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5 Una lectura de la economía popular desde sus disputas conceptuales y políticas

María Laura Pegoraro[1]

Resumen

En la Argentina actual existe una parte de la población que queda sistemáticamente fuera del mercado laboral, pero no por ello sin trabajar. Diversos conceptos se han elaborado desde las ciencias sociales para explicar esta situación; en este capítulo nos detenemos particularmente en la economía popular como categoría que condensa disputas en términos epistemológicos, conceptuales y políticos que amplían la noción de trabajo. A partir de una revisión dirigida de investigaciones académicas y sus debates, ubicamos este concepto en un devenir histórico desde la tradición latinoamericana y el análisis de las poblaciones sobrantes en torno a los años setenta, reactualizadas durante los noventa, para profundizar en su vitalidad desde 2011 con la emergencia Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en el país. Además del recorrido histórico-conceptual, realizaremos un incipiente esfuerzo de puesta en común de las tensiones y la productividad de estos abordajes en la constitución de la economía popular como un fenómeno social, económico y político.

Palabras claves

Economía popular – trabajo – CTEP


Terminada la Segunda Guerra Mundial, el desempleo se constituyó en uno de los principales indicadores económicos del ajuste macroeconómico nacional, base de los Estados de Bienestar y su imagen del pleno empleo (Denning, 2011). Desde mediados de la década de 1970 las turbulencias económicas propiciaron una transformación neoliberal (Thatcher, en Gran Bretaña desde 1979; y Reagan en Estados Unidos desde 1981), poniendo en marcha medidas fundadas en la hegemonía del mercado, el abandono de las políticas sociales anteriores, recortando la influencia de los sindicatos y desregulando los mercados, especialmente los financieros. Estas políticas, rápidamente difundidas en el mundo, generaron contracciones de la actividad económica, tanto como el aumento del desempleo y la desigualdad distributiva del ingreso (Ferrer, 2015). Es en este devenir histórico de políticas económicas y sus consecuencias en la generación y distribución de las riquezas, donde las personas expulsadas del trabajo se volvieron invisibles para la ciencia económica (Denning, 2011). Además, la desindustrialización derivada minó la posibilidad de un trabajo de jornada completa para una gran parte de la población, dando paso a un sistema de subempleo flexible, plural y descentralizado (Beck, citado en Denning, 2011).

Mientras que los economistas neoliberales sostenían que la falta de trabajo involuntaria no existía, sino que era una elección derivada de la utilidad marginal del ocio o una obstrucción temporal del mercado de trabajo, debida a los salarios elevados, rígidos por los monopolios sindicales y el salario mínimo estatal (Denning, 2011), en América Latina, se ensayaban otras explicaciones retomando la tradición estructuralista. La marginalidad emergió así para dar cuenta de esa configuración, explicando “la incapacidad de la industrialización por sustitución de importaciones para absorber el creciente contingente de fuerza laboral y su tendencia a aumentar la mano de obra sobrante” (Kay, 1991, p. 105). De esta manera, comenzamos a pensar este fenómeno de subempleo flexible, plural y descentralizado como diría Beck, en las condiciones de países que integraban el denominado Tercer Mundo (Escobar, 2007), cuestionando el individualismo metodológico.

Ha transcurrido tiempo desde este debate, sin embargo, la pregunta sobre qué pasa con las personas cuando el trabajo en la fábrica (industria) no es una opción, cuando una parte creciente queda fuera del mercado laboral, o incluso cuando el horizonte de organización en torno a un salario (Castel, 1997) deja de ser una posibilidad, continúa vigente. En este capítulo, trazamos un ensayo a partir del recorrido del/los concepto/s de economía popular (EP), para adentrarnos en las formas en que se abordaron estas problemáticas, sus matices, y sobre todo las disputas que contienen en términos epistemológicos, conceptuales y políticos (Gago, Cielo, y Gachet, 2018) en América Latina, específicamente en Argentina.

La estrategia metodológica de lectura y selección de abordajes de la EP parte de la necesidad de comprender la realidad o los fenómenos como flujos, es decir, como procesos abiertos en los términos sostenidos por Graeber (2018). Explica este autor, desde un abordaje heracliteano, que los eventos del mundo real ocurren en sistemas abiertos, con diferentes mecanismos en juego y en diferentes estratos. De esta manera, asumimos la contingencia e incompletitud de la realidad (de la mirada que tenemos sobre ella), en contraposición a la visión dominante dentro de las ciencias económicas sobre los modelos (abstracciones ideales). Nuestra hipótesis, en este sentido, es que algunas conceptualizaciones de la EP pueden ser leídas desde esta lógica, generando el espacio para pensarla no como una categoría que define algo que es, sino a partir de lo que hace, lo que sujetos sociales específicos movilizan, articulan y disputan al dotar de sentidos a esas palabras.

Con este esquema en mente organizamos el recorrido por la EP en tres segmentos, sin pretender agotar el análisis del concepto. En el primero, abordamos desde la tradición estructuralista latinoamericana, las nociones de masa marginal y el polo marginal de los años 70 para explicar la mano de obra sobrante. Estos conceptos fueron dejados de lado en el debate público por la primacía de la teoría de la modernización durante los 80, que derivó en una producción discursiva hegemónica sobre la pobreza, con el efecto práctico de homogenización de una mirada asistencialista sobre esta parte de la población, transmutando la pregunta previa sobre la razón del polo marginal hacia la de las estrategias de sobrevivencia de los marginados (Quijano, 1998). En la segunda sección, nos adentramos en el desplazamiento reciente de esas miradas asistencialistas asentadas en el individualismo metodológico con la modelización de la realidad, hacia las relaciones estructurales que generaban esas condiciones de vida para una parte de la población, incorporando la acción individual y organizada, transformando a la EP en una categoría nativa, académica, y política (Arango, Chena, y Roig, 2017). Finalmente, atendemos a la movilización del uso de la EP, pensando con distintos/as autores/as cómo la definición habilita ciertas disputas sociales que trascienden al marco teórico, para lo que acudimos a la emergencia de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en la escena pública, como caso emblemático en la articulación de una demanda por reconocimiento de otras formas del trabajo.

De la masa marginal al polo marginal

En torno a los años 60 las ciencias sociales latinoamericanas llevaban adelante un debate sobre el desarrollo del capital (Madoery, 2008; Escobar, 2005), prevaleciendo algunos como el del centro-periferia de Raúl Presbich y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el colonialismo interno con Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen, la teoría de la dependencia, con autores como Fernando Enrique Cardoso, Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Helio Jaguaribe de Mattos, Aldo Ferrer y Aníbal Pinto (Kay, 1991; Devés Valdés, 2003), y la marginalidad (Kay, 1991). Este último concepto fue adoptado para dar cuenta del rápido y masivo efecto del proceso de urbanización, del que derivaron villas miserias, tugurios, explicados por la transición hacia la modernidad, según una primera conceptualización planteada por Gino Germani (Kay, 1991). La teoría de la modernización descansaba en la idea de que el cambio social se daba desde una sociedad tradicional hacia una moderna, siendo el desarrollo “un proceso lógico, racional, evolutivo, abstraído del contexto político, institucional y cultural” (Madoery, 2008), por lo que el subdesarrollo era una etapa dentro de la linealidad histórica, donde la persistencia de una sociedad tradicional les impedía subirse al tren del desarrollo en los términos de Rostow (1960). La industrialización se constituyó en el objetivo de esta corriente a ser alcanzada por el incremento en la racionalidad económica en la producción (Madoery, 2008). Esto último provocaba que la mano de obra no calificada se quedara fuera del mercado del trabajo.

La otra vertiente de la marginalidad sostenía que ésta reflejaba una manera particular de integración y participación, que no descansaba en la voluntad de los individuos de ocupar ciertos espacios públicos (como las villas miserias), sino que era el efecto del sistema social. Quijano (1966, citado en Kay, 1991) señalaba la quiebra de industrias del sector competitivo era lo que provocaba desempleo, cuya causa primera era el crecimiento de un sector monopólico, pero que se acoplaba a la destrucción de sectores artesanales, talleres y pequeños comercios por la competencia capitalista, y a la penetración del capital en la agricultura, desplazando al sector rural hacia las ciudades en busca de oportunidades de empleo y de mejoras de vida. La sociedad, en este abordaje, estaba heterogéneamente constituida, pero articulada en torno a la hegemonía del capital, entonces “la “marginalidad” se originaba en los cambios en la estructura de relaciones entre capital y trabajo” (Quijano, 1998, p. 67). De este planteo general, se derivan entre otros, dos conceptos que resultan centrales para la reflexión sobre la situación de las personas que estaban fuera del mercado laboral. El primero es el de masa marginal, esbozado por José Nun en 1969, que aborda la complejidad de la marginalidad y su polisemia inherente, reivindicando la relación que ésta implica: se es marginal respecto a algo. Lo marginal fue utilizado para designar a los barrios, villas, marcando una distinción social hacia dentro de las naciones, donde existía un centro urbano y una periferia, juzgada a partir de las carencias respecto de las formas de vida del centro (Nun, 2003). En este marco elabora la noción de masa marginal, como una:

parte afuncional o disfuncional de la superpoblación relativa. Por lo tanto, este concepto –lo mismo que el de ejército industrial de reserva- se sitúa a nivel de las relaciones que se establecen entre la población sobrante y el sector productivo hegemónico. La categoría implica así una doble referencia al sistema que, por un lado, genera este excedente y, por el otro, no precisa de él para seguir funcionando (Nun, 2003, p. 87).

En esta definición, la masa marginal no tiene la capacidad de reinsertarse, como planteaba el original concepto de ejército industrial de reserva de Marx, y a nivel agregado, tampoco funciona como presión a la baja de los salarios, dadas las características que asumió la industrialización en América Latina. Quijano (1998) establece algunas distinciones con Nun (2003), y plantea otra noción, la de polo marginal para el mismo período. Lo entiende como un:

conjunto de ocupaciones o actividades establecidas en torno del uso de recursos residuales de producción; que se estructuran como relaciones sociales de modo precario e inestable; que generan ingresos reducidos, inestables y de incompleta configuración respecto del “salario” o de la “ganancia”; que producen bienes y/o servicios para un mercado constituido por la propia población de trabajadores “marginalizados”. En suma, el nivel más dominado de la estructura de poder del capital (Quijano, 1998, p. 70).

Así, va más allá de la funcionalidad general de las actividades de los sectores marginales para el capital, señalando la productividad de las mismas (utilizan recursos residuales de la producción, producen bienes y/o servicios); tanto como señala que están configuradas las relaciones sociales de manera incompleta en torno al salario, pero tienen algún tipo de vinculación; y se conforman en un mercado particular, compuesto por esa misma población.

Estos debates tuvieron lugar en América Latina antes de la hegemonía neoliberal impuesta desde mediados de los 70. Durante el proceso de liberalización de los mercados laborales y financieros, continuaban existiendo las experiencias de organización y poblaciones que quedaban sistemáticamente fuera de las relaciones salariales. Quijano retoma estos análisis en torno a los 90 (Razeto et al., 1990), para preguntarse si pueden ser consideradas las experiencias de producción y trabajo del polo marginal como alternativas al capitalismo. Señala este autor que, si bien dan cuenta de que existen unidades de la actividad económica donde no actúan plenamente las normas y las instituciones predominantes de la empresa capitalista,[2], eso no lo convierte en alternativo, ya que las actividades, en mayor o menor medida, buscan obtener beneficios y/o acumular, en ese sentido operan con la lógica del capital, pero desde una posición marginal. Es decir, “el rasgo central de esta franja es su ambigua ubicación entre las relaciones de reciprocidad-comunidad, de un lado, y, de otro lado, el capital” (Quijano, 1998, p. 132), integrando de esta manera la estructura global del capitalismo. Esto lo lleva a plantear la existencia de una EP, que es protagonizada por quienes no controlan los principales recursos de la producción, los resortes del poder estatal o los del mercado, caracterizada por una combinación variable entre los patrones del capital y los de reciprocidad (Quijano, 1998).

La potencia de esta apuesta por el polo marginal, en tanto concepto que engloba experiencias de la EP, descansa en que explicita una posición dominada en la estructura del poder del capital por parte de los sectores populares, lo que no implica inactividad, o incapacidad de quienes la integran. Las personas aparecen haciendo algo con esa circunstancia, tienen ocupaciones y actividades, inestables o precarias desde la estructura en la que operan. El polo marginal no es un mundo aparte, ni representa un sector alternativo frente a otro, sino que es parte de una relación, dentro de una totalidad, diversa, heterogénea y contradictoria (Quijano, 1998), que además se enlaza en los procesos de producción y reproducción (pues participan las relaciones familiares, se produce en la calle o en la casa, con normas de organización familiares o comunitarias).

A modo de síntesis, recuperamos una caracterización del polo marginal, donde se construyen experiencias asociadas a la EP, desde sus relaciones territoriales, escapando a la evaluación sobre su solidaridad apriorística, o bien de la construcción de una economía alternativa, para entenderla en su posición social marginal, ampliando la noción misma del capitalismo.

De un concepto cerrado de economía popular a uno en disputa

Desde mediados de los 90 emergen diferentes enfoques sobre la economía que hasta acá denominamos polo marginal, que asumen el nombre de Economía Social y Solidaria (ESS).[3] Uno de ellos, es el propuesto por José Luis Coraggio, referente del análisis económico de los sectores populares en Argentina. Sostiene ese autor, al igual que la ESS, una primera separación entre la economía del capital, organizada empresarialmente para la reproducción ampliada del capital bajo el principio de la racionalidad instrumental, frente a la economía del trabajo, orientada a la reproducción de la vida humana y su principio de racionalidad reproductiva (Coraggio, 2013). En su esquema existen tres subsistemas, uno compuesto por la economía empresarial capitalista, otro por la economía pública (incorpora la organización estatal en su forma empresarial y burocrática), y por último uno de la economía popular. La particularidad de este último subsistema descansa en que la acción de los agentes estaría gobernada por la lógica de la reproducción, que implica la venta de la fuerza de trabajo al capital o al Estado, o bien la compra o utilización de los productos de empresas capitalistas o estatales, como medios de consumo o para destinarlos a la producción no capitalista (Coraggio, 2004). De esta lógica de funcionamiento deriva la definición de la EP como: los recursos, prácticas y relaciones económicas de los agentes económicos populares, “se trata de unidades elementales de producción-reproducción (individuales, familiares, cooperativas, comunitarias, etc.) orientadas primordialmente hacia la reproducción de sus miembros y que para tal fin dependen fundamentalmente del ejercicio continuado de la capacidad de trabajo de éstos” (Coraggio, 2004, p. 132).

En este abordaje se destaca la incorporación de la reproducción de la vida humana como fin de la EP, cuyas formas de organización y fuerza de trabajo abarcan procesos de producción autogestionados, cooperativas de producción de bienes o servicios, asociaciones no mercantiles que producen condiciones de vida (como el trabajo comunitario) y el trabajo doméstico de reproducción. Asimismo, el enfoque de Coraggio se distingue de la ESS (que analiza prácticas solidarias de organización), porque incorpora la posibilidad de estos sectores de vender su trabajo asalariado, al capital o al Estado lo que, desde nuestra perspectiva, tiene una correlación directa con las experiencias de múltiples trabajos que en la práctica realizan quienes integran ese sector. La particularidad desde la óptica de este autor es que la producción sería lo propio del capitalismo, mientras que las actividades de los sectores populares se orientan a la reproducción, que no deja de estar relacionada con el Estado (que también aparecería haciendo algo diferente a la producción capitalista) y las empresas vía la venta de la capacidad de trabajo.

Por otro lado, el modelo de circulación ideal que construye el autor (Coraggio, 2004, 2013) entre estos sectores de la economía, se diferencia con los modelos de flujo circular de las mercancías, servicios y recursos de la producción (como la mano de obra) de cualquier manual de introducción a la economía (Krugman y Wells, 2006; Mankiw, 2009; Mochón Morcillo y Beker, 2008), en la incorporación de la reproducción, algo que la economía neoclásica no aborda explícitamente. Lo que excluye a priori de su análisis es la influencia de las relaciones de poder, o bien, lo que con Quijano (1998) podemos pensar como la posición dominada en el sistema capitalista. Chena (2017) aporta para pensar el principio de reciprocidad que “en este escenario de relaciones, el capital posee el poder financiero, político, legal e institucional necesario para crear barreras de ingreso que desvalorizan los productos de la ESS y les permiten apropiarse del excedente económico generado en este sector” (p. 45), es decir, las relaciones de intercambio no son simétricas en los subsistemas económicos explicitados lógicamente por Coraggio (como tampoco lo son entre los agentes “realmente existentes” que dibuja el modelo del flujo circular de la economía).

A pesar de la complejidad, consideramos relevante avanzar en una comprensión de los procesos abiertos de la realidad, como mencionamos en la introducción. Por eso recurrimos a los análisis surgidos con posterioridad a la crisis del 2001 en Argentina, que recuperan las relaciones de producción y reproducción tanto como el conflicto inherente entre el capital y el trabajo. Nuestra lectura, junto con las críticas de Chena (2017), se diferencia de los abordajes de la ESS, como también de la EP de Coraggio, porque se asientan en la interacción entre las condiciones sociales que habilitan su emergencia y las estrategias desarrolladas por quienes pertenecen a este sector, individual o colectivamente, difuminando la idea de un modelo de funcionamiento, o bien de las caracterizaciones de experiencias particulares como formas de expresión de lo solidario.

Pablo Chena (2017) propone que la característica central de lo que denomina EP es que involucra a personas que realizan su actividad laboral por fuera de la relación salarial tradicional, quienes perciben salarios bajos, limitando su capacidad de consumo y acumulación de capital. De esta manera, delinea un sector en términos de una relación frente al salario (que puede cambiar). La situación es explicada por el autor a partir de tres elementos que se conjugan socialmente en la emergencia y permanencia de este sector:

  1. existe una desvalorización del trabajo;
  2. socialmente existen convenciones de calidad que pueden explicar precios diferentes para productos homogéneos (como el caso de los talleres textiles de la provincia de Buenos Aires);
  3. la relación acreedor-deudor opera como un dispositivo de poder, en términos sociales y subjetivos.

Ampliando este abordaje, Arango, Chena, y Roig (2017), integrantes de la Mesa de Economía del Movimiento Evita, entienden a la EP como una forma de organización social y económica de los sectores vulnerables de la sociedad frente a la exclusión derivada de la concentración tecnológica/financiera y de las actividades tradicionales del margen del capitalismo. Estos trabajadores, sin los derechos laborales que otorga la relación de dependencia, se encuentran obligados a crearse su propio trabajo, en un contexto que carece de las instituciones necesarias para valorizar su actividad de manera sustentable. Respecto a sus prácticas, afirman que las mismas articulan tres grandes dimensiones de la vida social: la simbólica, la política y la económica (Arango, et al., 2017). Esto permite el análisis y la comprensión en términos dinámicos entre la posición social (subordinada) y la experiencia particular, dando lugar a un sujeto no pasivo, pero tampoco meramente racional o solidario, sino uno socializado.

La falta de valorización de la actividad vinculada al precio diferencial (Chena, 2017), es articulada en el proceso de exclusión de las personas de la EP de las actividades más dinámicas del capitalismo, llevándolas a actividades tradicionales (Arango, et al., 2017). Esta forma de comprender la falta de valorización se contrapone a lo que plantean Tassi, Hinojosa Gordonava, y Canaviri Paco (2015) quienes para los casos que analizan en Bolivia, sostienen que lejos de presentarse como atrasados o excluidos, los sectores populares son capaces de generar un know how, se articulan con procesos de la economía global, cuentan con capacidad para promover formas de acceso colectivo a la tecnología y estructurar un conocimiento local de a acuerdo a las escalas, las posibilidades y las limitaciones del país. Esto abre una serie de debates sobre la forma de analizar el conocimiento, la innovación y la tecnología en los sectores populares, tanto como sobre las escalas de análisis, cuestiones que escapan a este texto, pero que resultan relevantes para comprender a la EP.[4]

Volviendo sobre la definición de Arango, Chena, y Roig (2017) la EP se presenta como una posición jerárquicamente subordinada a la economía capitalista en su estructura de funcionamiento, tanto como comporta una categoría nativa para sus actores (de reivindicación política), es decir, condensa una experiencia de trabajo y una función en las relaciones sociales capitalistas (es múltiple). No es otra economía, no está fuera del capitalismo, tal como sostiene Quijano (1998). Esto, desde nuestra perspectiva, permite la articulación de la experiencia y la relación social capitalista, otorgándole vitalidad a la definición sin caer en un relativismo absoluto, promoviendo también la productividad académica de una teoría, quizás aún implícita, de las transformaciones del capital, que:

no operan como sustitución de lógicas previas, sino como heterogeneización del mundo del trabajo, donde las relaciones funcionales son comparables en las formas de “explotación” (podemos decir en este sentido que constituyen una sola clase) pero cuyas lógicas específicas redefinen los territorios del conflicto social y de las subjetividades de los trabajadores (Arango, Chena, y Roig, 2017, p. 16).

En tono a estas redefiniciones de los territorios del conflicto social y las subjetividades emergentes, Verónica Gago (2018) se adentra en este nuevo mundo del trabajo considerando la influencia de los movimientos de desocupados en Argentina desde los años 90. Indaga cómo el trabajo por fuera de la fábrica, esto es, el trabajo vivo, produce plusvalor, marcando una diferencia respecto de la estructura de análisis de Coraggio (2013, 2004), para quien estos sectores generan actividades bajo la lógica predominante de la reproducción (que a priori no generaría valor en el capitalismo). Gago (2018), y antes Gago y Mezzadra (2015), dan cuenta de que los sectores populares tienen una función en la acumulación ampliada de capital, a contrapelo también de lo propuesto por Nun. Es decir, ya no se conforman como un ejército de reserva, sino que la extracción financiera “se organiza sobre sectores que no tienen una capacidad de solvencia dada por el mercado de trabajo tradicional y que, sin embargo, al ser reconocidos como población subsidiada, el Estado acredita su inscripción bancaria” (p. 42). En este sentido, el Estado aparece como un actor múltiple, a través de las transferencias otorgadas hacia estos sectores con la contrapartida en algunos casos de la bancarización, que es utilizada cual garantía para la extracción financiera de ciertas actividades, de formas de cooperación, y de obligaciones a futuro de trabajo, pero también se constituye en quien tiene la capacidad de reconocer derechos (Roig, 2017) y otorgar garantía a los y las trabajadores/as de la EP.

Además de marcar la disputa por el plusvalor, Gago (2018) señala que el trabajo vivo por fuera de la fábrica, como estructura (e imaginario) de organización social, se ha transformado en algo persistente y en consolidación. Entre otras hipótesis, plantea la autora que la genealogía política en las economías populares es indispensable para comprenderlas, porque son los movimientos sociales quienes pusieron en crisis la legitimidad neoliberal, tensionando la capacidad productiva fordista, disputando qué es lo que retribuye ese dinero del Estado transferido, cuestionando también el tipo de relación social de obediencia que organiza o desorganiza (p. 182). Señala además la autora que las experiencias populares dan cuenta de la coexistencia de las transferencias monetarias provenientes del Estado con una multiplicidad de ingresos. En este sentido, podemos decir que lo heterogéneo no son sólo las formas de trabajo, sino que también las retribuciones a esas formas de trabajo.

Recuperando la genealogía de las economías populares, se preservan las formas operativas cambiantes que detentan estas experiencias, se escapa de la ansiedad clasificatoria que busca volver a la EP legible en tanto nuevos sujetos, o nuevos sectores, y se pone de relieve su composición migrante (Gago, 2018). Además, sostiene esta autora que existe un antagonismo en las EP, al partir de una temporalidad de crisis que entrelaza su crecimiento con las políticas neodesarrollistas. Esta hipótesis marca una distinción con la idea de que forman parte de un sector atrasado (teoría de la modernización), porque su conformación es simultánea a estas nuevas políticas, tanto como con la idea de marginalidad y la noción de reproducción ampliada, porque “la tarea de organizar la vida cotidiana está ya inscripta como dimensión productiva, asumiendo una indistinción práctica entre categorías de la calle y del hogar para pensar el trabajo” (p. 185). Esta proposición dialoga con la relación planteada por Quijano (1998) sobre la producción situada en casa o en la calle, pero va un paso más adelante, al identificarla como una dimensión productiva (no meramente reproductiva), al igual que Roig (2017).

Esta discusión y puesta en diálogos de conceptos de la EP que parten, en mayor o menor medida en lo que sujetos sociales específicos movilizan, articulan y disputan para dotar de sentido a ese concepto, como señalábamos en la introducción, considera analíticamente que se inscriben en un doble movimiento (al menos): una posición social subordinada, que está situada histórica y territorialmente, con el nivel de agregación que la experiencia de análisis demanda; y que desde esa posición, los sujetos y las instituciones que habitan el territorio, crean procesos de producción que tensionan las divisiones clásicas de las ciencias sociales (entre economía, política y sociedad), tanto como las dualidades analíticas (productivo/reproductivo, formal/informal, público/privado). Desde esta perspectiva, retomamos los análisis que abordan la disputa política y conceptual por quienes definen a los y las trabajadores/as de la EP en Argentina.

La potencia política de la economía popular en Argentina

En 2011 se constituye la CTEP, articulando la demanda del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y del Movimiento Evita, a quienes se sumaron luego el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, la Organización social los Pibes y Política, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, posteriormente también se unieron Seamos Libres, Patria Grande, La Garganta Poderosa (Fernández Álvarez, 2016). Entre otras acciones, la CTEP promovió la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP), la Mutual de Salud “Senderos”, luego transformada en la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP). Diferentes textos académicos analizaron el marco institucional y sus innovaciones organizativas (Bruno, Cohelo, y Palumbo, 2017), su función gremial en la construcción de las demandas, la participación en el espacio público y relaciones con sistema de gobierno (Muñoz y Villar, 2017), pero también las formas en que los colectivos o las ramas de actividad, como los vendedores de espacios públicos, procesaron colectivamente las condiciones heterogéneas de vida bajo la categoría política reivindicativa de trabajador/a de la EP (Fernández Álvarez, 2016), o cómo construyen organización desde las economías plurales (Señorans, 2020).[5] Por nuestra parte, aportamos a este conjunto de trabajos preguntándonos cómo se movilizó, en términos teóricos y políticos, el concepto de EP en el marco de acción de la CTEP, específicamente con la Ley de Emergencia Social (LES), que entendemos funcionó como un hito de la EP.

Esta organización gremial de les trabajadores de la EP se vincula a la trayectoria que han tenido en Argentina los movimientos sociales como señalaba Gago (2018). Hudson (2020) explica esta experiencia de organización en tres fases que contienen prácticas y debates propios. El autor focaliza en el Triunvirato de San Cayetano, integrado por las organizaciones de la CTEP, el movimiento Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). La primera fase (1996-2003), sitúa la emergencia de los movimientos piqueteros a mediados de los años 90’, pasa por la crisis del 2001 y llega hasta el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. La discusión en ese período era si la auto-organización de los desempleados mediante proyectos productivos de baja escala aparecía como algo transitorio (esperando el crecimiento industrial), o bien, como un camino sin retorno. En la segunda fase (2003-2015), se genera una relación entre los movimientos piqueteros y los gobiernos progresistas, y el debate giraba en torno a si debían apoyarlos o mantener distancia. La tercera fase (2015-2019), comienza con el cambio de gobierno nacional, momento en que se consolida la CTEP y surge el Triunvirato como espacio de representación de los trabajadores informales, donde el diagnóstico sostenía que el empleo en el capitalismo financiero no posibilitaba un horizonte de trabajo formal. En ese período toma fuerza la idea de que “los trabajadores de la economía popular deben ser formalmente reconocidos por el Estado a partir de la obtención de ciertos derechos de los que gozan los trabajadores formales (salario, obra social, aguinaldo, paritarias)” (Hudson, 2020, p. 55).

El argumento esgrimido en términos formales, respecto a lo que plantea Hudson (2020) para la tercera fase, se desprende de la página de la CTEP. Allí, un documento escrito por dos de los máximos referentes del MTE y del Movimiento Evita, define a la EP “como los procesos económicos inmersos en la cultura popular, basados en medios de trabajo accesibles y al trabajo desprotegido” (Grabois y Pérsico, 2014, p. 33). La desprotección, refiere a que este tipo de actividades no cuentan con derechos garantidos por el Estado, como la sindicalización, el ingreso mínimo, cobertura de salud, jubilación, vacaciones, aguinaldo, licencias. Esta desprotección propuesta por los referentes, es categorizada académicamente a partir de una etnografía colaborativa, como experiencias de precariedad (Fernández Álvarez, 2016, 2018) y constituida analíticamente como el punto de partida para la consolidación de la CTEP, en tanto herramienta sindical de les trabajadores de la EP. Esta construcción política articula las heterogeneidades inherentes a las actividades de la EP detrás de demandas de derechos, cuestionando la idea de que el trabajo asalariado es su condición de acceso (Fernández Álvarez, 2016).

El momento fundamental de esta lucha por la demanda de derechos para les trabajadores de la EP lo comporta la Ley de Emergencia Social (LES), donde se propone la creación del Consejo de la Economía Popular, el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATEP, como se lo denomina actualmente), y el Salario Social Complementario. Natalucci y Mate (2020) sostiene que la LES se transforma en una estrategia de la CTEP para posicionar a la EP como problema público, reivindicar a las organizaciones representativas del sector y lograr el Salario Social Complementario como dispositivo creador de prácticas de bienestar.

La diferencia de esta ley está en que las políticas orientadas a los sectores populares previas del Kirchnerismo se basaban en los planteos de la ESS, esto es, buscaban fortalecer experiencias con ideas y horizontes vinculados al cooperativismo, la autogestión y la solidaridad para la reproducción ampliada de la vida (Natalucci y Mate, 2020). Eso explicarían las transferencias condicionadas del Programa Argentina Trabaja y Ellas Hacen, con sus exigencias de organización en cooperativas y terminalidad educativa. Mientras que las organizaciones se planteaban dos debates: si las cooperativas eran efectivamente colectivizantes o respondían a un proceso desde arriba vinculado al clientelismo, tanto como si se correspondían con un proceso transitorio o permanente, como veíamos con Hudson (2020). La propuesta que desarrolla la CTEP, materializada en la LES, se inscribe en posicionar a les trabajadores de la EP como quienes se habían inventado su trabajo, dando un giro en la idea de trabajadores desocupados, incluso de masa marginal, o sobrante, pero también con la mirada de que sobrevivían por su solidaridad, para restituir un imaginario del orden del trabajo autogestivo (Natalucci y Mate, 2020). Los procesos derivados de la ley, se constituyeron en un gran logro, señalan, porque:

consiguieron beneficios para sus representados, lograron instalar el tema en el debate público, fueron reconocidas como representantes legítimas de los trabajadores de la EP y fundamentalmente, a partir de la creación de prácticas de bienestar, lograron crear un horizonte de reintegración, generando un marco de previsibilidad para el sector (p. 184).

Fernández Álvarez (2018), enmarcándose en las discusiones sobre las formas de ganarse la vida (Narotzky y Besnier, 2014; Fernández Álvarez y Perelman, 2020), y la de construir futuros posibles e imaginar bienestar(es) (Fernández Álvarez, 2016), mira más allá del hito de la ley para adentrarse en las prácticas cotidianas, analizando el modo en que la experiencia de precariedad, dio paso a una construcción colectiva que vincula la experiencia subjetiva y la proyecta en términos políticos como una organización gremial. Este proceso tensiona las fronteras entre trabajo formal e informal, entre asalariado y no asalariado, movimiento obrero y movimiento de desocupados, porque el trabajo asalariado opera como el horizonte de proyección de subjetividades “menos como materia a transformar (dejar de ser trabajadores de la EP para devenir trabajadores asalariados) y más como fundamento para la producción de derechos colectivos” (Fernández Álvarez, 2018, p. 24). Es en este sentido que la noción de EP de la CTEP, disputada públicamente (con la LES), pero también en las prácticas colectivas, da cuenta de la producción de acumulación de capital a partir del trabajo sin patrón, o del trabajo vivo (Gago, 2018).

Por su parte, Arango et al. (2017) consideran que la lucha y erogación de la LES, y particularmente el Salario Social Complementario reconoce una forma salarial legítima que explicita la figura de un patrón oculto:

se reconoce la necesidad de una negociación paritaria pero con un Estado que no media en una relación donde el capital y el trabajo están organizados y representados, sino que el Estado debe “forzar” la representación y la organización del capital abstracto y oculto que explota financiera y laboralmente a los trabajadores de la EP. Como vemos, la EP desafía los conceptos del tripartidismo tradicional de un Estado como árbitro en el conflicto entre el capital y el trabajo (p. 16).

De esta manera, la LES y sus instituciones hacen visibles, materializan y nombran de alguna manera, las relaciones que permiten la explotación financiera de los sectores populares (Roig, 2017), las que suelen permanecer ocultas, disimuladas. En otras palabras, la entienden como una forma de limitar el fetiche de la generación de riquezas sin trabajadores, forzando la representación del capital abstracto encarnado en el Estado mismo (Arango et al., 2017). Agrega Fernández Álvarez (2016): “hace visible el proceso de apropiación/expropiación, de explotación y extracción del capital que nociones como trabajo informal, exclusión o desocupación invisibilizan” (p. 36). Finalmente, consideramos que la EP como una categoría abierta, movilizada territorialmente, permite comprender diferentes niveles de acciones que tienen lugar en simultáneo en un mismo proceso, esto es, como se articulan en la experiencia las prácticas cotidianas, con una forma de disputar el sentido público del trabajo, producir derechos públicos e incluso forzar la representación de una forma de explotación novedosa y como tal, oculta.

Los desafíos de la economía popular

Durante este capítulo propusimos un recorrido conceptual ante las consecuencias sobre el trabajo cuando la fábrica (industria) no es una opción. Para eso recuperamos la discusión entre marginalidad, masa marginal y polo marginal, dando cuenta de que los cambios en las condiciones socioeconómicas requieren que ajustemos los conceptos. Presentamos luego la esquematización de Coraggio sobre la economía popular, que entendemos constituye un concepto más bien cerrado, relativo a una forma tradicional de presentar la realidad como objetiva, exterior y estática. A ello opusimos, y desarrollamos, formas de comprender la EP que se abrían a considerar los procesos sociales como fenómenos incompletos, que transcurren mientras investigamos, de los que no sabemos su duración y que se producen en un momento histórico. Avanzamos en la característica polisémica de la EP, partiendo de una noción enmarcada en la economía heterodoxa, como la de Chena (2017), pasando por la que este mismo autor desarrolla con Arango y Roig, que incorpora dimensiones de la vida social, hasta recuperar algunas hipótesis de Gago (2018) para contar con algunas líneas que presenta el trabajo fuera de la fábrica. Esta apuesta por el análisis de la EP en términos de lo que hace, o cómo se presenta en la realidad ese trabajo vivo, nos llevó a indagar en el último apartado sobre los movimientos conceptuales en términos de articulación de debates políticos y construcciones de demanda de la CTEP, tanto como la consideración de la construcción colectiva a partir de las prácticas cotidianas, dando cuenta de la EP como una categoría nativa, política y económica del/a trabajador/a de la EP y sus organizaciones.

La aparición en la escena pública de la EP, no fue espontánea, se correspondió con un proceso que enlazó condiciones materiales, con la utilización de las mismas para hacer algo, para crear. De esta manera, quisimos dar cuenta cómo los debates teóricos influyen en las lecturas sobre la realidad social, promueven categorías que pueden movilizar acciones de diferentes instituciones, incluso del Estado, cuyos efectos son materiales en la sociedad. Tanto como repensar y detenernos en los conceptos y categorías de las ciencias sociales como provisorios, situados en su tiempo y espacio, restituyendo la posibilidad de cambio presente en la realidad misma, y de las cuales, algunas de las discusiones académica dan cuenta.

Sin embargo, consideramos que aún resta profundizar, entre otras cuestiones, las relaciones que explican cómo esta disputa por lo que es el trabajo de la EP se ubica en la discusión económica, específicamente con la macroeconomía, reconociendo que Chena (2017) da pasos en ese sentido. Particularmente creemos que la emergencia de otras formas de trabajos, generan otras formas creación de valor en los términos sugeridos por Narotzky y Besnier (2014), sobre todo de valor(es) social(es) vinculados al trabajo, que trascienden la discusión nacional actual más tecnocrática sobre la producción a secas y necesidad de dólares de la estructura productiva, en términos de crecimiento del PBI, propios del conocimiento neoclásico de la economía.

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  1. laurapegoraro@gmail.com.
  2. Estas experiencias se caracterizarían, siguiendo a Razeto et al. (1990), por: a) no ser del tipo empresarial, como tampoco predomina una relación salarial ni de intercambio del mercado; b) tienen una organización donde participan las relaciones familiares que pueden realizarse en la vivienda o en la calle misma; c) la fuerza del trabajo se puede intercambiar en el mercado por el salario, pero eso es combinado con otros tipos de trabajos; d) la organización del control y administración del trabajo y recursos en esas unidades admite normas de organización familiar y eventualmente comunal.
  3. El artículo de Florencia Benedetich en este mismo libro profundiza en el análisis de los enfoques de la Economía Social y Solidaria (ESS).
  4. En Argentina, algunos abordajes sobre el conocimiento y la construcción de tecnología para las experiencias de cartoneros se encuentran en Carenzo (2014) y Carenzo y Trentini (2020). Para el caso de La Salada, por ejemplo, aparecen análisis en línea a lo planteado por los autores bolivianos sobre la producción textil, en torno a la pragmática vitalista (Gago, 2014), que podría ser indagada desde otra escala como procesos/cadenas de valor globales y populares.
  5. En este libro, el capítulo de Celeste Núñez Florentín introduce el análisis del sentido que asume el trabajo para quienes integran el MTE en la ciudad de Corrientes, como parte integrante de la CTEP.


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