Durante la segunda mitad del siglo xviii, las distintas posesiones de España en América redefinieron sus políticas fiscales y de defensa, apostando por esas vías a un mayor control del territorio. En general, se ha asociado dicho proceso a la iniciativa de la Corte borbónica alentada por las necesidades de defensa creadas por el ciclo europeo de guerra internacional.^[1] Otros estudios han señalado el fuerte desafío interno que estaba sufriendo el propio orden colonial como un poderoso motor de las reformas y han destacado la iniciativa autónoma de los funcionarios borbónicos en América.^[2] La bibliografía de los últimos años ha sumado a las fronteras con los indígenas no sometidos como factor de los cambios acaecidos en los dispositivos fiscales y de defensa.^[3]

La frontera de Chile con la Araucanía, desde el siglo xvii, tenía apostadas guarniciones del Ejército regular que se financiaban mediante la recepción de un Situado emanado de las cajas peruanas. Consideraciones geoestratégicas, tales como el arribo de embarcaciones extranjeras a la zona y la protección de la ruta altoperuana, así lo demandaban.^[4] Las provincias septentrionales de Nueva España, que compartían la frontera con indígenas apaches y chichimecas, vieron nacer una estructura de presidios financiada con el envío de Situados de las Cajas Reales de México y Yucatán. Sus ricos distritos mineros, en pleno boom productivo durante el siglo xviii, valían el esfuerzo fiscal de la Corona.^[5] En el Río de la Plata, en cambio, la única frontera que contaba, desde el punto de vista de la administración borbónica, era la frontera luso-brasileña.^[6] La Corona, hasta muy entrado el siglo xviii, no tenía una orientación clara respecto a la política a seguir en las distintas fronteras indígenas de Pampa, Patagonia y Chaco, aunque se expresó muchas veces en favor del envío de colonos y la formación de “pueblos defensivos” que con el tiempo se volvieran autosustentables.

De esta manera, la defensa de la frontera sur rioplatense, que articulaba las jurisdicciones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, dependió de la formación de milicias locales a iniciativa de los respectivos cabildos que se financiaron con impuestos locales a la circulación mercantil. En el caso de Santa Fe, el Cabildo propuso en la década de 1720 la construcción de fuertes y de dos compañías de milicias de 150 efectivos en total. Para ello, tras varios retaceos de la Caja de Buenos Aires, el gobernador Bruno de Zavala dispuso la creación de ciertos arbitrios^[7] locales impuestos sobre la circulación de determinadas mercancías que, a pesar de haber sido aprobados por la Audiencia de Charcas, inmediatamente recibieron el rechazo de los cabildos de Asunción y de Buenos Aires. Finalmente, el rey terció en el asunto, aprobando en 1726 los arbitrios dispuestos. Sin embargo, la suerte de estos impuestos correría pareja al decaimiento del comercio santafesino y, por otro lado, la élite local representada en el Cabildo no estaba tan interesada en la defensa de la frontera sur, sino que para sus miembros era prioritario proteger la frontera chaqueña.^[8]

En el caso de la ciudad de Córdoba, en la década de 1740 se estableció el cobro del derecho de Sisa sobre la introducción de aguardiente, yerba y tabaco para el sostenimiento de las dos compañías de “partidarios” de la frontera de 40 hombres cada una. Dicho impuesto encarecía los precios de venta de las bebidas alcohólicas, por lo que fue muy resistido por parte de la población local y por los comerciantes de Mendoza y San Juan, quienes, mediante distintas peticiones, lograron que el virrey de Perú por momentos suspendiera el cobro de la Sisa o autorizara amplias exenciones.^[9] Aun así, la Sisa sería una importante fuente de recursos financieros para Córdoba, por lo que, de acuerdo a Ana María Lorandi, fue uno de los ejes de las disputas entre el Cabildo y el gobernador Fernández Campero, quien fue acusado de malversación de fondos y de no llevar a cabo una política de frontera acorde a los intereses de la región.^[10]

En vista de estas experiencias, y convocándolas como ejemplo a seguir, el Cabildo de Buenos Aires hizo lo propio con su frontera y creó, en 1752, tres compañías de milicias a sueldo, denominadas “blandengues”, de 60 hombres cada una, y un “Ramo de Guerra” para financiarlas. La creación de las compañías y del correspondiente Ramo de Guerra estuvo supeditada a la acción del Cabildo y de pobladores e intereses locales, junto a la aquiescencia del gobernador Joseph de Andonaegui y de otros agentes de la Corona, quienes actuaron a pesar de la conocida prohibición de imponer nuevos arbitrios sin la autorización real que regía para los ayuntamientos. Posteriormente, en 1761, el gobernador Pedro Cevallos decidió centralizar el mando sobre las compañías y que el Ramo de Guerra pasara a formar parte de la Real Hacienda.

De esta manera, a lo largo de casi una década, el Cabildo de Buenos Aires contó con una fuerza armada de servicio permanente y una fuente de recaudación propias, con las que se conformaron nuevos fuertes en la frontera. Los estudios sobre el Cabildo de Buenos Aires lo presentan como una institución vigorosa para el siglo xvii, pero que habría perdido su representatividad e iniciativa política en el xviii. Según el estudio de John Lynch sobre la administración colonial española bajo Carlos iii en el Río de la Plata, en el período previo a las reformas carloterceristas, los cabildos del futuro virreinato habían estado sumidos en el “servilismo” y la “inercia”. El origen de tal situación, según este autor, tenía dos causas fundamentales: la carencia, por un lado, de “toda base firme de representación popular” y, por otro, de “adecuados recursos financieros”. Refiriéndose específicamente al Cabildo de Buenos Aires, dice Lynch:

A principios del siglo xviii la edad heroica de los cabildos ya no era más que el recuerdo de un pasado remoto en todas las partes del imperio hispano, y no se exceptuaron aquellas provincias más meridionales. Habían pasado los días en que el cabildo de Buenos Aires podía ofrecer una vigorosa y afortunada oposición a los gobernadores.^[11]

El presente capítulo busca mostrar el vínculo que el Cabildo de Buenos Aires estableció con su frontera a mediados del siglo xviii, que le permitió constituirse como un actor político de relevancia. En primer lugar, describe el proceso de toma de decisiones que llevó al Cabildo a crear las compañías de blandengues y el Ramo de Guerra y examina los mecanismos de negociación que permitieron su supervivencia a pesar de la desaprobación recibida de la Corte en Madrid. Luego analiza la composición y el funcionamiento del Ramo de Guerra mientras duró su administración por el Cabildo de Buenos Aires, especialmente en cuanto al origen geográfico de los recursos y su impacto en la sociedad local. A continuación, se narran las tensiones que suscitó el Ramo de Guerra y los conflictos en las compañías que llevaron a su centralización por parte del gobernador Cevallos y a una aprobación condicionada por parte de Carlos iii. Por último, muestra cómo el problema de la frontera se convirtió durante el período de la gobernación en una arena de disputa política entre el Cabildo de Buenos Aires y los funcionarios borbónicos.

De esta manera, argumentamos que la iniciativa política del Cabildo de Buenos Aires respecto a la frontera reforzó su autonomía dentro del Imperio, permitió la articulación de intereses urbanos y rurales y derivó en la creación de un mecanismo fiscal que drenaba recursos financieros de todo el virreinato hacia la jurisdicción rural de Buenos Aires. Con ello, el Cabildo de Buenos Aires se constituyó como un influyente actor político-corporativo que ejerció una acendrada oposición política a la administración de los funcionarios borbónicos, disputando su lugar en el seno de la monarquía.

La creación de los blandengues y del Ramo de Guerra

Durante el siglo xviii, se vivió un recrudecimiento de la conflictividad en las fronteras entre la ocupación colonial y el complejo mundo arauco-pampeano al este de la cordillera andina. Desde al menos 1740, la frontera se presentó a la sociedad porteña como un inminente desafío, tanto por la competencia por sus recursos pecuarios establecida con cordobeses y mendocinos, como por las incursiones perpetradas por nuevos grupos y líderes indígenas.^[12] Las autoridades de Buenos Aires acordaron en 1742 un tratado de paz en la sierra del Casuatí que reconocía a Cacapol “el Bravo” como “cacique principal de las pampas” y “maestre de campo de toda la sierra”. Por tal tratado, se establecía que Cacapol y sus aliados permitirían el establecimiento y la prédica de misioneros dentro de su territorio. Desde el punto de vista de la sociedad colonial, el señalamiento de Cacapol como maestre de campo y cacique principal de las sierras oponía la ventaja de bloquear los avances de otros grupos indígenas, así como controlar el acceso a las sierras y sus ricos recursos ganaderos por parte de mendocinos y cordobeses.^[13]

La década de 1750 trajo varias novedades. Por un lado, tras la muerte de Cacapol, lo sucedió como cacique principal su hijo Nicolás Cangapol, quien, junto a una más o menos vasta alianza guerrera, terminó por malonear sobre las misiones establecidas por los jesuitas, expulsándolos definitivamente del territorio.^[14] Por otro lado, a partir de mediados de la década, se intensificó el arribo de nuevos contingentes indígenas, que, provenientes de la cordillera, presionaron sobre la territorialidad de Cangapol y la frontera en general. Ya en 1749, una tropa de carretas que venía de Chile con destino a Buenos Aires fue asaltada en el sur de la jurisdicción de Córdoba. El mismo año, otros mercaderes que llevaban géneros hacia el Alto Perú fueron sorprendidos a la altura de Salto de los Arrecifes. Estos hechos golpeaban el corazón de la circulación mercantil alertando a las autoridades sobre los límites de la política de “amistad” con Cangapol para contener las incursiones de los nuevos grupos que se estaban instalando en las pampas. Su insidiosa presencia se hizo sentir en la ominosa invasión a Pergamino de 1751, en la que murió el cura del pueblo, y en el malón de 1753 sobre el pago de La Matanza.

El proceso de toma de decisión

La creación de milicias y, sobre todo, la imposición de nuevos arbitrios municipales eran un viejo anhelo del Cabildo de Buenos Aires y contaba para ello con el ejemplo de los cabildos de Tucumán y Santa Fe. En efecto, ya en febrero de 1741, el procurador del Cabildo Gaspar de Bustamante presentó un memorial en el que planteaba la necesidad de levantar fuertes en “las fronteras de cada pago”. El punto sensible de la iniciativa era la forma de financiarla: Bustamante proponía que se hiciera con fondos de la Real Hacienda “hasta que la Ciudad pudiera disponer de arbitrios como en los casos de Tucumán y Santa Fe”.^[15] La Real Hacienda alegó “falta de fondos” para concretar el proyecto, pero el Cabildo consiguió al año siguiente la autorización para cobrar el “Real de Carretas”, un peaje a las carretas que ingresaban a la ciudad con fines de abasto para solventar las milicias. Luego, en 1745, una “junta de guerra” se reunió en el fuerte de Buenos Aires para discutir el tema de la frontera. El gobernador Ortiz de Rozas ordenó al maestre de campo Juan de San Martín organizar un servicio alternado de milicias en los pagos de Arrecifes, Areco, Luján, Las Conchas, Matanza y Magdalena. Cada pago contaría con una guardia de hasta 30 vecinos –que serían relevados mensual o bimensualmente– y una asignación de 200 pesos mensuales. Además, los fuertes debían ser construidos por los propios milicianos, cuya manutención y provisión de armamento estarían a cargo del Cabildo de Buenos Aires. Por último, el gobernador Joseph de Andonaegui eliminó el pago en efectivo a las milicias, y lo cambió por una ración de yerba, tabaco y carne.^[16]

La creación de milicias a sueldo para la frontera de Buenos Aires fue una iniciativa de los hacendados y jefes milicianos de la jurisdicción en una nueva coyuntura álgida de las relaciones interétnicas. En 1751, tras la invasión al pueblo de Pergamino, Francisco Basurco, un importante hacendado de Arrecifes y teniente coronel de los dragones provinciales^[17], realizó una presentación ante el Cabildo de Buenos Aires para constituir con fondos municipales compañías de “gente del país asalariadas competentemente” que defendieran la frontera indígena, ya que el servicio alternado de milicias a ración y sin sueldo era considerado insuficiente.^[18] Frente a la iniciativa de los hacendados, el Cabildo acordó en la creación de dos compañías de milicias permanentes de 50 hombres cada una, pero a lo que no estaba dispuesto era a costearla con fondos propios. Para su financiamiento, el Cabildo propuso el arriendo del usufructo de Salinas Grandes^[19] (ubicadas en pleno territorio indígena) y solicitar al gobernador la aplicación de cuatro plazas militares de las compañías del presidio de Buenos Aires, argumentando que estas nunca se hallaban completas.^[20]

Sin embargo, el proyecto de crear milicias a sueldo con parte del presupuesto militar de Buenos Aires fue rechazado por el gobernador Andonaegui y por el rey Fernando vi. Cuando les fue presentado a cada uno, Andonaegui declaró que “no se da[ba] por entendido de nada de ello”, mientras que Fernando vi dijo admirarse de que, habiendo en Buenos Aires “una guarnición considerable”, se diera lugar a las invasiones que se ejecutaban.^[21] Es decir, ni el rey ni el gobernador estaban dispuestos a distraer o a asignar recursos adicionales, fiscales o militares, a la defensa de la frontera indígena.

Ante estas respuestas, en marzo de 1751 el Cabildo de Buenos Aires envió un nuevo pliego a la Corte en Madrid en el que volvía a exponer la necesidad de formar dos o tres compañías de 50 hombres y sugería crear para ello nuevos impuestos municipales. El Cabildo proponía percibir un derecho de un real por cada cuero que se embarcara en los “navíos de Registro” y de un peso (ocho reales) por cada quintal^[22] de hierro y acero que se introdujera por Buenos Aires hacia las provincias “de arriba”. Entre sus fundamentos esgrimía:

… los diferentes recursos que en varios tiempos [el Cabildo] ha hecho para la concesión de arbitrios; lo gravoso al común que considera algunos de los propuestos anteriormente, y lo más proporcionado que son los que nuevamente ha discurrido, así por su moderada imposición como por refundirse en los contribuyentes el beneficio que producirá la seguridad de los caminos y haciendas.^[23]

Es decir, el Cabildo de Buenos Aires buscaba crear una nueva fuente de recaudación propia para financiar las compañías de la frontera que afectara lo menos posible “al común” de la población, gravando el comercio exterior de cueros y la introducción de hierro y acero a las provincias, los que se beneficiarían de “la seguridad de los caminos y haciendas”. Por su parte, el gobernador Andonaegui esta vez acompañó la solicitud, entendiendo que el reducido número de la tropa veterana con el que contaba hacía imposible que se le confiara el servicio en la frontera.^[24]

En paralelo al envío del pliego a Madrid, los capitulares convocaron a un “cabildo abierto”^[25] sobre la cuestión de la frontera que se llevó a cabo el 1.º de abril de 1751, al que asistieron algunos capitulares, el maestre de campo Juan de San Martín y los hacendados Juan Francisco Basurco, Joseph Arroyo y Juan Gutiérrez de Paz. El gobernador Andonaegui no estuvo presente ya que estaba ocupado en la comisión demarcadora de la frontera luso-brasileña, aunque dejó dicho que “se acordase lo que se tuviese por más Conveniente al Bien Público”. Ausente el gobernador, en representación del rey se hallaba el teniente general Florencio Antonio Moreyra, miembro de la Audiencia de La Plata y del Consejo de Su Majestad. El cabildo abierto llegó a la conclusión de que lo más “útil” para defender la frontera era crear dos compañías (“o más si se pudiere”), buscando para su financiamiento “el modo o forma más conveniente y menos gravosa al vecindario de la Ciudad, y su Jurisdicción”, siguiendo la línea de lo propuesto al rey.^[26]

Si bien la idea de crear milicias pagas tenía consenso, las diferencias emergieron a la hora de decidir sobre quién debía recaer el peso de la contribución. Los hacendados accedieron al pago de un arancel de dos reales por cada cuero que se embarcara en los navíos de Registro, a pagar a medias entre el productor y el comprador, y propusieron además el cobro de otro derecho de dos reales por cada petaca, baúl o cajón de mercaderías y los tercios^[27] de yerba y tabaco que salieran de la ciudad para las provincias, argumentando que el impuesto sobre los cueros sería insuficiente. Es decir, los hacendados aceptaban su contribución, pero, a diferencia de la propuesta del Cabildo al rey, proponían gravar el comercio interno y no se habló del impuesto al hierro y el acero importados. La propuesta de los hacendados recibió la oposición de los capitulares presentes, quienes, como representantes interesados en ese comercio interior, no estaban convencidos de la creación de nuevos impuestos sobre él. En este punto, el cabildo abierto no llegó a ningún acuerdo y finalmente la sesión fue levantada, según las actas, “por ser tarde en la deliberación”.^[28]

La oposición del Cabildo de Buenos Aires a la creación de nuevos impuestos que pudieran afectar las actividades particulares de sus miembros hizo que la formación de las compañías de milicias para la frontera se postergara. Dos días después del cabildo abierto, los capitulares manifestaron un “deseo de Asegurar sus conciencias” acerca de los impuestos que se buscaba crear ínterin se diera cuenta a su Majestad, y propusieron para ello consultar al deán eclesiástico. Con este subterfugio, los capitulares buscaron bloquear la propuesta de los hacendados ya que, naturalmente, el deán se opuso a la creación de nuevos impuestos que pudieran “afectar a la comunidad”.^[29] En agosto, tras la invasión sobre el pueblo de Pergamino, el maestre de campo San Martín y el hacendado Basurco, junto a otros oficiales milicianos, se apersonaron ante el Cabildo y lograron que este se comprometiera a aplicar el Ramo de Guerra e impartir todo el auxilio necesario.^[30] Sin embargo, pese a las promesas, el Cabildo de Buenos Aires no tomaría ninguna medida ni volvería a pronunciarse sobre el tema por el resto del año.

Finalmente, fue el oidor Florencio Moreyra, representante del rey en el cabildo abierto, quien terció en el asunto, con lo que logró saldar las diferencias habidas entre el Cabildo y los hacendados. Tras una nueva invasión ocurrida sobre las estancias de Magdalena a fines de 1751, para Moreyra, el asunto recaía en una cuestión de hecho de si era o no urgente la necesidad, y notaba que, habiendo pasado ya algún tiempo de que se discutiera el tema, los “insultos de los indios” habían proseguido, por lo que juzgaba preciso imponer arbitrios equivalentes a los establecidos en Santa Fe y Córdoba. El oidor se inclinaba por los impuestos propuestos por los hacendados ya que, según él, tanto ellos como los dueños de navíos y comerciantes contribuyentes se beneficiarían de la seguridad de los caminos y las haciendas. En conclusión, Moreyra avalaba la propuesta surgida del cabildo abierto, aunque con la condición de dar cuenta al rey y de que, en caso de que este ratificara lo actuado, los nuevos impuestos se mantuvieran solo por el tiempo que durase “la Necesidad”.^[31]

Con este veredicto, el Cabildo de Buenos Aires acordó a principios de 1752 la creación de tres compañías de milicias a sueldo para la frontera de 60 hombres cada una y del Ramo de Guerra para financiarlas. Este quedó conformado por una contribución de dos reales por cada cuero que entrara a la Ciudad (a pagar por partes iguales por el vendedor/productor y el comprador/comerciante), cuatro reales por cada petaca o tercio de mercaderías que salieran de la Ciudad a las provincias “de arriba”, y dos reales por quintal de hierro y acero que se introdujera con el mismo destino.^[32] Vale decir que el agregado del impuesto sobre la introducción de hierro y aceros fue objetado por el oidor Florencio Moreyra, ya que no se había hablado de él en el cabildo abierto. El Cabildo ratificó dicha imposición, justificándose en que la contribución que pesaba sobre los cueros era por el momento inútil por la prohibición que recaía sobre la matanza de ganado.^[33] Finalmente, el gobernador Andonaegui confirmó por bando estas resoluciones: “Se establece un Impuesto al Cuero, para poder mantener tres Compañías de gente, que deben reprimir, los daños que causan a la población los Indios rebeldes”.^[34]

Imagen 1. Carátula de los libros contables del Ramo de Guerra (1752-1761)

Fuente: AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4.

De esta manera, la creación de los blandengues y del Ramo de Guerra resultó de la conjunción y negociación de intereses entre los hacendados, el Cabildo y los agentes de la Corona en el Río de la Plata. La oportunidad estuvo brindada por una coyuntura conflictiva y por la escasa disposición del rey y de los gobernadores de turno a asignar plazas militares o recursos de la Real Hacienda para la frontera. La puesta en marcha y la continuidad, una vez que el rey desaprobara todo lo actuado, de los blandengues y del Ramo de Guerra dependieron de la negociación entre todos los sectores y de los mecanismos propios del “consenso colonial”.^[35]

La puesta en marcha

El interés del Cabildo de Buenos Aires centrado en el Ramo de Guerra hizo que su recaudación comenzara de inmediato en enero de 1752. Durante los primeros meses, el Ramo de Guerra fue administrado directamente por el alcalde de primer voto, y luego el Cabildo designó a Domingo Basavilbaso como tesorero, un vecino de la Ciudad de Buenos Aires dedicado al comercio que había ejercido varios oficios capitulares. Además, el Cabildo designó un “intendente” para cada compañía de blandengues que supervisara sus gastos. De esta manera, si bien el Ramo de Guerra no fue formalmente incluido entre los “propios” municipales, el Cabildo retuvo el control de la recaudación y el gasto y, con ello, su influencia sobre las compañías.

En la carátula de los libros contables del Ramo de Guerra, se incluyó el dibujo del escudo de armas español ligeramente modificado en su versión local (imagen 1). En este caso, se trata del clásico escudo cuartelado con las armas castellanas y las leonesas, pero con la particularidad de la inserción en su centro de un recuadro con la imagen de un ave y un ancla, una versión reducida del escudo de armas acordado por el Cabildo de Buenos Aires en la sesión del 5 de noviembre de 1649 en el que se aprecia una paloma de alas abiertas y un ancla en posición horizontal (imagen 2). Es decir, en esta sociedad respetuosa de la etiqueta de la palabra y de la imagen, el ícono que encabezaba el libro de caja del Ramo de Guerra era el de la monarquía española con la Ciudad de Buenos Aires bien inserta en su centro.

Imagen 2. Escudo de la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires (1649)

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en bit.ly/3MsJnZS.

Las compañías de blandengues debieron esperar un poco más y fueron erigiéndose gracias a la intervención del gobernador Andonaegui y el compromiso de la población local. En abril de 1752, se creó la primera compañía, bautizada La Valerosa, y se la destinó a la guardia de Luján, en las afueras del pueblo homónimo. El hacendado Joseph Zárate fue nombrado como su capitán, quien solicitó cuatro meses de sueldo adelantados para sí y dos para su oficialidad y soldados. La recluta para las compañías por crearse dependía del adelanto de los sueldos, ya que los soldados amenazaban con marcharse en caso de que sus demandas no fueran atendidas El Cabildo accedió al pedido con la única condición de que los fondos se entregaran una vez que la compañía fuera presentada y revistada en la Plaza Mayor.^[36] Un informe muy posterior indica que por este acto, en que los milicianos “blandieron” sus espadas, las compañías fueron conocidas como los “blandengues” de la frontera.^[37]

Posteriormente, fue nuevamente Andonaegui quien apuró la creación de las siguientes dos compañías, recomendando para ello aplicar un derecho de Sisa sobre el aguardiente, tal como se percibía en otras gobernaciones. Con gran sentido de la oportunidad, el Cabildo rápidamente gravó en 12 reales cada botija de vino y odre de aguardiente que entrara por tierra a la Ciudad, decisión que fue confirmada por bando del gobernador.^[38] Así, a La Valerosa se sumó La Invencible, creada el 21 de junio con 60 reclutas al mando del capitán Isidro Troncoso, la que se destinó al noroeste de la jurisdicción, asentándose en “el salto” del río Arrecifes, una zona fuertemente ganadera y de tráfico mercantil. Para erigir la compañía, el capitán Troncoso reunió 50 “hombres escogidos”, los que pedían no ya dos, sino seis meses de sueldo adelantado. El Cabildo ofertó a La Invencible el adelanto de dos meses de sueldo, a ejemplo de la compañía de Luján; los soldados, sin embargo, “dijeron no Admitían y que se Volverían”. El Cabildo, pese a que alegaba hallarse sin fondos, finalmente aumentó la oferta del adelanto a tres meses.^[39] Por su parte, el capitán de la compañía de Luján debió haberse enterado de este beneficio ya que unos días más tarde exigió que se libraran los sueldos de sus soldados por dos meses más.^[40] Por último, el 8 de septiembre se constituyó la compañía Los Atrevidos al mando del capitán Juan Blas Gago, la cual se estableció en el sur de la jurisdicción en el paraje del Zanjón, una zona fuertemente ganadera y de convivencia multiétnica.

Es decir, la puesta en marcha de las compañías de blandengues requirió el compromiso de la “gente del país”, tanto de los hacendados para los cargos de oficiales, como de los pobladores que se enrolaban en las milicias para marchar a la frontera. Este ineludible componente popular se aprecia en el alto poder de negociación que enseguida demostró la recluta para solicitar, acompañados por sus oficiales, el adelanto de sus sueldos, práctica que bien conocían los empresarios rurales que contrataban mano de obra libre asalariada, en una sociedad con crónica escasez de brazos, según la historiografía.

El “consenso colonial” en acción

Cuando se crearon las compañías de blandengues y el Ramo de Guerra para la frontera, las partes interesadas, el Cabildo y los hacendados, estaban de acuerdo en que debían actuar en la “urgencia”, sin esperar los tiempos que hubiera implicado consultar al rey. Por supuesto, eran conscientes de que Fernando vi había rechazado distintas propuestas por parte del Cabildo de Buenos Aires para crear nuevos gravámenes municipales. El Ramo de Guerra no sería la excepción. Cuando el Cabildo informó sobre el establecimiento de las compañías y del Ramo de Guerra, más de medio año después de su creación, le suplicó al rey lo siguiente: “se digne Confirmar el dicho Impuesto Atendiendo [a que] el haber este Cabildo tomado esta determinación en Consorcio del Señor gobernador ha sido solo a fin de remediar por lo pronto los grandes insultos que Ejecutan los indios enemigos”.^[41] El Cabildo resaltaba de esta manera la situación de emergencia en la que había actuado y la participación del gobernador en la decisión, en vista de la expresa prohibición que pesaba sobre los ayuntamientos para imponer nuevos gravámenes.

Estos argumentos no convencieron a Fernando vi, a quien le podía resultar indiferente la creación de nuevas compañías de milicias (aunque recordó que el medio que consideraba más útil para la defensa de la frontera era el establecimiento de poblaciones), pero no así la de nuevos impuestos: estaba en juego nada menos que su potestad tributaria. Por lo tanto, el 10 de julio de 1753, el rey resolvió lo siguiente: “…desaprobar por ahora (como desapruebo) los arbitrios que propone a las necesidades que representa; y que hagáis cesen luego (como os lo mando) los que se han puesto en práctica para la formación y subsistencia de las compañías establecidas”. Por otro lado, el rey abría un margen de negociación al comisionar al marqués de Valdelirios, presente en el Río de la Plata, como su representante personal en este asunto, quien estaba facultado para recomendar su aprobación si verificaba su “radical urgencia”.^[42]

Debido a la demora que implicaba la comunicación entre el rey y sus posesiones americanas, la noticia de la suspensión del Ramo de Guerra tocó tierras americanas recién en 1755, dos años después de promulgada. Cuando la cédula llegó a Buenos Aires, el Cabildo envió sendas cartas al gobernador Andonaegui y al marqués de Valdelirios con la intención de comunicarles, con una pretendida sorpresa no exenta de ironía, “la Complacencia” que había tenido la Ciudad de que hubiera puesto “Su Majestad a su Cuidado este negocio”.^[43] El gobernador ordenó una reunión urgente con Valdelirios y dos representantes del Cabildo. El resultado de dicha reunión fue el acatamiento de la Real Cédula de 1753. En el anhelo de mostrarse apegados a las directivas del rey, los cuatro reunidos declararon que “desde luego” consideraban “gravosa cualquiera imposición [sic]” y que el medio “más Conveniente” para defender las fronteras era “estableciendo Poblaciones” tal como pretendía el rey. Además de la desaprobación del rey, una denuncia de fraude se cernió sobre el Ramo de Guerra, específicamente, sobre la exacción de la Sisa. ^[44]

Por su parte, el marqués de Valdelirios decidió negociar con el Cabildo de Buenos Aires mientras el gobernador estaba ausente de la capital, habiendo partido una vez más a las Misiones, para lo que convocó a dos miembros del Cabildo a su casa particular, donde acordaron que el Ramo de Guerra continuaría por un año más y bajo la administración del Cabildo, a excepción de la Sisa, que debía subastarse públicamente.^[45] En su recomendación al rey, Valdelirios escribió: “Esforzando las Súplicas de esta Ciudad [para que] subsista el impuesto para la guerra, ínterin se arbitra otro medio o bien sea estableciendo, las Poblaciones” que el rey ordenaba. Además, el marqués afirmaba que sería “siempre más útil” que el Cabildo estuviera a cargo de la administración del Ramo de Guerra. Respecto a la denuncia de fraude, comunicó que el Cabildo no había tenido “la menor culpa”, aunque admitía que la Sisa debía “sacarse a remate” para “evitar en adelante el desorden” que se había “padecido”.^[46] Es decir, el dictamen de Valdelirios prorrogó por un año la existencia del Ramo de Guerra y ratificó su administración por el Cabildo de Buenos Aires, aunque señaló la necesidad de que la Sisa, que era el principal componente de la recaudación, fuera subastada públicamente.^[47]

Al año siguiente, un nuevo gobernador había llegado a Buenos Aires. Vencido el plazo de un año otorgado por Valdelirios a fines de 1756, Pedro de Cevallos, urgido por los estertores de la guerra guaranítica, dispuso el mantenimiento de las tres compañías de blandengues y, por consiguiente, determinó y ordenó que se continuara y prosiguiera “en la exacción y cobranza de la contribución impuesta”.^[48] El impuesto sobre los vinos y aguardientes ingresados a Buenos Aires finalmente nunca fue subastado, por lo que continuó bajo la órbita directa del Cabildo. Sin embargo, a partir de entonces, los nombramientos para las compañías y los gastos del Ramo de Guerra debían ser supervisados por un “inspector de milicias”, cargo de nueva creación, cuya primera designación recayó en el militar peninsular Francisco Maguna. De esta manera, se iniciaba una serie de cambios por los que el gobernador Cevallos pretendió ejercer un mayor control sobre los recursos defensivos de la frontera.

El Ramo de Guerra bajo el Cabildo de Buenos Aires (1752-1761)

Las milicias y los fuertes creados en la frontera de Buenos Aires con los “indios infieles” no participaron del Situado ni recibieron remesas genuinas de la Real Hacienda, sino que se financiaron, al igual que en el resto de la frontera sur rioplatense, con impuestos locales a la circulación mercantil. Como vimos, el Cabildo de Buenos Aires creó en 1752 un Ramo de Guerra para financiar su frontera, integrado por un derecho sobre los cueros exportados, una alcabala sobre las mercaderías y los metales que salieran hacia otras provincias y una Sisa sobre los vinos y aguardientes introducidos por tierra a Buenos Aires. Estos tres impuestos de nueva creación se agregaban al Real de Carretas que ya existía y gravaba a las carretas que entraban a Buenos Aires con fines de abasto.

El Cabildo de Buenos Aires tuvo un control exclusivo de los fondos del Ramo de Guerra desde el inicio de su recaudación en febrero de 1752 hasta junio de 1761, cuando pasó a manos de la Real Hacienda. Antes de eso, en 1757, debió aceptar la supervisión del gasto de las compañías por parte de un “inspector de milicias”, pero continuó al mando de la recaudación. Durante los algo más de nueve años que transcurrieron entre febrero de 1752 y mayo de 1761, el Ramo de Guerra recaudó 236.381 pesos con 6 reales, lo cual da un promedio de unos 26.000 pesos anuales. Las erogaciones del Ramo de Guerra, por su parte, se ubicaron muy cerca de la recaudación, alcanzando en el mismo período los 231.535 pesos con 6 reales, lo cual resulta un ejercicio neto de 4.846 pesos (gráfico 1). Para el Cabildo de Buenos Aires, que hasta el momento carecía prácticamente de recursos propios,^[49] el Ramo de Guerra aportó una masa de recursos monetarios por demás jugosa, de la que disponía casi sin mediaciones.

Para la administración colonial, el Ramo de Guerra representaba un buen porcentaje del total de recursos fiscales disponibles. Durante este período, lo recaudado por el Ramo de Guerra equivalía al 27 por ciento de lo recibido por la gobernación en concepto de Situado, así como al 42 por ciento del superávit de la Caja de Buenos Aires en esa década.^[50] Es decir que, si la gobernación hubiera tenido que invertir en la frontera, habría debido asignar recursos fiscales de su propio presupuesto militar, lo que habría reducido el superávit fiscal de la década a casi la mitad. A diferencia de las partidas de la Real Hacienda, los recursos del Ramo de Guerra eran gastados íntegramente en Buenos Aires, lo cual generaba esperables efectos multiplicadores para la Ciudad y su jurisdicción.

En cuanto a la evolución general de la recaudación y el gasto del Ramo de Guerra, los números de conjunto esconden variaciones anuales significativas para explicar los cambios que sobrevinieron en su gestión. La recaudación aumentó incesantemente entre 1752 y 1757, y alcanzó su pico para el período en este último año, con unos 38.000 pesos. Luego empezaron a manifestarse las dificultades: la recaudación cayó en 1758 a la mitad de su valor del año anterior, repuntó en 1759 y luego volvió a valores deprimidos en 1760 y 1761. Por su parte, las erogaciones consignadas durante este período acompañaron los ingresos registrados, aunque con una menor variabilidad.^[51] La tendencia del gasto se mostró ascendente hasta 1757, debió declinar obligada pero menos violentamente que la recaudación en 1758, recuperó algo al año siguiente y cayó junto con la recaudación en 1760 y 1761.

Gráfico 1. Evolución del Ramo de Guerra bajo la administración del Cabildo de Buenos Aires, 1752-1761 (en miles de pesos)

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4.

La tendencia declinante de la recaudación explica los déficits anuales de 1758 y 1760. En 1758, cuando el déficit anual arrojaba unos 8.224 pesos, Cevallos redujo el número de efectivos de las compañías temiendo que aquellas comenzaran a gastar los caudales de la Real Hacienda.^[52] Esta reducción apenas logró morigerar el gasto en aquel año, el que recuperó rápidamente su nivel al siguiente. Si bien 1759 pareció dar un respiro a la tendencia menguante de la recaudación, la nueva década emergió con el mismo sesgo negativo de aquel fatídico año. Hay razones políticas y de mercado que explican las repentinas fluctuaciones en la recaudación que se verán más adelante. Baste por ahora señalar que fue en 1760 cuando el tesorero del Cabildo presentó su defección al Ramo de Guerra, alegando que este se encontraba “exhausto”. El gobernador aprovechó la ocasión para decidir que su administración pasara a la Real Hacienda.

A continuación, se analiza el funcionamiento del Ramo de Guerra bajo la administración del Cabildo de Buenos Aires. La información proviene de los libros, llevados por el tesorero del Ramo de Guerra, de “cargo” (recaudación) y “data” (gasto).^[53] El libro de cargo cuenta con 1.300 entradas, y el de data, con 348 entradas entre el inicio de su recaudación en febrero de 1752 y su centralización por la Real Hacienda en junio de 1761. En cada operación se consigna la fecha, el objeto de la imposición o de la erogación, el monto por percibir o por pagar y la firma del responsable. En primer lugar, se analiza la estructura de la recaudación del Ramo de Guerra con el objetivo de identificar sobre quién recaía la carga fiscal impuesta por el Ramo de Guerra y qué tipo de relaciones económicas entre Buenos Aires y otras regiones sustentaba la recaudación. En segundo lugar, se examina la estructura del gasto con miras a evaluar el impacto del Ramo de Guerra en la jurisdicción de Buenos Aires, identificando los distintos rubros de gasto y los actores sociales que se beneficiaban de él. Ambas variables muestran que, a través del Ramo de Guerra, el Cabildo de Buenos Aires estableció nuevas formas de relacionamiento hacia las demás jurisdicciones que componían el virreinato del Perú, así como hacia los intereses y sectores sociales emergidos en la frontera y jurisdicción rural. Favoreciendo así a su propia preeminencia, el Ramo de Guerra caería luego como moneda de cambio en la sorda lucha política establecida en aquellos años entre el Cabildo de Buenos Aires y el gobernador Pedro de Cevallos.

Estructura de la recaudación

El Ramo de Guerra se componía de cuatro rubros de recaudación. Se trataba de impuestos a la circulación de mercancías, sin que se gravara en forma directa a la producción y el consumo. Estos eran el derecho sobre venta de cueros, la Sisa sobre la introducción de vinos y aguardientes “de la tierra”, una alcabala sobre el comercio interior y el Real de Carretas que gravaba al abasto. Como veremos, debido a las actividades gravadas, las prácticas recaudatorias y las condiciones de mercado, la mayor parte de la recaudación era aportada por agentes externos a la jurisdicción de Buenos Aires. De esta manera, el Ramo de Guerra se convirtió en un mecanismo fiscal por el que Buenos Aires logró drenar hacia sí misma una masa de recursos financieros provenientes de las distintas regiones que componían el virreinato peruano.

Durante 1752-1761, el principal rubro de recaudación del Ramo de Guerra resultó la Sisa sobre los vinos y aguardientes cuyanos, aportando casi la mitad (47 por ciento) de lo recaudado (gráfico 2). Recordemos que, en un golpe de audacia, el Cabildo de Buenos Aires había establecido el derecho de Sisa en 12 reales por botija de vino u odre de aguardiente ingresado por tierra a su jurisdicción. Además, nombró un recaudador asalariado para la Sisa e instaló una guardia en Luján que pasaba el aviso de las tropas de carretas y recuas de mulas que ingresaban a la jurisdicción. Posteriormente, frente a las denuncias que se cernieron sobre la Sisa, el Cabildo se comprometió a subastar públicamente su recaudación, pero dicho remate nunca se verificó, lo que demuestra la importancia que tenía en su óptica la recaudación de este impuesto.

Es decir, el comercio de vinos y aguardientes cuyanos pagaba la parte mayoritaria del costo de las compañías de blandengues establecidas en la frontera de Buenos Aires. El transporte de las cargas de vino y aguardiente desde Cuyo era una actividad potencialmente beneficiaria de la creación de milicias pagas en la frontera, ya que las protegerían del ataque de salteadores indígenas. Sin embargo, estas actuaban exclusivamente en la jurisdicción de Buenos Aires, dejando sin protección largos trechos de la “carrera cuyana”. Además, una de las compañías, la de El Zanjón, quedaba por fuera de los circuitos mercantiles principales. Por otro lado, los introductores cuyanos no pudieron trasladar este impuesto directamente a sus precios de venta, ya que el mercado porteño se veía periódicamente inundado por vinos y aguardientes provenientes de la península que regulaban su precio.^[54] Debido a los costos de transacción, el flete y la carga impuesta por el Ramo de Guerra, cuando los precios de venta caían en Buenos Aires, la producción cuyana tenía muchas dificultades para sostener su competitividad.^[55] La carga impositiva recaía mayormente, entonces, sobre la renta cuyana. Esta onerosa carga explica la airada reacción de los cabildos de San Juan y Mendoza y de la Audiencia de Chile que se irguió en su representación y los conflictos que se desarrollarán más adelante.

Gráfico 2. Composición de la recaudación del Ramo de Guerra (1752-1761)

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4, libro de cargo.

El segundo renglón de recaudación eran los cueros exportados, a los que se impuso una tasa de dos reales por unidad (su precio de venta oscilaba entre 8 y 14 reales). Desde 1752 hasta mayo de 1761, se vendieron en Buenos Aires 370.518 cueros para ser exportados, lo que aportó 92.629 pesos con 4 reales o el 39 por ciento de la recaudación. El derecho sobre los cueros se percibía sobre los que salían desde Buenos Aires al mercado de ultramar, sea en forma directa o a través de los puertos de Colonia y Montevideo, es decir, contemplaba tanto al comercio legal como al contrabando. Los dueños de los navíos de Registro o de las lanchas a Colonia debían exigir el impuesto de dos reales al comerciante, quien a su vez era el encargado de “retener” el real en teoría aportado por los productores de quienes obtuvo los cueros.

La producción de cueros puede considerarse una beneficiaria directa de las políticas de frontera, ya que fueron los propios hacendados quienes solicitaron la creación de milicias a sueldo. Además, dos de las tres compañías se establecieron en zonas fuertemente ganaderas de Buenos Aires (Arrecifes y Matanza/Magdalena). Por ello, los hacendados de Buenos Aires ofrecieron en el cabildo abierto pagar –como productores– la mitad del derecho sobre los cueros, mientras que la otra mitad debía ser abonada por el comerciante exportador. Sin embargo, la práctica recaudatoria hacía que fueran los comerciantes quienes hacían efectivo el pago, lo que facilitaba la evasión de los productores. Más aún, gran parte de los cueros exportados provenían de otras jurisdicciones, particularmente del Litoral y Córdoba, por lo que parte de la contribución la pagaban los productores pecuarios de esas jurisdicciones.^[56] De esta manera, los hacendados de Buenos Aires, principales beneficiarios de las nuevas políticas de frontera, eran responsables de menos de la mitad de lo recaudado por el derecho sobre los cueros, el que, a su vez, representaba menos de la mitad del Ramo de Guerra.^[57]

¿Quiénes eran los comerciantes que abonaban el derecho sobre los cueros? El Ramo de Guerra registra 194 operaciones por venta de cueros durante esos diez años, con un promedio de 1.910 cueros y 477 pesos abonados al Ramo de Guerra por operación. Se trata, sin duda, de grandes comerciantes, capacitados para realizar una inversión –riesgosa– de más de 3.000 pesos para una operación promedio.^[58] Podría pensarse que se trataba de comerciantes especializados en este comercio y, por tanto, beneficiarios indirectos de las políticas de frontera. El propio tesorero del Ramo de Guerra, Domingo Basavilbaso, aportó 4.243 pesos por tres operaciones realizadas entre 1754 y 1760 en las que despachó 17.000 cueros. Su familiaridad con este comercio le debió haber valido el puesto de tesorero, del que, por otro lado, obtuvo casi el doble de lo que aportó, como se verá más adelante. Como él, hay un grupo pequeño de contribuyentes caracterizados por haber despachado más de 10.000 cueros en el período y haber participado en más de una operación, cuyo monto total aportado representa un tercio de lo recaudado en este rubro (cuadro 3).

Cuadro 3. Grandes contribuyentes al Ramo de Guerra por el derecho de exportación de cueros (1752-1761)

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4, libro de cargo.

Es lo más cercano que encontramos a una “especialización” en la actividad. La mayor parte –casi dos tercios– de la recaudación recae en comerciantes que aparecen una sola vez en el registro del Ramo de Guerra. Se trataba en general de operaciones singulares seguramente con un alto rédito, pero también con un alto riesgo, algo que podríamos definir como “golpes de mercado”, o bien del aprovechamiento ocasional de las bodegas de los navíos de Registro. Es decir, la parte contributiva de los cueros en el Ramo de Guerra recaía mayormente sobre grandes comerciantes, con capacidad de llevar a cabo una inversión alta pero riesgosa, pero que no habían desarrollado una especialización en este comercio y mucho menos se confundían aún con los menesteres de la producción.^[59]

La alcabala sobre las mercaderías y los metales internados a las provincias, si bien es el tercer rubro de recaudación, ocupa el primer lugar en cantidad de operaciones registradas, recaudándose en este concepto 20.922 pesos para 1.021 operaciones registradas. Parte de la alcabala, propuesta por los hacendados y resistida por los capitulares, gravaba en cuatro reales cada petaca, cajón o tercio de mercaderías, tanto “de Castilla” como “de la tierra”, que salieran de Buenos Aires hacia otros mercados regionales. La otra parte, agregada de cuño propio por los cabildantes, era el pago de dos reales por cada quintal de hierro o acero importados introducido con el mismo destino.

Cuadro 4. Mercaderías enviadas de Buenos Aires a otras regiones según Ramo de Guerra (1752-1761)^[60]

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4, libro de cargo.

Si agrupamos las operaciones por mercado de destino, prácticamente la totalidad de los mercados regionales fueron impactados por la imposición del Ramo de Guerra (cuadro 4). El pago por “mercaderías” encubre una enorme diversidad de bienes redistribuidos por Buenos Aires, como telas, ponchos, cera, papel, algodón, pellones, ropa “de la tierra”, cordobanes e –incluso– libros. Dada la centralidad del comercio de Buenos Aires, es factible que los traficantes porteños que abonaban el Ramo de Guerra no tuvieran problema en trasladar el costo a sus precios de venta, constituyendo de esta manera un impuesto indirecto al consumo y la producción de las distintas regiones. En el caso de los metales, Buenos Aires tenía una posición casi monopólica para su comercialización, por lo que todos los mercados regionales, necesitados de este insumo básico para la producción y para la construcción (se trataba de hierro en barra y labrado, clavos, herrajes, frenos y espuelas, etc., los que, dentro de la jurisdicción de Buenos Aires, estaban exentos), eran impactados por el Ramo de Guerra. De esta manera, Buenos Aires extraía de la región no solo un excedente mercantil, sino también una importante renta fiscal.

Por último, el llamado Real de Carretas era el único impuesto preexistente y representó, con 10.652 pesos, el 5 por ciento del total recaudado por el Ramo de Guerra entre 1752 y 1761. El Real de Carretas era el único de los componentes del Ramo de Guerra que estaba autorizado por el rey y el único cuya recaudación se subastaba públicamente. El arrendatario, después de pagar un canon fijo, tenía derecho a percibir un real por carreta que entrara a Buenos Aires desde su entorno rural y cuatro reales por las que ingresaran procedentes de otras jurisdicciones. En la medida en que el canon pagado por el arrendatario guardaba relación con el número de carretas ingresado a la Ciudad, el Real de Carretas representaba la participación del abasto porteño en el Ramo de Guerra. Si bien las carretas y los productores rurales de Buenos Aires pueden considerarse beneficiarios de las políticas de frontera, el Real de Carretas discriminaba el ingreso de géneros de abasto de otras jurisdicciones, demostrando la intención mercantilista de proteger la producción de la propia jurisdicción.

En suma, teniendo en cuenta el destino de las mercancías gravadas por el Ramo de Guerra, puede trazarse un mapa económico que muestre cuáles eran los mercados y las rutas mercantiles que sostenían su recaudación (gráfico 2). El primer mercado en importancia gravado por el Ramo de Guerra era la propia Ciudad de Buenos Aires, que recibía los vinos y aguardientes cuyanos más los productos enviados para el abasto, representando el 52 por ciento de la recaudación. Siguiendo al mercado porteño, se encuentran los envíos de cueros a España y otros mercados de ultramar, tanto por vía legal como por contrabando (39 por ciento). Por otro lado, la diversidad y las distancias de los mercados alcanzados por la alcabala al comercio interior (9 por ciento de la recaudación) dan cuenta del rol del comercio porteño como distribuidor de mercancías en todo el espacio peruano. Las características de la recaudación del Ramo de Guerra muestran una vez más la constitución en Buenos Aires a mediados del siglo xviii como un sólido mercado y plaza redistribuidora, así como la importancia de su comercio de ultramar en el período previo a su conversión en sede del último virreinato de los Borbones.^[61] Esta posición no la podían reproducir las plazas mercantiles de Córdoba ni de Santa Fe, las otras jurisdicciones que habían impuesto gravámenes a la circulación para financiar sus fronteras.

Por último, la evolución de la recaudación por año y por rubro permite identificar la dinámica económica de fondo de la que dependía. Ninguno de los rubros del Ramo de Guerra demostró estabilidad en las cifras recaudatorias. Hasta 1757 inclusive, años de funcionamiento “normal” del Ramo de Guerra,^[62] los dos rubros más fuertes (la Sisa y el derecho sobre los cueros) tuvieron comportamientos opuestos: en los años en que los cueros tenían picos de recaudación, los vinos y aguardientes declinaban, y viceversa. Esto de alguna manera permitió que el global de la recaudación del Ramo de Guerra fuera más bien estable a pesar de las fuertes fluctuaciones que afectaban a ambos rubros. Por su parte, la salida de mercaderías hacia las provincias tuvo algunos picos (1753, 1756, 1759) que coinciden con los de la recaudación por exportaciones de cueros.

Gráfico 3. Evolución del Ramo de Guerra por año y por rubro de recaudación (en pesos)

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4, libro de cargo.

Estas evoluciones disímiles sugieren una lógica del comportamiento del Ramo de Guerra durante el período. Las fuertes fluctuaciones en la recaudación por la salida de cueros están sin duda directamente vinculadas a la disponibilidad o no de navíos de Registro en que despacharlos.^[63] La presencia de navíos de Registro implicaba también la llegada de importaciones de Castilla (metales y efectos) redistribuidas por Buenos Aires, explicando la coincidencia en los años que muestran picos recaudatorios tanto en la salida de cueros, como en la alcabala al comercio interior (1753, 1756, 1759). Ahora bien, el comportamiento inverso de la Sisa respecto a los cueros se explica por el mismo factor. La llegada de embarcaciones de registro al Río de la Plata significaba también la inundación del mercado porteño de vinos y aguardientes peninsulares, y, dada la falta de competitividad de los productos cuyanos, se reducía su entrada al mercado porteño. Inversamente, los años malos para el comercio exterior eran prósperos para el comercio de los vinos y aguardientes cuyanos en el mercado porteño. Esto daba un mecanismo compensatorio “de mercado” que estabilizaba las sumas recaudadas por el Ramo de Guerra. La diversificación, al igual que en el resto de la economía, reducía riesgos y aumentaba la estabilidad. Pero contenía un peligro: lo que no podían tolerar los ingresos fiscales del Ramo de Guerra es que sus dos principales componentes cayeran al mismo tiempo. Esto fue lo que ocurrió en los años finales de la década de 1750 y durante la guerra de los Siete Años, cuando la crisis en la recaudación del Ramo de Guerra llevó a la centralización practicada por Cevallos.

Estructura del gasto

El Ramo de Guerra permitió al Cabildo de Buenos Aires darse una política de frontera autónoma que no dependió de las remesas potosinas ni de la asignación de plazas del Ejército regular. Las materias que debían financiarse con el Ramo de Guerra eran, en primer lugar, los sueldos de las compañías de blandengues, pero también el sostenimiento de determinados piquetes milicianos, la dotación de armas, la construcción de fuertes, los gastos operativos e incluso los regalos brindados a las parcialidades indígenas “amigas”, además de los gastos de administración del propio ramo. Como vimos, si bien el gasto del Ramo de Guerra estaba condicionado por las cifras de recaudación, las variaciones anuales del gasto fueron mucho menos marcadas, generando algunos déficits que alarmaron a las autoridades responsables. Esta inelasticidad relativa se debía, por un lado, a que la estructura del gasto era mucho más concentrada que la de la recaudación, pero sobre todo a que el Ramo de Guerra creó actores e intereses con gran capacidad de negociación.

Los gastos efectuados por el Ramo de Guerra pueden dividirse en cinco rubros. El gasto mayoritario era el pago de los sueldos de los blandengues, que absorbían el 84,6 por ciento de los recursos. Eso significaba que una masa de metálico de más de 15.000 pesos, y en ocasiones superior a los 25.000 pesos, se volcaba anualmente en la frontera. Concretamente, en el período 1752-1761, se pagaron solo en concepto de sueldos alrededor de 58.000 pesos en el Zanjón, 65.000 pesos en Salto y 70.000 pesos en la guardia de Luján.^[64] Desde ya podemos imaginar los efectos multiplicadores que estos desembolsos podían tener para la economía y la sociedad locales, sobre todo allí donde no existían poblaciones estables previas a la formación de las compañías de blandengues.^[65]

Gráfico 4. Composición del gasto del Ramo de Guerra (1752-1761)

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4, libro de data.

El pago de los sueldos se verificaba a través del traspaso de los fondos del alcalde o regidor del Cabildo a los capitanes de las compañías, quienes a su vez debían distribuirlos entre sus suboficiales y tropa. Esta operación se verificaba cada dos o tres meses, y hasta 1761 no se produjeron atrasos en los sueldos. Una compañía completa se formaba con un capitán, un teniente, cuatro cabos, 54 soldados y, en ocasiones, un capellán. Según una escala salarial de marzo de 1767, los sueldos devengados eran de 50 pesos al mes en el caso del capitán, 25 pesos en el del teniente, 20 pesos en el del capellán, si lo había, 14 pesos a cada sargento, mientras que 11 pesos cobraban los cabos y 10 pesos los soldados. El costo de la compañía ideal era, entonces, de 678 pesos mensuales. De ese total, el 80 por ciento correspondía a los sueldos de los soldados de tropa.

El desembolso de los sueldos tenía un importante significado para los integrantes de las compañías, sus familias y la sociedad rural que los circundaba. Para los oficiales, que no eran militares de carrera, sino productores y comerciantes locales, se trataba de una cantidad de metálico que podían reinvertir en otras actividades económicas.^[66] Además, tanto los pulperos locales como los tenderos de la capital se beneficiaban de la existencia de milicias a sueldo pagadas por el Ramo de Guerra. Es significativo que, a poco de montarse un nuevo fuerte o piquete miliciano, un pulpero se instalaba en sus cercanías: lo que los atraía, como la luz a las polillas, era la llegada del metálico.

Para la tropa, el sueldo como blandengues, su regularidad y, sobre todo, su percepción en efectivo eran vitales para la economía familiar de los soldados. El monto de 10 pesos mensuales era mayor que el salario percibido por un peón rural (calculado en ocho pesos). Además, mientras que una de las características del trabajo en la campaña era la estacionalidad y la inestabilidad,^[67] la ocupación como blandengue era permanente, lo cual hacía que el monto anual percibido por los soldados fuera aún mayor respecto a otros empleos. Otro aspecto importante es que, a diferencia de otras experiencias milicianas, los sueldos de los blandengues eran puntualmente pagados en efectivo, lo que les permitía a los soldados no solo tomar mercadería a crédito en la pulpería local, sino incluso reinvertir sus haberes en pequeños emprendimientos comerciales. Por otro lado, su desempeño como soldados no obstruía el desarrollo de otras actividades económicas, mayoritariamente agropecuarias e independientes.^[68] Es decir, para los soldados, el salario percibido era un complemento monetario que fortalecía su consumo mercantil y la autonomía de la economía doméstica campesina.

Al pago de los salarios blandengues, le seguía, en orden de importancia, el gasto en otros tipos de milicias. El gobernador echaba mano de los fondos del Ramo de Guerra para financiar gastos de las milicias que a priori hubieran correspondido a la Real Hacienda. Por decreto del gobernador Andonaegui, el Ramo de Guerra pagaba el sueldo del maestre de campo de las milicias rurales, regulado en 600 pesos anuales y una ayuda de 200 pesos mensuales a las compañías de milicias de forasteros citadinas. Pero, además, en 1755 el Cabildo creó una nueva compañía de milicias de servicio permanente para La Matanza compuesta por 50 vecinos al mando del sargento mayor José Antonio López.^[69] Los milicianos de La Matanza no percibían un sueldo, sino una ración compuesta de carne, yerba y tabaco. A ella se destinaban mensualmente 32 reses, tres arrobas de tabaco y cuatro arrobas y media de yerba, con un costo de 104 pesos. Es decir, cada miliciano de La Matanza costaba al Ramo de Guerra algo más de dos pesos mensuales.

¿Qué significado tenían las raciones para los vecinos enrolados en las milicias? Según las cuentas del Ramo de Guerra, cada miliciano de La Matanza recibía mensualmente 86 kg de carne, 1 kg de yerba y 700 gramos de tabaco.^[70] En el caso de la carne, es evidente que la ración excedía la capacidad de consumo individual, pudiendo servir para la manutención de toda la familia, para revenderla o para compartir con amigos, paisanos y parientes, reafirmando las redes de solidaridad y parentesco. La yerba y el tabaco eran consumos populares netamente mercantiles. Si los milicianos hubieran tenido que acudir al mercado para todo ello (carne, yerba y tabaco), habrían tenido un gasto de al menos dos pesos mensuales, lo que representa una cuarta parte del salario típico de un peón rural. Es decir, para los vecinos de La Matanza, participar de las milicias redituaba una generosa cantidad de carne para el asado y los suministros para los consabidos “vicios”: mates y cigarros. De esta manera, reducían la salida de efectivo y fortalecían la autonomía de la economía familiar campesina.^[71]

Además, el abasto de las compañías milicianas generaba efectos de arrastre para el comercio y la producción rural. Para los requerimientos de yerba, carne y tabaco, las autoridades se sirvieron de distintos proveedores particulares. Tenemos datos de 106 operaciones distribuidas entre 32 proveedores por un total de 5.359 pesos.^[72] La mayoría de ellos aparece solo una vez en el registro, denotando una apreciable cantidad de pulperos y productores a los que se podía acudir para satisfacer esta demanda. Con todo, los primeros tres proveedores en orden de importancia concentraron más de la mitad de las operaciones y alrededor de un 40 por ciento del gasto en este rubro. Esto significa que el Ramo de Guerra se surtió tanto de pequeños como de importantes contratistas, capaces de abastecer las grandes cantidades de reses, yerba y tabaco que mensualmente consumían las milicias.

En tercer lugar, un no despreciable cuatro y medio por ciento (algo más de 10.000 pesos) del gasto total del Ramo de Guerra se extinguió en su propia administración. El principal favorecido fue Domingo de Basavilbaso, a quien, como tesorero del Ramo de Guerra, se le asignó una remuneración de 800 pesos anuales, y que embolsó hasta 1761, año en que renunció a la conducción de las cuentas del Ramo de Guerra, unos 7.300 pesos por su función. Con esta remuneración, compensaba con creces lo que él mismo aportó en esos años en concepto de derecho de exportación de cueros (4.243 pesos). En tanto, a los contadores del Ramo de Guerra, que eran los propios regidores del Cabildo, se les asignó una retribución de 300 pesos anuales.^[73] Además, en dos ocasiones aparecen consignados pagos a dos escribanos, uno de la Real Hacienda y el otro, del Cabildo. Es decir, distintos actores citadinos, en general miembros o vinculados al Cabildo, se hicieron con el gasto de administración.

Las construcciones, el equipamiento y los gastos operativos de la frontera absorbieron solo el cuatro por ciento (unos 9.000 pesos) del gasto del Ramo de Guerra en el período. Este porcentaje resulta exiguo teniendo en cuenta que, en este primer período, todo estaba por hacerse, desde la construcción de los fuertes hasta su dotación en hombres y armas. De este total, solo una cuarta parte fue utilizada para erigir las fortificaciones y los edificios anexos que debían alojar a las compañías de blandengues de la frontera. En estos años se instituyeron cuatro fuertes: los previstos para Salto (1753), guardia de Luján (1754) y El Zanjón (1759) y, por un decreto de Cevallos de 1757, un fuerte adicional en Pergamino. Los materiales utilizados para su construcción consistían en maderas y postes de ñandubay para los cercos. Los fuertes en general se acompañaban de cuarteles para los soldados y, en ocasiones, de alguna construcción anexa, tal como galpones o corrales para los caballos. Además, se compraron cepos para prisión de los soldados y un costoso ornamento para decir misa en la capilla del Salto del Arrecife. La hechura de los fuertes destaca por su baratura: quitando esos gastos extraordinarios para la disciplina y la guía de las almas de los soldados, no se gastó más de 500 pesos en promedio por fuerte. El gasto en armamento resulta aún más exiguo; de hecho, no parece que el Ramo de Guerra hubiera invertido en armamento para sus milicias.^[74] Otros gastos operativos eran los fletes, el correo y el servicio de confesión y misas para las compañías de blandengues. Tanto la construcción de los fuertes como la reparación de armas, así como el gasto en fletes, correos y misas, generaron una red de proveedores del Ramo de Guerra: transportistas, artesanos y sacerdotes.

La realización de expediciones allende la frontera generaba un importante movimiento de dinero. Durante este período se realizaron dos expediciones generales en 1753 y 1754 y dos entradas punitivas de menor envergadura en 1755 y 1759, y se costeó la realización de la expedición a Salinas de este último año. Las expediciones generales tuvieron un costo de alrededor de 2.000 pesos cada una. Debían abastecerse de víveres (reses y bizcocho, principalmente) y armas (cañones, pólvora, balas, lanzas), gratificar a los indígenas y la gente miliciana y contar con un cirujano y un capellán. Las entradas punitivas eran de más corta duración y generaban el consabido gasto en la manutención de los expedicionarios. Por último, la expedición a las Salinas de 1759 tuvo un costo de 800 pesos, pero con la particularidad de que en teoría debían ser devueltos por el Cabildo.

El gasto en “indios amigos”^[75] contempla las erogaciones en forma de “efectos” (cuchillos y lienzos, principalmente) y víveres (yerba, tabaco y reses) entregados a los indígenas del cacique Nicolás Cangapol del linaje de los Bravo. El reducido porcentaje de este tipo de erogaciones en el monto total (0,4 por ciento) no debe oscurecer que aquellas entregas permitieron sostener una determinada política interétnica. En efecto, la amenaza de grupos indígenas provenientes del occidente pampeano no solo motivó la iniciativa de los hacendados para crear compañías de milicias a sueldo, sino que creó la necesidad de reforzar la alianza con los caciques Bravo. El Ramo de Guerra permitió aceitar las negociaciones, recuperar cautivos y gratificar a los indígenas por su participación en la expedición de 1754, acentuando las diferencias entre los grupos indígenas que participaban de tales acuerdos y los que estaban excluidos.^[76]

De manera general, gracias al Ramo de Guerra, el Cabildo de Buenos Aires pudo darse una política autónoma de las directivas imperiales y forjar un vínculo material con su jurisdicción rural. Los principales beneficiarios del gasto del Ramo de Guerra fueron distintos sectores de la sociedad rural, incluyendo la élite de hacendados, los productores, pulperos y comerciantes proveedores y los sectores populares rurales que, como soldados blandengues o milicianos, fortalecieron su capacidad de consumo mercantil y, con ello, la autonomía del hogar campesino. Asimismo, el Ramo de Guerra sufragó algunos gastos del Cabildo de Buenos Aires y los miembros individuales de este sacaron un rédito personal de su administración, e incluso los gobernadores acudían a él para gastos de último momento y verían con buenos ojos que las compañías de la frontera no costaran un duro a la Real Hacienda. Es decir, una multiplicidad de actores se beneficiaba de la existencia del Ramo de Guerra. Cuando este entró en un conflicto jurisdiccional y en una crisis financiera, no podía simplemente desaparecer. El gobernador Cevallos creyó encontrar la solución alejando al Cabildo de su administración y poniéndolo bajo la órbita de la Real Hacienda, decisión que tuvo un cierto costo político y cuyos resultados no fueron en lo inmediato exitosos.

La frontera y el Ramo de Guerra bajo la gobernación (1761-1776)

Cuando Pedro Cevallos llegó a la gobernación, a fines de 1756, se encontró con el hecho consumado de las compañías de blandengues y decidió que el Ramo de Guerra continuara, aunque con un mayor control de su gasto, designando al militar peninsular Francisco Maguna en esa función. Sin embargo, a principios de 1757, Cevallos partió en una nueva expedición para aplastar a la rebelión guaranítica que lo tuvo alejado de la capital hasta mediados de 1761. Durante esos cuatro años, el gobierno político y militar recayó en manos del teniente de rey Alonso de la Vega, quien mantenía gentiles relaciones con el Cabildo de Buenos Aires. En el ínterin en que Cevallos estuvo alejado de la capital, murió el rey Fernando vi, quien fue sucedido por Carlos iii. La noticia tocó tierras americanas en julio de 1760. Ese año, el gobernador había participado a la distancia en las elecciones para los cargos del Cabildo de Buenos Aires, animando a una facción que fue finalmente derrotada por la facción rival encabezada por Gerónimo Matorras.^[77]

A fines de 1760, Buenos Aires celebró sus propias exequias del difunto rey y la aclamación de Carlos iii, y se celebró a sí misma. Los festejos fueron organizados por el Cabildo y financiados –como no podía ser de otra manera– por el Ramo de Guerra.^[78] El 16 de noviembre, tuvo lugar el acto principal en la Plaza Mayor encabezado por el alcalde del Cabildo Gerónimo Matorras, reputado como el vecino más acaudalado de la Ciudad. Fue él quien, portando el Real Estandarte y arengando desde el centro de la Plaza Mayor por “España y las Indias” y por Carlos iii, se identificó con todos los símbolos del poder real, bajo la atenta mirada de los reyes de cartón que asomaban desde el Cabildo. Después de la ceremonia de proclamación, hubo desfiles a cargo de los gremios de artesanos con carrozas alegóricas, músicos y bailes de enmascarados que recorrieron las calles de la Ciudad hasta la medianoche. Los festejos se extendieron durante dos semanas en las que el pueblo pudo disfrutar de espectáculos musicales, desfiles y funciones de teatro montadas en la Plaza Mayor y corridas de toros especialmente pensadas para los vecinos rurales.^[79]

En el universo de la representación, los festejos por la proclamación de Carlos iii funcionan como perfecta sinécdoque de la constitución de la monarquía, a ojos de los porteños. La Ciudad se erigió en el centro de la proclamación de Carlos iii como rey, eligiendo para ello el día de su santo patrono San Martin de Tours y con el gobernador convenientemente alejado desde hacía más de tres años de la capital donde debía gobernar. El Cabildo envió a Madrid detallados informes sobre las “exequias” de Fernando vi y la “aclamación” de Carlos iii realizadas en Buenos Aires. La grandilocuencia de los festejos se ofrecía como una “segura prueba” del “respeto, amor, y la lealtad” que abrigaba la Ciudad por su novel rey, a quien consideraba el “Tutor y Padre” de la monarquía.^[80] Su centralidad en el plano simbólico se correspondía con los éxitos políticos y materiales de la Ciudad y de su Cabildo. En el curso de pocos años, este se había hecho con una fuente de recursos financieros propia, había asumido la representación de un territorio más amplio que el recinto urbano y le había disputado y ganado a Cevallos las últimas elecciones para el Cabildo. La “esplendidez y grandeza”^[81] de los festejos por la aclamación de Carlos iii eran una afirmación de la esplendidez y grandeza de la Ciudad. A propósito de ellos, el anciano teniente de rey Alonso de la Vega escribió a la Corte: “Jamás se han visto aquí festejos más completos”.^[82] Buenos Aires no necesitaba desafiar a la monarquía para hacer su afirmación de poder, sino hacer del autogobierno el buen gobierno, tener sus propias exequias y aclamaciones de reyes, llevar el centro a la periferia, el poder real a una plaza en los confines del mundo cristiano.

Sin embargo, en pocos meses la situación política mudaría. Con el anuncio de la entrada de España en la guerra de los Siete Años, el gobernador regresó a la capital para preparar la expedición de toma de Colonia del Sacramento. En febrero de 1761, falleció el teniente de rey Alonso de la Vega, cargo que ocuparía Diego de Salas, un militar del séquito del gobernador Cevallos.^[83] En mayo, el gobernador puso las compañías de blandengues bajo su mando y transfirió el Ramo de Guerra a manos de sus oficiales reales de confianza. Por último, el alcalde Gerónimo Matorras sería puesto en prisión en el fuerte de Buenos Aires, acusado de vender “harina con gusanos”.^[84] Los motivos de su detención eran, sin embargo, políticos: según el informe reservado de Salas al gobernador, en las tertulias animadas por Matorras se hablaba mal del gobierno, circulaban noticias y un libelo opositor:

Carlos es gran socarrón/

Muy amigo de la Caza/

Ni oye misa ni Sermón/

En Nápoles fue Melón/

Y en España Calabaza.^[85]

El Ramo de Guerra acosado: rebelión fiscal y corrupción

Antes de su regreso a la capital, el gobernador Cevallos recibió informes acerca de la acusada rebelión fiscal de los vecinos cuyanos, las denuncias que se cernían sobre el Ramo de Guerra y el inminente colapso de las compañías de blandengues. Como vimos, la imposición del Ramo de Guerra sobre los vinos y aguardientes que introducían a Buenos Aires significaba para ellos una reducción neta de sus ganancias o directamente la imposibilidad de competir con los productos peninsulares. Es por ello por lo que los vecinos de San Juan y Mendoza llevaron a cabo una rebelión fiscal con relación al Ramo de Guerra porteño que asumió múltiples formas y trepó distintas escalas jurisdiccionales. En 1755, los cuyanos se negaron a seguir abonando el gravamen sobre los vinos y aguardientes basándose en la “Voz que se extendió de que [el Ramo de Guerra] Venía quitado”, refiriéndose a la noticia de su suspensión por Fernando vi. A fines de ese año, los cabildos de San Juan y Mendoza denunciaron en la Audiencia de Chile que el Ramo de Guerra recaudaba más de lo que registraban sus libros.^[86] Por otro lado, mendocinos y sanjuaninos le ofrecieron al gobernador de Buenos Aires pagar por las compañías de blandengues a condición de que el Ramo de Guerra recayera en su poder y amenazaron con suspender por un año la remesa de vinos y aguardientes si Buenos Aires no quitaba el impuesto.^[87] Como última instancia, los cabildos de San Juan y Mendoza solicitaron al rey la eliminación del Ramo de Guerra.^[88]

Mientras esperaban el laudo imperial, la rebelión de los cuyanos siguió su curso. En 1759 consiguieron que el virrey de Perú extendiera a San Juan y Mendoza la exención que gozaban los eclesiásticos del pago de toda alcabala. De esta manera, los cuyanos encontraron un subterfugio para eludir el gravamen sobre los vinos y aguardientes que enviaban a Buenos Aires. A partir de entonces, la mayor parte de los vinos y aguardientes cuyanos que se introducían en Buenos Aires se hacía a nombre de eclesiásticos. En los primeros meses de 1760, debido a las exenciones eclesiásticas, se perdió la mitad de la recaudación.^[89] La práctica fue in crescendo, y, en los meses de agosto y septiembre, casi el 70 por ciento de las botijas de vino y odres de aguardiente que entraron a Buenos Aires (1.259 de 1.803 piezas) lo hicieron a nombre de eclesiásticos. El mecanismo de la evasión se alimentaba a sí mismo. Según observaba el teniente de rey, los particulares se veían obligados a comerciar por medio de los eclesiásticos “porque de otra suerte, o se [habían] de postergar en las ventas, o [habían] de perderse en los precios”.^[90] El ardid de los cuyanos fue creciendo a tal punto que entre 1759 y 1760 lo recaudado en concepto de Sisa se redujo en un 40 por ciento (gráfico 4).

La rebelión fiscal de los cuyanos impactó negativamente en el Ramo de Guerra. Hacia finales de la década, los saldos entre la recaudación y el gasto anual fueron nulos o arrojaron déficits (gráfico 1). A principios de 1760, el tesorero Domingo Basavilbaso se presentó ante el teniente de rey Alonso de la Vega y manifestó la “decadencia” del Ramo de Guerra. El teniente de rey, en carta al gobernador, realizó un preciso diagnóstico de la situación. En su opinión, la decadencia que experimentaba el Ramo de Guerra se debía a que, debido a la guerra, no había navíos de Registro en los que embarcar cueros y a que estaba cortada la internación de efectos, por lo que el único derecho que se recaudaba era el impuesto sobre los vinos y aguardientes cuyanos, “pero con el arbitrio o fraude que en [los] últimos tiempos [habían] discurrido [sic] de traerlo casi todo con certificaciones de pertenecer a eclesiásticos, y Religiones”.^[91] De esta manera, De la Vega solicitó al gobernador que tomara cartas en el asunto “a fin de precaver” que no llegara el caso de que no hubiera “con qué satisfacer las tres compañías” que cubrían estas fronteras, “levantadas a expensas del mencionado Ramo”.^[92]

En efecto, la crisis financiera del Ramo de Guerra había cortado la cadena de pagos, comenzando por los sueldos. En mayo de 1760, se verificó el último pago a la compañía La Invencible de Salto, a Los Atrevidos en julio y a La Valerosa de Luján en septiembre del mismo año.^[93] En pocos meses la situación se desmadraba, y se hacía sentir la inquietud de los soldados. Las voces de los soldados se alzaron a oídos de sus oficiales, de allí a los del intendente de las compañías y de este al teniente de rey y, a través de él, al gobernador. El inspector de milicias informó repetidas veces “lo mucho que se temía de que si no se les acudía prontamente con algún socorro, hubiese en ellas una considerable deserción, pues sus Capitanes le habían manifestado que no hallaban ya voces con que poder contener su Gente”.^[94] El teniente de rey, a su vez, transmitió al gobernador: “Los capitanes [de blandengues] me han manifestado les será imposible mediante los clamores de los soldados por la paga, para su preciso alimento, el poderlos contener”.^[95] La consecuencia previsible era la deserción y el abandono de las compañías.

Por otro lado, algunas sospechas de corrupción rodeaban a las compañías de blandengues y el Ramo de Guerra. Antes de regresar a la capital, el gobernador desplazó al inspector de milicias Francisco Maguna, sospechado de participar en el “fraude de las plazas supuestas”, que consistía en la elaboración de listas engordadas de soldados con el fin de percibir sus haberes.^[96] En los meses siguientes, a las denuncias que ya acumulaba, un nuevo escándalo rodeó al Ramo de Guerra, ya que el recaudador de la Sisa, un tal Juan Joseph de Leiva, había sustraído “algunos miles de pesos” del Ramo de Guerra y, temeroso de ser apresado, se refugió en la iglesia de San Nicolás.^[97]

Con estos antecedentes, en la coyuntura de su arribo a Buenos Aires y de los preparativos para la guerra que se avecinaba, el gobernador Pedro Cevallos decidió en 1761 poner a las compañías de blandengues bajo su mando y que el Ramo de Guerra pasara a ser administrado por oficiales de la Real Hacienda. Cevallos argumentó que, en manos de los oficiales reales, se ahorrarían los gastos que ocasionaban la administración y recaudación de “particulares”.^[98] En verdad, quienes serían los nuevos administradores, los oficiales reales Pedro Medrano, Juan de Bustinaga y Martín de Altolaguirre, formaban parte –de acuerdo a Zacarías Moutoukias– de “la tupida e inestable trama de lealtades personales en la que se apoyaba el gobernador Pedro de Cevallos”.^[99] Por otro lado, el gobernador dispuso reducir en 10 hombres cada compañía, seleccionando para ello “los más inútiles y entre ellos a los cavilosos o inquietos, […] perniciosos al Real Servicio”,^[100] seguramente en referencia a la forma tumultuosa en que habían hecho oír su reclamo. En los prolegómenos de la expedición a Colonia de Sacramento, el gobernador Cevallos buscó asegurarse el control de los fondos del Ramo de Guerra y la disciplina de las compañías de blandengues.

Contemporáneamente a estas decisiones de Cevallos, llegó a Buenos Aires la Real Cédula por la que Carlos iii dirimía la solicitud presentada por los vecinos de Mendoza y San Juan para quitar el Ramo de Guerra. El novel rey autorizó la existencia de los blandengues y del Ramo de Guerra, pero les impuso algunas restricciones. El Ramo de Guerra podría recaudarse solo por el término de seis años, y el impuesto sobre los vinos y aguardientes se reducía a un tercio de su valor actual (de 12 a 4 reales por botija de vino u odre de aguardiente). Además, el sobrante del Ramo de Guerra debía usarse para fundar “pueblos defensivos”, a razón de uno por año, lo que seguía siendo, en la perspectiva de las autoridades metropolitanas, la forma más eficiente de proteger la frontera.^[101]

De esta manera, mientras que Carlos iii se limitó a actuar como un árbitro en la disputa jurisdiccional y a recordar la intención de formar “pueblos defensivos”, el gobernador Pedro Cevallos, en una coyuntura en la que su desembarco en Buenos Aires, una capital que le había sido políticamente esquiva, empalmaba con los preparativos para la entrada de España en la guerra de los Siete Años, creyó más prudente poner bajo su tutela el Ramo de Guerra y recuperar la disciplina de los blandengues.

Los distintos proyectos para la frontera

El destino de las compañías de blandengues y del Ramo de Guerra fue objeto de debate entre el Cabildo de Buenos Aires, el sector de los hacendados, la gobernación y la Corte en Madrid, cada uno abrigando sus propias ideas y proyectos para la frontera. La polémica por el uso de los fondos del Ramo de Guerra en la década de 1760 y el debate sobre el avance de la frontera en la de 1770 permiten vislumbrar los distintos proyectos y su falta de acuerdo. En el primer caso, frente a la zozobra que padecían las compañías de blandengues, el Cabildo acusó al gobernador de haber malgastado los fondos, una acusación que tuvo eco en la historiografía posterior sobre el tema, pero que, como veremos, no es del todo acertada. El segundo debate emergió cuando el rey Carlos iii pidió un informe sobre el avance de los “pueblos defensivos” que debían haberse formado según la Real Cédula por la que autorizaba el establecimiento del Ramo de Guerra. Ambos casos muestran que la frontera se convirtió en un campo de disputa política entre la administración colonial y distintos actores sociales y corporativos locales.

Algunos historiadores han entendido que el abandono de las compañías de blandengues en la década de 1760 se debió al “despilfarro” o al “desvío” de fondos por parte de la gobernación hacia otros fines que no eran para los que había sido establecido el Ramo de Guerra.^[102] Sin embargo, el atraso en los sueldos se debió a un problema en la recaudación, y no a un supuesto desvío o despilfarro de los fondos. Además, si bien resulta plausible la sugerencia del historiador Pablo Birolo de que el gobernador utilizara el Ramo de Guerra para financiar la operación de Colonia, el caso fue el inverso; Cevallos, en un gesto que no se repetiría, liberó fondos del Situado de la expedición para satisfacer parte de la deuda con los blandengues. Recién en la década siguiente la gobernación se serviría del Ramo de Guerra para suplir fondos al Situado.

¿En qué se basa la opinión acerca de una supuesta dilapidación de los fondos del Ramo de Guerra? En realidad, esta fue la postura que adoptó el Cabildo de Buenos Aires luego de perder el control del Ramo de Guerra. En septiembre de 1766, el Cabildo se expidió de la siguiente manera al gobernador Pedro Cevallos: “…a fin de solicitar de su Excelencia que respecto a que la imposición de dicho Ramo fue para fomentar la Guerra contra el Indio infiel que invade estas fronteras, Se invierta en este ministerio y no en otro, su producido”.^[103] Pero al mes siguiente de manifestar querer fomentar la guerra contra el “indio infiel”, el Cabildo realizó una presentación al gobernador adoptando la postura del rey de la necesidad de formar “pueblos defensivos” y suspender el cobro del Ramo de Guerra: “…libertándose a los vecinos de estas contribuciones; y acaso cediendo en beneficio de tanto miserable, que puede pasar a poblarse, con el alivio pronto de tierras, y algún ganado”.^[104] Es decir, el Cabildo se mostraba indeciso de la política a seguir en la frontera, si hacer la “guerra al indio” o formar los “pueblos defensivos” que había ordenado la Corte. En verdad, lo que subtiende a la ambivalente postura del Cabildo es la pérdida del control del Ramo de Guerra, en una coyuntura en la que, debido al crecimiento del comercio exterior y la reducción de la Sisa decretada por el rey, los vecinos de Buenos Aires se habían convertido en sus principales contribuyentes.

En los años siguientes, el Ramo de Guerra se convirtió en arena de disputa y acusaciones de corrupción entre el Cabildo y la gobernación de Buenos Aires. En 1769, el gobernador Francisco de Bucarelli transfirió al Cabildo una Real Cédula que pedía un informe sobre los pueblos que, según la Corona, debían fundarse con el remanente del ejercicio del Ramo de Guerra. Los capitulares resolvieron enviar al gobernador un informe “del tenor Siguiente” (tenor que evidencia el fastidio con que el Cabildo arrastraba la pérdida de la administración del Ramo de Guerra):

los Caudales que dimanaban de este derecho [del Ramo de Guerra] se manejaban con conocimiento e intervención de este cabildo, hasta fines del mes de Mayo de 1761 […] Que desde este tiempo no se le ha considerado parte para la administración de este Ramo, habiéndosele, inhibido de su conocimiento.

En este contexto, el Cabildo de Buenos Aires solicitó a los oficiales reales un informe exacto de las cuentas del Ramo de Guerra. Habiéndolas estudiado, los capitulares objetaron supuestas irregularidades en el Ramo de Guerra. En particular, señalaron la “falta de la individualización y Claridad” en las entradas del Ramo de Guerra, así como también acusaron que “eran muy Contadas las partidas de data, que según la erección de este Ramo se hubiesen convertido, en sus premeditados fines”. Es decir, los capitulares denunciaban una subejecución o bien una mala utilización de los fondos del Ramo de Guerra. Con este diagnóstico, los capitulares solicitaron al gobernador que suspendiera todo pago ajeno al Ramo de Guerra, cuyo único propósito debía ser “la urgente necesidad de Sujetar a los Indios”, siendo los vecinos de la Ciudad y su jurisdicción sus principales contribuyentes.^[105] De esta manera, cercenado de su administración, el Cabildo de Buenos Aires intentó disputar el destino de los fondos del Ramo de Guerra y condicionar las prioridades bélicas de la administración borbónica.

En la década de 1770, a raíz de la Real Cédula que pedía informes sobre el avance de los “pueblos defensivos”, se abrió el debate entre distintos actores locales acerca de la mejor ubicación de estos y la conveniencia de avanzar la frontera. En 1771, el gobernador Juan Joseph de Vértiz propuso crear dos poblaciones fronterizas en la sierra del Volcán^[106], muy lejos del término de la ocupación hispánica.^[107] El gobernador sometió su idea al escrutinio del Cabildo de Buenos Aires, el cual requirió la opinión de los jefes de milicias, que eran a su vez los principales hacendados de la frontera.^[108]

Con estos designios, en 1772 se realizó una expedición para reconocer los terrenos y verificar los sitios más convenientes para los “pueblos defensivos”. El Cabildo nombró como perito de parte a Pedro Pablo Pavón, mientras que el gobernador designó en la misma comisión a los pilotos Ramón Eguía y Pedro Ruiz. El sector de los hacendados, por su parte, estaba representado por los oficiales de milicias que formaron la escolta de la expedición. De dicha expedición surgieron dos proyectos diversos. Si bien todos coincidieron en la necesidad de avanzar la frontera, los dictámenes de los peritos fueron inversos a las intenciones originales. El piloto del Cabildo aconsejó la fundación de establecimientos en la línea de las sierras hasta Salinas Grandes, sitio de particular interés para el abasto de la Ciudad. Por su parte, los comisionados por Vértiz se manifestaron contrarios a poblar las sierras, señalando como lugares convenientes los manantiales de Casco y la laguna del Carpincho, en la margen norte del río Salado. Los hacendados, representados por el maestre de campo Manuel Pinazo, apoyaron la segunda opción.^[109]

Las distintas conclusiones arribadas en la expedición de reconocimiento pueden resultar paradójicas ya que, por un lado, el gobernador y el Cabildo invirtieron sus pareceres originales y, por otro, los hacendados se mostraron contrarios a la opinión de avanzar la ocupación hasta las sierras del sudeste pampeano. En verdad, el proyecto sustentado por el Cabildo contempla la intención de tener un acceso expedito a las Salinas, materia de su especial interés y jurisdicción. Los pilotos del gobernador advirtieron la imposibilidad de convertir aquello en una ocupación efectiva, señalando que los mejores sitios para los “pueblos defensivos” se hallaban “dentro de las fronteras de esta ciudad” y “por ningún término en las sierras”.^[110] El apoyo de los hacendados a este segundo proyecto se explica porque, como oficiales de milicias, reconocían la imposibilidad de incorporar las tierras allende el Salado y juzgaban más prudente consolidar la ocupación y la protección de sus estancias.

Aunque este debate evidenció la falta de acuerdo entre los distintos actores e intereses locales sobre su emplazamiento, haciendo que el proyecto de formar “pueblos defensivos” quedara –una vez más– en el papel, entre las élites rural y urbana comenzó a formarse un consenso en torno a la necesidad de avanzar la frontera. Finalmente, cuando en 1774 llegó a Buenos Aires una Real Cédula que autorizaba el establecimiento de las poblaciones en las sierras propuestas en 1771 por Vértiz, esta cayó en saco roto. Más tarde, durante el virreinato de Vértiz (1778-1784), se llevó a cabo una política de formación de “pueblos defensivos” en la frontera, pero sin que se produjera ningún avance en la ocupación.^[111] El proyecto de avanzar la frontera, junto a la recuperación para el Cabildo del Ramo de Guerra, quedarían como motivos del acervo ideológico de las élites locales.

Conclusiones

Antes del advenimiento de las reformas borbónicas, de acuerdo a la versión historiográfica hasta el momento dominante, el Cabildo de Buenos Aires se encontraba lejos del esplendor de antaño, debido a su falta de representatividad y de recursos financieros adecuados. Sin embargo, en este capítulo hemos mostrado cómo la asunción de la causa de la frontera a mediados del siglo xviii sacó al Cabildo de Buenos Aires de su letanía política y lo posicionó como un actor político-corporativo de relevancia. Con la creación de las compañías de blandengues y del Ramo de Guerra, el Cabildo asumió –no sin reticencias– la representación de los intereses de los hacendados de la jurisdicción y se vinculó con los pobladores rurales a través de una relación salarial. Además, el Cabildo demostró una gran capacidad de accionar autónomo ya que, cuando el rey desaprobó lo actuado, el “consenso colonial” permitió la continuidad de las compañías de blandengues y del Ramo de Guerra. Entre 1752 y1761, el Cabildo vivió una suerte de “edad de oro” en la cual, a través del Ramo de Guerra, encontró un mecanismo fiscal para captar una importante masa monetaria con la que llevar adelante una política de frontera propia y sufragar otros gastos pertinentes a su propia jerarquía política.

¿Sobre quién recaía la carga fiscal impuesta por el Ramo de Guerra? En cuanto a la recaudación, el Ramo de Guerra estaba compuesto por cuatro impuestos que gravaban la exportación de cueros y la circulación interna de mercancías. Dada la centralidad del comercio porteño y la posición de Buenos Aires como principal mercado de consumo regional e intermediario con ultramar para una vasta región que producía excedentes pecuarios para la exportación, los costos derivados del Ramo de Guerra eran absorbidos por los comerciantes y productores de las provincias. Bajo la administración del Cabildo, el Ramo de Guerra significó una masiva transferencia de excedentes hacia Buenos Aires que, de esta manera, hacía extensiva su dominación económica a una dominación fiscal aún antes de la creación del virreinato del Río de la Plata.

¿Cuál fue el impacto fiscal del Ramo de Guerra? La inversión del Ramo de Guerra en la frontera fomentó la producción y el comercio rural, representados por los proveedores, artesanos y pulperos. En particular, resulta indudable el enorme impacto de los estipendios en los sectores populares rurales enrolados en las milicias. La percepción regular de una ración o de un salario, una pequeña pero significativa masa monetaria, fortaleció su capacidad de consumo y de crédito mercantil, permitiendo la reproducción social de la unidad doméstica y fomentando incluso cierto ascenso social sin la necesidad de pasar los rigores del empleo asalariado en las haciendas. En este sentido, puede afirmarse que la participación mercantil y el empleo estatal, en vez de enajenar, fomentaron la autonomía de la economía campesina.

La centralización de los blandengues y del Ramo de Guerra por parte de la gobernación, decretada por Pedro Cevallos en 1761, no fue fruto de una orientación reformista por parte de la Corte, sino que devino de las tensiones locales a las que habían arribado, en las que se conjugaba un cuadro de rebelión fiscal, corrupción y resistencia miliciana, en el contexto de una nueva guerra internacional en ciernes. Mientras tanto, Carlos iii, quien actuó más como un árbitro que como un monarca centralizador, redujo la contribución de los cuyanos y recomendó una vez más la formación de “pueblos defensivos” en la frontera. El Cabildo, despojado del Ramo de Guerra, instaló la polémica por el uso de sus fondos, mientras que la gobernación comenzó a utilizarlo para cubrir parte del presupuesto militar ante la falta del Situado. De esta manera, en vísperas de la creación del virreinato, los distintos actores pusieron en juego sus proyectos para la frontera en la disputa política.

En suma, la frontera no solo constituyó al Cabildo de Buenos Aires como un actor político-corporativo relevante –otorgándole una iniciativa política, una representación y una capacidad financiera inusitadas en términos de la región y la época–, sino que le brindó un campo de disputa y oposición política a los poderes de la gobernación. Sin embargo, la falta de un proyecto unificado para la frontera subvirtió las posibilidades de ejercer una oposición eficaz, allanando el terreno para que el virreinato de Vértiz lograra capturar todo ello para sí. Con todo, el proyecto de recuperar el Ramo de Guerra y avanzar la frontera subsistió como una causa de las élites rural y urbana frente a la administración colonial. Sus reivindicaciones volvieron a reunirse en la coyuntura del cambio de siglo en un proyecto común para la frontera, cuya concreción debería esperar aún el paso de la Revolución y la caída del proyecto liberal rivadaviano.