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5 Frontera y reformas borbónicas: la lucha por el Estado en Buenos Aires (1779-1806)

La guerra con los infieles ha sido continua, sosteniéndola el vecindario con sus personas, hasta que creciendo en haberes ha podido confiar su defensa a dos cuerpos de caballería y otras compañías sueltas, que se pagan perpetuamente de arbitrios municipales, cosa de que no puede gloriarse otra provincia de toda la monarquía, ni acaso tiene ejemplar en el orbe, si se compara este costo con el número y rentas del vecindario.
Al mismo tiempo que ha sido tan enérgica y belicosa esta capital del Río de la Plata, es muy notable que jamás se haya en ella sentido, desde su fundación, el más leve rumor de tumulto ni alboroto público, que es otra no pequeña gloria.

                        

Oficial don José Joaquín de Araujo, 1803[1]

                               

Todo esfuerzo es en vano para promover en estos Países la afición al servicio de soldado, por la abundancia de los efectos necesarios para la vida en la Campaña, y la libertad que ésta ofrece.

                   

Marqués de Sobremonte, 1802[2]

El presente capítulo busca evaluar el impacto de las reformas borbónicas en el Río de la Plata a través de la perspectiva que brinda la frontera del Buenos Aires virreinal. Con el virreinato del Río de la Plata, se creó una estructura política, militar y fiscal orientada a defender el sur de las posesiones españolas en América, fundamentalmente encaminada a contener al enemigo luso en la frontera brasileña y repeler un posible embate de la guerra atlántica, aunque a su poco andar debió vérselas también con el fuerte desafío interno provocado por la sublevación altoperuana. Por lo general, se sostiene que las reformas borbónicas tuvieron un impacto benéfico en la región y que su implementación suscitó pocas reacciones adversas en la población. En efecto, la creación del virreinato significó en Buenos Aires una concentración de recursos administrativos, fiscales y militares que hicieron de la capital un centro político de envergadura y alentaron el crecimiento económico de la región.

En el aspecto administrativo, la creación de una serie de nuevas agencias estatales, sobre todo relacionadas con la contabilidad, alentó el crecimiento de la burocracia y abrió nuevas oportunidades de inserción para los jóvenes educados de la élite criolla.[3] Además, en 1783 se implementó en el Río de la Plata –por primera vez en América– la reforma de intendencias que buscó homogeneizar las jurisdicciones territoriales y centralizar el mando político. Para historiadores como John Lynch, los cabildos del virreinato vieron con beneplácito la erección de las intendencias y solo el activismo fiscal de los últimos años y las personalidades de ciertos funcionarios enturbiaron las relaciones entre las corporaciones urbanas y la administración borbónica.[4]

En el aspecto fiscal, el pionero estudio de Herbert Klein sobre la estructura y rentabilidad del virreinato señala que la Corona gastó en la Intendencia de Buenos Aires “abrumadoramente” más de lo que recaudó (alrededor de un 25 por ciento más). La diferencia entre las sumas era aportada por la transferencia de fondos desde otras regiones, particularmente desde Potosí.[5] En similar sentido, Tulio Halperín Donghi, al analizar la Real Caja de Buenos Aires entre 1791 y 1805, señala que el virreinato implicó la creación en el área rioplatense de un núcleo administrativo y militar cuyo gasto fiscal superaba los ingresos de la región provistos por las exportaciones pecuarias, del que las cajas altoperuanas aportaron casi el 60 por ciento.[6]

El balance sobre los efectos económicos de estas reformas es más matizado. Para Halperín Donghi, estas eran las finanzas de un “bastión imperial” que se orientó a mantener el área firmemente integrada al sistema imperial, pero que apenas se propuso afectar a la economía y la sociedad regionales.[7] Para Daniel Santilli está claro que, si bien las reformas tenían motivaciones de estricta índole fiscal y militar, el efecto neto del reformismo tuvo un impacto benéfico en la economía regional. Las principales medidas que Santilli relaciona con este crecimiento son la capitalización de Buenos Aires, la sanción del libre comercio en 1778 y la asignación del Situado potosino.[8] En cambio, para Zacarías Moutoukias, la sanción del libre comercio absorbió el comercio ilegal y, más que una liberalización, representó una reafirmación del monopolio gaditano que facilitaba un control fiscal centralizado.[9]

En el aspecto militar, el virreinato nació en la víspera de una nueva guerra con Gran Bretaña y sus aliados, que tensaba la frontera luso-brasileña y hacía temer una invasión atlántica. Un ejército expedicionario al mando del primer virrey, Pedro Cevallos, logró la recuperación de Colonia de Sacramento, para lo que se enviaron numerosos elementos regulares desde la península.[10] A su vez, desde la capital virreinal, se organizó la expedición dirigida a reprimir los levantamientos altoperuanos de 1780-1783, al mando del coronel José Antonio de Reseguín.[11] El novel virreinato podía darse por satisfecho después de haber hecho frente con éxito a sus primeros desafíos militares de envergadura.

Con todo, con el correr de los años, la estructura militar se resintió por la constante pérdida de efectivos y los múltiples frentes territoriales que debía atender. Las autoridades virreinales apostaron una vez más por impulsar el enrolamiento de la población local en las milicias, para las que se sancionó un nuevo reglamento en 1802 que otorgaba amplios privilegios a los soldados, tales como la percepción de un sueldo o prest mientras fueran movilizados, el goce del fuero militar y la provisión de uniformes y armamentos.[12] Sin embargo, limitantes de índole financiera y social obstaculizaron su implementación plena. Fundamentalmente, el escaso interés de las élites locales en conducir las milicias y las amplias posibilidades de resistencia de la población local obturaron la eficacia de la reforma.[13]

En efecto, el quid de las reformas borbónicas era el consenso o las resistencias que pudieran generar en la población, así como las consecuencias no anticipadas de su implementación. De acuerdo al historiador Jorge Gelman, la aceptación y el compromiso de las élites locales fueron lo que determinó el éxito o fracaso de las reformas borbónicas en lo que el autor denomina una “lucha por el Estado” en Hispanoamérica. El caso de Buenos Aires habría sido un caso “exitoso” en cuanto “las reformas alcanzan éxito al principio, se crea un aparato estatal fuerte a manos de ‘hombres nuevos’, si bien las ‘costumbres viejas’ tienden a imponerse a la larga y las élites parecen acoger con beneplácito los cambios”. La paradoja, señalada por el autor, es que las regiones más favorecidas –los casos de Venezuela y Buenos Aires– serían las más decididas impulsoras de la ruptura del vínculo colonial.[14]

En suma, hoy el consenso historiográfico señala que la región rioplatense fue favorecida por las consideraciones geoestratégicas imperiales que llevaron a la formación de un nuevo virreinato y a la concentración de una serie de funciones políticas y económicas en la Ciudad y el puerto de Buenos Aires. Sin embargo, no son pocos los estudios que señalan los límites del reformismo en sus intenciones y los recursos con los que contaba y las resistencias abiertas o solapadas que generó. Fundamentalmente, subsiste la incógnita acerca de las formas concretas que asumió la “lucha por el Estado” en el caso de Buenos Aires entre la administración virreinal, las élites y la población local.

El presente capítulo analiza el lugar de las fuerzas militares y de los recursos fiscales de la frontera de Buenos Aires en la construcción estatal del virreinato, así como la lucha que se estableció entre las élites locales y la administración borbónica por su control y las resistencias generadas en la población. Esta centralización implicó la conversión de los blandengues en un cuerpo veterano, la absorción del Ramo de Guerra por la aduana, la “pacificación” de la frontera, y la disciplina del poder miliciano. Este proceso se desplegó en coyunturas críticas tanto por el recrudecimiento del conflicto internacional (1779-1783, 1797-1802, 1804-1806), como por el fuerte desafío interno que sufrió el propio orden colonial (1780-1783), pero también dio lugar a un período de relajamiento del ímpetu reformista (1784-1796) donde las élites pudieron reacomodarse y los sectores populares, avanzar en la reivindicación de sus prerrogativas y costumbres.

El virreinato logró, no sin dificultades, la centralización para sí de los recursos militares y fiscales dispuestos en la frontera, y a la larga estos representaron el grueso del Estado virreinal en Buenos Aires. Sin embargo, su reconversión a los objetivos imperiales abrió una grieta respecto a los más conspicuos intereses de las élites locales bonaerenses. El Cabildo de Buenos Aires, el Gremio de Hacendados y el cuerpo de blandengues –que tenía su propia idiosincrasia e intereses corporativos que defender– lograron formular un proyecto alternativo que buscaba el apoyo de sectores sociales más amplios para la utilización de los recursos estatales en el avance de la frontera. A su vez, el espíritu corporativo del cuerpo de blandengues y las resistencias de la tropa limitaron su disponibilidad para el conflicto externo, lo que, sumado al éxodo de otros cuerpos regulares, dejó al virreinato en una situación de vulnerabilidad militar. Ambas situaciones harían eclosión durante la invasión inglesa al Río de la Plata de 1806, dejando al descubierto las falencias políticas y militares del andamiaje virreinal.

La centralización virreinal (1779-1784)

En los últimos años de la década de 1770, las políticas borbónicas para el Río de la Plata se orientaron hacia una mayor centralización y territorialización del poder estatal. En los últimos años antes de la creación del virreinato, se enviaron a Buenos Aires batallones de refuerzo con los que se organizaron campañas militares de cierta envergadura, como la expedición que el gobernador Juan José de Vértiz comandó en 1773 contra la avanzada portuguesa en la frontera de Río Grande.[15] La creación del virreinato del Río de la Plata (1776) significó asimismo una concentración de recursos militares, administrativos y fiscales en la región, y en particular en la nueva capital virreinal de Buenos Aires.

El virreinato tuvo su bautismo de fuego con la expedición a Colonia del Sacramento, comandada por el veterano virrey Pedro Cevallos, que logró recuperar la plaza devuelta a manos portuguesas tras el Tratado de París (1763).[16] Además, dicha expedición legó un importante contingente de oficiales del Ejército regular y soldados reclutados en la península que pasarían a servir en los cuerpos virreinales. Por otro lado, la creación del virreinato y la expedición de Cevallos fueron financiadas con los extraordinarios Situados de 1776, que por primera vez superó el millón de pesos, y sobre todo de 1777 y 1778, que se ubicaron por encima de los dos millones y medio de pesos.[17] Por último, la incorporación del puerto de Buenos Aires al libre comercio con la península (1778) y la creación de la aduana, junto al arribo de una nueva burocracia contable, aumentaron sustancialmente la recaudación de la Real Hacienda.

A pesar de estos vientos halagüeños, las circunstancias que rodearon el cambio de década conformaron una coyuntura crítica para el novel virreinato. En 1779 el frente externo se volvía a abrir con la declaración de guerra a Gran Bretaña, lo que –una vez más– tensaba la frontera luso-brasileña y hacía temer un embate británico por mar. Al conflicto externo se yuxtapuso la más grande sublevación interna que conoció el régimen colonial español, y que –con uno de sus epicentros en el Alto Perú– barrió a toda la región andina.[18] Ambas circunstancias exigían, tanto en el plano militar como político, una mayor centralización en la toma de decisiones y eficacia en su puesta en práctica, para lo que se debían forjar canales de mando más confiables. Para más, el conflicto externo e interno mermaba el comercio atlántico y el comercio interno colonial y, con ellos, la actividad económica y la recaudación fiscal del virreinato.

El virrey Juan Joseph de Vértiz (1778-1784) fue quien mejor encarnó las nuevas orientaciones borbónicas. Su espíritu marcial y su marcado prejuicio antiamericano –a despecho de su nacimiento en Yucatán– lo señalaban como el indicado para conducir al recién nacido virreinato en tiempos de guerra. Durante su virreinato, se implementaron distintas reformas de gobierno, incluyendo el régimen de intendencias, y se organizó la represión del foco paceño de la sublevación andina.[19] Con todo, el celo reformista de los funcionarios borbónicos no debe opacar el inagotable pragmatismo que caracterizó su actuación y la conciencia de la finitud de los recursos frente a las extraordinarias circunstancias internas y lo inconmensurable de las nuevas guerras internacionales.

Cuando el exgobernador Juan Joseph de Vértiz llegó al Río de la Plata investido como virrey, desembarcó en Montevideo, preparó su arribo a la capital haciendo jurar fidelidad a las corporaciones y ordenó al Cabildo de Buenos Aires que no hiciera gastos en su recibimiento.[20] Al poco tiempo, Vértiz entró en conflictos con el teniente de rey Diego de Salas, de quien comenzó a enviar informes reservados a la Corte. Salas había llegado al Río de la Plata como parte del séquito de Cevallos, quien lo nombró teniente de rey en 1762, momento desde el cual ocupó el cargo de forma continuada.[21] La suspicacia de Vértiz provenía del tiempo cuando fuera gobernador.[22] Por su parte, el Cabildo de Buenos Aires remitió a la Corona una encendida defensa de Diego de Salas, que no obstó para que aquella decidiera su remoción y la desaparición del cargo de teniente de rey, reemplazado por el de subinspector de Ejército y milicias con estrictas funciones militares.[23]

En el aspecto fiscal, luego de los extraordinarios situados de 1777 y 1778 que acompañaron la creación del virreinato y la toma de Colonia del Sacramento, en 1779 el valor del Situado cayó a medio millón de pesos. En tanto, el Ramo de Guerra, engordado por el auto de libre comercio de 1778, ese año triplicó su recaudación, superando por primera vez la barrera de los 100.000 pesos.[24] En este contexto, según consigna el historiador John Lynch, el Cabildo de Buenos Aires presionó al virrey para que los fondos del Ramo de Guerra volvieran a sus arcas, pero el intendente de Real Hacienda Manuel Fernández reclamó a la Corte la confirmación de su control exclusivo de estos fondos, lo que se le concedió por una real orden de 9 de marzo de 1779.[25] De esta manera, el Ramo de Guerra quedó en adelante bajo la órbita exclusiva de la Aduana de Buenos Aires y sus fondos fueron a parar a la Real Hacienda, representando algo más del 10 por ciento del gasto militar de todo el virreinato.[26]

En este desafiante contexto, Vértiz comenzó a introducir reformas en la frontera de Buenos Aires. El virrey avanzó con pies de plomo en materia de frontera, cuya intención era, en principio, restaurar a las compañías de blandengues y contener los ataques indígenas. Puesto en la disyuntiva de si avanzar o consolidar la frontera existente, se inclinó por esta segunda opción, y diseñó un “cordón defensivo” que se cerraba sobre la jurisdicción de Buenos Aires. Pero, además, el gran malón de agosto de 1780 en Luján lo convenció de que la búsqueda de tratados de paz con las parcialidades indígenas era lo más conveniente a los intereses de un virreinato ya bastante amenazado. El objetivo de esta “pacificación” de la frontera era ahorrar recursos fiscales y militares y, de ser posible, reorientarlos hacia los objetivos político-bélicos del Imperio español. Era, en suma, una política conservadora ya que, a contrapelo de los intereses rurales locales, no buscaba conquistar nuevos territorios, aunque en su implementación no se escatimaron medios bélicos contra los grupos y líderes indígenas más renuentes. Para su consumación, el virrey debió imponerse también en el frente interno ya que la disciplina del poder miliciano era el factor fundamental del éxito de la reforma. Vértiz, a su manera, lo logró, aunque no sin límites y resistencias y, fundamentalmente, no sin consecuencias para el proceso político virreinal.

El disciplinamiento del poder miliciano

En la segunda mitad de la década de 1770, la oficialidad miliciana de extracción local fue tomando cada vez más injerencia en la toma de decisiones sobre la frontera –primero, autonomizándose de las directrices de los comandantes militares y, luego, convocándose en junta de guerra para lanzar expediciones sobre las tolderías–. Además, los oficiales milicianos fueron convocados por las autoridades virreinales para dar su opinión en distintos temas concernientes a la frontera. En esas oportunidades, la oficialidad miliciana, conducida por el maestre de campo Manuel Pinazo, demostró su capacidad para actuar como grupo en defensa de sus intereses sociales. Una de esas ocasiones fue cuando Juan Joseph de Vértiz, recién asumido como virrey, convocó una Junta de Guerra para deliberar sobre la “entrada general” planificada por su antecesor el virrey Pedro Cevallos, quien, al regreso de Colonia de Sacramento, ideó una ambiciosa campaña contra los indígenas que contemplaba el lanzamiento coordinado de tropas veteranas y de milicia desde “las cuatro fronteras”, a saber, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza.[27]

La junta de guerra convocada por Vértiz se reunió en septiembre de 1778 y estaba compuesta por la plana mayor miliciana de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Paraguay. Por pedido del maestre de campo de Buenos Aires Manuel Pinazo, se incorporaron los capitanes de blandengues Joseph Vague y Juan Antonio Hernández. En su deliberación, la junta detectó inconsistencias y errores en el plan de Cevallos que impedían su concreción. En consecuencia, los oficiales milicianos expresaron que lo que hallaban “más conveniente, con menos costos al estado y bien de los vasallos”, era que se trasladaran “las guardias [de Buenos Aires] avanzando un considerable Terreno”.[28] El virrey estuvo en principio de acuerdo y, en junio de 1779, comunicó al ministro de Indias José de Gálvez que “avanzar las guardias” era el mejor medio para asegurar la frontera y los caminos a las provincias.[29]

A continuación, la oficialidad miliciana, encabezada por el maestre de campo Manuel Pinazo, tendría la oportunidad de formular un plan integral para avanzar la frontera presentado al Ministerio de Indias. Los oficiales milicianos proponían avanzar las guardias existentes a nuevos emplazamientos distantes entre 8 y 25 leguas de su lugar original, ganando terrenos del otro lado del río Salado. Cada fuerte debía guarnecerse con una compañía de blandengues de 55 hombres armados por cuenta del rey o del Ramo de Guerra. El proyecto, remitido por Pinazo, incluía un detallado plan con los materiales, los utensilios y la artillería necesarios para los nuevos fuertes y las fuentes de financiamiento para su ejecución.[30]

Sin embargo, a Vértiz, la idea de traspasar el río Salado le pareció demasiado ambiciosa. En carta al influyente ministro Gálvez, escribió: “…habiendo mucho terreno despoblado antes de los actuales fuertes, no ocurre la necesidad de ocupar aquél más avanzado”. Desacreditado el plan de Pinazo, el virrey convocó al teniente coronel Francisco Betbezé para que reconociera la frontera e ideara un nuevo plan de formación de fuertes y guardias. Betbezé era comandante de Artillería de Buenos Aires y, según la consideración del virrey, un “sujeto de notoria inteligencia, aplicación, celo, y amor al Real Servicio”, alguien cercano al ideal borbónico. El coronel realizó la inspección de la frontera en el otoño de 1779, y formó un plan mucho más modesto en sus objetivos. Proponía mantener las posiciones de los fuertes existentes en Monte, Luján, Salto y Rojas y solo adelantar ligeramente el de El Zanjón a Chascomús. El virrey Vértiz elevó al Ministerio de Indias este segundo proyecto y le declaró su apoyo, refiriéndose despectivamente a los oficiales de milicias que habían acuñado el plan de adelantamiento: “Estoy resueltamente determinado a seguir este parecer, no fiándome del poco, o ningún discernimiento, que advierto en los Oficiales del Campo”.[31]

Paralelamente, ese mismo año, el maestre de campo Manuel Pinazo fue pasado a retiro. Pinazo le escribió a Vértiz a fin de “rendir las gracias” por el retiro alcanzado, pero se lamentó de su caída en desgracia en la consideración del virrey:

Pero Señor quedo con el desconsuelo que a lo Último he venido a quedar en mal Concepto con V. E. [Vuestra Excelencia] pues me aseguran haber informado a V. E. que el motivo que tuve para informar de que se sacasen las Guardias afuera, fue porque tenía tierras en Navarro, no faltando quien al mismo tiempo lo ha extendido por esa Ciudad.[32]

De esta manera, Pinazo vinculaba su retiro con la existencia de un rumor en su contra, que habría llegado a oídos del virrey, propagando que el plan de adelantar las guardias respondía a sus intereses particulares como propietario de tierras.

En una coyuntura ajustada para el virreinato, Vértiz desoyó la opinión de la oficialidad miliciana y rechazó el proyecto de avanzar la frontera, y se inclinó a seguir el parecer de un oficial de carrera como Betbezé, conformándose con consolidar la ocupación existente. Para su ejecución, el retiro del servicio del influyente maestre de campo Manuel Pinazo fue más que oportuno. De esta manera, las patentes diferencias en cuanto a los objetivos que perseguir en la frontera abrieron una brecha entre el poder virreinal y la oficialidad miliciana de perfil hacendado y extracción local.

La política del “cordón defensivo”

A poco de asumir como virrey, Vértiz solicitó un informe sobre el estado de las compañías de la frontera. En aquel momento, debido a las sucesivas reducciones que habían sufrido por razones presupuestarias, cada compañía constaba de 33 o 34 individuos, por lo que el virrey ordenó que se pusieran sobre su “primitivo pie y fuerza” de 60 hombres cada una. Para ello, se sancionó un nuevo reglamento de sueldos que las nombraba como “milicias” y detallaba la obligatoriedad para los soldados de mantener a su costa el uniforme y los caballos.[33] Su función principal continuaba siendo, en la óptica del virrey, la de “servir” en todo lo que ocurriera “a la defensa de la frontera”.[34]

El plan de Betbezé buscaba formar un “cordón defensivo” que se cerrara sobre la jurisdicción de Buenos Aires, remozando los fuertes existentes y dotando a cada uno de ellos de una compañía de blandengues conducida por una oficialidad más confiable. La función primordial de las compañías de blandengues sería de vigilancia, evitando salir de la frontera y el empeño con grupos de indígenas. El virrey envió instrucciones para que las partidas exploradoras batieran, registraran, y cruzaran “los intermedios de Guardia a Guardia”, cerrando de esta manera los intersticios del “cordón defensivo”. Contrastando con las veleidades expansivas de la oficialidad miliciana, el conservadurismo que impregnó las políticas virreinales para la frontera se evidenció no solo en la decisión de no adelantar las guardias, sino también en las funciones que debían cumplir las compañías de blandengues, limitadas a la vigilancia cotidiana de los espacios intermedios entre fuerte y fuerte.

De esta manera, el poder virreinal se apoyó en las compañías de blandengues para consolidar la ocupación territorial, las que tendrían estrictas funciones de vigilancia, batiendo el campo de diestra a siniestra, pero sin batirse con el enemigo ni producir grandes avances en la ocupación. En este sentido, la disciplina de las compañías era juzgada fundamental. A continuación, se introdujeron significativas modificaciones en la estructura de mando de la frontera unificando y verticalizando el mando sobre blandengues y milicias. Eventualmente, estos cambios llevaron a la creación del cuerpo de blandengues de Buenos Aires y a su declaración como un cuerpo veterano dentro de los ejércitos del rey.

En primer lugar, se nombró una plana mayor para las compañías de blandengues, compuesta por un comandante y dos ayudantes mayores, de manera que se conformaba un “cuerpo” que respondía a un mando unificado. Resaltando esta unidad, las compañías, más allá de donde estuvieran radicadas, se numeraron ordinalmente como 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º. Asimismo, se produjeron nuevas designaciones al frente de las compañías de blandengues. Los capitanes de las compañías de Luján y El Zanjón fueron desplazados y en su lugar se nombró a Nicolás de la Quintana y Pedro Escribano, respectivamente.[35] El único capitán que supervivió a los nuevos nombramientos fue Juan Antonio Hernández, a quien de todos modos se le encargó que dejara Salto para encargarse de la construcción del nuevo fuerte de Rojas –ya que al anterior se lo consideró mal hecho y peor ubicado–.[36] En su lugar, al frente del Salto se nombró a Fernando Navarro, mientras que la formación de una nueva compañía en Monte estuvo a cargo del capitán Jaime Viamonte (cuadro 8). Tras la invasión indígena de 1780, se crearía una nueva compañía para Ranchos, a cargo del capitán Vicente Cortés, y se aumentaría a 100 el número de plazas de cada una, por lo que el pie del cuerpo de blandengues quedaría en 600 hombres.

Cuadro 8. Cuerpo de blandengues (1780)

Plana Mayor

Comandante

Juan José Sardén

Ayudantes mayores

 

Francisco Balcarce

Sebastián de la Calle

Compañía

Capitán

Sargentos

Tambores

Cabos

Soldados

Total

1.º Chascomús

Pedro Nicolás Escribano

2

1447

54

2.º Monte

Jaime Viamonte

2

1447

54

3.º Luján

Nicolás de la Quintana

2

1447

54

4.º Salto

Fernando Navarro

2

1447

54

5.º Rojas

Juan Antonio Hernández

2

1447

54

Total

270

Fuente: elaboración propia con base en AGN, Sala ix, Guerra. Estado de fuerza y extractos, leg. 9-10-8.
Nota: en 1781 se agregó una compañía en Ranchos y se aumentó a 100 el número de hombres de cada una.

Desde el punto de vista virreinal, la estructura de mando de la frontera era más confiable con el nombramiento de una plana mayor veterana y peninsular. El primer comandante del cuerpo de blandengues fue Juan José Sardén, cuyo perfil era muy distinto al que podían ostentar hombres como Pinazo: nacido en Peñíscola (Valencia), era un militar de carrera de condición “noble” que se desempeñaba como capitán de la Asamblea de Caballería. Francisco Balcarce, ayudante mayor del cuerpo de blandengues, era un militar de carrera nacido en Barcelona también de condición “noble” que se desempeñaba como teniente de la Asamblea de Caballería de Buenos Aires.

En cuanto a los capitanes de cada compañía, a excepción de Juan Antonio Hernández, se trataba de militares de carrera que se habían destacado previamente en el Fijo de Dragones de Buenos Aires (alcanzaban el grado de alféreces Nicolás de la Quintana y Fernando Navarro, y de cabo, Pedro Escribano), en la Asamblea de Infantería (como teniente, Jaime Viamonte) o en el Fijo de Infantería (Vicente Cortés, quien alcanzaba el grado de alférez). Casi todos eran nacidos en la península; el único oriundo de Buenos Aires, Nicolás de la Quintana, acreditaba una condición “noble” (cuadro 9). Es decir, la conducción del cuerpo de blandengues recayó sobre militares de carrera, la mayoría de origen peninsular y condición “noble”, que aumentaron su rango como incentivo a que mudasen su actividad a la frontera.[37]

Cuadro 9. Origen de la oficialidad del Cuerpo de Caballería de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires (1784)

Cargo

Nombre

Lugar de nacimiento

Condición

Último empleo

Cuerpo

Grado

Comandante

Juan José Sardén

Peñíscola (Valencia)

Noble

Asamblea de Caballería

Capitán

Ayudante Mayor

Francisco Balcarce

Barcelona

Noble

Asamblea de Caballería

Teniente

Capitán 1.º compañía (Chascomús)

Pedro Nicolás Escribano

Peninsular (sin especificar)

Sin datos

Fijo de Dragones

Cabo

Capitán 2.º compañía (Monte)

Jaime Viamonte

Peninsular (sin especificar)

Sin datos

Asamblea de Infantería

Teniente

Capitán 3.º compañía (Luján)

Nicolás de la Quintana

Buenos Aires

Noble

Fijo de Dragones

Alférez

Capitán 4.º compañía (Salto)

Fernando Navarro

Madrid

Noble

Fijo de Dragones

Alférez

Capitán 5.º compañía (Rojas)

Juan Antonio Hernández

Santander

Honrada

Compañía de blandengues

Capitán

Capitán 6.º compañía (Ranchos)

Vicente Cortés

Aragón

Honrada

Fijo de Infantería

Alférez

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGS, Secretaría de Guerra, Regimientos y Milicias. Empleos. Agregaciones. Grados, leg. 7257, exp. 15, “Cuerpo de Caballería de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires”, 1787; AGS, Secretaría de Guerra, Blandengues de la frontera de Buenos Aires, leg. 6822, exp. 13, “Pedro Nicolás Escribano. Jaime Viamonte. Retiros”.

Con el reclutamiento de la plana mayor y oficialidad blandengue en las filas del Ejército regular, Vértiz buscó asegurarse los canales de mando y la obediencia de las compañías. Sin embargo, surgía un inconveniente porque las compañías se seguían rigiendo por el reglamento de sueldos de 1779 que las sindicaba como milicias. Por esta razón, los oficiales de Real Hacienda entraron en dudas sobre si los oficiales de blandengues debían gozar de todos los beneficios y descuentos correspondientes a su carrera y al Montepío Militar[38]. Vértiz remitió el problema al Ministerio de Indias e informó que los oficiales merecían este reconocimiento ya que se hallaban en “guerra permanente” en la frontera. Con estos antecedentes, el 3 de julio de 1784, una real orden declaró que los oficiales de blandengues debían considerarse como tropa veterana, pese al nombre de milicias que les daba el reglamento.[39] Posteriormente, el ministro José de Gálvez comunicaría la resolución al virrey Loreto, sucesor de Vértiz, de la siguiente manera: “…se ha servido S.M. [Su Majestad] declarar que esta Tropa debe considerarse en todo como Veterana…”, extendiendo esa condición a la totalidad del cuerpo.[40] A partir de entonces, fue creado, con carácter regular, el Cuerpo de Caballería de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires.

Por otro lado, se tomaron medidas para aunar en la frontera el mando sobre blandengues y milicias, las que seguían representando el componente mayoritario de la defensa. El comandante del cuerpo de blandengues sería a su vez comandante general de la frontera, por lo que las compañías de “milicias provinciales” debían responder a él. Para anoticiar de los cambios, Vértiz lanzó una circular para que “todos los Individuos de Milicias y Veteranos existentes en estos Partidos” estuviesen “en lo concerniente al Servicio militar al mando del Inspector y Comandante de frontera”.[41] Asimismo, replicando la medida a nivel local, se dictaminó que los capitanes de blandengues fueran a la vez comandantes en sus respectivos fuertes, al mando por tanto no solo de sus compañías, sino también de las de milicias. Los sargentos mayores de cada partido seguirían asistiendo en la práctica defensiva de forma subordinada y debían socorrerse mutuamente “por ser generalmente pública la causa y no estar por lo mismo sujeta a territorios ni Partidos”.[42]

En suma, la implementación del plan de Betbezé y la necesidad de asegurar canales de mando más confiables en la frontera llevaron al aumento de las compañías de blandengues, el nombramiento de una nueva oficialidad veterana y peninsular y la subordinación de las milicias. Como corolario, y casi de manera impensada, se convirtió a las compañías de blandengues en un cuerpo veterano de caballería, en condiciones –en palabras del propio Vértiz– de “enfrentar algo más que indios”.[43] En adelante, el cuerpo de blandengues tendría a su cargo defender no solo la frontera, sino también la retaguardia del “baluarte imperial”. Pero, para ello, primero había que lograr la “pacificación” de la frontera.

La “pacificación” de la frontera

Antes de ser pasado a retiro, el maestre de campo Manuel Pinazo y su gente tuvieron una nueva oportunidad de influir en las políticas de frontera, cuyas funestas consecuencias se hicieron sentir en 1780 y profundizarían el rumbo reformista. En 1779, un grupo de 18 caciques “aucas” encabezados por Linco Pagni realizó una propuesta de paz en la frontera. Vértiz envió una orden circular al entonces maestre de campo Manuel Pinazo y siete sargentos mayores para conminarlos a que dieran su parecer sobre el pedido de paz de los “aucas”. Los oficiales milicianos unánimemente argumentaron sobre la poca fiabilidad de tales tratados y la necesidad de sostener una política agresiva.[44] Apoyándose en el parecer de la oficialidad miliciana, el virrey rechazó la propuesta de paz, hizo apresar a Linco Pagni en Luján y desterrarlo a Malvinas y prohibió el comercio y cualquier trato con los indígenas. Las consecuencias de ello no se harían esperar: el 20 de agosto de 1780, un malón de más de 2.000 lanzas arreció sobre Luján, golpeando las puertas de la capital virreinal, con un saldo de más de 100 víctimas fatales y decenas de cristianos tomados cautivos.[45]

Estos hechos decidieron al poder virreinal a buscar acuerdos de paz con las parcialidades indígenas arauco-pampeanas, tal como era la orientación borbónica y se practicaba en otras fronteras imperiales.[46] Sin embargo, la búsqueda de acuerdos de paz no había sido la orientación inicial del virrey Vértiz. Junto a la contundente respuesta indígena a su pedido de paz desahuciado, la coyuntura era crítica para el virreinato por el desarrollo de las rebeliones peruana y altoperuana y el relanzamiento del conflicto externo. Ambos conflictos hicieron disminuir la recaudación del Ramo de Guerra. En las cavilaciones del virrey, con el acuerdo de paz con las parcialidades “aucas”, se podría disminuir el número de blandengues, que amenazaban con empezar a consumir fondos genuinos de la Real Hacienda:

si por este medio [el acuerdo de paz] se llegase a conseguir la seguridad, que se desea, procuraría disminuir el número de Blandengues, que conviniese […] que ha minorado el fondo [Ramo de Guerra], de que éste se mantiene, por la poca salida de los cueros, y que cortado el comercio del Peru […] ya empezarán a gastar los Caudales de la Real Hacienda.[47]

Fundamentalmente, Vértiz pretendía contar con el remozado cuerpo de blandengues en caso de amenaza externa. En marzo de 1781, ante la amenaza de una invasión británica, el virrey ordenó a los capitanes de las compañías la remisión urgente de blandengues a Montevideo.[48] Más tarde, en su memoria de gobierno, el propio Vértiz declararía que las modificaciones introducidas en el cuerpo de blandengues apuntaron a “poner este cuerpo en estado respetable para enfrentar algo más que indios”.[49]

Estos hechos y circunstancias llevaron a Vértiz a buscar el camino de la paz. Mediante una nueva junta de guerra, reunida esta vez en Montevideo y compuesta exclusivamente por militares de carrera, el virrey decidió desconocer las opiniones vertidas por los oficiales milicianos dos años antes e iniciar las tratativas de paz con los caciques “aucas”, entre quienes, en reemplazo del cacique preso, se erigió Lorenzo Calpisqui.[50] Las negociaciones diplomáticas se llevaron a cabo, a diferencia de lo ocurrido en el tratado de Laguna de los Huesos de 1770, en un ida y vuelta entre las tolderías de los caciques Negro y Lorenzo y la sede de gobierno en Buenos Aires, salteando de esta manera las autoridades de la frontera. La atención personal del virrey fue lo que marcó el talante de estas negociaciones diplomáticas, cuyo objetivo estaba claro: “Es mi ánimo que estos tratados comprendan a todos los que viven en las Pampas”,[51] sentenció Vértiz.

Con todo, para concretar los acuerdos, el virreinato no escatimó medios para amedrentar a las parcialidades indígenas renuentes e incluso a las que solicitaban la paz. En 1784, con las negociaciones todavía en marcha, fue lanzada una ofensiva conjunta desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza que, aunque de limitadas miras, buscó amedrentar a la parcialidad de los “rancacheles” que no admitían la propuesta de paz.[52] Las largas negociaciones con las parcialidades de las pampas concluyeron con un nuevo tratado de paz suscripto en 1790 en la laguna Cabeza de Buey que reconocía a las parcialidades “pampas” y “aucas” su territorialidad en las sierras del sudeste pampeano y a Lorenzo Calpisqui como la autoridad principal.[53] Paralelamente, un tratado había sido firmado en 1783 entre las autoridades mendocinas y los pehuenches, y en 1796 las autoridades cordobesas acordarían un tratado de paz con los ranqueles de Mamül Mapu.[54]

En definitiva, la presión ejercida por las parcialidades indígenas, con el impresionante despliegue del más grande malón registrado hasta entonces, fungió como el catalizador de una política reformista en la frontera condicionada por los imperativos de la guerra exterior, las rebeliones que se estaban desarrollando en el sur andino y la estructura de financiamiento de la defensa. Con la “pacificación” de la frontera, el virrey esperaba que el renovado cuerpo de blandengues cuidara las espaldas de Buenos Aires en caso de producirse una invasión británica y, eventualmente, pudiera ser movilizado a campañas externas. Adicionalmente, buscaba que el cuerpo de blandengues continuara financiándose con los fondos locales del Ramo de Guerra y no consumiera fondos genuinos de la Real Hacienda. La disponibilidad del cuerpo de blandengues también implicaría una apuesta por la formación de “pueblos defensivos” que reemplazasen sus funciones en la frontera, como era la vieja orientación regia. Como toda política reformista, su éxito dependía de las condiciones de su implementación y el compromiso de la población en la frontera.

Los “pueblos defensivos”: coerción y resistencias

La necesidad de ahorrar recursos fiscales y la idea de contar con el cuerpo de blandengues para el conflicto externo llevaron al virrey Vértiz a dar impulso a la política de formación de “pueblos defensivos”, como era la vieja pretensión regia. En el sur de Santa Fe, la zona del Entrerríos y al sur de Córdoba y Mendoza, se realizaron consistentes intentos en ese sentido.[55] En Buenos Aires, Vértiz ordenó que se formaran pueblos en los alrededores de los fuertes allí donde no existían, algo que el rey había reclamado desde 1753 en repetidas ocasiones.[56] Dichos pueblos fueron Chascomús, Ranchos, Monte, Mercedes, Rojas y Carmen de Areco. Un asesor del virrey recomendaba que no vivieran “en desiertos las familias” a fin de que lograsen “los Hijos más humana Crianza” de la que podían “tener en los Yermos”.[57] Como vemos, además de considerarse un método para ahorrar recursos defensivos, subyacía a estas órdenes un imaginario que depositaba en los agrupamientos urbanos las esperanzas para un nuevo orden civilizatorio.

La forma que asumió la política de formación de pueblos en Buenos Aires inspiró la más encarnizada resistencia de la población. Al principio, la intención era alentar el poblamiento de familias peninsulares. En mayo de 1780, el intendente de la Real Hacienda Manuel Ignacio Fernández propuso al ministro Gálvez llevar algunas familias gallegas a poblar la frontera de Buenos Aires. En octubre, familias oriundas de la Coruña fueron enviadas a la frontera como preludio a su población en la Patagonia.[58] Durante 1781, se enviaron al puesto de Ranchos otras 15 familias asturianas. Sin embargo, pronto se descubrió que esta política de “enganche” de familias peninsulares resultaba muy costosa, y, además, no siempre se encontraban voluntarios, por lo que se decidió reemplazarla por el envío compulsivo de familias de la campaña.

En la primavera de 1780, Vértiz publicó un bando para que todos los pobladores que vivieran internados en el territorio se recogieran “a tiro de cañón” de los fuertes, con pena de vida para el infractor. Justificado en la amenaza de una nueva invasión indígena, en verdad sus intenciones escondían una voluntad de reforma de la vida y las costumbres de la población rural. Según su memoria de gobierno, la principal consideración para fundar pueblos en la frontera era la de “reducir a una vida cristiana, civil, y sociable la mucha gente dispersa por esos campos” y, adelantando ideas panópticas, “contener con este medio los hurtos, muertes, y otros desórdenes, que de esto se originaban, porque sus autores no estaban a la vista de quienes pudieran reprimirlos”.[59]

Pese a la amenaza que recaía sobre la población rural, el bando no produjo un movimiento “espontáneo” hacia los fuertes de la frontera. Al otoño siguiente, el virrey dio orden a los sargentos mayores para que condujeran a los fuertes a todas las familias que estuvieran situadas en parajes apartados y a los individuos que carecieran de residencia fija, a los “agregados” y a los vagabundos en general.[60] Estas medidas generaron una fuerte resistencia. Como observó un informado testigo, muchos se fugaron como un “natural efecto de la violencia que expresa habérseles irrogado en la Transmigración de su domicilio”.[61] Según un informe de abril de 1781, en el fortín de Carmen de Areco, había nueve familias (47 personas) que habían sido “involuntariamente traídas” y pasaban por una “extrema” necesidad, solo paliada por las raciones de yerba, carne y sal con que se las auxiliaba.[62] El de Areco no era un caso aislado. Ese año muchos vecinos elevaron petitorios a las autoridades de frontera para no ser comprendidos entre los destinados a las poblaciones, quienes alegaron propiedad y “buena conducta” certificada por los curas párrocos, lo que evidencia que se trataba de una especie de “condena” para familias pobres.[63] La persecución llegó incluso a vecinos que fueron acusados de ocultar a las familias que debían trasladarse a la frontera y condenados a prisión por ello.[64]

Pero la violencia irrigada también señala la capacidad de resistencia campesina y las prácticas de solidaridad parental y vecinal. El envío compulsivo de familias e individuos a la frontera fue ampliamente resistido por la población rural. Fue el propio Vértiz quien, lejos de ser triunfalista, enunció las resistencias que esto generó y la desobediencia de la población a las disposiciones virreinales: “…rehusando venir a población subsistían muchos de ellos en unos muy infelices y despreciables ranchos […] y muchos de ellos con continuo trato con los Infieles, por donde sabían nuestros movimientos cuando se dirigían a buscarlos en sus tierras”.[65] El sueño de las prósperas comunidades de agricultores dispuestos para la defensa de sus intereses y los del rey contra el enemigo “infiel” era poco más que un proyecto de papel, obstaculizado por la falta de recursos y la densidad de las redes campesinas. Esta capacidad de resistencia se iba a mostrar también frente a la estructura de mando peninsular que se montó en la frontera.

Resistencias milicianas

Tanto el virrey Vértiz como quienes le sucedieron debieron enfrentar un delicado equilibrio entre reformismo, tensiones locales y financiación. Los desafíos a la autoridad no provenían únicamente de las élites, sino también de los sectores populares enrolados en las milicias. En la nueva estructura de autoridades de la frontera, los otrora poderosos sargentos mayores de milicias quedaban francamente postergados, tras el mando de la plana mayor y oficialidad blandengues, cuestión que iba a ser sentida por los oficiales milicianos. El nuevo comandante de la frontera Juan José Sardén, veterano y peninsular, tenía el desafío de movilizar y disciplinar a las milicias sin la anuencia de sus oficiales. En aquel momento, existían unas 50 compañías de milicias, y se calculaba su tropa en casi 2.500 vecinos rurales.[66] Los conflictos acaecidos entre el comandante y los milicianos llevaron al fracaso de su gestión y determinaron su remoción.

En efecto, las dificultades del comandante Sardén para hacerse obedecer por las milicias se hicieron muy pronto evidentes. En la primavera de 1780, tras el malón acaecido en Luján, para Sardén era la oportunidad de emprender una acción de envergadura que revalidara sus credenciales en la frontera. El 24 de noviembre, las fuerzas reunidas bajo su mando sorprendieron a un grupo de indígenas en la laguna Esquivel con la intención de “escarmentarlos”. A pesar de la sorpresa y de la superioridad numérica de los bonaerenses, fue mayor el número de bajas milicianas que las de los propios indígenas, mientras que los soldados supervivientes huyeron dejando sus armas y prendas en el camino. El desastre de la laguna Esquivel motivó la prisión y el procesamiento de Juan José Sardén en una corte marcial a instancias del propio virrey. Según el informe de los prácticos y la “voz general del pueblo”, el desastroso resultado del encuentro se debió al desorden con que se condujeron las milicias. Aunque esta era también la opinión de Vértiz, Juan José Sardén resultó indemne de los cargos, recuperó su libertad y, en mayo de 1782, fue repuesto en la comandancia de la frontera.[67]

Sin embargo, la relación del comandante Sardén con las milicias continuó siendo conflictiva. En diciembre de 1782, luego de un aviso que alertaba sobre la presencia de indígenas, Sardén informó que se produjeron deserciones y “motines” en las milicias. El comandante era consciente de lo delicado de su situación y se justificó arremetiendo contra las milicias:

Ah Señor, mucho se censura del comandante de frontera, mucho se grita pero no se reflexionan las flaquezas, y calidades de sus súbditos, viéndose precisado, aunque conoce muy bien estos defectos, a callarlos, porque no se le impute que solicita descargar sus desgracias con el descrédito de las Milicias, hasta que la práctica pone por delante los escándalos que se han visto, y se tocan en el Día.[68]

Es decir, Sardén se reconocía cuestionado en la frontera (“…mucho se censura… mucho se grita”), pero responsabilizaba a las malas “calidades” de sus súbditos y las “flaquezas” de las milicias por sus “desgracias” y los “escándalos” que habían ocurrido. En otra oportunidad, tras una invasión indígena registrada en Areco en 1783, el sargento mayor de Areco Francisco Julián de Cañas inició una demanda contra el comandante Sardén. Sus deponentes fueron todos los integrantes de la milicia que participaron de la acción fallida de defensa.[69]

Con estos antecedentes, el virrey Vértiz se convenció de que este oficial ya no resultaba adecuado para conducir los destinos de la frontera. Si bien le reconocía a Sardén “espíritu y aplicación”, el virrey entendía que no era “su genio tan a propósito como se creyó para el servicio del campo, ni sus ideas afortunadas”, por lo que pidió a la Corte su traslado a otro destino. El ministro de Indias concedió lo solicitado por Vértiz, instruyéndole para que se nombrara como comandante a “otro oficial más a propósito para su cabal desempeño”.[70] Es decir, la idea original del virrey de ubicar a un leal militar de carrera en la Comandancia General de Frontera motivó múltiples resistencias en la población miliciana y rispideces con sus oficiales. El ayudante mayor Francisco Balcarce, quien había sido comandante interino durante los meses de prisión de Sardén, fue confirmado en el cargo, y, a pesar de su origen peninsular, tendría una larga carrera en el cuerpo de blandengues, al que ingresarían también sus hijos.

Una opinión dividida

A pesar de haber sido postergados en la estructura de mando, el virrey Vértiz convocó a los oficiales milicianos a dar su opinión en distintas cuestiones coyunturales. Si bien en algunos ya pueden vislumbrarse ciertas intuiciones fisiocráticas, lo cierto es que no había acuerdo entre una posición moderada de consolidación territorial y una agresiva de avance de la frontera. Las diferencias se acrecentaban cuando se oponía la opinión de la frontera a las necesidades de la Ciudad. Hasta el momento, la actitud del Cabildo de Buenos Aires con respecto a la frontera se mantuvo ambigua y por momentos prescindente. Atendió el pedido de los hacendados de crear compañías a sueldo solo cuando vio la oportunidad de controlar una sustantiva fuente de recaudación propia. Cuando el Ramo de Guerra pasó a la esfera de la gobernación, el Cabildo llegó a sugerir la disolución de las compañías de blandengues y la implementación de la política de “pueblos defensivos”. En la década de 1770, el Cabildo apoyó el avance de la frontera, pero con la mira puesta en lograr el control de las Salinas Grandes. Hasta el fin de la dominación colonial, la corporación urbana encarnó una política de corte mercantilista en pos de mantener incólume el abasto de sal, carne y granos al mercado porteño.[71] Estas diferencias de opiniones se mostraron en una suerte de polémica que se suscitó en 1783-1784 con motivo de la organización de la expedición anual a Salinas Grandes, ubicadas en territorio indígena.

En 1783, el virrey Vértiz ordenó una junta de guerra de composición mixta, miliciana y regular para arbitrar los medios para escoltar la expedición y proteger la frontera.[72] El primero en expedirse fue el viejo líder miliciano Manuel Pinazo, quien era partidario de una fuerte expedición ofensiva en ocasión de la expedición a Salinas Grandes. Para ello, hizo un diagnóstico sobre lo que había crecido “la osadía de los Indios Barbaros”, resultando que, “antes de pocos años”, lograrían “destruirlos”. A continuación, el maestre de campo ya retirado recomendaba que la expedición a Salinas partiera con 1.400 hombres de escolta para ir buscar a los indígenas “en sus madrigueras”, tal como él mismo lo había hecho en 1770. Legitimaba su postura en que esta era una campaña que estaba “pidiendo a voces la necesidad pública”.[73]

En cambio, el comandante Francisco Balcarce, junto a quien firmaron los oficiales de milicias, desestimó la expedición a las tolderías propuesta por Pinazo porque se habrían requerido más de 1.000 hombres, además de ganados y otros auxilios, y porque la frontera habría quedado desprotegida, “y aún así” no habrían escarmentado. Según Balcarce, tal expedición ofensiva solo hubiera sido asequible si se sumaban las fuerzas de Córdoba y Mendoza.[74] El comandante, si bien no descartaba una ofensiva conjunta en el futuro, prefería proteger la frontera y no exponerla en ocasión de la expedición a Salinas, que era, en definitiva, una empresa que beneficiaba mayormente a la Ciudad. Si bien la expedición a Salinas resultó momentáneamente suspendida, las previsiones de Balcarce se vieron satisfechas cuando, a principios del año siguiente, se lanzó la expedición conjunta de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que castigó severamente a la parcialidad “rancachel” que habitaba las Salinas y los terrenos linderos.[75]

Estas condiciones habilitaron la realización de la postergada expedición en búsqueda de la sal. El comandante de la frontera debía organizar la escolta, para lo que Balcarce dispuso que no solo marcharan las milicias de la frontera, sino también las de la Ciudad. Así lo justificó al marqués de Loreto, nuevo virrey del Río de la Plata: “Podrá conceptuar Justo o indispensable si del Abasto de Sal resulta el Beneficio público, redundando éste, me parece también regular, recaiga la pensión de la Escolta igualmente en las Milicias de esa Capital, como en las del Campo”.[76] Es decir, Balcarce conceptuaba que el abasto de sal beneficiaba principalmente a la Ciudad, por lo que la escolta de la expedición debía recaer no solo en las milicias de la frontera, sino también en las de la Capital.

El comandante apoyaba su parecer en el dictamen de los sargentos mayores de milicias. Uno de ellos, Francisco Julián de Cañas, promovía la utilización de las milicias de la Ciudad para la expedición a Salinas argumentando que el trabajo de la gente de campo era tanto o más útil al público que la extracción de la sal:

Consta a V.M. –decía al comandante– la pobreza de las gentes de Campaña […] como también le consta, que el trabajo anual de estas gentes resultan Innumerables abastos no menos necesarios al público que la Sal para la mantención, razón que me parece suficiente para no usar de ella para dicha fatiga, sino de otros ramos […] particularmente de las Milicias de la Ciudad por no ser éstas por las razones expuestas tan necesarias al público como las de Campaña.

Lo que demuestra esta pequeña polémica sobre la mejor forma de realizar la tradicional expedición a Salinas Grandes es, por un lado, la afirmación de una visión pragmática y de cierto fisiocratismo espontáneo entre los representantes del mundo rural. En efecto, frente a la propuesta inicial inflexible de un viejo líder como Manuel Pinazo, se afirmó la más pragmática esbozada por el comandante Francisco Balcarce, quien, si bien reconocía la necesidad de “escarmentar” a las parcialidades enemigas, abogaba por esperar a que se dieran las condiciones necesarias. Por otro lado, las opiniones vertidas reflejan la escisión todavía existente entre los intereses rurales y urbanos. Al convocar para la escolta de la expedición a las milicias urbanas, Balcarce defendió los intereses del mundo rural frente a la injerencia del Cabildo de Buenos Aires. Quedaba, todavía, un trecho para que estos intereses se aunaran en un proyecto común.

La “pax virreinal” (1784-1797)

La centralización política virreinal de las fuerzas de la frontera culminó con el control virreinal de los fondos del Ramo de Guerra, la “pacificación” de la frontera, el traslado compulsivo de familias pobres a los “pueblos defensivos” y la conversión de las antiguas compañías de blandengues en un cuerpo veterano disponible para enfrentar el conflicto externo. Como se ha mostrado, esa centralización no se dio sin conflictos y resistencias que limitaron o modificaron su impacto a nivel local. Con todo, una vez aplastada la sublevación altoperuana y firmado en 1783 el Tratado de París, que ponía fin al conflicto bélico con Gran Bretaña, el momento político se distendió a favor de una “pax virreinal” que se extendió hasta fines de siglo.

En este contexto, varios factores coadyuvaron a suavizar las aristas más urticantes del proyecto reformista de Vértiz para la frontera. Sin duda, el cambio de virrey favoreció cierto relajamiento del celo reformista que Vértiz imprimió a su actuación. Además, la conversión de los blandengues en un cuerpo regular permitió la incorporación de cadetes provenientes de la élite criolla, los que ascenderían a la oficialidad y plana mayor del cuerpo. A su vez, durante estos años, la prosperidad del comercio de cueros alimentó los recursos del Ramo de Guerra, permitiendo algunas concesiones a la tropa de blandengues. En los últimos años de la “pax virreinal”, la administración borbónica, las corporaciones locales y el mundo popular rural coincidieron en el proyecto de avanzar la frontera, cuyo resultado más concreto fue la expedición de Félix de Azara de 1796 para la exploración y el reconocimiento de las tierras allende la frontera.

La criollización del cuerpo de oficiales

Como vimos, las reformas que introdujo el virrey Vértiz en las compañías de blandengues comenzaron por el nombramiento de una plana mayor y oficialidad veterana y peninsular, medida detrás de la cual se adivina la intención de lograr un control político del cuerpo que le permitiera al virrey disponer de él según los objetivos bélicos imperiales. Sin embargo, el alejamiento de Vértiz del virreinato y la suspensión de la amenaza externa consintieron que la oficialidad blandengue sufriera un proceso de criollización muy visible para fines de siglo. La tendencia se veía acentuada, al igual que en el resto de la América hispana, por el éxodo continuado de los elementos regulares del Ejército y la imposibilidad de la metrópolis de mandar nuevos contingentes de refuerzo. Como señala el historiador Allan Kuethe, “de este modo, tanto en el cuerpo de veteranos como en el de milicianos, la oficialidad del ejército colonial llegó a ser esencialmente americana”.[77]

En efecto, al formularse como veterano, el cuerpo de blandengues ofreció la clase de “cadetes” para quienes quisieran incorporarse y hacer carrera en él. Dadas las desventajosas condiciones del servicio en el cuerpo de blandengues, tales como la obligación de autoproveerse de uniformes y caballos, el servicio en él difícilmente podía resultar atractivo para los soldados profesionales de otros cuerpos veteranos, por lo que la incorporación como cadetes interesó principalmente a los jóvenes hijos de familias acomodadas de Buenos Aires. En adelante, los cadetes se convirtieron en la principal fuente de reclutamiento para las plazas de oficiales que iban quedando vacantes.

Contamos con los datos filiatorios de oficiales, suboficiales y cadetes del cuerpo de blandengues para fines del siglo xviii (cuadro 10). En ese momento, la mitad del personal era de origen criollo, mientras que otra mitad había hecho toda su experiencia en el servicio de las armas dentro del cuerpo de blandengues. Pero existen diferencias significativas si distinguimos entre las distintas clases mencionadas. En cuanto a la oficialidad, los cargos habían sido cubiertos en tiempos de Vértiz con personal oriundo del norte y oeste de la península, principalmente de las provincias de Vizcaya y Aragón, muchos de ellos llegados al Río de la Plata con la expedición que en 1776-1777 reconquistó Colonia del Sacramento. De allí en adelante, las vacancias de oficiales estuvieron mayormente reservadas a los jóvenes criollos de condición “noble” ingresados al cuerpo de blandengues en la clase de cadetes (cuadro 11). De esta manera, para 1798, la mitad de la oficialidad era de origen criollo y nacida en Buenos Aires.

Cuadro 10. Extracción de oficiales, suboficiales y cadetes del cuerpo de blandengues de Buenos Aires (1798)

Oficiales
(16)

Suboficiales
(29)

Cadetes
(9)

Total
(54)

Cant.

%Cant.%Cant.%Cant.

%

Origen geográfico

Buenos Aires

8

50621910023

43

Resto del virreinato

004140047

Península

8501965002750

Reclutamiento

Cuerpo de blandengues

531124191002648

Expedición 1777

5311345001833

Otros cuerpos veteranos

6

38414001019

Cantidad de años en el cuerpo (promedio)

15,5165,1

Calidad

Noble

1063008891833

Honrada

637291001113667

Edad (promedio)

41,644,521,6

Fuente: elaboración propia a partir de hojas de servicios de oficiales en AGS, Secretaría de Guerra, Regimientos y Milicias. Empleos. Agregaciones. Grados, leg. 7258.

El componente peninsular se ve, sin embargo, significativamente aumentado en el renglón de la suboficialidad, donde dos tercios del total reconocen este origen. Los suboficiales son el grupo más avejentado (con un promedio de edad de 44,5 años) y con más años en el cuerpo (15,7 años en promedio). La mayoría había ingresado al cuerpo de blandengues entre 1779 y 1782, proviniendo principalmente del cuerpo expedicionario formado por Pedro Cevallos. Además, todos los suboficiales –peninsulares o criollos– alegaban una condición “honrada”, es decir, plebeya. Estos datos dibujan una trayectoria clara para la mayoría de los suboficiales. Se trataba de plebeyos de las regiones centro y sur de la península (Andalucía y Castilla, principalmente) reclutados para formar parte de la expedición comandada por Cevallos. Recobrada la Colonia del Sacramento, estos soldados se afincaron en el Río de la Plata e ingresaron en las compañías de blandengues entre 1779 y 1782, obteniendo en ese momento la graduación de cabos. En las décadas que siguieron, estos peninsulares “honrados” mantuvieron su empleo en el cuerpo de blandengues, y su máxima aspiración, tras dos décadas de servicio, era el ascenso a la categoría de sargentos.

Muy distinta era la extracción social de los cadetes del cuerpo de blandengues. Estos eran jóvenes bonaerenses de condición “noble” que habían ingresado al servicio militar a la edad de 16 años y hallaban rápidas posibilidades de ascenso. La mayoría de ellos contaba con uno o más familiares dentro del cuerpo: de los nueve cadetes de los que tenemos datos, siete pertenecían a alguno de los clanes familiares que identificamos dentro del cuerpo de blandengues. Tal como predice Kuethe, “los cadetes solían ser hijos de oficiales, con frecuencia españoles casados en América, o de mercaderes y hacendados”.[78] Esta circunstancia favorecía sus chances de ascender en el escalafón militar. En efecto, existió una clara tendencia familiar en los nombramientos para cargos de oficiales. De las 11 nuevas incorporaciones para el cuerpo de oficiales, siete correspondieron a dichos clanes (cuadros 11 y 12).

Cuadro 11. Incorporaciones a la clase de oficiales del cuerpo de blandengues de Buenos Aires (1784-1800)

Lugar de nacimiento

Calidad

Grado alcanzado

Origen

Antonio Balcarce

Buenos Aires

Noble

Capitán

Cadete

Juan Ramón Balcarce

Buenos Aires

Noble

Teniente

Cadete

Marcos Balcarce

Buenos Aires

Noble

Alférez

Cadete

José Balcarce

Buenos Aires

Noble

Alférez

Cadete

Feliciano Hernández

Luján

Noble

Teniente

Cadete

Gabriel Hernández

Luján

Noble

Alférez

Soldado

Esteban Hernández

Luján

Noble

Teniente

Cadete

Pedro Espinoza

Buenos Aires

Noble

Alférez

Cadete

Gabriel Casado

Castilla

Honrada

Alférez

Sargento

José Ruiz

Andalucía

Honrada

Alférez

Sargento

Rafael Ortiguera

Buenos Aires

Noble

Alférez

Cadete

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Secretaría de Guerra, Blandengues de la frontera de Buenos Aires, legs. 6810, 6824, 6825.

¿Cuáles eran las familias de Buenos Aires encaramadas en el cuerpo de oficiales blandengues? La principal era la familia encabezada por quien fuera comandante del cuerpo de blandengues entre 1786 y 1796, don Francisco Balcarce. Francisco había logrado ingresar a cinco hijos en el cuerpo; al menos cuatro de ellos alcanzarían rango de oficiales. Le seguía en importancia la familia de Juan Antonio Hernández, quien había sido por largos años capitán de la compañía de Rojas y en 1794 fue nombrado segundo comandante del cuerpo, poco después de lo cual falleció. Detrás de Juan Antonio, ingresaron sus cuatro hijos varones, de entre quienes al menos tres alcanzarían grado de oficiales. Los Hernández y los Balcarce, con cinco y seis de sus miembros en la oficialidad y plana mayor, constituían verdaderos clanes familiares dentro del cuerpo de blandengues. En el caso de la familia Hernández, resulta curioso que padre e hijos diferían en su condición “noble” u “honrada”, lo que habla de un proceso de ennoblecimiento familiar de la mano del desempeño militar. Otros apellidos que se repiten dentro del cuerpo son los Escribano y los Rodríguez Peña.

Cuadro 12. Clanes familiares en el cuerpo de blandengues de Buenos Aires (1800)

Nacimiento

En el Cuerpo de Blandengues

Fecha

Lugar

Condición

Ingreso

Proveniencia

Grado alcanzado

Familia Balcarce

Francisco

1744

Barcelona

Noble

1779

Asamblea de Caballería

1.º comandante

Antonio

1776

Buenos Aires

Noble

1788

Cuerpo de Blandengues

Capitán

Juan Ramón

1773

Buenos Aires

Noble

1789

Cuerpo de Blandengues

Teniente

Marcos

1777

Buenos Aires

Noble

1790

Cuerpo de Blandengues

Alférez

José

1779

Buenos Aires

Noble

1791

Cuerpo de Blandengues

Alférez

Diego

1784

Buenos Aires

Noble

1798

Cuerpo de Blandengues

Cadete

Familia Hernández

Juan Antonio

1734

Santander

Honrada

1772

Milicias provinciales

2.º comandante

Gabriel

1764

Luján

Noble

1780

Cuerpo de Blandengues

Alférez

Esteban

1768

Luján

Noble

1788

Cuerpo de Blandengues

Teniente

Feliciano

1771

Luján

Noble

1789

Cuerpo de Blandengues

Teniente

Agustín

1774

Salto

Honrada

1790

Cuerpo de Blandengues

Cadete

Familia Rodríguez Peña

Nicolás

1776

Buenos Aires

Noble

1795

Cuerpo de Blandengues

Cadete

Juan de Dios

1777

Buenos Aires

Noble

1795

Cuerpo de Blandengues

Cadete

Familia Escribano

Pedro Nicolás

s/d

Península

s/d

1779

Fijo de Dragones

Capitán

Pedro Blas

1783

Buenos Aires

Noble

1795

Cuerpo de Blandengues

Cadete

Fuente: elaboración propia a partir de hojas de servicios de oficiales en AGS, Secretaría de Guerra, Regimientos y Milicias. Empleos. Agregaciones. Grados, leg. 7258.

Durante los años de la “pax virreinal”, el cuerpo de blandengues comenzó un proceso de criollización que, para fines de siglo, estaba muy avanzado. Esta criollización es visible en términos no solo cuantitativos, sino sobre todo de poder e influencia. En vísperas de un nuevo siglo, la mitad de los oficiales eran criollos de Buenos Aires, revirtiendo la tendencia impuesta por Vértiz de nombrar peninsulares para esos puestos. La clase de suboficiales es donde se acomodaba la mayoría de los peninsulares del cuerpo (y estos eran “peninsulares” con más de 20 años en el territorio) y también los criollos venidos de otras partes del virreinato. Los suboficiales tenían pocas posibilidades de ascenso y muchas menos de acceder a puestos de jerarquía. En cambio, la clase de cadetes, de donde se reclutaban los nuevos oficiales, estaba compuesta en su totalidad por jóvenes criollos de condición “noble”. Aún más, un puñado de familias de Buenos Aires acaparó los caminos de acceso a la oficialidad. Dos familias, en particular, colocaron a sus hijos varones en la carrera militar: los Hernández y los Balcarce. Estos formaron verdaderos clanes familiares dentro del cuerpo de blandengues.

La conciencia corporativa

De alguna manera, el cuerpo de blandengues venía a ser una solución económica a los problemas de defensa de la frontera y del virreinato.[79] Sus condiciones de existencia eran claramente desventajosas respecto al servicio en otros cuerpos regulares. El cuerpo había sido declarado veterano en 1784 y, sin embargo, se seguía rigiendo por el reglamento de sueldos de su época miliciana, que –como veremos– perjudicaba sobre todo a la clase de oficiales. Además, siendo una fuerza de caballería, los animales no los daba el rey, sino que debían ser aportados por los propios soldados y oficiales. Por último, su servicio implicaba su acantonamiento permanente en la frontera, a diferencia de otros cuerpos regulares que eran acuartelados solo en tiempos de guerra.

Los oficiales de blandengues eran plenamente conscientes de esta situación y en diversas ocasiones accionaron corporativamente en pos de alcanzar una igualación respecto al resto de las fuerzas veteranas. En 1788, el habilitado del cuerpo de blandengues, Alfonso Sotoca, hizo una presentación ante el intendente de la Real Hacienda en la que solicitó que se igualase “a este Cuerpo con los demás de la Provincia”. Las demandas específicas eran que los oficiales blandengues recibieran dos pesos mensuales en concepto de ración, que los capitanes obtuvieran 14 reales mensuales por gasto de papel y que se abonara el gasto de “reenganchamiento” de la tropa.[80] Para fundamentar estos pedidos, el delegado de los blandengues se explayó sobre las condiciones desventajosas respecto de otros cuerpos de carácter regular. Por un lado, los oficiales blandengues, pese a ser una fuerza de caballería, gozaban sueldos equivalentes a los de infantería. Por otro lado, los blandengues debían procurarse sus propios caballos, mientras que a los Dragones les eran proporcionados por la Real Hacienda. Por último, Sotoca señalaba que los blandengues, a diferencia del resto de los regimientos regulares, se hallaban movilizados en forma permanente: “No había tropa en la Provincia quien con más justa causa la disfrutase por estar siempre en campaña con las Armas en las manos ya por la realidad o sospecha del continuo insulto de los Indios”.[81] Sotelo cerraba su misiva suplicando al intendente que accediera a la “justa gracia” solicitada para que cesase “el incesante clamor de los oficiales de este cuerpo”. Entonces, las diferencias salariales, la provisión de caballos y las condiciones del servicio eran las cuestiones que estructuraban la conciencia de la oficialidad blandengue.

Los oficiales de la Real Hacienda fueron llamados a dictaminar sobre el asunto, quienes evitaron pronunciarse sobre la cuestión general y solo lo hicieron sobre el particular del gasto de ración, haciendo notar que había sido solicitado reiteradas veces y siempre rechazado: “Sin embargo del buen aspecto de esta pretensión, que se nos ha hecho verbalmente por el Habilitado diferentes veces, hemos resistido siempre acceder a ella”, señalaron.[82] Por su parte, el Tribunal de Cuentas argumentó, en el mismo sentido, que no correspondía abonar el gasto de ración, ya que consideraba que el reglamento de 1779 era específico en que los blandengues tenían que proporcionarse el sustento por sí mismos y comprar y mantener sus caballos, obligación que no la tenían los dragones porque se los daba el rey. Según el mismo tribunal, tampoco debía abonarse el reenganchamiento, mostrándose optimista en que no era “tan necesario”, porque en el cuerpo de blandengues había siempre quien sirviera y tomase plaza “con empeño”.[83] De esta manera, el Tribunal de Cuentas desestimaba el pago de la ración y el reenganchamiento y solo accedía a la dádiva del gasto de papel.

Es decir, entre los oficiales blandengues y la Real Hacienda, no había acuerdo sobre las consecuencias económicas de la declaración de los blandengues como cuerpo veterano. Unos querían la igualación de sus condiciones de existencia con respecto a las del resto de los cuerpos regulares del virreinato, mientras que la segunda se aferraba al reglamento de sueldos de 1779 para evitar nuevos desembolsos de las arcas reales. El asunto llegó a manos del rey, quien en 1791 expidió una real orden en que aprobaba los gastos de ración y papel, pero no el de reenganchamiento:

Su Majestad concede a las compañías de Blandengues los dos pesos mensuales en dinero que por ración se le da a la demás tropa como igualmente el abono de los catorce reales mensuales por Compañía que previene la Ordenanza pero no ha venido en que se les acredite el gasto de reenganchamiento.[84]

El veredicto del rey puede considerarse una victoria parcial de los oficiales blandengues, quienes vieron satisfechos dos de sus tres pedidos, reivindicando su lugar como oficiales veteranos de pleno derecho. De esta manera, el cuerpo de oficiales blandengues no solo compartía una afinidad de origen y fuertes lazos familiares, sino también la conciencia sobre su peculiar situación y una experiencia de reivindicación. Sin embargo, subsistía la cuestión de fondo sobre las diferencias salariales que existían respecto a otros regimientos montados, cuestión que resurgiría con fuerza en una coyuntura caliente cuando tornara el siglo. Por otro lado, la denegación del gasto de reenganchamiento, que atañía primordialmente a la tropa, no obstó para que este siguiese obrando en la práctica, como se verá en el próximo apartado.

Deserciones y “reenganches”

El “reenganche”, tal como se practicaba en los demás cuerpos regulares, era una prima que se abonaba por única vez a aquellos soldados que desearan continuar en el servicio una vez concluidos los ocho años del primer enganche. Como vimos, en el caso del cuerpo de blandengues, en 1791 el rey rechazó con énfasis el gasto de “reenganchamiento”. Sin embargo, la resistencia de la población a ser enrolada, las deserciones y la conveniencia de una tropa disciplinada y experimentada hicieron que las autoridades virreinales optaran por mantener la práctica del “reenganchamiento”. Para más, fueron los propios soldados los que presionaron para que así fuera.

En efecto, a principios de 1795, un grupo de 41 soldados solicitó su retiro del cuerpo de blandengues, pero alegaban estar dispuestos a continuar en el servicio si se les abonaba la gratificación de dos pesos por cada año de “reenganchamiento”, tal como se practicaba en los demás cuerpos de la provincia. El subinspector de ejército y milicias Olaguer y Feliú informó al virrey Arredondo a favor de la pretensión de la tropa, ya que se trataba de hombres experimentados, “acostumbrados a la fatiga de la Campaña, y prácticos de los Terrenos”.[85] En estas circunstancias, el virrey expidió orden a la Real Hacienda para que abonara el gasto de “reenganchamiento”, sin que haya servido de impedimento la anterior decisión real, en un gesto típico de la gestión de los asuntos americanos.

Lejos de ser un caso puntual, el “reenganche” se siguió practicando año a año en el cuerpo de blandengues hasta fin de siglo. La práctica del “reenganchamiento”, si bien contrariaba las disposiciones metropolitanas, respondía a las condiciones locales del reclutamiento. El “reenganche” aseguraba la calidad y disciplina de los soldados. El soldado que se reenganchaba tenía la experiencia de ocho años de servicio y demostraba cierta fiabilidad (al menos no había desertado en su primer empeño) y disciplina, ya que solo aquellos que habían mantenido una buena conducta eran candidatos a “reengancharse”. El número de “reenganches” producidos durante esos años sobre el total de efectivos con que contaban las compañías de blandengues demuestra la importancia de la recluta retenida de esta manera. A principios de 1800, sobre un total de 675 soldados, el 40 por ciento (254 soldados) eran “reenganchados” (cuadro 13).

Cuadro 13. Reenganchamientos en el cuerpo de blandengues de Buenos Aires (1795-1799)

1795

1796179717981799

Total

1ª Chascomús

91741031

2ª Monte

510642348

3ª Luján

1256121247

4ª Salto

20714739

5ª Rojas

18592337

6ª Ranchos

701922452

Total por año

7128482879254

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, 1801.

Además de la experiencia y disciplina que acreditaban los soldados “reenganchados”, este mecanismo garantizaba que las compañías se mantuvieran completas a pesar de las deserciones y la resistencia de la población a ser enrolada. Las dificultades para el reclutamiento local fueron subrayadas durante todo el período por distintos funcionarios. El hecho de que fueran los soldados blandengues, y no los oficiales, quienes gozaban de igual sueldo que sus pares del cuerpo de dragones habla de por sí de la necesidad de incentivar a la tropa o, dicho de otra manera, de la resistencia ejercida por la población a ser reclutada. Incluso el Tribunal de Cuentas se desdijo de su anterior optimismo sobre la prescindibilidad de este gasto:

Es notorio que ni el prest, ni las excepciones Militares por sí solas pueden estimular a la gente útil a que prefiera el empeño de su persona en este servicio por ocho años, cuando a querer dedicarse, tienen mayor ganancia sin las sujeciones Penalidades y riesgos de la bandera, en las demás ocupaciones de la campaña, sus Pueblos, y haciendas.[86]

Es decir, para los oficiales contables, ahora resultaba evidente que la “gente útil” prefería el empleo en las ocupaciones rurales (donde tenían “mayor ganancia” y menos “sujeciones, penalidades y riesgos”) a su empeño como soldados, aun cuando como tales se les garantizaba un sueldo (o prest) y el goce del fuero militar.

Por último, a las dificultades para conseguir nuevas reclutas, se sumaba el crónico problema de las deserciones y las bajas en general. En los nueve años que mediaron entre enero de 1792 y diciembre de 1800, se produjeron 270 bajas en el cuerpo de blandengues, un desgranamiento incesante a un ritmo promedio de 30 bajas por año. Los soldados desertores eran el segundo motivo por el que se produjeron bajas (70), solo después de los soldados muertos (140); más atrás quedaban las bajas por licencia (36) y por invalidez (24).[87]

Entonces, las múltiples resistencias ejercidas por los pobladores rurales (a ser reclutados, a continuar en el servicio, a la disciplina que se pretendía imponer…) llevaron a que la práctica del “reenganchamiento” floreciera en el cuerpo de blandengues más allá de la real orden que pesaba en su contra. Vale decir que estas resistencias fueron permitidas por las diversas posibilidades de empleo que ofrecía una pampa próspera. En estas condiciones, como los oficiales reales admitían, ni el sueldo ni los privilegios militares bastaban para asegurar el completo y la disciplina de la tropa.

Un proyecto para la frontera

En el último tramo del siglo xviii, algunas voces locales relanzaron el proyecto de avanzar la frontera. En 1786, en vísperas de la expedición anual a Salinas Grandes, el Cabildo de Buenos Aires solicitó al intendente que en aquella ocasión se hiciera un plano de dicho territorio, señalando los parajes más adecuados donde pudiera establecerse una población y una fortaleza. Según el Cabildo, los beneficios de poblar las Salinas eran poder surtir de sal a la Ciudad a menor costo y contar con más terrenos para apacentar al ganado, garantizando el abastecimiento citadino en tiempos de seca. Para ello, el comandante de la expedición, que sería el hacendado y maestre de campo retirado Manuel Pinazo, debía marchar con un piloto que levantara los planos pagado con los fondos del Ramo de Guerra que eran “los destinados para resguardo de las Fronteras, y fundación de las poblaciones”.[88] Por su parte, el Gremio de Hacendados elevó en 1793 una solicitud al virrey para formar poblaciones avanzadas en la convicción de que esta era la mejor forma de aumentar la riqueza agropecuaria y extender el dominio civilizador. Por último, en plena ebullición del pensamiento fisiocrático en el Río de la Plata,[89] el propio virrey saliente Nicolás de Arredondo identificaba a la agricultura como un potencial “manantial de riqueza para estos pueblos” si se liberaba de las trabas impuestas, entre ellas, la del “cordón defensivo”.[90]

Con estos antecedentes, en 1796 el virrey Melo de Portugal ordenó una expedición de reconocimiento de las fronteras con el objetivo de formar poblaciones avanzadas. Según Melo, dicho proyecto contaba con el “unánime” apoyo de diversos sectores rurales y urbanos:

Reflexionando maduramente cuanto me expresan los diputados hacendados de esta banda del Río de la Plata, con lo informado por el Ilustre Cabildo de esta capital, a quien tuve por conveniente oír en la materia […] las continuas instancias de los vecinos, cabildos, jefes militares y prácticos de la frontera para sujetar las repetidas hostilidades de los indios bárbaros de ellas […] conviniendo también todos unánimemente en el beneficio que resultaría de formarse poblaciones

Es decir, el avance de la frontera mediante la formación de “pueblos defensivos” era reclamado no solo por los hacendados, sino también por el Cabildo, los jefes militares, los vecinos y los conocedores de la frontera en general. Además, según el virrey, las proyectadas poblaciones ya contaban con la aprobación del rey y, adicionalmente, el Ramo de Guerra se hallaba “algo desembarazado” en aquel momento.

Con este balance, el virrey comisionó al capitán de la Real Armada Félix de Azara –un militar ilustrado[91]– para que realizara “un prolijo reconocimiento de toda la frontera y sitios más adecuados a fundar las poblaciones”. Según sus disposiciones, Azara sería acompañado por el comandante de la frontera Nicolás de la Quintana, el maestre de campo reformado Manuel Pinazo, el teniente de dragones Carlos Belgrano Pérez y el geógrafo Pedro Cerviño. Asimismo, la Real Hacienda debía informar sobre el estado exacto del Ramo de Guerra para conocer con cuántos fondos contaba el renovado proyecto de avanzar la frontera fundando nuevas poblaciones.[92]

La expedición se llevó a cabo desde el 17 de marzo hasta el 31 de julio de 1796. A su regreso, Azara redactó un minucioso informe que, debido a la cantidad, calidad y coherencia de sus propuestas, debe tomarse como un verdadero programa para la frontera. En cuanto a la cuestión capital, la de si convenía o no avanzar la frontera, el capitán de la Real Armada era contundente:

Es para mí indudable que conviene avanzar la frontera, porque con eso se gana terreno, y en él se aseguran muchos cueros para el comercio, carne y pan para la capital, y mulas para el Perú, y quedarán seguras nuestras estancias actuales, donde no podrán penetrar los indios so pena de ser cortados.[93]

Es decir, Azara contemplaba los intereses rurales y urbanos que justificaban el avance de la frontera. En cuanto a la extensión territorial, el objetivo máximo debía ser la ocupación de la estratégica isla Grande de Choele Choel, con el doble propósito de ganar territorio y obstruir la circulación mercantil indígena:

si nos establecemos en Chuelechel [sic] será imposible que los bárbaros puedan conducir a Chile los ganados robados […] Me limito, pues, a decir que miro muy factible y fácil establecernos en Chuelechel, y que con esto […] seríamos dueños de las pampas desde aquí al Río Negro.[94]

En su informe, Azara especificaba las condiciones bajo las que debía ejecutarse este avance de la frontera. Según decía, las dificultades para garantizar el poblamiento eran el argumento predilecto de los detractores de la idea de avanzar la frontera. Para paliar este inconveniente, según el capitán, el mejor modo de poblar la frontera era formando nuevos pueblos con rango de “villa” (es decir, con cabildos propios) y repartir las tierras en propiedad. En su concepción, la distribución de la tierra no solo llevaba a “edificar, cultivar, plantar y mejorar las posesiones”, sino que también era “una cadena que fija a los hombres para siempre”. Además, el arreglo de los pueblos debía ir por cuenta del Ramo de Guerra, costeando “la capilla o iglesia, y la casa capitular”, ya que los nuevos pobladores no podrían hacerlo: “Todo pueblo nuevo se compone de gente pobre que busca la fortuna, por consiguiente no debe exigirse de los pobladores que hagan edificios vistosos ni de algún costo”.[95]

En cuanto a la concesión a los pueblos del estatus de “villa”, capacitados, por lo tanto, a elegir cabildo, Azara la postulaba como un factor de atracción, pero limitaba esta prerrogativa a los primeros años de su fundación. Decía: “Como todo pueblo es un seminario de enredos, es preciso que a los diez años primeros no haya casa capitular, alcaldes y cabildos, ni más jefe que el militar, y que éste lo sea en todo”.[96] Esto indicaría que la concesión del estatus de villa buscaba comprometer a las élites locales en la empresa (tal como había ocurrido en las exitosas experiencias de la frontera sur de Córdoba y del Entrerríos) y que, una vez asegurada su supervivencia, las autoridades civiles podrían eliminarse en pos de una autoridad única militar.

Al inicio, el núcleo de los nuevos poblados lo conformarían los blandengues. Durante la expedición, Azara tuvo la oportunidad de consustanciarse con sus penurias (“El servicio impuesto a los blandengues por su fundador toca en inhumano, y no llena el fin”, decía). Su confianza era plena en la capacidad de arraigo de los blandengues y sus descendientes:

Para mí es muy claro que de los blandengues debe esperarse la población de las pampas; no sólo porque las defienden y aseguran como soldados, sino también porque son pobladores natos y seguros, y lo será su descendencia, dándoles tierras y sitios, y porque su plata es la que ha de vivificar y fomentar a los paisanos.[97]

Entonces, Azara proponía que los terrenos de la frontera fueran repartidos entre los blandengues “no con la igualdad que Garay, sino mejorando a los oficiales y sargentos, y aún a los soldados de haberes suficientes”. La habitación de los blandengues se complementaría con la de “paisanos”, no traídos por medios violentos, sino atraídos por el lucro derivado de los sueldos blandengues, la “corrida de la plata” y, sobre todo, por el reparto de tierras, evitando de esta manera las malas experiencias del pasado:

Aunque se podría juntar pobladores con la fuerza, es mejor hacerlo por medios suaves […]. Éste es un inconveniente que pudo precaverse cuando se fundaron las guardias actuales repartiendo las tierras, pues era fácil conocer que nadie permanecería donde nada tenía, sino lo que podía tocarle del sueldo que esparcían los blandengues, y que faltando este recurso era preciso que abandonasen el sitio y las tierras, dejándolas como cuando las hallaron, sin un árbol ni durazno para fruta y leña.[98]

Además de blandengues y paisanos, otros eventuales beneficiarios del reparto de tierras y ejidos serían el cacique “pampa” Miguel Yahati (quien hacía ocho años residía con su familia en Chascomús) y “cualquiera otro indio” que desease vivir entre ellos, aunque no quisiera “ser católico”. Es decir, en el proyecto de avance y poblamiento de la frontera, fueron contemplados los sectores populares rurales e incluso “indios amigos”, atraídos por el reparto de la tierra y la corrida de la plata, y no por la fuerza ni con imperativos evangelizadores.

Cerrando su alegato, Azara se refirió a la cuestión fiscal. El capitán no solo recordó en su informe que la formación de “pueblos defensivos” estaba en los designios del rey cuando aprobó el establecimiento del Ramo de Guerra, sino que argumentó que la expansión de la frontera redundaría en un beneficio fiscal: “Es preciso que el erario se aumente, y de ningún modo se logra mejor que fomentando la población y la riqueza, y no ahogándola con el velo de ridículos intereses”.[99]

El proyecto de Félix de Azara para la frontera no puede ser tomado como una mera iniciativa individual. Es evidente que cristalizaba consensos previos y otros por construir en torno a la cuestión de la frontera. El acompañamiento del comandante del cuerpo de blandengues, el hacendado y maestre de campo retirado Manuel Pinazo, y de un miembro de la élite porteña como Belgrano Pérez no puede, en este sentido, llevar a confusión. Estos bien afincados intereses locales se combinaban con la presencia de funcionarios ilustrados como Pedro Cerviño y el propio Azara. La idea de avanzar la frontera, incorporando tierras hasta Choele Choel, no podía ser sino una fórmula de consenso entre distintos sectores de las élites locales: el Cabildo de Buenos Aires, el Gremio de Hacendados, la opinión pública ilustrada y el cuerpo de blandengues, que tenía una identidad e intereses corporativos que defender. Cabe agregar, asimismo, la fe ilustrada en las bondades de la vida “urbana” que portaban los funcionarios borbónicos y la emergencia del pensamiento fisiocrático en sectores más o menos amplios de la sociedad virreinal.

Vale destacar que el proyecto presentado al virrey Melo concedía un amplio espacio a los sectores populares rurales –representados por blandengues y “paisanos” de a pie– y a los indígenas “amigos” que quisieran vivir en los pueblos por fundarse, atrayéndolos mediante la distribución de solares y el reparto de la tierra. Es sin duda sugestivo que semejante programa reproducía palmo a palmo la experiencia de hacía más de tres décadas de los blandengues de La Invencible, cuando ellos y sus familias se hicieron con las tierras del Salto.[100] Asimismo, la idea de que los “indios amigos” vivieran en los pueblos sin que se les exigiera cristianización también tomaba en cuenta la mala experiencia pasada de las misiones jesuíticas, las que terminaron siendo desalojadas por los propios indígenas. Por último, el proyecto rechazaba de plano los medios coercitivos de que se había valido el virrey Vértiz y que habían quedado grabados en la memoria colectiva. Las propuestas de Azara para la frontera no eran, entonces, los devaneos abstractos de una mentalidad ilustrada, sino la culminación de un proyecto que eslabonaba una serie de opiniones, acuerdos y experiencias locales solo pasible de ser expresada y anhelada en el contexto de la “pax virreinal”. Sin embargo, los vientos de guerra pronto volverían a rugir con fuerza.

El ochocientos, un nuevo ciclo de reformas (1797-1806)

El reinicio de las acciones bélicas contra Gran Bretaña (1797-1802) y Portugal (1801-1802) impulsó un nuevo ciclo de reformas en el Río de la Plata. La principal apuesta fue por los blandengues, que, por su economía y adecuación a las formas de hacer la guerra en el Río de la Plata, fueron considerados el pilar de la defensa virreinal. Además, el nuevo ciclo de reformas intentó disciplinar a las milicias, poniéndolas bajo reglamento y otorgándoles el fuero militar. La tarea estuvo a cargo del marqués Rafael de Sobremonte, quien en 1799 dejó su cargo de gobernador-intendente de Córdoba para asumir como subinspector de Ejército y milicias del virreinato.[101] El drama de la reforma fue que la idea de poner a la “nación en armas” desde sus propios recursos, disponiendo de blandengues, milicias y el Ramo de Guerra para rebatir al enemigo externo, chocaba fuertemente con tradiciones e intereses locales que portaban una noción muy definida de su mejor destino en la frontera. Reverberando sobre estos acontecimientos, la invasión británica de 1806 dejó expuestas la herida abierta y la contradicción intrínseca del planteo borbónico.

La apuesta por los blandengues

Frente al relanzamiento de la guerra atlántica, dados el éxodo de los elementos regulares del Ejército y la imposibilidad de la metrópolis de compensarlo, la principal apuesta virreinal fue por los blandengues. En 1797 se aumentó el pie de las seis compañías de blandengues a 120 hombres cada una y se creó un cuerpo homólogo para la frontera de Montevideo, compuesto idealmente por ocho compañías de 100 hombres. Hacia 1800, el cuerpo de blandengues de Buenos Aires contaba con 675 efectivos, y el de Montevideo, con 506. Juntos representaban algo más del 40 por ciento de todas las fuerzas regulares del virreinato; dentro de la caballería, un arma clave dado el tipo de guerra que se libraba, los blandengues representaban dos tercios de las fuerzas veteranas disponibles. En Buenos Aires, el conflicto bélico con Portugal determinó la salida de la mayor parte de las tropas veteranas, por lo que el peso numérico de los blandengues aumentaba al 60 por ciento de las fuerzas regulares (cuadro 14). Es decir, en el entresiglos, cuatro de cada diez efectivos regulares disponibles en el virreinato –dos de cada tres en la caballería– eran blandengues. En Buenos Aires, la proporción aumentaba a seis de cada diez.

Cuadro 14. Fuerzas regulares en el virreinato del Río de la Plata (1801)

En todo el virreinato

N.° tropas

%

Infantería

1.048

36

Blandengues

Buenos Aires

675

23

Montevideo

506

18

Dragones

662

23

Total

2.891

100

En Buenos Aires

N.° tropas

%

Blandengues

675

60

Dragones

290

25

Infantería

168

15

Total

1.133

100

Fuente: elaboración propia con base en información extraída de AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, 1.° de diciembre de 1801.

La opción de la administración borbónica por los blandengues resulta comprensible en virtud de su peculiar forma de financiación y equipamiento. Por un lado, todos acordaban en que la caballería era el arma más adecuada para el tipo de guerra que se llevaba en el Río de la Plata. Los blandengues, siendo una fuerza de caballería, representaban un gran ahorro respecto a los dragones, ya que los sueldos de sus oficiales eran sensiblemente más bajos, mientras que los soldados debían proporcionarse sus propios caballos y uniformes. Fundamentalmente, las compañías de blandengues, tanto de Buenos Aires como de Montevideo, se financiaban con el Ramo de Guerra, un ramo impositivo local que no afectaba a los caudales de la Real Hacienda.[102] En estas circunstancias, las autoridades borbónicas esperaban que los blandengues estuvieran preparados para repeler cualquier amenaza de invasión marítima y, eventualmente, para servir en la frontera luso-brasileña. Sin embargo, sus pretensiones fueron de diversas maneras cortapisadas.

Una oficialidad disconforme

La oficialidad de ambos cuerpos de blandengues, ya fuertemente acriollada y con vínculos entre sí, arremetió en la cuestión de fondo para la igualación de su estatus con respecto al de otros cuerpos veteranos: el reconocimiento salarial. Su prest estaba entre un quinto y un tercio por debajo del percibido por sus pares en el cuerpo de dragones –la otra fuerza de caballería–, discriminación que no sufrían ni el comandante del cuerpo ni la tropa, llegando la diferencia a 37,5 por ciento en el caso de los capitanes (cuadro 15). Los oficiales y suboficiales blandengues eran plenamente conscientes de la desventaja de su situación respecto a la de los dragones y accionaron corporativamente para subsanarla.

Cuadro 15. Comparación escala salarial de blandengues y Dragones

Dragones

Blandengues*

Diferencia (%)

Comandante

1151150

Capitán

8050-37,5

Teniente

40

32-20

Alférez

3525-28,6

Sargento

18

14

-22,2

Cabo

1011+10

Soldado

8

10

+25

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de AGS, Secretaría de Guerra, Blandengues de la frontera de Buenos Aires, leg. 6818, exp. 18.
(*) En todas las clases de blandengues, deben considerarse dos pesos de descuento para caballos y uniformes. En el caso de los soldados, recibían dos pesos extras mensuales en concepto de ración, compensando aquel descuento.

A fines de 1799, en plena conflagración bélica atlántica, los oficiales blandengues de Buenos Aires y de Montevideo formularon un petitorio para que sus sueldos se igualaran a los del Regimiento de Dragones, lo que demostraba la existencia de vínculos entre los oficiales blandengues de ambas bandas del Plata.[103] La misiva presentada por los de Buenos Aires resulta muy ilustrativa de la imagen que tenían de sí mismos y del servicio que prestaban. Los oficiales blandengues afirmaban que su servicio contribuía a la prosperidad de la campaña de Buenos Aires ya que, según ellos, al abrigo de los fuertes se atendía “sin sobresalto al incremento y cría de los ganados” y se poblaban “los terrenos desiertos”. A continuación, los oficiales bonaerenses señalaban que las condiciones de servicio eran mucho más rudas que las de otros cuerpos del virreinato y de América. Según ellos, se hallaban permanentemente movilizados a la intemperie, dependiendo de “la contingencia de la caza” para sobrevivir y sin contar siquiera con “el agua que debe servir de refrigerio a la más extremada sed”. Estas condiciones, evaluaban, no las conocían “en la mayor parte los demás cuerpos del distrito de este continente”.

De esta manera, los oficiales blandengues argumentaban que, a pesar de contribuir a la prosperidad regional y sufrir mayores penalidades que otros cuerpos de carácter regular, sus sueldos apenas igualaban a los de Infantería, siendo ellos una fuerza de caballería. Los oficiales aludían a su penosa situación financiera, debida a lo caro de la vida en la frontera y a la obligación de comprar y reponer los caballos y las monturas necesarios. En suma, se concluía:

Estos gastos son sin duda exorbitantes para unos Oficiales que sin embargo de titularse de Caballería, verificar la calidad de servicio que pertenece a esta Tropa, y merecer la misma denominación en los Reales Despachos que V. M. se ha dignado expedirles, únicamente gozan el prest con igualdad al asignado para los de su clase en la Infantería.

Además, los oficiales blandengues de ambas bandas reconocían que la prosperidad del Ramo de Guerra brindaba la oportunidad para que sus reivindicaciones fueran satisfechas. Los bonaerenses señalaban: “…lo Pingüe del Ramo Municipal de la nominada Capital que es el destinado para las ocurrencias de la Frontera, y satisfacción de nuestros sueldos, con el mejor rendimiento”. Lo mismo argumentaban sus pares de Montevideo:

Tenemos más a nuestro favor el no ser pagado este Cuerpo por la Real Hacienda, sino por el Ramo de Guerra con que contribuyen gustosos los Hacendados, con solo el objeto de tener quien les defienda de las invasiones de tantos contrarios como les circundan, y lograr por este medio vivir tranquilos en sus casas, y guardar sus Haciendas.[104]

Es decir, los oficiales blandengues reclamaron la igualación de sus sueldos con respecto a los de los dragones argumentando que eran una fuerza de caballería y que su servicio, a la par que contribuía a la prosperidad regional, acarreaba mayores gastos y penalidades que el de los otros cuerpos virreinales. Asimismo, recordaron a las autoridades virreinales que sus funciones estaban en la frontera a cuyo fin se había impuesto el Ramo de Guerra.

La solicitud llegó a manos de la Corte en Madrid. El virrey Avilés recomendó no atender a lo solicitado por los oficiales blandengues, argumentando que ellos “entraron a servir con conocimiento de los actuales sueldos de sus Empleos” y que, “por los destinos” que ocupaban, no les eran necesarios “muchos gastos que atrae la precisa decencia para mantenerse en Poblaciones de numeroso Vecindario”. Es decir, el virrey rebatía el argumento del encarecimiento de la vida en la frontera sugiriendo que mayores eran los gastos que exigía la decencia de la vida urbana. Con todo, el problema principal para el virrey radicaba en que el Ramo de Guerra se hallaba escaso de fondos y en estado que, si duraba “dos años la Guerra con la Gran Bretaña”, habría tenido “que suplirlos la Real Hacienda”.[105] Con este dictamen, el rey resolvió, aun reconociendo que se trataba de cuerpos de caballería, no conceder a los oficiales blandengues de Buenos Aires y Montevideo los sueldos señalados para el Regimiento de Dragones.[106]

En este caso, la estructura de financiamiento y el conflicto externo impidieron la igualación de sueldos y, por tanto, su reconocimiento como fuerza regular de caballería. Es comprensible que no solo la denegación de lo solicitado, sino también los argumentos esgrimidos por el virrey en su contra, fastidiaran a los oficiales blandengues. La discriminación que sufrían en la escala salarial debía parecer, en este sentido, absurda a sus ojos. Ellos se comparaban al resto de las fuerzas regulares y creían estar cumpliendo un sacrificado servicio solventado por la población local que redundaba en la prosperidad de la región.

Resistencias en la tropa

A inicios del ochocientos, tuvo lugar un nuevo conflicto relacionado al gasto ocasionado por el cuerpo de blandengues, que involucró esta vez mayormente a la tropa, y con un resultado diferente al obtenido por la oficialidad. Como vimos anteriormente, en 1791 el rey expresamente rechazó el pedido de los blandengues para que se abonara el gasto de “reenganchamiento” como en el resto de los cuerpos veteranos. La decisión real no obstó para que, por decisión del virrey en virtud de una solicitud del comandante del cuerpo, el “reenganchamiento” se practicara regularmente entre 1795 y 1800, algo que los tiempos de la “pax virreinal” permitían. En enero de 1801, ante la nueva coyuntura ajustada para el Ramo de Guerra –debida a la merma del tráfico atlántico–,[107] la Real Hacienda se negó a seguir abonando el gasto de “reenganchamiento” y amenazó con descontar al cuerpo de blandengues lo percibido hasta el momento en este concepto.

En esta ocasión, el subinspector de Ejército y milicias Rafael de Sobremonte obró a favor de la continuación del abono del “reenganchamiento”, exponiendo ante el virrey Avilés los perjuicios a los que se exponía al cuerpo en caso contrario:

A V. E. [Vuestra Excelencia] consta la baja de estos cuerpos, especialmente la del de esta banda, las dificultades que se tocan en sostenerlos de gente útil, y que si con el aliciente de los reenganches se experimenta, [¿]cuán grande sería, si este hubiese faltado hasta aquí? V. E. conoce las ventajas del soldado formado, y conocido por su conducta, que es [el] que únicamente se admite el reengancharse.

Es decir, Sobremonte señalaba las dificultades de la recluta, las deserciones y la formación y disciplina de los soldados como poderosos motivos para continuar con la práctica del “reenganchamiento” de soldados. De otra manera, reflexionaba el marqués, “¿qué objeto les [quedaba] de interés para volver a empeñar su libertad…?”.[108]

Por su parte, el comandante del cuerpo, Nicolás de la Quintana, encendió voces de alarma ante la insinuación de la Real Hacienda de que el cuerpo de blandengues debía devolver el gasto de “reenganchamiento” de los últimos años.[109] En tal sentido, el comandante informaba que el cuerpo no tenía fondos y fue enfático en que tampoco podrían reintegrarse con el “extraño arbitrio de descontarla del prest” de los que la habían recibido, ya que, por un lado, muchos de ellos ya no estaban en el servicio y, por otro, a los que continuaban en él estaría “faltándoseles a lo que formalmente pactaron al tiempo de su nuevo empeño”, lo que podía “ser origen de muy malas consecuencias”.[110] En similar sentido opinaba su par, el comandante del cuerpo de blandengues de Montevideo Cayetano Ramírez de Arellano, arguyendo que el descuento de los reenganches abonados a sus beneficiarios pondría en juego el honor de sus “jefes”:

En este caso sería comprometer el honor de la verdad de los Jefes en el contrato que han celebrado, y a que no puede faltárseles, porque clamarían y con razón, diciendo que ha sido un engaño para seducirlos al empeño que no hubieran contratado, si no fuera por el cumplimiento de aquella promesa.[111]

Es decir, tanto la elusiva posibilidad de conseguir nueva recluta, como la necesidad de preservar la disciplina de los soldados en servicio, a quienes se les habían realizado determinadas concesiones y promesas para que “volvieran a empeñar su libertad”, eran poderosos motivos para que se concediera a la tropa lo que a la oficialidad se le negaba: la igualación, en el caso del “reenganchamiento”, con otros cuerpos regulares.

En estas circunstancias, en agosto de 1803, el virrey Joaquín del Pino resolvió que se siguiera abonando el gasto de “reenganchamiento” a los cuerpos de blandengues de Buenos Aires y Montevideo “en el modo” que lo disfrutaban “los demás cuerpos veteranos”, aclarando que este gasto correría por cuenta del Ramo de Guerra.[112] Alcanzando esta igualdad de los blandengues con respecto a otros cuerpos regulares, la tropa triunfó allí donde los oficiales habían fallado. El reconocimiento del gasto de “reenganchamiento”, lejos de conformar una tropa regular disciplinada, es indicio de las múltiples resistencias ejercidas por los soldados y la población en general.

Con todo, si las condiciones locales habían hecho arrancar estas concesiones para la tropa, su disponibilidad para enfrentar el conflicto externo no podía equipararse a la de otros cuerpos regulares. La disputa por las funciones que debían cumplir los blandengues no era nueva, pero con Sobremonte vio su último y capital episodio. Las compañías de blandengues habían sido creadas por el Cabildo de Buenos Aires para guarnecer la frontera de su jurisdicción. Vértiz esperaba lo mismo de ellas cuando inició su ciclo de reformas, pero el significativo aumento del número de plazas y su transformación en un cuerpo veterano lo llevaron a creer que podían enfrentar “algo más que indios”. Sin embargo, la detención del conflicto externo y su salida del virreinato no le permitieron a Vértiz ver concretarse su predicción. El nuevo ciclo de guerra atlántica alumbraría a la vez la oportunidad y la frustración de las esperanzas de los funcionarios borbónicos.

En 1802, el subinspector de Ejército y milicias, marqués de Sobremonte, elevó al virrey Joaquín del Pino un extenso informe sobre el lamentable estado defensivo del virreinato. En dicho informe, Sobremonte alude a la utilización de los blandengues durante el reciente conflicto con Portugal. Según dice, cuando se declaró la guerra en toda la dilatada “Frontera del Brasil”, había solo 50 hombres de infantería y “otros tantos Blandengues que, repartidos entre ocho Puestos a considerables distancias”, había sido “sumamente fácil a las tropas de aquella nación poseerlos”. Luego, antes de que finalizara la guerra, se habían reunido 300 blandengues de Buenos Aires e igual cantidad de dragones para contener las incursiones de los portugueses. Es decir, durante el conflicto con Portugal, los blandengues fueron efectivamente movilizados a la frontera luso-brasileña, pero en un número que el subinspector de Ejército y milicias juzgaba insuficiente.

En adelante, Sobremonte esperaba contar con el completo de ambos cuerpos de blandengues para enfrentar el conflicto externo. Era consciente de que los blandengues eran requeridos en la “frontera de las pampas” para contener las irrupciones de las “naciones errantes” de “indios infieles”. Sin embargo, como estratega militar que era, y ante la imposibilidad de contar con “los costosos socorros de la Península”, estimaba que con los cuerpos de blandengues de Buenos Aires y Montevideo podrían ponerse más de 3.000 tropas de línea para llevar una guerra con superioridad numérica a la “nación vecina”, en referencia a los luso-brasileños.

Sin embargo, más allá de las estimaciones en el papel, las condiciones de servicio, tal como eran entendidas por los soldados, atentaban contra la posibilidad de movilizarlos fuera de la frontera. Si en la urgencia se enviaban blandengues de Buenos Aires a la frontera con Brasil, reflexiona Sobremonte, no solo quedarían expuestas sus respectivas fronteras, sino que también se reduciría la recluta porque, “sacados de su domicilio, o inmediaciones”, les era “repugnante pasar a la Banda Septentrional” del Río de la Plata “a tanta distancia”, y crecía “la deserción considerablemente”. Es decir, pese a ser una tropa de línea, los soldados blandengues se resistían a servir fuera de su territorio, que era la frontera. Esto motivó el agrio lamento del marqués: “Todo esfuerzo es en vano para promover en estos Países la afición al servicio de soldado, por la abundancia de los efectos necesarios para la vida en la Campaña, y la libertad que ésta ofrece”.[113] Sus palabras tendrían el eco que se cerniría como un epitafio sobre su carrera política.

La reforma imposible: el disciplinamiento de las milicias

El nuevo ciclo de reformas intentó disciplinar a las milicias según el modelo cubano, tarea que estuvo a cargo del subinspector de Ejército y milicias, el marqués de Sobremonte. En 1800, previendo la inminente guerra con Portugal, la Corona expidió una real orden para poner a las milicias del virreinato del Río de la Plata bajo reglamento, tal como venía fomentándose en distintas partes del imperio hispano en América. El modelo de milicias disciplinadas, aplicado por primera vez en Cuba en 1768, implicaba la movilización universal de todos los hombres aptos entre los 16 y los 45 años, a los que se ofrecería un prest por el tiempo que fueran efectivamente movilizados, armas y uniformes provistos por la Corona y el beneficio del fuero militar. A principios de 1801, el subinspector Sobremonte sancionó el “Reglamento para las milicias regladas de infantería y caballería del Virreynato de Buenos ayres”. Con él, se buscaba crear en el Río de la Plata un “ejército de reserva” de 14.000 hombres, 6.000 de los cuales pertenecerían a la Intendencia de Buenos Aires.[114]

Sin embargo, su aplicación se topó con múltiples obstáculos. En primer lugar, la Real Hacienda no estaba en condiciones de vestir, armar y equipar a semejante número de efectivos. Según informó luego el subinspector Sobremonte, la guerra encontró a las milicias sin el equipamiento necesario, “careciéndose de Armas, especialmente de Pistolas, y Espadas […] y de Caballos”. La situación contrastaba con las milicias portuguesas, constituidas “sobre un pie de rigurosa disciplina”; los habían vestido y armado “perfectamente”, y estaban “provistos de muchos y muy buenos caballos”. De esta manera, si bien la inspiración para la sanción del “Reglamento…” venía de la inminente guerra con los portugueses, esta comenzó y terminó en el Río de la Plata sin que la reforma de las milicias hubiera tenido aplicación. Según informó Sobremonte, al transcurrir la guerra, las milicias estaban “sin la disciplina necesaria, por no haberse aún establecido el nuevo Real Reglamento”.

Por lo tanto, el subinspector insistía todavía en agosto de 1802 en la necesidad de fomentar “el buen arreglo de estas Milicias según el Reglamento”, para lo cual debían vencer “las dificultades” que se presentaban “para hacerse de arbitrios con que proveerlas de Vestuario, y buen Armamento”, del que se carecía allí, pues no había “espadas ni aún para dos Regimientos, ni Carabinas”, ni parecía conveniente esperar que hubiera “fondos para su provisión”.[115]

Es así que la falta de fondos para armas y uniformes se convirtió en una gran limitación para disciplinar a las milicias. Sobremonte creía que la Real Hacienda no podía sufragar dicho gasto, sino que las nuevas formaciones milicianas debían ser sostenidas por ramos o arbitrios municipales, existentes o de nueva creación, pero se enfrentó en este punto con la resistencia de los cabildos.[116]

El deficiente equipamiento y la falta de financiamiento, si bien eran aspectos claves, no fueron el único obstáculo con que tropezó la reforma. El límite infranqueable que encontró fue que semejante encuadramiento de la población debía concitar la adhesión de las élites locales. Raúl Fradkin ha señalado que el nuevo reglamento “no dejó de suscitar oposiciones, entre ellas la del Cabildo de Montevideo y del Gremio de Hacendados, que temían que se agudizara la ya crónica escasez de mano de obra por el alistamiento general”.[117] Es probable que, si esos hacendados hubieran visto utilizarse las nuevas formaciones milicianas en pos de sus intereses sociales, como repetidas veces habían reclamado en el último cuarto de siglo, o hubieran reconquistado su control político, arrebatado en tiempos de Vértiz, quizás hubieran acompañado la aplicación de la reforma.

Por último, el “Reglamento…” no tuvo la aquiescencia del Cabildo de Buenos Aires, esencial para el éxito de la reforma, ya que, celoso de su jurisdicción, veía recortadas sus prerrogativas sobre la población rural. En 1803, el Cabildo se presentó ante el virrey Joaquín del Pino para manifestar los “inconvenientes” que resultaban “de ponerse en ejecución en estas partes el nuevo reglamento de Milicias Provinciales”. En particular, los capitulares señalaban las dificultades encontradas para la administración de justicia en la campaña dado que la mayoría de las diligencias judiciales implicaba a sujetos que gozaban del fuero, por lo que la justicia ordinaria debía contar con la venia de los jefes milicianos para su prosecución.[118] En este asunto, Sobremonte apuntó que se podía eliminar este requisito en casos urgentes, pero, consciente de las dificultades en la recluta, fue taxativo en que eliminar la venia militar “de ningún modo” convenía porque era “ir contra lo mandado por S. M. [Su Majestad]” y era “abolir el privilegio [del fuero militar] en esta parte”, siendo uno de los principales atractivos del enrolamiento en las milicias.[119]

Con el dictamen de Sobremonte, el virrey Del Pino resolvió que los alcaldes ordinarios podían proceder en sus diligencias sin necesitar recabar la autorización de los jefes militares “cuando el caso fuese sobremanera urgente”, circunstancia que esos mismos jueces graduarían, y que, en los casos en que no se presentara tal urgencia, cualquier oficial o subalterno podía autorizar la diligencia por oficio o verbalmente.[120] Es decir, si bien no se eliminaba la aplicación del fuero militar, se ampliaban tanto las ocasiones para eludirlo que casi lo dejaba en abstracto. Aun así, resulta evidente la incomodidad del Cabildo con el “Reglamento…”, sobre cuya aplicación argüía que “diariamente” ocurrían “nuevas circunstancias”, que hacían “desde luego impracticable el proyecto”.[121] La resistencia del Cabildo de Buenos Aires entroncaría de esta manera con la norma señalada por Juan Marchena de que las élites locales acompañaron o no a la reforma miliciana en virtud de su capacidad para controlar el fuero militar.[122]

La frontera en la opinión pública

En los últimos años virreinales, un ideario protoliberal con un marcado sesgo fisiocrático se fue afirmando entre miembros de las élites locales y otros sectores sociales y empezó a mancomunar los intereses rurales y urbanos. Luego de presentado el plan de Félix de Azara para la frontera y pasados los temblores de la guerra, entre las élites bonaerenses resurgieron las críticas a la política del “cordón defensivo” de Vértiz y se afianzó el proyecto de avanzar la frontera. Los medios intelectuales, el comandante del cuerpo de blandengues y el Cabildo de Buenos Aires dieron forma a una opinión pública en favor del programa azaraniano para poblar hasta Choele Choel y el Río Negro. Las condiciones materiales, juzgaba esa misma opinión pública, obraban a su favor debido a la revitalización del Ramo de Guerra; en definitiva, para eso había sido creado, decían.

La opinión ilustrada sobre el tema de la frontera se nucleó en torno al Semanario de Agricultura, Industria y Comercio fundado por Hipólito Vieytes. Desde sus páginas, el geógrafo Pedro Cerviño, integrante de la expedición de Félix de Azara –de quien, además, era amigo–, se explayó en torno al problema de la frontera. En una serie de cartas publicadas entre fines de 1802 y 1803, Cerviño reivindicó el plan de avance de la frontera hasta el Río Negro, la idea de que los blandengues debían ser los pioneros y las virtudes del reparto de tierras entre los pobres.[123] Es decir, Cerviño compartía las líneas maestras del plan de Azara y, con su prédica en el único periódico circulante, las ponía a disposición del público. Es poco dudoso que el geógrafo también se explayara sobre estos temas en las tertulias organizadas en su casa particular, a las que asistían, entre otros, el deán Gregorio Funes y los jóvenes abogados Juan José Castelli y Manuel Belgrano. La declaración del oficial José Joaquín de Araujo que abre este capítulo, vertida en su Guía para forasteros de 1803, es la de un criollo ilustrado que participa del mismo clima de opinión.

Una vez concluida, aunque más no fuera momentáneamente, la guerra externa, no tardaron en surgir las críticas al “cordón defensivo” de tiempos de Vértiz y todavía vigente. En 1803, el procurador del Cabildo de Buenos Aires Cristóbal de Aguirre, en un memorial dirigido al virrey, criticó abiertamente esta política por considerarla inútil e insuficiente para proteger las estancias:

Plan de defensa tan inútil debía haberse ya abandonado […] será siempre éste insuficiente para cubrir nuestras estancias […] pues extendida la línea de fuertes por más de 80 leguas, sus extremos y aún otros puntos menos distantes, no pueden auxiliarse mutuamente.[124]

Por su parte, el comandante del cuerpo de blandengues, Nicolás de la Quintana, en 1804 propuso al virrey avanzar la frontera considerablemente, concentrando las compañías de su comando en Laguna Blanca[125] y repartiendo la tierra pública en propiedad.[126]

En 1804, el marqués Rafael de Sobremonte asumía como nuevo virrey del Río de la Plata. A sabiendas de que un nuevo conflicto con Gran Bretaña se avecinaba, Sobremonte solicitó refuerzos militares a la metrópolis, que le fueron denegados, por lo que primó su idea de disponer del cuerpo de blandengues y las milicias para rebatir al enemigo externo. Sin embargo, el Cabildo de Buenos Aires tenía ideas muy distintas respecto a las del funcionario borbónico en cuanto a la utilización de los blandengues y del Ramo de Guerra. En un acuerdo celebrado en diciembre de 1804, el Cabildo se pronunció al respecto:

Es de indispensable necesidad se saquen más afuera las guardias de la Frontera: por cuanto éstas se hallan resguardadas con la multitud de estancias que se han poblado fuera del cordón; y están éstas totalmente desamparadas sin defensa alguna que las liberte de las invasiones del Indio infiel, contra el fin y objeto con que fueron establecidas estas guardias, y para lo que se impuso el vecindario el gravamen del derecho municipal de guerra.[127]

Es decir, la élite capitular criticaba el “cordón defensivo” existente, juzgándolo insuficiente, y proponía nuevamente avanzar la frontera “sacando las guardias”. A tal fin, recordaban los capitulares, el “vecindario” se había impuesto el Ramo de Guerra.[128]

Claro que poco de esto contaba entre las prioridades virreinales. Ese mismo diciembre, España declaraba formalmente la guerra a Gran Bretaña. La frontera y los imperativos del ciclo europeo de guerras ponían de relieve las diferencias de objetivos entre la élite capitular y otros actores locales y los funcionarios borbónicos, quienes disputaron, una vez más, las fuerzas militares de Buenos Aires y los recursos fiscales con que se financiaban. Las circunstancias que siguieron a la batalla de Trafalgar (1805) abrirían un nuevo escenario donde estas sordas disputas tendrían oportunidad de expresarse.

Epílogo: la frontera, la invasión inglesa al Río de la Plata y la militarización revolucionaria

El proceso político y de militarización de la Ciudad de Buenos Aires que se abrió con la invasión inglesa al Río de la Plata, especialmente luego de la Reconquista, fue ampliamente estudiado por la historiografía, y sus consecuencias se señalaron como revolucionarias.[129] Tal como indica el historiador Alejandro Rabinovich, “el sistema militar colonial español se rindió rápidamente, y dejó la tarea de repeler a los invasores en manos de la población local, que, desde ese momento en adelante, fue militarizada de modo duradero y revolucionario”.[130] Sin embargo, la defensa del Río de la Plata desde hacía algún tiempo estaba mayoritariamente en manos de la población local; la antítesis sistema militar colonial español/vecinos en armas se trataba, en la práctica, de dos caras de una misma moneda.

En enero de 1805, tras la declaración de guerra con Gran Bretaña, el virrey Rafael de Sobremonte recibió órdenes de organizar la defensa de Buenos Aires, para lo cual redactó un plan. Las fuerzas regulares –básicamente, el cuerpo de blandengues y algunas compañías de granaderos–, junto a milicias de infantería, debían defender la Plaza Mayor, mientras que las milicias de caballería harían lo mismo con las costas al sur y norte de la Ciudad, desde Quilmes hasta Ensenada y desde Las Conchas[131] hasta Olivos.[132] Es decir, el corazón de la defensa lo formaría la vieja estructura de milicias y blandengues. Era el sueño de la “nación en armas”, a punto de ser estrellado.

En junio de 1806, 1.635 tropas inglesas al mando de William Carr Beresford entraron al Río de la Plata.[133] El virrey dividió al cuerpo de blandengues entre Buenos Aires y Montevideo y ordenó el acuartelamiento de las milicias de Buenos Aires. En la mañana del 25 de junio, los invasores desembarcaron en Quilmes. Los esperaban 200 blandengues, al mando de su comandante Nicolás de la Quintana, y otros tantos milicianos. Los blandengues ofrecieron cierta resistencia, limitada a algunas descargas de fusilería, mientras que al día siguiente se produjo una escaramuza en Quilmes, que terminó con la desbandada de las milicias, que dejó libre el camino para que los ingleses tomaran la Ciudad.[134] El virrey Sobremonte se reunió con el comandante del cuerpo de blandengues Nicolás de la Quintana en Monte Castro. Tras la reunión cumbre, uno marchó a Córdoba, donde reuniría un ejército expedicionario de 2.000 hombres que nunca logró pisar Buenos Aires. El otro reaparecería en la Reconquista.

Poco después, comenzó la resistencia. En la frontera, los blandengues, al mando del segundo comandante Antonio de Olavarría, se unieron a las milicias de caballería que el potentado Juan Martín de Pueyrredón reunió en Luján. Mientras tanto, en Montevideo, el gobernador Ruiz Huidobro y el capitán de navío Santiago de Liniers organizaron una fuerza expedicionaria para marchar sobre Buenos Aires. Ya en territorio bonaerense, se unieron las milicias de infantería de Buenos Aires, vestidas y armadas por el comerciante Martín de Álzaga, las milicias de caballería de Pueyrredón y el resto de las compañías de blandengues, al mando de Olavarría. El resultado fue un ejército de unos 1.600 hombres compuesto por 350 tropas de línea, 500 blandengues y unos 800 milicianos de Buenos Aires, Montevideo y Colonia. El día 12 de agosto, las fuerzas comandadas por Liniers marcharon sobre Buenos Aires, donde, unidas a la población civil, lograron la Reconquista de la Ciudad.

Con la Reconquista, se activó el tiempo de la política en Buenos Aires. La Ciudad, mediante un cabildo abierto, le quitó al virrey sus atribuciones militares y se las otorgó al héroe de la Reconquista, Santiago de Liniers, mientras que la Audiencia retuvo el mando civil del virreinato. Aquel preparó la defensa para una probable segunda invasión. La población urbana se organizó en compañías de milicias de acuerdo a su procedencia geográfica, marcando una militarización con consecuencias revolucionarias. Al año siguiente, las fuerzas locales lograron repeler a las huestes británicas, esta vez compuestas por 12.000 hombres; a continuación, depusieron al virrey ausente y alzaron a Liniers como nuevo virrey del Río de la Plata.

En cuanto al cuerpo de blandengues, reconquistada la Ciudad, los comandantes Nicolás de la Quintana y Antonio de Olavarría, junto a los oficiales de blandengues Antonio y Marcos Balcarce, formaron parte del Estado Mayor de Liniers. Durante la organización de la defensa para la segunda invasión inglesa, Liniers despachó al grueso del cuerpo de blandengues a Montevideo, donde participaron, al mando de Nicolás de la Quintana, de la defensa de la ciudad sitiada por los británicos hasta su rendición el 3 de febrero de 1807. Nicolás de la Quintana, al igual que sus oficiales y tropas, fue embarcado como prisionero por los ingleses. En 1808, al establecerse la paz entre españoles y británicos, fueron liberados y combatieron junto al resto de las tropas porteñas en la guerra de independencia de España. Finalmente, un grupo de 11 oficiales (entre ellos, los oficiales de blandengues Nicolás de la Quintana, Antonio, Diego y Marcos Balcarce y José Rondeau) con 45 soldados que tenían a su cargo regresaron al Río de la Plata en 1810.[135] Las firmas de Juan Ramón Balcarce y Esteban Hernández figuran entre las primeras del petitorio firmado el 25 de mayo de 1810, por el que los “vecinos, comandantes y oficiales” de Buenos Aires, “a nombre del Pueblo”, solicitaron la conformación de una nueva junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra. Junto a ellas, están las de Pedro Andrés García, Eustaquio Díaz Vélez y Martín Rodríguez, conocidos promotores del avance de la frontera.[136]

Conclusiones

Las reformas borbónicas en la frontera de Buenos Aires no fueron tanto un programa o un conjunto específico de medidas, sino el producto de las decisiones que los funcionarios borbónicos pragmáticamente fueron tomando, dictaminadas por el contexto local y regional en coyunturas de relanzamiento del conflicto externo. De esta manera, se estableció una “lucha por el Estado” entre el poder virreinal y distintos sectores sociales y actores corporativos en un proceso que no fue lineal, sino que atravesó episodios álgidos y fases de distensión. En 1779-1784 y 1797-1802, se verificaron sendos ciclos de reforma que implicaron la apropiación, por parte del poder virreinal, de los recursos defensivos de la frontera y el intento de reorientarlos hacia los objetivos dinásticos de preeminencia internacional. Entre 1784 y 1797, se vivió un período de “pax virreinal” que implicó un relajamiento del celo reformista, lo que permitió aflorar la conducción y los proyectos de determinadas élites locales y compensar por medios pecuniarios la distensión de la disciplina de la soldadesca.

El virreinato de Juan Joseph de Vértiz (1778-1784) pronto se encontró con una coyuntura signada por la guerra con Gran Bretaña, la sublevación altoperuana y la renovada conflictividad que se vivía por esos años en la frontera, que alcanzó su cénit con el gran malón de 1780. La política de Vértiz implicó la consolidación territorial y la pacificación de la frontera, doblegando las aspiraciones y la autonomía con la que la oficialidad miliciana acostumbraba gobernar la frontera. Con estos designios, el virrey diseñó un “cordón defensivo” que se cerraba sobre Buenos Aires, confiando su vigilancia a los blandengues. Para ello, se aumentó el pie de las compañías y se nombró una nueva plana mayor veterana y peninsular, conformando con ellas un cuerpo regular de caballería. De esta manera, el virrey procuró poner a los blandengues en estado de enfrentar “algo más” que indios.

En efecto, las funciones de los blandengues en la frontera serían reemplazadas en el mediano plazo por los habitantes de nuevos “pueblos defensivos”, para lo que pobladores y familias peninsulares y criollas fueron compulsivamente enviados a la frontera bajo diversos grados de coerción. Por otro lado, mediante una mezcla de seducción y amedrentamiento, se alcanzaron acuerdos de paz con las parcialidades indígenas pampeanas, las que obtuvieron amplios reconocimientos territoriales y facilidades para el comercio. De esta manera, el “cordón defensivo” representaba una política de pacificación de la frontera que buscaba ahorrar recursos fiscales en el mediano plazo, abandonando cualquier veleidad expansionista, y eventualmente disponer del cuerpo de blandengues para el conflicto externo.

Las reformas introducidas por Vértiz no dejaron de suscitar reacciones adversas y resistencias en la frontera. Las milicias, el otro pilar de la defensa de la frontera, resistieron la autoridad de la nueva estructura de mando. Asimismo, el envío compulsivo de familias pobres a la frontera generó una fuerte resistencia y dejó una estela de resentimiento en la población rural. Sin embargo, las medidas tomadas por Vértiz no encontraron una oposición unificada. Si bien emergía en el sector rural una conciencia –teñida de un fisiocratismo espontáneo– de la prioridad económica de la frontera, sus portadores oscilaban entre una posición intransigente frente al desafío indígena y una más pragmática y sensible a los equilibrios de poder; a la par, existía una marcada distancia entre los intereses rurales y los de la Ciudad.

Por fin, el período 1784-1797 fue de una “pax virreinal” que coincidió con la relativa paz internacional, el aplastamiento de la sublevación altoperuana y la tranquilidad de la frontera aportada por los tratados de paz y el comercio interétnico. La “pax virreinal” consintió la distensión del momento político, permitiendo a las élites locales recuperar posiciones y acuñar un proyecto unificado para la frontera. En el cuerpo de blandengues, el comando y la oficialidad peninsulares puestos por Vértiz dejaron su lugar a una fuerte criollización del cuerpo de oficiales, controlado por un puñado de familias patricias como los Hernández y los González Balcarce. Mientras tanto, los recursos del Ramo de Guerra se derramaban para paliar las falencias de la tropa. La práctica del “reenganchamiento”, una prima otorgada a los soldados que continuaban en el servicio después de sus primeros ocho años, siguió desarrollándose a pesar de la expresa prohibición del rey. En el reverso de esta práctica, puede vislumbrarse la multiforme resistencia ejercida por una población rural que gozaba de amplitud de movimientos y oportunidades alternativas.

Hacia fines de siglo, el Cabildo de Buenos Aires, el Gremio de Hacendados y el propio cuerpo de blandengues relanzaron el proyecto de adelantar la frontera. Con autorización del virrey, este proyecto se formuló a partir de la expedición del oficial de marina Félix de Azara para reconocimiento de la frontera. El proyecto presentado por Azara era un elaborado plan de adelantamiento de la frontera mediante la ocupación hasta Choele Choel y la formación de “pueblos defensivos” compuestos por los blandengues, sectores populares rurales e incluso “indios amigos” atraídos por el reparto de la tierra. De esta manera, el proyecto de Azara se nutría de las buenas y malas experiencias previas y expresaba un consenso que abrazaba las expectativas de los distintos sectores locales interesados.

Sin embargo, en el ochocientos sobrevendría otro ciclo de reformas. Ante el reinicio de la guerra con Gran Bretaña, el éxodo de los cuerpos regulares y la imposibilidad de la metrópolis de reemplazarlos, la apuesta virreinal fue por los blandengues y las milicias. En 1797, se aumentó el pie del cuerpo de blandengues de Buenos Aires y se creó uno nuevo para Montevideo, de forma que los blandengues pasaron a ser la primera fuerza regular del virreinato y abrumadoramente mayoritaria en Buenos Aires. Sin embargo, la situación era delicada porque las condiciones de servicio eran claramente desventajosas respecto a otros cuerpos regulares. En particular, la oficialidad blandengue, con vínculos en ambas bandas del Río de la Plata, inició acciones corporativas para igualar su estatus y obtener mejoras salariales, las que no fueron atendidas por las autoridades virreinales.

Paralelamente, el subinspector de Ejército y milicias en ese momento, marqués de Sobremonte, encaró la misión de reformar a las milicias bajo un mando veterano, armadas y equipadas adecuadamente y con el otorgamiento del fuero militar y un prest mientras fueran movilizadas. Sin embargo, ni las armas ni el equipamiento llegaron, y las élites locales fueron excluidas del mando militar, por lo que el fuero fue visto como una irritante cortapisa a la jurisdicción del Cabildo. En estas circunstancias, la reforma miliciana proyectada en el reglamento de 1801 fue poco más que una expresión de deseos de Sobremonte, quien fue el primero en asumir su fracaso.

Desde el punto de vista virreinal, los blandengues tenían la ventaja de financiarse con un ramo impositivo local que no dependía de los envíos potosinos, aunque los cabildos de Buenos Aires y Montevideo se creían con derecho justificado a influir en su utilización. Mientras tanto, el proyecto de avanzar la frontera había tomado forma en la opinión pública. Distintas voces comenzaron a criticar el “cordón defensivo” vigente y creyeron que la oportunidad era propicia para la implementación del proyecto de Azara que el Semanario de Agricultura, animado por Hipólito Vieytes, colaboró a difundir, en el cual el cuerpo de blandengues sería el motor del avance y el Ramo de Guerra provendría su financiamiento. El Cabildo de Buenos Aires y el comandante del cuerpo de blandengues abrigaban expectativas en el mismo sentido. Sin embargo, las autoridades virreinales esperaban contar con los blandengues y el Ramo de Guerra para defender la frontera luso-brasileña y repeler cualquier amenaza externa.

Los motivos de discrepancia con el nuevo virrey, el marqués de Sobremonte, uno a uno se solapaban. Cuando, luego de Trafalgar, una pequeña escuadra inglesa desembarcó en Buenos Aires, no había allí fuerzas milicianas ni regulares capaces de resistir la invasión. Las otrora poderosas “milicias provinciales” estaban desbaratadas, y el cuerpo de blandengues, fuerza regular mayoritaria, fue incapaz de dar una respuesta orgánica, con el cuadro de una oficialidad desafecta y unos soldados demasiado acostumbrados a ejercer estrechas funciones de vigilancia en la frontera. La primera víctima política de este fracaso militar fue el propio Sobremonte, quien fue obligado a dimitir y fue reemplazado por el héroe de la Reconquista, Santiago de Liniers, en una maniobra política orquestada por el Cabildo de Buenos Aires, que se desvivió por explicar a las inciertas autoridades metropolitanas cambios tan inverosímiles.


  1. De Araujo, José Joaquín, Guía de forasteros del virreynato de Buenos-Ayres para el año de 1803, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1908 [orig.: 1803].
  2. Comunicación del subinspector de Ejército y milicias Rafael de Sobremonte al virrey Joaquín del Pino. En AGI, Buenos Aires, Expedientes sobre asuntos de guerra (1770-1811), leg. 522, 9 de agosto de 1802.
  3. Ver Socolow, Susan M., op. cit., pp. 25-50.
  4. Lynch, John, “Intendants”, pp. 357-361.
  5. Klein, Herbert S., op. cit., p. 450.
  6. Halperín Dongui, Tulio, “Las finanzas”, op. cit., pp. 28-29.
  7. Ibid., p. 47.
  8. Santilli, Daniel V., op. cit., pp. 257-260.
  9. Moutoukias, Zacarías, “El crecimiento”, op. cit., p. 802.
  10. Sobre la campaña de Cevallos, ver Birolo, Pablo, op. cit.
  11. Ver Marchena F., Juan, “Ilustración y represión en el mundo andino 1780-1795. El sangriento camino al corazón de las tinieblas”, Túpac Amaru. La revolución precursora de la emancipación continental, Cusco, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2013, pp. 39-160.
  12. Aramburo, Mariano, op. cit.
  13. Ver Fradkin, Raúl O., “Las milicias”, op. cit.; Caletti Garciadiego, Bárbara, op. cit.; Halperín Dongui, Tulio, “Militarización”, op. cit., pp. 122-123.
  14. Gelman, Jorge, “La lucha por el control del Estado: administración y elites en Hispanoamérica”, en Tándeter, Enrique (dir.), Historia General de América Latina. Volumen iv. Procesos americanos hacia la redefinición colonial, Unesco/Trotta, 2002, pp. 262-264.
  15. Ver Cherubini, María Belén, “Hacer la guerra en tiempos de reforma: Juan José de Vértiz y la organización de la expedición a Río Grande (1773)”, Boletín Americanista, 2020, n.º 81, pp. 63-87. Disponible en bit.ly/3sKhNPN.
  16. Sobre la expedición, ver Birolo, Pablo, op. cit.
  17. Ver cuadro 1 en la introducción.
  18. Ver Stern, Steve, “La era de la insurrección andina, 1742-1782: una reinter­pretación”, Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglos xviii al xx, Lima, IEP, 1990, pp. 50-96.
  19. Ver Marchena F., Juan, “Ilustración”, op. cit.
  20. AGN, Sala ix, Teniente de Rey, leg. 30-1-1, 29 de julio de 1778.
  21. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 527. “Hoja de servicios del coronel don Diego de Salas”.
  22. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 526, 12 de marzo de 1771. Informe reservado de Vértiz.
  23. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 531, 1.° de octubre de 1783.
  24. Ver cuadro 2 en la introducción.
  25. Lynch, John, Administración, op. cit., p. 197.
  26. Ver cuadro 1 en la introducción.
  27. Ver Cabodi, Juan Jorge, op. cit., pp. 61-65.
  28. Ibid., p. 62.
  29. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 528, f. 169, 8 de junio de 1779.
  30. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 528. “Fuertes que deben avanzarse de donde hoy se hallan a la otra banda del Río Salado a saber”, 1779.
  31. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 528, f. 169, 8 de junio de 1779.
  32. AGN, Sala ix, Comandancia de Fronteras. Cañada de Escobar, leg. 1-4-4, f. 492, 20 de mayo de 1779.
  33. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-1-4. “Reglam[en].to de las cinco Comp[añía].s de la Frontera”, 1779.
  34. AGN, Sala ix, Comandancia General de Fronteras, leg. 1-7-4, 2 de marzo de 1779.
  35. AGN, Sala ix, Comandancia de Fronteras. Salto, leg. 1-5-2, 26 de mayo de 1779.
  36. AGN, Sala ix, Comandancia de Fronteras. Salto, leg. 1-5-2, 10 de julio de 1779.
  37. Esta era una política de la Corona para fomentar el servicio de oficiales peninsulares en América. Ver Kuethe, Allan J., “Conflicto”, op. cit., p. 332.
  38. Institución de previsión social fundada en 1761 para auxiliar a los funcionarios y sus familias.
  39. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 530, f. 784, 3 de julio de 1784.
  40. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-1-4. Joseph de Gálvez al virrey de Buenos Aires, 1788.
  41. AGN, Sala ix, Comandancia de Fronteras. Cañada de Escobar, leg. 1-4-4, f. 933. 29 de julio de 1779.
  42. AGN, Sala ix, Comandancia de Fronteras. Cañada de Escobar, leg. 1-4-4, f. 796, 2 de junio de 1779.
  43. Citado en Beverina, Juan, op. cit., p. 219.
  44. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 529, 1780.
  45. Para dicho malón, se aliaron no solo parcialidades “aucas”, sino también “pehuelches” y “rancacheles”, las que durante la década de 1770 habían sufrido el hostigamiento y las expediciones punitivas dispuestas por el poder miliciano. Ver Alemano, María Eugenia, “La prisión”, op. cit.
  46. La política reformista en las fronteras consistía en el trato diplomático con las “naciones” indígenas, atrayéndolas a la celebración de acuerdos de paz, facilitados por la entrega de regalos y el incentivo del comercio. Ver Weber, David J., op. cit.
  47. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 529, 30 de abril de 1781.
  48. AGN, Sala ix, Circulares, leg. 23-2-1.
  49. Citado en Beverina, Juan, op. cit., p. 219.
  50. Ver capítulo 1.
  51. AGN, Sala ix, Teniente de Rey, leg. 30-1-1, 1º de diciembre de 1781.
  52. Al mando del comandante de blandengues Francisco Balcarce, el capitán de Infantería Félix Mestre de Córdoba y el comandante de armas de Mendoza Joseph Francisco de Amigorena.
  53. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-1-6, 17 de noviembre de 1790.
  54. Sobre estos tratados, ver Roulet, Florencia, “De cautivos”, op. cit., pp. 230-235; Tamagnini, Marcela y Graciana Pérez Zavala, “El tratado de paz de 1796: entre la delimitación de la frontera sur cordobesa y el reconocimiento político de los ranqueles”, Sociedades de paisajes áridos y semiáridos, año 1, n.º 1, 2009, pp. 5-21.
  55. Estos pueblos eran Melincué en el sur de Santa Fe, las villas de Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú en el Entrerríos, la villa de San Carlos (1787) en Mendoza y La Carlota (anteriormente denominado Punta del Sauce) en Córdoba.
  56. Ver capítulo 2.
  57. AGN, Sala ix, Teniente de Rey, leg. 30-1-1, 24 de noviembre de 1781.
  58. AGN, Sala ix, Comandancia General de Fronteras, leg. 1-7-4, 6 de octubre de 1780.
  59. Citado en Cabodi, Juan Jorge, op. cit., p. 108.
  60. Marfany, Roberto H., op. cit., p. 144.
  61. AGN, Sala ix, Teniente de Rey, leg. 30-1-1, 24 de noviembre de 1781.
  62. AGN, Sala ix, Teniente de Rey, leg. 30-1-1, 26 de julio de 1781.
  63. AGN, Sala ix, Teniente de Rey, leg. 30-1-1, 29 de abril de 1781.
  64. AGN, Sala ix, Teniente de Rey, leg. 30-1-1, 4 y 19 de septiembre de 1781.
  65. Citado en Cabodi, Juan Jorge, op. cit., p. 148.
  66. Ver capítulo 4.
  67. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 530, 20 de febrero de 1782.
  68. AGN, Sala ix, Comandancia de Fronteras. Salto, leg. 1-5-2, ff. 424-425, 16 de diciembre de 1782.
  69. Ver Cansanello, Oreste Carlos, op. cit., p. 115.
  70. AGI, Buenos Aires, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, leg. 530, 24 de mayo de 1782.
  71. Ver capítulo 2.
  72. Participaron el subinspector de Ejército y milicias Antonio Olaguer y Feliú, el comandante Francisco Balcarce, el ayudante mayor Nicolás de la Quintana, los oficiales milicianos Joseph Salazar y Matías Corro (de Morón y Luján, respectivamente) y el oficial retirado Manuel Pinazo.
  73. AGN, Sala ix, Comandancia General de Fronteras, leg. 1-7-4, 1° de septiembre de 1783.
  74. AGN, Sala ix, Comandancia General de Fronteras, leg. 1-7-4, 5 de septiembre de 1783.
  75. Alemano, María Eugenia, “La prisión”, op. cit.
  76. AGN, Sala ix, Comandancia General de Fronteras, leg. 1-7-4, 23 de agosto de 1784.
  77. Kuethe, Allan J., “Conflicto”, op. cit., p. 346.
  78. Kuethe, Allan J., “Conflicto”, op. cit., p. 346.
  79. Fradkin, Raúl O., “Tradiciones”, op. cit., pp. 21-24.
  80. Ver ut infra.
  81. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-1-4, 7 de marzo de 1788. “El habilitado del Cuerpo de Blandengues sobre que se iguale a este Cuerpo con los demás de la Provincia”.
  82. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-1-4, 15 de abril de 1788.
  83. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-1-4, 24 de mayo de 1788.
  84. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, real orden de 10 de julio de 1791. Subrayado en el original.
  85. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, 12 de enero de 1795.
  86. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, 17 de agosto de 1801.
  87. Información extraída de AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8.
  88. AGN, AECBA, serie iii, tomo viii, 19 de septiembre de 1786. Representación del Cabildo al gobernador-intendente (copia).
  89. Chiaramonte, José Carlos, La crítica ilustrada de la realidad. Economía y sociedad en el pensamiento argentino e iberoamericano del siglo xviii, Buenos Aires, CEAL, 1982, pp. 46-54.
  90. Memoria del virrey Nicolás de Arredondo, 16 de marzo de 1795. Citado en Barba, Fernando E., Frontera ganadera y guerra con el indio. La frontera y la ocupación ganadera en Buenos Aires entre los siglos xviii y xix, La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 1997, p. 54.
  91. Para una reseña del pensamiento de Azara, ver Chiaramonte, José Carlos, op. cit., pp. 54-65.
  92. Oficio del virrey Pedro Melo de Portugal al capitán de navío Félix de Azara, Buenos Aires, 29 de febrero de 1796. En Azara, Félix de, “Diario de un reconocimiento de las guardias y fortines, que guarnecen la línea de frontera de Buenos-Aires, para ensancharla”, en De Ángelis, Pedro (ed.), Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las provincias del Río de La Plata, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1837 [orig.: 1797], pp. 3-5.
  93. Ibid., p. 36.
  94. Ibid., p. 43. Cabe destacar que la isla Grande de Choele Choel sería finalmente incorporada al dominio criollo tras la llamada “expedición al desierto” de Juan Manuel de Rosas de 1833.
  95. Ibid., p. 40.
  96. Ibid., p. 42.
  97. Ibid., p. 40.
  98. Ibid., p. 42.
  99. Ibid., p. 41.
  100. Ver capítulo 3.
  101. Desde su llegada al Río de la Plata, Sobremonte se desempeñó sucesivamente como secretario del virrey Vértiz, gobernador-intendente de Córdoba, subinspector de Ejército y milicias y luego virrey. Como gobernador de Córdoba, se ganó la aquiescencia de las élites locales y fundó en la frontera sur varios “pueblos defensivos” otorgándoles el estatus de “villa”, suscribió un tratado con los ranqueles y mejoró la defensa en general. Ver Pérez Zavala, Graciana, y Marcela Tamagnini, op. cit.
  102. Ver capítulo 2.
  103. El documento completo en AGS, Secretaría de Guerra, Blandengues de la frontera de Buenos Aires, leg. 6818, exp. 18, Frontera de Buenos Aires, 20 de diciembre de 1799.
  104. AGS, Secretaría de Guerra, Blandengues de la frontera de Buenos Aires, leg. 6818, exp. 18, Maldonado, 24 de octubre de 1799.
  105. AGS, Secretaría de Guerra, Blandengues de la frontera de Buenos Aires, leg. 6818, exp. 18, Buenos Aires, 5 de abril de 1800.
  106. AGS, Secretaría de Guerra, Blandengues de la frontera de Buenos Aires, leg. 6818, exp., 18, Madrid, 14 de julio de 1800.
  107. Ver cuadro 1 en la introducción.
  108. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, Montevideo, 4 de febrero de 1801.
  109. La Real Hacienda reclamaba 3.194 pesos que se habían abonado por 253 “reenganchamientos” verificados entre enero de 1795 y diciembre de 1799.
  110. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, Luján, 22 de enero de 1801.
  111. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, Maldonado, 11 de enero de 1801.
  112. AGN, Sala ix, Guerra y Marina, leg. 24-3-8, Buenos Aires, 30 de octubre de 1804.
  113. AGI, Buenos Aires, Expedientes sobre asuntos de guerra, leg. 522, 9 de agosto de 1802.
  114. Fradkin, Raúl O., “Tradiciones”, op. cit., p. 34.
  115. AGI, Buenos Aires, Expedientes sobre asuntos de guerra, leg. 522, 9 de agosto de 1802.
  116. Ver Caletti Garciadiego, Bárbara, op. cit.
  117. Fradkin, Raúl O., “Tradiciones”, op. cit., p. 35.
  118. AGN, Sala ix, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, leg. 19-7-8, 23 de agosto de 1803.
  119. AGN, Sala ix, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, leg. 19-7-8, 26 de agosto de 1803.
  120. AGN, Sala ix, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, leg. 19-7-8, 18 de septiembre de 1803.
  121. AGN, Sala ix, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, leg. 19-7-8, 29 de agosto de 1803.
  122. Marchena F., Juan, Ejército, op. cit., p. 146.
  123. Ver Navallo, Tatiana, “Articulaciones históricas y culturales en zonas de frontera, difundidas en la prensa del Río de la Plata (xix)”, Estudios Históricos, n.º 3, 2009, pp. 19-21.
  124. Citado en Barba, Fernando E., op. cit., pp. 67-68.
  125. Actual partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.
  126. Citado en ibid., pp. 70-72.
  127. AGN, AECBA, serie iv, tomo i, 22 de diciembre de 1804.
  128. Esta referencia no resulta casual dado que, tanto en 1804 como en 1805, no se verificó la llegada del Situado potosino, por lo que todo el gasto militar del virreinato en esos años fue financiado con el Ramo de Guerra. Ver cuadro 1 en la introducción.
  129. Ver Halperín Dongui, Tulio, “Militarización”, op. cit.; Rabinovich, Alejandro M., “The making of warriors: the militarization of the Río de la Plata, 1806-07”, en Bessel, Richard, Guyatt, Nicholas y Jane Rendall (eds.), War, Empire and Slavery, 1770-1830, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 81-98.
  130. Ibid., p. 81. La traducción es propia.
  131. Actual localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
  132. Sobremonte, Rafael de, “Disposiciones de Sobremonte para la defensa de Buenos Aires”, 8 de octubre de 1805.
  133. Para lo que sigue, ver Roberts, Carlos, Las invasiones inglesas del Rio de la Plata 1806-1807, Buenos Aires, Emecé, 2000 [orig.: 1938].
  134. El 27 de junio, los ingleses cruzaron el Riachuelo y Beresford se apoderó de Buenos Aires. Luego se autodesignó gobernador e hizo prestar juramento de obediencia al rey de Gran Bretaña a las principales corporaciones y a oficiales españoles.
  135. Se les concedió licencia de embarque en buques que zarparon entre el 19 y el 26 de mayo de 1810. En AGI, Buenos Aires, Arribadas, 1810, leg. 79, exp. 2, ff. 201-208.
  136. Petitorio del 25 de mayo de 1810, sito en el archivo del Museo Histórico Nacional.


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