El caso del diario Clarín (1981-1983)

Micaela Iturralde

El presente capítulo analiza el tratamiento periodístico que el diario Clarín realizó, en los años finales del régimen militar, sobre la cuestión de los derechos humanos. El recorte temporal se extiende desde la asunción del general Roberto Viola como presidente de facto en marzo de 1981 −momento en que se ensayaron ciertos intentos de “liberalización” del gobierno autoritario− hasta la recuperación de la institucionalidad democrática en diciembre de 1983, atravesando la crisis política profundizada tras la derrota argentina en la guerra de Malvinas. La indagación parte de dos núcleos problemáticos centrales de la historiografía reciente: por un lado, los debates en torno a la transición democrática; por otro, las discusiones acerca de la visibilización y la resignificación pública de la cuestión de los derechos humanos.

Las primeras aproximaciones al período, enmarcadas en el concepto de “transición democrática”, provinieron fundamentalmente de la ciencia política y la sociología, y fueron elaboradas casi en simultaneidad con los procesos estudiados, bajo el influjo del consenso democrático en gestación. Más allá de sus matices, estos trabajos compartieron una mirada centrada en los problemas de la gobernabilidad y la reorganización del sistema político, y tendieron a construir un modelo teleológico y etapista del pasaje de la dictadura a la democracia (Linz, 1990; O’Donnell y Schmitter, 2010 [1986]; Portantiero y Nun, 1987). Frente a esa lectura, un conjunto de investigaciones recientes propone recuperar la incertidumbre de la democratización y sus marchas y contramarchas, reconociendo la ambigüedad, el conflicto y la indeterminación de ese momento histórico (Feld y Franco, 2015; Ferrari y Gordillo, 2015; Franco, 2023). Estas miradas insisten, además, en ampliar el análisis hacia los meses previos a la guerra de Malvinas, a fin de examinar los cambios y las continuidades que esa experiencia introdujo y de cuestionar las periodizaciones exclusivamente institucionales.

En relación con el segundo eje, puede afirmarse que, en el marco de la transición, la cuestión de los derechos humanos ocupó un lugar sin precedentes en el espacio público. Su emergencia estuvo atravesada por disputas en torno a sus significados, su valor político e histórico y su representación legítima. La denuncia de las violaciones a los derechos humanos se constituyó en un marco interpretativo para las injusticias acumuladas, luego de años de enfrentamiento con el poder dictatorial, y resultó decisiva para la conformación de un nuevo actor colectivo: el movimiento de derechos humanos. La tardía movilización partidaria −generalizada recién tras la derrota de Malvinas− y las respuestas del régimen (endurecimiento autoritario, negación de los crímenes y amnistías a los responsables) permitieron que dicho movimiento encabezara tanto la resistencia en la etapa final del “Proceso” como la configuración del horizonte democrático, a través de demandas como la vigencia del Estado de derecho, la aparición con vida de los desaparecidos y el juicio y castigo a los culpables (Jelin, 1995).

A partir de este marco, este escrito se interroga por los modos en que la cuestión de los derechos humanos fue representada, evocada y elaborada en los discursos construidos por Clarín entre 1981 y 1983. En los estudios sobre el período, suele atribuirse a la guerra de Malvinas un papel central como factor explicativo del cambio en los posicionamientos mediáticos, señalando que la derrota supuso el abandono inmediato de la legitimación de la dictadura, de las Fuerzas Armadas y de su accionar represivo por parte de la gran prensa nacional (Díaz, Giménez y Passaro, 2015; 2016).^[2] Frente a esta lectura lineal, se propone aquí atender a las tensiones, rupturas y continuidades que atravesaron la actuación periodística, así como a las figuraciones del pasado reciente que la prensa construyó en el nuevo contexto de enunciación pública abierto por la crisis del régimen militar.

Antes de avanzar con el análisis, resulta necesario problematizar la cuestión conceptual. En los años analizados, la noción de “derechos humanos” no se encontraba aún cristalizada en el conjunto de significados que hoy le atribuimos. Examinar los discursos de Clarín sobre las violaciones a los derechos humanos implica enfrentar el anacronismo de las categorías y reconocer su doble estatus: como nociones nativas de los actores y como herramientas analíticas de los investigadores. El modo en que esta categoría fue traducida en representaciones y prácticas concretas dependió de las relaciones de poder vigentes y de las categorías semánticas a través de las cuales se expresaron.

La voz “derechos humanos” fue, en ese contexto, una categoría disputada en la esfera pública. Los familiares de desaparecidos −a través de las organizaciones que fundaron y con el apoyo de organismos internacionales− contribuyeron a dotarla de nuevos sentidos, mientras que el gobierno de facto procuró imponer su propia interpretación y uso. En la Argentina de fines de los setenta y comienzos de los ochenta, “derechos humanos” se asoció de manera creciente con las consecuencias del plan represivo implementado por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el conocimiento social sobre el carácter masivo y sistemático de la represión era aún limitado, y expresiones como “el problema de los desaparecidos” o “las consecuencias de la guerra sucia” circulaban de forma habitual, incluso con usos intercambiables en el discurso de la prensa. Estas formulaciones evidencian tanto la persistencia de un desconocimiento estructural acerca del plan represivo como la legitimidad que el actor militar conservaba todavía como ejecutor de la violencia.

En este escenario de disputas por el sentido, los medios de comunicación funcionaron como espacios de producción simbólica que intervinieron en la definición pública de la categoría y en la elaboración de representaciones sobre actores, hechos e interpretaciones, contribuyendo a configurar la cuestión de los derechos humanos como un problema público. Desde este enfoque, el presente trabajo analiza cómo Clarín participó en esa configuración durante los años finales de la dictadura y de qué modo su tratamiento periodístico expresó las tensiones, las continuidades y los reacomodamientos propios del proceso de transición democrática.

Los derechos humanos como tema de agenda (enero de 1981-noviembre de 1981)

En 1980 se abrió una etapa de agotamiento del Estado autoritario, marcada por el fracaso del intento de instrumentalizar el diálogo político con los dirigentes partidarios, el agravamiento de la crisis financiera y las negociaciones en torno a la sucesión del general Jorge Videla (1976-1981), que evidenciaron las profundas fracturas internas del régimen (Quiroga, 2004; Canelo, 2008). Estos elementos coyunturales propiciaron un gradual despertar de la sociedad civil y una incipiente reorganización del espacio público, lo que tuvo como correlato un aumento del tono crítico y de denuncia en la prensa. En el caso de Clarín, el cuestionamiento a la censura, el nuevo tratamiento del tema del exilio político y la activa demanda de libertad de prensa constituyeron los principales modos de adaptación de su línea editorial a la coyuntura, abriendo una grieta en la legitimación política de la dictadura al introducir, por primera vez en el discurso del diario, una crítica a los fundamentos del régimen.^[3]

A partir de 1981, en un contexto de acelerado desprestigio del gobierno militar y de un clima de distensión política y cultural, la cuestión de los desaparecidos se instaló como tema de agenda, y el movimiento de derechos humanos se convirtió en uno de los protagonistas de sus páginas.^[4] Desde 1980, el periodista Arnaldo Paganetti había asumido la cobertura de los organismos en la sección “Política”. Su designación no fue casual: mantenía una relación cercana con las Madres de Plaza de Mayo y, como recuerda Nora Cortiñas, había sido uno de los pocos periodistas receptivos a sus demandas dentro de la redacción, a pesar de la resistencia de la gerencia a publicar cualquier nota sobre el tema.^[5]

En este marco, las noticias sobre la cuestión experimentaron un proceso de rutinización en los formatos periodísticos, visible en la introducción de volantas como “El problema de los desaparecidos”, “La polémica por los desaparecidos”, “Las secuelas de la lucha antisubversiva” y “Derechos humanos”. Junto con una cobertura fotográfica más frecuente que acompañaba las crónicas, la inclusión de trascendidos −informaciones no confirmadas— representó otra innovación en los modos de producción de la noticia, evidenciando un progresivo cuestionamiento al monopolio informativo ejercido desde 1976 por las fuentes oficiales. El proceso político abierto entre 1980 y 1981 generó así un escenario de creciente incertidumbre informativa, en el cual se volvió habitual la publicación de noticias políticas sin atribución directa de fuentes.

El “caso Ana María Martínez” y la inadmisibilidad de las desapariciones (diciembre de 1981-julio de 1982)

El escenario de diciembre de 1981, marcado por el desplazamiento de Viola y el ascenso de los sectores “duros” del Ejército encabezados por el general Leopoldo Galtieri, evidenciaba transformaciones sustanciales respecto de los primeros años del régimen. El clima de terror, asfixia cultural y obediencia pasiva comenzaba a dar paso a un tiempo de cuestionamientos a las políticas de la dictadura, en el que la censura era crecientemente eludida por expresiones artísticas y culturales, y se advertía un cambio en el ánimo colectivo con matices abiertamente críticos. Ese mismo mes, las Madres de Plaza de Mayo convocaron a la primera Marcha de la Resistencia, y permanecieron durante veinticuatro horas en una vuelta continua alrededor de la Pirámide de Mayo (Clarín, 11 de diciembre de 1981, p. 10 y 13 de diciembre de 1981, p. 10).^[6]

Un editorial publicado en diciembre puso de manifiesto las transformaciones en el posicionamiento del diario frente a la cuestión de los derechos humanos, en un contexto de creciente sensibilidad social ante las desapariciones. Dedicado a analizar la política de la nueva administración estadounidense de Ronald Reagan sobre el tema, el texto concluía con una crítica apenas velada al gobierno de la Junta al señalar:

Si el presidente conservador del país más fuerte de Occidente ensalza de tal modo la rigurosa observancia de los derechos humanos, no se ve cómo podrían las naciones que enfatizan su índole occidental negar, postergar o atenuar la vigencia de esos derechos (Clarín, 19 de diciembre de 1981, p. 14).

Por otra parte, diciembre de 1981 fue también el mes de las solicitadas. Al día siguiente de la asunción de Galtieri, Clarín publicó una firmada por más de quinientas personas en reclamo por los más de cien periodistas y artistas detenidos-desaparecidos, junto a otra promovida por un grupo de intelectuales que exigían la aparición del escritor Haroldo Conti, desaparecido desde mayo de 1976 (Clarín, 23 de diciembre de 1981, p. 28). La víspera de Navidad fue elegida por numerosos organismos para difundir en el diario listas con los nombres de sus familiares desaparecidos y reclamos de “verdad y justicia”, que en esta nueva coyuntura comenzaron a ser aceptados por el medio gráfico (Clarín, 23 de diciembre de 1981, p. 28).

Durante el primer mes de 1982, la novedad en el tratamiento público del problema de los desaparecidos radicó en la ruptura del relato único sostenido por las Fuerzas Armadas y en la emergencia de nuevas condiciones de posibilidad para la producción de sentido en torno a la violencia estatal, derivadas de las pugnas internas del régimen.^[7] La estrategia oficial −orientada a clausurar el pasado y a evitar la difusión de informaciones que comprometieran la impunidad del personal militar− fue fuertemente interpelada a partir de la visibilidad mediática adquirida por el “caso Ana María Martínez”.^[8]

El 11 de febrero, Clarín publicó en un pequeño recuadro la denuncia realizada por distintas entidades de derechos humanos ante el secuestro y la desaparición de la joven (Clarín, 11 de febrero de 1982, p. 4). Días más tarde, el reclamo por su paradero, encabezado por dirigentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la Casa Rosada, alcanzó la tapa del diario (Clarín, 16 de febrero de 1982, tapa y p. 6). Finalmente, una semana después de la desaparición, el matutino informó sobre el hallazgo del cadáver (Clarín, 18 de febrero de 1982, p. 5). En esa cobertura, el propio diario señalaba que ni el Ministerio del Interior ni la Policía Federal se habían comprometido a brindar información, lo que implicaba reconocer que los datos publicados carecían del aval de las fuentes oficiales. Al día siguiente, una fotografía de las Madres de Plaza de Mayo ocupó la portada, reclamando el esclarecimiento del hecho; en las páginas interiores, se reproducían tanto el comunicado conjunto de las entidades de derechos humanos como el informe emitido por la Policía (Clarín, 19 de febrero de 1982, pp. 4-5).

El “caso Ana María Martínez” constituyó un verdadero punto de inflexión en el posicionamiento del diario frente a las desapariciones y en los modos hasta entonces ensayados para construir informativamente la cuestión de los derechos humanos. Clarín no solo realizó una cobertura sostenida −manteniendo el tema en tapa durante varios días, jerarquizando la voz de los familiares a través de las declaraciones de sus abogados y difundiendo las demandas de organismos, sindicatos y partidos políticos−, sino que además asumió un rol activo en el reclamo por el esclarecimiento del hecho, como antes solo lo había hecho en los casos de periodistas desaparecidos (Iturralde, 2019). En un extenso editorial titulado elocuentemente “Algo insoportable”, el diario afirmaba que el asesinato de la joven

contrasta decididamente –habría que decir cruelmente– con los avances logrados en materia de civilización política, […] equivale a una bofetada aplicada en el rostro de la ciudadanía. Es un retroceso en el camino de la restauración de la democracia. Y revela que todavía existen, en la sombra, voluntades que quisieran perpetuar la discrecionalidad cuando ella ha perdido ya los fundamentos por los cuales alguna vez pudo ser ejercida. Nos referimos claro está a la época de la lucha antisubversiva (Clarín, 19 de febrero de 1982, p. 12).

Sin formular acusaciones directas, pero dejando entrever a lo largo del comentario editorial la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en el asesinato, Clarín adoptó una postura fuertemente crítica sobre el impacto social del hecho, justo en el momento en que comenzaban a debatirse posibles pautas para una futura institucionalización democrática:

… los dos balazos que segaron la vida de una joven embarazada han sonado ominosamente y han nublado la luz de un sol que comenzaba a resplandecer para propios y extraños y que se llamaba nada más y nada menos que legalidad, esa gran coraza que protege a los pueblos de los ideólogos que quieren hacer justicia por sí mismos y de aquellos otros que tras el combate necesario, pretenden no confesarlo con fines no confesados (Clarín, 19 de febrero de 1982, p. 12).

Por primera vez en la cobertura informativa del diario sobre el tema de las desapariciones, las declaraciones y explicaciones de los familiares de las víctimas obtuvieron un espacio equivalente al de las versiones oficiales. Clarín continuó abordando el asunto hasta fines de mes y, en un comentario político publicado el 28 de febrero, apuntó directamente contra las autoridades al sostener que “lo que se pide en este momento al poder es que controle a los grupos paramilitares o parapoliciales, que podrían haber participado en aquella regresión” (Joaquín Morales Solá, 28 de febrero de 1982, p. 12).

Durante los primeros meses de 1982, mientras el tema de los desaparecidos mantenía presencia en las primeras planas, los militares intentaron imponer un límite legal a lo que entonces se denominaba “revisión de la lucha antisubversiva”, incorporando expresamente una cláusula en el “Estatuto para los Partidos Políticos” con ese propósito (Clarín, 26 de febrero de 1982, p. 2). El 14 de marzo, Clarín informó que el Ministerio del Interior analizaría de manera individual cada caso presentado por los familiares directos de las víctimas, y se pronunció editorialmente sobre la medida:

… la nueva actitud oficial, que parece implicar una sincera voluntad de superar el problema, merece un aplauso, pero también deben formularse observaciones menos favorables. No se comprende, en efecto, que las informaciones hayan de proporcionarse “exclusivamente” a los familiares de los desaparecidos, cuando se trata de un asunto que interesa y concierne al país todo […]. Es la sociedad argentina en su integridad la que debe conocer la verdad, para que el futuro sea afrontado con ánimo abierto (Clarín, 15 de marzo de 1982, p. 12).

Si bien el diario reconocía que la cuestión de los desaparecidos involucraba al conjunto de la sociedad, en el mismo comentario, ofrecía una explicación histórica del problema de las violaciones a los derechos humanos que dejaba ver su posicionamiento moderado:

Este tema es una de las secuelas más dolorosas de la guerra civil que asoló al país en la última década. Varios millares de personas, en su mayoría jóvenes y presuntamente ligados con los movimientos guerrilleros, fueron secuestrados, en años recientes, de sus hogares o de la vía pública, por elementos armados que dijeron pertenecer a las fuerzas de seguridad (Clarín, 15 de marzo de 1982, p. 12. Destacado nuestro).

El relato ensayado por Clarín en esta coyuntura mantenía intacta la explicación bipolar de la violencia −Fuerzas Armadas versus organizaciones político-militares−, al identificar a los desaparecidos como guerrilleros y reproducir así, en clave atenuada, la versión oficial. Aunque el diario reconocía la participación de grupos vinculados a las fuerzas de seguridad en las desapariciones, desconocía aún el carácter planificado, masivo y sistemático de la represión estatal. Finalmente, desde un discurso centrado en el familismo (Jelin, 2007), el diario sostenía que la verdad constituía

una obligación moral frente a los justos reclamos de los familiares, que tienen derecho […] a que se les informe sobre el destino de sus hijos, hermanos o esposos, y a que, si han muerto durante la represión, se les restituyan sus restos, si ello es posible (Clarín, 15 de marzo de 1982, p. 12).

La guerra de Malvinas y el inicio de la transición política

Quien abriera el diario Clarín en marzo de 1982 habría percibido de inmediato un clima de creciente protesta social y una profunda crisis de legitimidad de las autoridades gobernantes. El destino de la dictadura parecía sellado, y la crisis del régimen alcanzaba su punto más álgido desde su instauración. Solo la gesta patriótica en torno a la recuperación de las islas Malvinas logró desviar, aunque temporalmente, la atención de la opinión pública.

Durante los dos meses que duró el conflicto del Atlántico Sur, la guerra se convirtió en el tema excluyente de la agenda mediática nacional. Las páginas de la sección “Política” de Clarín de abril y mayo estuvieron destinadas a la creación de un consenso nacional, colmado de expresiones patrióticas, que otorgaba a la intervención todos los elementos de una guerra justa (Guber, 2001). La línea editorial se alineó con el entusiasmo que despertó la medida de recuperar la soberanía argentina en el archipiélago, promoviendo un nacionalismo exacerbado tanto por el contexto político en que se produjo la decisión, como por la caracterización del enemigo británico, presentado de manera reiterada como un imperio anacrónico e injusto.^[9]

Producto de esta malvinización de la esfera pública (Escudero Chauvel, 1996), la noticia de la rendición argentina tuvo un impacto devastador, amplificado por el clima de desinformación que había prevalecido durante el conflicto. La retórica exitista que dominó los 74 días de enfrentamiento se quebró abruptamente con el anuncio de la derrota. La sucesión de titulares fue elocuente: mientras que el 14 de junio Clarín informaba “Bombardeos sobre las avanzadas británicas” (Clarín, 14 de junio de 1982, tapa), al día siguiente encabezaba su portada con el lacónico “Cesaron los combates en las Malvinas. Se firmó un acta para retirar las tropas argentinas” (Clarín, 15 de junio de 1982, tapa).

La derrota en Malvinas tuvo un efecto inmediato sobre la política interna. El desenlace expuso las fracturas irreconciliables que dividían a las Fuerzas Armadas, las cuales, mientras iniciaban su repliegue de las islas, debieron comenzar también a planificar su retirada del poder. Aunque la cuestión de la transición había sido un tema latente a lo largo de la dictadura, fue durante el apogeo del conflicto y en los primeros análisis de la posguerra cuando adquirió una centralidad ineludible. En los editoriales y las notas de aquellos días, el examen de la derrota militar se transformó rápidamente en un debate sobre la viabilidad del régimen y las condiciones de su continuidad.

Entre el nuevo consenso transicional y el paradigma de la reconciliación (julio de 1982-diciembre de 1983)

Durante el último gobierno dictatorial, bajo la presidencia de facto del general Reynaldo Bignone, se produjo una acelerada recomposición del espacio público.^[10] Junto con el movimiento de derechos humanos y los partidos políticos, los medios de comunicación adquirieron un papel destacado en la nueva configuración política, construida sobre la denuncia del autoritarismo del “Proceso” y orientada por los rasgos que definirían el orden democrático emergente. La crisis irreversible que atravesó el gobierno militar tras la capitulación en Malvinas abrió un espacio de confrontación con la dictadura. Incluso medios que habían mostrado afinidad con el régimen denunciaron la arbitrariedad del gobierno en retirada, identificándolo como responsable de la crisis que se extendía a múltiples ámbitos sociales. Este escenario reveló la importancia de la autocensura como mecanismo limitante de la prensa; pese al aumento de la censura formal, los diarios se liberaron en gran medida de las restricciones que se habían autoimpuesto durante años.

Clarín fue uno de los diarios que más decididamente se adaptó a esta nueva situación, exigiendo apertura del diálogo entre las Fuerzas Armadas y diversos actores de la sociedad civil, así como la implementación de medidas que condujeran al retorno a la democracia y al alivio de la crisis económica. En esta etapa, el diario se erigió en portavoz del “sostenido sentimiento de aflicción, rabia e impotencia” de la ciudadanía y de sus reclamos más urgentes (Clarín, 22 de junio de 1982, p. 14). La imagen del régimen proyectada por el diario ya no evocaba los jubilosos aniversarios del 24 de marzo ni el entusiasmo del Mundial ‘78, sino incertidumbre y descrédito. En uno de los editoriales más críticos publicados hasta entonces, señalaba que “el cuerpo social se halla en el momento más grave de lo que va del siglo y, ciertamente, en riesgo de disolución”, consecuencia del “arbitrio” con que las FF. AA. −a las que caracterizaba como “una elite autodesignada”− se apropiaron del manejo de los asuntos públicos, despreciando “todas las manifestaciones sectoriales que expresaban intereses legítimos” (Clarín, 24 de junio de 1982, p. 14).

No obstante, el cuestionamiento a la legitimidad política del régimen y la mayor visibilidad del tema de los desaparecidos no implicaron un cambio radical en la posición moderada que el diario había sostenido hasta entonces. Entre la rendición en Malvinas y la asunción del gobierno democrático en diciembre de 1983, el reconocimiento de la acción represiva permaneció intacto. Así lo ratificaba uno de los primeros editoriales posteriores a la guerra: “La lucha antisubversiva era necesaria para evitar la disgregación del Estado nacional. No eran necesarios sus excesos, que los mismos poderes públicos han lamentado, aunque no restañado en sus consecuencias” (Clarín, 22 de junio de 1982, p. 14).^[11]

La ausencia de críticas a la legitimidad represiva de las FF. AA. no impidió que Clarín funcionara como espacio de denuncia de las omisiones oficiales, rechazo a la censura, reclamo por la situación de los detenidos sin proceso y demanda de información sobre los desaparecidos. Sin embargo, su línea argumentativa ponderaba la necesidad de “corregir las situaciones excepcionales” que obstaculizaban la “marcha hacia la restauración de las instituciones democráticas” (Clarín, 13 de agosto de 1982, p. 14), sin avalar las tesis del movimiento de derechos humanos sobre el enjuiciamiento de los responsables de la represión. Respecto al “problema de los desaparecidos”, el diario buscó un “justo medio”, expresando de manera categórica:

… quienes plantean revisar la acción antisubversiva de alguna manera están invitando a bloquear el camino de la salida democrática, por las repercusiones que tales opiniones tienen en las Fuerzas Armadas. Pero quienes –en el extremo contrario– se niegan a tener piedad con padres, hijos, hermanos y cónyuges, o sea se muestran renuentes al juego normal de la Justicia como poder independiente, están obstaculizando la reconciliación argentina y, con ello, la reconstrucción de un futuro compartible (Clarín, agosto de 1982, p. 14. Destacado nuestro).

La adhesión al paradigma de la reconciliación nacional fue clave para la construcción de esta posición moderada, que buscaba equilibrio entre los “extremos”, característica del matutino en el marco de la posguerra y la inminente transición democrática. Aunque circulaba desde 1980, esta interpretación fue formalmente definida como propuesta política por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en julio de 1981, a través del documento “Iglesia y Comunidad Nacional” (Clarín, 4 de julio de 1981, p. 10). El discurso de la reconciliación promovía tres principios: reconocimiento de lo actuado por las FF. AA., crítica a los “excesos” de la represión y exigencia de su eliminación, todo en función de la unificación nacional bajo la conducción espiritual de la Iglesia y la inspiración en valores católicos. La posición favorable de Clarín hacia esta interpretación explica la jerarquización informativa de la Iglesia y la valoración positiva de su propuesta.^[12] Por su ambigüedad y legitimidad ante los militares, este discurso resultó útil para los principales actores políticos en tránsito, ya que proponía mirar hacia el futuro democrático sin necesidad de revisar apoyos ni complicidades previas con el régimen (Fabris, 2011).

Las revelaciones en el centro de la reconstrucción democrática

Las revelaciones sucedidas durante septiembre y octubre de 1982 dejaron en evidencia la fragilidad de las explicaciones ofrecidas por el régimen sobre los derechos humanos. Las noticias publicadas en esos meses constituyeron un verdadero destape mediático, cuyos modos de construcción noticiosa representan un antecedente relevante del llamado “show del horror” que experimentaron los medios en el verano de 1984 (Feld, 2015).^[13] Relatos de represores, testimonios de sobrevivientes, referencias a los vuelos de la muerte, identificación de centros clandestinos de detención y, durante varias semanas, el descubrimiento de fosas anónimas y la exhumación de cadáveres N.N. conformaron el núcleo central del proceso de denuncia y reconstrucción de lo ocurrido tras la derrota de Malvinas.

El escándalo de la logia Propaganda Due (P2) y los procesos judiciales por la desaparición forzada del embajador en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá (en julio de 1977), y el secuestro y posterior asesinato de la diplomática Elena Holmberg (diciembre de 1978), que involucraban a altos miembros de las FF. AA., como el exalmirante Massera, acapararon la atención del matutino durante semanas.^[14] Sobre estos casos, el diario sostuvo: “Todo cuanto surge ahora a la luz compone un macabro rompecabezas, cuya mayor virtud es la de demostrar que, a la corta o a la larga, las túnicas del silencio ceden ante la voluntad de determinar la verdad”. Aunque no emitió condenas directas sobre los responsables, advirtió a los implicados que “los escándalos ya no pueden enterrarse como testigos incómodos […]. Estamos en el momento de la acumulación de incómodos testimonios. Salgamos de él de la única manera posible: haciendo justicia” (Clarín, 4 de julio de 1981, p. 10).

En octubre de 1982, el asesinato de Marcelo Dupont, hermano de Gregorio Dupont, conmocionó nuevamente a la opinión pública.^[15] Las revelaciones sobre el caso, que evidenciaban la responsabilidad de altos funcionarios del régimen, motivaron un crítico editorial en el que el diario sentenció: “La injusta violencia de una muerte ha provocado, en el conjunto de la comunidad, la justa y lúcida reivindicación de la vida. No hay que perder esta preciosa voluntad de rescate, mientras los asesinos se quedan solos” (Clarín, 9 de octubre de 1982, p. 10).

Como desde 1977, los crímenes del terrorismo de Estado continuaban siendo representados en Clarín como fenómenos individuales, tematizados a partir de casos célebres que llegaban a la primera plana (Iturralde, 2017). La novedad no estaba en los casos, algunos ya tratados anteriormente como los de Hidalgo Solá o Holmberg, sino en que ahora se identificaba como responsables a altos funcionarios del régimen. En el nuevo contexto posterior a Malvinas, esto enriqueció gradualmente el conocimiento social sobre el alcance y la dimensión del plan represivo.

Además de las denuncias de los familiares, comenzaron a salir a la luz pruebas difíciles de desmentir. El 23 de octubre, el diario informó sobre la aparición de “400 cadáveres inhumados como N.N. entre 1976 y 1979 en el cementerio municipal de Grand Bourg” (Clarín, 23 de octubre de 1982, p. 8) El horror de la represión clandestina adquirió visibilidad pública con el hallazgo de tumbas colectivas repletas de cuerpos identificados bajo la fórmula “N.N.”, abreviación de la expresión latina Nomen nescio (‘nombre desconocido’).^[16]

Este descubrimiento inauguró un nuevo momento en el tratamiento de los derechos humanos en Clarín. Si bien el matutino no se expidió editorialmente, la cobertura del asunto dio cuenta de algunas modificaciones sustantivas. Aunque la denuncia había sido llevada a cabo por miembros del CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las protagonistas indiscutibles de la cobertura propuesta por el diario fueron las Madres de Plaza de Mayo. Las fotografías que acompañaron las crónicas de estos días expresaban las transformaciones operadas en el lenguaje utilizado por el matutino para referir a la cuestión de los derechos humanos y para construir discursivamente a sus denunciantes. Por primera vez, se ofrecían fotografías y referencias textuales al sufrimiento de las madres, permitiendo generar empatía en los lectores.

Los develamientos continuaron en abril de 1983 con los primeros testimonios públicos de represores. El exoficial Rodolfo Peregrino Fernández, que había sido inspector de la Policía Federal, en declaraciones ante la Comisión Argentina de los Derechos Humanos (CADHU) con sede en Madrid, reveló detalles hasta ese momento desconocidos sobre la estructura represiva montada por el Estado, los cuales fueron extensamente reproducidos en las páginas de Clarín (Clarín, 10 de abril de 1983, p. 7; 13 de abril de 1983, p. 10.) El testimoniante, quien declaraba desde el exilio en Holanda y había estado bajo las órdenes del ministro del Interior Albano Harguindeguy entre abril de 1976 y enero de 1977, expuso minuciosamente los principales elementos del aparato represivo clandestino estructurado por las FF. AA. y la Policía Federal desde 1976: la incorporación de bandas parapoliciales como la Triple A, la existencia de “campos de concentración”, la complicidad de abogados, periodistas, sacerdotes y magistrados y los métodos utilizados para desaparecer a los prisioneros.^[17]

A la semana, un informe del CELS constató al menos 47 centros clandestinos de detención. Sus denominaciones y ubicaciones, junto con los nombres de los testigos, fueron publicadas en el matutino (Clarín, 20 de abril de 1983, p. 6). Simultáneamente, “el problema de los niños desaparecidos”, como en ese momento se empezaba a referir a las apropiaciones ilegales de menores, fue ganando visibilidad y fueron publicadas las primeras solicitadas y noticias sobre la organización dedicada a su búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo. La mención de las actividades llevadas a cabo por el organismo no resulta una cuestión menor, y la aparición de los avances en los casos de niños apropiados, sobre todo la publicación de sus datos filiatorios e incluso de sus fotografías, representa un giro perceptible en los modos de tratamiento periodístico del tema en el medio gráfico analizado.

A lo largo de todo el año 1983, las causas judiciales por delitos de violaciones a los derechos humanos cautivaron la atención del diario. Las citaciones, los llamados a declaración, los procesamientos y, en general, la actuación del Poder Judicial fueron convertidos en uno de los temas más importantes de la actualidad periodística y en un fenómeno novedoso que se consolidó durante los primeros meses del retorno a la democracia. En este marco, Clarín mostró un tono optimista respecto del nuevo proceder del Poder Judicial y argumentó que “lo que se enjuicia es −más allá de responsabilidades individuales que finalmente se determinen− la estructura autoritaria de poder” (Clarín, 21 de junio de 1983, p. 18).

Conclusiones

El análisis del tratamiento de los derechos humanos en las páginas de Clarín durante los años finales de la dictadura evidencia que la constitución de esta cuestión como problema público fue un proceso complejo y condicionado por múltiples factores políticos, sociales y simbólicos. La emergencia de los derechos humanos en la esfera pública no fue un efecto automático de la apertura política ni de la derrota en Malvinas, sino el resultado de disputas por la visibilidad, la legitimidad y el sentido de la represión estatal. Este proceso implicó la intervención activa de familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, partidos políticos, la Iglesia y, de manera decisiva, los medios de comunicación, que jugaron un papel central en la construcción de marcos interpretativos y en la delimitación de lo decible sobre el pasado reciente.

El caso de Clarín ilustra con claridad las tensiones entre continuidad y cambio en la cobertura mediática. Por un lado, persistieron matrices discursivas heredadas del régimen autoritario, como la explicación bipolar de la violencia y la representación de los desaparecidos como casos individuales. Por otro lado, el diario fue capaz de adaptarse a las nuevas condiciones políticas y sociales, incorporando progresivamente denuncias de familiares y organismos, aumentando la cobertura fotográfica y recuperando formatos informativos como la publicación de trascendidos. Este tránsito reflejó tanto la apertura de espacios de debate público como la necesidad de adecuar las demandas de los derechos humanos a un registro compatible con el consenso democrático incipiente.

La guerra de Malvinas constituyó un punto de inflexión en la agenda editorial, pero no implicó un abandono del discurso antisubversivo ni un cuestionamiento general a la legitimidad de la represión militar. La crítica de Clarín se centró en los “excesos” y en los métodos empleados, articulando un discurso legalista y moderado que buscaba equilibrar la denuncia de la arbitrariedad con la preservación de la gobernabilidad y la reconciliación nacional. La apelación al paradigma de la reconciliación, promovido también por la Iglesia, permitió al diario proyectar su posición como intermediaria entre la denuncia y la institucionalidad, consolidando un registro de moderación que se mantuvo hasta los primeros meses de la transición democrática.

El tratamiento periodístico de la cuestión de los desaparecidos muestra que, pese a la mayor visibilidad y al incremento de la cobertura, el relato del diario se mantuvo, de manera similar a los años previos, centrado en un conjunto de casos paradigmáticos presentados como crímenes individuales, descontextualizados y explicados principalmente a partir de las claves interpretativas del discurso antisubversivo, más que por el reconocimiento de la planificación, la sistematicidad y la masividad que caracterizaron la represión estatal. El relato histórico sobre la violencia reciente construido desde las páginas del diario se elaboró sobre la base de un esquema bipolar que identificaba dos fuerzas rivales (FF. AA. y organizaciones guerrilleras) y una relación causal entre ambas. Su estructura argumentativa reposaba en una crítica absoluta a la violencia, con hincapié en los métodos para llevarla a cabo. De este modo, en la coyuntura de los años finales de la dictadura, el mayor matutino del país consolidó una matriz explicativa que, reactualizada y con diferencias de grado e intensidad en los diferentes contextos de enunciación, fue puesta en circulación en sus páginas desde por lo menos 1975.

Aun así, la incorporación de fotografías y declaraciones de familiares y la cobertura de avances judiciales contribuyó a la formación de un conocimiento social más amplio sobre la dimensión del plan represivo, sentando bases para los debates posteriores al advenimiento de la democracia. En síntesis, la trayectoria de Clarín durante los últimos años de la dictadura muestra cómo la prensa masiva funcionó como instrumento de visibilidad y también como mediadora de sentidos, equilibrando la continuidad de su línea editorial con la necesidad de adaptarse a un nuevo marco democrático.

Referencias bibliográficas

Borrelli, M. (2016). Por una dictadura desarrollista. Clarín frente a los años de Videla y Martínez de Hoz, 1976-1981. Biblos.

Canelo, P. (2008). El proceso en su laberinto: la interna militar de Videla a Bignone. Prometeo.

Cohen Salama, M. (1992). Tumbas Anónimas: informe sobre la identificación de restos de víctimas de la represión ilegal. Catálogos.

Díaz, C. L., Giménez, M. J. y Passaro, M. M. (2015). La libertad de expresión y el reposicionamiento editorial de La Nación en 1982. Anuario de Investigaciones, 1, 6-30.

Díaz, C. L., Giménez, M. J. y Passaro, M. M. (2016). Clarín y “el problema de los derechos humanos” en la transición a la democracia. Actas de Periodismo y Comunicación, 1.

Escudero Chauvel, L. (1996). Malvinas: el gran relato: fuentes y rumores en la información de guerra. Gedisa.

Fabris, M. (2011). Iglesia y democracia. Avatares de la jerarquía católica en la Argentina posautoritaria. Prohistoria.

Feld, C. (2010). La representación de los desaparecidos en la prensa de la transición: el “show del horror”. En E. Crenzel (Coord.). Los desaparecidos en la Argentina: memorias, representaciones e ideas (1983-2008) (pp. 25-41). Biblos.

Feld, C. (2015). La prensa de la transición ante el problema de los desaparecidos: el discurso del “show del horror”. En C. Feld y M. Franco (2015). Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura (pp. 269-316). Fondo de Cultura Económica.

Feld, C., y Franco, M. (2015). Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura. Fondo de Cultura Económica.

Ferrari, M., y Gordillo, M. (2015). La reconstrucción democrática en clave provincial. Prohistoria.

Franco, M. (2018). El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983). Fondo de Cultura Económica.

Franco, M. (2023). 1983. Transición, democracia e  incertidumbre. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Gandulfo, J. (2014). El caso de las tumbas de N.N. en Grand Bourg. La justicia y los organismos de derechos humanos en la transición a la democracia. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. IDES-UNGS.

González Bombal, I. (1995). Nunca más. El juicio más allá de los estrados. En C. Acuña et al., Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina (pp. 193-216). Nueva Visión.

Guber, R. (2001). ¿Por qué las Malvinas? Fondo de Cultura Económica.

Iturralde, M. (2013). El diario Clarín y la visita de la CIDH a la Argentina (1979-1980): silencio estratégico y reposicionamiento editorial. Question, 37, 316-327.

Iturralde, M. (2016). El terrorismo de Estado en noticias. Clarín ante la cuestión de los derechos humanos (1975-1985). Tesis para optar al grado de doctor en Ciencias Sociales. IDES-UNGS (mimeo).

Iturralde, M. (2017). La construcción discursiva del desaparecido en Clarín. Avatares de una figura (1975-1981), en L. Martin y E. Andriotti Romanin (Comps.), El pasado es hoy. Investigaciones y debates sobre las herencias criminales (pp. 39-69). EUDEM.

Iturralde, M. (2019). Genealogías mediáticas de la desaparición: el diario Clarín y el caso Enrique Esteban (1975-1978). Quinto Sol, 23, 1-19.

Jelin, E. (1995). La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina. En C. Acuña et al. (eds.), Juicio, castigo y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina (pp. 101-146). Nueva Visión.

Jelin, E. (2007). Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la palabra. Cadernos Pagu, 29, 37-60.

Linz, J. J. (1990). Transiciones a la democracia. REIS, 51.

O’Donnell, G. y Schmitter, P. (2010). Transiciones desde un gobierno autoritario: conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Prometeo.

Portantiero, J. C., y Nun, J. (1987). Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina. Buenos Aires: Puntosur.

Quiroga, H. (2004). El tiempo del “Proceso”, conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976. Rosario: Homo Sapiens.

Sivak, M. (2013). Clarín, el gran diario argentino: una historia. Buenos Aires: Planeta.

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