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Conclusiones

Tras la huella de la frontera

A mediados del siglo xviii, la frontera entre el sur de la ocupación colonial y la sociedad indígena arauco-pampeana se articuló a partir de una dinámica de intensa vinculación y, a su vez, de radical enfrentamiento. Se trataba de una frontera en pleno crecimiento demográfico y económico, con circuitos mercantiles atestados y un profuso comercio interétnico. La cultura material y el universo simbólico compartidos por indígenas y cristianos propiciaron formas de encuentro y mediación, aunque el conflicto fundamental por el territorio afloró en distintos momentos y la violencia se enseñoreó en la frontera. En el mundo indígena arauco-pampeano, las diversas estrategias de relacionamiento frente a la sociedad colonial alentaron procesos de etnogénesis y cambio sociopolítico cuyos alcances forman parte de una agenda de investigación que se encuentra en pleno desarrollo.

La desafiante presencia de la frontera tuvo asimismo importantes consecuencias políticas para la sociedad colonial rioplatense. Tras el fracaso de las misiones jesuíticas al sur del Salado, los sectores locales interesados, hacendados y jefes milicianos, pugnaron por llevar adelante una política estatal. Debido a la prescindencia de la Corona hasta bien entrado el siglo xviii, los cabildos de las ciudades del sur del virreinato del Perú –Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires– tomaron la iniciativa en la defensa de sus fronteras, creando compañías de milicias y nuevos impuestos para financiarlas para la protección de los intereses de comerciantes y hacendados. Con el advenimiento de las reformas borbónicas, la administración colonial buscaría disciplinar las estructuras locales de poder y reorientarlas hacia los objetivos marcados por la Corona. En este libro, hemos abordado cómo, en el caso de Buenos Aires, la frontera propició la construcción estatal y moduló la lucha que se estableció por su control en el contexto de las llamadas “reformas borbónicas”.

En primer lugar, la frontera moldeó el posicionamiento del Cabildo de Buenos Aires como un actor político-corporativo de relevancia en el escenario político local previo a la introducción de las reformas borbónicas. Por un lado, la frontera le permitió al Cabildo ampliar su representatividad social hacia los intereses del mundo rural. En 1751, tras una serie de malones acicateados por la presencia misionera en pleno territorio indígena, el Cabildo de Buenos Aires convocó a un “cabildo abierto” del que participaron los hacendados y jefes milicianos que bregaban por la creación de milicias a sueldo para la frontera y proponían la creación de nuevos impuestos para financiarlas. Aunque discutieron sobre los gravámenes específicos que imponer, los miembros del Cabildo acompañaron la propuesta de los hacendados con la esperanza de justificar de esta manera la creación de nuevos impuestos que mejoraran las exiguas arcas municipales. De este modo, el Cabildo asumió –no sin reticencias– la representación de los hacendados, un sector importante de la sociedad colonial que hundía sus intereses en un mundo rural que empezaba a despegar al compás del crecimiento demográfico y del aumento de la demanda de productos agropecuarios.

Cuando el Cabildo, actuando a contrapelo de las intenciones del gobernador y del rey, sancionó a principios de 1752 la creación de tres compañías de milicias a sueldo para la frontera y de un nuevo “Ramo de Guerra” para sufragarlas, demostró una iniciativa y una audacia políticas inusitadas. Posteriormente, el rey desautorizó lo actuado y ordenó que se formaran “pueblos defensivos” en la frontera, pero la negociación del Cabildo con los funcionarios coloniales y las necesidades militares de la gobernación aseguraron la continuidad de las compañías de blandengues y del Ramo de Guerra. Claro que no se trataba de una situación de abierta rebeldía frente a la Corona, sino que la autonomía que se construyó el Cabildo era factible en las condiciones político-institucionales de la gobernación. De un lado, las disposiciones del rey –a miles de kilómetros de distancia– tardaban años en llegar y el equipamiento político de la gobernación era exiguo para hacerlas cumplir; de otro, la naturaleza pactista de la sujeción a la Corona y un orden normativo plural y casuístico permitían evadir su acatamiento, situación de la que la conocida sentencia “Se obedece, pero no se cumple” hace síntesis.[1]

Por supuesto, el Cabildo de Buenos Aires perseguía un interés propio centrado, más que en las compañías de blandengues, en la recaudación del nuevo Ramo de Guerra que –entre 1752 y 1761– estuvo bajo su directo control. El Ramo de Guerra quedó compuesto por distintos impuestos sobre la exportación de cueros, la introducción de vinos y aguardientes cuyanos a Buenos Aires, la salida de mercaderías hacia las provincias y el ingreso de carretas a la Ciudad, todas actividades mercantiles que supuestamente se beneficiarían de la seguridad provista por las milicias y fuertes de la frontera. Dadas la inestabilidad del comercio de exportación, la posición monopólica de Buenos Aires en el comercio interior y las prácticas recaudatorias del Cabildo, la carga fiscal impuesta por el Ramo de Guerra recayó no tanto sobre los productores y exportadores locales –quienes habían promovido su establecimiento–, sino mayoritariamente sobre los comerciantes, productores y consumidores del resto de las provincias del sur del virreinato peruano. En particular, los introductores cuyanos debieron, para seguir siendo competitivos en el mercado porteño, deducir de sus ganancias la carga impuesta por el Ramo de Guerra, lo que desató una rebelión fiscal y una disputa interjurisdiccional que llegaría a oídos del rey. En suma, a través del Ramo de Guerra, Buenos Aires obtuvo una renta fiscal de las provincias que se superponía a su ganancia comercial ordinaria, sentando un poderoso precedente en la estructura fiscal.

En cuanto a la forma en que se invertían sus recursos, va de suyo que el Cabildo de Buenos Aires y sus miembros en forma particular aprovecharon los fondos del Ramo de Guerra para pagar sueldos y sufragar gastos propios de la corporación urbana. Pero, fundamentalmente, el Ramo de Guerra le permitió al Cabildo estrechar lazos con su entorno rural y territorializar su jurisdicción. Además de los hacendados, distintos sectores del mundo rural se beneficiaron en forma directa de la creación de milicias y la erección de fuertes en la frontera. Los pobladores rurales, a cambio de enrolarse en las compañías de milicias y blandengues, obtenían –amén de otros reconocimientos sociales– un sueldo en efectivo y raciones de yerba, tabaco y carne que fortalecían su capacidad de consumo mercantil y, con ello, la autonomía de la unidad doméstica campesina. Asimismo, productores, pulperos rurales y una miríada de contratistas –artesanos, transportistas y sacerdotes– se beneficiaron de la llegada de metálico contante y sonante a la frontera; incluso, los “indios amigos” (aliados circunstanciales de los cristianos) recibieron recompensas materiales por su auxilio militar.

Sin embargo, el accionar del Cabildo de Buenos Aires no fue incontestado. A principios de la década de 1760, a la rebelión fiscal de los cuyanos y el laudo imperial de Carlos iii –que reducía la carga impuesta sobre los vinos y aguardientes–, se sumó una mala coyuntura para el comercio atlántico, que provocó la crisis financiera del Ramo de Guerra. Los sueldos de los blandengues comenzaron a llegar en forma cada vez más espaciada a la frontera, y los soldados presionaron a sus capitanes amenazando con desertar. A su vez, diversas denuncias de corrupción se cernieron sobre la administración del Ramo de Guerra. Con estos antecedentes, y en el contexto de su propia disputa con el Cabildo y de los preparativos para una nueva guerra en puerta, el gobernador Pedro Cevallos en 1761 decidió poner las compañías de blandengues bajo su mando y que el Ramo de Guerra pasara a manos de la Real Hacienda.

Es decir, la creación de las compañías de blandengues y del Ramo de Guerra tuvo una significación fundamental para el Cabildo de Buenos Aires, permitiéndole desarrollar una política de frontera autónoma de las orientaciones imperiales, ampliar su representatividad social y jurisdiccional y contar con recursos adecuados para financiar una pequeña “edad de oro”. Su centralización por el gobernador Cevallos no fue fruto de un programa reformista, sino una decisión pragmática debida a las tensiones locales a las que habían arribado en el contexto de los preparativos para la guerra que se avecinaba. En adelante, las compañías de blandengues y el Ramo de Guerra fueron arena de disputa política del Cabildo de Buenos Aires y otros actores locales con la administración colonial, al establecerse una lucha por su control y destino.

En segundo lugar, la construcción de fuertes y la aparición de tres compañías de milicias pagas de 60 hombres cada una en la frontera, cualquiera fuera su efectividad para conjurar el peligro indígena, representaron un salto cualitativo y cuantitativo para el desarrollo del territorio. Como hemos observado, para los sectores populares rurales, la percepción regular de un salario y la expectativa de acceder a la tierra resultaron poderosos motivos por los que sentar plaza de blandengue y migrar con sus familias –consumadas o en ciernes– a la frontera. La llegada de una corriente regular de metálico y el afincamiento de los blandengues tuvieron un decidido impacto en la frontera, favoreciendo a la producción y el comercio locales y generando las condiciones para el arraigo de la población y la formación de pequeños pueblos en los alrededores de los fuertes. El pueblo de San Antonio de Salto –a pesar de las intenciones declaradas por las autoridades borbónicas de formar villas o pueblos defensivos– no tuvo un acto fundacional ni recibió el título de “ciudad” o “villa”. En su formación, el protagonismo lo tuvieron los soldados blandengues, quienes se distribuyeron la tierra, construyeron los primeros edificios, consagraron la capilla a San Antonio, formaron familia y se emparentaron entre sí, de manera que conformaron una pequeña pero consistente comunidad campesina en la frontera.

Por otro lado, si la historiografía tradicional suponía el carácter nulo de la vida política de los pueblos y el poder absoluto de los comandantes de los fuertes, un análisis localizado en la frontera muestra una realidad algo diferente, portadora de otras tradiciones y experiencias. A través del caso de San Antonio de Salto, pudimos observar la emergencia de una cultura política idiosincrática y de aspiraciones de representación política y ascenso social en la frontera. Cuando, a principios de la década de 1760, frente a un intento de desalojo de las tierras del pueblo, los habitantes de Salto iniciaron una acción colectiva que incluyó el ejercicio del “derecho de petición” al gobernador, el incipiente pueblo se constituyó como un “vecindario”, es decir, una comunidad política local de carácter territorial y corporativo que expresaba su particular forma de concebir su sujeción al rey y a las autoridades coloniales desde la frontera.

Asimismo, la historiografía americanista ha insistido en la importancia del estatus de “vecino” para el reconocimiento como súbdito de la monarquía con determinados privilegios, y también en que se trataba de una condición negociada en el seno de la comunidad local.[2] En la frontera, la vecindad sufría una democratización fundamental. En Salto, los “vecinos” eran los hombres cabeza de familia, en su mayoría mulatos o mestizos de reciente migración a la frontera, quienes, no obstante, recibían el trato de hombres “blancos”, una condición asignada retrospectivamente una vez que la comunidad los reconocía como sus miembros. Es decir, sin invalidar las escalas sociorraciales de la época, las condiciones sociopolíticas de la frontera de Buenos Aires habilitaban el reconocimiento como “vecinos” a migrantes y gentes de color que culminaban de esta manera su estrategia de reproducción y ascenso social, un caso sin parangón conocido en el mundo hispanoamericano dieciochesco.

Por último, los vecinos de Salto desarrollaron nociones pactistas y corporativas de legitimidad política arrancadas de una cultura política que circulaba en todo el orbe hispánico, pero apropiadas y acondicionadas a la realidad local. En la cultura política hispánica, la autoridad legítima era la “cabeza” del cuerpo político, no se distinguía de él, por lo que debía predicar con el “buen ejemplo” en su conducta personal, favorecer el esplendor del culto y demostrar públicamente su fe cristiana. De esta manera, una estructura de moralidad pública podía volverse fundamento de la obediencia política o, por el contrario, justificar el desacato. A su vez, la autoridad se sostenía en una relación de pacto que implicaba el consentimiento del cuerpo político a ser regido por un gobierno cuyo fin era propender a la justicia y el “bien común”. En las condiciones de interpretación de Salto, donde la comunidad no era una de iguales, sino jerárquica, la “justicia” se interpretaba como dar a cada quien lo que le correspondía, y el “bien común” se entendía en sentido meramente negativo como la ausencia de interés particular detrás de las acciones de gobierno.

En el pueblo de Salto, los capitanes de la compañía de blandengues bregaron por reunir el mando político y militar. Sin embargo, más que convertirse en gobernantes absolutos, los sucesivos capitanes debieron negociar su autoridad tanto dentro de la compañía, como fuera de ella. En las expectativas del pueblo, los capitanes debían ostentar una conducta personal ejemplar, conducir los destinos del pueblo en “buena armonía” con los vecinos y reconocer y respetar las jerarquías sociales preexistentes. Las condiciones en las cuales el “vecindario” juzgaba si la autoridad del pueblo se ajustaba a sus nociones de legitimidad se resolvían en el espacio público local, es decir, el espacio concreto del pueblo y sus redes parentales y vecinales, donde circulaban rumores y proclamaciones y se articulaba una “voz pública”. De esta manera, los soldados, los vecinos y las familias de Salto acompañaron el gobierno de los capitanes legítimos, o bien supieron resistir su autoridad cuando no lo consideraban así, insubordinándose individualmente, formando bandos o protagonizando levantamientos en defensa del orden comunitario. En síntesis, lejos del carácter autoritario y estático de la vida política que la visión tradicional le asigna a la frontera, el vecindario de Salto acuñó y puso en juego sus propias nociones de legitimidad política para negociar las relaciones de poder y disputar la autoridad a nivel local.

Por lo tanto, la frontera con el mundo indígena arauco-pampeano independiente motivó en Buenos Aires una serie de desarrollos locales tales como la creación de milicias pagas, el despliegue territorial del Cabildo, la llegada de recursos fiscales dragados de todo el virreinato peruano y la formación de pueblos y comunidades políticas locales. Sobre este trasfondo local, operó lo más sustantivo del reformismo borbónico en el Río de la Plata, cuyo objetivo último era poner a la gobernación de Buenos Aires, y luego al virreinato, en condiciones idóneas de defensa frente al recrudecimiento del ciclo europeo de guerras. En Buenos Aires, las reformas borbónicas tomaron para sí las estructuras locales de poder territorial e intentaron reorientar su sentido hacia los fines dispuestos por la Corona y subsumir sus formas a la lógica verticalista y homogeneizadora del proyecto borbónico. Sin embargo, las élites locales portaban sus propias aspiraciones y proyectos para la frontera, mientras que los pobladores demostraron una gran capacidad de resistencia autónoma. La frontera fue entonces el ámbito donde se acumularon tensiones políticas y militares que marcaron el derrotero del proyecto borbónico en el Río de la Plata.

Las reformas borbónicas en el Río de la Plata se desarrollaron en ciclos relacionados mayormente con la reapertura de la guerra atlántica y el conflicto colateral en la frontera luso-brasileña, aunque también la sublevación interna y las fronteras con los indígenas no sometidos motorizaron su implementación. El primer impulso reformista se dio como consecuencia de la malograda entrada de España a la guerra de los Siete Años. La derrota sufrida en La Habana en 1762 demostró, dadas las capacidades logísticas del enemigo inglés para llevar a cabo un asedio duradero, que el Ejército de dotación debía acompañarse de un “ejército de reserva” que interviniera en caso de un conflicto sostenido, especialmente en las plazas expuestas a ataques navales. En Buenos Aires, el gobernador Pedro Cevallos ya se había adelantado a estos objetivos al universalizar la convocatoria a las armas antes de la toma de Colonia de Sacramento en 1761-1762 y durante ella, por lo que la reforma solo debía ratificar en tiempo de paz la movilización de la población dispuesta por el gobernador y adaptarla al modelo de “milicias provinciales”, en particular en lo atinente a su comando, instrucción y disciplina.

En la frontera, el éxito inicial de la reforma fue enorme: en vísperas de la llegada de las asambleas, las compañías de “milicias provinciales” enrolaban a la totalidad de la población rural en condiciones de ser movilizada. Una estructura de mando veterana y peninsular tendría a su cargo imprimirles una dirección y disciplina. A pesar de estas propicias condiciones iniciales, las milicias de la frontera difícilmente pudieron constituir el “ejército de reserva” que la reforma ambicionaba. Los oficiales peninsulares del Ejército regular, investidos como comandantes de los fuertes con amplias facultades en la frontera, se toparon con enormes dificultades para hacerse obedecer, acuciados por la falta de infraestructura y de personal de confianza. Fundamentalmente, las amplias resistencias de los pobladores a estos elementos “extraños” a la comunidad, al amparo de densas tramas de solidaridad parental y vecinal, hicieron que los comandantes militares fallaran a un tiempo tanto en su rol de gobierno, como en la defensa de la frontera.

El vacío de poder dejado por esta fallida estructura de mando fue aprovechado por una oficialidad miliciana de extracción local que era la responsable de la movilización efectiva de la población a las armas. De hecho, los pobladores tenían amplias posibilidades de eludir el reclutamiento, imponer las condiciones de su servicio o bien desertar de las milicias sin ser alcanzados por los castigos previstos. En ocasiones, los milicianos desafiaban abiertamente la autoridad de sus oficiales valiéndose de amenazas verbales y de sus armas y caballos, tanto en forma individual como organizándose en motín. Por supuesto, los oficiales milicianos castigaban severa y ejemplarmente estas acciones, pero la fuerza poco podía frente a las tácticas para eludir el servicio y la sorda resistencia de las fugas y deserciones. En este sentido, para movilizar a los pobladores, los oficiales se valieron de la persuasión, de la activación del lazo social previo y de prácticas de movilización a ras del suelo que incluyeron recompensas materiales.

De esta manera, los oficiales de milicias de la frontera lograron la movilización de cientos de pobladores y colaboraron entre sí en una práctica de “articulación defensiva”, construyendo un poder territorial que procuraron volcar a favor de sus intereses. A contrapelo de las intenciones del gobernador Juan Joseph de Vértiz, quien se inclinaba por una estrategia netamente defensiva frente a los indígenas, la oficialidad miliciana llevó adelante una agresiva política de expediciones sobre las tolderías que le redituaban un jugoso botín en ganados y cautivos indígenas. Asimismo, en diversas juntas de guerra, los oficiales milicianos rechazaron las tratativas de paz con los indígenas y abrazaron el proyecto de avanzar la frontera al otro lado del río Salado. La intransigente política de la oficialidad miliciana, encabezada por el maestre de campo y hacendado Manuel Pinazo, tuvo como corolario un recrudecimiento de la conflictividad en la frontera que culminó con el gran malón indígena de 1780 en Luján, a escasos kilómetros de Buenos Aires, ahora convertida en la capital de un nuevo virreinato.

Vale destacar que estos oficiales de milicias tenían un perfil social similar, aunque diferían en sus trayectorias particulares. En general, los oficiales eran hacendados que provenían de familias patricias de tradición miliciana o que habían llegado a serlo a partir de una trayectoria de ascenso social. En este caso, se trataba de inmigrantes que se instalaban en la frontera con algún comercio o pequeña estancia y que, desde muy temprano, se enrolaban en las milicias para obtener su reconocimiento como “vecinos” y el goce del fuero militar con que proteger sus actividades económicas. Ya como oficiales de milicias, se les presentaban múltiples oportunidades de enriquecimiento y podían disponer de las tareas y los recursos defensivos (fuertes, guardias, recogidas de ganados) en función de sus intereses. En particular, las expediciones sobre las tolderías redituaban un jugoso botín en ganados y cautivos indígenas que eran repartidos como fuerza de trabajo compulsiva. De esta manera, combinando astucia económica con una carrera exitosa en las milicias, algunos oficiales milicianos llegaron a ser reconocidos como los más importantes hacendados de Buenos Aires. Además, la participación en las milicias les brindó a los hacendados la posibilidad de conformarse como un actor con cohesión social y consciencia de sus intereses. Finalmente, cuando fueron corridos de las milicias, los exoficiales conformaron el Gremio de Hacendados, de modo que se convirtieron en un influyente actor político-corporativo de la sociedad virreinal.

Es decir, la reforma miliciana alcanzó en la frontera una gran propagación, pero las compañías, en vez de conformar el “ejército de reserva” disciplinado que las autoridades borbónicas ansiaban, fueron la base de sustentación de un poder territorial crecientemente autónomo identificado con un sector social emergente, el de los hacendados. Los nuevos ciclos de reforma que se presentaron en la frontera en sendas coyunturas de guerra externa se dirigieron fundamentalmente a doblegar esa autonomía y a disciplinar la estructura miliciana para que pudiera actuar frente a un eventual ataque exterior. Sin embargo, no lo hicieron sin consecuencias para el proceso político virreinal, sobre todo porque crearon distintas oposiciones que hicieron eclosión cuando la estructura defensiva virreinal efectivamente sufrió un embate de la guerra externa, posibilidad temida desde la creación del virreinato y que las reformas habían pretendido conjurar.

Con el virreinato del Río de la Plata, se creó una estructura militar y fiscal que buscaba ser el “baluarte imperial” de la Corona española en el flanco atlántico de América del Sur. A pesar de los recursos volcados en los primeros años y los buenos resultados iniciales, pronto el novel virreinato se vio inmerso en una coyuntura crítica por el recrudecimiento de la guerra externa y el estallido de la sublevación interna. En este contexto, el malón de 1780 en Luján debió verse inaceptable a los ojos virreinales. En estas circunstancias, urgían la pacificación de la frontera, el ahorro y la centralización de recursos fiscales y la disciplina del aparato miliciano. Con estos objetivos en mente, y al calor de los acontecimientos, el virrey Juan Joseph de Vértiz (1778-1784) introdujo una serie de reformas cuyo resultado fue que el virreinato lograra incorporar las fuerzas milicianas y los recursos defensivos de la frontera al esquema defensivo virreinal, pero en su consecución se enajenó el apoyo de las élites locales y se suscitaron encendidas resistencias en la población.

En primer lugar, desconociendo la opinión vertida por los oficiales milicianos y hacendados, el virrey Vértiz buscó pacificar la frontera, consolidando las posiciones existentes y mediante la búsqueda de acuerdos de paz con las parcialidades indígenas. El virrey, apoyado en el consejo de militares peninsulares, propuso la creación de un “cordón defensivo” con los fuertes existentes cuyos intersticios serían recorridos por las compañías de blandengues, las que tendrían estrictas funciones defensivas y de vigilancia, sin enfrascarse en acciones ofensivas ni producir avances territoriales significativos. Asimismo, en los alrededores de los fuertes, debían formarse “pueblos defensivos” que en el mediano plazo permitieran ahorrar recursos fiscales y disponer de los blandengues para el conflicto externo. Por otro lado, los tratados de paz debían alcanzar a todas las parcialidades de las pampas; con ese sentido, se firmaron sendos tratados con “pampas”, pehuenches y ranqueles, las que obtuvieron amplias concesiones en términos de facilidades para el comercio interétnico y reconocimientos territoriales.

Para que la pacificación de la frontera pudiera ser llevada a cabo, el virreinato debía disciplinar al poder miliciano, subsumiéndolo a una estructura de mando vertical y centralizada. La vieja oficialidad miliciana fue desplazada y se nombraron nuevos capitanes para las compañías de blandengues reclutados entre oficiales peninsulares del Ejército regular, conformando con ellas un cuerpo con un mando unificado. Por último, se creó la Comandancia General de la Frontera y se nombró en ella a un oficial peninsular de la Asamblea de Caballería. Más tarde, los oficiales de blandengues de origen veterano reclamaron seguir percibiendo los beneficios y privilegios que detentaban en el Ejército regular. De esta manera, se conformó en 1784 el Cuerpo Veterano de Caballería de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires, con 600 plazas y en condiciones de enfrentar “algo más que indios”, al decir de las autoridades virreinales.

Este conjunto de reformas atravesó varios conflictos y debió doblegar distintas resistencias. En particular, la oficialidad y las tropas milicianas resistieron la autoridad del primer comandante general de la frontera, con lo cual lograron que finalmente este fuera desplazado de su cargo y que, en adelante, se nombraran comandantes mucho más afines a los intereses locales. Por otro lado, los planes originales de Vértiz –dado su desprecio de la población– era que los “pueblos defensivos” se fundaran con familias peninsulares. Sin embargo, al no contar con los recursos necesarios, el virrey optó por el traslado compulsivo de familias pobres y pobladores de la campaña, lo que desató una multiforme resistencia en la población y, debido a la violencia irrigada, un resentimiento que quedaría grabado en la memoria colectiva. Con todo, las medidas virreinales no encontraron una oposición unificada en cuanto no había todavía una coincidencia entre los intereses urbanos y rurales y, aun dentro de estos, no existía acuerdo sobre la política que seguir en la frontera.

Con todo, el reformismo borbónico demostró ser una política de fines, y no de medios; cuando la coyuntura bélica se distendió, el proceso político tornó a una “pax virreinal” que se extendió hasta fines de siglo. En este período, pudieron asomar los proyectos y las aspiraciones de las élites locales, mientras que las mejoradas arcas virreinales permitieron compensar con medios pecuniarios la indisciplina de la tropa y la resistencia de la población por ser reclutada. Por un lado, la clase de cadetes del cuerpo de caballería de blandengues fue ocupada por los jóvenes hijos de la élite criolla, que pronto fueron ascendidos a la clase de oficiales, de modo que formaron auténticos clanes familiares. En cuanto a la tropa, las dificultades para la recluta, las deserciones y la necesidad de garantizar la disciplina determinaron la práctica del “reenganchamiento” (un premio monetario al soldado reenganchado) a pesar de que estaba prohibida por el rey. De esta manera, el cuerpo de blandengues de la frontera de Buenos Aires logró mantener completas sus filas, conducidas por una oficialidad criolla unida por estrechos lazos de parentesco y firme arraigo local. En los últimos años de “pax virreinal”, con el consenso del Gremio de Hacendados, el Cabildo de Buenos Aires, el cuerpo de blandengues y la opinión ilustrada, se relanzó el proyecto de avanzar la frontera, cuya formulación más acabada fue el plan presentado en 1797 por el militar ilustrado Félix de Azara que recogía las experiencias y aspiraciones locales.

Sin embargo, el reinicio de la guerra con Inglaterra y Portugal postergó los proyectos y las aspiraciones locales y suscitó un nuevo ciclo de reformas, esta vez a cargo del subinspector de Ejército y milicias Rafael de Sobremonte, que volvería a tensar las relaciones con las élites locales y suscitar la multiforme resistencia de la población.

En primer lugar, dado el continuo éxodo de los cuerpos regulares del virreinato y la imposibilidad de la Corona de reemplazarlos, la apuesta virreinal fue por los blandengues y el disciplinamiento de las milicias, buscando poner a la “nación en armas” para rebatir al enemigo externo. Con este sentido, se aumentaron las plazas del cuerpo de blandengues de Buenos Aires y se creó un nuevo cuerpo de blandengues –y su correspondiente Ramo de Guerra– para la frontera de Montevideo. Desde el punto de vista de los funcionarios borbónicos, la opción por los blandengues tenía sus ventajas, resaltadas en este caso por la ausencia de alternativas, dado que, al ser una fuerza de caballería, sus sueldos eran más bajos que los de dragones y además se financiaba con el Ramo de Guerra, un ramo impositivo local, mientras que el resto de los cuerpos regulares dependía del Situado potosino, de irregular caudal y frecuencia. De esta manera, los blandengues se convirtieron en la primera fuerza regular del virreinato, representando en Buenos Aires dos tercios de las fuerzas regulares disponibles.

A pesar del carácter regular del cuerpo y el robustecimiento de su número, las condiciones de servicio de los blandengues conspiraban contra las intenciones de formar con ellos un ejército disciplinado al servicio de los objetivos dinásticos. Por un lado, los oficiales de blandengues –con vínculos en ambas márgenes del Río de la Plata– en distintas ocasiones peticionaron colectivamente para la igualación de su estatus con respecto al resto de los cuerpos regulares del virreinato. Sin embargo, si bien lograron arrancar algunas concesiones, la cuestión de fondo –las diferencias salariales– no fue resuelta. En cuanto a la tropa, aunque sus sueldos eran relativamente altos y la práctica del reenganchamiento continuó, los soldados blandengues, acostumbrados a ejercer estrechas funciones de vigilancia en los fuertes de la frontera, rehuían los traslados y la entrada en combate, momentos en que las deserciones eran incontenibles. Con el cuadro de una oficialidad descontenta y una tropa poco disciplinada, la disponibilidad del cuerpo de blandengues para enfrentar el conflicto externo era limitada.

Por otro lado, al igual que en anteriores coyunturas reformistas, se buscó movilizar y disciplinar a las milicias. Para ello, se sancionó un reglamento en 1801 según el cual todos los milicianos gozarían del fuero militar, recibirían armas, uniformes y entrenamiento y percibirían un sueldo mientras fueran movilizados. Sin embargo, la implementación del nuevo reglamento fue limitada tanto por la escasez de recursos materiales y fiscales, como por la resistencia del Cabildo de Buenos Aires a la aplicación del fuero militar, piedra angular de la reforma. En estas condiciones, el ejército de miles de vecinos al servicio del rey fue poco más que un sueño de papel. Fue el propio Sobremonte quien confesó –y sufriría en carne propia– el fracaso de la reforma: “Todo esfuerzo es en vano para promover en estos países la afición al servicio de soldado, por la abundancia de los efectos necesarios para la vida en la Campaña, y la libertad que ésta ofrece”, se quejó quedamente.

Por último, por esos años el proyecto de adelantar la frontera se instaló firmemente en la opinión pública. Tanto desde las páginas del Semanario de Vieytes, como la del comandante de blandengues y del propio Cabildo de Buenos Aires, distintas voces comenzaron a criticar el “cordón defensivo” de Vértiz y se pronunciaron a favor de adelantar la frontera, recordando que con ese fin el “vecindario” se había impuesto el Ramo de Guerra. En suma, el último ciclo virreinal de reformas fue de limitadas miras y mucho menos alcance, trajo varios perjuicios en la relación con las élites locales y no logró amilanar la capacidad de resistencia autónoma de la población. En el camino, los motivos de oposición política se sumaron y los distintos proyectos para la frontera extenuaron las diferencias entre las élites locales y la administración colonial.

La invasión inglesa al Río de la Plata de 1806 expuso las falencias políticas y militares del planteo borbónico. La suerte del “baluarte imperial” estaba en manos de una estructura defensiva que combinaba fuerzas regulares y milicianas de composición y financiamiento locales. La delicada situación hubiera requerido la mediación de las élites locales para la efectiva movilización de una población dispuesta en todo momento a defender celosamente sus márgenes de libertad. Nada de ello ocurrió. La incapacidad del cuerpo de blandengues –una tropa de campesinos apostada en la frontera dirigida por una oficialidad criolla insatisfecha– y de la estructura miliciana en general para resistir el ataque no solo expuso las debilidades del esquema defensivo de Sobremonte, sino que demostró el fracaso de medio de siglo de reformas.

La frontera de Buenos Aires, ese límite engañoso y, sin embargo, presencia feroz, llevó a la creación de las primeras estructuras estatales en el territorio y moldeó experiencias políticas particulares. A su vez, distintos actores sociales y corporativos se beneficiaron de la creación de milicias y de la captación de recursos fiscales destinados a financiar los fuertes de la frontera. Cuando la administración borbónica puso el ojo en Buenos Aires, producto del ciclo europeo de guerras en que se hallaba envuelta, intentó constituir allí un “baluarte imperial” mediante un esfuerzo de construcción estatal del que la creación del virreinato del Río de la Plata fue el mayor resultado, pero que también echó mano de las estructuras existentes. En sendos ciclos de reformas, la administración colonial buscó pacificar la frontera, centralizar sus recursos fiscales y verticalizar el mando sobre milicias y blandengues. Sin embargo, en muchos aspectos, las iniciativas reformistas chocaban con las experiencias y los entramados previos y unos muy definidos intereses sociales y corporativos, lo que generó un sinfín de resistencias en la población y la oposición política de las élites y corporaciones locales, emplazando a la frontera como arena de disputa frente a la administración colonial. A medida que el virreinato representó cada vez menos una inyección de recursos externos y dependió cada vez más de la población y los recursos locales para su defensa, quedó claro para Buenos Aires que en sus manos estaba su destino.


  1. Cañeque, Alejandro, op. cit., pp. 33-37.
  2. Herzog, Tamar, “La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno de las categorías sociales y las redes personales”, Anuario IEHS, n.º 15, 2000, pp. 123-131.


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