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1 El proceso político del aborto legal en Uruguay

Mario Pecheny, Lilián Abracinskas, Sonia Correa y Susan Wood

Introducción

En 2012, Uruguay adopta una ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que habilita la práctica del aborto en el sistema de salud, a pedido de la mujer hasta la semana doce de la gestación, y luego de la semana doce bajo ciertas condiciones. Uruguay es el primer país de América del Sur que reconoce legalmente este derecho de las mujeres.

El artículo examina el proceso político del cambio legal en materia de aborto en Uruguay, e identifica los alcances, tensiones y limitaciones de la ley aprobada. La hipótesis de interpretación es que la reforma se inscribe en una tradición tutelar del Estado uruguayo, tutela que no desaparece con la ley pero sí que cambia notablemente su contenido: de una tutela represiva a una tutela sanitaria que reconoce derechos. El trabajo de campo, realizado en 2015 en Montevideo con apoyo de IWHC, se basa en 27 entrevistas individuales y colectivas a informantes clave (legisladores/as, dirigentes de partidos y movimientos sociales, profesionales del sector salud, académicas/os, favorables o no a la reforma) y en el análisis de la literatura y documentación (proyectos y textos de leyes, algunas notas periodísticas), y sintetiza aspectos de un informe largo a ser publicado en Uruguay.

De la criminalización a la ley de 2012

El Código Penal uruguayo criminaliza el aborto en 1898. En un breve interregno entre 1934 y 1938, se despenaliza el aborto por razones higienistas. Luego de 1938, el aborto volverá a ser ilegal hasta el año 2012. En 1985, cuando se reinstala la democracia, la apertura política brinda al movimiento feminista un nuevo escenario para plantear sus reivindicaciones, entre las cuales está la IVE. Durante las dos primeras décadas de democracia, se presentan en el Congreso proyectos sobre aborto, que no logran aprobación. En 2008, gracias a la mayoría propia de la alianza de izquierda Frente Amplio, el Congreso aprueba una Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva que incluye capítulos relativos al aborto legal. Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez, veta dichos capítulos y el aborto criminalizado sigue en su estatus quo. En 2012, durante el gobierno de José Mujica, también del Frente Amplio, se aprueba la ley de IVE. El Frente Amplio, para asegurarse que el proyecto salga, accede a modificar el contenido de la ley, haciéndola más restrictiva, volviéndose además el texto más ambivalente respecto de la autonomía reproductiva de las mujeres, como lo muestra el lenguaje inicial de su primer artículo:

El Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.

Aunque el contenido aprobado haya sido restringido, los sectores anti-derechos reaccionan contra la ley en la medida en que reconoce al aborto en el sistema de salud. Al año siguiente de su aprobación, en 2013, proponen una iniciativa de pre-referendo, condición previa requerida para lanzar un referendo popular. La normativa uruguaya requiere que en un pre-referendo participe al menos el 25 por ciento del electorado. Pero al pre-referendo sólo concurren a las urnas el 8,8 por ciento del padrón, y entonces la iniciativa fracasa. La ley queda refrendada por defecto, pues más 90 por ciento se abstuvieron de ir a votar, quitando su apoyo a un referendo que podría haber habilitado la derogación de la ley. A los ojos de la clase política uruguaya, la ley es así definitivamente legitimada por la voluntad popular.

El contexto y el proceso político del aborto

Durante el siglo XX, hay dos grandes partidos, el Nacional o Blanco (más conservador), y el Colorado (más liberal). En los años 1970 se forma el Frente Amplio, integrado por los partidos Socialista, Comunista, y otras variantes de izquierda y demócrata-cristianas. En 2004, por primera vez un candidato del Frente, Tabaré Vázquez, es elegido presidente. Desde entonces y hasta ahora, el Frente Amplio ha ocupado la presidencia del país y ha tenido mayoría parlamentaria propia. La mayoría de los dirigentes del Frente, con excepción de Vázquez, han apoyado la liberalización del aborto. En el partido Colorado, parte de su dirigencia, incluyendo al ex presidente Julio Sanguinetti (que ejerció la presidencia en 1985-1990 y 1995-2000), ha sostenido posiciones liberales, al tiempo que el partido Nacional presenta posiciones más conservadoras. Todos estos partidos se reivindican como laicos.

La tradición laica, que se remonta a las reformas políticas de la primera mitad del siglo XX, se atribuye a las características de la población inmigrante, la sociabilidad urbana, la extendida educación pública, la baja religiosidad, cierto ethos republicano e igualitarista en el que la religión y otros factores diferenciadores no suelen expresarse en la esfera pública. Uruguay ofrece también una historia de salud pública y políticas sociales organizadas desde el Estado. En tal contexto, la construcción de la demanda de aborto legal se comprende a partir de la tensión entre la construcción feminista del aborto como cuestión de derechos y autonomía de las mujeres, y la construcción biomédica y tutelar del aborto como cuestión de salud pública. Esta tensión se va a plasmar en la ley aprobada en 2012. A su vez, ambas construcciones reformistas, la feminista y la tutelar, confrontan con la visión que busca (o buscaba) mantener el aborto en la ilegalidad y clandestinidad.

Los actores

Movimiento de mujeres y feminismo

A fines del siglo XIX se crean en Uruguay las primeras organizaciones de mujeres trabajadoras y grupos feministas en el seno de organizaciones anarquistas. La capacidad organizativa de las mujeres desde muy temprano y durante todo el siglo XX tiene efectos en las normativas legales uruguayas. Luego de la transición democrática, y en especial a partir de las Conferencias Internacionales de Derechos Humanos (Viena 1993), Población y Desarrollo (Cairo 1994), y de la Mujer (Beijing 1995), las organizaciones feministas logran bajar al llano las discusiones y dinámicas, así como las definiciones de los programas de acción acordados en las conferencias internacionales. El aborto se transversaliza así con otras temáticas como educación, violencia de género, trabajo y participación política.

Desde los años 2000, se crean articulaciones, como la Coordinación de Organizaciones para la Ley de Salud Reproductiva y la Coordinadora por el Aborto Legal, y Mujer y Salud-Uruguay (MYSU) y otras organizaciones feministas llevan a cabo sostenidamente creativas acciones e intervenciones públicas. Tales iniciativas amplifican los espacios para debatir socialmente la legalización del aborto e incidir sobre el sistema político, en particular sobre el Frente Amplio, al interpelar no sólo en cuanto a género, salud y sexualidad, sino en cuestiones más amplias de la agenda democrática, el desarrollo y la justicia social.

En el contexto de la ciudadanía democrática y basado en los principios de libertad e igualdad, en relación con el cuerpo, la sexualidad y la reproducción, el aborto como derecho de las mujeres está en el centro de la lucha política feminista. Basta con evocar, entre la gran cantidad de materiales que la organización feminista MYSU produjo en el período, las principales frases movilizadoras de tres campañas gráficas:

  • Aborto en Uruguay. Las mujeres deciden, la sociedad respeta, y el Estado garantiza (Publicación MYSU del 2007, y afiche del año 2004)

  • Mientras ellos ponen las condiciones, nosotras ponemos el cuerpo (Campaña MYSU 28 de septiembre de 2012)

  • Libres para decidir (Campaña MYSU 28 de septiembre de 2013)

En el centro de las luchas feministas está el aborto, y en el centro de la lucha por el aborto están los derechos de las mujeres. No se trata de una visión victimista, sino que se basa en el reconocimiento de una problemática social, la legitimación ciudadana de los derechos sexuales y reproductivos, la conflictividad de la inequidad de género, y una perspectiva integral de los derechos humanos, con un Estado que debe garantizar la titularidad y el ejercicio de los derechos. En este marco surgen y se desarrollan también nuevas expresiones feministas jóvenes, grupos de la diversidad sexual y de derechos, y vertientes comprometidas con la política queer. Como en otros países, grupos trabajan en consejería pre y post-aborto, básicamente a través de líneas telefónicas, como las Mujeres en el Horno, que desde antes de la ley de 2012 manejaban una línea de aborto seguro.

Por último, dada la tradición de amplia participación política de las mujeres, cabe mencionar la paradoja de que, en Uruguay, el porcentaje de mujeres que integran las cámaras legislativas ha sido históricamente uno de los más bajos de la región: menor al diez por ciento en las primeras décadas de transición democrática, recién en 2009 aumenta a 15 diputadas electas (15,2%) y 4 senadoras (12,9%), para alcanzar en 2015, luego de una elección que tuvo cuotas de inclusión por género en las listas, 19 diputadas (17,9%, sobre un total de 106) y 10 senadoras (27,0%, sobre un total de 37); varias suplentes en realidad asumieron bancas al pasar los titulares a ocupar cargos en el nuevo Poder Ejecutivo (Programa de Estudios Parlamentarios UDELAR, 2016). A pesar de existir desde hace más de una década una Bancada Bicameral Femenina (Johnson, 2009), todavía son pocas las mujeres que ocupan cargos políticos altos.

El sistema de salud y los actores médicos

El sistema actual de salud de Uruguay sigue una tradición de salud pública, con una presencia clave del Estado. En 2008, se lanza una reforma con el fin de promover cambios en el modelo de cobertura, gestión, atención y financiamiento, mediante dos herramientas: el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como organización de la red asistencial público-privada de servicios, y el Fondo Nacional de Salud (FONASA) que lo financia con fondos de un seguro público obligatorio. Uruguay busca de este modo avanzar hacia el aseguramiento sanitario universal. El proceso de la reforma del sistema de salud coincide en el tiempo con la intensificación del debate sobre aborto. La reforma amplía la cobertura, integra el sistema público y de las asociaciones mutualistas que constituyan el grueso de la red de salud no estatal del país, y estabiliza la financiación pública. El carácter integrado del sistema de salud implica que las normativas sanitarias sean vinculantes para todos los efectores, tanto los prestadores públicos como aquellos que dependen del seguro privado pero que están regulados por el Ministerio de Salud Pública.

La presencia histórica y organizada de una perspectiva sanitarista de salud pública con liderazgo y articulación desde el Estado se refleja en corporaciones y figuras médicas con alta visibilidad, incluso con protagonismo en el sistema político: el propio Tabaré Vázquez es médico oncólogo y ha hablado desde su lugar de médico para justificar sus decisiones políticas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Los liderazgos desde el Ministerio de Salud han jugado un papel clave en los procesos legislativos y reglamentarios del aborto. En articulación con el Ministerio, la experiencia de Iniciativas Sanitarias, organización creada a inicios de los años 2000, ocupa un lugar que es a la vez profesional, de la sociedad civil y del Estado. Iniciativas Sanitarias será clave en la introducción de una perspectiva de reducción de riesgos y daños para abordar el tema del aborto inseguro.

El proceso de reforma legal

Hasta los años 2000

La ley uruguaya de 1938 que criminaliza el aborto (Ley N° 9.763), vigente hasta 2012, define el aborto como delito, y considera que la pena puede ser atenuada o eximida por un juez, cuando fuera realizado por un médico, en los casos de violación, honor de la familia, penuria económica y riesgo de vida para la mujer, hasta los tres meses de gestación, y en el caso de riesgo de vida de la mujer, sin plazo. Pero en los cuatro años anteriores a 1938 el aborto había estado despenalizado, por razones sanitarias. La marca de esa experiencia previa de despenalización, junto con una extendida tolerancia social, explica en parte por qué la ley punitiva de 1938 nunca fue aplicada con rigor (Sanseviero, 2003).

El statu quo se mantuvo hasta la vuelta a la democracia. El primer proyecto que se presenta fue elaborado en 1985 por representantes del Partido Colorado, en una perspectiva liberal de descriminalización para ajustar “la ley a la realidad”. En 1993, un segundo proyecto de descriminalización amplia elaborado junto con la abogada feminista Graciela Dufau fue presentado por el diputado comunista del Frente Amplio Rafael Sanseviero y la diputada Carmen Beramendi. El proyecto descriminalizaba el aborto, excepto en caso del aborto forzado. Su tramitación coincide con la repercusión pública de la muerte de una mujer por aborto inseguro. En 1994, la Comisión de Bioética aprueba el proyecto con modificaciones, pero no llega al plenario. Cuatro años más tarde, en 1998, bajo el impacto de una investigación sobre clínicas clandestinas, la diputada Frentista Raquel Barreiro retoma el proyecto, pero sin apoyo de las mayorías parlamentarias, la tramitación no prospera. Esas “frenadas” estaban asociadas a resistencias ideológicas de las bancadas del Partido Colorado y Nacional, pero también al temor que tenían dirigentes del Frente Amplio de asumir la pauta del aborto en momentos electorales (Johnson et al., 2015).

Años 2000-2009

En el auge de la crisis económica del cambio de milenio, se registran muertes de mujeres por complicaciones de aborto clandestino. En 2001, muertes registradas en el Hospital Pereira Rossell, llaman la atención pública, lo que cataliza la organización de una respuesta desde el propio Hospital. La consolidación institucional de una voz médica en defensa de la descriminalización del aborto es un hecho político clave. Estructurada en torno a la idea de reducción de daños y riesgos, e inspirada en la respuesta a los daños asociados al consumo de drogas en el contexto del VIH/sida, esa línea de intervención propone que, dado que el aborto es una realidad, para evitar muertes y otros daños asociados a su práctica insegura, los médicos y el sistema de salud deben ofrecer a las mujeres información y medidas para prevenir riesgos mayores y complicaciones.

Organizados desde 2001 en torno de Iniciativas Sanitarias, profesionales de la salud comprometidos con el tema, como Leonel Briozzo, comienzan a promover un modelo de salud pública de reducción de riesgos y daños en materia de aborto: acciones de consejería pre- y post-aborto, y progresivamente guías de atención para abortos incompletos hasta nuevos reglamentos y normas. Desde Iniciativas Sanitarias logran involucrar, en el consenso por un Protocolo de Atención, a la Sociedad Uruguaya de Ginecología, el Consejo de la Facultad de Medicina y el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Uruguay. Ese esfuerzo cuenta con la colaboración de actores no médicos y en diálogo con las organizaciones feministas. Por efecto de esas movilizaciones, en agosto de 2004, apenas meses después de que un proyecto de aborto fuera derrotado en el Parlamento, el Ministerio de Salud adopta un Protocolo en esta línea de reducción de riesgos. El modelo impulsado desde el sector profesional se presenta como una alternativa posible para encarar el aborto desde un lugar no punitivo, aun en un contexto hostil a la liberalización legal y al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Lo que logramos fue que claramente se entendiera el modelo, de que el modelo no estaba a favor del aborto, no promovía el aborto, (…) sino que lo que nosotros queríamos era reducir los riesgos y los daños y que no íbamos a participar del acto de aborto en sí mismo, porque eso era lo que desde el punto de vista ético se criticaba. Y logramos probar, que fue muy difícil, que con el asesoramiento se disminuía el riesgo. (…) Desde el punto de vista de la salud, lo planteamos siempre desde la óptica sanitaria, sin entrar en el derecho a decidir y lo hicimos con esta perspectiva. Con el modelo de reducción de riesgos y daños lo que logramos es disminuir la muerte materna (Leonel Briozzo).

Las organizaciones feministas también se movilizan en la crisis de las muertes maternas de 2001-2002. Desde MYSU, por ejemplo, se venía trabajando con ginecólogas del Hospital Pereira Rossell en relación con el incremento de los problemas derivados del aborto clandestino, pero también con algunas parlamentarias para volver a impulsar la despenalización. En el seno del movimiento sindical, en el Séptimo Congreso de PIT-CNT del año 2001, la central única de trabajadores, ligada al Frente Amplio, adopta una resolución favorable al aborto legal. La interacción entre organizaciones feministas y las mujeres sindicalistas fue instalando la demanda, hasta hacerla una bandera central del movimiento obrero. El primer vínculo entre feministas como MYSU y compañeras sindicalistas fue desde la Comisión Nacional de Seguimiento de Beijing (CNSmujeres, creada en 1995), donde se trabajó en la elaboración de la Agenda de las Mujeres y desde 2012 hasta hoy con la organización de Jornadas Nacionales por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos. Los sindicatos destacan la injusticia social que implica la clandestinidad del aborto, pues son mujeres de la clase trabajadora las que a menudo carecen de recursos para pagar un aborto clandestino en condiciones de seguridad, y son mujeres de la clase trabajadora las víctimas fatales de los abortos clandestinos.

Tanto el contexto político general como el accionar de los movimientos sociales van contribuyendo a la apertura de las instituciones y nuevos sectores sociales a la oportunidad de demandar la legalización del aborto. En 2002, durante el gobierno de Batlle, se aprueba una Ley de Violencia Doméstica y Sexual, al tiempo que se fortalece la llamada bancada femenina, integrada por legisladoras de todos los partidos políticos. En respuesta a la crisis de las muertes maternas por aborto, legisladoras de la bancada femenina (como Glenda Rondán, de un sector Colorado enfrentado en este punto con Batlle, y Margarita Percovich del Frente Amplio) presentan un proyecto de ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, que incluye la despenalización del aborto. Por primera vez, un proyecto de despenalización consigue llegar al plenario, siendo aprobado en Diputados en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en mayo de 2004 cuando llega al Senado, la propuesta es derrotada por 4 votos, aun cuando encuestas de opinión indicaban que el 63 % de la población apoyaba la reforma (Abracinskas et al. 2008). En la votación se hace público que si hubiese sido aprobado el proyecto, el Presidente Batlle lo habría vetado, en función de un acuerdo político previo realizado en 1999 con la Unión Cívica para contar con sus votos para el ballotage, instancia incluida en la reforma electoral de 1996. Senadores oficialistas del Partido Colorado históricamente favorables a la despenalización, invocando el argumento de “no forzar el veto presidencial” de Batlle, votan en contra del proyecto.

Pese a la derrota en el Senado de mayo de 2004, y para contrarrestar sus efectos, el Ministerio de Salud, adopta en agosto del mismo año la normativa mencionada más arriba para implementar una política de reducción de daños en relación con el aborto inseguro, tal como fuera concebida por Iniciativas Sanitarias. Simultáneamente, otras articulaciones estratégicas se desarrollan entre sociedad civil y Estado en materia de derechos reproductivos, como por ejemplo la colaboración entre MYSU y otras organizaciones con la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo.

Como resultado de estos procesos, se hacen más numerosas las voces políticas favorables a la legalización, especialmente de mujeres parlamentarias, sostenidas en una base social más movilizada por las feministas que estaba ya consolidada involucrando sectores estratégicos como sectores sindicales y universitarios.

En 2004, el contexto macro político de Uruguay cambia cuando el Frente Amplio gana las elecciones presidenciales, con Tabaré Vázquez como candidato. Ante ese nuevo panorama, las fuerzas pro legalización pasan a contar con una composición del Congreso más favorable, puesto que el Frente cuenta con mayoría propia, pero al mismo tiempo anticipan la amenaza de que el presidente Vázquez vete cualquier proyecto de despenalización que logre aprobarse. El presidente electo hace esa amenaza públicamente en el 2005 en un momento que coincide con la muerte del Papa Juan Pablo II. Ese gesto no es suficiente para intimidar a las mujeres parlamentarias y otros senadores y diputados favorables al cambio legal, en parte porque el aborto, ítem incluido en la plataforma política frentista, ya es demanda de un extenso conjunto de movimientos sociales y universitarios. No sorprende, por lo tanto que en 2006, al año de asumir su primera experiencia en el gobierno y con mayoría propia en el congreso, desde el Frente se inician gestiones para presentar un nuevo proyecto similar al texto derrotado bajo el gobierno de Batlle.

En un proceso parlamentario que va desde 2005 al 2008, aun con la oposición del presidente Vázquez, se presenta un proyecto amplio de ley y empieza su trámite en el congreso. La propuesta contempla, desde una perspectiva de derechos, la política de salud sexual y reproductiva en todos sus aspectos, incluye medidas de reducción de daños y hace definiciones en cuanto a su implementación en el sistema público de salud. El capítulo 2 trata de la despenalización del aborto a pedido de la mujer, hasta las doce semanas de gestación, y con plazos más extendidos en los casos de riesgo de vida de la mujer y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Después de debates intensos, acompañados por manifestaciones de la sociedad a favor y en contra, el Senado aprueba el proyecto que pasa a Diputados para su exitosa sanción final, en noviembre de 2008.

El presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, contra lo militado y votado por su propio partido, veta la sección de la ley que concierne al aborto. El veto, debe consignarse, no fue acompañado por la firma del conjunto del gabinete de ministros. Lo firman sólo tres ministros de trece, una señal de los conflictos internos al Frente provocados por la férrea hostilidad del presidente ante el tema. Si sólo tres ministros apoyan el veto, luego fue sólo con la firma de la Ministra de Salud María Julia Muñoz, dado que los otros dos eran de Turismo y Deporte, e Industria y Energía, carteras sin incumbencia en el tema. Las ministras de Educación y Cultura María Simón, y del Interior Daisy Tourné, no acompañan el veto.

La semana siguiente a la sanción de la ley, el 14 de noviembre de 2008, el presidente Vázquez envía a la Asamblea General del Parlamento (ambas cámaras reunidas) una carta donde explica por qué sanciona la ley pero veta el articulado sobre despenalización del aborto. El Presidente no evoca razones de orden religioso, sino una argumentación laica que se pretende dar en términos “científicos”, jurídicos y de derechos humanos (Banfi Vique et al., 2010).

La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. (…) Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos –incluido el nuestro– el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’ para determinar la identidad de las personas (…) (Veto del Presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, a la ley de Despenalización del Aborto, 2008).

Con el veto, como señala el analista Bottinelli (2010), paradójicamente:

El Presidente quedó (…) enfrentado a la gran mayoría de los miembros de su Consejo de Ministros y a la casi totalidad de los parlamentarios de su partido, el Frente Amplio, a la vez que fue apoyado por la oposición: el Partido Nacional en su totalidad, la casi totalidad del Partido Colorado y el único parlamentario del Partido Independiente.

Las consecuencias del veto se ven primero en el seno del propio Frente. El Partido Socialista (PS), partido de Tabaré Vázquez, que entre sus consignas incluye la despenalización del aborto desde el año 1939, repudia la decisión presidencial. Ello lleva a Vázquez a desvincularse del PS, aun cuando permanecerá como miembro del Frente Amplio en calidad de ciudadano independiente (y en representación del cual será electo nuevamente presidente). El veto produce malestar también en los movimientos sociales. La reacción pública en rechazo al veto se materializa en una concentración, auto-convocada y promovida por las organizaciones sociales de la Coordinadora de aborto legal, de miles de personas en la Plaza Cagancha (Plaza Libertad). El veto es objeto de críticas por el retroceso en derechos de las mujeres, y porque en la cultura política uruguaya, tendiente al respeto de los consensos alcanzados, se percibe el acto mismo de vetar como autoritario (“monárquico”, según uno de nuestros entrevistados), más propio de fuerzas de derecha que de un frente de izquierda y plural. Si la imagen de Vázquez no se ve favorecida por el veto, tampoco le trae pérdida de popularidad en la población ni costo electoral, aunque sí como vimos malestar en sus propias filas. A las y los representantes del Frente Amplio, el veto no sólo les deja desánimo o enojo, sino una deuda pendiente para cuando los vientos políticos sean más favorables. Esos vientos llegarían con la presidencia de José Mujica, a partir del año 2010.

Los años 2010-2012: nuevos esfuerzos hacia la reforma

El veto produce frustración, pero no por ello las feministas interrumpen su labor de mantener la agenda viva, ampliar el debate y articular con actores. En 2009, por ejemplo, se realiza una movilización desde MYSU coincidiendo con el año de elecciones, centrada en un acto artístico-político en el cual mujeres con su torso pintado y con consignas en sus espaldas, intervienen en varios lugares de la ciudad (casa de gobierno, plazas públicas, Parlamento) y la seguridad es realizada por el PIT-CNT. La campaña luego continuaría en coordinación con sindicalistas del PIT-CNT.

En la militancia partidaria se va preparando el terreno para una nueva propuesta de reforma. En diciembre de 2008, en vistas a las elecciones del año siguiente, la plataforma del Frente Amplio incluye la despenalización del aborto, y los integrantes de la fórmula presidencial en campaña, Mujica y Astori, ratifican que no vetarían una ley de aborto (ambos, como senadores, habían votado a favor del proyecto vetado por Vázquez).

Desde la Subsecretaría Nacional de Salud, que luego va estar a cargo de Leonel Briozzo, y desde los servicios en el Hospital Pereira Rossell, se intensifican las acciones asistenciales (consejerías), reglamentarias y de protocolos para consolidar la perspectiva de reducción de riesgos en materia de aborto. Cuando en septiembre de 2010 se reglamenta la ley de Salud Reproductiva (la ley de 2008 que tenía los capítulos de aborto vetados), se genera un debate entre el Ministerio de Salud y los sectores conservadores puesto que la reglamentación incluía además de los puntos relativos a anticoncepción, etc., indicaciones para consejería pre y post-aborto, en la línea de la reducción de riesgos.

En ese clima, y considerando que el Frente tenía mayoría en ambas cámaras, la Senadora socialista Mónica Xavier presenta un nuevo proyecto de ley de legalización del aborto, que recibe tratamiento parlamentario a fines de 2011. El proyecto promovido por Xavier y la senadora Constanza Moreira (Espacio 609 del Frente Amplio), que se complementa con otro proyecto de despenalización presentado por Álvaro Vega (MPP, también del Frente Amplio), en base a premisas de derechos y autonomía reproductiva, descriminaliza el aborto en las condiciones previstas por la ley, garantiza el acceso libre y sin requerir razones taxativas a la interrupción del embarazo en el sistema de salud hasta la semana doce, e incluye el principio de objeción de conciencia individual, pero obliga a la provisión de los servicios de personal no-objetor. Para las extranjeras se requiere una antigüedad de residencia de al menos ocho meses, y no se incluye requisito de consulta profesional o espera mínima para reflexionar sobre la decisión. El proyecto cuenta con la firma de 13 senadores del Frente (sobre un total de 17) y uno del Partido Nacional. Luego de consultas, el 27 de diciembre de 2011 el Senado aprueba la ley, con 17 votos a favor y 14 en contra. En febrero de 2012 pasa a Diputados. Durante la primera mitad de 2012, se registran dos muertes por complicaciones de aborto, cuya cobertura mediática da nueva visibilidad a los riesgos del aborto inseguro.

Cuando llega a Diputados, la negociación de la ley se da a puertas cerradas al ámbito partidario y parlamentario. La sociedad civil presiona desde afuera, con poca posibilidad de diálogo directo. A diferencia de los procesos legislativos anteriores (2004 y 2008), con fluida comunicación entre feministas y parlamentarias/os, en 2012 esa interacción se restringe, entre otra razones porque la relación Frente Amplio–sociedad civil “autónoma” está ahora mediada por activistas con doble militancia (social y partidaria, algunos de los cuales habían ingresado al congreso como suplentes en Diputados). La negociación incluye también interlocutores en el ámbito de la salud, como el Vice-Ministro Leonel Briozzo, defensor del modelo de reducción de riesgos y daños.

Según señalara la senadora Mónica Xavier, en esa etapa definitoria prima para ellos la lógica “realista” de la negociación con tal que la ley pueda salir, en las no elegidas condiciones de correlación de fuerzas políticas e institucionales existentes. Esa estrategia pragmática y que sigue en parte el modelo de Iniciativas Sanitarias, es funcional al propio Frente Amplio, al permitirle invisibilizar el hecho de que, producto de sus acuerdos electorales, hay en su bancada representantes confesionales.

Como resultado, cuando el proyecto proveniente del Senado es tratado finalmente en Diputados, sufre modificaciones. Debido a que, por el solo voto del diputado Frenteamplista Lima (que había declarado que no iba a votar en contra de sus propias convicciones religiosas ni dejar en su lugar a un suplente), el Frente no tiene la mayoría necesaria para su aprobación. Aun contando a priori con mayoría propia en la cámara, el Frente no aplica en este caso la disciplina partidaria: según explican, el Frente suele darse flexibilidad interna como “táctica” en temas puntuales para preservar la cohesión “estratégica” de su Unidad en la Acción. Sabiendo de un voto positivo negociable de un miembro de otra bancada, el Frente busca asegurarse ese faltante voto 50. La negociación se hace con Iván Posada, del Partido Independiente, expresión demócrata-cristiana del espectro político. Posada, que había presentado su propio proyecto, acepta votar positivamente siempre y cuando se incluyan disposiciones que constan en el suyo, las cuales suponen al aborto legal como un mal menor y recurso sólo de última instancia.

Las organizaciones feministas, y en general el conjunto de organizaciones de la sociedad civil favorables al aborto legal, veían con malos ojos no solamente el cariz más restrictivo y el lenguaje más conservador, sino la propia forma de negociación: a puertas cerradas, al interior de la clase política. En ese marco, se realizan manifestaciones públicas de las organizaciones feministas, en alianza con otros sectores como el PIT-CNT o el movimiento estudiantil, en protesta ante las concesiones que traía la negociación parlamentaria del proyecto, consideradas por MYSU como una muestra de que el Parlamento había “dado la espalda” a los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, otros sectores del feminismo, no obstante participar de las acciones de agitación, terminan por acercarse a la postura “realista” del viceministro Briozzo de obtener la medida negociada “sin radicalismos”.

Y finalmente la ley se aprueba. Considerando la “correlación de fuerzas” y la oportunidad determinada por el timing político (es decir, que bajo José Mujica había condiciones que se acabarían con Tabaré Vázquez), el Frente acuerda la inclusión de disposiciones más condicionantes del proceso de IVE. El 25 de septiembre de 2012, la votación resulta en 50 votos a favor y 49 en contra. El 17 de octubre, el Senado ratifica el proyecto proveniente de Diputados, con las negociadas modificaciones.

El contenido de ley

La Ley 18.987 del año 2012 de IVE establece que el aborto es legal en las condiciones y los plazos siguientes: a solicitud de la mujer, hasta las 12 semanas de gestación; en caso de violación acreditada con la denuncia judicial, hasta las 14 semanas; en caso de grave riesgo para la salud de la mujer y en caso de malformación fetal incompatible con la vida, los límites no aplican. Fuera de tales condiciones y plazos la práctica del aborto sigue siendo considerada un delito, por lo tanto ilegal y punible.

En los casos de hasta 12 semanas y a solicitud de la mujer, la mujer debe consultar con un equipo de tres profesionales de salud y esperar al menos 5 días antes de recibir las orientaciones de un/a ginecólogo/a, para abortar con medicamentos o ser sometida a una intervención. La ley permite la objeción de conciencia de las y los profesionales que así lo indiquen, así como la opción de que instituciones prestadoras de servicios de salud invoquen la llamada objeción de ideario institucional.

En Uruguay y el resto de América Latina se ha celebrado la reforma como una victoria de la lucha por el derecho al aborto, y cuando en 2013 se la amenaza mediante el intento de referéndum, la ley que habilita a servicios legales y seguros fue defendida con mucha energía. Sin embargo, en varias de nuestras entrevistas se señalan limitaciones de la ley. Por ejemplo, el ex diputado Rafael Sanseviero considera que:

La ley no despenaliza el aborto. Siguen vigentes los tres artículos en el código penal de 1938 que criminalizan a las mujeres que abortan. (…) La ley no despenalizó, abrió una ventana de oportunidad para que mujeres con mayor capital social puedan hacer abortos hasta las doce semanas. Y además hay contenidos de la ley que son lesivos de su dignidad, porque implica re-subordinar las mujeres al orden médico, al sistema de salud. La ley, a mi modo de ver, ilustra una esquizofrenia uruguaya clásica: de un lado tipifica un crimen, y del otro legaliza (Rafael Sanseviero).

Varias feministas cuestionan el límite estricto de las 12 semanas, pensando por ejemplo en aquel aborto con la combinación Misoprostol+ Mifespristona que no termina de completarse, aun cuando la mujer haya seguido los procedimientos legales. En relación con la interrupción de un embarazo resultante de violación, hay críticas al límite de 14 semanas, así como el requerimiento de la denuncia judicial, pues consideran problemático tanto la posible demora como que el testimonio de la mujer no sea considerado suficiente. Critican asimismo las condiciones impuestas por la ley según las cuales la mujer tiene obligatoriamente que consultar un equipo de tres personas, y guardar cinco días de reflexión, antes de concretar su decisión: todo ello supone duda en cuanto a la capacidad ética de las mujeres para decidir por sí solas sobre su vida reproductiva. Otra preocupación refiere a los riesgos para la confidencialidad que implican los procedimientos, especialmente en ciudades donde “todos se conocen”, a que trascienda la decisión o práctica de abortar, con el estigma que a veces tiene para las mujeres y aun para los profesionales.

Uno de los mayores inconvenientes identificados son los efectos de la objeción de conciencia, que está limitando el acceso en algunos puntos del país (MYSU, 2015). Por ejemplo, en Salto, a 2015, se han declarado objetores todos los médicos ginecólogos del Departamento, profesionales que la ley requiere sine qua non para la consulta previa y la práctica. En Montevideo, dos centros de salud religiosos han declarado su objeción de ideario institucional. Esas instituciones, que forman parte del sistema integrado de salud, no practican ni asesoran en materia de interrupción de embarazo. Las mujeres están habilitadas a cambiarse de institución: pero ello trae problemas de confidencialidad, amén de resentir la calidad de una atención en salud que se pretende integral.

Desde una perspectiva de salud pública, Leonel Briozzo, Profesor en la Universidad de la República y Jefe de Servicio en el Hospital Pereira Rossel, que en 2012 fuera Subsecretario (vice Ministro de Salud), también critica el plazo de cinco días y otros aspectos de la ley:

El hecho de que la mujer tenga que ser vista por tres profesionales desconoce que en la práctica del sistema en el manejo de ese tema, el profesional médico sabe cuándo la mujer necesita o no ser vista por otro profesional. El hecho de que todas las mujeres tengan que ser vistas por todos es homogeneizar situaciones que no son homogeneizables. En una realidad sanitaria que tenía más de diez años de experiencia de reducción de daños, eso no era necesario. Otro punto problemático son los cinco días de espera como regla. En algunos casos, eso puede tener sentido, pero en otros no. Finalmente, la ley requiere que la consulta final sea hecha por ginecólogos, cuando podrían ser médicos generales, pediatras. Esa definición pone mucha carga sobre los setecientos y pocos ginecólogos que hay en el país (Leonel Briozzo).

Las críticas a la ley refieren asimismo la exclusión discriminatoria de las mujeres migrantes que no puedan acreditar un año de residencia en el país.

2013 y después

Ni bien se aprueba la ley, sectores hostiles al reconocimiento de la IVE organizan iniciativas tendientes a derogarla: una Comisión impulsada por dirigentes del Partido Nacional solicita el veto de Mujica y también plantea la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad o recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde ese partido surge la Comisión Pro Referéndum con la apuesta por recolectar firmas, votar un pre-referéndum y someter la derogación de la ley al voto popular. Esa movida tuvo el apoyo de las dirigencias del partido Blanco y del Colorado, y de Tabaré Vázquez, junto a personalidades de la Universidad de Montevideo y de la Católica del Uruguay, próximas al Opus Dei.

En marzo de 2013, los sectores anti-derechos juntan las firmas necesarias. En esos primero meses de 2013, las feministas se plantean posturas diversas respecto de si involucrarse en el debate público o apuntar a “no hacer olas”. MYSU y otras organizaciones, como el movimiento sindical, considerando además que el sector anti-derechos encuentra eco en medios de comunicación concentrados, optan por dar la batalla ideológica. Se convoca nuevamente a las organizaciones sociales y se lanza en el Paraninfo de la Universidad la campaña Yo no voto, ¿y vos? La campaña apunta a la defensa de los servicios seguros: Si tu hija, tu pareja o tu hermana tuvieran que abortar ¿Dónde querrías que lo hicieran?.

En junio se hace el pre-referéndum, que fracasa por la concurrencia ciudadana menor al 9 por ciento. La baja concurrencia, menor al piso legal del 25 por ciento de participación, echa por tierra la iniciativa y consolida “por defecto” la legitimidad de la ley votada en el Parlamento. El aborto legal se consolida así más allá del voto del congreso.

El fracaso del pre-referéndum de 2013 no cierra el ciclo de peleas políticas en torno al aborto. Ese mismo año, un grupo de profesionales de salud presentan ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo (TCA) un recurso para impugnar 11 de los 42 artículos del Decreto reglamentario de la ley, el Nro. 375 de noviembre de 2012 que, a partir de definiciones de confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la autonomía de la mujer, apunta a prevenir interpretaciones aún más restringidas del texto legal aprobado.

El fallo del TCA vuelve a colocar restricciones: establece que los profesionales que actúan en el equipo IVE deben hacerlo de forma conjunta y simultánea, y no de forma consecutiva como habilita el decreto. El plazo de cinco días de reflexión debe comenzar a partir de la consulta con el equipo profesional y no desde el primer día de contacto con uno de los profesionales como sucedía hasta entonces, lo cual prolonga los plazos para resolver la interrupción. Se enfatiza que debe consultarse a la mujer acerca del co-progenitor y la posibilidad de que éste sea consultado; los profesionales objetores pueden no participar en ninguna de las instancias del proceso IVE, pero sí pueden informar a la mujer sobre los riesgos del aborto exponiéndolas a la interferencia en función del sistema de creencias y valores de los profesionales objetores. El fallo establece además que los objetores sólo deberán intervenir cuando hay “grave riesgo de salud de la mujer” y no desde la interpretación amplia de las dimensiones psico-sociales de salud estipuladas en el decreto. Del lado positivo, el fallo exige que los profesionales que adhieran al recurso de objeción lo hagan por escrito y que el Ministerio tenga la nómina de los profesionales objetores. 

En 2014 el Poder Ejecutivo de Mujica apela la decisión, que no suspende de inmediato la implementación de la ley, pero en agosto de 2015, la instancia superior del TCA emite su decisión final que ratifica el fallo anterior (Berro Pizzarossa, 2015). Esa decisión es inapelable. En reacción, MYSU emite una nota pública, que recoge inmediato apoyo nacional e internacional de numerosas organizaciones, en la que critica la interpretación judicial:

Así como la ley pretendió salvaguardar la “conciencia” de algunos legisladores/as por sobre la libertad de decisión de las mujeres, el fallo del TCA optó por favorecer a aquellos profesionales que le dan la espalda a las necesidades y los derechos de aquellas que cursan un embarazo no deseado. (…) El fallo refuerza una de las principales barreras para efectivizar los abortos en Uruguay, afectando directamente a aquellas mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad (MYSU, s/f).

Desde diciembre de 2014, otra amenaza a la Ley de IVE está en curso, en el Poder legislativo. Al comienzo de mes la prensa uruguaya informa que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación y Administración había aprobado una propuesta de reforma del Código Penal de 1938, en vistas a enviarla a plenario para votación inmediata. Ese proceso de reforma del Código Penal, que viene desde el primer gobierno de Tabaré Vásquez, está conducido en esa primera etapa por una Comisión de Juristas; ni bien asume Mujica, el proyecto pasa a la Comisión parlamentaria. Es decir, el proceso de reforma penal corre en paralelo a los intensos debates sobre aborto de 2004-2012. Sin embargo, ese largo proceso de debate legislativo sobre la IVE no se refleja en el texto que elabora la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación y Administración. El texto aprobado el 3 de diciembre de 2014 informa, en un pie de página, que en relación al aborto, el texto no va a innovar las disposiciones de 1938, en razón de que le corresponde al poder legislativo resolver específicamente la cuestión (y no en medio de una reforma general). Si esa nota puede tener algún sentido antes de 2012, lo pierde luego de la votación de la Ley de IVE. Es significativo además que el capítulo referente al aborto se haya nombrado como relativo a la “defensa de la vida pre-natal”. Hay señales pues de que las fuerzas contrarias al aborto legal han influido de forma directa en el proceso de reforma del código.

Entre Navidad y Año Nuevo del 2014, MYSU es informado por la prensa de que el texto estaba en vías de ser votado en plenaria de diputados, y convoca a las organizaciones sociales aliadas para frenar el proceso. La señal de alerta no sólo es en relación al aborto, sino a múltiples problemas del texto del código en relación a violencia sexual, de género, explotación sexual infantil, derecho a la protesta social, delitos de lesa humanidad, acceso a la información. La votación del texto se posterga para período legislativo posterior.

La crítica de la propuesta de reforma del Código Penal de Uruguay sobrepasa las fronteras nacionales. En enero de 2015 y a raíz de los sesgos de género del proyecto presentado en diciembre de 2014, tres organizaciones sociales solicitan audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión concede la audiencia para marzo de 2015, durante su 154º Período de Sesiones. Participan de la audiencia Lilián Abracinskas, de MYSU, la abogada feminista Marina Morelli, de Mujer Ahora (organización que trabaja en violencia de género) y la abogada especializada en derechos de niños/as y adolescentes, Lilián Curbelo, de la organización IACI. El debate, centrado en cuestiones de violencia doméstica y sexual, también aborda el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el sentido de evitar la criminalización del aborto, y tipificar abusos y violaciones relacionadas con esterilización e inseminación forzadas, y violencia obstétrica (CIDH, 2015). La comisión en su informe de la 154ª. Asamblea recoge lo planteado por la delegación de la sociedad civil, sugiere al estado uruguayo generar instancias de participación para el proceso de reforma y se pone a disposición para facilitar el material disponible en materia de normativa regional en relación a justicia de género y de otros asunto involucrados.

Todas estas movidas políticas en contra de la Ley de IVE apuntan a aspectos cruciales de las disputas en torno a la autonomía reproductiva de las mujeres. El primer aspecto a señalar es que esas disputas “nunca se terminan”. El segundo aspecto es que casi siempre las disputas se dan en varios frentes simultáneos, porque las fuerzas contrarias al aborto legal tienen la capacidad de jugar en distintos espacios a la vez, lo cual obliga a invertir la atención y capacidad de intervención estratégica en espacios diferenciados. Finalmente, la demanda y fallo del TCA indican que está en curso la judicialización del tema en un país en el cual no existe mucha tradición de litigio jurídico estratégico y donde, hasta ahora, prevalecía una perspectiva que privilegia los consensos legislativos como fuente de producción de consensos sociales duraderos. Esa no es una inflexión trivial.

El aborto en el sistema de salud: de 2012 a hoy

Inmediatamente luego de la sanción, las autoridades del Ministerio de Salud proponen un decreto reglamentario que, sin salirse de los cauces que estipula la ley, haga de la IVE una práctica lo más accesible posible. Como mencionamos, el Decreto 375 de noviembre de 2012 insiste en los principios de confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la autonomía de decisión de las mujeres, principios que apuntan a colocar un contrapeso a algunas definiciones problemáticas del texto de la ley 18.987 y que serán objeto de la demanda reaccionaria ante el TCA. El Decreto también establece la regla básica de que la IVE se lleve a cabo, salvo en caso excepcionales, mediante lo que se conoce como aborto medicamentoso, o sea una combinación de Misoprostol y Mifepristona cuyo nombre de mercado es Marisprin. Eso significa que el rol del médico en la gran mayoría de los casos de IVE es de brindar dos consultas y prescribir el medicamento (sólo puede hacerlo el médico), una forma de tutela que prevalece no ya en el proceso de decisión para interrumpir el embarazo sino en las técnicas y procedimientos para llevar a cabo la decisión.

A 2016, hay registros estadísticos de IVE dentro del sistema de salud, pero no hay datos sobre la persistencia de abortos ilegales (todos los que sean practicados por fuera del sistema y/o por fuera de las condiciones previstas en la ley), ni cuántos han requerido legrado, ni de cuántas hospitalizaciones por complicaciones de abortos se han producido en el país. Tampoco hay datos sobre el número y tipo de consultas a las consejerías pre y post-aborto una vez aprobada la ley. MYSU y otros señalan que es imperioso contar con una estimación epidemiológica para detectar en qué medida siguen habiendo abortos por fuera del sistema de salud, a menudo más riesgosos. En particular, pues el registro de 6986 abortos legales en 2013 y de 8500 en 2014 (Ministerio de Salud, 2015) contrasta con la estimación de 33000 abortos (6000 en el sector público, 27000 clandestinos) estimados en 2003 por Sanseviero et al. para el año 2000 en Uruguay (AUPF-RUDA, 2008: 33). A modo de evidencia puntual, en febrero de 2016, una joven de 21 años muere como consecuencia de un aborto incompleto en el segundo trimestre (El País, 24/02/2016).

En el área metropolitana de Montevideo, en la Red de Atención Primaria que ya venía implementando, de modo parcial pero sostenido, consejería y abortos en los casos autorizados desde antes de la ley de 2012, la reforma consolida los servicios y prestaciones de aborto desde un punto de vista institucional, al tiempo que brinda seguridad, “alivio” tanto a profesionales como a las mujeres, como sintetizaran nuestras entrevistadas de dicha Red.

Cuando los servicios y profesionales son amigables, se hace de necesidad virtud, y las consultas y tiempos que exige la ley pueden transformarse en una oportunidad para enfrentar estigmas y pesos subjetivos que siguen dándose en relación con el aborto.

Las mujeres quieren contar por qué (decidieron abortar), capaz que faltarán muchos millones de años, veinte, treinta años para que una mujer diga ‘quiero abortar’ y no tenga que andar explicando por qué, pero ahora (…) a la mujer le es necesario decir por qué: a mí, a la psicóloga, a la que le va a dar el número para la consulta, el por qué yo voy a hacer esto… ‘porque no puedo más, porque mi marido me pega, porque la pastilla’… (Gabriela Píriz).

A modo de conclusión

La ley de IVE abrió el camino hacia la institucionalización del aborto en el sistema de salud y hacia el cambio cultural que permita el reconocimiento del derecho a decidir sobre su vida reproductiva, familiar y sexual para todas y cada una de las mujeres. El poder profesional médico, aun cuando no es un conjunto homogéneo, es fuerte y jerárquico, tanto en su campo específico clínico como en el del sistema de salud que es marcadamente biomédico. Eso permite entender en parte el reconocimiento de la objeción de conciencia, el desincentivo a los profesionales que pueda implicar realizar prácticas estigmatizadas y no-lucrativas, pero al mismo tiempo el hecho de que otros profesionales de salud no estén autorizados a prescribir Mifepristona + Misoprostol para aborto. Además se acepta “como natural” que las mujeres tengan que trasladarse lejos para obtener una prescripción de la medicación que les permita abortar.

Desde el punto de vista del sistema nacional integrado de salud, los desafíos son múltiples: hay cuestiones pendientes respecto de la implementación, desde la formación y sensibilización de profesionales y personal de salud, la garantía de acceso a servicios no obstante los objetores individuales de conciencia y los efectores que se declararon objetores por ideario, así como los protocolos y acciones para los casos de aborto requeridos por fuera de las condiciones especificadas en el marco legal. Asimismo, se requiere monitoreo social para determinar cuál es hoy la situación del acceso al aborto medicamentoso y con los otros procedimientos. Hay que considerar, sobre todo fuera de Montevideo, las barreras culturales y relativas a la confidencialidad y manejo de estigma, y las barreras materiales (ej. la distancia a recorrer y sus costos) de acceso a los servicios, de modo tal que la información sobre la disponibilidad de servicios legales de aborto llegue a todas las mujeres, de todas las edades, sectores sociales y zonas del país, garantizar que los servicios funcionen, así como mapear y contener los efectos de la expansión de la objeción del TCA en agosto de 2015. Urgente es investigar hoy si y en qué medida persisten los abortos ilegales y sus efectos, tanto sanitarios como de criminalización. Otro tema relacionado es la distribución y uso “no oficial” u oficioso del Misoprostol, es decir si todavía existe un mercado clandestino de esos productos, e incluso indagar si existe un mercado negro de clínicas o prácticas de aborto para aquellos casos que no puedan efectuarse dentro de los plazos y condiciones legales. La caracterización de la situación es difícil al no disponer datos sobre el número, condiciones y consecuencias en términos de morbi-mortalidad de abortos realizados por fuera del sistema de salud.

En el plano político-institucional, a 2016 está pendiente fundamentalmente el lugar del aborto en la reforma del código penal. El aborto todavía constituye un delito y según las circunstancias las mujeres corren el riesgo de ser juzgadas y castigadas si intentan o concretan la interrupción de un embarazo. Mirando hacia el futuro, la reforma del código penal en curso puede tanto abrir ventanas de oportunidad para los anti-derechos como para las feministas y los pro-derechos.

La ley del 2012, no obstante los aspectos problemáticos señalados, habilita socialmente a avanzar en la apropiación subjetiva del aborto como derecho: es decir, que las mujeres, las parejas, la ciudadanía reconozcan para sí y las demás la existencia de un derecho a abortar, reconozcan que frente a un embarazo es la mujer quien decide si proseguir o interrumpir la gestación, y es quien tiene los elementos de juicio suficientes para hacerlo. La apropiación subjetiva de derechos tiene tanto una dimensión individual en el uso práctico de la ley como una dimensión colectiva crítica que invita a luchar por redefinir los aspectos problemáticos de su contenido y los eventuales inconvenientes relativos a su implementación. Las vías para alcanzar reformas en las políticas apuntan tanto al seno del Ministerio de Salud como a la vía legislativa – hoy considerada como en stand by. El trabajo de “hegemonía” (Portelli, 2007), de “guerra de trincheras” (según la terminología gramsciana usada por algunos de nuestros entrevistados) en pos del reconocimiento pleno del aborto como un derecho, así como de la responsabilidad del sector salud y del Estado, continúa en el seno de la sociedad civil y el Estado, así como de los partidos y dirigentes políticos, particularmente en el Frente Amplio.

Finalmente, nuestra clave general de interpretación del proceso aquí descripto refiere a la construcción “biopolítica” del aborto como una cuestión que se inscribe bajo la tutela médico-jurídica, lo que invita desde una perspectiva feminista a examinar hasta qué punto esta construcción habilita y hasta qué punto condiciona o impide las prácticas autónomas de las mujeres. La tarea exige analizar el fenómeno de que aquello que escapa a la regulación sigue criminalizado. En ese marco, se ubica la compleja dinámica de colaboración y tensión entre, por un lado, la perspectiva de los actores médicos – que enfatizan las consecuencias dañinas para la salud del aborto ilegal (en términos de morbi-mortalidad) y tienden a ver el aborto siempre como “algo a evitar” – y, por otro lado, la mirada feminista, que subraya el derecho al aborto legal como una premisa de la autonomía y la ciudadanía plena de las mujeres, al tiempo que insiste en la maternidad como una opción y no como un destino.

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Veto del Presidente De Uruguay, Tabaré Vásquez, a la ley de Despenalización del Aborto. Sancionado el 14 de noviembre de 2008.

Entrevistas a informantes clave

Gabriela Píriz, médica ginecóloga; Red de Atención Primaria, Montevideo.

Leonel Briozzo, ex Ministro de Salud; Iniciativas Sanitarias, Hospital Pereira Rossell, Universidad de la República .

Rafael Sanseviero, ex Diputado Frente Amplio; Fundación Friedrich Ebert.



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