A mediados del siglo xviii, Buenos Aires era una ciudad mediana, capital de la gobernación homónima^[1] en el sur del Virreinato del Perú, en los confines del Imperio hispánico de los Borbones en América. La ciudad contaba con su propio Cabildo y la rodeaba una estrecha franja territorial –bajo su jurisdicción^[2]– que estiraba sus brazos hacia el noroeste, limitando con Santa Fe, y hacia el sur, donde algunas estancias alcanzaban a rozar el río Salado. La ciudad y su entorno rural no pasaban de los 20.000 habitantes en total,^[3] aunque, a partir de aquel momento, se intensificaron las migraciones provenientes tanto del interior rioplatense como de distintos puntos de América, Europa y África. Esta pequeña pero pujante población basaba su economía en la actividad agropecuaria, el comercio interno colonial, la exportación de cueros y el contrabando de esclavos, un redituable negocio que drenaba hacia el Atlántico una parte importante de la plata producida en Potosí. Antes de convertirse en sede de un nuevo virreinato, la administración de esta capital provinciana estaba en manos del gobernador, un obispado, una pequeña guarnición militar y algunos oficiales reales. La irregular llegada de una corriente de metálico desde el Alto Perú, conocida como Situado, bastaba para el mantenimiento de esta básica estructura administrativa.

Por fuera de la ocupación colonial, la región pampeana era dominada por poblaciones indígenas independientes esparcidas en pequeños asentamientos o “tolderías” que ocupaban las sierras del sudeste pampeano, los bosques de caldén de la pampa central y las márgenes de los ríos Negro y Colorado. Su economía se basaba en la actividad pastoril y artesanal, el intercambio con otros grupos y el comercio con agentes coloniales. Si bien la base del vínculo entre los pueblos indígenas y la ocupación colonial era conflictiva, los malones indígenas y las expediciones militares coloniales se combinaban con ocasionales tratados de paz, alianzas bélicas y un incesante comercio interétnico. En el caso de Buenos Aires, no existía una línea definida que deslindara la ocupación colonial del territorio indígena, aceptándose el río Salado como límite “natural” entre ambas sociedades. En las décadas centrales del siglo xviii, nuevos contingentes indígenas se sumaron a la población residente, lo que implicó un aumento de la conflictividad intra e interétnica y la complejización del panorama étnico de tierra adentro^[4] con vínculos a ambos lados de la cordillera andina.

Para la Corona, la importancia estratégica del Río de la Plata, y de Buenos Aires en particular, se modificó al compás del ciclo de guerra atlántica que tuvo su punto de inflexión con la tardía y frustrante entrada de España en la guerra de los Siete Años (1762-1763). A partir de la derrota infligida por los ingleses en La Habana, la dinastía borbónica se decidió a implementar una serie de reformas en la defensa, administración y fiscalidad de su imperio americano. En este contexto, en los prolegómenos de la guerra de Independencia norteamericana, los Borbones decidieron formar un nuevo virreinato con los territorios del sur peruano que sirviera de antemuralla en previsión a un posible ataque atlántico de los ingleses. Con la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776, Buenos Aires se convirtió en capital virreinal y cabeza de puente de las iniciativas reformistas de los Borbones para el Atlántico sur, lo que llevó al establecimiento de una burocracia civil y militar.^[5] La inclusión del Alto Perú en el nuevo virreinato, junto a la creación de la Aduana de Buenos Aires y la incorporación del puerto en el Reglamento de Libre Comercio con la Península (1778), permitiría financiar las nuevas estructuras administrativas.

En las décadas virreinales, la jurisdicción de Buenos Aires experimentó un importante incremento demográfico que la llevaron de los 36.000 habitantes que acusaba en 1778 a los casi 100.000 habitantes que contaba al iniciarse el proceso revolucionario.^[6] El territorio que rodeaba a la ciudad, sin grandes avances en la ocupación, pretendía defenderse de incursiones indígenas y extranjeras mediante una serie de fuertes y fortines que iba desde Chascomús en el sur de la jurisdicción hasta Melincué en el límite con Santa Fe. Durante la época virreinal, la ciudad y su entorno vivieron un período de prosperidad y crecimiento económico, solo interrumpidos por el resurgir intermitente del conflicto internacional que enfrentó a la Corona española con sus pares europeas. La sociedad indígena allende la frontera, luego del malón más importante del siglo producido en Luján en 1780, pareció llegar a un entendimiento con la sociedad colonial basado en la continuidad del comercio y el respeto de las mutuas territorialidades.

De este modo, durante la segunda mitad del siglo xviii y primeros años del siglo xix, coincidiendo con el auge del reformismo borbónico bajo los reinados de Carlos iii (1759-1788) y de su hijo Carlos iv (1789-1808), Buenos Aires experimentó una significativa transformación que la llevó de ser una colonia periférica, epicentro de un intenso comercio ilegal, a una de las mayores apuestas del proyecto imperial borbónico en América del Sur, y a la postre a uno de sus más rotundos fracasos en términos políticos y militares. Esta transformación se debió a que Buenos Aires y su jurisdicción vivieron profundos cambios económicos, sociales y político-institucionales de la mano de las llamadas “reformas borbónicas”,^[7] que vieron en la ciudad y su entorno la posibilidad de crear un “baluarte imperial”^[8] para sostener el dominio hispánico en el sur del continente americano. Sin embargo, la estructura militar montada sucumbió ante el primer embate certero de la guerra atlántica, y poco después Buenos Aires encabezó un movimiento, a la vez local y continental, de emancipación de la tutela política de la península. Hasta el momento, los dilemas que acarrearon estas transformaciones han sido examinados a la luz de lo que ocurrió en la ciudad, dando un panorama detallado pero incompleto de la recepción local de la crisis de la monarquía. El punto de vista por el que opta este libro es, por el contrario, una visión del Buenos Aires borbónico desde su frontera.

¿Qué puede aportar el estudio de la frontera para explicar estas transformaciones? Este libro se propone examinar el proceso de construcción y centralización política del territorio, las fuerzas milicianas y los recursos fiscales de la frontera de Buenos Aires entre mediados del siglo xviii y principios del xix. Este objetivo nos permite enfocar otro ángulo de la relación entre la Corona, la administración colonial y las élites locales bonaerenses en el contexto de las reformas borbónicas, así como evaluar el impacto de la agencia de sectores subalternos e indígenas. Argumentamos que la frontera fue central en la estructuración social y política de la Ciudad de Buenos Aires y su entorno rural y que las consecuencias de su devenir histórico pueden vislumbrarse en la articulación del territorio bonaerense, los disputados procesos de construcción estatal y la conformación de identidades políticas colectivas. A través del estudio de la frontera de Buenos Aires, este libro pretende constituir un aporte al problema más general de la naturaleza y las consecuencias de la gestión borbónica en sus territorios americanos en cuanto a los procesos de construcción estatal y la dinámica imperial.

A lo largo de los diferentes capítulos, nos proponemos analizar las diversas dimensiones de la presencia de la frontera en la vida social y política del Buenos Aires borbónico. El capítulo 1 explora la configuración, a escala regional, de la frontera que articulaba a Buenos Aires y otros territorios del sur del virreinato del Perú con las poblaciones indígenas independientes del área arauco-pampeana.^[9] Entre otros procesos, se destacan el crecimiento demográfico, la articulación de redes mercantiles regionales y las diversas formas de vinculación interétnica que combinaban guerra, comercio y diplomacia. Consideramos que la disputa fundamental por el territorio llevó a la radical distinción entre dos campos identitarios opuestos: el de los “cristianos” contra los “infieles”, o che versus wingka en la visión indígena. A su vez, los vínculos diferenciales establecidos entre segmentos de la sociedad indígena y las diversas jurisdicciones coloniales llevaron a la cristalización de identidades territoriales particulares, tanto en el lado hispano-criollo, como en el indígena.

El capítulo 2 se centra en la actuación del Cabildo de Buenos Aires respecto a la frontera desde mediados del siglo xviii hasta los albores del virreinato. En primer lugar, se examina el proceso de toma de decisión por el que en 1752, asumiendo la representación de los intereses de los hacendados y en contra de la voluntad del rey, el Cabildo sancionó la creación de compañías de milicias pagas para la frontera, denominadas “blandengues”, y de un Ramo de Guerra para financiarlas. En segundo lugar, se analiza el funcionamiento del Ramo de Guerra mientras duró la administración del Cabildo (1752-1761) en cuanto a la estructura de recaudación y el gasto. Por último, el capítulo narra cómo los conflictos locales y la guerra internacional llevarían al gobernador Pedro Cevallos a centralizar el Ramo de Guerra y a poner a las compañías de blandengues bajo el mando de la gobernación, lo que abriría un campo de disputa política con el Cabildo que se mantendría latente hasta los últimos años borbónicos.

El capítulo 3 examina la experiencia de la compañía de blandengues La Invencible y la formación del pueblo de San Antonio de Salto en el noroeste de la frontera de Buenos Aires. Más allá de las sucesivas órdenes del rey para formar “pueblos defensivos”, en la formación del pueblo de Salto el protagonismo lo tuvieron los soldados blandengues y sus familias campesinas, que veían en la frontera una vía de acceso a la tierra y un canal de ascenso social. Asimismo, frente a una amenaza de desalojo, el pueblo de Salto se constituyó como “vecindario”, es decir, una comunidad local con representación política en el seno de la monarquía. A contrapelo de una persistente visión de la frontera como un lugar con una vida política nula o netamente autoritaria, se analiza la cultura política de los habitantes de la frontera a partir de la apropiación y las variantes locales de nociones de legitimidad política pactistas y corporativas comunes al orbe hispánico. Por último, se examinan las prácticas políticas concretas de negociación y disputa de la autoridad local en los años que van desde la formación del pueblo hasta los inicios del virreinato.

Sobre estos desarrollos locales, se desplegarían las iniciativas reformistas de la administración borbónica.

A partir de la década de 1760, alentada por la guerra internacional en que estaba envuelta la Corona española, tuvo lugar la implementación de la reforma militar que se orientó principalmente a la universalización y disciplina del servicio miliciano.^[10] Para el caso de Buenos Aires, la historiografía usualmente ha indicado el escaso impacto que habría tenido la política borbónica de formación de “milicias provinciales”, ya fuera porque la reforma llegara demasiado tarde o por el poco interés que suscitó en la población, en particular entre las élites urbanas.^[11] Variando esta perspectiva, el capítulo 4 evalúa el desarrollo de la reforma miliciana en la frontera desde mediados de la década de 1760 hasta los albores del virreinato. Allí, la reforma alcanzó su propósito de encuadrar virtualmente a la totalidad de la población masculina adulta libre en el servicio de las armas. Sin embargo, dados los entramados sociales sobre los que se asentaban las compañías de milicias y las resistencias a la estructura de mando peninsular, aquellas difícilmente pudieron constituirse en el “ejército de reserva” que la Corona pretendía. Por su parte, la oficialidad miliciana de extracción local, compuesta de hacendados y pequeños comerciantes rurales, capitalizaron su influencia social y desarrollaron prácticas de movilización a ras del suelo que le permitieron construir un poder territorial que adquirió gran autonomía en la década de 1770.

Por último, el capítulo 5 se centra en el devenir de las reformas virreinales que, en sendos ciclos de reformas entre 1779-1784 y 1797-1802, buscaron “pacificar” la frontera, centralizar los recursos fiscales del Ramo de Guerra y crear, sobre la base de las antiguas compañías de blandengues, un cuerpo veterano de caballería orientado a los fines dispuestos por la Corona. La introducción de estas reformas estuvo condicionada tanto por la coyuntura externa como por la sublevación interna, y su implementación fue tensionada por los recursos disponibles y las adaptaciones, los conflictos y las resistencias suscitadas en la población. Por otra parte, el período intermedio que llamamos de “pax virreinal” (1784-1797) alentó el desarrollo de proyectos alternativos para las fuerzas militares y recursos de la frontera y satisfizo las aspiraciones de preeminencia social de las élites locales que se incorporaron a la oficialidad del cuerpo de blandengues. En el ochocientos, a medida que el esquema defensivo virreinal dependía cada vez más de los cuerpos militares y los recursos fiscales locales, los motivos de descontento de las élites urbana y rural se sumaban, mientras que se veían acrecidas las resistencias de la población. En este contexto, el relanzamiento del proyecto de avanzar la frontera emergió en el debate público y abroqueló los intereses urbanos y rurales. No obstante, el reinicio de la guerra atlántica frenó cualquier iniciativa local, hasta que uno de los coletazos de la batalla de Trafalgar asestó un golpe fatal al poder virreinal y dejó a Buenos Aires con su destino político en sus manos.

La frontera de Buenos Aires y las reformas borbónicas

La historiografía americanista asume que los territorios que conformaron el virreinato del Río de la Plata resultaron en general beneficiados por la implementación de las reformas borbónicas y la nueva atención que concitó la región en aras del conflicto atlántico. En particular, las élites locales de Buenos Aires pudieron verse favorecidas por el ascenso de la ciudad a capital virreinal, la apertura de su puerto al libre comercio con la península, el aumento del gasto militar, la creación de una nueva burocracia civil y del Consulado de comercio y la instauración de la Audiencia de Buenos Aires, entre otras medidas que se sucedieron en el curso de las últimas décadas del siglo xviii. Incluso la más representativa de las reformas borbónicas, la implementación del sistema de intendencias en el virreinato del Río de la Plata en 1783, habría sido recibida –de acuerdo al historiador John Lynch– con cierto beneplácito por las élites locales, insuflando una nueva vitalidad a los cabildos de la región. Para Lynch, los conflictos sobrevendrían recién en la última década de gobierno colonial debido a la designación de funcionarios particularmente incapaces y la progresiva toma de conciencia de las élites urbanas.^[12]

Con todo, las investigaciones a escala local sugieren que la implementación de reformas, tanto antes como después de la creación del virreinato, conllevó procesos de negociación y conflicto en torno al ejercicio del poder entre los cabildos y los funcionarios borbónicos. Por ejemplo, el gobernador de Córdoba del Tucumán Manuel Fernández Campero recibió durante la década de 1760 la oposición a varias medidas de su gobierno, en particular en relación con la expulsión de los jesuitas y el control de la caja para financiar la defensa de las fronteras, y sufrió un connato de sedición que terminaría expulsándolo de la gobernación. En este contexto, según la historiadora Ana María Lorandi, el Cabildo de Córdoba funcionó como “campo de lucha” y “caja de resonancia” de la política local.^[13] Con el nuevo virreinato, las cosas no fueron mejor para todas las regiones. El historiador Gustavo Paz, a partir del caso de Jujuy, evalúa que la instauración del régimen de intendencias de 1782 produjo beneficios dispares: “lo que pudo haber resultado beneficioso para las ciudades capitales como Salta y Córdoba no produjo los mismos resultados en ciudades secundarias”, por lo que, según este autor, los cabildos se convirtieron en la principal instancia de defensa de los derechos del “pueblo” y de sus viejos privilegios.^[14]

En el caso del Alto Perú, la rebelión general de las comunidades indígenas que se desató hacia 1780 en la zona de Potosí tuvo como motivo manifiesto el desacato de la Audiencia de Charcas a la autoridad del virrey de Buenos Aires, cuyo dictamen había sido favorable a los representantes indígenas de las comunidades.^[15] Luego de la derrota de la rebelión indígena, cuya represión fue comandada desde Buenos Aires, la ciudad de Charcas sufrió las consecuencias de la militarización e inició un proceso de confrontación política hacia la administración colonial. De acuerdo al historiador Sergio Serulnikov,

el Cabildo de La Plata empezó a servir como órgano de representación política del vecindario, se erigió en abierta oposición a las principales instancias de poder español y sus partidarios y los sectores sociales a los que proclamó representar abarcaban, de manera muy activa y tangible, no sólo a las élites sino también a la plebe urbana.^[16]

En este sentido, comprimida entre un campo indígena robusto y el proyecto centralizador borbónico, la ciudad forjó sus propias nociones identitarias y comenzó a ser percibida no solo como un sujeto abstracto de derechos, sino como un actor político colectivo representativo de sectores sociales amplios y en oposición a la administración colonial.

En cuanto a la propia Buenos Aires, el estudio de la frontera puede brindar una nueva visión sobre la recepción local de las reformas borbónicas, complementando la que se tiene debido a otras dimensiones del reformismo que a priori más tenían que ver con el ámbito urbano como las reformas administrativas y comerciales.^[17] En este libro se examina la implementación de tres tipos de reformas que afectaron directamente a la frontera de Buenos Aires: la reforma militar emprendida en la década de 1760, la centralización de recursos fiscales con miras a financiar el gasto militar, y la política de “pacificación” de las fronteras con las sociedades indígenas independientes. De esta manera, a través de la frontera, se enfoca la interrelación entre las orientaciones metropolitanas, la administración colonial y las élites locales, así como las diversas resistencias generadas en la población.

En primer lugar, la frontera nos brinda una nueva perspectiva sobre el lugar del Cabildo de Buenos Aires en el siglo xviii, su relación con la administración colonial y su lugar dentro de la monarquía. Jorge Gelman ha caracterizado al Cabildo de Buenos Aires para el siglo xvii como una institución vigorosa, representativa de una poderosa élite polivalente local.^[18] Sin embargo, durante el siglo xviii, de acuerdo al historiador John Lynch, los cabildos del naciente virreinato se habrían visto sumidos en la inercia y la apatía producto de sus penurias financieras y su escasa representatividad social.^[19] El capítulo 2 de este libro varía esta perspectiva, mostrando cómo la gestión de la frontera le brindó al Cabildo de Buenos Aires una iniciativa, representatividad política y capacidad financiera inusitadas en el contexto de las ciudades del sur del virreinato. En efecto, al establecer en 1752 compañías de milicias pagas en la frontera y un Ramo de Guerra para financiarlas, el Cabildo asumió la representación de los intereses rurales, dotó a su jurisdicción de una fuerza miliciana y creó una fuente de recaudación propia. Por otra parte, su actuación entraba en abierta contradicción con las órdenes del rey que prohibían la creación de nuevos impuestos y ordenaban formar “pueblos defensivos” en la frontera. Finalmente, cuando la gobernación se hizo con el mando sobre las compañías de blandengues y puso al Ramo de Guerra bajo el control de la Real Hacienda, la frontera se convirtió para el Cabildo en arena de disputa política con la administración colonial.

Asimismo, la historiografía sobre el Río de la Plata tardocolonial e independiente ha destacado el carácter político de la experiencia miliciana.^[20] En este sentido, el historiador Carlos Oreste Cansanello ha demostrado el nexo entre el servicio en las milicias y la condición de “vecino” (es decir, el reconocimiento de la pertenencia a la comunidad política) en el Buenos Aires rural, siendo un antecedente clave para la transición a la ciudadanía.^[21] Por su parte, María Elena Barral y Raúl Fradkin sostienen que el despliegue de la estructura miliciana sobre el mundo rural, así como de la civil y eclesiástica, llevó al establecimiento de redes locales de poder y de los pueblos rurales como escenarios predilectos de la lucha política.^[22] Con todo, la experiencia política de la frontera, a pesar del fuerte componente miliciano, fue frecuentemente caracterizada como nula o con un marcado sesgo autoritario producto de la militarización y el origen castrense de la autoridad. Por ejemplo, para Carlos Mayo y Amalia Latrubesse, el universo social turneriano de la frontera estaba en contradicción con el carácter burocrático y autoritario de un “Estado colonial prelockeano” y la autoridad absoluta de los comandantes de los fuertes.^[23] En cambio, Eugenia Néspolo propone que la asociación entre la participación miliciana y la condición de vecino potenció el crecimiento de autoridades civiles-milicianas locales. De esta manera, la frontera como un “espacio políticamente concertado” entre el esfuerzo defensivo, la actuación de los vecinos y la compleja presencia indígena definida como la de un “enemigo político”.^[24]

Con todo, la experiencia política de las compañías de blandengues en la frontera ha sido, hasta el momento, poco explorada. En este sentido, el capítulo 3 narra el derrotero de la compañía de blandengues La Invencible, destinada al pago de Arrecifes en el noroeste de la jurisdicción, responsable de la formación del pueblo de San Antonio de Salto y de su constitución como un “vecindario” en la frontera, es decir, una comunidad política local de carácter corporativo y territorial. En efecto, frente a la desidia de las autoridades, fueron los soldados y sus familias campesinas quienes, con su voluntad de arraigo y capacidad de trabajo excedente, levantaron los primeros edificios permanentes, crearon una sólida comunidad local y defendieron sus intereses ante distintas amenazas de disolución. Los “vecinos” de Salto eran los varones cabeza de familia en estrecha asociación con su pertenencia a las milicias, en las que participaban hombres de diversa extracción sociorracial en relativo pie de igualdad. El capítulo narra la incipiente vida política del pueblo de Salto desde su formación hasta los albores del virreinato, mostrando los límites y desafíos a la noción de autoridad que marcan variantes idiosincráticas en la apropiación local de la cultura política pactista y corporativa que circulaba en todo el orbe hispánico.

Sobre estos desarrollos locales, se introducirían, a partir de la década de 1760, distintas reformas borbónicas que afectaron a la frontera de Buenos Aires. Debido a los múltiples frentes de guerra en los que estaba sumida la Corona, se trató de incorporar las compañías de milicias y blandengues existentes al esquema defensivo imperial y centralizar los recursos fiscales creados por el Cabildo de Buenos Aires para financiarlas, para lo que se debió disciplinar a los poderes de la frontera y “pacificar” las relaciones interétnicas. En el caso de la frontera de Buenos Aires, la nota distintiva del ímpetu reformista consistió no tanto en crear nuevas estructuras e incorporar a la población a su funcionamiento, sino en tomar las estructuras locales existentes buscando reorientar su sentido a los fines marcados por la Corona.

La primera de las reformas acaecidas fue la militar. En efecto, a partir de la derrota infringida por la Corona británica con la toma de La Habana en 1762, la dinastía borbónica comenzó a pensar en reformar el sistema de defensa americano, hasta ese momento acotado a una serie de plazas fuertes y reducidas guarniciones militares. Luego de descartar opciones más costosas o impracticables, la reforma militar se orientó a universalizar el servicio de milicias para todos los varones libres en condiciones de tomar las armas sin importar su condición social. Como medio para atraer a las élites locales a los cuadros de oficialidad, se otorgó el fuero militar, y a los milicianos se les daría el uniforme y un sueldo mientras fueran movilizados. Las compañías así formadas serían comandadas y adoctrinadas por elementos regulares del Ejército, asegurando de esta manera su adiestramiento y disciplina. El plan maestro, en caso de conflicto, era que el Ejército regular fuera la cabeza de la defensa, y las milicias, el “ejército de reserva” necesario si el conflicto se extendía en el tiempo.^[25]

En los últimos años, la historiografía americanista ha avanzado en el conocimiento de la implementación de la reforma militar en Hispanoamérica, señalando sus alcances y límites y las consecuencias de su aplicación.^[26] En general, se acepta que los resultados de la implementación de la reforma del sistema defensivo estuvieron en función de los contextos de su aplicación, dependiendo de factores regionales tales como la aceptación de las élites locales, las fuentes de financiamiento y la urgencia de la amenaza bélica. Así, se llegó a un modelo según el cual las regiones que se beneficiaban de la recepción de un “Situado” (remesa fiscal para sufragar el gasto militar) fueron más exitosas en su implementación, mientras que en las regiones interiores, alejadas de la amenaza externa y de donde salían las remesas de metálico para la defensa de las costas, habrían resistido con mayor énfasis su aplicación.^[27] El historiador Juan Marchena Fernández, estudiando la implementación de la reforma en el virreinato del Perú, sostiene que la aceptación de las élites locales fue clave en el éxito de la reforma, y esta estuvo en función de su capacidad de manipular el fuero militar.^[28] En este esquema, el caso de Buenos Aires presentaba cierta paradoja, ya que se trataba de una plaza beneficiada por el régimen de Situados y expuesta a la amenaza de una invasión marítima; sin embargo, el escaso entusiasmo en la población por el servicio en las milicias y la resistencia de las élites a sus deberes militares habrían hecho de las compañías de “milicias provinciales” poco más que compañías “de papel”, existentes en la planificación de los reformadores, pero no en los hechos.^[29]

Visto desde la frontera, el problema adquiere un cariz diferente. Como veremos en el capítulo 4, allí las compañías de milicias provinciales lograron encuadrar a la práctica totalidad de la población masculina adulta. Además, los hacendados y comerciantes rurales abrazaron los cuadros de oficialidad y la plana mayor de las milicias como canal de ascenso social y vehículo de identificación de clase.^[30] Sin embargo, las compañías de milicias de la frontera estuvieron lejos de constituir el “ejército de reserva” que la reforma ambicionaba. Por un lado, dados los entramados locales sobre los que se apoyaba y la resistencia a la autoridad de los comandantes de los fuertes, otrora caracterizados como los “todopoderosos” de la frontera, la reforma no pudo disciplinar al elemento miliciano ni tampoco pudo establecer la autoridad militar como garante de la implementación de otras reformas en la frontera. Por otro lado, al hacerse con el mando de las compañías y sostener la movilización de los pobladores a las milicias, los hacendados volvieron a la estructura miliciana funcional a sus intereses en la frontera, autonomizándose de las directivas de la gobernación.

Asimismo, la renovación historiográfica señala que las consecuencias contingentes de la reforma militar fueron más significativas a largo plazo que los resultados concretos alcanzados. Un aspecto central de la reforma militar fue que incorporaba criterios, tales como el ascenso militar de individuos no privilegiados, la amplitud social del reclutamiento y el alcance del fuero militar, que a la postre resultarían contradictorios del Antiguo Régimen, ya que limitaban la injerencia de las diferencias socioétnicas y modificaban el espacio otorgado a sectores antes excluidos del sistema corporativo de poder.^[31] Los estudios de caso para Chile, el Caribe y Nueva España sugieren que el fuero militar y la participación en las milicias fueron apropiados por la población de color para mejorar su estatus social como “pardos”, a través del reconocimiento de su condición “libre” y de ciertos privilegios políticos.^[32] En la frontera de Buenos Aires, como veremos en el capítulo 4, la convocatoria al servicio de milicias generó ciertas resistencias en la población y, como en otros ámbitos, se hizo necesaria la negociación cotidiana de la autoridad. Pero, a la larga, si la movilización fue exitosa, fue porque la participación en las milicias comportaba beneficios concretos para los sectores populares rurales, tales como la percepción de pagos en efectivo y en especias, la protección del fuero militar e, incluso, el usufructo de la condición de “blanco” para hombres libres afrodescendientes, un caso –en lo que se conoce hasta el momento– inédito en el contexto hispanoamericano.

En cuanto a los objetivos estratégicos de la reforma, la idea fuerza detrás de la creación del virreinato del Río de la Plata era que este constituyera un “baluarte imperial” que defendiera las posesiones de la Corona en la frontera luso-brasileña y protegiera el frente atlántico de eventuales embates de la fuerza naval británica. La recuperación de Colonia de Sacramento en 1777 y el envío de guarniciones del Ejército regular peninsular en los primeros años virreinales iban en dirección a satisfacer esa expectativa. A la vez, desde Buenos Aires se envió una de las expediciones encargadas de reprimir las grandes sublevaciones indígenas que afectaron a todo el sur andino entre 1780 y 1783. Concluida la guerra de Independencia norteamericana con la firma del Tratado de París en 1783, el novel virreinato podía verse satisfecho de haber superado con éxito la crítica coyuntura.

Sin embargo, el impulso de los primeros años no se sostuvo en el tiempo, y el éxodo constante de los cuerpos regulares hizo que en el esquema defensivo virreinal tuvieran un cada vez mayor protagonismo las fuerzas locales de la frontera. En 1784, las antiguas compañías de blandengues se convirtieron en un cuerpo veterano dentro de los ejércitos del rey que contaba con 600 plazas, un sistema regular de promociones y ascensos y fuero militar. Posteriormente, en 1797, se creó un cuerpo de caballería de blandengues en la Banda Oriental que contaría con 800 plazas. Finalmente, el reglamento de milicias de 1801 respondió a los mismos propósitos de centralizar el mando y disciplinar la estructura miliciana existente. De esta manera, las modificaciones introducidas en sendas coyunturas de guerra buscaban sacar partido de la población y los recursos locales, poniendo a la “nación en armas” frente a un eventual ataque externo, posibilidad temida desde los inicios mismos del virreinato.

La renovación historiográfica sobre la reforma militar en el Río de la Plata ha mostrado los límites con los que se topó y la distancia existente entre las proyecciones en el papel y la realidad de la defensa. En cuanto al cuerpo de blandengues, el historiador Raúl Fradkin señala que fue la opción “económica” de los Borbones para los problemas de defensa del virreinato debido al mantenimiento de algunos atributos milicianos tales como la obligación que regía para la tropa de costear sus uniformes y caballos. Según el autor, este carácter “híbrido” y la capacidad de resistencia campesina fueron los principales obstáculos al disciplinamiento de la tropa y explican los límites con que se topó la reforma.^[33] Asimismo, el arribo de un reglamento para disciplina de las milicias en 1801 fue juzgado tardío y, una vez concluida la guerra, limitantes financieras y de equipamiento impidieron completar su implementación en tiempos de paz.^[34]

El capítulo 5 de este libro muestra algunos aspectos poco conocidos del funcionamiento interno del cuerpo de blandengues. Con el nombramiento de una oficialidad veterana y peninsular para las compañías de blandengues, medida que eventualmente condujo a su conversión en un cuerpo regular dentro de los ejércitos del rey, el virrey Juan Joseph de Vértiz buscaba recuperar el mando de las compañías desplazando a la vieja oficialidad miliciana de cuño local. El objetivo virreinal era pacificar la frontera mediante la política del “cordón defensivo” y poner al cuerpo de blandengues en estado de enfrentar “algo más” que indios. Los posteriores ciclos de reformas acentuaron aún más el redireccionamiento de las funciones del cuerpo de blandengues para servir en el conflicto externo. No obstante, los años intermedios de paz atlántica –que, no casualmente, coincidieron con una “pax” política– permitieron la criollización del cuerpo de oficiales, el relajamiento de la disciplina de la tropa y la emergencia de un proyecto alternativo para el cuerpo de blandengues como motor del avance de la frontera, superando la constricción impuesta por el “cordón defensivo”. Por lo demás, este cuerpo y su homólogo de Montevideo se seguían solventando con el Ramo de Guerra, un ramo impositivo local que gravaba la exportación de cueros, y no con el Situado potosino, por que los hacendados y el Cabildo de Buenos Aires se sintieron en derecho de influir en su utilización.

La renovación historiográfica señala que una de las consecuencias no anticipadas y trascendentales de la reforma militar fue que, junto a la responsabilidad de la defensa, se transfería a manos americanas un elemento fundamental del poder político. Al decir de Allan Kuethe, al umbral de la crisis monárquica que sacudiría la estructura de pactos de gobernabilidad, las distintas regiones americanas contaban con ejércitos comandados y financiados por las élites locales que se definirían en función de sus intereses.^[35] A principios del siglo xix, luego de décadas de éxodo de los cuadros militares peninsulares, los blandengues eran la fuerza regular mayoritaria en el virreinato del Río de la Plata. Su oficialidad estaba compuesta por jóvenes oficiales hijos de familias criollas que, lejos de sus lugares de origen, estaban llamados a defender la frontera hispano-portuguesa y la plaza de una eventual invasión extranjera por mar. A la hora de la verdad, con el cuadro de una oficialidad desafecta y una tropa desacostumbrada a los rigores de una guerra regular, sumado al error táctico de dividir las fuerzas, el cuerpo de blandengues poco hizo para resistir la invasión inglesa al Río de la Plata de 1806, posibilidad temida desde la creación del virreinato y a la que todo el esfuerzo defensivo se había dirigido a repeler. A continuación, las compañías de blandengues se sumarían a la resistencia local a la ocupación inglesa y al cuerpo expedicionario que, al mando del capitán Santiago de Liniers, llevaría a cabo la reconquista de la ciudad. La posterior unción local de Liniers como nuevo virrey del Río de la Plata, un acto de subversión inédito en el contexto hispanoamericano, se dio en el marco de la intensa politización desatada por la crisis monárquica y que desembocaría en el proceso revolucionario de Mayo.

En segundo lugar, en intrínseca relación con la reforma militar borbónica, se dio la reforma fiscal. A partir de la segunda mitad del siglo xviii, las fuerzas regulares y milicianas americanas representaron el primer rubro del gasto fiscal de la Real Hacienda. A través del régimen de Situados, una masa de metálico que las regiones que generaban excedentes fiscales (Nueva España, Alto Perú) enviaban a las regiones donde debía resolverse el gasto militar (Cuba, Lima, Chile, Río de la Plata), la Corona lograba que la plata americana cubriera las necesidades de defensa del propio espacio americano, aunque también es cierto que el gasto militar llevó a una utilización local de recursos fiscales que de otro modo hubieran tomado el camino de la metrópolis. En este sentido, si bien se discute el alcance que pudieron tener la coerción y la negociación en la definición del gasto, hay cierto consenso en que el régimen de Situados afectó positivamente al crecimiento económico de las regiones receptoras y que las élites locales pudieron influir en su utilización.^[36]

En este contexto historiográfico, el Río de la Plata usualmente es visto como beneficiario de la política fiscal de la Corona, una situación derivada de la recepción, desde el siglo xvii, del Situado potosino.^[37] Con la creación del virreinato del Río de la Plata, el Situado creció en monto y adquirió una regularidad anual, por lo que se constituyó para Buenos Aires en “una colonia de segundo grado en el Alto Perú”, al decir de Tulio Halperín Donghi.^[38] De acuerdo a las aproximaciones cuantitativas al tema, el gasto virreinal superó con creces a la recaudación local en Buenos Aires, déficit que fue financiado con la transferencia de fondos desde otras cajas, particularmente desde la de Potosí, con esperables efectos multiplicadores en la economía local.^[39] Paralelamente, con la incorporación del puerto de Buenos Aires en el Reglamento de Libre Comercio (1778), se creó la Aduana de Buenos Aires, la que se convertiría en el componente principal de la Caja de Buenos Aires, y se aumentó la burocracia fiscal para mejorar la recaudación local, de forma que las arcas virreinales se beneficiaron del crecimiento del comercio atlántico y la legalización del puerto de Buenos Aires.^[40] En la mirada del historiador Daniel Santilli, las reformas borbónicas influenciaron poderosamente en el crecimiento y la integración económica de la Ciudad de Buenos Aires y su entorno rural.^[41]

La política fiscal borbónica en Buenos Aires tiene otro aspecto si se la mira desde la frontera, ya que afecta nuestra visión sobre las fuentes del financiamiento militar y el rol de las élites en la definición del gasto. Por un lado, el Situado potosino se dirigió primordialmente a financiar las expediciones y el gasto militar en la frontera luso-brasileña. En cuanto a las fronteras con los pueblos indígenas no sometidos, la orientación imperial era fundar “pueblos defensivos” que con el tiempo se volvieran autosustentables. Los municipios, en cambio, bregaron por darse sus propias políticas de frontera, en consonancia con los intereses de las élites a las que representaban. Los cabildos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba crearon compañías de milicias a sueldo y nuevos impuestos para financiarlas. Es decir, a diferencia de la frontera araucana y la frontera norte novohispana, que recibían el Situado para financiar sus guarniciones militares y presidios, las fronteras indígenas rioplatenses se financiaron localmente por iniciativa de sus respectivos cabildos.

En efecto, como veremos en el capítulo 2, en 1752 el Cabildo de Buenos Aires creó, junto a las compañías de blandengues, un Ramo de Guerra compuesto de diversos impuestos a la circulación mercantil, entre ellos, uno a la exportación de cueros. Dados el tamaño del mercado y la posición comercial hegemónica de Buenos Aires, el Ramo de Guerra adquirió una magnitud excepcional en el contexto rioplatense y permitió financiar la expansiva política del Cabildo. Durante sus primeros diez años de existencia, la administración del Ramo de Guerra estuvo a cargo del Cabildo de Buenos Aires, hasta que en 1761 el gobernador Pedro Cevallos, en el contexto de los preparativos para su campaña a Colonia de Sacramento, puso el Ramo de Guerra bajo la órbita de la Real Hacienda. Posteriormente, en los inicios del virreinato, el intendente de Real Hacienda Manuel Fernández bregó para centralizar el Ramo de Guerra, acrecido por el libre comercio, para la Aduana de Buenos Aires.

El control y destino del Ramo de Guerra se convirtieron en arena de disputa entre la corporación capitular y la administración colonial hasta el fin del dominio borbónico. En conjunto, el Ramo de Guerra tuvo un lugar relativamente importante en el total del gasto militar; además, dada la irregularidad del Situado, en determinados años sus fondos fueron clave para adelantar recursos a la administración, en particular en los años previos a la creación del virreinato (1770-1775) y en los años clave de 1804-1805 y 1808-1809 (cuadro 1). Si bien su destino original era financiar las compañías de milicias y blandengues de la frontera, las élites locales pudieron influir cada vez menos en su utilización. En los últimos años virreinales, la élite mercantil de Buenos Aires, a través del Cabildo y la prensa, formó el proyecto de avanzar la frontera, reclamando para ello la aplicación del Ramo de Guerra. Sin embargo, en esos precisos años, el reinicio de la guerra atlántica y la suspensión de los envíos potosinos hicieron del Ramo de Guerra la fuente principal de financiamiento del gasto militar virreinal, orientado al conflicto externo.

Cuadro 1. El gasto militar en Buenos Aires (en pesos)

Fuente: elaboración propia con base en datos de AGN, Sala xiii, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra, leg. 41-7-4; el Colegio de México, “Cajas de la Real Hacienda de la América española, siglos xvi a principios del siglo xix”, 2015.

Por último, además de la reforma militar y la política fiscal borbónica, la Corona buscó, durante la segunda mitad del siglo xviii, reordenar y pacificar las fronteras de los distintos virreinatos. De acuerdo al historiador Manuel Lucena Giraldo, la Corona, situada en un nuevo marco de relaciones internacionales y apoyada en dispositivos militares y científicos, buscó plasmar una nueva lógica de organización territorial y el efectivo control social y político de esos espacios.^[42] Con esta faceta del reformismo, se asocian la creación de la Comandancia General de las Provincias Internas (1776) en la frontera norte novohispana y de la Comandancia General de Fronteras en Buenos Aires (1779), la fijación de límites respetados, las expediciones de reconocimiento, la ubicación permanente de españoles en “pueblos defensivos” y la concertación de tratados de paz con las poblaciones indígenas independientes, medidas que traslucen una nueva conciencia geográfica territorialista.

Respecto a las relaciones interétnicas con las poblaciones indígenas independientes, hasta el momento la Corona había sostenido una política basada en presidios militares y misiones evangelizadoras a cargo de las órdenes religiosas. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo xviii, se impulsaron nuevas modalidades de relacionamiento que se plasmaron en una serie de tratados de comercio, amistad y alianza donde el reconocimiento de los derechos a la autonomía de los indígenas tomó la forma de tratados escritos basados en el derecho de las naciones. Según el historiador David J. Weber, esta política respondía a una nueva orientación imperial madurada durante la segunda mitad del siglo xviii: “El pensamiento ilustrado y los ejemplos inglés y francés sugirieron otra estrategia a los Borbones: controlar a los indígenas a través del comercio más que por medio de la conquista física y espiritual”.^[43]

El virreinato trajo al Río de la Plata la implementación de esta suerte de “programa” para las fronteras indígenas. Sin embargo, si las nuevas sensibilidades ilustradas pueden haber tenido alguna influencia, su implementación respondió a un cúmulo de factores de nivel imperial y regional y a las propias realidades locales de la frontera. El capítulo 5 muestra que, en el caso de Buenos Aires, la decisión de “pacificar” la frontera respondió a una coyuntura altamente conflictiva para el novel virreinato, en la que, al reinicio de la guerra con Inglaterra, se sumaba el estallido de la sublevación de Tupac Katari en el Alto Perú. En este contexto, los grandes malones sobre Luján (1780) y La Matanza (1783) convencieron al poder virreinal de la necesidad de reorientar la política en la frontera, hasta entonces en manos de los hacendados y jefes milicianos.

El virrey Vértiz fue artífice de la política del “cordón defensivo” para la frontera de Buenos Aires, que consistía en una línea definida de fuertes y guardias que se cerraban sobre el territorio y la búsqueda de acuerdos de paz con todas las parcialidades de las pampas. De esta manera, los recursos militares y fiscales de la frontera podrían eventualmente volcarse hacia el conflicto externo y las prioridades borbónicas. En este sentido, el “cordón defensivo” implicó doblegar la política deliberadamente agresiva de los jefes milicianos y postergar por tiempo indefinido el proyecto sustentado por los hacendados de avanzar la frontera. Es decir, también el reformismo en materia de fronteras enfrentó los proyectos alternativos de la administración colonial y de un sector de la élite mercantil local.

En cuanto al nuevo modelo de relaciones interétnicas, en los primeros años virreinales se suscribieron tratados de paz con los pehuenches al sur de Mendoza (1782), con los ranqueles en la frontera de Córdoba (1796) y con los caciques “pampas” del sudeste pampeano (1790). Sin embargo, más que plasmar un ideal de humanismo ilustrado, los distintos tratados buscaban pacificar las fronteras trasladando el conflicto hacia tierra adentro.^[44] Además, para alcanzar tales tratados, no se escatimaron medios bélicos para inducir a las parcialidades y doblegar a las más renuentes. Por otro lado, lejos de lograr “controlar” a las poblaciones indígenas independientes, estas obtuvieron grandes beneficios de los tratados de paz, tales como una política de agasajos, amplios reconocimientos territoriales y facilidades para el comercio interétnico.

Por último, la formación de “pueblos defensivos” en las fronteras tenía como fin el ahorro de recursos fiscales y militares y se apoyaba en la creencia ilustrada acerca de los beneficios de la vida urbana. El alcance de esta política en la frontera sur rioplatense estuvo en función del interés de las élites locales, los recursos disponibles y las resistencias generadas en la población. En Entre Ríos y el sur de Córdoba, por ejemplo, se fundaron pueblos defensivos a los que se les dio el estatus de “villa” –y, con ello, la posibilidad de formar cabildo– como forma de atraer el compromiso de las élites locales en su formación.^[45] También se enviaron expediciones de reconocimiento y se fundaron distintos enclaves en la Patagonia.^[46]

En cambio, la política de formación de “pueblos defensivos” en Buenos Aires fue mucho más radical, y sus resultados, por lo menos magros. Como se analiza en el capítulo 5, la intención era que, en los alrededores de los fuertes del “cordón defensivo”, se fundaran pueblos con colonos de origen peninsular, a los que se les proveería de tierras, semillas y herramientas para producir sus subsistencias. Sin embargo, dado lo caro de esta política, la política virreinal pronto optó por el traslado compulsivo de familias pobres. Lejos de contar con algún privilegio político, las nuevas poblaciones apenas recibían alguna ración, y la violencia que sufrieron en el traslado quedaría guardada en la memoria colectiva.

En síntesis, las distintas reformas borbónicas que se implementaron en la frontera de Buenos Aires (la reforma militar, la centralización fiscal y la “pacificación” de la frontera), más que responder a un programa coherente, emanaron de la articulación de las orientaciones metropolitanas, el pragmatismo de los funcionarios borbónicos y los contextos locales de aplicación. A su vez, las reformas implementadas en la frontera modularon la relación de la administración colonial con distintos actores sociales y corporativos y generaron un cúmulo de resistencias en la población. En este sentido, el estudio de la frontera, al sugerir un carácter menos “benéfico” y consensualista de lo supuesto, puede modificar nuestra visión sobre el reformismo borbónico en Buenos Aires y aportar un estudio de caso para la discusión más general sobre el carácter y las consecuencias de las reformas borbónicas en Hispanoamérica.

Organización del libro y metodología

Este libro procede de mi investigación doctoral, realizada bajo el auspicio de una beca interna del Conicet y en el marco del posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés (Argentina). La tesis de doctorado, bajo el título “El Imperio desde los márgenes. La frontera del Buenos Aires borbónico (1752-1806)”, fue defendida en marzo de 2016 con un jurado integrado por los Dres. Raúl Fradkin, Roy Hora y Eduardo Míguez. Posteriormente, la tesis obtuvo una mención de honor en la tercera edición del premio Asociación Argentina de Investigadores en Historia (ASAIH) a la mejor tesis doctoral y el primer premio del cuarto concurso para la publicación de tesis de maestría o doctorado realizada en el marco del posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés, a cargo de la Editorial Teseo. La edición del texto para su publicación respeta en términos generales la estructura original de la tesis, aunque se redujeron algunos capítulos y se adecuó el estilo mediante la modernización de las citas textuales de los documentos.

Los capítulos siguen un orden cronológico y temático. El capítulo 1 plantea un escenario, el de la frontera entre la ocupación colonial y el mundo indígena arauco-pampeano durante la segunda mitad del siglo xviii en perspectiva regional. Los capítulos centrales desarrollan distintos actores y experiencias en el período 1752-1779. El capítulo 2 atiende al vínculo entre el Cabildo de Buenos Aires, la administración borbónica y la gestión de la frontera. El capítulo 3 enfoca la experiencia de la compañía de blandengues La Invencible en la frontera y la formación del pueblo de San Antonio de Salto. El capítulo 4 estudia la implementación de la reforma miliciana en la frontera examinando a ras del suelo las prácticas de movilización, resistencias y construcción de poder en las milicias. El capítulo 5 se aboca al período virreinal entre 1779 y 1806 para analizar las reformas borbónicas que afectaron a la frontera, con especial atención a la relación entre la administración virreinal, las élites y los sectores populares locales.

El resultado de la investigación se sustenta en un intenso trabajo de fuentes primarias depositadas en el Archivo General de Indias, el Archivo General de Simancas y el Archivo General de la Nación en Argentina. Además, se recurrió a fuentes editadas, particularmente los Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires y los viajes de expedicionarios recopilados por Pedro de Ángelis. Esta búsqueda heurística derivó en la constitución de un corpus de más de 12.000 fojas de documentación.

En el Archivo General de Indias, se consultaron legajos correspondientes a la Audiencia de Buenos Aires cuyos documentos enseñan la comunicación del más alto nivel virreinal con el Ministerio de Indias. El Archivo General de Simancas atesora documentación de carácter militar, permitiendo observar el funcionamiento interno de los cuerpos en el período virreinal. Su consulta fue sistemática para el caso del Cuerpo Veterano de Caballería de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires desde su constitución hasta la invasión inglesa al Río de la Plata (1784-1806).^[47]

En cuanto al Archivo General de la Nación, vale destacar la riqueza, el estado de conservación y la accesibilidad de sus repositorios. La documentación consultada allí constituye el núcleo de la investigación, y la diversidad de fondos a los que se accedió imposibilita enumerarlos todos. Este libro hace un uso sistemático de tres de ellos: los fondos Teniente de Rey, Comandancias de Fronteras (ambos en Sala ix) y el Ramo de Guerra de la Caja de Buenos Aires (Sala xiii).

El fondo Teniente de Rey fue clave para iluminar el período de la gobernación. Consiste en el intercambio epistolar entre el gobernador y el teniente de rey de Buenos Aires. La de teniente de rey es una figura poco estudiada a pesar de que era en quien se delegaba el gobierno político y militar de la plaza durante los períodos en que el gobernador se ausentaba de Buenos Aires. Dadas las ocupaciones militares de los gobernadores en la frontera luso-brasileña, el teniente de rey podía acumular largos períodos de gobierno, especialmente en coyunturas bélicas. Durante sus interinatos, el teniente de rey le enviaba al gobernador informes de carácter reservado sobre las novedades y los asuntos políticos de la plaza. Este fondo llegó hasta 1783, cuando el cargo de teniente de rey desapareció, reemplazado por un subinspector de Ejército y milicias con funciones únicamente militares.

Los legajos de Comandancias de Fronteras contienen los partes informativos que los comandantes de los fuertes y otras autoridades de la frontera enviaban cotidianamente a Buenos Aires. En esta investigación se examinaron exhaustivamente y en forma combinada los legajos de distintas comandancias correspondientes al sector noroeste de la jurisdicción de Buenos Aires (Pergamino, Salto, Arrecifes, San Nicolás, Fontezuelas y Cañada de Escobar) entre 1752 y 1779. Por otro lado, el fondo Comandancia General de Frontera conserva los tratados de paz suscriptos con las parcialidades indígenas y las declaraciones de excautivos, a los que se interrogaba al momento de su devolución a la sociedad colonial con el fin de obtener informaciones sobre las tolderías y el estado de los asuntos de tierra adentro.

Por último, en esta investigación se analizaron en forma sistemática los libros de cuenta del Ramo de Guerra desde su creación en 1752 hasta su centralización por la Real Hacienda en 1761, período en que fue administrado en forma directa por el Cabildo de Buenos Aires. El libro de cargo (ingresos) cuenta con 1.300 entradas, y el de data (gastos), con 348 entradas para los nueve años que duró la administración del Cabildo. En cada operación se consigna la fecha, el objeto de la imposición o de la erogación, el monto a percibir o a pagar y la firma del responsable. El libro de data informa sobre el pago de los sueldos de los blandengues, el gasto en la construcción de fuertes, la contratación de proveedores y las compensaciones dadas a los “indios amigos”, permitiendo observar las actividades del Cabildo de Buenos Aires en su jurisdicción rural y allende la frontera. De esta manera, el análisis de la recaudación y el gasto del Ramo de Guerra da una nueva visión sobre la posición financiera y la vitalidad política del Cabildo de Buenos Aires en la década central del siglo xviii.

Resulta sumamente necesario agradecer a las personas e instituciones que hicieron posibles la investigación doctoral y la publicación de este libro. En primer lugar, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que me permitió una dedicación exclusiva a la formación doctoral. A la Universidad de San Andrés y a la Editorial Teseo por el premio y la publicación de este libro. A Sergio Serulnikov, director de la tesis de doctorado, por la confianza que depositó en mí, su compromiso y su generosidad intelectual. A los jurados Raúl Fradkin, Roy Hora y Eduardo Míguez, por su aguda lectura, sus valiosos comentarios y justas críticas. A los profesores del posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés que eligieron esta tesis para su publicación, en especial a Lila Caimari y Eduardo Zimmermann, por su calidad académica y humana. A los investigadores que conocieron resultados parciales de esta investigación y aportaron sus puntos de vista, especialmente a Darío Barriera, Manuel Chust, Julio Djeredjian, Juan Francisco Jiménez y Florencia Roulet. A Eugenia Néspolo, que incitó esta investigación, y al recordado Raúl Mandrini, por sus ideas y la generosidad con la que las compartía. A mis colegas y amigas Florencia Carlón, Laura Mazzoni y Cecilia Wahren, que brindaron su asesoramiento desinteresado durante todos estos años. A mi familia y mis amigos, por el cariño y el apoyo en este trayecto. Por último, un agradecimiento especial a Antonella Comba y a Ignacio Molina por su asistencia en la redacción.