En este capítulo describimos cómo se logró la formulación de la agenda de DSR durante el período de estudio, identificando a los actores que participaron en los procesos de construcción de consensos en cada uno de los espacios de la OEA y del MERCOSUR. Distinguimos el papel que asumieron los actores, observando a los Estados miembros cuya representación tienen voz y voto en la toma de decisiones y a los actores sociales que buscan incidir en el reconocimiento de los DSR. En el desarrollo a continuación observamos, en los documentos oficiales y a partir de las entrevistas, que los Estados con gobiernos que habilitan canales de participación y cuentan con antecedentes de diálogo multisectorial sobre esta agenda, suelen ser quienes lideran los temas en las organizaciones regionales, caracterizados como progresistas en varios de los testimonios. Sobre todo, si cuentan con políticas públicas internas de salud sexual y reproductiva como Argentina y Uruguay en ambas organizaciones, salvo cuando hubo gobiernos con posiciones contrarias. En el caso de la OEA a menudo, suelen liderar México, Canadá y Costa Rica. Los Estados que lideran la oposición a estas discusiones por lo general son de Centroamérica, del Caribe y Paraguay que replica esta postura también en las reuniones del MERCOSUR. Frecuentemente los temas que tienen amplio consenso son los que logran acercar posiciones tales como la prevención de embarazos infantiles y la prevención de la mortalidad materna. Sin embargo, se observan serios límites cuando se plantea un abordaje amplio, con enfoques de género y de derechos, en relación a servicios de salud sexual y reproductiva, como, por ejemplo, la reducción de barreras para acceder a abortos seguros, a la información oportuna, de calidad y a la educación integral en sexualidad.

OEA

En el ámbito interamericano, el tema de los derechos sexuales y reproductivos busca instalarse en las negociaciones intergubernamentales, explícitamente, a partir del año 2000 con la iniciativa de la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Esta iniciativa de la sociedad civil, estuvo encabezada en sus primeros años por el CLADEM junto a la adhesión de más de cuatrocientas organizaciones nacionales, regionales e internacionales. El lanzamiento de esta Campaña durante el cambio de siglo coincidió con la primera ronda de evaluación de El Cairo+5 así como la protocolización de la participación de la sociedad civil en la organización, a partir de las directrices resueltas por el Consejo Permanente en 1999^[1].

Desde la iniciativa de la Campaña, las organizaciones de la sociedad civil buscaron incidir en las delegaciones oficiales de las misiones permanentes para que el tema se discuta en las Asambleas Generales. Sin embargo, el tema que prosperó en las distintas instancias, tenía que ver con la inclusión de la perspectiva de género en el abordaje de los acuerdos y las iniciativas, así como en lo concerniente a la educación, especialmente en consonancia con la implementación de la Convención Belém do Pará como instrumento más fuerte para la defensa de los derechos de las mujeres en el hemisferio. Durante los primeros años del nuevo milenio, los DSR aparecían tímidamente en informes de relatorías u otras cuestiones que no necesariamente infieren discusiones ni negociaciones entre tomadores de decisiones. No obstante, una de las temáticas que se vincula, refiere a los crímenes de violencia sexual y violación sexual, reconocidos en 2001 por la Corte IDH como arma de tortura, hacia las mujeres en particular (CIDH, Caso 11.565)^[2]. El caso citado fue denunciado con el patrocinio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) una de las organizaciones de la sociedad civil que participa en la promoción de derechos humanos a escala regional, se puede ver su actuación en varios de los casos citados en esta tesis. Recién en el año 2002, dentro del informe de las actividades de la Relatoría de la Mujer de la CIDH, se presenta el término “derechos reproductivos” a propósito de la participación en el panel organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de Población de las Naciones Unidas titulado “Los derechos reproductivos en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos”, que formó parte del seminario-taller sobre “la promoción y la protección de los derechos reproductivos a través del trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos para América Latina, el Caribe y Canadá” (CIDH, 2002, II, A.24). De estas actividades, se acuerdan recomendaciones para la acción tanto a nivel nacional como para llevar adelante en articulación regional, con organizaciones no gubernamentales, redes y alianzas en defensa y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres. Así mismo, se elaboró un documento con un título similar^[3] donde se sistematizan los fundamentos sobre la necesidad de fortalecer el trabajo en la promoción de estos derechos como condición y consecuencia de la perspectiva de género puesta en práctica, especialmente en el ámbito y la comprensión de los derechos humanos. Dentro de los cuales, se recupera el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer de 1999 centrado en el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la salud reproductiva^[4].

Mientras tanto la agenda de DSR no se hará presente sino hasta 2007, con la Declaración de San Salvador, “género, violencia y VIH”, elaborada en la asamblea de delegadas de la CIM de 2006 y aprobada en la tercera sesión plenaria de la Comisión. Si bien, el tema giraba en torno a los desafíos de la comunidad internacional para coordinar acciones y dar respuestas de forma urgente frente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), se hizo referencia a la salud sexual y reproductiva como marco de promoción y prevención para asegurar y avanzar en derechos. La Declaración cuenta con veinte puntos donde alienta a los

Estados parte de la OEA a llevar adelante medidas en esta línea, entre las cuales

asegurar que las mujeres, incluidas aquellas que viven con el VIH, puedan ejercer su derecho de tener control sobre las cuestiones relacionadas con su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir al respecto en forma libre y responsable para aumentar su capacidad de protegerse de la infección por el VIH, sin coerción, discriminación ni violencia. (p. 4)

Y más adelante insta a los Estados con otros cinco puntos, dentro de los cuales refieren a la necesidad de continuar promoviendo de forma articulada en todas las poblaciones, especialmente aquellas más vulnerables, “el acceso a la información sobre el VIH/SIDA, así como el conocimiento y el cuidado de la salud sexual y reproductiva en el marco de los tratados internacionales de los derechos humanos de los cuales son parte.” (p. 5).

Previamente a estos años, podemos mencionar algunas resoluciones de asambleas anteriores, donde se observan algunos asuntos que competen a estos derechos, como por ejemplo la propuesta de las delegadas a finales de los años noventa hasta principios del nuevo milenio, del Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (PIA), cuyo contenido comprende múltiples medidas para guiar el accionar de los Estados. Los temas que fueron abordados en mayor medida en estos documentos hicieron énfasis en los estereotipos de género, basados en conceptos de inferioridad o subordinación, estipulados en la Convención de Belém do Pará^[5], tales como la educación, las prácticas sociales y culturales. En ese sentido, se instaba la promoción de políticas que integren la perspectiva de género, como una estrategia para incluir en la formulación y seguimiento de las políticas las preocupaciones y experiencias de las mujeres (PIA, 2000), fundamental para alcanzar una mayor igualdad, así como para la integración y movilidad social. Si bien la educación con perspectiva de género es muy amplio y tal vez impreciso, en la resolución de 2004 que incluye el seguimiento del tercer programa (SEPIA) dedicado a trabajar sobre género y educación, se resaltan aspectos fundamentales que atañen en gran medida la agenda de DSR como es la formación de niños y niñas desde la más temprana edad en “principios de equidad e igualdad que abran el camino a la superación de las mayores barreras basadas en la inequidad de género” así como también en el respeto a la diversidad. Incluso porque, afirman que, es una educación así la que “induce procesos de cambio cultural tanto en hombres como en mujeres, tales como la paternidad responsable, la repartición igualitaria de las labores domésticas.” (SEPIA III, 2004, p.19)^[6]. Otro detalle importante que se destaca de la labor en estos años de la Asamblea de delegadas de la CIM, tiene que ver con la recuperación de los acuerdos alcanzados en la III Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Quebec y la Cumbre Extraordinaria de Monterrey^[7], en las cuales reconocieron que el empoderamiento de la mujer es un principio esencial para la “consolidación de la democracia y la solución de conflictos”. Debemos señalar que en el caso de la III Cumbre, además, reafirmó que “mejoraremos la salud de nuestros pueblos promoviendo políticas integrales de salud con una perspectiva de género, así como el acceso a la atención a los servicios de salud, incluidos los medicamentos y el tratamiento médico”, aunque en aquel entonces el foco estaba puesto en lo relativo a la prevención del VIH, vale recordar el compromiso y las consideraciones enunciadas en dicha Cumbre que fueron recuperadas por las delegadas de la CIM.

Durante esos años, los temas en relación a los derechos sexuales hacían referencia a la prevención, denuncia y erradicación de las violencias y violaciones, especialmente de mujeres y niñas. En el informe de 2005 de la CIDH, se encuentra el término de DSR ligado a las audiencias temáticas sobre la situación de las comunidades y miembros de los pueblos indígenas de diferentes países, “como el estado de protección de los derechos de la mujer en relación con servicios de salud adecuados, incluidas omisiones y discriminación en la protección de diversos derechos sexuales y reproductivos de la mujer.” (CIDH, 2005, párr. 20). En el año 2007, en el primer informe hemisférico elaborado por el MESECVI, se sintetiza la información sobre los “Estados de América Latina y el Caribe que cuentan con disposiciones para prevenir, sancionar y erradicar algunas formas de violencia contra las mujeres, según ámbitos donde ocurre la violencia” en un cuadro que incluye una dimensión relativa al ámbito estatal sobre “violación de los DSR”. Y se aclara que “aunque el cuestionario no incluyó preguntas específicas sobre este tema, éste fue abordado en algunas respuestas del Estado al cuestionario y en los informes de algunas Expertas.” (MESECVI, 2007, p. 19). Sobre esta cuestión, de acuerdo al informe, sólo 8 de 26 Estados, registraban alguna normativa relativa a la educación sexual integral, salud y/o derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que es la Convención una de las normativas con mayor número de ratificaciones, siendo la mayoría de los Estados, salvo Canadá, Cuba y Estados Unidos que participan de las Conferencias de Estado parte para discutir los informes y las recomendaciones con el objetivo de adoptar el informe hemisférico y fortalecer los mecanismos que efectivicen la Convención.

Por su parte, la Relatoría de Derechos Humanos de las Mujeres, en el informe anual de 2008 menciona la realización de la primera reunión de trabajo bajo el tema “La protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres” en Washington D.C. con el fin de tener un primer acercamiento sobre este tema. Participaron representantes de la sociedad civil, y de agencias internacionales que trabajan en la protección de estos derechos. La segunda reunión que organizó la Relatoría al respecto, se tituló “La discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus Derechos Reproductivos” donde participaron expertas y expertos para identificar avances y desafíos sobre las discriminaciones que enfrentan las mujeres para “el acceso a servicios de salud reproductiva, la información y educación requeridas para tomar decisiones informadas”. (CIDH, 2008, párr. 74 y 75). Estas iniciativas no hicieron pública la lista de participantes, pero sí señalan que contaron con el apoyo de los gobiernos de Finlandia y España con el propósito de presentar informes temáticos. Uno fue sobre “Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos” en 2010, en cuya letra se aborda la importancia de afrontar los abortos ilegales e inseguros, respetando los derechos sexuales y reproductivos. Y el otro de 2011 denominado “Acceso a la Información en materia reproductiva desde una perspectiva de Derechos Humanos” donde se incluyen los estándares de derechos humanos en materia de acceso a la información y en particular, en materia reproductiva. Como veremos en el capítulo 7 sobre consensos alcanzados, se resalta la importancia de estas cuestiones para eliminar las discriminaciones y garantizar la salud integral de las mujeres. En esta línea, para el desarrollo de estos asuntos, la Relatoría volvió a convocar a reuniones especiales, en las cuales también estuvieron presentes expertos y expertas y la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, quien, en relación al acceso a la información afirmó que son los Estados quienes deben garantizar el derecho de las mujeres a acceder “a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos a través de su difusión masiva y especializada, por ejemplo, en todos los centros de atención básica” (CIDH, 2011, párr. 31, p.11).

En estos años, de acuerdo con la entrevista AR-OEA, la agitación sobre estos temas estuvo ligada a la problemática de la violencia sexual como el “gran paraguas en estas cuestiones” y con una presencia cada vez mayor en las discusiones. La violencia sexual pasó a un primer plano en los debates a partir de la historia de este caso paradigmático conocida bajo el nombre de “Campo Algodonero”. Presentado ante la CIDH en 2002 y elevado ante la Corte IDH en 2007 cuyo fallo se conoció en noviembre de 2009. El Estado de México fue condenado internacionalmente como responsable por la diligencia en la investigación de desaparición y asesinato de Claudia, Esmeralda y Laura, tres jóvenes halladas en un campo algodonero en Ciudad Juarez, localidad conocida por asesinatos masivos y sistemáticos a mujeres^[8]. Los detalles de la historia detrás del caso no precisan describirse aquí, sólo mencionar la magnitud del horror que impregnó todos los debates en esos años. La violencia sexual ocupó una centralidad en las discusiones a partir de tales hechos brutales como otras de las denuncias que llegan a la Corte, quien ha reconocido en la sentencia contra México la existencia de contextos, prácticas y cultura influenciadas por la discriminación hacia las mujeres y perpetran actos de violencia basada en género contra las mujeres. Ligado a eso, también la cuestión de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, van ocupando un lugar cada vez más amplio. Centralmente salud sexual y reproductiva comienza a discutirse a partir de la historia de Artavia Murillo y otros que denuncian al Estado de Costa Rica por no permitir que acceda a la fecundación in vitro (FIV)^[9], una técnica de reproducción asistida que, en aquel entonces, estaba prohibida por la falta de compatibilidad legal que suponía el descarte de embriones con el “derecho a la vida”. A lo que la Corte se expidió con dos cuestiones fundamentales al respecto, por un lado, respecto al derecho de un embrión que no puede considerarse de forma absoluta y, por consiguiente, invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción, al precisar la cláusula “en general”, cuando éste no implique la negación de otros derechos. Citando el fallo del caso del Campo Algodonero y afirmando que

(…) en aplicación del principio de interpretación más favorable, la alegada “protección más amplia” en el ámbito interno no puede permitir, ni justificar la supresión del goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. (párr. 259).

Aquí destacamos dos elementos relevantes. Por un lado, a los actores directamente involucrados en la elaboración del informe sobre las actividades por parte de la CIDH y el desarrollo del tema dentro de la comisión, como fue la Relatoría Especial sobre derechos humanos de las mujeres a cargo de la comisionada en aquel entonces, Luz Patricia Mejía Guerrero, donde se encuentran referencias a las audiencias, informes y estrategias regionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ligado a esto, además, al abordar el tema puntual del aborto como una cuestión de salud pública especialmente, se identifica como una de las principales causas de morbimortalidad materna (OPS, 2002). Sobre esto, vale señalar que, desde 1998 la OPS cuenta con un grupo de trabajo regional (GTR) plural, integrado por distintas agencias multilaterales, bancos y organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su trabajo a nivel global al respecto^[10]. Si bien la OPS no forma parte de las unidades de análisis, es relevante conocer la participación y el vínculo que existe entre la OPS, como organismo regional para la salud, con la agenda de DSR. Puesto que dicha relación fue consultada dentro de las preguntas de entrevista para conocer el papel de otras agencias u organismos internacionales (como la OPS), en las dinámicas de negociación. Indagando, según las experiencias de las y los actores entrevistados, si estas organizaciones tenían o no capacidad de influencia sobre las discusiones dentro de los procesos bajo estudio. En esta línea, por ejemplo, al momento de consultar sobre los temas de consensos, una cantidad mayoritaria de respuestas refirieron que, desde el ámbito de la salud, por salud sexual y reproductiva, se logra llegar a más acuerdos que bajo el marco DSR. Y en el caso del papel de la OPS, expresamente cuatro de las veinte personas entrevistadas mencionaron que es un organismo tomado como punto de referencia y en algunos casos invitado a dar charlas para capacitar y habilitar diálogos sobre determinados temas^[11].

Si bien las posiciones de los Estados varían según las gestiones de gobierno, es decir, si tienen una postura de tipo conservadora o, en cambio, ejercen una actitud progresista sobre estos asuntos, por lo general quienes impulsan y apoyan la discusión sobre salud y DSR son Canadá, México, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. En términos intermedios o moderados podríamos ubicar donde suelen estar las delegaciones de Chile, Colombia, Brasil y Costa Rica que a menudo acompañan desde un perfil más bajo y un lugar más secundario. Es decir, no lideran, pero tampoco se oponen a la inclusión de un lenguaje progresista. Por el contrario, quienes suelen oponerse con mayor frecuencia a términos como DSR y expresamente a cualquier inclusión que considere aborto, ya que apelan a su normativa interna del “respeto por la vida desde el momento de la concepción” o con similares formulaciones, son Guatemala, Paraguay, El Salvador y el Caribe inglés principalmente.

Otros actores presentes en las discusiones, son los organismos regionales tales como la OPS como vimos y la CEPAL por lo general, son de referencia ya que resultan un apoyo técnico sustancial para la argumentación y fundamentación de los temas, especialmente cuando se trata de temas sensibles políticamente o cuentan con un amplia desinformación y desconocimiento debido a múltiples causas, entre las que se advierte, sobre todo, las creencias religiosas, los mitos por el tabú, entre otras. Puede entenderse que la OPS aporta conocimiento técnico, donde suele ser invitada para capacitar sobre algún tema, así como también la referencia de sus publicaciones. Y los consensos de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL que tiene una tradición de lenguaje más progresista en comparación con la OEA, como expresa el testimonio de una de las entrevistas afirmando que “la CEPAL es una referencia de lenguaje y un espacio enfáticamente más progresista de lenguaje y para la negociación en sí” (Entrevista, AG.2-CIM-México). Lo interesante aquí se debe a que el marco de Naciones Unidas del cual responde la CEPAL otorga una posibilidad de lenguaje estándar que difícilmente se pueden contradecir con los consensos alcanzados a nivel regional. Como mencionamos en el primer capítulo de esta tesis, los consensos alcanzados en el ámbito onusiano resultan una guía de interpretación fundamental para disputar precisiones particulares a nivel regional. Desde el enfoque crítico aquí propuesto, de las teorías feministas de Relaciones Internacionales, lo que podemos observar es cuánto de esas interpretaciones se mantienen, se precisan o se contradicen regionalmente y en ese caso, a qué se debe.

Por otra parte, en los espacios de Asamblea General, están presentes todas las delegaciones oficiales de las Misiones Permanentes de los Estados miembros, así como las delegaciones de países o embajadas que forman parte de los observadores, que también pueden ser financiadores de distintos proyectos. Entre estas delegaciones observadoras, se destaca la participación permanente del Vaticano, que siempre está presente en las asambleas, de acuerdo a la observación de las entrevistas tanto de actores gubernamentales como de la sociedad civil. Éstos últimos^[12] advierten además que, sin ser un Estado-nación^[13], goza de los mismos privilegios como si lo fuera, por ejemplo, teniendo una oficina específica la cual permite mantener una presencia constante en cada uno de los ámbitos de la organización, además de la posibilidad de sostener conversaciones paralelas con las demás delegaciones. En septiembre de 2019, la OEA dio a conocer a través del centro de noticias del organismo que el “Estado del Vaticano abre oficina dedicada exclusivamente a tratar a asuntos de la OEA”^[14], es decir oficializó una oficina a través de la entrega de credenciales del monseñor Mark Gerard Miles al secretario general Luis Almagro “en una ceremonia que oficializó el nombramiento por parte del Estado del Vaticano de una oficina dedicada exclusivamente a los asuntos de la Organización”. Al finalizar la noticia, se destaca que “El Estado Vaticano ha sido Observador Permanente de la OEA desde 1978. Con esta decisión el Vaticano se une a España, Italia y Francia que ya cuentan con embajadores asignados exclusivamente a la OEA.” Tanto el cuerpo de esta delegación como cualquier otra organización pueden hacer incidencia en los espacios no formales de la Asamblea General como en las oficinas de las delegaciones oficiales.

En otros términos también se resalta en las entrevistas la participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas promotoras de las discusiones y defensa de los DSR, entre las cuales, de acuerdo a las personas entrevistadas, tanto actores gubernamentales, regionales como de la sociedad civil destacan la participación y el papel activo de CLADEM y CEJIL, que ya hemos destacado anteriormente, Equality Now, Center of Reproductive Rights (CRR) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), entre otras. Si bien el objetivo de este estudio es observar las negociaciones de construcción de consensos que reconozcan los DSR, cabe señalar que las organizaciones de la sociedad civil que se oponen rotundamente a cualquier inclusión o discusión que considere el aborto, las interrupciones del embarazo o equivalentes como parte de los DSR, están presentes y ejercen presión sobre todo para obturar discusiones al respecto.

En el ámbito de la CIM, por su parte, a fines de la primera década de los 2000 se produce un cambio en los instrumentos jurídicos de dicha comisión con el objetivo de hacer más efectivo los esfuerzos en defensa de los derechos y la erradicación de la violencia. Pasaron a realizarse programas trienales de trabajo, antes eran bienales, donde el primero de ellos fue asignado para el período 2013 a 2015. Allí, entre los puntos tratados se hizo referencia a la autonomía reproductiva en relación a la persistencia que existe en materia de implementación de las normas y acuerdos para erradicar las violencias hacia las mujeres.

Persisten numerosos obstáculos a la plena realización de los derechos y de la ciudadanía de las mujeres – desde su acceso a la educación, al empleo con remuneración y beneficios igualitarios, a la salud y otros servicios sociales, hasta la capacidad de las mujeres de negociar sus relaciones sexuales y su autonomía reproductiva, de protegerse contra la violencia, incluyendo en sus propios hogares, y de incidir en la toma de decisiones en los ámbitos político, económico y social. (CIM, 2012, p.4)^[15].

Como vimos, el trabajo de la CIM y específicamente el seguimiento de la implementación de la Convención Belém do Pará, a través del MESECVI, consta de la observación del estado de situación a partir de la revisión elevada por los Estados y la sociedad civil al Comité de Expertas para, seguidamente, realizar recomendaciones que orienten las prácticas hacia una mayor efectividad en la aplicación del objetivo de la norma

“prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”. En el segundo informe hemisférico (2012)^[16] las recomendaciones número 10 y 11 expresamente llaman a despenalizar las interrupciones del embarazo por cuestiones terapéuticas,

10. Legalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, sea para salvar la vida de la madre o evitarle un daño grave o permanente a su salud física y mental. Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y establecer protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres a dicho procedimiento.

11. Legalizar la interrupción del embarazo producido por violación. Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y establecer protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres a dicho procedimiento. (p. 98).

En las Conferencia de los Estados parte de la Convención, se observa que hay una participación constante por parte de muchos países, especialmente los voceros en estos temas como México y Argentina y, por lo general, Sudamérica es la subregión más presente mientras que las ausencias suelen ser de los países del Caribe inglés, con mayor frecuencia de Dominica, Jamaica, Antigua y Barbuda, Guyana y las Bahamas.

El trabajo realizado para el segundo informe hemisférico mencionado, trajo aparejado una elaboración más precisa sobre la necesidad de reforzar el abordaje para el respeto de los DSR, en donde el Comité de Expertas del MESECVI, en 2014, redacta una Declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos^[17]. En ella, se resalta que las barreras para acceder a abortos seguros, así como la obstaculización del acceso a la información para la salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes, la prohibición de la atención posaborto o malos tratos, tratos tortuosos o las restricciones a la autonomía volitiva, sexual y reproductiva, son violencia sexual y representan violencias por razones de género.

Así mismo, el MESECVI en su segundo informe de seguimiento de las recomendaciones del Comité de Expertas (2014)^[18] cuenta con un apartado específico sobre DSR (p. 40) y sobre despenalización del aborto (p. 41), en donde se destaca satisfactoriamente la aprobación en Uruguay de la ley que regula las interrupciones voluntarias del embarazo (párr. 117). En las conclusiones de dicho apartado, el Comité reitera su profunda preocupación sobre “las leyes restrictivas en materia de aborto existentes en los Estados Partes de la Convención e insiste en que restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas.” (párr. 119, p. 45). En sintonía, al año siguiente, en 2015, también por parte del CEVI, se presenta un informe específico sobre “embarazo adolescente y DSR” el cual hace referencia sobre las implicancias de las violencias sexuales, particularmente sobre las niñas y adolescentes y las consecuencias ante la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos, sea educación sexual integral, anticonceptivos de emergencia y larga duración así como el acceso a las interrupciones de embarazo para evitar tanto embarazos de alto riesgo como maternidades forzadas. Por consiguiente, el Comité acordó “aprobar el índice de contenidos del informe temático sobre embarazo adolescente y derechos sexuales y reproductivos, con enfoque étnico y territorial”^[19] pues, la salud integral, requieren perspectiva de género y de derechos humanos que sean transversales e interseccional para tal abordaje. Por esto, se decidió conformar un grupo de trabajo para elaborar dicho informe y emitir las recomendaciones correspondientes. Al mismo tiempo, se elaboró una infografía relativa a DSR e interrupción del embarazo^[20] para difundir material de sensibilización conciso, tomando como base el informe hemisférico que advierte la importancia de lograr “el desafío de eliminar la prohibición absoluta del aborto voluntario y contar con protocolos de atención que permitan su aplicación efectiva” (s/p).

Bajo la misma preocupación que advirtió el Comité de Expertas en 2016, se publica el informe hemisférico temático sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados parte de la Convención^[21], cuyo contenido resalta la preocupación del comité ante estas violaciones de derechos humanos, especialmente hacia las niñas, que por acción u omisión los Estados no abordan. De acuerdo a este informe, sólo participaron y aportaron cierta información 16 de 32 países de los cuales tampoco son precisas las cifras para dar cuenta de la dimensión del problema. Se contextualiza la situación de la región a partir de cifras y estadísticas alarmantes y progresivas de organismos como la OMS, la OPS y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) que advierten las graves consecuencias de las violencias sexuales que sufren niñas de entre 10 a 14 años, que no sólo deben sufrir un embarazo forzado sino también una maternidad forzada debido a la ausencia de políticas integrales. En este informe, se incluye la dimensión de violencia institucional (6.3) en donde se señala que

la penalización absoluta del aborto no sólo constituye una violación al derecho a decidir de las mujeres, sino también vulnera su derecho a la autonomía, a la privacidad, a la seguridad y a la confidencialidad. Penalizarlo de manera absoluta afecta de manera particular a las mujeres de escasos recursos o las que viven en otras condiciones de vulnerabilidad (…) (…) El Informe de Seguimiento [2015] afirma que obligar a una mujer a continuar con su embarazo, especialmente cuando éste es producto de una violación, o cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo, constituye una forma de violencia institucional, y puede constituir una forma de tortura, en violación al artículo 4 de la Convención de Belém do Pará. (párrs.124 y 126)

La aprobación de este documento, se realizó en la decimotercera reunión del CEVI, con la participación de expertas designadas de 18 Estados parte, a saber, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Uruguay.

Durante ese año, en el informe anual de la CIDH, en el capítulo referido al panorama sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio^[22], se alerta sobre la cantidad de información preocupante que se han elevado a la comisión relativas a la violencia sexual en general, la falta de educación sexual, de métodos de planificación familiar y servicios de salud reproductiva, así como las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta. Especialmente en los países de Centroamérica como El Salvador, Nicaragua y Honduras, cuyo evento de aborto en cualquier circunstancia es penalizado. Estos asuntos fueron también incluidos en los informes subsiguientes, en 2017, 2018, 2019 y 2020 y consecuentemente en el Plan estratégico para el período 2017-2021^[23] donde se habla de DSR tanto en el capítulo de mujeres como en el correspondiente a niños, niñas y adolescentes. En todos los informes anuales revisados dentro del período bajo estudio, se advierte como preocupante sobre los retrocesos de casos puntuales al respecto de legislaciones restrictivas de derechos, así como también se saludan positivamente las iniciativas y avances en leyes que amplían esos derechos. Y en general, se recuerda la importancia de promover políticas con enfoques inclusivos, que favorezcan el ejercicio pleno. Otro elemento a tener en cuenta a partir de 2017, es el recambio de gestión en la administración presidencial estadounidense a cargo de Trump (2017-2021), quien tuvo un papel preponderante con relación a su postura contraria a los DSR y en general con los derechos humanos. Veremos más adelante las dinámicas en torno a esto, pero aquí vale remarcar la mención al pie de página en las Asamblea General de 2018, en referencia a la Convención Belém do Pará, la labor del MESECVI y la CIM, la cual expresa que si bien Estados Unidos no forma parte de la Convención Belém do Pará, el gobierno “permanece firmemente comprometido en prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer y, en particular, el enjuiciamiento de sus perpetradores” y seguidamente agrega que “Estados Unidos cree que el término “salud sexual y reproductiva” está abierto a muchas interpretaciones; y, por lo tanto, Estados Unidos no se vincula con esta sección” (Resolución Asamblea General 2018, p. 202).

En 2018, cabe destacar la referencia al aborto en el material que publica el MESECVI con referencia a la “ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas (femicidio/feminicidio)”. La cual estipula en el capítulo segundo, lo relativo a delitos y penas, “la omisión del aborto terapéutico” conforme lo establecido por el Comité de CEDAW y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas^[24], es decir la responsabilidad ante una muerte evitable por falta de acceso a servicios de salud que incluyan aborto seguro por razones médicas.

En 2019 incluso se publicaron dos informes que llamaban a redoblar esfuerzos en este sentido, uno gracias al apoyo financiero de Canadá titulado “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”^[25], el otro, auspiciado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) en el marco del “Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia”, con el apoyo del pueblo de Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (sic), titulado “Compendio sobre la igualdad y no discriminación: estándares interamericanos”.^[26] El primero aborda el tema de la criminalización total del aborto en un capítulo sobre los impactos de estas legislaciones para los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Mientras que, en el segundo, no se habla ni de aborto o semejantes, como interrupciones de embarazo o algo relativo a derechos reproductivos ni tampoco alguna referencia sobre los derechos sexuales, únicamente cuando se hace referencia a los casos elevados ante la Corte IDH, donde se denuncia vulneración de derechos de las mujeres tanto en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (párr. 162), donde se cita el documento sobre acceso a servicios de salud materna (CIDH, 2010), los derechos reproductivos (párr. 173) o la autonomía reproductiva (párr. 131), como ejemplos de discriminación y desigualdad. Sobre esto último, también se hace referencia a dos documentos previos de la Comisión, el de acceso a servicios de salud materna ya mencionado y al de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual (CIDH, 2011). En relación a este tema, el MESECVI publicó una infografía sobre este crimen hacia las niñas de América Latina y el Caribe, para resaltar los avances y desafíos en la implementación de la Convención, teniendo en cuenta los datos hasta 2016 y donde señalan la importancia de los protocolos de atención integral incluyendo anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo.^[27] Ambos aspectos de un protocolo integral, muestra la relación estrecha entre la violencia sexual y la agenda de DSR.

MERCOSUR

La agenda de DSR en el bloque del Mercosur, comenzó a introducirse de forma explícita a partir de las experiencias nacionales de los países que implementaron políticas activas en materia de salud sexual y reproductiva, como fueron los casos de Argentina y Uruguay. Éste último, en el ámbito subnacional con el Programa de Atención Integral a la Mujer (PAIM) en el Departamento de Montevideo (1996)^[28], a propósito de las discusiones y consensos alcanzados en las Conferencias antes mencionadas que sientan las bases estructurales de estos programas. Argentina, años más tarde, en mayo de 2003 dispone el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673) cuyo objetivo primordial estableció lograr el acceso universal y gratuito de métodos anticonceptivos para toda la población. Estas iniciativas tuvieron un importante impacto a nivel regional pues significaron una referencia en la materia, tanto por el reconocimiento de organizaciones como la OMS y la OPS, así como las cifras que demostraban el aumento considerable en la prevención de infecciones de transmisión sexual como de embarazos no intencionales en la adolescencia.

El impacto de estas políticas nacionales, se evidencia en el segundo semestre de 2003, durante la reunión de coordinadores nacionales preparatoria de la XV Reunión de Ministros de Salud del Mercosur, Bolivia y Chile (Acta N.º 02/03) la Delegación Argentina propuso en el punto 9 de “otros” (temas), la consideración de un proyecto de acuerdo sobre la “creación de una Comisión Intergubernamental para Promover una política integrada de Salud Sexual y Reproductiva en la región del Mercosur, Bolivia y Chile la cual fue aprobada por los Estados parte y asociados” (p.5) y elevada a los Ministros para concretar el acuerdo. Dicha propuesta estuvo acompañada del proyecto de acuerdo, propiamente dicho, así como un material respaldatorio con los fundamentos, antecedentes y los objetivos propuestos para la creación de la Comisión. Entre ellos, se destaca la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos en la visión de la salud como parte del desarrollo de los países, tomando en cuenta cada especificidad y proceso en el ámbito particular nacional. Los principales antecedentes también resultaron fundamento de estos asuntos, tales como los trabajos publicados de la OPS y la OMS como guías de recomendaciones, especialmente las argumentaciones en cuanto al desarrollo económico y la salud, reducción de la pobreza y el progreso social. También, cabe destacar que, la participación de Bolivia permitió la promoción e inclusión en las discusiones para que se integre la perspectiva intercultural con foco en la atención de la población migrante.

El proyecto de acuerdo, por su parte, recupera la Convención sobre los Derechos del niño, el artículo 16 de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres^[29] y la celebración de los primeros diez años de la CIPD. En este sentido, la Comisión tendría como principal objetivo promover y establecer estrategias para atender la situación epidemiológica de los países firmantes en relación a la salud sexual y reproductiva, pues tiene impactos en el ámbito económico, social y político de las poblaciones, así como aunar esfuerzos para el intercambio de experiencias, información y formación para el fortalecimiento de programas nacionales como una política sanitaria a nivel regional. Finalmente, mediante firma de los cuatro representantes de los Estados parte, a saber, Ginés González García por Argentina, Humberto Costa Lima por Brasil, Conrado Bonilla por Uruguay, Julio Velázquez por Paraguay y Pedro García Aspillaga por Chile, se formaliza el acuerdo 13/03 de creación de la CISSR.

Cabe resaltar que, dentro de los objetivos propuestos para la Comisión, se establecieron desarrollar actividades articuladas entre instancias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, estimulando la participación de la sociedad civil. Intercambiar experiencias y recursos, así como crear instrumentos comunes de gestión y fortalecer programas nacionales. Se hizo hincapié en fomentar acciones de educación y programas de formación e implementación de comités de salud de frontera y la cooperación técnica con organizaciones internacionales comprometidas con la temática. También la delegación argentina introdujo estos asuntos en la XXI reunión ordinaria del SGT 11, al presentar la realidad epistemológica de los eventos vinculados en relación a los aspectos reproductivos, ya sea la morbimortalidad por abortos, maternidad adolescente, entre otros. En dicha reunión, una de las conclusiones fue que “todas las delegaciones destacaron la necesidad e importancia que representa la cooperación e integración de los países del MERCOSUR en este tema y acordaron analizar la factibilidad para incluir el tratamiento del mismo” (4.2). Además, estos intercambios tenían el propósito de formar parte de una cooperación técnica titulada “Salud e Integración Regional” como proyecto urgente presentado al GMC, al Comité de Cooperación Técnica y al BID para contar con un presupuesto al menos para la primera instancia de trabajo dedicada a un diagnóstico. Frente a ello, los delegados consensuaron la relevancia de la participación de representantes locales de la OPS como representantes regionales en las reuniones y resaltaron la importancia de su participación en las comisiones y subcomisiones del SGT, especialmente en sus grupos técnicos específicos.

Dos años más tarde, durante la XIII REM, la Presidencia Pro Témpore de Paraguay propone un escrito de recomendación para que llegue al GMC a través del FCCP el pedido de incluir en la Declaración final de los jefes de Estados, que los países del Mercosur y los Estados asociados fortalezcan la CISSR “con el fin de asegurar a todas las mujeres el acceso a la salud integral y el pleno ejercicio de sus DS y DR, dándoles todos los medios necesarios para eso” (2005, p.1). En la REM, a su vez, se empieza a discutir sobre la participación de la sociedad civil en las reuniones, lo que habilitó que, en la reunión ordinaria del semestre siguiente, se acordara su participación conforme a la enmienda del reglamento de la reunión especializada. El cual establecía que “podrán participar de las reuniones de la REM como observadoras, las organizaciones sociales de la sociedad civil que promueven la defensa de los derechos de las mujeres y que tengan carácter regional” (art. 8) y sólo podrán proponer temas nuevos bajo consideración de la PPT.

Una vez introducido e instalado el tema de la salud sexual y reproductiva, las reuniones donde se trató e incluyó dentro de los planes de trabajo, se propuso un abordaje como derechos humanos. Cuando en 2004 el CMC decide crear la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos (Decisión 40/04), el enfoque de derecho buscó cobrar mayor vuelo para el abordaje de toda la agenda que propuso promover el desarrollo económico-social en los países parte y asociados. En 2007, la REM resuelve el pedido formal a la RAADH para formar parte de sus reuniones, a propósito de la propuesta paraguaya de crear en la RAADH un GT sobre “promoción y protección de los DH de las mujeres” (Acta N.º 01/07). En el Acta de la Reunión N.º XVII, punto 7 se presenta el informe de la Secretaría Técnica de la REM acordada en la reunión previa, cuyo cargo lo ocupó Lilian Celiberti y que funcionó gracias al apoyo del fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer (UNIFEM). En dicho informe, el punto 13 sobre “informaciones varias” se habla de la VII RAADH quien participa de esta REM. Así mismo con la REAF. En la reunión XVIII el acta y el informe de la ST saluda la Declaración conjunta entre la REM y la sociedad civil a propósito del Consenso de Quito de la Conferencia regional sobre la mujer de la CEPAL^[30]. También se incluye en el informe el Seminario sobre Diversidad Sexual convocado por la RAADH y coorganizado por la REM.

Así, mediante las discusiones relacionadas a la diversidad sexual y los derechos del colectivo LGBT^[31] se habilita un ámbito más de discusión sobre DSR. También en 2008, estos intercambios se enmarcaron en los diálogos con la sociedad civil, en el subgrupo de trabajo sobre diversidad sexual e identidad de género (DSIG), en donde se mencionó la agenda de DSR. En esta ocasión, la introducción del tema se debió a la participación de representantes de la sociedad civil, en la XIV de la RAADH en 2008, durante la Presidencia Pro Témpore a cargo de Brasil (PPTB). Estuvo presente la representante nacional de la Red Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Campaña por una Convención Interamericana de DSR, quien agradece la oportunidad de participar de los grupos de trabajo de la RAADH remarcando la necesidad de discutir más sobre los derechos humanos de las mujeres, pidiendo que los países atiendan esta cuestión sobre todo lo referido a los derechos sexuales y reproductivos incluyendo el derecho al aborto legal y seguro^[32] (Acta N.º 04/08, p. 19). Durante esta reunión, el punto 13 del temario trataba del “Diálogo con representantes de la CIDH”. La Comisión se hizo presente a través de la participación del secretario ejecutivo, Santiago Cantón y tres comisionados, Felipe González, Víctor Abramovich y Clare Roberts. Además, hubo intercambios dentro de este punto que hicieron referencias a la necesidad de que todos los países reconozcan, legitimen y adhieran al sistema interamericano de derechos humanos. Sobre todo, señalando que se deben reforzar las conversaciones para que los países que todavía no habían ratificado convenciones de derechos humanos, lo hagan, especialmente en referencia a Estados Unidos, Canadá y varios países del Caribe. El representante de Brasil el ministro Vannuchi, al respecto mencionó el “momento de esperanza” que la OEA tenía que aprovechar con el cambio presidencial estadounidense a propósito de la asunción de Obama, sin embargo, en respuesta a eso, el secretario de la CIDH respondió que no es competencia de la Comisión impulsar la ratificación de tratados por parte de Estados Unidos y Canadá, sino que corresponde a una tarea política de los Estados (pp. 21-24).

Durante ese mismo año, el plan de trabajo de la CISSR también planteó dentro del abordaje, atención y servicios de atención de salud sexual cuestiones relevantes. Entre las cuales se destacan, dentro de los objetivos y las actividades del plan, la promoción de inversión en investigaciones sobre salud sexual y reproductiva; la difusión los DSR en los ámbitos legislativos, judiciales y ejecutivos en los distintos niveles gubernamentales y en el MERCOSUR; la ampliación y mejora “con principio de equidad el acceso de las mujeres, varones y adolescentes, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, en los servicios de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género y de derechos” (p. 112)^[33]; la capacitación de recursos humanos para implementar las consejerías y el consentimiento informado para mujeres en diversas situaciones como de embarazo, parto, puerperio, cesárea o aborto o para acceder a información sobre diversas cuestiones como anticoncepción general, anticoncepción hormonal de emergencia, embarazo no planificado, aborto no punible, violencia de género y violencia sexual. Esto último, está vinculado al último objetivo planteado en el plan, que expresa desarrollar estrategias para reducir la morbilidad y mortalidad de las mujeres en situación de embarazo, parto, puerperio, cesárea o aborto. Una de las estrategias expuestas en este objetivo es en relación a la prevención del aborto, así como también la atención “para el tratamiento de los abortos realizados en condiciones de riesgo” y también “instrumentar y protocolizar el acceso a la interrupción del embarazo en los servicios de salud, en aquellos países cuyas legislaciones y condiciones así lo habiliten.” (p. 113). Por último, se plantean cuestiones referidas a la articulación con la sociedad civil, al monitoreo de la implementación en educación de políticas y actividades sobre salud sexual y reproductiva, en particular, colaborando con la incorporación de la educación sexual laica y con perspectiva de género y derechos en la currícula de todos los niveles educativos.

Por su parte la REM en 2008 presentó el informe de la Comisión Técnica de Violencia de Género que reunió las propuestas formuladas por las Expertas Nacionales, así como los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil en la cual la Comisión de género de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) solicita la inclusión de una subcomisión de género dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur. Al final se hace una Declaración sobre DSR donde se le exige mayor prioridad en el trabajo de la REM. Se propone también que la Secretaría Técnica sea permanente pidiendo a la ONU y a la Agencia de cooperación española el apoyo financiero, así como la propuesta de una persona experta para que conforme el Comité de la CEDAW.

Al siguiente año, en 2009, en el marco de la RAADH participó una representante de la Campaña por una Convención Interamericana de DSR, quien “pone a consideración de las delegaciones la propuesta de realización de un seminario sobre DSR como actividad previa a una de las próximas Reuniones de Altas Autoridades de Derechos Humanos” (MERCOSUR/ RAADDHH/ SGT-DSIG/ ACTA N.º 01/09)^[34] con el objetivo de acercar información acerca de la importancia de fortalecer los esfuerzos para avanzar en políticas integrales de derechos, con perspectiva de género. En esta reunión, los representantes de la sociedad civil presentan un informe de la situación de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en el Mercosur, informe que compila en detalle las normativas de todos los países del Mercosur incluyendo a Bolivia y Chile^[35]. También en esta reunión estaba incluido en el punto 5 del temario la articulación internacional que nombró específicamente a la CIDH y a la CEPAL manifestando la necesidad de intercambios con representantes de ambos organismos.

En estas reuniones tanto la de altas autoridades como las del subgrupo de trabajo de diversidad sexual y género, por parte de la sociedad civil se pidió la inclusión de una propuesta para las siguientes reuniones, en particular la XVII RAADH en 2010. La propuesta era que se discuta la iniciativa sobre la Campaña interamericana de DSR. La Reunión del GT con fecha del 18 de octubre decide incorporar una mesa de discusión sobre la Campaña por una Convención Interamericana de DSR en un seminario sobre Derechos LGBT en el Mercosur para discutir los desafíos en la materia. Según las actas de aquella reunión del GT, los participantes registrados sólo son representantes de Brasil y Paraguay^[36].

Por otra parte, en la XXIII Reunión Especializada de la Mujer, durante el segundo semestre de 2010, bajo la PPT a cargo de Brasil, el primer punto del temario planteaba ejes de trabajo para el período 2011-2012 a partir de un análisis de perspectivas y desafíos de actuación de la REM. La propuesta desde la presidencia brasileña a las delegaciones participantes, se elaboró a partir de la revisión de las actas de reuniones previas y de otros compromisos asumidos como por ejemplo el que realizó la REM en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sintetizando los temas en siete puntos, entre los cuales, se mencionó la salud sexual y reproductiva. Estos puntos, finalmente fueron expuestos y presentados en un plan de trabajo junto con actividades concretas desagregadas de cada punto^[37]. Respecto a la salud sexual y reproductiva el plan estipulaba “identificar las iniciativas de políticas nacionales sobre SSR para definir acciones conjuntas” (p. 86) Cabe subrayar que tanto la reunión como el plan de trabajo contaron con la participación de las delegaciones de Chile y de Perú (XXIV REM Acta N.º 02/10).

En 2011, la reunión del grupo de trabajo de diversidad sexual y género, ahora llamado Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) de la RAADH, también en diálogo con la sociedad civil^[38], donde representantes de organizaciones civiles plantean dos asuntos relevantes. Por un lado, reiteran la solicitud de incorporar una mesa sobre la Campaña por una Convención Interamericana de DSR en el Seminario sobre derechos de las personas LGBT. A su vez, durante ese año también se presentaron por parte de la REM, dos proyectos de decisión al CMC. Por un lado, la solicitud a través del FCCP, de la participación de la REM de las reuniones de la Comisión de Coordinación de ministros de Asuntos Sociales, con el objetivo de contribuir en la generación de acciones y el monitoreo del Plan Estratégico de Acción Social (PEAS), dentro del cual, el tercer eje titulado “Universalidad de la Salud Pública” la directriz número siete habla de la promoción de “servicios adecuados, orientación científica y educación sobre salud sexual y reproductiva” y en la directriz número nueve incluye como objetivo prioritario la atención de abortos inseguros. El eje cuatro, establece directrices y objetivos concernientes a la educación, en particular sobre la importancia de la educación sexual y reproductiva (Acta 01/11, Anexo VII, pp. 87 y 88). Por otra parte, la solicitud para crear el cargo de Alta representante del Mercosur para Género y así como la elevación de la REM a una de Altas Autoridades. La primera no prosperó, pero sí avanzó la creación de la RMAAM desde 2012, al igual que el GT de género y derechos humanos en la RAADH, que incluía la discusión sobre DSR de las mujeres. La última REM (XXVI) presentó el Diagnóstico Regional sobre “Indicadores en Violencia Doméstica basada en género en el Mercosur”^[39], en cuya introducción reconoce los esfuerzos de muchos gobiernos del mundo por erradicar las violencias de género, entre los cuales se requiere “la protección de los DSR”, entre otras (2011, p.11).

En ese contexto, la REM se jerarquiza y pasa a conformarse la Reunión de ministras y Altas Autoridades sobre la Mujer del Mercosur. Una vez conformada la RMAAM, en su primera reunión en el año 2012, por medio de la intervención de la representante especial para los temas de la mujer en el ámbito internacional de la Cancillería Argentina, Gloria Bender, se planteó la necesidad de incluir la salud reproductiva en la elaboración de los lineamientos para incorporar la perspectiva de género y reducir las brechas de desigualdad en el Mercosur (Acta N.º 01/12)^[40]. En particular, los temas que la RMAAM elevó al CMC como proyectos de recomendación fueron cinco^[41], uno de los cuales abordaba el tratamiento integral de la violencia basada en género, haciendo referencia a la Convención Belém do Pará, al Segundo Informe Hemisférico del MESECVI, así como también al Consenso de Brasilia adoptado en la Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL y al plan estratégico de acción social del Mercosur, con el fin de recomendar principalmente el trabajo articulado de la RMAAM con las demás reuniones de ministros como justicia, salud, derechos humanos, desarrollo social, educación y trabajo. Especialmente estipulando la solicitud

a todas las Reuniones de Ministros/as y las Reuniones Especializadas del MERCOSUR que informen a la RMAAM sobre iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y en particular aquellas relativas al desarrollo de relevamientos y/o encuestas sobre violencia basada en género, tales como la proveniente del trabajo de la Comisión Intergubernamental de Salud Sexual y Reproductiva de la Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR (mencionada en el Acta N.º 2/12 de la Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud Sexual y Reproductiva) (MERCOSUR/I RMAAM/P. REC N.º 02/12, art.3).

En los documentos de esta primera reunión también se anexa una propuesta de la sociedad civil, de parte de la delegación argentina titulada “Lucha constante por la conquista de derechos” y firmada por Mabel Montero, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora Tucumán. Esta propuesta presenta “una mirada rápida a la problemática de las cuestiones urgentes” donde se hacía referencia a la ley nacional contra la violencia de género, sancionada en 2009 para referirse específicamente a dos artículos de esa norma referidos a la libertad reproductiva^[42] y formulado de la siguiente forma en la propuesta

El decreto reglamentario de la ley incluye diversos tópicos. Así, los profesionales de la salud que no brinden el asesoramiento necesario para que una mujer pueda elegir si desea o no tener hijos y decidir el intervalo de los nacimientos, se resistan a proveer algún método anticonceptivo por sus convicciones religiosas o se nieguen a realizar un aborto no punible, incurrirán en la figura de “violencia contra la libertad reproductiva”. (RMAAM, 2012, Anexo XVIII-Propuesta sociedad civil)^[43]

En dicho semestre de 2012, también se llevó a cabo la tercera reunión del grupo de trabajo de género y derechos humanos de las mujeres de la RAADH, en Uruguay la cual se llevó adelante con la participación de la RMAAM que tenía a cargo la PPT de ese país. Allí se presenta un plan de trabajo que incluía entre otras cosas, la articulación con la RMAAM principalmente y habilita a la sugerencia de temas por parte de la sociedad civil. De acuerdo al acta labrada, participaron representantes Akãhatã de Argentina, CLADEM Uruguay y Ovejas Negras de Uruguay. Las primeras dos propusieron en sus intervenciones la inclusión de los DSR en el temario, especialmente la representante de CLADEM advirtió el peligro de retroceder en su país con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por su parte, Akãhatã de Argentina, además, propuso que sea la RAADH que lleve adelante la Campaña por una Convención Interamericana de DSR, “que las Altas Autoridades se pronuncien en contra de las terapias reparativas que se realizan en muchos países de América Latina a las lesbianas.” (Representante de Akãhatã, 2012, s/p) Respecto a los aportes propuestos de la sociedad civil para incorporar al plan de trabajo, la delegación de Venezuela manifestó que los llevará a la consideración de las autoridades nacionales en la materia y la presidencia informó que quedarán en actas para ser tomados en consideración en la próxima reunión dado que “Argentina y Brasil no estaban presentes” sin embargo, el acta lleva la firma de los representantes de Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia y Venezuela y figura la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil.

Ese mismo año más tarde, en la II RMAAM de ese año, 2012, bajo la PPT a cargo de Brasil, participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil de la Articulación Feminista Marcosur, Cotidiano Mujer, SOS Corpo, Articulación de Mujeres Brasileñas, de la central de organizaciones campesinas, indígenas y populares y la casa de la mujer de la unión. También estuvieron presentes la representante de ONU Mujeres de Brasil y el Cono Sur y la directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe como representantes de organismos internacionales. De acuerdo al acta de esa reunión, se incluyeron en el temario por un lado discutir la actuación articulada del Mercosur en instancias internacionales, correspondiente al punto 9, específicamente sobre tres instancias particulares, la primera conferencia regional sobre población y desarrollo de la CEPAL; la XII conferencia regional sobre la mujer también de la CEPAL y, la 57° sesión de la Comisión de Naciones Unidas sobre la condición de la mujer (CSW por sus siglas en inglés). Se resaltan en estos puntos la importancia y necesidad de compatibilizar agendas y de construir una posición conjunta, sobre todo en la siguiente RMAAM. En el punto 10 del temario, se propuso hacer una revisión de los informes de otras instancias o actividades del Mercosur que trabajen alguna temática sobre género, entre las cuales también se hizo referencia a la CISSR, cuya exposición a cargo de la representante del Ministerio de Salud de Brasil ante la Comisión presentó el informe sobre política reproductiva y resaltó “la importancia de avanzar en bloque en los derechos sexuales reproductivos” y destacó cuatro prioridades para ser abordadas. La salud sexual reproductiva, Cairo+20, integración con los ministerios de educación y otras instancias para enfrentar la violencia doméstica y sexual.^[44] (Acta N.º 02/12, p.7).

De acuerdo a las fuentes documentales y las entrevistas con actores e informantes clave, la formalización de la RMAAM habilitó la institucionalidad de la participación de la sociedad civil, al convocar a diversas organizaciones como vimos en la reunión anterior. Entre ellas, la Articulación Feminista Marcosur (AFM) y CLADEM durante la celebración de la III RMAAM bajo la PPT de Uruguay, propusieron que se traten los DSR además de llamar la atención sobre la creciente criminalización a defensoras de los derechos humanos, especialmente feministas defensoras del derecho al aborto. La representante expuso

Con relación a nuestras posiciones y demandas, queremos solicitar que: Considerando la relevancia de dar continuidad a los compromisos adquiridos por los países en términos de derechos sexuales y reproductivos y de otros derechos de las mujeres, las delegaciones oficiales de los países de la región para la Conferencia de Población y Desarrollo y para la Conferencia de la Mujer de la Cepal, incorporen a mujeres pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil feministas, y a especialistas en temas de igualdad de género de la sociedad civil y de las universidades.

En segundo lugar, quisiéramos que la RMAAM considere de manera muy especial las dificultades que se presentan en los países en torno a la criminalización de las defensoras de DDHH, en particular de las mujeres que activamos en el movimiento feminista y en organizaciones de DDHH para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria y para el acceso a abortos legales y seguros. Hay países donde se están impulsando procesos de investigación y criminalización que pretenden delimitar el derecho que tenemos las mujeres organizadas por el avance de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Al mismo tiempo, queremos alertar sobre el peligro de retrocesos legales en países que ya han avanzado en el reconocimiento del derecho de las mujeres a acceder a abortos seguros y legales. (AFM, 2013, Anexo XVI-III RMAAM)

La representante por el CLADEM, en la misma línea manifestó especial preocupación sobre el impedimento del avance de las leyes de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). A propósito de la Consulta Popular que se quería llevar adelante en Uruguay para derogar la ley aprobada en 2012 que ampliaba el marco regulatorio para acceder al aborto seguro, la ley número 18.987^[45] de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La representante del CLADEM advertía que significaba un retroceso de construcciones y un riesgo que implicaba volver a un marco de criminalización que impide “el goce del acceso a la salud de mujeres, especialmente jóvenes y adolescentes. Ello constituye un retroceso insalvable a los avances que han llevado décadas de construcción razonada y en base a derechos.” (CLADEM, 2013, Anexo XVI- III RMAAM). Por otra parte, también expusieron representantes del Foro de Mujeres del Mercosur quienes plantearon reafirmar el trabajo conjunto con organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para combatir la violencia contra las mujeres, destacando como fundamental el lanzamiento de la campaña regional contra la trata de mujeres y niñas y la prevención de la violencia y explotación sexual. Es importante resaltar que tanto la PPT y ambas organizaciones partícipes, si bien son una alianza regional, sus representantes fueron de Uruguay, en el caso de AFM incluso la sede está en dicho país.

En términos gubernamentales en dicha reunión los Estados parte, Venezuela incluido, presentaron informes respectivamente, entre los cuales Argentina sólo hace mención a un taller sobre salud sexual y reproductiva, Brasil habla explícitamente de DSR y la causal de aborto no punible. Venezuela hace referencia al término sexualidad responsable y a una norma de salud sexual y reproductiva sin mayor información. Uruguay, al igual que Brasil, se refirió explícitamente a los DSR y al aborto conforme a la ley, como remarcamos renglones arriba. A la presentación, se sumaron Ecuador y Chile. Paraguay no participó, pues en aquel entonces estaba suspendido^[46]. En ocasión a estos informes de cada Estado parte y asociados en la III RMAAM, propusieron a las y los presidentes un párrafo para ser incluido en la declaración, dentro del cual se incluía reafirmar el compromiso de los Estados parte con el pleno cumplimiento del “Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, que asegura y promueve los derechos humanos de las mujeres, entre estos, el derecho a la salud, los derechos sexuales y derechos reproductivos.” (III RMAAM, 2013, Anexo-XIX).

El segundo semestre del año 2013, Venezuela estrenó la primera Presidencia Pro Témpore siendo anfitrión de varias de las reuniones temáticas^[47] bajo estudio. La XXIV RAADH, la IV RMAAM y la III Reunión ampliada de la Comisión de Coordinación de Ministerios de Asuntos Sociales del Mercosur y Estados Asociados. Cuyos temas discutidos giraron en torno al PEAS que incluía, como vimos, la protección y promoción de los DSR en el marco de los esfuerzos para reducir las brechas de desigualdad y erradicar las violencias contra las mujeres. Especialmente, en relación a los derechos de las mujeres, se planteó ratificar y llevar adelante el proyecto de decisión sobre Directrices de Política de Igualdad de Género que también incorporaba a los DSR, así como la estrategia regional de reglamentación de los acuerdos establecidos. Pese a no contar con todas las firmas de los Estados, fue firmada por siete de los doce que habían sido convocados, de los cuales adhirieron Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador. Quedando los espacios sin firma de Paraguay que, si bien ya no estaba suspendido, no estaba de acuerdo con la decisión que Venezuela asuma la Presidencia Pro Témpore^[48], de la República Cooperativa de Guyana, Surinam, Perú y Chile.

A su vez, en el marco de la IV RMAAM mujeres de la sociedad civil venezolana, presentaron la Declaración de Caracas titulada “Mujeres en movimiento por el Mercosur” en cuya letra incluían varios puntos sobre su compromiso por la integración latinoamericana bajo los principios de solidaridad y cooperación, dentro de los cuales se incluían a los DSR como derechos que los Estados debían garantizar y asegurar para avanzar en el desarrollo de los pueblos. También continuaron los intercambios para avanzar en la elaboración de unos lineamientos para una política regional de género en la que la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos se incluyen como un eje para la acción. La siguiente reunión sigue en la misma línea con propuestas y discusiones al respecto. A diferencia de las anteriores, esta vez hubo instancias de articulación con la CISSR, donde se observa una cuestión relevante relacionada a los DSR. Se trataba de una propuesta para consensuar indicadores de género, siguiendo el objetivo número uno del plan de trabajo establecido para el período 2013-2015 de la CISSR. La formulación fue en base a indicadores trabajados a instancia de la OPS por integrantes del Mercosur en jornadas realizadas en Paraguay en 2011. Dentro de estos indicadores estaba propuesto un punto sobre la prevalencia del aborto^[49] pero sin desarrollo. En dicha reunión, sólo Argentina y Venezuela presentaron informes nacionales, haciendo referencia a las políticas nacionales y avances normativos relativos a violencia de género y salud sexual y reproductiva.

En el marco de la RAADH en 2014 se lleva adelante bajo la PPT a cargo de Argentina, la V reunión del grupo de trabajo de género y derechos humanos de las mujeres y la XXV RAADH. Estuvieron presentes las delegaciones, además de Argentina, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Surinam, Venezuela, Chile y Ecuador; representantes de la RMAAM y de organizaciones de la sociedad civil. En dicha reunión se presentó el documento de las Directrices de una Política de Igualdad de Género, tarea llevada adelante en conjunto con la RMAAM. Por su parte, quienes participaron en representación de la sociedad civil compartieron las propuestas entre las cuales se plantearon por un lado, que se jerarquice el grupo de trabajo a una comisión permanente, propuesto por la organización Akãhatã, por otro lado que la próxima reunión de ministras ratifique el Consenso de Montevideo, propuesto por la organización Las Safinas, que formaba parte de la Campaña por una Convención y, por último que se introduzca el tema de la despenalización del aborto y que se incorpore el aborto no punible en la región, propuesto por Amnistía Internacional Argentina, pidiendo a la delegación uruguaya que comparta la experiencia sobre el proceso en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el primer semestre de 2015 bajo la PPT de Brasil sucede, por un lado, la VI RMAAM en la cual no se menciona explícitamente a los DSR, pero se trata el tema de incluir la perspectiva de género en la educación, sobre todo con una perspectiva no sexista e inclusiva. Bajo este punto se acordó la aprobación por parte de las ministras de un proyecto de recomendación para ser elevado al CMC (P.Rec.03/15). Y, por otro lado, la XXVI RAADH, dentro de la cual se llevó a cabo la reunión del grupo de trabajo de género y derechos humanos de las mujeres con la participación de la RMAAM para evaluar la implementación de las directrices recientemente aprobadas. Los representantes de las delegaciones participantes, de los cinco Estados miembros y los Estados asociados, en este caso Ecuador, Surinam y Perú, acordaron al respecto de la implementación de las directrices elaborar y presentar informes nacionales con las actividades y buenas prácticas llevadas adelante al respecto.

A partir de estos años, especialmente en 2015, con el recambio en las gestiones de gobierno de Argentina, Uruguay y más tarde en Brasil, de acuerdo a las actas de reuniones, no se registra participación de la sociedad civil, los temas de DSR no aparecen expresamente como en reuniones anteriores y la participación de los países también presenta diferencias. Las reuniones en el marco de la RAADH del grupo de trabajo de género y derechos humanos de las mujeres en 2016 y 2017 se focalizaron en la incorporación de la perspectiva de género bajo los lineamientos de las Directrices. En la reunión correspondiente al primer semestre de 2016, durante la PPT a cargo de Uruguay participaron todas las delegaciones de los Estados miembros, menos Brasil y Ecuador y Bolivia como asociados. Al año siguiente, durante las dos reuniones correspondientes al primero y al segundo semestre de 2017 primero bajo la PPT a cargo de Argentina seguida de la PPT a cargo de Brasil participaron todas las delegaciones de Estados parte menos Venezuela, que se encontraba suspendida^[50], como Estados asociados participaron Chile y Ecuador en ambas reuniones y Perú sólo en la primera.

Tampoco en dichas reuniones durante 2018 se registran aspectos relativos a los DSR. Únicamente en el marco de la reunión de la CISSR durante agosto de ese año en Uruguay bajo la PPT a su cargo. Dicha reunión no contó con la participación de Paraguay, lo que impidió el consenso. No obstante, se planteó trabajar, entre otros temas,

sobre las experiencias nacionales en la prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, la interrupción legal del embarazo de acuerdo al marco normativo de cada país, estrategias de reducción de la mortalidad materna y el abordaje integral de la diversidad sexual y corporal, salud sexual y salud reproductiva del varón. (CISSR/ACTA N.º 02/18, s/p).

En este sentido, se buscaba que estos temas sean prioritarios para establecer un nuevo plan de trabajo para ser discutido en la próxima reunión. De esta forma, si bien no estuvo el pleno de los representantes de los Estados parte, las delegaciones presentes acordaron presentar a la próxima PPT las acciones realizadas hasta el momento y plantear propuestas para proyectar las acciones futuras, con la intención de elaborar un plan para el período 2019-2021, en función de los temas mencionados. En 2019, estos temas fueron retomados sin embargo nuevamente Paraguay no participó de la reunión. Bajo la PPT a cargo de Argentina, durante el primer semestre de aquel año, dentro del temario tratado se trabajaron los temas de métodos anticonceptivos de larga duración y la anticoncepción inmediata posterior a un evento obstétrico, la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia en los países del Mercosur y sobre la interrupción legal del embarazo de acuerdo con las normativas vigentes de cada país. Sobre el primer punto, los tres países coincidieron en ampliar la canasta de métodos anticonceptivos de larga duración. Respecto al segundo punto, las tres delegaciones presentaron su experiencia de abordaje de prevención y coincidieron en la importancia del trabajo intersectorial para fortalecer las políticas públicas. Es importante señalar que a partir de las observaciones del PNUD y UNFPA respecto a este tema, comenzaron a implementarse planes dirigidos a atender este asunto, en Argentina conocido como plan ENIA^[51]. Finalmente, sobre el último punto, hace referencia a un intercambio entre las delegaciones planteando que el trabajo en la comisión permite un fortalecimiento mutuo para “sostener y mejorar las políticas que garanticen el cumplimiento del marco normativo vigente en cada uno” (CISSR, Acta, 2018, s/p). Cabe mencionar que otros temas planteados en dicha reunión para seguir trabajando en las siguientes, proponían abordar la salud sexual y reproductiva de los varones y su involucramiento en el embarazo, parto y puerperio; la salud sexual de las personas mayores y de las personas con discapacidad.

Por otra parte, en 2019 también se realizaron adelante, por un lado, la reunión de la ahora llamada comisión de género y derechos humanos de las mujeres de la RAADH bajo la PPT a cargo de Argentina que también presidió la RMAAM durante el primer semestre de ese año. En ambas reuniones, se registran dos cuestiones relevantes, por un lado, la participación de la sociedad civil, distinta a las reuniones previas. En el caso de la comisión permanente, el acta no registra participación de la sociedad civil y, además, se destaca el último punto del temario donde la delegación representante de Brasil pidió la palabra para informar a los demás países “que el concepto de género está siendo revisado en su país” (Acta 2, 2019, s/p). Esta actitud de Brasil, no es menor teniendo en cuenta la gestión de gobierno como la que fue a cargo de Bolsonaro (2019-2023) con Damares Alves como ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, ambas personalidades destacadas por sus posicionamientos contrarios al enfoque de género, al aborto, entre otras cuestiones (Silva Do Monte y de Carvalho Hernández, 2022). En esta oportunidad, participaron todos los Estados parte a excepción de Venezuela que continuaba suspendida y la delegación representante de Ecuador y Perú como Estados asociados.

Por su parte, en la XIII RMAAM, tuvo la misma representación de las delegaciones gubernamentales, a excepción de los Estados asociados que esta vez fueron Perú y Colombia. También contó con la participación de representantes de ONU Mujeres, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la ministra argentina de aquel entonces encargada de la cartera de Salud y Desarrollo social, Carolina Stanley^[52] y representantes de la sociedad civil. Sobre la representación de la sociedad civil, cabe remarcar la amplia participación del Foro de Mujeres del Mercosur y de organizaciones que no habían participado antes como la que figura con el nombre Mujeres Capital Humano^[53]. En la siguiente reunión, correspondiente al segundo semestre de 2019 durante la PPT a cargo de Brasil, por un lado en la XIV RMAAM estuvieron presentes representantes de las delegaciones de los cuatro Estados parte, la representante interina de ONU Mujeres Brasil y participaron en el espacio de la sociedad civil también organizaciones que no habían participado anteriormente, tales como la fundación de mujeres empresarias y profesionales (BPW, en inglés), la asociación internacional Maylê Sara Kali (AMSK); la confederación nacional de trabajadores de la industria (CNTI); “el silencio termina hoy” y la asociación brasileña de empleadas domésticas (ASBRALE). Vale remarcar que sólo se menciona su participación, no se registran propuestas o intervenciones de su parte.

En el marco de la reunión de la comisión permanente de género y derechos humanos de las mujeres, durante la XXXIV RAADH, la delegación argentina estuvo ausente y la delegación de Brasil quien presidía la reunión, a cargo de la entonces secretaria nacional de políticas para las mujeres, Carolina Rodrigues Britto en el acto de apertura mencionó dos cuestiones relevantes. Por una parte, que para Brasil el término género significa el sexo biológico de feminino o masculino^[54]; y, por otra parte, manifestó su apoyo a la decisión 9/09 del CMC que establece directrices para la racionalización de la estructura del Mercosur con la reducción de un 20% de los órganos del bloque. Bajo este marco, propuso y apoyó la extinción de la comisión mediante la absorción de la misma por parte de la RMAAM. Sobre este punto, las delegaciones presentes de Uruguay y Paraguay manifestaron conversar sobre el tema en sus espacios nacionales y esperar a la reunión plenaria para tomar una decisión. Por último, el acta dice que no hubo organizaciones de la sociedad civil registradas para participar.

¿Quiénes promueven las discusiones sobre DSR y qué temas entrecruzan?

La agenda de los DSR en el caso de la OEA y en el caso del Mercosur es planteada desde distintos marcos estrechamente vinculados. Mientras que en la OEA el marco de referencia es desde la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en su amplia conceptualización; en el Mercosur surge desde el ámbito de la salud, a partir de la propuesta de la delegación argentina en las reuniones de ministros de salud, ligado al compromiso de los Estados parte con el plan de acción de El Cairo a propósito del décimo aniversario. Como vimos, los actores involucrados en ambos procesos de introducción y discusión suelen ser semejantes sobre todo en relación al marco de referencias con las agencias internacionales del sistema de Naciones Unidas que forman parte de la gobernanza global como la OPS, la CEPAL, el Comité CEDAW, ONU Mujeres, UNFPA o el Consejo de Derechos Humanos. Durante los primeros años del siglo, las organizaciones de la sociedad civil promotoras de la agenda de DSR también tuvieron un papel importante como fue la iniciativa de la Campaña por una Convención Interamericana sobre estos derechos. Esta campaña propuso un borrador de convención con el objetivo de establecer el respeto, la protección, la garantía y promoción “del ejercicio pleno en condiciones de igualdad, libertad y dignidad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas”, habiendo observado con preocupación las barreras y vulneraciones de estos derechos en el continente^[55] y reconociendo las razones que producen estas situaciones. La iniciativa tuvo un importante papel de incidencia al participar tanto en el Mercosur, en la RAADH principalmente y, en la OEA a través del diálogo con las misiones permanentes de los Estados parte. Sin embargo, en estas instancias, ningún país quiso asumir el liderazgo para llevar adelante la discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. En cambio, la agenda que abordaba los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género logró prosperar gracias al liderazgo de Brasil en ambos organismos, siendo el Mercosur también un espacio para traccionar tanto a los Estados parte como a los Estados asociados.

Pese a la negativa de abordar el proyecto de convención propuesto por la Campaña, observamos que los DSR igualmente están presentes y en mayor o menor medida, es decir con mayor o menor profundidad o precisión, ocupan un lugar en distintos documentos e intercambios y no siempre desde un mismo enfoque. A veces puede ser abordado desde la salud sexual y reproductiva que asocia únicamente estos asuntos a la salud materna y otras, que incluye a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, en particular en mujeres que pueden estar en situación de embarazo, parto, puerperio, cesárea o aborto. Sobre este último planteo para abordar a la salud sexual y reproductiva de las personas en general y, de las mujeres, adolescentes y niñas en particular, entendemos que está presente un enfoque de género. Pues la salud de la mujer se entiende ampliamente, considerando diversas situaciones obstétricas y no exclusivamente a su relación con la salud materna. Es decir, limitando el desarrollo de la salud de las mujeres a la maternidad únicamente. Esta cuestión está vinculada, además, a los documentos donde se expresa el respeto a la decisión libre en materia reproductiva, con referencia a lo establecido en la CEDAW, en donde se debe respetar la decisión de procrear en igualdad de condiciones entre mujeres y varones y cuándo hacerlo. Por lo visto, comprendemos que, en el ámbito de la salud, la salud sexual y reproductiva específicamente, tiene un amplio consenso en ambos ámbitos de discusión. Y entendemos que los países que, por lo general, han promovido estos temas fueron Argentina y Uruguay principalmente a partir del respectivo desarrollo nacional de políticas públicas; Brasil, México, Canadá, Costa Rica y Colombia, principalmente sobre salud y derechos sexuales desde actitudes progresistas liderando o acompañando, dependiendo fuera el caso bajo los gobiernos en función. Sin embargo, también observamos que allí donde surge la salud sexual y reproductiva, está vinculada, especialmente en el ámbito de la OEA con problemáticas que deben atenderse desde un enfoque de prevención, como es la propagación del VIH por falta de acceso a la información y a profilaxis como el preservativo, también abordado en el Mercosur; o dirigido a poblaciones específicas como mencionamos en referencia a las personas con discapacidad, poblaciones vulnerables o las adolescencias para prevenir embarazos no intencionales. En relación a las niñas específicamente, el marco de referencia es principalmente la prevención de la violencia sexual, la atención integral con protocolos y mecanismos que sancionen a los responsables. En este caso, los derechos sexuales y reproductivos se han incluido en el acceso a la información y a la educación que, a su vez, acabe con los estereotipos de género que discriminan a las mujeres, a las prácticas sociales y culturales que reproducen y refuerzan estos estereotipos de género.

En este sentido, en la OEA se desprenden del tema más amplio sobre la violencia sexual que implica negar o vulnerar esos derechos, por ejemplo, cuando no se garantiza educación no sexista, sin estereotipos de género, así como el acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva. Se destaca el papel de la CIM, del CEVI y los informes enmarcados en el MESECVI, así como de la CIDH y de las sentencias de la Corte que constituyen una herramienta de interpretación de lenguaje.

En el Mercosur, la existencia de la Comisión intergubernamental específica para el trabajo conjunto sobre salud sexual y reproductiva resulta sustancial. Es el espacio dedicado a trabajar en políticas puntuales, enmarcadas en el plan de acción de El Cairo y la plataforma de Beijing y a su vez, en articulación con la entonces reunión especializada de la mujer y la reunión relativa a derechos humanos. Bajo ese marco de salud se observa que los temas de consenso principales son también la prevención, de cuestiones delicadas y urgentes de atender a nivel global, como el embarazo infantil, embarazo adolescente, aumento de infecciones de transmisión sexual, barreras de acceso a la información, a métodos anticonceptivos y a abortos seguros. El tema de los embarazos no intencionales en la infancia y adolescencia, además, implica un enfoque de derechos y un marco amplio de comprensión de la violencia sexual en esa etapa de vida, lo que se relaciona con lo mencionado al comienzo, con la importancia del acceso a la educación sexual integral en todos los niveles.

Como vimos, las entrevistas arrojan la importancia de la presencia de la sociedad civil para que los temas de DSR avancen, sin embargo, la diferencia de su participación entre OEA y el Mercosur tiene que ver con los mecanismos, mientras que en la OEA la participación está regida por un registro oficial, en el Mercosur depende de las presidencias pro tempore. En sentido contrario, si bien no es el foco de esta tesis observar a los actores que limitan la agenda, es importante señalar que también las personas que fueron entrevistadas señalaron que las organizaciones de la sociedad civil anti-género (Moragas, 2020), neoconservadores o antiaborto (Morán Faúndes y Peñas Defago (2020) son actores que bloquean la discusión, como vimos a partir de los documentos en torno, sobre todo, a las negociaciones de 2013 en la Asamblea General realizada en Antigua, Guatemala. En esa oportunidad se trató la convención contra toda forma de discriminación e intolerancia que incluía las resoluciones de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género que habían sido lideradas por la delegación de Brasil. Al respecto, es menester resaltar la vinculación con la iglesia católica de tales grupos en particular en el transcurso de los preparativos de este evento. De acuerdo con Moragas (2020) y Morán Faúndes y Peñas Defago (2020), los sectores opositores a estas discusiones para el avance de derechos, mantienen una estrecha relación con las iglesias, en particular la católica. En este sentido, cuando observamos estas vinculaciones y los testimonios de las personas entrevistadas que remarcan la presencia del Vaticano en la organización, encontramos que forma parte como observador permanente en la OEA desde la década del setenta y con una oficina embajadora desde 2019 como mencionamos al comienzo del capítulo. Asimismo, encontramos en sintonía con esto y de acuerdo con la entrevista AG.12 la presencia de tales grupos en los espacios del Mercosur y otros ámbitos multilaterales, conformado por actores conservadores que están ganando cada vez más espacio como “Fundación Libre”, “Cruz del Sur” o “ACIERA” en el caso de Argentina que contaron con la afinidad política de los gobiernos de turno de Brasil, Estados Unidos y en aquel entonces también de Argentina. Desde 2018 estos Estados, bajo esas gestiones de gobierno, además de mantener una actitud tendiente a los grupos conservadores y fundamentalistas alrededor de la agenda de DSR y de género, también fueron los que promovieron la desarticulación de la unión sudamericana.

También debemos señalar que, de acuerdo a la literatura y a las menciones que han surgido de las entrevistas, Brasil y Estados Unidos como los países más grandes y con mayores recursos, denominados en Relaciones Internacionales como hegemones regionales, son los países considerados de “equilibrio”. Es decir que su palabra tiende, por lo general, a ser conciliadora cuando la actitud busca acercar posiciones. No obstante, hemos mencionado que estas actitudes tienen también un papel muy distinto cuando las gestiones de gobierno tienen una línea más conservadora, ligadas a la ultraderecha y están articuladas como fueron las administraciones de estos países bajo el mandato de Trump (2017-2021) y de Bolsonaro (2019-2022). Del mismo modo, se reflejan los liderazgos en las mesas de negociación cuando a nivel interno el gobierno aplica una política de Estado en sintonía con una línea u otra. El caso de Argentina también lo muestra en ambos sentidos. Gracias a la experiencia nacional de aplicación de la política pública en salud sexual y reproductiva, le permitió asumir un lugar vocero de estos temas en los espacios regionales como plataformas de difusión de ideas y prácticas concretas novedosas. En sentido contrario, a partir del recambio de gestión en 2015, la delegación redujo su ímpetu de liderazgo en las discusiones sobre DSR, pese a, por ejemplo, años después configurarse como el escenario del movimiento protagónico a favor de la legalización del aborto, a propósito del debate legislativo de aquel entonces.

Por otra parte, otros actores acompañan y apoyan el avance de las discusiones sobre DSR quienes, además de las organizaciones de la sociedad civil que mencionamos, muchas veces articuladas también, están los países como España, Finlandia o mismo Canadá que aportan a través de la cooperación internacional para realizar seminarios, talleres, como vimos cuando la Relatoría de derechos humanos de las mujeres participó para profundizar sobre los derechos reproductivos, así como el apoyo para luego poder llevar adelante la elaboración de materiales para difundir. Sin embargo, para trabajar y profundizar temas más sensibles como es la cuestión del ejercicio de los derechos reproductivos entre los cuales está el accedo a abortos seguros, en cualquier circunstancia, se presenta como un tema controversial, salvo en varios planes e informes de trabajo de la CISSR, donde se puede ver que surge desde un abordaje técnico, aunque también siempre acompañado con la aclaración que es de acuerdo con la legislación interna de cada país. El trabajo del Comité de Expertas para todo el hemisferio es una herramienta valiosa para poder dar cuenta de los compromisos asumidos e impulsados, o no, de los Estados que han ratificado la Convención Belém do Pará, lo que permite tener un panorama detallado tanto a nivel general como desagregado por temas y países. Otra herramienta útil tuvo que ver con la introducción y consolidación sobre la importancia de precisar la salud sexual y reproductiva que se logró a partir de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, así como I.V contra Bolivia que puso en primer plano los temas que parecían no hablarse como la esterilización forzada, embarazo forzado o bien salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad o personas mayores. Incluso, en el último programa trienal que observamos de la CIM, para el período 2016-2019, sólo se encontraron mencionados los DSR en la caracterización del contexto hemisférico, donde se recupera el informe de ONU Mujeres (2011) sobre el progreso de la mujer en el mundo, el cual afirma que, la salud sexual y reproductiva, sigue siendo un ámbito en donde las mujeres tienen menos protegido los derechos para tomar decisiones al respecto, libre de violencias y en igualdad de condiciones con los varones.

Por último, pese a los posicionamientos y recomendaciones de la CIDH, a través de la Relatoría y, la CIM, a través del CEVI, no se evidencia una discusión al respecto en las negociaciones dentro de la Asamblea General, pues no se logra una postura unificada al respecto, ni tampoco la voluntad de un país o un grupo de países en liderar la discusión en las negociaciones intergubernamentales. En relación con el papel de las organizaciones internacionales como la OMS o el BID y su capacidad incidencia en los procesos de discusión, se percibe una mayor presencia e influencia en términos nacionales que a nivel de OEA o Mercosur. Es decir que, depende de la voluntad por parte de alguna delegación que realiza la invitación de alguno de estos organismos, más que la participación continua de éstos en las instancias regionales. Las invitaciones y la participación efectivamente, como vimos, pueden brindar capacitaciones sobre un tema específico o bien, para dar cuenta de experiencias y resultados de proyectos o programas nacionales apoyados y promovidos por estas organizaciones. Por lo general, tales proyectos o programas están dirigidos a carteras específicas y vinculadas como salud, mujeres y diversidad o desarrollo social en alguno o varios de los Estados. Un ejemplo de esto último ocurrió con el plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (Plan ENIA) en Argentina como en Perú el cual es promovido por el UNFPA. Y, por último, los casos de la OPS y la OMS que ambos organismos ocupan un papel primordial como referencia de lenguaje, sobre todo de lenguaje técnico, respecto a los temas ligados a la salud materna, salud sexual y reproductiva y la prevención del aborto inseguro. A nivel global, además, la OMS elabora y difunde lineamientos básicos sobre aborto para reducir las consecuencias de las prácticas inseguras frente a embarazos no intencionales. Estos lineamientos son guías técnicas para el ámbito de la salud que se traducen en herramientas valiosas cuando, durante las discusiones, se requiere información precisa sobre estos asuntos.