuerdos formales, y que sean incorporados en la gestión institucional.

Institucionalizar la perspectiva de género supone tomar decisiones y ejecutar acciones, del nivel técnico y político, en el diseño y la gestión institucional; implica reformar y transformar la cultura institucional a partir de un programa que permita incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todas las dimensiones institucionales (Inchaustegui y Ugalde, 2004).

Según Bonino (2007), la institucionalidad del enfoque de género necesita la existencia de un mecanismo, es decir algún tipo de agente (puede ser desde una persona a una oficina), cuya función sea la promoción de las políticas de género en la institución. Este mecanismo debe tener una determinada normatividad, es decir ser creado y reconocido por las autoridades competentes con esa finalidad, debe tener definido un lugar en el organigrama institucional; y debe contar con posibilidades, tanto en lo referente a recursos humanos como financieros, para concretar sus acciones.

Las políticas públicas de equidad de género y transversalización de la perspectiva de género se han incorporado en los últimos años en las gestiones de algunas empresas del Estado. Es oportuno señalar que Radio y Televisión Argentina ha sido una de ella, principalmente a partir de la creación de la Dirección de Género y Diversidad de RTA SE.

1.5 Transversalización de la Perspectiva de Género en el Ámbito Laboral

Continuando con la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1985) que definió en su Plataforma de Acción el gender mainstreaming como estrategia central para obtener mayor impacto en el objetivo de superar las discriminaciones sociales de género y alcanzar mayores niveles de igualdad, es que presentamos el concepto de transversalización de la perspectiva de género en el ámbito laboral.

La transversalidad puede ser entendida en variados sentidos: como una estrategia que involucra a todos los actores sociales en la búsqueda de la igualdad de género, o como la denominación de determinadas herramientas para el análisis de género. Como hemos mencionado, se trata de un enfoque transformador, dotado de un cuerpo teórico propio, que apunta a analizar los impactos diferenciados del sistema de género en varones y mujeres, que permite tener en cuenta las especificidades de las personas como seres integrales y que, al mismo tiempo, ayuda a implementar medidas para corregir las desigualdades estructurales. En este marco, el gender mainstreaming apareció como aquel instrumento más adecuado para analizar el impacto diferencial sobre mujeres y varones de los procesos macroeconómicos y políticos (Rigat-Pflaum, 2008).

El objetivo es garantizar más justicia, más equidad y más igualdad. En suma, se trata de mejorar la calidad de la democracia extendiendo su alcance a toda la sociedad (Rigat-Pflaum, 2008, p.56).

En relación a los antecedentes, desde una mirada centrada en la incorporación de políticas de equidad de género en las empresas del Estado, hemos encontrado varios trabajos que abordan la temática desde una perspectiva de género y desde los estudios organizacionales. Sanz y Gómez (2021) examinan la transversalidad de género y su poder de influencia en la Unión Europea, analizan la visión de la igualdad de género que ha inspirado el diseño y contenido de las políticas europeas (igualdad ad-intra), así como el poder de influencia de la transversalidad de género sobre la igualdad efectiva en los estados miembros (igualdad ad-extra). La adopción de este enfoque transversal se ha justificado por la posibilidad de garantizar la coherencia global de todas las actuaciones, al evitar solapamientos y permitir aumentar su eficacia y visibilidad. El estudio revela que la incorporación efectiva en las políticas europeas sigue siendo una asignatura pendiente, su implementación está fragmentada y los avances en la igualdad de género han sido lentos y desiguales.

En clave regional, encontramos a Lopreite y Rodríguez Gustá (2021), quienes abordan la temática de Estado, instituciones y políticas públicas con enfoque feminista en el análisis de viejas y nuevas desigualdades de género en América Latina. Las autoras se proponen comprender la relevancia del Estado y de las instituciones políticas en cuanto a la regulación y transformación de las relaciones de género en las sociedades contemporáneas. Para ello recopilan algunas corrientes que han abordado la relación entre Estado y feminismo para luego reflexionar acerca discusiones más amplias sobre institucionalidad y relaciones de género. Este trabajo nos recuerda la importancia de la definición de las normas globales y de los actores transnacionales que operan en diferentes escalas (internacional, regional y nacional), e inciden en la formulación de políticas públicas domésticas.

En el ámbito de las empresas públicas argentinas y la implementación de políticas de equidad de género, encontramos antecedente en dos estudios que consideramos pertinentes. Por un lado, González y Yañez (2022) analizaron el proceso de implementación de las políticas de género y diversidad en las empresas públicas en Argentina durante el período 2020-2021. El eje de este trabajo son las desigualdades de género en las organizaciones y empresas públicas. Se trata de un estudio exploratorio con una estrategia de investigación mixta en donde, por un lado, se relevaron aportes teóricos y de base empírica y normativas que tienen incidencia en la implementación de políticas de género y diversidad en las empresas públicas y, por el otro, se realizaron entrevistas en profundidad a personas de las propias empresas encargadas de llevarlas adelante. Las entrevistas se organizaron a partir de tres ejes de análisis: principales problemáticas de género identificadas en las empresas, grado de institucionalización de los espacios de género existentes y estrategias desarrolladas, obstáculos y desafíos para la implementación de acciones de género. Finalmente, se analiza cómo la naturaleza híbrida de este tipo de organizaciones y la relación con las autoridades ministeriales pueden favorecer y aportar a la singularidad que asume la implementación de acciones de género.

En un trabajo posterior, González (2023), se propone conocer y analizar las políticas de género y diversidad implementadas en las empresas públicas nacionales en Argentina. Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo donde se relevaron normativas, documentos e información pública sobre el desarrollo e implementación de políticas orientadas a la reducción de las desigualdades de género en las empresas públicas nacionales. Este trabajo analiza 39 Empresas Públicas incluyendo a la Televisión Pública Argentina, presentando una sistematización de las acciones relevadas, su vinculación con la normativa vigente y las autoridades ministeriales. Se subraya la presencia de heterogeneidades de acciones realizadas en las diferentes empresas.

Dentro del campo de estudios sobre género y trabajo, si bien existen contribuciones relevantes, siguen siendo limitadas las investigaciones que analizan en profundidad los avances hacia la equidad de género en sectores y casos específicos, como el sector televisivo, particularmente desde una perspectiva organizacional. En el caso de la televisión pública, y más aún en la Televisión Pública Argentina, el cruce entre políticas de equidad, estructuras laborales y relaciones de género constituye un campo de problematización especialmente fértil.

Este estudio no se justifica tanto por una supuesta vacancia, sino por la originalidad del enfoque: retoma una problemática reconocida, las desigualdades de género en el mundo del trabajo, pero la aborda desde una mirada feminista centrada en el análisis organizacional, con especial interés en los procesos de gestión de personal. El estudio del caso de la Televisión Pública Argentina permite observar en detalle cómo se materializan, negocian y eventualmente tensionan las políticas de equidad de género en una empresa estatal, configurando un objeto de investigación que articula dimensiones estructurales, normativas y simbólicas.

Conclusiones del capítulo

El trazado conceptual desarrollado a lo largo de este capítulo permitió construir un marco interdisciplinario para el análisis de las desigualdades de género en el ámbito laboral, con especial atención al entorno organizacional de la Televisión Pública Argentina. Desde la revisión de los principales debates sobre género y feminismos, se ha destacado el carácter relacional, histórico y estructural del género, tal como lo plantean Rubin (1998), Scott (1996), Butler (2001, 2006) y Barrancos (2012), y se ha puesto en evidencia que las jerarquías de género impregnan tanto las estructuras culturales como los dispositivos organizativos y jurídicos.

El recorrido por la teoría feminista y la crítica a los modelos patriarcales -presentes en los desarrollos de Lamas (1995), Connell y Messerschmidt (2005) y Fontanela (2021)- aportó elementos para problematizar la división sexual del trabajo y la reproducción de estereotipos que legitiman las posiciones de subordinación de las mujeres en todos los niveles organizacionales y sociales (Fernández, 1994; Heredia et al., 2002; Ridgeway y Correll, 2004). En ese sentido, el análisis se sustentó en la triple dimensión propuesta por García Prince (2013): descriptiva, analítica y política, permitiendo así visibilizar las brechas existentes, comprender sus causas y proponer un compromiso activo con la equidad y la transformación institucional.

El diálogo entre teoría organizacional, sociología del trabajo y estudios de género -a partir de aportes de Acker (2000), Calás y Smircich (1996), Gherardi y Poggio (2002), Walby (2003), Vázquez y Urbiola (2014), Bascuas et al. (2019)- permitió desmontar los supuestos de neutralidad y universalidad organizacional y visibilizar cómo el androcentrismo, las lógicas de masculinidad hegemónica y las prácticas institucionales reproducen desigualdades de género. Se han incorporado también las categorías de análisis más relevantes para la comprensión empírica de estos fenómenos: segregación ocupacional, brechas salariales, techo de cristal, paredes de cemento, pisos pegajosos y escaleras rotas (Booth et al., 2002; Liparini y Pronko, 2008; Roldán García et al., 2012; Méndez, 2016; Magliano y Mallimaci, 2018; Goren, 2023), herramientas que resultarán centrales en el análisis puntual de las trayectorias y experiencias laborales dentro de la TVP.

El capítulo incorpora el estudio de políticas públicas, institucionalización, transversalización y activismo sindical desde la perspectiva de género, rescatando el marco conceptual de Fraser (1996, 1997), García Prince (2008, 2013), Barrancos (2022), Bonino (2007), Inchaustegui y Ugalde (2004) y la legislación nacional e internacional relevante. Todo ello contribuye a situar el problema en el cruce entre transformaciones normativas, disputas sociales y persistencias organizativas, haciendo visible que la equidad de género no es solo una meta, sino también un proceso histórico, cultural y político en continuo debate y construcción.

En suma, el recorrido realizado aporta fundamentos teóricos, herramientas de análisis y una mirada crítica e integral que serán indispensables en los capítulos siguientes para interpretar los mecanismos, resistencias y avances que configuran las desigualdades de género al interior de la Televisión Pública Argentina, orientando la investigación hacia la articulación entre teoría, datos empíricos y propuestas de transformación institucional.