Las relaciones chileno-británicas como campo transnacional, 1810-1850
Andrés Baeza Ruz[1]
Introducción
Las relaciones entre América Latina y Gran Bretaña durante el siglo XIX han sido habitualmente interpretadas en el marco del “imperialismo informal”, concepto formulado por Gallagher y Robinson (1953) para describir formas de influencia británica ejercidas sin control político directo en diversas partes del mundo. En América Latina, esta perspectiva dialogó durante décadas con la teoría de la dependencia, surgida del mismo subcontinente y que entendió los vínculos anglo-latinoamericanos principalmente a través de la subordinación económica y la inserción periférica en el capitalismo global (Stein y Stein, 1970). Pese a sus diferencias, ambos enfoques tendieron a organizar la relación en torno a un centro británico activo y una periferia latinoamericana receptiva, privilegiando las estructuras por encima de las dinámicas interpersonales. Durante los últimos años, sin embargo, la historiografía ha problematizado estas lecturas, mostrando que ni la acción británica ni las respuestas latinoamericanas pueden describirse mediante modelos unidireccionales ni categorías rígidas.
El caso chileno se inserta plenamente en estas discusiones. Desde Vicuña Mackenna (1878) hasta Ramírez Necochea (1966), pasando por Villalobos (1987), Cavieres (1988) y Salazar (2011), la presencia británica ha sido interpretada como modernizadora, colonizadora, liberadora o subordinante según el prisma que se utilice. Por su parte, John Mayo (1981) fue quien primero aplicó el concepto de imperialismo informal de manera sistemática para caracterizar la “anatomía” de las relaciones chileno-británicas en la segunda mitad del siglo XIX, una línea retomada luego –aunque de forma intermitente– por autores como Llorca-Jaña (2012, 2016). Estas contribuciones ampliaron la mirada, pero también expusieron las limitaciones de un marco que presupone coherencia imperial allí donde, históricamente, existió más bien una multiplicidad de agendas, intereses, mediaciones y conflictos.
En la historiografía británica, el debate sobre el British World reforzó inicialmente esa imagen de coherencia, matizando también la connotación hegemónica que conllevaba el uso de la categoría “imperialismo” para abordar el estudio de la influencia británica en el mundo. Este paradigma, desarrollado por James Belich, Kent Fedorowich y Gregory Barton, entre otros, concibió a las comunidades británicas de ultramar como parte de un espacio cultural anglófono articulado por prácticas, mentalidades y flujos imperiales compartidos. Si bien este enfoque dio un nuevo giro al estudio de la circulación de individuos, tecnologías, capitales e instituciones, estuvo fuertemente centrado en los dominios de asentamiento blanco (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica) y en la reproducción cultural de la “britanidad” (Britishness) de las comunidades británicas repartidas por el orbe (Sasson y Vernon, 2018). Desde esta perspectiva, América Latina aparece solo de manera tangencial, al no encajar en las lógicas demográficas, lingüísticas y jurídicas que sustentaban el British World como espacio de influencia cultural.
Precisamente por esa ausencia, propuestas recientes, como el concepto de Hispanic-Anglosphere, resultan sugerentes para el caso chileno. A diferencia del British World –más homogéneo y culturalmente cohesionado–, la Hispanic-Anglosphere piensa el espacio hispano-anglo como un ámbito relacional construido por individuos, redes y comunidades dispersas, donde los contactos no presuponen afinidad cultural, sino interacción, fricción, traducción y resultados inesperados. Este enfoque, más cercano a la historia transnacional y a la entangled history, permite observar cómo británicos y chilenos influyeron mutuamente en contextos marcados por la incertidumbre geopolítica, la guerra, la migración, la circulación comercial y los reacomodos institucionales. Además, subraya que las British Isles funcionaron como un nodo en redes hispanas globales, al igual que Valparaíso o Santiago, que se convirtieron en puntos de conexión dentro de circuitos transcontinentales (Iglesias-Rogers, 2021).
En paralelo, la historiografía transnacional ha puesto el foco en actores no estatales –comerciantes, misioneros, educadores, aventureros, recolectores científicos– cuyas agendas no siempre coincidían con una supuesta lógica imperial británica. Este giro permite entender las relaciones internacionales no solo como asuntos diplomáticos –en la línea de la así llamada “nueva historia diplomática”–, sino también como configuraciones sociales construidas por individuos, instituciones y comunidades que operaban en múltiples escalas. Peter Marshall (2005) insistió en la relevancia de estos intermediarios para comprender el alcance real del imperialismo, distinguiendo entre fases expansivas y menos expansivas, y entre actores estatales y no estatales, un planteamiento particularmente pertinente para el caso chileno, donde la presencia británica fue profundamente heterogénea.
Este planteamiento es coherente con nuestras investigaciones previas sobre el periodo de la independencia. En nuestro libro El otro imperio (2021a) mostramos que las relaciones chileno-británicas entre 1810 y 1830 no pueden explicarse mediante categorías unilaterales ni monolíticas, sino como la constitución de una suerte de campo relacional transnacional, donde actores con diversas trayectorias culturales interactuaban bajo lógicas distintas y, a menudo, contradictorias, en diálogo y en tensión con un Estado chileno aún en construcción. En definitiva, si para el periodo de la independencia proponíamos la tríada conceptual de contactos, colisiones y relaciones adoptada de la obra de Urs Bitterli (1989) para caracterizar las diversas y cambiantes interacciones suscitadas entre chilenos y británicos, de lo que se trata ahora es de proveer de un marco interpretativo para comprender la naturaleza del último elemento de la tríada: la “relación”, que definíamos como “una serie prolongada de contactos recíprocos sobre la base del equilibrio o el empate político” (Baeza, 2021a, p. 38).
El presente capítulo, por tanto, extiende esa lectura hasta la década de 1850, etapa de expansión global del Imperio británico y de consolidación gradual del Estado chileno. Lejos de existir una política imperial coherente, observamos una presencia británica fragmentada compuesta por comerciantes como John James Barnard, recolectores científicos como William Lobb, militares mercenarios como Lord Cochrane, misioneros protestantes y educadores lancasterianos, cuyas motivaciones y redes difícilmente pueden reducirse a una lógica imperial unitaria. A la vez, las élites chilenas desarrollaron estrategias de apropiación selectiva, adoptando elementos británicos funcionales para sus proyectos nacionales y resistiendo o reformulando aquellos percibidos como una amenaza. En este sentido, Valparaíso, principal puerto chileno en el siglo XIX, operó como un laboratorio privilegiado de estas interacciones, un espacio donde ideas, prácticas y saberes de dimensión global eran resignificados a nivel local.
Proponemos, por tanto, que las “relaciones” chileno-británicas de este periodo se comprendan como un campo de relaciones transnacionales, marcado por la negociación, las asimetrías, la contingencia y las transformaciones mutuas. Esta perspectiva no se ajusta a las categorías tradicionales de imperialismo informal ni a los modelos de dependencia rígida, ni encaja plenamente en las visiones celebratorias del British World. Más bien, invita a explorar la zona intermedia donde actores heterogéneos, redes móviles y percepciones cambiantes dieron forma a una relación compleja y a menudo inesperada. En este sentido, comprender estas dinámicas requiere situarlas en un contexto internacional en constante transformación. Las interacciones entre británicos y chilenos no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a guerras, revoluciones y crisis comerciales que moldearon oportunidades, límites y ambigüedades. A ese marco nos dirigimos ahora.
El escenario geopolítico: revoluciones, imperios y oportunidades diplomáticas
El proceso de independencia hispanoamericano se desarrolló en un escenario geopolítico marcado por rivalidades interimperiales y tensiones ideológicas que abrieron espacios inéditos de acción para actores no estatales provenientes de los propios imperios. La invasión napoleónica de España en 1808 disolvió la alianza franco-española y obligó a los grupos criollos a reinterpretar el papel de Gran Bretaña, que pasó de ser un enemigo potencial a un actor geopolítico cuya posición podía resultar decisiva tanto durante las guerras de independencia como, una vez proclamadas, para garantizar la viabilidad de los nuevos Estados.
Para Chile, esta coyuntura implicaba navegar entre dos riesgos estructurales: la amenaza persistente de una expedición restauradora desde la Península y una profunda fragmentación interna que culminaría en la guerra civil de 1829. En este contexto, el reconocimiento internacional –y en particular el británico– adquirió un valor estratégico, pues implicaba integrarse al concierto de las naciones, acceder a crédito externo, estabilizar el comercio y disuadir una eventual reconquista. Sin embargo, la política británica hacia Hispanoamérica estuvo lejos de ser coherente. La proclamada neutralidad oficial coexistía con prácticas ambiguas, ya que Londres evitaba reconocer a los nuevos gobiernos, pero toleraba el reclutamiento de mercenarios, la provisión de armamento y diversas formas de apoyo logístico a los ejércitos patriotas. Esta aparente contradicción revela una brecha estructural entre las decisiones del gobierno británico y las acciones de múltiples actores no estatales que operaban en el terreno.
El Trienio Liberal español (1820-1823) pareció abrir una ventana de oportunidad para resolver este impasse. La restauración constitucional alimentó la expectativa de que un gobierno liberal en la Península pudiera facilitar un reconocimiento temprano de las nuevas repúblicas, eventualmente mediado por Gran Bretaña. No obstante, las gestiones diplomáticas ante Lord Castlereagh fracasaron. Por una parte, porque el gobierno liberal español nunca tradujo en una disposición efectiva el reconocimiento de la independencia americana y, por el contrario, intentó recomponer el imperio ofreciendo grados limitados de autonomía a cambio de jurar la Constitución. Por otra parte, porque el gobierno británico persistió en su política de neutralidad, evitando intervenir a favor de cualquier bando, aun cuando manifestaba interés en el fin de la guerra (Frasquet, 2020). En este escenario, las gestiones chilenas se intensificaron con el nombramiento de Mariano Egaña, pero pronto quedó en evidencia el escaso interés británico y la imagen negativa que proyectaba Chile, alimentada por los reportes del cónsul Christopher Nugent y de viajeros como John Miers. En ellos, el país aparecía como un Estado políticamente inestable y financieramente poco fiable, marcado por divisiones internas y el incumplimiento del empréstito de 1817. Esto último podía explicarse a partir de rasgos peculiares de los chilenos: “La degradación moral de la población es tan grande que es inimaginable”, “los chilenos son culpables de las falsedades más descaradas”, “los hurtos menores son comunes entre los chilenos de mayor reputación y de las clases más ricas”, “los sobornos se aceptan en todas partes” (Miers, 1826, pp. 240-248, traducción propia).
El reconocimiento británico, anunciado recién en 1831, no inauguró una relación nueva, sino que formalizó una situación que ya operaba de facto. El comercio funcionaba con regularidad, cientos de súbditos británicos residían en territorio chileno, las casas comerciales habían establecido redes sólidas y las interacciones cotidianas se habían multiplicado. El reconocimiento no respondió, por tanto, a una convicción geopolítica del gabinete británico ni a la insistencia diplomática chilena –que, tras los fracasos de Irisarri y Egaña, había perdido fuerza–, sino a la presión de las propias casas comerciales británicas, que requerían protección consular formal, y al hecho de que otras potencias europeas, como Francia, se habían adelantado en reconocer la independencia en 1829 (Baeza, 2021a). Esta secuencia refuerza la idea de que fueron los actores no estatales quienes, en gran medida, configuraron los términos iniciales de la relación.
El reconocimiento coincidió, además, con una transformación decisiva en el plano interno chileno: la consolidación del llamado régimen portaliano. La victoria conservadora en la guerra civil de 1829 y la promulgación de la Constitución de 1833 inauguraron un proceso de centralización administrativa que incrementó significativamente la capacidad regulatoria del Estado. El fortalecimiento del poder ejecutivo, la profesionalización de la burocracia y la reorganización del sistema aduanero convirtieron al Estado chileno en un interlocutor más capaz de imponer condiciones y negociar nuevos términos (Collier, 2005). El propio Diego Portales, aunque favorable al comercio exterior, desconfiaba de la injerencia extranjera y no estaba dispuesto a ceder la soberanía regulatoria, lo que marcaría un rasgo estructural en las relaciones con Gran Bretaña.
A esta dimensión interna se sumó una lectura geopolítica del Pacífico que se proyectó en el primer conflicto internacional de Chile tras la independencia: la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839). Este episodio volvió a poner de relieve las ambigüedades de la política británica. Aunque oficialmente neutral, Gran Bretaña mostró una clara preferencia por el proyecto confederal de Andrés de Santa Cruz, en la medida en que este prometía estabilidad comercial y orden en una región percibida como volátil (Serrano y Baeza, 2025). Pese a no coincidir con las preferencias británicas, Chile llevó adelante la guerra, derrotó a la Confederación y consolidó su posición hegemónica en el Pacífico sur, demostrando que la soberanía estatal incluía la capacidad de actuar militarmente incluso en contra de los intereses de una gran potencia. El fin del conflicto coincidió con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Chile y Gran Bretaña en 1839, negociado durante la guerra, que selló definitivamente el reconocimiento y estableció reglas de reciprocidad comercial sin conceder privilegios extraterritoriales. Hacia 1850, las relaciones chileno-británicas operaban ya dentro de marcos relativamente definidos, aunque no por ello menos complejas ni menos exentas de tensión. Este fortalecimiento estatal coexistió, sin embargo, con amplios márgenes de acción para actores no estatales, cuya presencia siguió estructurando gran parte de las interacciones cotidianas.
Actores no estatales y la fragmentación de la presencia británica
El escenario geopolítico previamente analizado permitió que los actores británicos operasen con amplios márgenes de autonomía. En ausencia de una política imperial coherente, diversos individuos y organizaciones se convirtieron en actores principales de un escenario de relaciones transnacionales, actuando según lógicas propias y persiguiendo fines particulares que no necesariamente obedecían a una lógica imperial.
La presencia británica experimentó una transformación cualitativa entre 1810 y mediados del siglo XIX. Lo que comenzó como un conjunto disperso de individuos se convirtió gradualmente en comunidades cada vez más organizadas y con redes cada vez más institucionalizadas. A escala nacional, los censos del siglo XIX muestran un crecimiento sostenido –aunque siempre minoritario– de la población extranjera en Chile, que pasó de 19 659 personas en 1854 a 23 220 en 1865 y 26 635 en 1875.[2] Dentro de este conjunto, los súbditos británicos constituyeron uno de los grupos más estables, con una presencia persistente pero oscilante y una concentración espacial muy marcada en Valparaíso, pues, en 1865, 2048 de los 3092 británicos censados en el país residían en dicha provincia; es decir, cerca de dos tercios del total nacional. El Censo de 1865 permite además matizar la imagen tradicional del “comerciante británico”, ya que entre los británicos con ocupación declarada se registraban 2222 ingleses, 108 escoceses y 62 irlandeses, distribuidos en una amplia gama de actividades. Un dato revelador es que, entre los ingleses, los marineros constituían el grupo más numeroso (688), seguidos por empleados particulares (251), mineros (237) y comerciantes (213), junto a una presencia significativa de artesanos y técnicos –como carpinteros (161), herreros (71) y maquinistas (69)– y de profesionales especializados. Esto indica que solo el 9 % de los profesionales ingleses se dedicaba al comercio y que la presencia británica penetró en múltiples sectores de la economía chilena, sin concentrarse exclusivamente en el comercio de importación-exportación (Censo Jeneral de la República de Chile, 1866, pp. 372-377).
John James Barnard ejemplifica con claridad el proceso de institucionalización progresiva de la presencia británica. Llegado a Valparaíso en 1813, en menos de una década ocupó múltiples posiciones que lo situaron en la intersección de distintos ámbitos: comerciante, agente de la British and Foreign Bible Society, secretario de la Association of British Merchants desde 1820 y asesor económico de Bernardo O’Higgins. Su matrimonio con Carmen Font lo integró en redes de la élite local, mientras su participación en comisiones gubernamentales –desde asuntos de salud pública hasta la revisión constitucional– lo convirtió en una figura pública reconocible. Aunque Barnard no representaba formalmente al Imperio británico, su capacidad para desplazarse entre el comercio, la religión y la política ilustra cómo ciertos actores individuales se transformaron en intermediarios institucionales y mediadores culturales en un contexto de debilidad estatal y de ausencia de una política imperial coherente.
La Association of British Merchants, fundada en 1820 por recomendación del almirante William Shirreff y de la cual Barnard fue secretario, dio un paso adicional en este proceso al convertir intereses individuales dispersos en un actor colectivo capaz de negociar directamente con el gobierno chileno. La asociación operaba como grupo de presión, elaborando propuestas de política económica favorables a sus miembros, que el Estado debía considerar precisamente por su dependencia de los ingresos aduaneros generados por el comercio británico (Rector, 1976). Esta dependencia fiscal otorgó a los comerciantes una influencia significativa, pero no ilimitada, pues cuando en 1822 Barnard fue acusado de actuar como agente imperial en negociaciones sobre el cultivo del cáñamo, debió defenderse públicamente ante el Senado y en 1827 cayó en prisión por sus líos financieros, lo que evidencia que el Estado chileno conservaba la capacidad para cuestionar y poner límites a la injerencia británica. En su defensa, Barnard aludiría a su propia identidad británica para explicar el error tras las acusaciones: “Soy extranjero, súbdito de SMB, nacido entre las nieves del norte, en un país donde la libertad y la ley son hermanas gemelas, donde el rey es el primer ciudadano, pero tan sujeto a la ley como el más bajo” (Barnard, 1827, p. 42).
En paralelo, las casas comerciales británicas evolucionaron hacia organizaciones cada vez más transnacionales. La apertura de la oficina de Gibbs & Co. en 1826 fue seguida por otras firmas que articularon redes entre Valparaíso, Liverpool, Londres, Buenos Aires y Cantón, insertando al puerto chileno en circuitos globales de comercio y financiamiento. La lógica que guiaba estas operaciones era fundamentalmente mercantil, más que geopolítica, y se beneficiaba de la fragmentación institucional chilena de las décadas iniciales. Sin embargo, este margen de acción comenzó a estrecharse con la consolidación “portaliana” de la década de 1830, cuando los comerciantes británicos debieron negociar con un Estado que había establecido reglas más claras y desarrollado mayores capacidades regulatorias. El resultado no fue la subordinación de los intereses británicos, sino su inserción en un marco institucional más denso, en el que la autonomía de los actores transnacionales quedó progresivamente condicionada por la afirmación de la soberanía estatal chilena.
Más allá del comercio, los británicos participaron activamente en circuitos transnacionales de conocimiento que articularon la ciencia, el mercado y la extracción de recursos naturales. Desde las primeras décadas del siglo XIX, viajeros y residentes británicos recolectaron ocasionalmente semillas y especímenes chilenos –entre ellos María Graham–, contribuyendo a una circulación temprana de plantas hacia Europa, aún carente de una estructura comercial sistemática. Esta práctica se consolidó con la llegada de William Lobb, recolector profesional contratado por el vivero de James Veitch, quien realizó dos expediciones a América del Sur y Chile entre 1840 y 1848 con fines eminentemente empresariales, integrando esas recolecciones dispersas en un circuito estable de extracción botánica. No obstante, sus actividades beneficiaron indirectamente a instituciones científicas imperiales, como el Jardín Botánico de Kew, dirigido por William J. Hooker.
La circulación de especímenes chilenos –Araucaria araucana (araucaria), Lapageria rosea (copihue) y Embothrium coccineum (notro), Tropaeolum azureum (soldadito azul)– activó así circuitos paralelos de comercio y de ciencia, en los que el conocimiento botánico y el valor mercantil se reforzaban mutuamente. Como observó el propio Hooker, ningún cultivador europeo podía ver las ilustraciones publicadas “sin un sincero deseo de poseer especímenes vivos” (Burdick y Toledo, 2021, p. 119). De esta manera, las publicaciones científicas generaban el deseo comercial que impulsaba nuevas expediciones, mientras que el éxito comercial financiaba la expansión de las colecciones científicas. Un ejemplo claro fue el del Tropaeolum azureum, que apareció en The Gardeners’ Chronicle el 20 de mayo de 1843, junto con un anuncio de Veitch & Son que señalaba que, habiendo “criado muchos miles de semillas de Araucaria imbricata”, ahora podían ofrecerlas “en cantidad a un precio muy bajo” (Shepard y Musgrave, 2014, p. 37, traducción propia).
El caso de la araucaria ilustra con especial claridad estas cadenas de transformación. Para las comunidades pehuenches, se trataba de un árbol sagrado; para Lobb, de un espécimen de alto valor comercial; para los científicos de Kew, de un objeto de clasificación taxonómica; y para los compradores victorianos, de un ornamento de jardín asociado al exotismo. En 1856, una araucaria joven podía adquirirse en Inglaterra por dos chelines, lo que evidencia su rápida mercantilización (Wihman, 2012). Paradójicamente, mientras estos recursos eran extraídos y reinsertados en circuitos científicos y comerciales británicos, Chile avanzaba en la construcción de capacidades científicas propias mediante la fundación del Museo de Historia Natural en 1830 y de la Universidad de Chile en 1842 (Serrano, 1994).
El ámbito educativo revela dinámicas similares de apropiación selectiva. La adopción del sistema lancasteriano en 1821, promovida por el misionero británico James Thomson, es ilustrativa. Las autoridades chilenas incorporaron el método pedagógico por su utilidad para la alfabetización masiva, pero rechazaron su contenido doctrinario, por lo que las biblias protestantes fueron sustituidas por catecismos católicos. Bernardo O’Higgins impulsó este sistema tanto por su adhesión a un modelo británico como por considerarlo funcional para su proyecto de construcción estatal (Baeza, 2017). La viajera británica María Graham documentó el respaldo oficial que recibió esta iniciativa:
el gobernador, con el cabildo y los oficiales militares en procesión, acompañó a Mr. Thompson, en la apertura de la escuela, a fin de darle al acto toda la importancia posible, y me es grato decir que se obtuvo un buen resultado. Ahora es muy concurrida, y he encontrado a mucha gente del pueblo que, de mañana, lleva allí a sus hijos. (Graham, 1824, p. 157, traducción propia)
Lejos de ser una experiencia efímera, el sistema de enseñanza mutua dejó una huella duradera en la organización escolar chilena. Aun después de su progresivo desplazamiento discursivo por otros modelos pedagógicos, sus principios –economía de recursos, enseñanza simultánea, jerarquización de roles escolares– persistieron en formas híbridas a lo largo de todo el siglo XIX. Esta continuidad no fue resultado de una fidelidad doctrinaria, sino de su adaptación pragmática a condiciones estructurales de escasez de maestros, de expansión de la escolarización y de debilidad institucional. El sistema mutuo se transformó así en una matriz pedagógica flexible, susceptible de ser resignificada por el Estado y de coexistir con otros métodos y prácticas educativas (Baeza, 2025).
Las escuelas privadas británicas de Valparaíso prolongaron esta lógica en décadas posteriores, aunque en un registro distinto. La Artizans’ School, fundada en 1857, combinaba formación técnica con instrucción religiosa protestante y originalmente estaba destinada a hijos de artesanos y obreros británicos del puerto. Más adelante, la Escuela Popular fue fundada en 1869 para “proporcionar educación primaria a los hijos de protestantes chilenos que objetan errores religiosos enseñados en las escuelas públicas de la ciudad” (Rojas García, 2019, p. 100), lo que evidencia tensiones persistentes entre la autonomía comunitaria británica y las aspiraciones de control estatal chilenas. De modo similar, establecimientos como el Seminario Inglés de Watkins (1839), el Instituto Inglés de Percy (1850) y el Colegio Inglés-Alemán de Goldfinch & Bluhm (1850) se orientaron sobre todo a la élite porteña. Este último fue el más relevante. A pesar de su denominación, el idioma oficial del colegio era el inglés, la religión que se enseñaba era la católica y su currículum se orientaba a los negocios y el comercio, por lo que fue altamente demandado por familias de las élites chilenas, peruanas y bolivianas en proporciones notables. Según testimonios de la época, llegó “al punto de que en el Colegio había casi tantos muchachos de esas nacionalidades como chilenos, siendo los demás hijos de ingleses en su mayor parte” (Del Solar, 1886, p. 19). De este modo, el establecimiento funcionaba como un espacio transnacional en el que las familias buscaban adquirir capital cultural británico –idioma, prácticas educativas, credenciales comerciales– en un contexto latinoamericano que exigía constantes negociaciones identitarias.
Con el tiempo, la presencia británica se consolidó en comunidades dotadas de infraestructura propia –cementerios, iglesias, clubes y escuelas–, lo que dio lugar a formas híbridas de pertenencia. Los matrimonios entre británicos y chilenas implicaron procesos reales de integración social y los hijos de estas uniones crecieron en contextos biculturales que desbordaban las categorías nacionales tradicionales. Esta infraestructura comunitaria, sin embargo, nunca fue plenamente autónoma, ya que su establecimiento y funcionamiento requirieron autorizaciones estatales, lo que evidencia un proceso continuo de negociación.
El Union Club de Valparaíso ejemplifica estos espacios de sociabilidad compartida, donde élites británicas y chilenas interactuaban con regularidad, generando vínculos que trascendían las divisiones nacionales en favor de solidaridades de clase. Como ha señalado John Mayo (1987), a diferencia de otros contextos, los súbditos británicos en Chile siempre estuvieron sujetos a la jurisdicción chilena, sin gozar de la extraterritorialidad. Esta afirmación de soberanía implicó que el Estado pudiera juzgar y sancionar a ciudadanos británicos, algo que efectivamente ocurrió. En consecuencia, la denominada “comunidad británica” no constituyó un enclave aislado, sino un espacio híbrido de negociación permanente, en el que el Estado chileno permitió márgenes significativos de autonomía, pero siempre dentro de marcos regulatorios que reafirmaban su soberanía.
Dinámicas relacionales en el largo plazo (1810-1850)
Entre 1810 y 1850, las relaciones entre chilenos y británicos dejaron de articularse en torno a encuentros ocasionales y comenzaron a adquirir una dimensión más estable. La presencia británica pasó de ser episódica a integrarse en prácticas cotidianas, los espacios urbanos se adaptaron a esa presencia y las interacciones, sin perder su carácter asimétrico, se volvieron más previsibles. Este proceso no eliminó las jerarquías que estructuraban la relación, pero sí modificó sus formas concretas y sus condiciones de funcionamiento.
Valparaíso fue central en esta transformación. Más que un simple escenario, el puerto operó como un espacio que condicionó activamente las modalidades de interacción. La apertura del comercio en 1810 lo transformó rápidamente de un puerto colonial secundario en un punto de articulación entre los circuitos atlánticos y pacíficos. Hacia 1822, cerca de cuatrocientos británicos residían en la ciudad (Miers, 1826), lo que representaba una concentración significativa en el contexto chileno y favoreció contactos frecuentes y sostenidos entre actores locales y extranjeros. Este proceso se desarrolló en paralelo a un crecimiento urbano acelerado, pues entre 1835 y 1854 la población del departamento de Valparaíso pasó de algo más de 24 000 habitantes a superar los 52 000, lo que incrementó sustancialmente la densidad de población del puerto.
La topografía urbana influyó directamente en estas dinámicas. Valparaíso se organizaba en dos niveles bien definidos: el plan, donde se concentraban bodegas, muelles y casas comerciales, y los cerros, que ofrecían posibilidades de segregación residencial, aunque nunca de aislamiento completo. El plan funcionaba como una zona de contacto intenso, ya que allí chilenos y británicos se encontraban a diario en transacciones comerciales, negociaciones y en la circulación de información. Los cerros permitían cierta diferenciación social, pero la proximidad física seguía siendo inevitable (Mayo, 1987). A diferencia de los enclaves coloniales cerrados, los británicos y los chilenos compartían calles, servicios y espacios de sociabilidad urbana. Esta copresencia generaba interacciones cotidianas que trascendían lo estrictamente comercial. Como observó María Graham durante su residencia en Chile, los británicos se insertaban en espacios domésticos y sociabilidades locales, participando de tertulias, comidas, bailes y rutinas familiares, y conviviendo de manera natural con prácticas católicas como “el rezo del Ave María”, lo que sugiere procesos de adaptación cultural y competencia lingüística funcional en el contexto chileno temprano republicano (Graham, 1824, p. 199).
Al mismo tiempo, la comunidad británica fue construyendo infraestructura propia que delimitaba espacios de pertenencia, tales como cementerios protestantes, capillas anglicanas y clubes sociales. Estas instituciones no implicaban una separación absoluta, sino formas de diferenciación dentro de un entorno compartido. Valparaíso operaba, además, como nodo de redes globales que lo conectaban con Liverpool, Londres, Buenos Aires, Callao y Cantón. La circulación de mercancías, capitales e información insertó al puerto en circuitos de escala planetaria, convirtiéndolo en un espacio donde lo global se volvía cotidiano y lo local adquiría proyección transnacional. En este sentido, el puerto funcionó como una zona de contacto en la que prácticas, lenguajes y objetos circulaban y se transformaban de manera continua (Estrada, 2006).
Las temporalidades de la interacción también cambiaron de manera sustancial. En la década inicial tras la apertura comercial (1810-1820), los encuentros tenían un carácter más bien excepcional. La llegada de un barco británico generaba expectación; cada transacción requería improvisación y cada conflicto debía resolverse caso por caso, en ausencia de marcos institucionales claros. Sin embargo, esta excepcionalidad fue cediendo progresivamente ante un proceso de rutinización. Hacia 1830, la presencia británica se había normalizado. Los ciclos comerciales se volvieron previsibles; las casas mercantiles operaban con horarios regulares, empleaban personal estable y mantenían registros sistemáticos (Llorca-Jaña, 2016). Tanto comerciantes chilenos como residentes británicos adquirieron un conocimiento práctico del funcionamiento del puerto, de sus autoridades y de los procedimientos vigentes.
Esta rutinización también transformó la naturaleza de los conflictos. Las disputas dejaron de presentarse como choques imprevisibles o “colisiones” entre actores sin referentes comunes y comenzaron a desarrollarse de manera cada vez más común en marcos compartidos. El encarcelamiento de Barnard en 1827 por deudas aduaneras se produjo conforme a los procedimientos legales chilenos que ambas partes reconocían como legítimos, aun cuando los interpretaran de manera distinta, y aunque Barnard apelara a su identidad británica para defenderse. El reconocimiento británico de 1831 y el Tratado de 1839 no crearon estas rutinas, pero sí las formalizaron, dotándolas de un marco institucional más estable.
El paso de lo excepcional a lo rutinario tuvo efectos de largo alcance. Generó interdependencias crecientes –comerciales, fiscales y sociales–, facilitó la acumulación de conocimiento mutuo, y convirtió la presencia británica en un componente ordinario del paisaje urbano y económico. Todo ello tuvo lugar en un contexto marcado por fuertes limitaciones estructurales. De acuerdo con el censo de 1854, más del 70 % de los hombres y cerca del 80 % de las mujeres del departamento de Valparaíso no sabían leer ni escribir, un dato que ayuda a comprender tanto el peso de las mediaciones informales como el atractivo de soluciones organizativas percibidas como eficientes.
Las relaciones también produjeron transformaciones mutuas. Lo que podríamos denominar “una chilenización” de los británicos fue un proceso real, aunque desigual. Como demuestra el caso de Barnard, los matrimonios entre británicos y chilenas implicaron integraciones sociales efectivas y los hijos de estas uniones crecieron en hogares bilingües y biculturales. Muchos británicos adoptaron prácticas locales como parte de su inserción cotidiana: la participación en festividades religiosas, el establecimiento de relaciones de compadrazgo y la adaptación a los ritmos y usos sociales porteños. Al mismo tiempo, amplios sectores mantuvieron vínculos estrechos con Gran Bretaña, preservando sus prácticas culturales propias y proyectando retornos futuros (Prain Brice, 2011).
De forma paralela, sectores de la élite chilena experimentaron transformaciones a partir del contacto sostenido con británicos. La adopción de prácticas comerciales –sistemas de crédito, contabilidad y organización empresarial– modificó las formas de hacer negocios, aunque estas prácticas se adaptaron a contextos locales en los que las relaciones personales seguían siendo centrales (Cavieres, 1988). Las escuelas británicas que comenzaron a atraer a familias chilenas transmitieron no solo conocimientos técnicos, sino también pautas culturales asociadas a la disciplina, la puntualidad y la competencia individual, consideradas útiles para la inserción en circuitos económicos más amplios.
Los vocabularios políticos y conceptuales también circularon de manera transnacional. Términos como “progreso”, “civilización” o “libertad” se compartían, pero adquirían significados distintos según el contexto. Para muchos británicos, “civilización” se asociaba al protestantismo, al comercio libre y a determinadas formas de organización política (Colley, 1996). Para las élites chilenas, podía remitir a un catolicismo ilustrado, a un orden social jerárquico y a la estabilidad política. Estas diferencias no impedían la comunicación, pero generaban malentendidos persistentes que debían negociarse en la práctica.
Estas transformaciones no ocurrieron en condiciones de simetría. Si bien una parte de los británicos que logró integrarse de manera visible en la sociedad chilena lo hizo desde posiciones de poder económico y de prestigio cultural –particularmente comerciantes, empresarios y profesionales– (Salazar, 2011), lo cierto es que la comunidad británica fue internamente mucho más diversa de lo que sugiere esa imagen dominante. Los datos censales muestran que una proporción significativa se desempeñaba en ocupaciones vinculadas al mundo marítimo, extractivo, técnico y artesanal, lo que relativiza la idea de una integración homogénea desde posiciones de influencia. En ese contexto, la hibridez cultural fue en muchos casos estratégica, pero no necesariamente generalizada ni equivalente para todos sus miembros. Los chilenos, por su parte, incorporaron prácticas británicas desde posiciones marcadas con mayor frecuencia por la necesidad o la aspiración. Reconocer esta asimetría no implica negar la agencia chilena, ya que las élites no fueron receptáculos pasivos, sino actores que seleccionaron, adaptaron y resignificaron elementos culturales británicos conforme a proyectos propios.
Hacia 1850, las relaciones chileno-británicas habían alcanzado un grado apreciable de estabilización. Ya no se trataba de interacciones improvisadas, sino de relaciones institucionalizadas que operaban dentro de marcos relativamente claros, aunque siempre sujetos a negociación. Los censos de mediados del siglo XIX registran una población extranjera asentada de manera permanente en Valparaíso, integrada al tejido urbano y sometida a la jurisdicción del Estado chileno. El resultado no fue una relación simétrica, pero tampoco una forma simple de dominación imperial. Fue un campo relacional en constante ajuste, en el que ambas partes obtuvieron beneficios significativos, al mismo tiempo que debieron aceptar límites y concesiones.
Más allá del imperialismo informal: balance interpretativo y proyección transnacional
Las secciones precedentes han mostrado que las relaciones chileno-británicas durante la independencia y la primera mitad del siglo XIX estuvieron marcadas por la incertidumbre geopolítica y la fragmentación de actores y dinámicas relacionales, que transformaron espacios, prácticas e identidades. Esta evidencia plantea un problema teórico central: ¿cómo conceptualizar relaciones que no encajan ni en la lógica del imperio formal ni en la de interacciones simétricas entre Estados soberanos? El concepto de imperialismo informal, aunque influyente, resulta insuficiente para dar cuenta de esta complejidad. En su lugar, los enfoques de la historia transnacional ofrecen herramientas más flexibles y ajustadas empíricamente.
La interpretación clásica, asociada a Gallagher y Robinson, ha entendido el imperialismo informal como una forma de dominación británica basada en la penetración comercial y financiera en territorios políticamente independientes. En el caso chileno, esta lectura ha sido desarrollada por John Mayo, quien ha sostenido la existencia de una dominación imperial efectiva sin anexión formal. Sin embargo, el análisis previo revela limitaciones fundamentales de este marco interpretativo.
Una primera limitación es la presunción de una política imperial coherente, emanada de Londres. El caso chileno muestra que esta premisa resulta problemática. Como ha señalado Peter Marshall (2005), para hablar propiamente de imperialismo deben concurrir al menos dos elementos: la capacidad gubernamental para tomar decisiones vinculantes y la capacidad coercitiva para imponer obediencia. Entre 1810 y 1850, ninguno de estos elementos estuvo claramente presente en las relaciones chileno-británicas. Lejos de una estrategia unificada, predominó la fragmentación entre los actores británicos, con agendas diversas y, en ocasiones, contradictorias. Comerciantes, casas mercantiles, misioneros, mercenarios y recolectores científicos actuaron con amplios márgenes de autonomía, guiados por lógicas económicas, religiosas o profesionales más que por una política imperial coordinada.
Una segunda limitación del imperialismo informal es la subestimación de la agencia local. Al privilegiar la idea de la penetración británica, esta perspectiva tiende a representar a los Estados hispanoamericanos como receptores pasivos de influencias externas. El caso chileno desmiente o al menos matiza esta imagen. Las élites criollas actuaron como agentes estratégicos que negociaron, resistieron y apropiaron selectivamente prácticas y modelos británicos conforme a sus prioridades. Del mismo modo, el fortalecimiento del Estado portaliano a partir de la década de 1830 implicó una afirmación consciente de la soberanía mediante la centralización administrativa, la profesionalización burocrática y el desarrollo de capacidades regulatorias, que lo hacía menos proclive a la intervención extranjera.
Una tercera limitación radica en la tendencia a homogeneizar la política británica y a concebirla como un proyecto estable. En realidad, la posición de Chile en los cálculos británicos fue ambigua y cambiante, incluso con anterioridad a la independencia. La neutralidad oficial coexistió con prácticas contradictorias que toleraban la intervención de actores británicos a favor de los insurgentes sin comprometer formalmente al Estado. Más que la ejecución de un plan imperial, lo que se observa es la emergencia gradual de patrones relacionales a través de negociaciones, conflictos y adaptaciones forzadas por la contingencia.
Frente a estas limitaciones, la historia transnacional ofrece un marco analítico más adecuado. No se trata de sustituir lo nacional o lo imperial, sino de complejizarlos mediante el análisis de flujos, conexiones y circulaciones que atraviesan fronteras. Esta perspectiva permite atender simultáneamente a múltiples escalas: las trayectorias individuales de actores móviles, las organizaciones que operan a través de redes transnacionales, los espacios de contacto como Valparaíso y las circulaciones multidireccionales de personas, ideas, prácticas y saberes.
Desde esta perspectiva, proponemos entender las relaciones chileno-británicas como un campo transnacional de relaciones. Este campo no posee un centro único ni una direccionalidad predeterminada, sino que se configura dinámicamente a partir de la interacción entre actores con recursos, capacidades y agendas desiguales. Las fuerzas que lo atraviesan pueden ser convergentes, divergentes o contradictorias, y su equilibrio es siempre temporal. Este enfoque permite, así, captar la contingencia y el proceso mismo de las relaciones, sin perder de vista las asimetrías de poder que las estructuran.
Ahora bien, el equilibrio de fuerzas no fue estático. Durante las décadas de 1810 y 1820, la debilidad institucional chilena amplió los márgenes de acción de los actores británicos. En las décadas de 1830 y 1840, el fortalecimiento del Estado modificó ese equilibrio a favor de una mayor capacidad regulatoria de Chile. Hacia 1850 se había alcanzado una forma de estabilización, no en equilibrio simétrico, sino en un equilibrio en el que las interacciones operaban dentro de marcos relativamente definidos, aunque siempre abiertos a la renegociación.
Este análisis sugiere la necesidad de marcos interpretativos más amplios que los propios del imperialismo informal. Marcos que reconozcan la fragmentación de actores, la agencia de las periferias, la naturaleza procesual de las relaciones y las transformaciones mutuas, sin negar las profundas asimetrías de poder. La noción de campo transnacional de relaciones permite capturar esta complejidad y ofrece una interpretación empíricamente más ajustada de las relaciones chileno-británicas, así como claves analíticas más amplias para pensar los procesos de globalización en contextos de desigualdad.
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