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3 La situación de las adolescentes

Tendencias, brechas y retos para los programas y servicios de salud

Mónica Gogna

Introducción

Si bien la legalización del aborto constituye una deuda pendiente de la democracia, Argentina posee un sólido marco normativo en lo referente a derechos sexuales y reproductivos[1]. Cuenta también con programas que en la última década han elaborado lineamientos, capacitado a su recurso humano y provisto insumos (materiales didácticos, anticonceptivos, etc.).

Entre 2012 y 2015, por ejemplo, el Programa ESI desarrolló lineamientos curriculares con contenidos novedosos, elaboró documentos y materiales y capacitó cerca de 100.000 docentes en todo el país (Faur, Gogna y Binstock, 2015).

El Programa de Salud Integral en la Adolescencia (en adelante, PNSIA), creado en 2007, elaboró lineamientos de atención y directivas para la atención[2] que responden al objetivo de promover y difundir el derecho de la población adolescente a acceder al sistema de salud en forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de un adulto y en el marco del respeto a la confidencialidad. Reconoce específicamente el derecho de las y los adolescentes a acceder a información, orientación y provisión de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual y VIH/sida (Zamberlin et al, 2014). El PNSIA creó espacios de atención de salud para adolescentes, desarrolló cursos de capacitación en diferentes provincias (‘Derechos Sexuales y Reproductivos’ para equipos de salud, gerentes y decisores políticos y ‘Anticoncepción para pediatras’) y organizó encuentros que, bajo el lema Nada sobre nosotr@s, sin nosotr@s’, convocaron a unos nueve mil adolescentes (UNFPA, 2016).

Otras medidas que constituyeron avances en el acceso a los métodos anticonceptivos fueron la legalización de la contracepción quirúrgica (2006) y la incorporación en 2007 de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia al Programa Médico Obligatorio. En 2014 el Programa de Salud Reproductiva amplió la canasta de métodos anticonceptivos incorporando una mayor variedad de anticonceptivos orales y métodos de larga duración. Entre ellos el implante sub-dérmico, que en una primera etapa fue destinado a adolescentes de 15 a 19 años con antecedentes obstétricos (parto o aborto).

En relación con el aborto, se produjeron lineamientos para la atención y se capacitó a profesionales de salud. En 2005 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró una “Guía para el mejoramiento de la calidad de la atención posaborto”, que fue actualizada en diversas oportunidades y actualmente se denomina “Guía para la atención integral de mujeres que cursan un aborto”. En 2007 se confeccionó una “Guía para la atención integral de los abortos no punibles”. Actualizada en 2015, la “Guía para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” reglamenta el acceso a los abortos legales en consonancia con el fallo F.A.L[3]. y los tratados de derechos humanos con rango constitucional.

A pesar de que el marco jurídico y las directivas son claras, la implementación de estas políticas y programas enfrenta obstáculos de diverso tipo (político-ideológicos, presupuestarios, culturales, etc.) que dificultan el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.

En lo que respecta a la educación sexual integral, en 2012, el llamado “Informe EPU”, elaborado por organizaciones sociales[4] señalaba como preocupante que el enfoque de algunos materiales creados a nivel local (por ejemplo, cartillas de Salta y Mendoza) fuera más restrictivo que el de los materiales nacionales o que hubieran sido desarrollados en conjunto con organizaciones conservadoras e incluyeran contenidos inexactos o incorrectos. La sub ejecución presupuestaria del programa de educación sexual en la Ciudad de Buenos Aires fue otra preocupación recogida por las ONG. Más recientemente, esa misma fuente ha señalado que en el segundo semestre de 2016 se denunciaron despidos en el Programa así como la falta de financiamiento y apoyo para las tareas.

En cuanto a la provisión de anticoncepción, en muchas ocasiones los prejuicios, mitos, temores y concep­ciones infundadas del personal de salud ac­túan como barreras al acceso de las y los adolescentes a los métodos. En algunos casos los profesionales desconocen el marco legal y en otros casos no aplican las disposiciones por temor a un conflicto legal con los padres o adultos responsables. Muchas veces se exige la compañía o autorización de adultos para recibir atención o entrega de métodos an­ticonceptivos y esto es más fre­cuente cuanto menor es la edad del adolescente (UNFPA, 2016).

Con respecto al acceso al aborto no punible, sólo ocho jurisdicciones a nivel nacional poseen protocolos que se corresponden con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resto no dispone de protocolos o regulan los permisos incorporando requisitos no contemplados en el fallo de la Corte que obstaculizan el acceso (ADC, 2015).

Si a estos tradicionales obstáculos y resistencias se añade el aumento de la pobreza -de fuerte influencia sobre los indicadores de salud reproductiva (Langer y Nigenda, 2000)- el panorama resulta poco alentador.

Este artículo busca contribuir a la comprensión de los desafíos que el país tiene por delante en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente en base a un balance de situación que describe y analiza las principales tendencias y brechas y sugiere líneas de acción para superar las inequidades.

El uso de métodos anticonceptivos

La iniciación sexual

Uno de los aspectos más relevantes, tanto cuando se examina el debut sexual como las relaciones posteriores, es el cuidado anticonceptivo para la prevención de embarazos no deseados e infecciones sexualmente transmisible (ITS).

El uso de anticonceptivos en la iniciación es un predictor de uso futuro. Datos de diversos países de la región indican que “las muchachas que iniciaron su vida sexual sin usar anticonceptivo tienen tres veces más chances de ser madres adolescentes que las que lo hicieron con protección” (Rodríguez Vignoli, 2011).

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (en adelante, ENSSyR) relevada por el INDEC en 2013[5], el 90,4 % de las adolescentes y el 87,1% de los adolescentes varones utilizaron un anticonceptivo en su debut sexual (fundamentalmente el preservativo)[6]. Visto en perspectiva histórica, el uso de anticoncepción y particularmente de preservativo en la iniciación sexual ha crecido sostenidamente tanto entre varones como entre mujeres (Binstock y Pantelides, 2015). Al igual que en otros países (Ferreira Borges Teixeira et al, 2006; CEPEP, 2005), la proporción de uso de preservativo en la iniciación sexual es mayor conforme aumenta la edad y el nivel socioeconómico. Datos de una encuesta a adolescentes de 15 a 19 años internadas por parto mostró que educación y pobreza tienen efectos independientes sobre la probabilidad de usar un método anticonceptivo en la iniciación sexual (Gogna, Fernández y Zamberlin, 2005).

Entre quienes no usaron un método, el principal motivo argumentado fue la imprevisibilidad de la relación, ocurrida mayoritariamente en relaciones de noviazgo (Zamberlin et al, 2014; Binstock y Gogna, 2015). Esto habla de que las relaciones sexuales son vividas como fruto de la espontaneidad, que funciona como valor central, y que las nociones de género predominantes afectan la posibilidad del cuidado propio y del otro (Heilborn et al, 2002). Otra proporción de adolescentes (alrededor del 20%) suele responder que no utilizó ningún método porque creía que no podía quedar embarazada. Es probable que estas nociones y argumentos adquieran mayor peso entre las adolescentes menores, quienes tienen menor conocimiento acerca de los métodos (Pantelides, Binstock y Mario, 2007; Kornblit, Mendes Diz y Adaszko, 2007) y menor capacidad de ceder a las presiones de sus parejas sexuales (Zamberlin et al, 2014). Tanto la educación sexual como la consejería anticonceptiva resultan espacios apropiados para abordar y trabajar estereotipos de género y creencias acerca de la fertilidad y los métodos.

Uso reciente de anticonceptivos

Diversos estudios muestran que la alta frecuencia de cuidado anticonceptivo durante la iniciación sexual se atenúa significativamente durante las relaciones sexuales posteriores (Kornblit, Mendes Diz y Adaszko, 2007; Ministerio de Salud de la Nación, 2012; Fundación Huésped-UNICEF, 2012).

Con la excepción de la ENSSyR, según la cual el uso en las relaciones posteriores a la iniciación sexual se mantiene en un nivel “muy alto” (Binstock y Pantelides, 2015), la mayoría de las encuestas indican que el uso decae considerablemente conforme pasa el tiempo. La literatura también indica que las medidas contraceptivas y de protección de las ITS varían si los contactos sexuales de los y las adolescentes se dan en el ámbito de relacionamientos amorosos u ocasionales. El uso reciente puede ser alto con parejas ocasionales pero no con parejas estables (Reis Brandao y Heilborn, 2006).

Según una encuesta realizada por Fundación Huésped y UNICEF en 2012 a una muestra de 1000 adolescentes de 15 a 19 años de ambos sexos, el 69% reportó cuidarse siempre y un 20% la mayoría de las veces; el 11% restante muy pocas veces o ninguna. En un estudio en cuatro provincias, el 57% de las encuestadas de 18-19 años reportó haberse cuidarse siempre en las relaciones posteriores a la iniciación sexual; 16% hacerlo la mayoría de las veces; 15% a veces sí y a veces no y 12% muy pocas veces o nunca. Entre las adolescentes mayores que reportaron que no usaban anticonceptivos, los principales motivos fueron estar buscando un embarazo (28%) y la oposición de la pareja (28%). Las entrevistas, a su vez, pusieron de manifiesto algunas dificultades en el diálogo entre las adolescentes y los profesionales de salud respecto de los métodos, sus efectos y condiciones de uso (Gogna y Binstock, 2017).Otro estudio mostró que las adolescentes menores (14-16 años) reportan proporcionalmente más no haber utilizado un método porque no esperaban tener relaciones o porque sus parejas se negaban a usarlo que las mayores (17-20 años) (Zamberlin et al, 2014).

Con respecto al tipo de método, las adolescentes utilizan mayoritariamente anticonceptivos hormonales (57,1%), de barrera (41,8%) y DIU (0,8%) (INDEC, 2013). Esto supone un pequeño cambio respecto de la situación reportada en 2005 por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Ese año los métodos de barrera (básicamente el preservativo) superaban a los hormonales (62,8% y 35,8% respectivamente) y el DIU registraba un 1,1%. Según la ENSSyR 2013 solo el 43,3% de las usuarias de 15 a 19 recibió el método anticonceptivo de manera gratuita. Esto puede ser considerado una barrera al acceso, aunque no se lo explicite como tal en las encuestas.

Estudios realizados en diferentes momentos registran un porcentaje similar de adolescentes (en torno al 33%) que reporta que estaba usando un método anticonceptivo al momento del embarazo (Gogna, Fernández y Zamberlin, 2005; Zamberlin et al, 2014)Preguntadas acerca de qué pensaban que había sucedido, más de la mitad de las encuestadas en el estudio pos evento obstétrico (52%) refirió uso irregular, discontinuo o incorrecto del preservativo (sólo en algunas relaciones o no a lo largo de toda la relación sexual) o de los anticonceptivos orales (toma no sistemática, olvidos y discontinuidad, asociada a veces a la percepción de efectos secundarios o al temor de experimentarlos).

Aunque muchas adolescentes llegan al embarazo por fracaso en el uso correcto y sostenido del preservativo y los anticonceptivos orales, luego del parto/aborto se les vuelve a indicar el uso de esos mismos métodos. Esto podría estar reflejando actitudes refractarias del sistema de salud a satisfacer las demandas de las usuarias, que probablemente se anclan en nociones desactualizadas sobre la elegibilidad de ciertos métodos para las adolescentes, en especial para aquellas que aún no han tenido hijos (Alonso, 2005; Gogna, 2008; Zamberlin et al, 2014).

Los controles de embarazo

Todos los años más de 100.000 adolescentes (10-19 años) dan a luz en nuestro país[7]. Un quinto de esos nacimientos son de orden dos o más. Datos del Sistema Informático Perinatal (2014) y de diversas encuestas indican que la gran mayoría de los embarazos de adolescentes (alrededor de dos tercios) fueron no buscados o inesperados.

Especialmente preocupante es la situación de las madres menores de 15 años (entre 2800 y 3200 cada año) ya que las niñas de 14 años o menos tienen el mayor riesgo de complicaciones y muerte por el embarazo y el parto (UNFPA, 2013) y sus hijos. Entre los hijos de madres menores de 15 años es donde se encuentran los mayores porcentajes de nacimientos pre-término y con bajo o muy bajo peso al nacer. Las tasas de mortalidad fetal y mortalidad infantil son significativamente más altas entre las menores de 15 con respecto a las madres de las demás edades (Pantelides, Marconi y Fernández, 2014; ASUMEN, s.f.) muchos de estos embarazos son producto de abusos sexuales (Chiarotti (coord.), 2016; Planned Parenthood-Global, s.f.), con las devastadoras consecuencias que ello supone para la salud psíquica y emocional de una niña

Veamos ahora qué sucede con los cuidados del embarazo. De acuerdo a la ENSSyR, el 90% de las adolescentes de 14 a 19 realizó 5 o más controles prenatales[8]. El otro relevamiento nacional que puede ser utilizado como parámetro es la ENNyS (2005). De acuerdo con esta fuente, las mujeres de 15 a 19 años tenían el porcentaje más alto de controles insuficientes (18%) (Pantelides, Binstock y Mario 2007). La comparación entre ambas encuestas (2005 y 2014) habla de una mejora en el acceso a los controles prenatales por parte de las adolescentes, la que probablemente deba ser atribuida a la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo (AE)[9]. No obstante, persisten las brechas ya identificadas hace una década (Gogna, Fernández y Zamberlin, 2005). De acuerdo a la ENSSyR “las mujeres que habitan viviendas con pisos de ladrillo suelto o tierra tienen una probabilidad casi cuatro veces mayor que las que habitan viviendas con pisos de buena calidad, de haber tenido un número insuficiente de controles durante el último embarazo”(Binstock y Pantelides, 2015).

Con respecto a la calidad de los controles, en 2003-2004 se observó una alta cobertura de las prácticas rutinizadas (control de presión arterial, peso y altura uterina, auscultación del feto, ecografía y vacuna antitetánica) pero sólo un tercio de las adolescentes había recibido información sobre métodos anticonceptivos durante los controles prenatales. El dato puede considerarse un indicador de oportunidades perdidas para la promoción de conductas preventivas, ya que el 95% de las encuestadas expresó su intención de usar un método anticonceptivo a futuro, principalmente anticonceptivos orales y DIU (Gogna, Fernández y Zamberlin, 2005). Actualmente, la proporción de adolescentes que recibe alguna información sobre anticoncepción en el control prenatal parece ser mayor (Zamberlin et al, 2014). De todas maneras, vista la cantidad y la periodicidad de las visitas de control, la atención del embarazo es aún un espacio sub-aprovechado para informar y orientar en la elección anticipada de un método anticonceptivo[10].

Aborto

La interrupción del embarazo es, al igual que en el caso de las adultas, la segunda causa de muerte de adolescentes gestantes[11]. Puede tener también consecuencias sobre la morbilidad y la capacidad reproductiva futura. Datos oficiales indican que el año 2012 se registraron cerca de 8251 egresos hospitalarios por abortos en adolescentes (10-19 años) en instituciones públicas de todo el país (un promedio de 25 por día). Esta cifra debe considerarse como un proxy de la ocurrencia del evento ya que la centralización de ese indicador presenta dificultades y además contabiliza sólo la ocupación de cama y no la atención por guardia (Ministerio de Salud, 2016).

Visto en perspectiva histórica, se registra un aumento del peso de las mujeres adolescentes en la población de mujeres de todas las edades que son hospitalizadas por esta causa. (14,1% en 1995 y 18,4% en 2012). ¿Cómo entender ésta tendencia? ¿Están las mujeres adultas accediendo en mayor medida a la anticoncepción y recurriendo menos al aborto? ¿Tienen las adultas mayor acceso al aborto con medicamentos? Estos son interrogantes que no podemos responder con la información disponible. Pero es posible analizar en qué medida se están cumpliendo algunas acciones contempladas por el Plan Federal de Salud de 2004 que tenían como propósitos aumentar la proporción de mujeres (adolescentes en este caso) que reciben consejería en salud reproductiva luego de un aborto y reducir el número de hospitalizaciones por esta causa.

Consejería pos aborto

La consejería anticonceptiva posaborto (al igual que la posparto) puede ser para muchas adolescentes la primera oportunidad de tener una discusión cara a cara sobre anticoncepción con personal calificado (Chandra-Mouli et al. 2014). La información de que disponemos acerca de la extensión y características de esta práctica es escasa y proviene de estudios con muestras no representativas de profesionales y usuarias. El estudio sobre embarazo y maternidad en la adolescencia en siete provincias incluyó entrevistas con 31 profesionales que se desempeñaban en servicios públicos de salud en el NOA, NEA, Gran Rosario y Gran Buenos Aires. Los hallazgos indicaron que la internación pos aborto era una oportunidad perdida para la consejería anticonceptiva en la mayoría de las jurisdicciones y que las acciones institucionales para la derivación de las pacientes a planificación familiar luego del alta no estaban definidas (Alonso, 2005). En la misma línea, un estudio realizado en el Instituto de Maternidad de Tucumán con adolescentes menores de 16 años internadas por aborto concluyó que “las oportunidades perdidas de consejería podían contribuir a la posibilidad de embarazos subsiguientes” (Ciavarino et al, 2006). Un estudio reciente en tres provincias con adolescentes entre 14 y 20 años mostró que la oferta de información sobre anticoncepción fue dos veces más frecuente entre las adolescentes internadas por parto (62%) que en las internadas por aborto (30%) (Zamberlin et al, 2014)[12]. La diferencia no puede atribuirse al tiempo de internación ya que cerca del 40 % de las adolescentes hospitalizadas por aborto inseguro estuvieron internadas más de 48 horas y un 25% entre 25 y 48 horas. Es probable que, estas diferencias en el acceso a información estén relacionadas con los prejuicios y discriminación que aún genera la práctica del aborto entre algunos profesionales de salud (de Bruyn, 2003; INSGENAR y CLADEM, 2003; González de León-Aguirre, 2008). La gravedad de la falta de consejería se dimensiona cuando en la primera visita domiciliaria se constata un absoluto desconocimiento acerca del momento en que una mujer puede quedar embarazada luego de un aborto si no usa un método anticonceptivo (60% reportó no saber y el resto tenía información incorrecta). A 7 de cada 10 adolescentes que concurrieron al control pos aborto (el 70% de las internadas por complicaciones) se le entregó un método (anticonceptivos orales en su gran mayoría). Al momento de las visitas domiciliarias 3 de cada 4 estaban usando un método y, al igual que las puérperas, muchas indicaron problemas con el uso de pastillas y preservativos.

Reducción de riesgos y daños

El estudio de Zamberlin et al (2014) exploró el conocimiento y aceptabilidad de la estrategia de reducción de riesgos y daños[13] en entrevistas a 32 profesionales de salud. Quienes realizan asesorías en RRyD distinguieron dos perfiles de adolescentes que acuden al servicio: aquellas pertenecientes a la “clase media”, escolarizadas, con un proyecto de vida vinculado a lo estudiantil o lo laboral y adolescentes de sectores vulnerados, quienes no cuentan con las mismas perspectivas y recursos. Según los profesionales, las adolescentes pobres recurren en menor medida al aborto como opción frente a un embarazo no buscado o inoportuno.

El estudio también mostró que la gran mayoría de los y las entrevistados desconocen en qué consiste la consejería de RRyD o creen que es una práctica ilegal, de lo que se desprende que no es habitual en los servicios de salud. Cuando se la implementa, no se observan consensos en el abordaje institucional de los casos, sino que se trata más bien de esfuerzos aislados. En consecuencia, muchas adolescentes no reciben consejería y las que acceden son aquellas atendidas por una minoría de profesionales “sensibilizados” o dispuestos a realizar una derivación porque personalmente no adhieren a esta práctica. Un claro indicador de la complejidad de la problemática es que los informantes solicitaron no ser grabados al hablar sobre este tema. Las entrevistas también ofrecieron indicios de que algunos profesionales desaconsejaban el uso del misoprostol[14].

A modo de conclusiones

Como hemos visto, se han producido cambios positivos en términos de accesibilidad a servicios y mejora de ciertos indicadores de salud reproductiva. Algunos avances, como el aumento del número adecuado de controles prenatales y de las consejerías anticonceptivas pos parto, pueden atribuirse a políticas públicas (la AUH y la asignación por embarazo, las acciones de los Programas de SSyPR y de Maternidad e Infancia) Otros, como el incremento de uso de preservativo en el inicio de relaciones sexuales, seguramente responden a acciones de promoción llevadas adelante por diversos actores (salud, educación, ONG) y se enmarcan en cambios socio-culturales de mediano y largo plazo. A pesar de las mejoras advertidas, persisten los diferenciales por edad y condición social, con las adolescentes menores y las pertenecientes a hogares más pobres en las situaciones más desventajosas. Estas inequidades sólo podrán ser superadas con políticas destinadas a reducir la pobreza y a atender las necesidades específicas de las niñas y adolescentes menores.

La alta proporción de embarazos no buscados habla de una demanda insatisfecha de anticoncepción. Resulta fundamental diversificar la oferta de métodos, incluyendo otras opciones de mediano y largo plazo tales como el DIU, los implantes y los inyectables y facilitar el acceso oportuno a la anticoncepción hormonal de emergencia (Zamberlin et al, 2014). Es necesario aprovechar las instancias que aún constituyen oportunidades perdidas para la consejería y el acceso a los métodos (el control prenatal, la internación por parto y por complicaciones de aborto, los controles pos evento obstétrico). La consejería anticonceptiva debería abordar en un lenguaje accesible ciertas dudas o problemas identificados en las visitas domiciliarias del estudio posevento obstétrico (por ejemplo, qué hacer frente al olvido de la toma diaria de la pastilla; cuándo retorna la fertilidad luego de un aborto, etc.).

Para ello es imperioso dar continuidad a políticas y programas, reforzar líneas de trabajo y continuar incentivando la modificación de actitudes, creencias y prácticas por parte de los profesionales de salud. Las instancias de formación de grado y posgrado deben incluir nuevos contenidos tales como los derechos sexuales y reproductivos y su especificidad en la adolescencia, los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación para la atención de adolescentes y para las prestaciones de salud sexual y los criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno y las sociedades científicas deberían trabajar mancomunadamente para difundir y avalar las recomendaciones nacionales e internacionales que establecen que el DIU es un método seguro y altamente efectivo para todas las mujeres, incluyendo a las adolescentes y a las que no han tenido hijos aún (Roberts et al, 2010; Moreau et al, 2012; Zamberlin et al, 2014).

Con respecto al trabajo con la población adolescente, el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos incluye el “uso deseado, regular y eficiente de los métodos” (Rodríguez Vignoli, 2011) y el respeto a sus decisiones en esta materia. El Programa de Educación Sexual Integral constituye una herramienta fundamental en tal sentido. La educación sexual debe abordar abiertamente las cuestiones de género -tal como lo establecen los lineamientos curriculares- para promover la responsabilidad conjunta por la anticoncepción tanto en la iniciación sexual como en las relaciones posteriores. Asimismo, es importante que como parte del eje del cuidado del cuerpo y la salud, se revisen las creencias acerca del ciclo menstrual y la fertilidad y los preconceptos y temores acerca de los métodos anticonceptivos.

De acuerdo a las investigaciones y los datos analizados, el mayor déficit está relacionado con el aborto. Como bien señalan Romero, Zamberlin y Gianni (2010), a pesar de los esfuerzos tendientes al mejoramiento de la atención posaborto (elaboración de un protocolo, capacitaciones en atención integral en instituciones de salud de todo el país) los cambios son lentos y no tienen el alcance de una “política pública nacional”. Hemos visto, por ejemplo, que las adolescentes internadas por aborto reciben menor información que las puérperas o que se les ofrece una gama más restringida de métodos. Por otra parte, la escasa evidencia sobre la estrategia de reducción de riesgos y daños no arroja datos muy auspiciosos (solo una minoría de profesionales entrevistados la conoce y la pone en práctica). Dada la magnitud de las internaciones por complicaciones de aborto, implementar esta estrategia supondría una mejora sustantiva en el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. La constitución en Septiembre de 2014 de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir abre una expectativa positiva en este sentido ya que su propósito es “hacer valer el marco legal actual que nos permite realizar consejerías pre y pos aborto y proveer interrupciones legales del embarazo tanto en los hospitales como en los centros de atención primaria de la salud” (www.comunicarigualdad.com.ar)[15]. Este tipo de iniciativas, sin duda valiosas, no nos exime de seguir luchando para que la democracia salde esa “deuda pendiente” que es la legalización del aborto.

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Zamberlin, N. Keller, V. Rosner, M. Zingman, F. Merino, S. Villabrille, P. Román, M. Vázquez, M. Drake, I. Frank, A. y Escobar, J. C. 2014. Adopción y adherencia al uso de métodos anticonceptivos pos evento obstétrico en adolescentes. Informe final. Estudio Colaborativo Multicéntrico, Comisión Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación.


  1. Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable Nº 25.673 (2003); Ley 26.150 (2006) de Educación Sexual Integral, Ley Nº 26.485 (2010) de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; la Ley Nº 26.618 (2010) de Matrimonio Igualitario; la Ley Nº 26.743 (2012) de Identidad de Género.
  2. “Lineamientos para la atención integral de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad” (con UNICEF y SAP). “Lineamientos para la atención del Consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes”, “Lineamientos para la Atención del Intento de Suicidio en adolescentes (con Dirección de Salud Mental y Adicciones). “Recomendaciones para la atención clínica de adolescentes” y “Lineamientos de Trabajo sobre Estrategias de Prevención y Promoción de la Salud destinada a Equipos de salud que trabajan con adolescentes”.
  3. El Fallo F.A.L es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de violación y que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste  que el embarazo es la  consecuencia de una violación (Centro de Información Judicial, 13 de Marzo de 2012).
  4. El examen periódico universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros (ADC y otros, 2012)
  5. Se trata de una encuesta aplicada a mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a 54 años. Es el primer relevamiento nacional sobre cuestiones de salud reproductiva que incluye población de ambos sexos.
  6. Según esta encuesta, las chicas se inician en promedio a los 15,5 años y los varones a los 14,9 años.
  7. En 2014, la tasa de fecundidad 15-19 fue de 65,1 por mil, lo que supone un incremento en la última década (57,5 por mil en 2003). Paralelamente, los nacimientos de segundo o mayor orden descendieron del 25 al 20% (y en el caso de las adolescentes de 18 y 19 años, cayeron 35% al 28%).
  8. Los comportamientos socialmente valorados, como el control prenatal, tienden a ser sobre-reportados en las encuestas poblacionales. Resultaría útil poder contrastar estos datos con las que surgen del Sistema Informático Perinatal, pero la manera en que está agregada la información disponible en el Informe del Ministerio de Salud 2016 no permite la comparación.
  9. El Plan Nacer posibilitó la búsqueda en territorio de las embarazadas que abandonaban controles. La condi­cionalidad de los controles de la salud (en este caso los cuidados prenatales) también habría generado nuevos hábitos en la población objetivo. (Plan Nacer-SUMAR-Ministerio de Salud, 2013).
  10. Acerca de los buenos resultados que se obtienen cuando la consejería se brinda durante los controles prenatales y la elección del método es previa al parto ver Wilson et al., 2013.
  11. En el año 2013 el 13,4% de las defunciones maternas (33 defunciones) fueron mujeres menores de 20 años. Durante el período 1990-2013 la razón de mortalidad materna en adolescentes mostró leves oscilaciones y se ubica actualmente en 2,8 x 10.000 NV (Ministerio de Salud, 2016)
  12. No obstante la diferencia en suministro de información, la proporción que se fue de alta con un método fue la misma: 4 de cada 10 adolescentes internadas por un evento obstétrico. Fundamentalmente les entregaron anticonceptivos orales y preservativos, a pesar de que el 24% había solicitado el DIU y un 16% inyectables.
  13. Esta estrategia “consiste en que el profesional desaliente a la paciente a que incurra en prácticas peligrosas para su salud y que la aconseje para que, si tomó la decisión de terminar su embarazo, lo haga de la manera más segura posible” (Zamberlin, 2013).
  14. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1 ampliamente utilizado para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Por su capacidad de generar contracciones uterinas comenzó a ser utilizado para una variedad de indicaciones en ginecología y obstetricia. En los países donde el aborto no es legal ha aumentado la seguridad de los procedimientos clandestinos, disminuyendo las complicaciones relacionadas con el aborto inseguro. (Zamberlin, 2009)
  15. En Junio de 2017, se realizó en Neuquén el Quinto Encuentro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y Socorristas en Red. En las dos jornadas se compartieron experiencias prácticas y abordajes teóricos elaborados por distintos equipos interdisciplinarios que trabajan para garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todo el país y que, en la mayoría de los casos, comparten vivencias con Socorristas en Red – feministas que abortamos.


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