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4 La dominación geopolítica

4.1. Control estratégico-militar

Al igual que se ha procedido con la dimensión económica, también en el terreno de la dominación geopolítica es posible detectar indicadores que contribuyen a ponderar el nivel de control que el actor central ejerce sobre el periférico. Esos indicadores se ven afectados por dos variables principales: la proximidad geográfica entre centro y periferia; y la incidencia de las cuestiones políticas e ideológicas de orden global. Respecto del impacto de la primera de estas variables, conviene efectuar algunas consideraciones de orden histórico.

La política estadounidense hacia la cuenca del Caribe refleja una larga trayectoria de priorización de los asuntos estratégico-militares, determinada por factores de orden geográfico (Johnson 1940; Child 1985: 145; Greene y Scowcroft 1985).[1] Este orden de prelación, en el que los asuntos económicos se subordinan a los de seguridad (Child 1985: 145; Wiarda 1985: 74), se ha materializado en una apreciación estratégica de la cuenca como una “tercera frontera” o “perímetro de defensa” de los Estados Unidos (Rodríguez Beruff 2010: 137). Asimismo, las percepciones sobre la incidencia estratégica de la proximidad entre centro y periferia reconocen profundas raíces histórico-psicológicas (Child 1985: 145).[2] Desde fines del siglo XIX y hasta la década de 1970, las metas de seguridad de Washington pueden sintetizarse en tres ejes: i) garantizar un flanco austral seguro, estable y pacífico; ii) facilitar el acceso a materias primas y robustecer el comercio, la inversión y las rutas de transporte; y iii) garantizar la ausencia de rivalidades interimperiales en la región. Adicionalmente, desde mediados de la década de 1970, y en línea con la complejización del fenómeno de la seguridad internacional, se adicionaron las problemáticas migratoria, del narcotráfico y del terrorismo (Child 1985: 145-146; 157-158).

Para preservar sus intereses geopolíticos, Washington desplegó a lo largo del siglo XX un conjunto de estrategias –que fueron desde el unilateralismo hasta el multilateralismo y desde la intervención puramente militar hasta enfoques integrales que contemplaron la acción económico-social– en el que jugaron un papel determinante el despliegue de tropas y el establecimiento de bases castrenses. Esta tendencia intervencionista ha estado caracterizada, por otra parte, por una dinámica espasmódica, proclive a la exacerbación en tiempos de crisis (Child 1985: 145-148).

En este primer apartado se busca evaluar la dominación geopolítica de los Estados Unidos en la República Dominicana desde el punto de vista de la proyección de poder. Para ello se revisa la historia de las intervenciones militares en Santo Domingo durante el siglo XX. El argumento central es que la proximidad geográfica entre centro y periferia ha sido clave para moldear el carácter del vínculo bilateral (Womack 2004: 360), el que ha adquirido los rasgos de un imperialismo informal de tipo militarizado. Esta tendencia se ha visto reforzada por la presencia de conflictos políticos e ideológicos de nivel global, que han agudizado el reflejo militar del actor imperial.

4.1.1. La proyección de poder de los Estados Unidos sobre la República Dominicana

Abraham Lowenthal sostiene que en ningún otro país los Estados Unidos han ejercido una influencia tan sostenida en el tiempo como en la República Dominicana (1970: 30). El autor se enfoca en uno de los parámetros que contribuyen a dar cuenta de la dominación estratégico-militar: el despliegue de efectivos del país central en el periférico. Este indicador exhibe, entre otras cuestiones, la incidencia que detenta la proximidad geográfica en los casos de imperialismo informal militarizado. Según precisa Lowenthal: “Tres veces en 60 años –en 1905, en 1916 y en 1965– los Estados Unidos enviaron los marines a Santo Domingo. Esas intervenciones militares sólo constituyen los más dramáticos episodios de un récord extraordinario […] que ha precedido a la primera intervención y trascendido a la tercera” (Lowenthal 1970: 30).

El involucramiento al que refiere Lowenthal excede ampliamente la proyección de poder en sentido estricto. Es decir, trasciende la concepción del despliegue físico de tropas, para incidir de manera duradera –como se verá en la segunda parte del capítulo– en los aspectos doctrinarios de las fuerzas armadas dominicanas. El imperialismo informal militarizado de Washington revela otro aspecto puntualizado por Lowenthal y enfatizado en esta tesis: que su principal motivación ha sido la búsqueda de seguridad y que el despliegue de tropas ha procurado tener efectos anticipatorios (1970: 31). Esta apreciación ha sido plasmada en importantes documentos político-estratégicos –como el “Memorándum Clark” de 1930[3]– y es advertida por autores de perfil más crítico que Lowenthal, como Peter H. Smith[4] o Piero Gleijeses[5].

La información empírico-descriptiva que se recoge en la primera parte de este capítulo procura testear algunas de las previsiones teóricas de la literatura especializada. Siguiendo a Lake (2009: 68-71), se analiza el impacto del despliegue de tropas en materia de control político-militar de los Estados Unidos sobre la República Dominicana. Algunos de los terrenos en los que la dominación geopolítica se expresa en las relaciones de imperialismo informal son: i) el diseño de las políticas militares y de seguridad del país periférico; ii) el compromiso que los países débiles asumen en conflictos globales como consecuencia de su subordinación al centro; y iii) las restricciones que experimentan en materia de política exterior, defensa o seguridad internacional. Las diversas manifestaciones de la proyección de fuerzas del país central sobre el periférico generan que los niveles de jerarquía internacional en materia geopolítica tiendan a aumentar.

Existen otros elementos que influencian la expansión de poder del centro sobre la periferia. En el caso domínico-norteamericano, los instrumentos de dominación geopolítica han comprendido, además del desembarco de tropas, el establecimiento de bases castrenses, los programas de financiamiento militar, las transferencias de sistemas de armas, el intercambio de inteligencia estratégica y el desarrollo de ejercicios militares. Asimismo, un elemento que contribuye a ponderar el nivel de jerarquía de las relaciones asimétricas en el terreno geopolítico es la conformación de alianzas militares. En el imperialismo informal militarizado, el centro establece una relación de dominación sobre el actor periférico que lo inhibe a este último de establecer alianzas independientes, es decir, por fuera de la fijada con el actor imperial.

A continuación, se efectúa un racconto histórico del intervencionismo militar estadounidense en la República Dominicana. Se trata de poner en evidencia el impacto del despliegue de tropas a lo largo del siglo XX, en un proceso que ha tenido como momentos culminantes las intervenciones que siguieron al “corolario Roosevelt” a la doctrina Monroe (1905), la ocupación militar (1916-1924) o la invasión de los marines durante la guerra civil (1965), pero que trasciende esas contingencias históricas para adquirir las características de un fenómeno estructural.

4.1.2. Las primeras tres décadas del siglo XX

Aún no se había iniciado el siglo XX y la incidencia militar norteamericana en la República Dominicana ya se hacía sentir. La primera exhibición de esta proyección de fuerza ocurrió en plena consolidación del imperialismo informal, es decir, en una etapa de desplazamiento de los intereses europeos. El acontecimiento tuvo lugar cuando el gobierno de Francia, por medio de sus cónsules, exigió al gobierno dominicano de Juan Isidro Jimenes el pago de unos 280.000 francos, pendientes de una indemnización acordada en 1897. El compromiso había quedado plasmado en el contrato de reconversión de la deuda suscripto entre el entonces presidente Heureaux y la Santo Domingo Improvement Company. Tras la oferta de cubrir la deuda con pagos parciales, y ante la imposibilidad francesa de embargar los ingresos aduaneros dominicanos, los representantes galos requirieron a su gobierno el envío de embarcaciones de guerra (Franco Pichardo 2009: 360). Tres buques franceses anclaron en Santo Domingo, desafío frente al cual el gobierno estadounidense reaccionó desplegando sus propios navíos de guerra. Además de bajarle el tono a los reclamos franceses apelando a la doctrina Monroe, los Estados Unidos aprovecharon la ocasión para imponerle al presidente Jimenes una serie de decisiones que favorecían a un contratista norteamericano en litigio (Franco Pichardo 2009: 361). No había lugar, entendía Washington, para rivalidades interimperiales en su “periferia inmediata”.

En un sentido similar deben leerse los sucesos de principios de 1903, que culminaron con un enfrentamiento por el dominio de la ciudad de Santo Domingo. El general Alejandro Woss y Gil, al frente de fuerzas rebeldes, desplazó al mandatario Horacio Vásquez y fue proclamado presidente provisional el 23 de marzo de 1903 (Franco Pichardo 2009: 368). El breve gobierno de Woss y Gil se vio atravesado, de principio a fin, por la ominosa presencia de embarcaciones de guerra norteamericanas. Éstas buscaban limitar la eventual proyección de las potencias europeas –cuyo objetivo era cobrar deudas del gobierno dominicano[6]– y presionar por el cumplimiento del protocolo “Sánchez-Powell” de enero de 1903[7], que inicialmente el gobierno de Woss y Gil se negó a cumplir. El mismo mes de la asunción de Woss y Gil, Washington desembarcó en Santo Domingo a un grupo de marines que permanecieron hasta el mes siguiente (Selser 2010: 91). Cabe señalar que el peso de la cercanía geográfica y la posición estratégica de la República Dominicana en el Caribe, elementos determinantes para explicar la continua proyección de poder de Washington, habían sido advertidos oportunamente por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Manuel de Jesús Galván (Morison y Commager 1951: 256-257).[8]

El gobierno de Woss y Gil debió capitular ante un levantamiento de tropas rebeldes al mando del ex sacerdote Carlos Morales, que contaba con respaldo estadounidense (Franco Pichardo 2009: 369). Un mes después del acceso al poder de Morales, los marines desembarcaban en la República Dominicana para apostarse en las ciudades de Santo Domingo, Azúa y Puerto Plata (Selser 2010: 112). El despliegue militar se sostuvo a lo largo de 1904, con la nación sumida en una guerra civil y su presidente dispuesto a colocarla bajo la tutela de Washington (Welles 2006: 96).[9] La conducta de Morales despertó una ola de indignación a nivel nacional y un recrudecimiento del espíritu de rebelión. El gobierno, que había perdido el dominio de buena parte del territorio, pudo retener el control de la capital gracias al apoyo militar norteamericano. Pese a un sostenido asedio, las tropas de la infantería de marina estadounidense –que habían desembarcado del USS Newark– lograron vencer a los rebeldes y evitar que Santo Domingo corriera la misma suerte de otras regiones (Franco Pichardo 2009: 370; Selser 2010: 117).

La situación de Morales experimentó una transitoria mejora gracias a la protección militar de los Estados Unidos (Franco Pichardo 2009: 371). En un marco de creciente imperialismo informal[10], tuvo lugar un acuerdo –que instaba al general rebelde Desiderio Arias a entrar en negociaciones con el gobierno– cargado de simbolismo: el mismo fue alcanzado al interior de un navío de guerra norteamericano (USS Detroit) y su artífice fue el comandante de la Marina estadounidense, Albert Dillingham (Collin 1990). La precaria pacificación del país condujo a la reelección de Morales, quien asumió un nuevo mandato en junio de 1904. La tutela político-militar estadounidense se mantuvo y se hizo muy visible en el corto plazo. Las circunstancias llevaron a una extensión cada vez mayor del papel del actor imperial, en un contexto en el que la opinión pública dominicana se volcó masivamente en contra de su presidente como resultado del laudo arbitral de 1904.[11]

En febrero de 1905, como continuidad de la política expansionista que los Estados Unidos venían desarrollando desde la guerra hispanoamericana de 1898, el presidente Theodore Roosevelt pronunció su corolario a la doctrina Monroe. Washington impediría los bloqueos, bombardeos u ocupación de las aduanas de los países americanos por parte de las potencias europeas. Afirmaba Roosevelt: “Los Estados Unidos se convierten en parte interesada, ya que dentro de los términos de la Doctrina Monroe, no pueden permitir que ninguna potencia europea tome y ocupe el territorio de una de estas repúblicas”. El mandatario le dedicaba un párrafo a Santo Domingo: “Las condiciones en la República Dominicana no sólo constituyen una amenaza a nuestras relaciones con otras naciones extranjeras, sino que también afectan […] la seguridad de los intereses americanos” (cit. en Franco Pichardo 2009: 374). Tras el mensaje de Roosevelt, el secretario de Estado John M. Hay cablegrafió a su ministro en Santo Domingo, Thomas C. Dawson, para solicitarle que sondeara al presidente Morales acerca de la posibilidad de que los Estados Unidos se hicieran cargo de la recaudación de aduanas (Welles 2006: 91). Para acelerar las negociaciones, Roosevelt designó un nuevo representante –el comandante Dillinghan–, quien llegó a Santo Domingo a bordo de la cañonera USS Castine. Lo que siguió fue descrito, desde la perspectiva económica, en el capítulo anterior: primero se firmó un protocolo en enero de 1905, que establecía que las recaudaciones aduaneras serían llevadas a cabo por representantes de los Estados Unidos; y luego, ante la falta de aprobación de ese instrumento, Roosevelt impulsó el “Modus Vivendi”, un acuerdo que regiría provisoriamente hasta tanto se lograse la ratificación del protocolo y que fue acompañado por el despliegue de medios militares (Selser 2010: 139). Apenas se materializó este esquema, arribó a Santo Domingo una nave de guerra que traía al coronel George R. Colton, quien fue designado Receptor de Aduanas por el presidente Morales (Franco Pichardo 2009: 375). A los pocos días, otros buques fueron desplazados hacia los principales puertos dominicanos, entre ellos el USS Newark –al mando del comandante de la escuadra del Caribe, Charles C. Sigsbee–, que se dirigió hacia Montecristi con el fin de instalar como recaudador al comandante Leiper (Herrera 2009: 143). La última manifestación de la incidencia norteamericana durante el mandato de Morales fue de orden político, pero también implicó el despliegue de medios militares. Tras una fallida maniobra para perpetuarse en el poder –que exigía destituir a su vicepresidente Cáceres y acordar secretamente con el grupo de Desiderio Arias–, Morales solicitó la intervención norteamericana para exiliarse (Franco Pichardo 2009: 376). El 11 de enero de 1906, tras remitir al Congreso su carta de renuncia desde la legación de los Estados Unidos en Santo Domingo, Morales abandonó la República Dominicana de una manera que simbolizaba su gobierno: a bordo de una cañonera estadounidense –la USS Dubuque– con destino a Puerto Rico.[12]

El año 1907 fue clave para la consolidación del imperialismo informal en la República Dominicana. En febrero se suscribió la “Convención Domínico-Americana”, que consolidaba la dependencia financiera. El acuerdo –alcanzado durante la presidencia de Ramón Cáceres– fue objeto de múltiples diatribas de dirigentes opositores, medios informativos y opinión pública. Esta resistencia, además, tenía lugar en un marco de conmoción interna, con una insurrección en la línea noroeste del país (Herrera 2009: 138). El cuadro de situación hacía que el músculo militar estadounidense permaneciera latente, como lo demuestra el siguiente mensaje de Roosevelt a su secretario de Marina: “En cuanto a la cuestión de Santo Domingo, dígale al almirante Bradford que reprima toda revolución. Me propongo mantener la isla en el status quo hasta que el Senado haya tenido tiempo de tomar una decisión sobre el tratado” (cit. en Selser 2010: 123). La situación dominicana empeoró drásticamente con el asesinato del presidente Cáceres en noviembre de 1911, quien falleció en la legación de los Estados Unidos en Santo Domingo.[13]

Desde entonces, la guerra civil recrudeció y con ella el intervencionismo norteamericano. Esto se hizo particularmente evidente durante el gobierno de Eladio Victoria (1911-1912), quien a los pocos meses de haber asumido ya enfrentaba fuertes presiones norteamericanas. El nuevo enviado a la isla, William M. Russell, lo expresó muy claramente en un mensaje al Departamento de Estado en septiembre de 1912: “Sin nuestro control efectivo, aquí una administración es tan buena como cualquier otra. Una vez que fueran desembarcadas tropas para la protección de las aduanas dentro de los derechos que nos confiere la Convención, podríamos dictar una política beneficiosa para el país” (Welles 2006: 159). Menos de una semana después, Frank McIntyre –general a cargo del Bureau de Asuntos Insulares del Departamento de Guerra– y William T. Doyle –jefe de la División Latinoamericana del Departamento de Estado– fueron enviados a Santo Domingo, a bordo del crucero USS Prairie, en una misión especial con cerca de 800 soldados destinada a “investigar la situación dominicana” (Franco Pichardo 2009: 398).

La “misión especial” pronto interpretó que el gobierno de Eladio Victoria carecía de futuro. Los comisionados lo ahogaron financieramente e iniciaron gestiones con el grupo rebelde encabezado por Horacio Vásquez (Franco Pichardo 2009: 398-399). Habían decidido forzar los acontecimientos para destituir al gobierno dominicano, pero ello debía hacerse bajo las premisas de Washington. Caso contrario, advertían los comisionados, el paso siguiente sería instalar en Santo Domingo un gobierno militar estadounidense (Welles 2006: 163). Las negociaciones se desarrollaron según la lógica del imperialismo informal: Vásquez y sus hombres fueron convocados a una reunión a bordo del crucero USS Prairie, de la que surgió el nombre del arzobispo Adolfo Nouel como presidente provisional por un periodo de dos años. Sin embargo, la estancia del prelado en el poder fue de sólo unos meses. Agobiado por las presiones derivadas de la guerra civil, y a pesar del respaldo estadounidense, Nouel dimitió en marzo de 1913 (Wells 2006: 167). Su sucesor fue el general José Bordas Valdez, cuyo gobierno –producto de un acuerdo político entre facciones[14]– resultó atravesado por una nueva etapa de “imperialismo de las cañoneras” (Mann 2008: 10). Menos de cinco meses después de su asunción resultó desafiado por una insurrección en Puerto Plata conocida como la “revolución del ferrocarril” (Franco Pichardo 2009: 402). Desde ese momento la intervención de los Estados Unidos, que en una primera instancia respaldaron a Bordas (Welles 2006: 177), se hizo cada vez más palmaria. La creciente intrusión del actor imperial comenzó con manifestaciones políticas y económico-financieras, para concluir con el despliegue de medios militares (Selser 2010: 291). Pese a que Bordas contaba con el apoyo del ministro norteamericano Sullivan[15], el presidente Wilson y su secretario de Estado Bryan le quitaron su respaldo. Ello resultó evidente cuando, en el contexto de una avanzada para recuperar la ciudad de Puerto Plata que se encontraba en manos rebeldes, las fuerzas gubernamentales fueron repelidas desde un buque de guerra norteamericano, el USS Machias. Al mismo tiempo, desde el crucero South Carolina desembarcaron marines que se inmiscuyeron en el conflicto interno dominicano (Selser 2010: 298). Esta sucesión de intervenciones tenía lugar tan sólo unos días después de que, en sucesivas reuniones mantenidas en los buques de guerra Washington y South Carolina, Bordas se negara a renunciar (Franco Pichardo 2009: 407).

En julio de 1914, el presidente Woodrow Wilson efectuó un comunicado que implicaba un ultimátum para Bordas y daba claras señales de cómo opera el imperialismo informal cuando se interrumpe el “colaboracionismo periférico”.[16] El desenlace incluyó otra exhibición de la “diplomacia de las cañoneras”. Wilson comisionó a dos hombres de su confianza –el gobernador de New Jersey, John F. Fort, y el abogado de New Hampshire, Charles C. Smith– para que supervisaran el cumplimiento del plan previsto para la República Dominicana. La comitiva llegó a Santo Domingo a bordo de varios buques de guerra en agosto de 1914. En esos acorazados se mantuvieron reuniones con los hombres fuertes de la política dominicana, lo que incluyó dos encuentros con el presidente Bordas (Franco Pichardo 2009: 409). En el último de ellos, se consumó la renuncia del mandatario, a la vez que los comisionados –con la anuencia de los políticos locales– decidieron el nombramiento de Ramón Báez como presidente provisional. Su principal misión sería garantizar la celebración de comicios en el mes de octubre, monitoreados por representantes del gobierno estadounidense (Selser 2010: 301). Las elecciones fueron ganadas por el caudillo Juan Isidro Jimenes, quien asumió la presidencia en diciembre de 1914.

Jimenes iniciaba su segundo mandato –el primero había transcurrido entre 1899 y 1902– en un contexto de consolidación del imperialismo informal militarizado.[17] El caudillo no había cumplido un mes en el gobierno, cuando Washington le efectuó su primer planteo: la necesidad de creación de una Guardia Civil que sustituyese al Ejército y a la Guardia Rural (Henríquez Ureña 1977: 76-77). Las presiones no cejaron y las primeras concesiones de Jimenes –rechazadas por amplios sectores sociales– fueron la causal de un movimiento insurreccional impulsado por Horacio Vásquez en julio de 1915 (Franco Pichardo 2009: 415-416).[18] Una nueva muestra del reflejo militar estadounidense quedó plasmada ante dicho conato, en este caso a través de una advertencia efectuada a Vásquez por el encargado de negocios en Santo Domingo, lo que incluía la posibilidad del desembarco de tropas en apoyo al presidente Jimenes (Mejía 2011: 187-188). Jimenes agradeció el ofrecimiento pero respondió que su gobierno contaba con las fuerzas necesarias para poner coto a la insurrección. Por su parte, Vásquez, al recibir la misiva del funcionario estadounidense, lanzó una enérgica protesta contra el intervencionismo en los asuntos internos dominicanos.

Las presiones intervencionistas se fueron intensificando[19]: el 1° de mayo de 1916 arribó a Santo Domingo el crucero USS Prairie, capitaneado por el comandante Walter S. Crosley. Pocos días después, procedente de Haití –que también se hallaba bloqueada por los Estados Unidos y que sería objeto de una ocupación a partir de julio– arribó el contralmirante William B. Caperton. Media docena de buques de guerra norteamericanos anclaron en el puerto de Santo Domingo, mientras una cantidad similar de navíos fue enviada a ciudades como Puerto Plata, Sánchez, San Pedro de Macorís y Montecristi (Franco Pichardo 2009: 422-423). Los acontecimientos llevaron el sello del imperialismo informal militarizado. Apenas arribó a la República Dominicana, el comandante Caperton se dirigió a la localidad de Camelén, en donde se encontraba el presidente Jimenes con su gabinete. El oficial estadounidense ofreció ayuda militar para frenar el alzamiento rebelde. Jimenes rechazó el ofrecimiento con un criterio similar al expuesto en oportunidades previas. Al regresar a Santo Domingo con el objeto de recuperar el control de la capital, el mandatario –quien había establecido en el barrio de San Jerónimo el nuevo asiento administrativo del gobierno y buscaba vencer a las tropas de Desiderio Arias– se encontró con una sorpresa. La infantería de Marina de los Estados Unidos había desembarcado, sin autorización presidencial y en abierta contradicción con el principio de autodeterminación que rige el derecho internacional (Selser 2010: 341-342). A ello se sumaba una carta del comandante Crosley a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la República Dominicana: “si se hace necesario desembarcar tropas [esto en realidad ya había sucedido], por la presente prevenimos que cualquier acto hostil contra las tropas americanas determinará una seria acción de dichas tropas” (cit. en Jimenes Grullón 1981: 329). La situación para Jimenes era insostenible: acorralado por la revuelta y por la intervención norteamericana, debió renunciar el 7 de mayo de 1916.

Desiderio Arias continuó en rebeldía contra el Consejo de Secretarios de Estado que ejerció el Poder Ejecutivo de modo transitorio luego de la renuncia de Jimenes. Ello motivó la intervención del jefe de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos en la región, contralmirante Caperton, quien en una misiva conjunta con el ministro Russell le transmitió un ultimátum a Arias: si no deponía las armas, la marina estadounidense bombardearía la ciudad de Santo Domingo, cuyos puntos estratégicos ocupaban las fuerzas rebeldes (Henríquez Ureña 1977: 102-103). Finalmente el caudillo depuso su actitud y abandonó la ciudad (Franco Pichardo 2009: 425; Selser 2010: 339-341). En ese contexto, y hasta tanto se designara al sucesor de Jimenes, las fuerzas norteamericanas resolvieron avanzar con su proyección de poder sobre el territorio dominicano. De acuerdo a la proclama de Caperton, los Estados Unidos debían –ya controlada Santo Domingo– desplegarse en el resto de las ciudades del país (Selser 2010: 353-354).[20]

La lesión de la soberanía periférica resultaba ostensible y la delgada línea entre imperialismo formal e informal comenzaba a resquebrajarse. La asunción de Francisco Henríquez y Carvajal como presidente el 31 de julio de 1916 había sido aceptada por Washington, luego de idas y vueltas que habían incluido la declinación –a instancias de los Estados Unidos– del candidato elegido por el Parlamento dominicano (Franco Pichardo 2009: 425). El despliegue militar estadounidense, que ahora incluía tareas policiales además del control territorial, generaba cada día nuevas arbitrariedades (Selser 2010: 358). La presencia ominosa de tropas se conjugaba con una presión cada vez más fuerte por el control financiero de la República Dominicana y por el comando de la guardia civil. Incluso los Estados Unidos ataban el reconocimiento diplomático a la satisfacción de estos dos asuntos. La presión era tal que el propio secretario de Estado, Robert Lansing, acercó los borradores de los instrumentos jurídicos que podrían asegurar estas dos reclamaciones (Franco Pichardo 2009: 427). La reticencia de Henríquez y Carvajal, especialmente en lo concerniente al establecimiento de una Guardia civil bajo el mando de Washington, selló su suerte presidencial. Se inició en lo inmediato la única etapa del siglo XX en que el imperialismo informal dejó lugar a una administración formal de la periferia por parte del actor imperial. El 29 de noviembre de 1916, el capitán de navío Harry Knapp emitió una proclama desde el buque USS Olympia, en la que anunciaba la ocupación de la República Dominicana. Esto implicaba que Santo Domingo quedaba bajo el dominio de una fuerza extranjera y que todo lo que tuviera que ver con el desempeño de ésta se hallaba sometido a la Ley Militar que la regía (Franco Pichardo 2009: 429).

En cuanto al periodo 1916-1924, es necesario enfatizar la centralidad que las islas del Caribe en general –y la República Dominicana en particular– detentaron para los Estados Unidos en el contexto de la primera Guerra Mundial (Mejía 2011: 212). Independientemente de la amenaza que pudieran representar los submarinos de guerra alemanes en la zona[21], Washington consideró indispensable la ocupación territorial y el gobierno directo de su “periferia inmediata”. El rol de la Infantería de Marina no se limitó al desembarco y ocupación posterior –para luego dar lugar a una transición hacia una administración civil–, sino que asumió las posiciones clave de un gobierno de naturaleza castrense. El capitán Knapp fue designado Gobernador Militar y sus principales ministros fueron oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses.[22] El despliegue militar conllevó la conducción y el adiestramiento por parte de los marines de la Guardia Civil dominicana, la que pronto sería transformada en una Guardia Nacional (Latorre 1979: 61). La participación de las fuerzas norteamericanas no se agotaba allí, sino que, como señala Franco Pichardo, “contaba, además, con decenas de puertorriqueños distribuidos como espías en campos y aldeas […] y también con un ejército de sicarios nativos que se había comenzado a organizar a partir de la Orden Ejecutiva del 7 de abril de 1917 que autorizó la creación de la Guardia Nacional Dominicana” (2009: 436). Incluso tareas civiles como la administración de justicia (Gleijeses 2011: 38) o la construcción de carreteras (Latorre 1979: 62) fueron realizadas por militares. Con respecto al despliegue de espías por parte del gobierno de ocupación, el asunto merece precisiones por su incidencia en las futuras Fuerzas Armadas trujillistas. Como parte de los cambios organizativos impulsados por los marines, una de las instituciones más impactadas fue la “Guardia Nacional Dominicana”, resultado de la creación de una brigada especializada en actividades de espionaje. Ese embrionario servicio secreto le permitió a Trujillo, cuando todavía era un ignoto oficial, conocer de primera mano los “saberes técnicos” de una estructura de inteligencia que se fue sofisticando con el avance de la intervención (Paulino Ramos 2018; Vega 1986: 36).[23]

Un rasgo que no puede ser obviado en una descripción del despliegue militar estadounidense es el nivel de violencia ejercida sobre la población dominicana. Los analistas del periodo coinciden en enfatizar el racismo que guiaba la conducta de los marines (Calder 1984: 124; 153-54; Franco Pichardo 2009: 433). Las atrocidades cometidas fueron objeto de investigaciones del propio senado de los Estados Unidos, aunque dichas pesquisas no condujeron a sanciones significativas (Gleijeses 2011: 39).[24] Incluso el moderado arzobispo de Santo Domingo, Adolfo Nouel –el mismo que había ejercido la presidencia entre 1912 y 1913 con apoyo estadounidense–, señalaba la desenfrenada violencia con que actuaban los infantes de marina.[25] Ésta alcanzó niveles inéditos como consecuencia de la resistencia de los grupos guerrilleros del oriente del país, a los que los norteamericanos llamaban despectivamente “gavilleros”. Las fuerzas de ocupación buscaron, a través del asesinato del líder insurgente Vicente Evangelista, ejercer una acción aleccionadora, pero lejos del apaciguamiento consiguieron que la resistencia alcanzara niveles desconocidos. A mediados de 1918, más de 2.000 soldados estadounidenses perseguían al movimiento guerrillero y otros 2.500 habían sido solicitados por el gobierno de ocupación para poner límites a la resistencia. Desde entonces, la represión no tuvo miramientos, lo que incluyó que las fuerzas norteamericanas incendiaran aldeas completas, efectuaran matanzas indiscriminadas, recibieran tecnología de avanzada y llevaran a cabo su primer bombardeo sobre la población civil en la historia de América Latina (Hoepelman y Senior 1973: 221; Ducoudray 1976: 27; Franco Pichardo 2009: 435-437). Asimismo, en línea con los objetivos económicos del imperialismo, el despliegue de estos mecanismos resultaba funcional a los intereses de los ingenios azucareros norteamericanos, los que obtenían ingentes beneficios como consecuencia de la aplicación del terror por parte de las fuerzas de ocupación.[26]

A partir de 1919, la exigencia de evacuación de las tropas norteamericanas dejó de ser un objetivo exclusivo de la lucha “gavillera” y se extendió a otros sectores sociales y dirigenciales. Esto se hizo evidente luego de un discurso del gobernador militar Thomas Snowden –quien había reemplazado a Harry Knapp–, en el que planteó la posibilidad de extender por mucho tiempo la ocupación militar (Henríquez y Carvajal 1986: 22). Si bien el gobernador luego se retractó y designó una junta consultiva para “estudiar la situación del país y sugerir reformas”, jamás aceptó ningún tipo de recomendación que limitara el desenvolvimiento de las fuerzas de ocupación.[27] Las prácticas desplegadas por la dictadura de los marines fueron objeto de severas críticas, con costos en términos de reputación para la política exterior estadounidense (Mejía 2011: 271).[28] En efecto, el desprestigio de las tropas de ocupación llevó a que el tema dominicano se convirtiese en un asunto de agenda en la contienda presidencial estadounidense de 1920. El mandatario Woodrow Wilson –afectado por las invectivas de su contrincante Warren Harding– debió ordenarle al gobernador Snowden que efectuara una proclama anunciando el inicio del proceso de evacuación por parte de las tropas estadounidenses (Mejía 2011: 269-70).[29]

En mayo de 1921 asumió Warren Harding la presidencia de los Estados Unidos e inmediatamente tomó como prioridad el asunto dominicano. La ocupación militar horadaba la legitimidad imperial, haciendo converger el descontento de diferentes sectores en torno al objetivo de la evacuación de tropas. El nacionalismo en auge de ciertas élites dominicanas, la continuidad de las acciones de la guerrilla en la región oriental, las presiones de los grupos liberales en el sistema político estadounidense y la solidaridad continental de los gobiernos latinoamericanos aceleraron la decisión de Harding (Mejía 2011: 269-271). Tras designar un nuevo Gobernador para llevar adelante el proceso de transición –el contralmirante Samuel Robinson[30]–, se emitió una nueva proclama conocida como “Plan Harding”. En términos del despliegue castrense, el documento –una hoja de ruta de cinco puntos que buscaba garantizar para los Estados Unidos condiciones beneficiosas en el largo plazo[31]– imponía a Santo Domingo la obligación de “mantener una Guardia Nacional, eficiente, rural y urbana” y una misión militar encargada de la organización de dicha guardia, que sería “comandada por aquellos oficiales dominicanos que puedan ser competentes para prestar ese servicio y […] por oficiales norteamericanos nombrados por el Presidente de la República Dominicana a propuesta del Presidente de los Estados Unidos” (Mejía 2011: 273). En otras palabras, se garantizaba la tutela militar sobre el actor periférico, con oficiales que permanecían destacados en Santo Domingo aún después del proceso de evacuación.

El Plan Harding fue repudiado por todo el espectro político dominicano, lo que llevó a la emisión de una nueva proclama –apenas matizada– del gobernador Robinson, del 16 de marzo de 1921, que insistía con que “la ocupación continuaría cuando menos hasta el 1° de julio de 1924” (Franco Pichardo 2009: 451). Finalmente, el instrumento que se empleó para encaminar el proceso –el “Plan Hughes-Peynado”[32]– conservaba los criterios fundamentales de los planes “Wilson” y “Harding”. El modus operandi para la evacuación fue trazado en un documento complementario denominado “Memorándum de Entendido de Evacuación”, el que contaba con algunas precisiones en términos de proyección militar. El mismo mantenía en una posición tutelar a las fuerzas estadounidenses, aún después de iniciado el gobierno provisional que debía allanar el camino para las elecciones. De este modo, los militares norteamericanos conservaron un papel determinante en materia de adiestramiento de las fuerzas dominicanas, a la vez que guardaban para sí la atribución de intervenir en caso de alguna conmoción que desbordase las capacidades de estas últimas (Franco Pichardo 2009: 455).

En cuanto a la ocupación de la República Dominicana entre 1916 y 1924, es posible extraer algunas conclusiones. En primer lugar, primó una concepción fuertemente militarizada de la proyección de poder, en la que el músculo castrense predominó por sobre la estrategia diplomática. Esto generó una fuerte tendencia autonómica en la infantería de marina estadounidense.[33] Los marines manejaron los asuntos dominicanos prácticamente a su arbitrio, al menos hasta la llegada del presidente Harding, quien empoderó a la diplomacia por medio de la figura de Sumner Welles. Otro aspecto relevante del gobierno de ocupación se relaciona con la “fungibilidad del poder militar” (Keohane y Nye 1988: 44), es decir, con el empleo de la disuasión castrense para alcanzar beneficios económicos. En este sentido, el gobierno de ocupación aceleró procesos que en el imperialismo informal suelen darse con mayor gradualidad. La extendida intervención de los marines precipitó la penetración del capital estadounidense, generando el estrangulamiento de propietarios individuales de ingenios azucareros en favor del capital monopolista (Franco Pichardo 2009: 465). Por otra parte, la presencia de oficiales estadounidenses en las filas de las fuerzas dominicanas –primero en la Guardia Nacional y luego en la Policía Nacional– tuvo gran incidencia en la dinámica política interna posterior a la ocupación. Durante el gobierno de Juan Vicini (1922-1924) predominó un “doble comando” entre un poder formal expresado por el propio presidente provisional y otro real en manos del gobernador militar, general Harry Lee, quien contaba con el respaldo de las tropas que aún permanecían en el territorio y con el de la Guardia Nacional, entrenada por oficiales estadounidenses (Franco Pichardo 2009: 469). En 1924, cuando los últimos marines abandonaron la isla, la Policía Nacional contaba con más de 2.000 hombres entrenados, equipados y adoctrinados por los Estados Unidos (Latorre 1979: 64).

El tercer gobierno de Horacio Vásquez –iniciado en marzo de 1924– estuvo marcado por la oposición de los grupos nacionalistas a la continuidad del despliegue de tropas norteamericanas. Sin embargo, los Estados Unidos continuaron jugando un papel clave en términos estratégico-militares, a través del impulso que dieron a Rafael Trujillo –jefe de la Policía Nacional desde junio de 1926– como su hombre de confianza. Esa estrecha relación incluyó la materialización de un sistema de espionaje interno montado por Trujillo a partir de los lineamientos instruidos por los militares estadounidenses (Paulino Ramos 2018). La crisis que tuvo lugar a lo largo de 1929 –que incluyó la licencia de Vásquez como presidente y una disputa entre el vicepresidente José Alfonseca y el ahora jefe del Ejército Rafael Trujillo– puso nuevamente en alerta al músculo militar norteamericano. Si bien en esta oportunidad se descartó una intervención abierta, la diplomacia militar volvió a jugar su papel. Un buen ejemplo lo constituye el hecho de que Trujillo se reportara ante las Fuerzas Armadas estadounidenses y no ante el vicepresidente en ejercicio, ofreciendo información detallada sobre la situación política interna (Franco Pichardo 2009: 482). El vínculo entre los militares norteamericanos y Trujillo fue un canal clave durante esta etapa, con implicancias directas en el futuro inmediato de la República Dominicana.[34]

La inestabilidad política y el avance de la conspiración contra el gobierno de Vásquez –una conjuración que concitaba la adhesión de caudillos regionales como Desiderio Arias– generaron intranquilidad en Washington. En efecto, se llegó a especular en febrero de 1930 con la posibilidad de una nueva intervención militar directa (Vega 1986: 269-270). Finalmente, tras algunos movimientos que incluyeron contactos con líderes de la conspiración, Washington decidió en forma preventiva un despliegue de buques de guerra en las cercanías de Santo Domingo. Fue el propio presidente Hoover el que –mientras los diplomáticos y los militares norteamericanos “gestionaban” en el terreno una salida del conflicto– no descartó la posibilidad de un nuevo empleo de la fuerza: “Si los actuales esfuerzos para proponer la paz fracasaran y una condición de desorden serio se desarrollara, se asume que los Estados Unidos enviarán infantes de marina a ese lugar en base a los derechos que tienen según tratado, de proteger la administración financiera de la República” (cit. en Franco Pichardo 2009: 488). Sin embargo, un nuevo desembarco de tropas –cuando no había completado su mandato el primer gobierno posterior a la ocupación militar– no parecía aconsejable. En la propia legación norteamericana se llevaron adelante las negociaciones que dieron por finalizado el gobierno de Vásquez e impulsaron a Rafael Estrella Ureña como presidente provisional. No obstante, el imperialismo informal estadounidense requería un nuevo “colaborador periférico” para dejar atrás la inestabilidad permanente. Esa figura –moldeada por los marines durante casi una década– ya estaba preparada para asumir su papel en la historia. Se trataba de Rafael Leónidas Trujillo Molina.

4.1.3. La era Trujillo

La incidencia de los militares norteamericanos sobre Rafael Trujillo se remontaba, como fue descrito, a los años de la ocupación militar (1916-1924). Tanto la prensa de Washington como ciertos analistas del periodo compararon la situación de Trujillo con la de Anastasio Somoza en Nicaragua, dada la formación que ambos habían recibido de los marines (Franco Pichardo 2009: 503; Ameringer 2015: 41). Moldeado a imagen y semejanza por parte de los oficiales norteamericanos, Trujillo parecía ser el tipo de “colaborador periférico” indispensable para el imperialismo informal.[35] La resistencia que despertaba en ciertos sectores del Departamento de Estado no fue impedimento para que las agencias militares norteamericanas recibieran con beneplácito su elección. La diplomacia, a través de su secretario de Estado interino Joseph Cotton, debió avalar la línea que recomendaban los marines y rechazar –muy a su pesar– las objeciones que elevaban sobre Trujillo los funcionarios que cumplían tareas en la embajada en Santo Domingo (Franco Pichardo 2009: 491).[36] El coronel Richard M. Cutts –oficial que había sido determinante en la carrera militar de Trujillo– visitó en mayo de 1930 el Departamento de Estado para informar sus últimos encuentros con el flamante presidente. Como resultado de aquella visita, la cancillería norteamericana elaboró un memorándum en el que señalaba que “el coronel [Cutts] en todo momento defendió las aspiraciones de su pupilo, señalando que Trujillo era probablemente más americanizado que cualquier otro dominicano” (cit. en Franco Pichardo 2009: 492). Trujillo, por su parte, se encargó desde el inicio de su gobierno de servir adecuadamente los intereses estadounidenses que lo habían proyectado hacia la cima del poder. Ameringer recuerda que “se preocupó sobre todo de relacionarse con estadounidenses influyentes y de tener como consejeros a militares en retiro de ese país que habían sido agregados en Ciudad Trujillo” (2015: 33-34).[37] Esta incidencia implicó, además, una extrema subordinación interpersonal. Como señala Acosta Matos: “Las relaciones personales y oficiales de Trujillo con oficiales del Ejército, la Marina y el Marine Corp de los Estados Unidos, fueron carnales. En el seno del ejército de ocupación norteamericano, Trujillo formó su visión militar, y aprendió cómo tratar a un pueblo y a un país ocupado (Acosta Matos 2012a: 56).

El apoyo estadounidense en los primeros años del gobierno de Trujillo resultó crucial para sofocar una serie de levantamientos en su contra. Se trataba de las insurrecciones de Cipriano Bencosme en junio de 1930 y de Desiderio Arias un año después. En sendas oportunidades, Trujillo contó con la colaboración de Thomas E. Watson, un oficial de inteligencia del cuerpo de marines que había promovido su ascenso en la Guardia Nacional durante los años de la ocupación. Al asumir, Trujillo logró que desde Washington designaran a Watson como agregado en Santo Domingo, lo que le garantizó el apoyo aéreo de los Estados Unidos en las campañas de 1930 y 1931 contra los caudillos insurrectos (Paulino Ramos 2018). De este modo, Trujillo se dotó de una herramienta fundamental para localizar y bombardear los campamentos rebeldes (Berroa Ubiera 2013). Watson también fue importante en otra de las tareas que se propuso el dictador: la reorganización del servicio de inteligencia. Si bien éste había sido una herencia del gobierno de ocupación y tenía el sello que Trujillo –formado en las lides del espionaje por los norteamericanos– le había impreso durante el gobierno de Horacio Vásquez, nuevos ajustes resultaban necesarios. En este rediseño de la inteligencia, los militares estadounidenses –con Watson a la cabeza– jugaron un papel central (Paulino Ramos 2018).

El influjo estratégico-militar norteamericano sobre la República Dominicana se pudo apreciar de modo evidente durante la segunda Guerra Mundial. En marzo de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt logró que el Congreso le aprobase la Ley de Préstamos y Arrendamientos (Lend-Lease)[38], que establecía un programa por el cual los Estados Unidos comenzaron a suministrar alimentos, petróleo y sistemas de armas a sus naciones aliadas. A cambio de la ayuda, Washington recibió el arrendamiento de guarniciones militares y bases navales en territorio de sus socios. En ese contexto, el gobierno de Trujillo suscribió un acuerdo secreto con los Estados Unidos, por el cual Santo Domingo se hizo de armamento por 1,6 millones de dólares (Franco Pichardo 2009: 532; Berroa Ubiera 2013). El régimen de Trujillo –como muestra de su alineamiento– le declaró la guerra al imperio japonés el 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del ataque nipón a la base de Pearl Harbor. Tres días más tarde extendió la declaración bélica a Alemania e Italia, en una decisión que no estuvo exenta de costos (Vega 2012). La decisión de Trujillo de alinear a la República Dominicana durante la segunda Guerra Mundial provocó una feroz represalia de los submarinos alemanes, que en el marco de la denominada “operación Neuland”[39] provocaron el hundimiento en aguas del Caribe de los dos únicos buques mercantes dominicanos: el “San Rafael” y el “Presidente Trujillo” (Lajara Solá 2012).[40]

En enero de 1943, con la firma del secretario de Estado de los Estados Unidos y el embajador dominicano en Washington, se suscribió un convenio para establecer la primera misión naval norteamericana en Santo Domingo, la que se convirtió en una de las principales bases de operaciones aliadas en el Caribe (Vega y Pagán 1956). Ello suponía fijar el diseño del instrumento militar dominicano bajo criterios y lineamientos originados en Washington.[41] Por otra parte, documentos desclasificados exhiben cómo, con regularidad, información defensivo-militar de carácter secreto era transmitida a los funcionarios estadounidenses que cumplían tareas en Ciudad Trujillo. Ello se encuentra reflejado, por ejemplo, en las notas que recibía el Agregado Militar norteamericano por parte del Jefe de Estado Mayor del Ejército dominicano, sirviendo, de este modo, a las tradicionales tareas de injerencia, control y fiscalización de los Estados Unidos sobre los órganos represivos de su “periferia cercana” (Acosta Matos 2012e: 68).

La proyección militar de Washington sobre Santo Domingo y el aceitado vínculo entre los militares estadounidenses y el régimen de Trujillo no se vieron mayormente afectados por la etapa del anti-trujillista Spruille Braden como secretario asistente para Asuntos Latinoamericanos. Si bien a finales de 1945 el funcionario norteamericano logró poner freno a una compra de material bélico por parte del régimen (Ameringer 2015: 42), aquellas “ínfulas democráticas” de la post-segunda Guerra Mundial quedaron en el olvido cuando Washington requirió –del mismo modo que lo había hecho en su cruzada antifascista años atrás– los servicios “anti-comunistas” de Trujillo. El alineamiento del dictador dominicano resultaba más importante que cualquier principio idealista de política exterior que pudiera representar Braden. En efecto, Trujillo siempre encontró socios confiables entre los militares norteamericanos que le permitieron acceder a los mercados internacionales de armas (Acosta Matos 2012c: 56). La influencia de Braden en el Departamento de Estado llegó a su fin con la designación del general George C. Marshall como Secretario de Estado durante la presidencia de Harry Truman.[42] Marshall, quien había sido jefe del Ejército de Franklin D. Roosevelt y del propio Truman, acabó con el “doble comando” que enfrentaba a la diplomacia profesional con los militares en el manejo de las relaciones con Trujillo, saldando la disputa en favor de sus antiguos camaradas (Vega 2010: 474).

El apoyo militar estadounidense al régimen de Trujillo fue fundamental para abortar la “expedición de Cayo Confites”. El movimiento, que llegó a contar con cuatro barcos, una decena de aviones y hasta 2.000 reclutas, fue desarticulado a partir de las labores de inteligencia norteamericanas. Además de la intermediación de Washington –por medio de su embajador Raymond Norweb– frente al gobierno cubano de Ramón Grau San Martín, el espionaje desplegado fue clave para impedir el derrocamiento de Trujillo. Ello incluyó vuelos de reconocimiento sobre el extremo oriental de Cuba –en donde se sitúa el cayo que fue ámbito del adiestramiento insurgente– y la acción disuasoria sobre tres aviadores norteamericanos comprometidos inicialmente con la expedición.[43] El fracaso de Cayo Confites contó con un elemento contextual que reforzó la posición de Trujillo: el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Este pacto de defensa mutua entre los países del hemisferio, firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro –tres semanas antes de la expedición de Cayo Confites– resultó funcional a los intereses convergentes de Truman y Trujillo (Franco Pichardo 2009: 558). El acercamiento entre los intereses estratégicos estadounidenses y dominicanos se repitió con la expedición de Luperón en junio de 1949. Además del exitoso sofocamiento de la acción insurgente y de la creación de una comisión de la OEA para investigar los hechos –en los que Trujillo veía la mano del presidente guatemalteco Juan José Arévalo, de su ministro de Defensa Jacobo Arbenz y del mandatario costarricense José Figueres–, conviene prestar atención a la aceptación dominicana de la proyección estratégico-militar estadounidense sobre su territorio. En conferencia con el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Warren Austin, señalaba Trujillo:

Nuestra suerte está íntimamente unida a la suerte de los Estados Unidos y juntos arrostraremos las contingencias del presente y del futuro. La convicción de una responsabilidad común nos impone, desde luego, la necesidad de una acción común en la paz y en la guerra. Como en 1941, estamos ahora decididos a mancomunar con vosotros nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios. Podéis contar sin reservas con nuestros recursos y nuestras posibilidades. La tierra, el mar y el aire de los dominicanos estarán siempre abiertos a las necesidades de una alianza interamericana contra la agresión que ponga en peligro el sentido y la efectividad de nuestra organización social y de nuestro régimen político de convivencia […] Es visible el propósito que mantienen algunos sectores del Caribe de gobernar a la República Dominicana, desde el exterior, con sujeción a determinados puntos de vista extremistas […] Si nosotros sucumbimos en esa lucha se perderá con ello uno de los más efectivos puntos de resistencia contra la penetración del comunismo en el Caribe y el Sistema Interamericano (Revista de las Fuerzas Armadas 1950).

En octubre de 1951, el presidente Harry Truman lanzó la Mutual Security Act, el programa de ayuda externa de los Estados Unidos para el periodo 1951-1961. Los desembolsos en materia de ayuda militar, económica y técnica tenían por objetivo contener la expansión comunista. Trujillo recepcionó más de seis millones de dólares –una cifra muy significativa para la época– en asistencia militar directa entre 1952 y 1961. Este programa sirvió de marco para el estrechamiento del vínculo domínico-norteamericano, que había sido muy fuerte durante la segunda Guerra Mundial y que había buscado ser esmerilado –sin éxito– por la gestión de Braden. El mismo año de sanción de la Mutual Security Act, se suscribió un acuerdo para extender a la República Dominicana el “Campo de Tiro de Gran Alcance para la prueba de Proyectiles Dirigidos”. El convenio, suscrito el 26 de noviembre de 1951, establecía la construcción por parte de los Estados Unidos de una base aérea en la ciudad de Sabana de la Mar, enclavada en la estratégica Bahía de Samaná (Vega y Pagán 1956). La estación –que funcionó hasta 1962– resultaba de gran importancia para los Estados Unidos, dado que permitía la observación científica de los proyectiles que se lanzaban a través del Atlántico, en un área de ensayo de más de 5.000 millas, que se extendía desde el Cabo Cañaveral en la Florida hasta la Isla de Ascención en el Atlántico Sur (Revista de las Fuerzas Armadas 1962a).

El 6 de marzo de 1953, Trujillo suscribió con el secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, un Acuerdo de Asistencia Militar y Ayuda Mutua, mediante el cual se robusteció la alianza militar entre ambos países. El acuerdo establecía los deberes y responsabilidades de las Fuerzas Armadas dominicanas en la defensa del área del Caribe, en caso de una nueva conflagración mundial (Vega y Pagán 1956). Con este tratado de defensa mutua, Trujillo cerraba una extensa gira por los Estados Unidos que lo había tenido como interlocutor de los más altos hombres de la política norteamericana, incluidos los presidentes Harry Truman y Dwight Eisenhower (Franco Pichardo 2009: 567). Tres años después, el 15 de junio de 1956, en un contexto internacional signado por el balance estratégico nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, Washington y Santo Domingo suscribieron un Convenio de Cooperación sobre Usos Civiles de la Energía Nuclear, que ubicaba a la República Dominicana baja la égida del actor imperial en un tema altamente sensible (Gaceta Oficial 1956). Adicionalmente, el 19 de marzo de 1957 se suscribió, por el plazo de diez años, un acuerdo para el establecimiento en territorio dominicano de estaciones de LORAN (Long Range Aid to Navigation). Santo Domingo aceptaba –en el marco de la política de cooperación militar hemisférica delineada por Washington– el establecimiento en Cabo Francés Viejo, en la costa norte del país, de una instalación para estimular las facilidades de ayuda a largo alcance de las unidades de navegación marítima y área (Gobierno de los Estados Unidos 1957; Vega 2010: 490). Finalmente, el gobierno norteamericano se proponía, una vez concluida la instalación de Cabo Francés Viejo, iniciar otra construcción similar en Cabo Rojo, en el extremo sur de la isla (Vega y Pagán 1956). La década de 1950 mostraba, en definitiva, un proceso convergente de creciente despliegue militar estadounidense en la República Dominicana y de activo colaboracionismo periférico por parte del régimen de Trujillo. Como afirmaba The New York Times en un editorial del 21 de diciembre de 1955: “La República Dominicana bajo Trujillo ha sido muy amistosa con los Estados Unidos y muy cooperativa en el campo estratégico” (cit. en Vega y Pagán 1956).[44]

Sin embargo, como se describió en el segundo capítulo, los tiempos del alineamiento a Washington encontraron su límite hacia fines de la década de 1950. Ello, naturalmente, tuvo su correlato en el plano estratégico-militar, lo que redundó en una revisión de los lineamientos del actor imperial. El mantenimiento de Trujillo como socio estratégico se hizo insostenible para el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, como consecuencia del ensimismamiento en que había caído el dictador dominicano (Gleijeses 2011: 54-55). El imperialismo informal opera desechando colaboradores periféricos cuando éstos ya no son útiles o ponen en riesgo los aspectos estratégicos del vínculo imperial (Lake 2009: 6). En este contexto, la proyección de Washington sobre Santo Domingo experimentó un cambio, detectable en la naturaleza del despliegue de sus agencias de seguridad. La CIA tomó las riendas del asunto, mientras que las fuerzas militares pasaron a fungir como reaseguro para el caso de una posterior intervención directa. Los órganos de espionaje iniciaron una sostenida propaganda anti-trujillista –por ejemplo, a través de la radio Swan montada en las “Islas del Cisne”[45]–, al tiempo que comenzaron a delinear un plan de acción para el asesinato del dictador (Franco Pichardo 2009: 587-588). Adicionalmente, semanas antes del magnicidio, las fuerzas armadas norteamericanas contaban con un esquema alternativo que preveía un eventual desembarco directo de tropas (Bosch 1985).[46] En definitiva, la inteligencia norteamericana jugó un papel decisivo en el plan que culminó con el asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961. Un dato resulta irrefutable: los agentes estadounidenses facilitaron la entrega de armamento a los conspiradores locales que ultimaron a Trujillo. Si bien a último momento el gobierno de John F. Kennedy, como consecuencia del fracaso de Bahía de los Cochinos, canceló la operación planificada por la CIA –que además del ajusticiamiento implicaba la inmediata constitución de una Junta Militar presidida por un general dominicano–, el dato central es que los conspiradores no volvieron sobre sus pasos. Washington estimuló las circunstancias y no hizo nada para evitar un desenlace para el que había trabajado consistentemente.

El despliegue de las fuerzas estadounidenses en territorio dominicano fue siempre un factor preponderante durante la era Trujillo: durante tres décadas los militares norteamericanos fueron socios estratégicos del dictador; y cuando el histórico “colaborador periférico” perdió el apoyo de Washington en el tramo final de su régimen, fueron las estructuras de inteligencia las que contribuyeron a su caída. Desde el punto de vista estructural, nada había cambiado. De un modo u otro, con Trujillo como aliado o como enemigo, el imperialismo informal militarizado continuó rigiendo el vínculo entre centro y periferia.

4.1.4 De la caída de Trujillo a la invasión de 1965

Con la muerte de Trujillo no se extirpó de las relaciones domínico-norteamericanas el rasgo típico del imperialismo informal militarizado: la potencialidad del empleo de la fuerza castrense. Ello significaba que la soterrada proyección de poder de Washington se haría visible ante cualquier desvío respecto de lo esperado por el actor imperial. La primera señal tuvo lugar en la breve etapa del tándem Balaguer-Ramfis. Para garantizar el éxito del plan de “nicaragüización” (Gleijeses 2011: 66), el presidente Kennedy envió a la República Dominicana un claro mensaje disuasorio: tres portaaviones, 280 aviones de combate, 5.000 marines y un submarino se desplegaron más allá de las 12 millas de Santo Domingo (Hall 2000: 117). Este esquema tenía su complemento en el territorio a través de la acción de los agentes de inteligencia, quienes debían viabilizar aquello que la diplomacia le exigía a Balaguer y a Ramfis: el encarcelamiento y deportación de comunistas.[47] Otra de las exigencias del plan de “nicaragüización” fue la expulsión de los miembros de la familia Trujillo. En particular, de dos de los hermanos del dictador: Héctor “El Negro” Trujillo y Luis Arismendi “Petán” Trujillo. Estas exigencias venían acompañadas por la amenaza del uso de la fuerza. Como recuerda Franco Pichardo: “Para lograr ese objetivo, el presidente de Estados Unidos ordenó a su flota naval el envío frente a las costas dominicanas de unos diez buques de guerra como medida de presión” (2009: 598-599).

Una exhibición similar de poder tuvo lugar en noviembre de 1961, cuando sorpresivamente los hermanos Trujillo retornaron a Santo Domingo. El 14 de noviembre Ramfis Trujillo había renunciado como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y se había exiliado en París. Antes de su salida, se comunicó con sus tíos –quienes se encontraban en Jamaica– para sugerirles que regresaran a la República Dominicana. Como fue relatado, éstos intentaron dar un golpe de Estado con el apoyo de algunos oficiales “leales” que todavía mantenían en el Ejército. La respuesta de Washington no se hizo esperar: Kennedy puso en alerta a la Segunda Flota y una movilización militar de dimensiones se desplegó sobre Santo Domingo, lo que hizo que finalmente los hermanos Trujillo depusieran su actitud (Hall 2000: 126; Gleijeses 2011: 95-97; Guerrero 2014). En los siguientes meses, los Estados Unidos amenazaron con restricciones y eventuales interrupciones de la ayuda militar si los acontecimientos no seguían la pauta de lo esperado en Washington. Los convulsionados días que siguieron a la salida de Ramfis y al fracasado intento golpista de los hermanos Trujillo dan cuenta de este recurso habitual del imperialismo informal. Cuando en enero de 1962, el general Rodríguez Echavarría consumó un golpe de Estado contra el flamante Consejo de Estado, Washington inmediatamente congeló la ayuda militar. La junta cívico-castrense presidida por Humberto Bogaert –ex ministro de Trujillo y títere de Rodríguez Echavarría en esta aventura– duró solamente dos días (Franco Pichardo 2009: 603).

En la etapa del segundo Consejo de Estado, con Bonnelly como presidente, la proyección militar norteamericana se hizo sentir fuertemente. El Grupo de Asistencia y Asesoría Militar (MAAG) contaba con medio centenar de hombres al mando del teniente coronel David Wolfe, de la infantería de marina (Gleijeses 2011: 138). La influencia de la diplomacia castrense sobre el Consejo de Estado se operativizó a través de cuantiosos fondos –la ayuda trepó al millón de dólares– y de su injerencia en el diseño de los instrumentos coercitivos del Estado (Wiarda 1965b: 477). A insistencia del MAAG, el Consejo elevó de 3.000 a 10.000 los efectivos de la Policía Nacional (Gleijeses 2011: 139), mientras que los numerarios del Ejército también se incrementaron en casi 3.000 hombres (Franco Pichardo 2009: 608). El alcance de esta proyección militar ha quedado reflejado por el órgano de prensa de las Fuerzas Armadas dominicanas: “El tratado de Asistencia técnica militar Domínico-Americano es una parte integral del Sistema de Defensa Interamericano” (Revista de las Fuerzas Armadas 1962: 56). Esto significaba el reconocimiento del papel que cumplía el Pentágono en el rediseño del instrumento militar dominicano, muestra incontrastable de injerencia en los asuntos estratégico-militares.

Durante el breve periodo de Juan Bosch al frente del gobierno (febrero a septiembre de 1963), la incidencia estadounidense continuó firme, aun cuando el mandatario dominicano se negó a perseguir y exiliar comunistas. La “contingencia” de un presidente de convicciones democráticas no alteró lo estructural: la vigencia de la dominación geopolítica norteamericana en un contexto de imperialismo informal militarizado. Si bien es cierto que los fondos de asistencia no fluyeron en igual proporción que durante el Consejo de Estado, la cooperación militar se mantuvo con eje en la creación de una agencia dominicana “contra la subversión” (Martin 1975: 310; 451). Al margen de los emprendimientos específicos de cooperación, un rasgo de la etapa de Bosch fue la búsqueda de autonomía militar por parte de los uniformados dominicanos y el apoyo de los agregados militares norteamericanos a esa conducta de reticencia al control político.[48] Ello tendría efectos en dos momentos clave de la presidencia: durante un grave conflicto diplomático con Haití y en el golpe de Estado que destituyó al mandatario en septiembre de 1963.

El 26 de abril de 1963 tuvo lugar un diferendo con Haití con consecuencias inesperadas. La sede de la embajada dominicana en Puerto Príncipe fue atacada por un grupo paramilitar conocido como los Tonton-Macoute, que actuaba como policía secreta del dictador haitiano François Duvalier.[49] El presidente Bosch respondió a través de un ultimátum a Duvalier –quien había dado refugio a familiares y militares trujillistas– y con un reclamo formal ante la OEA. La noche del ataque a la embajada, Bosch habló al país para informar sobre la gravedad de los hechos y poner en estado de alerta al ejército, la marina y la fuerza aérea. El objetivo era efectuar una demostración de fuerza, pero no llevar adelante una incursión masiva en territorio haitiano (Martin 1975: 414).[50] Sin embargo, frente a las órdenes de movilización de Bosch, el alto mando castrense respondió a través de la inacción. Según Franco Pichardo: “los jefes militares, presionados por la Embajada de Estados Unidos, se resistieron, argumentando […] que la acción no se podía llevar a cabo debido a la falta de repuestos, transporte, gasolina” (2009: 618). Esto demuestra, una vez más, que la incidencia de los Estados Unidos continuaba siendo un factor central en los acontecimientos dominicanos (Bosch 1965: 117; Martin 1975: 412-413). El mandatario había quedado abiertamente desautorizado por sus subordinados militares, en lo que constituía un claro indicio de que Washington no necesitaría una acción directa para evitar la tan declamada deriva “castro-comunista”. Los mandos castrenses dominicanos, “leales” colaboradores periféricos, se encargaron de la tarea. El 12 de julio de 1963 convocaron al presidente Bosch a una reunión en el CEFA, en donde le exigieron la implementación de un “plan anti-comunista”, que implicara arrestos y deportaciones masivas. Bosch se negó. Fue la antesala del golpe de estado del 25 de septiembre (Franco Pichardo 2009: 619-620).

Respecto de la incidencia militar estadounidense durante los gobiernos del Triunvirato (1963-1965), ésta se mantuvo sólida y no fue necesario un despliegue directo de tropas hasta la invasión de abril de 1965. Un elemento que contribuyó a estrechar la alianza entre Santo Domingo y las agencias militares norteamericanas fue el aplastamiento de las fuerzas irregulares del Movimiento 14 de Junio (1J4), que se habían alzado en noviembre de 1963. El Triunvirato –especialmente en su segunda etapa bajo la conducción de Reid Cabral– recibió creciente asistencia militar estadounidense. Por ejemplo, el MAAG financió el equipamiento de tres unidades de élite del Ejército: los batallones “Juan Pablo Duarte”, “Francisco del Rosario Sánchez” y “Ramón Mella” (Gleijeses 2011: 226). La ayuda militar no se limitó al financiamiento en las compras de material o a la transferencia de sistemas de armas, sino que se proyectó sobre los nombramientos de los altos mandos. En el imperialismo informal militarizado la selección de los cuadros de conducción debe responder al perfil esperado en materia de “colaboracionismo periférico”. En este sentido, cabe recordar el papel que el Pentágono jugó en el desplazamiento de Román Carbuccia como jefe de la Fuerza Aérea y su reemplazo por Juan de los Santos Céspedes, un oficial pro-norteamericano que desempeñó un papel crucial durante la invasión de 1965 (Gleijeses 2011: 230).

En cuanto al despliegue estratégico-militar de los Estados Unidos durante la guerra civil de 1965, sus aspectos históricos fueron abordados en el segundo capítulo. No obstante, conviene adicionar cierta información empírico-descriptiva que ilumina las características del proceso. Un primer elemento que exhibe la activación del músculo militar estadounidense tuvo lugar el 24 de abril, con el inicio de las operaciones del “movimiento Enriquillo”. Washington se puso en acción tras conocer el arresto del jefe del Ejército por parte del sector “constitucionalista”. El presidente Johnson impartió instrucciones para que “unidades de la Marina de Guerra norteamericana y el portaaviones ‘Boxer’ se dirigieran inmediatamente hacia […] la República Dominicana” (Franco Pichardo 2009: 635). Ese mismo día, un coronel del MAAG se apersonó en el Campamento Militar 16 de Agosto –en manos de los oficiales rebeldes– para exigir información acerca de lo que estaba sucediendo en esa guarnición (Gleijeses 2011: 290). Por su parte, los agregados militares exigían a los oficiales opuestos a la rebelión “que se unieran para enfrentar a los constitucionalistas” (Franco Pichardo 2009: 639). El 25 de abril, en medio de un estancamiento en las negociaciones entre “rebeldes” y “leales”, tuvo lugar el bombardeo del Palacio Presidencial –en donde se había juramento minutos antes como presidente provisional el “constitucionalista” Molina Ureña– ordenado por el jefe de la Fuerza Aérea. Según coinciden analistas del periodo, Washington –a través de sus agregados militares– estuvo detrás de la decisión del bombardeo (Moreno 1973; Gleijeses 2011; Draper 2016). Al día siguiente, con el supuesto objetivo humanitario de evacuar ciudadanos norteamericanos, se concretó la llegada del portaviones USS Boxer y del resto de las embarcaciones de guerra estadounidenses. El primer desembarco se realizó a través del puerto de Haina, a 20 kilómetros al oeste de la capital. Este primer despliegue –que fue la punta de lanza de una abierta intervención para modificar el curso del conflicto– incluyó también helicópteros y buques ligeros. Cumplido el objetivo de la evacuación, las fuerzas norteamericanas, pese a lo prometido, no abandonaron el territorio dominicano y permanecieron allí actuando en favor de los leales a lo largo de toda la guerra civil (Moreno 1973: 42; Gleijeses 2011: 374-375).

Un primer indicio de que las tropas norteamericanas habían llegado para quedarse reside en el hecho de que, al tiempo que se implementaba la evacuación “humanitaria”, se ponía en estado de alerta a la 82ª División Aerotransportada con asiento en Fort Bragg, Carolina del Norte. Desde el mediodía del 27 de abril, con apoyo estratégico-militar de los agregados de la embajada norteamericana, las fuerzas “leales” llevaron adelante una operación combinada por aire, mar y tierra con el fin de tomar Santo Domingo. El saldo fue de más de 2.000 muertos, pero el objetivo no fue alcanzado (Moreno 1973: 180). En el marco de aquella operación tuvo lugar la “batalla del Puente Duarte”, en la que las fuerzas “constitucionalistas” dieron muestras de una enorme capacidad de reacción (Gleijeses 2011: 392). Los militares “leales” de San Isidro, a pesar de contar con respaldo de la aviación, la Marina y el MAAG, no lograron con el ejército de tierra imponerse a las fuerzas rebeldes, las que bloquearon el acceso de las tropas del CEFA a la ciudad. Esto implicó una completa desmoralización entre los “leales” y la decisión estadounidense de intervenir de modo drástico en la contienda, bajo la comprensión de que era la única forma de torcer el curso de los acontecimientos. La proyección de Washington sobre Santo Domingo no se limitó al despliegue de soldados, sino que incluyó un crecimiento notable del aparato de inteligencia en el terreno. Durante la “revolución constitucionalista”, el número de espías estadounidenses se multiplicó hasta llegar a los 150 hombres distribuidos en las diversas regiones del país. Esto incluía no sólo personal de la CIA y de la inteligencia militar, sino también –algo poco habitual– del FBI de J. Edgar Hoover (Moreno 1973: 40; Vega 2004: 196).

Entre la noche del 27 y la tarde del 28 de abril, tras recibir órdenes del subsecretario Mann, el comandante de los marines procedió a efectivizar el desembarco de 500 oficiales, un número que para la noche del 29 ya había ascendido a los 2.000 (Franco Pichardo 2009: 648). Según Gleijeses: “apenas disfrazada de ‘intervención humanitaria’, la invasión norteamericana a la República Dominicana había comenzado” (2011: 405). Diez días más tarde, el número de efectivos norteamericanos en el terreno superaba los 40.000 (Acosta y Vilas 1969: 570; Franco Pichardo 2009: 654). En un principio se limitaron a tomar posiciones alrededor de la embajada norteamericana, todavía lejos de las áreas de combate. Este discreto posicionamiento inicial duró pocas horas. Pronto comenzaron a reforzar las posiciones de los “leales” en el puente Duarte y en los suburbios de la ciudad. Asimismo, se involucraron activamente en los ataques a las fuerzas “constitucionalistas”, las que se habían organizado a través de un conjunto de unidades de defensa –los “comandos”– para defender la ciudad (Moreno 1973: 52-67). A la desmoralización de las fuerzas “leales” luego de la derrota en la batalla del puente Duarte, se sumó una exitosa acción ofensiva de los “constitucionalistas” –la primera desde el desembarco de los marines– sobre la Fortaleza Ozama, en la Ciudad Nueva (Gleijeses 2011: 411). Ello terminó de convencer al presidente Johnson sobre la necesidad de un desembarco masivo de tropas (Vega 2004: 135).[51]

El 30 de abril se sumaron a la base de San Isidro 2.500 soldados de la 82ª División Aerotransportada, cuyos paracaidistas tuvieron de inmediato su primera misión: reemplazar a las tropas “leales” en el Puente Duarte (Franco Pichardo 2009: 651). Allí atacaron a los “constitucionalistas”, recapturaron el puente y procedieron a asegurar las zonas aledañas. Además, las tropas norteamericanas tomaron la estratégica posición de los Molinos Dominicanos y el campamento de Sans Souci, desde el cual podrían controlar la ciudad rebelde a través del río Ozama. Tras la recaptura del puente, los marines ingresaron desde Haina a la ciudad y crearon la “Zona de Seguridad Internacional” (ZSI). Este despliegue implicaba el comando y control de unos 15 kilómetros en el sector occidental de la ciudad, un territorio que hasta entonces estaba en manos rebeldes (Moreno 1973: 43; Gleijeses 2011: 412). Otro hito del despliegue militar estadounidense tuvo lugar la noche del 2 de mayo. En un ataque sorpresa a la zona rebelde, las tropas de la 82ª División Aerotransportada avanzaron desde sus posiciones en el acceso occidental del puente Duarte hasta la ZSI que controlaban los marines. Establecieron así un “corredor” que dejó a Santo Domingo dividida, lo que implicaba una línea de comunicación entre la ZSI –es decir, entre la embajada estadounidense– y el Aeropuerto Internacional, en las cercanías de San Isidro. El hecho, que representaba una violación del cese al fuego convenido tres días antes, generó una desventaja estratégica decisiva para los “constitucionalistas” (Franco Pichardo 2009: 651). Éstos quedaron aislados con una parte de sus fuerzas en la Ciudad Nueva (en el sureste) y la otra en los Barrios Altos (en el noreste), lo que conllevaba –entre otras cuestiones– tener que atravesar los controles estadounidenses para pasar de una zona a la otra (Moreno 1973: 43; Gleijeses 2011: 412-413). La intervención norteamericana para el establecimiento de la ZSI fue acompañada de tremendas violaciones a los derechos humanos (Franco Pichardo 2009: 651).[52]

El despliegue militar estadounidense se mantuvo a pesar de la creación el 6 de mayo de la Fuerza Interamericana de Paz (FIAP) en el marco de la OEA. El papel de esta fuerza era la fachada que necesitaban los Estados Unidos para correr el foco, al menos parcialmente, de la imagen de su intervención imperial. La fuerza actuó en los hechos bajo la conducción operativa del general Bruce Palmer (jefe de las fuerzas de ocupación estadounidenses). Las tropas norteamericanas permanecieron –a pesar del plan de retiro gradual implementado desde junio de 1965– durante un año y medio (cuando ya gobernaba Balaguer). Esa presencia tuvo efectos muy significativos. Entre el 14 y el 21 de mayo de 1965, el Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN) de Imbert Barrera –el nuevo “invento” de los norteamericanos– llevó adelante lo que se conoció como “Operación Limpieza” contra los Barrios Altos. En esa zona de la ciudad residía una porción mayoritaria de los milicianos y simpatizantes rebeldes, quienes fueron objeto de una masacre por parte de 2.000 soldados de las fuerzas “leales”. Éstos contaron con respaldo estratégico y logístico de las fuerzas estadounidenses, lo que incluyó la provisión de aparatos de comunicación, sistemas de armas y la participación directa en los ataques de marines y miembros de la 82ª División Aerotransportada (Moreno 1973: 43; Gleijeses 2011: 423-424).[53]

Los combates entre fuerzas norteamericanas y “leales”, de un lado, y “constitucionalistas”, del otro, se extendieron hasta fines de agosto cuando se firmó el “Acto de Reconciliación”. La expansión de poder norteamericano durante este periodo experimentó picos máximos, con acciones directas que reflejan la esencia del imperialismo informal militarizado. Uno de esos momentos tuvo lugar el 15 de junio, cuando se negociaba la “solución Godoy”. Las tropas norteamericanas lanzaron una ofensiva masiva de 36 horas que adquirió características dramáticas y que llevó a las fuerzas rebeldes a perder una cuarta parte del territorio que controlaban (de la Rosa 2011: 152; Gleijeses 2011: 443). Las acciones, que implicaron el avance de las tropas estadounidenses sobre Santa Bárbara y la planta eléctrica de Timbeque, constituyeron el intercambio directo más violento que mantuvo el actor imperial durante la invasión de 1965 (Vega 2004: 185-186). A esta altura, el dominio territorial de las fuerzas rebeldes se había acotado a una zona muy reducida de Santo Domingo, mientras el resto del país se hallaba bajo el control de Imbert y los norteamericanos. A pesar de ello, ocasionalmente hubo enfrentamientos como los que tuvieron lugar el 25 de junio en San Francisco de Macorís. Allí las fuerzas “leales” contaron con apoyo estratégico de las tropas norteamericanas, en lo que constituyó “la mayor acción militar fuera de la capital durante la guerra civil” (Vega 2004: 188).

En el clima de extrema violencia con que se llegó a las elecciones de 1966, los militares estadounidenses –a través de las tropas de la FIAP y de los uniformados propios que aún permanecían en el terreno– contribuyeron a sellar el resultado esperado por Washington. El despliegue castrense y de agentes de inteligencia permitió ejercer un férreo control sobre la dinámica política dominicana. En efecto, el despliegue del servicio de espionaje luego de la guerra civil fue tan relevante para la dominación estratégica norteamericana como lo había sido la invasión de los marines durante el desarrollo del conflicto. Otro elemento importante del despliegue estadounidense en esta etapa fue el de las Fuerzas Especiales del Ejército, conocidas como “boinas verdes”.[54] Esta unidad operativa se organizó a través de seis bases en todo el país, que contaban con casi un centenar de hombres entre oficiales y alistados. Las labores que desempeñaron fueron de diferente naturaleza, aunque el rasgo saliente fue su empleo en tareas de inteligencia y guerra psicológica. Asimismo, fueron comprometidos en misiones especiales, como el plan –finalmente abortado– de asesinato del coronel “constitucionalista” Francisco Caamaño, diversas operaciones anti-comunistas o la custodia del candidato presidencial Juan Bosch (Vega 2004: 197-198).

Finalmente, conviene efectuar unas breves consideraciones relativas a la proyección de tropas norteamericanas entre 1965 y 1966. Queda claro que la intervención masiva –conocida como Power Pack– fue decidida en el momento en que el presidente Johnson se convenció de que las fuerzas “leales” no estaban en condiciones de vencer a los “constitucionalistas”. La excusa de la razón humanitaria ha quedado desacreditada: ningún ciudadano norteamericano había muerto antes de la intervención, mientras que luego del desembarco de los marines la cifra se ubicó en torno a los 40 caídos (Washington Center of Foreign Political Research 1970; Vega 2004: 192; Gleijeses 2011: 479). Pese a ello, Washington siempre evaluó como un éxito su involucramiento militar en la República Dominicana (Gleijeses 2011: 480). En consecuencia, resulta evidente que el despliegue estadounidense, estimulado por razones ideológicas de orden global y facilitado por la cercanía geográfica entre centro y periferia, tuvo fines anticipatorios y respondió a objetivos de seguridad internacional (Lowenthal 1970: 31). Pese a las justificaciones humanitarias, se trató de una estrategia geopolítica acorde con las características del imperialismo informal militarizado.

4.1.5. La República Dominicana post-invasión (1966-1991)

El retiro del último remanente de soldados norteamericanos en 1966 no significó, como advierte Lowenthal (1970: 30), el fin del intervencionismo. El gobierno de Balaguer, que se extendió hasta 1978, tuvo una impronta fuertemente represiva y contrainsurgente apoyada en el financiamiento estadounidense. Bajo los lineamientos del sistema militar interamericano regido por el Pentágono, la década de 1960 vio crecer exponencialmente los fondos para las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Juan Bosch denominó “pentagonismo” a este tipo de proyección de poder y calificó a la República Dominicana como “el primero de los países de América Latina” en caer bajo su influjo (Bosch 2000: 126; Rodríguez Beruff 2010: 135-136). Desde luego, no todo el financiamiento tenía que ver con el “peligro contrainsurgente”. A la par de las cuestiones ideológicas se ubicaron los asuntos de orden estratégico-militar. La cuenca del Caribe, y la posición de la República Dominicana en ella, detentaban una importancia geopolítica clave (Hayes 1980: 134-138; Child 1985: 146-147; 151-152; Lozano 2002: 130). En ese contexto, el gobierno de Balaguer se vio favorecido por la canalización de fondos del Pentágono, organismo que definió las prioridades dominicanas en materia de defensa, política militar y asuntos de seguridad. El control jerárquico que el imperialismo informal mantuvo sobre Santo Domingo –aún después del retiro de sus últimos contingentes tras la invasión– fue muy significativo. Los Estados Unidos se propusieron reconstruir las fuerzas dominicanas como un instrumento “bajo su mando”, por lo que su diseño quedó a cargo de los organismos castrenses con sede en Washington. También la Policía Nacional y los organismos de seguridad fueron rediseñados según los criterios estadounidenses, aunque en estos casos tuvo un peso mayor el rol de la CIA (Vilas 1974; 130; Moya Pons 1998: 252).

En materia de asistencia militar, los “doce años” de Balaguer (1966-1978) arrojan una extraordinaria injerencia norteamericana. Al terminar su primer mandato en 1970, la ayuda militar recibida –cuyos valores surgen de materiales, servicios, entrenamiento y programas de educación– continuaba siendo la mayor de América Central y el Caribe. Con un monto que ascendía a 1.846.000 dólares, la República Dominicana se ubicaba al tope de la asistencia estadounidense, seguida por Guatemala (1.174.000 dólares), Nicaragua (915.000 dólares) y Panamá (822.000 dólares). Eso significaba para Santo Domingo un 56 por ciento más de ayuda militar que la recibida por su inmediato seguidor. Si la comparación se extiende al resto de la cuenca del Caribe –lo que incluye a Colombia, México, Venezuela y Trinidad y Tobago–, la República Dominicana sólo era superada por Colombia (2.681.000 dólares), aunque si se toman los fondos de asistencia militar per cápita, Santo Domingo superaba a Bogotá (0,33 vs. 0,10 millones de dólares) (Scott-Palmer 1985: 142). En 1975, la República Dominicana se había convertido en la mayor receptora de ayuda militar norteamericana de toda la cuenca, por lo que su predominio ya excedía los límites de América Central y el Caribe insular. Con una asistencia que ascendía a 1.305.000 dólares, doblaba en términos nominales a Colombia (la mayor receptora en 1970) y era seguida por Honduras (1.168.000 dólares), Nicaragua (1.083.000 dólares) y El Salvador (1.054.000 dólares). En breve, una década después de la invasión de 1965, la asistencia militar norteamericana continuaba reflejando un alto grado de control estratégico-militar.

Tabla N° 22. Ayuda militar de los Estados Unidos en 1970 y 1975 (en dólares)

Tablas-Capítulo-4-1_c

Fuente: Scott-Palmer (1985: 142)

La proyección de poder norteamericano durante el periodo de Balaguer no consistió –como en etapas previas– en el desembarco directo de tropas. Wilfredo Lozano, al referir al papel desplegado por la Casa Blanca a partir de 1966, señala que la política de Balaguer se asentaba en dos ejes: i) el control de los movimientos populares, lo que conllevó el aumento del número de efectivos policiales hasta los 10.000 hombres, así como la creación de grupos especializados en el control de motines y el inicio de programas de seguridad, inteligencia y contrainsurgencia bajo el auspicio de la USAID; y ii) el reinicio del programa MAAG (Lozano 2002: 124-125). El imperialismo informal, en base a las transformaciones de su política exterior hacia la cuenca del Caribe en la década de 1960, comenzó a regir el vínculo centro-periferia desde un enfoque hemisférico. Con componentes bilaterales y multilaterales, el actor imperial priorizaba, entre los instrumentos de seguridad, a los Programas de Asistencia Militar, que ahora agregaban un componente de “acción cívica” a la contrainsurgencia. Esto implicaba, según Jack Child, complementar el enfoque Este/Oeste con una dimensión Norte/Sur (1985: 150).[55] La República Dominicana, en tanto principal receptora de los fondos de asistencia militar, fue una de las naciones del Caribe en las que más ampliamente se desplegaron las “acciones cívicas” que impulsaba el Pentágono (Revista de las Fuerzas Armadas 1971; Maechling 1990).

La impronta estratégico-militar norteamericana también se reflejó en la política exterior de Balaguer. Su gobierno se caracterizó por un alineamiento irrestricto a Washington en todos los asuntos de la agenda, lo que dio lugar a una subordinación geopolítica sin dobleces (Mariñes 2002: 38-50). Esta aquiescencia le permitió al actor imperial, a medida que los objetivos post-intervención se fueron concretando, correr el foco de Santo Domingo para ponerlo sobre otras coyunturas críticas (Wiarda 1985: 91-92). Los sucesivos gobiernos del PRD –el de Guzmán (1978-1982)[56] y el de Blanco (1982-1986)– no alteraron los aspectos estructurales del imperialismo informal estadounidense. Con una política exterior que, apenas maquillada, constituía una continuidad de la subordinación de la etapa Balaguer (Mariñes 2002: 50-58), la dimensión estratégico-militar conservó su sesgo en el periodo perredeísta. Con las prioridades de Washington en otros procesos convulsionados de la cuenca del Caribe[57], la dominación geopolítica sobre Santo Domingo se mantuvo de modo inercial y siguió los parámetros de proyección asociados a las transformaciones doctrinarias operadas por el Pentágono en la década de 1980 (Klare 1990: 72).[58]

La República Dominicana continuaba siendo, a principios de la década de 1980, una de las naciones de la región más beneficiadas por la asistencia militar estadounidense. En efecto, Santo Domingo fue entre 1980 y 1982 la principal beneficiaria del Caribe insular (con un promedio anual de 379.000 dólares), por encima de Haití (160.000 dólares) y Jamaica (41.300 dólares). Si la comparación se amplía a toda la cuenca del Caribe, se ubicaba sólo por detrás de El Salvador –donde el FMLN había lanzado su “ofensiva general” en 1981[59] (con un impresionante promedio anual de 27.382.000 dólares)– y de Honduras (747.000 dólares), superando, entre otros, a Panamá (351.000 dólares), Colombia (341.000 dólares), México (138.300 dólares) y Venezuela (18.600 dólares). En términos generales, el Programa de Asistencia Militar estadounidense hacia la República Dominicana durante la Guerra Fría ascendió a 36.500.000 dólares, lo que equivale a un promedio anual de 793.000 dólares. Por su parte, el Programa de Transferencias Militares al Exterior del Departamento de Defensa –destinado a ventas de equipamiento militar, servicios de defensa y adiestramiento castrense– totalizó durante el mismo periodo 34.500.000 dólares, es decir, un promedio anual de 750.000 dólares (Tartter 2001: 234).[60] Según se aprecia, el promedio dominicano a lo largo de la contienda bipolar se encuentra por encima de lo que recibía Honduras a principios de la década de 1980 (747.000 dólares), cuando esa nación centroamericana se ubicaba como segunda receptora de ayuda militar en un contexto de aguda “turbulencia periférica”.

Tabla N° 23. Ayuda militar de los Estados Unidos 1980-1982 (en dólares)

Tablas-Capítulo-4-2_c

Fuente: Scott-Palmer (1985: 142)

En 1986, Joaquín Balaguer inició una nueva etapa presidencial que se extendió por una década, por lo que el fin de la Guerra Fría encontraba al viejo caudillo una vez más en el poder. A pesar de algunos matices respecto de la orientación de la política exterior de su anterior gobierno (Mariñes 2002: 58), el alineamiento incondicional con los Estados Unidos se mantuvo inalterado. Balaguer inscribía esta subordinación en lo que denominaba la “fatalidad” de la geopolítica del Caribe (Vilas 1974: 94; Moya Pons 1998: 256). En ese marco, la proyección de poder militar estadounidense continuó en su línea de injerencia habitual, aunque experimentó algunas novedades como consecuencia de una apreciación estratégica actualizada por parte del Pentágono. Esto significaba que la asistencia militar estadounidense se diversificaba, adicionando nuevas misiones antinarcóticos a los tradicionales empeños de naturaleza geopolítica y contrainsurgente. La cuestión de los operativos antidrogas adquirió preeminencia en el espectro de misiones de la doctrina GBI (“Guerra de Baja Intensidad”) durante el mandato presidencial de Ronald Reagan (1981-1989), lo que se tradujo en una serie de decisiones de orden parlamentario y presidencial en los Estados Unidos (Klare 1990: 90-92).[61] En efecto, la continuidad de la ayuda militar estadounidense estaría atada a la aplicación –por parte de los actores periféricos– de un proceso de “militarización” del combate contra las drogas.

El gobierno de Balaguer se allanó sin cortapisas a los nuevos lineamientos estratégicos del Pentágono. En este sentido, dio una serie de pasos que no dejaban dudas respecto de su voluntad de sumarse a lo propugnado por Washington. El 20 de mayo de 1988 fue aprobada por el Congreso dominicano la Ley 50-88 que penaliza el tráfico, cultivo y fabricación de estupefacientes (Gaceta Oficial 1988). La dimensión estratégica del asunto ha sido destacada por la embajada estadounidense en Santo Domingo, la que al comunicar los fundamentos de la normativa señaló que “debido a su localización estratégica entre Suramérica y los Estados Unidos, la República Dominicana ha dado poder a la policía y a las fuerzas militares para extender vigorosos esfuerzos para combatir la amenaza de drogas narcóticas”. Asimismo, la diplomacia norteamericana reconoció su influjo en la elaboración de la norma, al precisar que “la ley fue diseñada específicamente para prevenir que la República Dominicana se convierta en un mayor punto de tránsito en el negocio criminal de las drogas” (Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana 2017). La aquiescencia dominicana redundó, en 1988, en una serie de acuerdos bilaterales por los que Washington se comprometió a apoyar la lucha antinarcóticos por medio de la provisión de equipos y adiestramiento. La asistencia estadounidense en este terreno se ubicó, como resultado de aquel convenio, en el orden de los 4.200.000 dólares (Tartter 2001: 248).

En un editorial de la Revista de las Fuerzas Armadas del primer semestre de 1988, se precisaba un detalle estadístico de las operaciones antidrogas impulsadas por el gobierno de Balaguer y se efectuaba un análisis desde una óptica estratégica de clara subordinación al Pentágono (Revista de las Fuerzas Armadas 1988a: 4-5). En el número siguiente se exhibía la incidencia de Washington en la nueva misión antidrogas asumida por las Fuerzas Armadas dominicanas. Allí se informaba que “el gobierno de los Estados Unidos donó al Estado dominicano cinco modernas aeronaves 0-2 de reconocimiento para el entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana que tienen a su cargo el control del narcotráfico en el país” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988c: 59-61). Asimismo, se reproducían expresiones del Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Teniente General Elías Wessin, quien en un discurso pronunciado en representación del presidente Balaguer planteaba la necesidad de un “aceleramiento de la guerra sin cuartel contra las drogas” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988d: 44). En el mismo número, se publicaba un artículo titulado “Misión y Organización de las Fuerzas Armadas Dominicanas”, en el que se exponían los ajustes plasmados en la apreciación estratégico-militar de fines de la década de 1980, resultado de la incorporación del narcotráfico al abanico de amenazas externas. Los militares dominicanos expresaban un alineamiento irrestricto con el Pentágono, sumando la “guerra contra las drogas” a una agenda que ya tenía por misión el combate contra la insurgencia doméstica de inspiración cubano-soviética (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b: 32-42). El texto es particularmente significativo, dado que ofrece precisiones del nivel de penetración del imperialismo informal militarizado de los Estados Unidos. Los elementos estratégico-militares e ideológicos enfatizados a lo largo de la tesis aparecen con nitidez en el documento castrense. Bajo los títulos “Amenazas actuales en el área”[62], “Posición geoestratégica y facilidades militares”[63] y “Amenazas nacionales” (“Narcotráfico” y “Subversión Interna”)[64] se enumeran una serie de factores que exhiben el peso de la conflictividad ideológica global y de la proximidad geográfica entre centro y periferia en la configuración de la relación imperial (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b: 35-42). De este modo, se plasmaba en la mirada estratégica de los militares dominicanos una clara aceptación de la proyección de poder estadounidense sobre la isla.

En un número posterior de la revista, se describe una “rendición de cuentas” de los militares dominicanos ante la visita del subsecretario de Defensa para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Richard Brown. La exposición –desarrollada en la oficina del titular de la cartera de las Fuerzas Armadas, general Wessin– estuvo a cargo del coronel Isidro Mojica, jefe de la división de Operaciones. Allí se enumeraban las siguientes conclusiones: i) La República Dominicana era un actor de “vital importancia para los intereses de los Estados Unidos en el Caribe”; ii) el “narcotráfico y la subversión” constituían “las principales amenazas para la seguridad nacional”; iii) La estructura militar dominicana proporcionaba “la flexibilidad necesaria para enfrentar cualesquiera de las hipótesis antes señaladas”; y iv) “el apoyo logístico en general” constituía “la principal limitación” para el instrumento militar. Por su parte, el encargado de la oficina de Ayudas Militares Extranjeras, capitán de corbeta César D’Windt Ruiz, efectuaba un pormenorizado detalle de los fondos recibidos entre 1985 y 1988 a través de los programas de Asistencia Militar (MAP), Transferencias Militares al Exterior (FMS) y Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET), afirmando que “el gobierno de los Estados Unidos ha ocupado el primer sitial en ayuda militar para la República Dominicana, ayuda ésta que se hace cada día más imprescindible” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988e: 55; 57-58).

En resumidas cuentas, el cuarto de siglo que separa la “instalación” de Balaguer en el poder en 1966 –por impulso del gobierno estadounidense– del fin de la Guerra Fría en 1991 –con el viejo caudillo nuevamente ejerciendo el gobierno tras un par de mandatos del PRD– ha estado dominado por una misma tónica: la influencia estratégico-militar de los Estados Unidos. Su proyección de fuerzas sobre el territorio no menguó respecto de etapas previas, pero se expresó por otros canales. La masiva asistencia militar y la incorporación de nuevas misiones para las Fuerzas Armadas dominicanas –desde acciones cívicas con fines contrainsurgentes hasta el combate contra el narcotráfico– fueron los renovados vehículos de una injerencia geopolítica que no se volvió a manifestar a través del despliegue directo de tropas como en 1905, 1916 o 1965. No porque no estuviera en los cálculos del actor imperial, sino porque no fue necesario. El imperialismo informal militarizado de Washington había logrado, con la invasión de 1965 y la subordinación de los sucesivos gobiernos dominicanos, estabilizar la “turbulencia periférica” y garantizarse la condescendencia de los “colaboradores locales”.

4.1.6. Consideraciones finales sobre el control estratégico-militar

A lo largo de esta sección, se ha podido visualizar cómo la política estadounidense hacia la República Dominicana ha reflejado históricamente una priorización de los asuntos estratégico-militares, determinada por la cercanía geográfica entre centro y periferia. Esto se inscribe en una apreciación que concibe a los países de la cuenca del Caribe como una “tercera frontera” o “perímetro de defensa” de los Estados Unidos. En este marco, las metas de seguridad internacional de Washington han sido internalizadas por los sucesivos gobiernos dominicanos, los que se plegaron a una agenda centrada en: i) garantizar un flanco austral seguro, estable y pacífico para los Estados Unidos; ii) facilitar el acceso de la potencia imperial a materias primas y robustecer el comercio, la inversión y las rutas de transporte del área; iii) garantizar la ausencia de rivalidades interimperiales en la región; iv) evitar el desarrollo de movimientos insurgentes asociados al comunismo soviético y/o cubano; y v) enfrentar los nuevos desafíos a la seguridad hemisférica, en primer lugar la “guerra contra las drogas”.

Para preservar sus intereses geopolíticos en la cuenca del Caribe, Washington desplegó a lo largo del siglo XX una serie de estrategias que fueron desde el unilateralismo hasta el multilateralismo, y desde la intervención puramente militar hasta enfoques integrales que contemplaron la acción social y económica. Esta tendencia intervencionista ha estado caracterizada, además, por una dinámica espasmódica que se ha exacerbado en coyunturas críticas. El indicador principal que se ha tomado en consideración para evaluar la proyección metropolitana de poder ha sido el despliegue de tropas. Los Estados Unidos desplegaron masivamente a los marines en la República Dominicana en tres ocasiones. La primera, en febrero de 1905, tuvo lugar en el marco de la política expansionista que Washington venía desarrollando desde 1898, cuando el presidente Theodore Roosevelt pronunció su famoso corolario a la doctrina Monroe. Una década después se desarrolló la ocupación militar (1916-1924), en tiempos en que Santo Domingo adquirió un lugar geoestratégico clave durante la primera Guerra Mundial. Finalmente, en abril de 1965, el presidente Lyndon Johnson autorizó el desembarco de 40.000 soldados estadounidenses, en el contexto de una invasión que respondía a infundados temores acerca de la instalación de un régimen comunista en Santo Domingo.

Previamente, durante la era de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), la incidencia militar norteamericana se había hecho palpable en dos sentidos diferentes, ambos reveladores del imperialismo informal. Durante la mayor parte del periodo, Trujillo fue un aliado incondicional de los Estados Unidos, tanto en la etapa de la segunda Guerra Mundial como en los primeros años de la Guerra Fría. Su oposición a las potencias del Eje primero, y a la Unión Soviética y al comunismo después, hizo del dictador un socio irrestricto de Washington. El vínculo bilateral se caracterizó por la materialización de un proceso convergente de despliegue militar estadounidense y de colaboracionismo periférico por parte del régimen de Trujillo. Ello se tradujo en el alineamiento de Santo Domingo en un sinfín de decisiones estratégico-militares, que fueron desde el diseño del aparato de inteligencia y de los instrumentos militar y policial dominicanos, hasta el arrendamiento de guarniciones castrenses y bases navales, pasando por el apoyo para sofocar expediciones revolucionarias y la conformación de millonarios programas de asistencia militar. En la última parte de la década de 1950, sin embargo, la incidencia de Washington cambió su orientación. El actor imperial debió intervenir frente a un dictador que, acorralado por las circunstancias, amenazaba con desandar el camino de aquiescencia construido durante tres décadas. La inteligencia norteamericana jugó un papel decisivo en el plan que culminó con el asesinato de Trujillo en 1961.

Con el fin de la guerra civil en 1965 tras la invasión norteamericana, y la instalación de Balaguer en el poder en 1966, la injerencia de Washington en términos militares no declinó, sino que se expresó a través de canales alternativos. El “imperialismo informal militarizado” continuó siendo un rasgo estructurante de la relación bilateral durante las siguientes tres décadas, aunque no resultó necesario el desembarco de marines como tantas otras veces en la historia domínico-norteamericana. Los sucesivos gobiernos se allanaron sin restricciones a los lineamientos de Washington, que ahora incluían nuevas “recetas” para desalentar la insurgencia revolucionaria. Los programas de asistencia militar del Pentágono comprendían novedosos aspectos de “acción cívico-militar”, que debían complementarse con los tradicionales esfuerzos en materia de operaciones contrainsurgentes. A partir de 1980 los Estados Unidos impulsaron transformaciones estratégicas que complejizaron el espectro de amenazas con la incorporación de las “Guerras de Baja Intensidad” (GBI). La participación directa de los militares dominicanos en la “guerra contra el narcotráfico” fue la más novedosa expresión del control estratégico-militar de los Estados Unidos en la etapa final de la Guerra Fría. Mientras la “turbulencia periférica” por razones ideológicas parecía menguar en Santo Domingo, una agenda de remozadas amenazas empezaba a cobrar forma. El músculo militar del Pentágono mantenía la vigencia de siempre.

4.2. Control doctrinario

El segundo indicador que contribuye a ponderar el nivel de control que el actor central ejerce sobre el periférico en materia geopolítica es la doctrina castrense. Ésta resulta afectada, según el planteo de esta tesis, por la incidencia de las cuestiones políticas e ideológicas de nivel global.[65] Al respecto, corresponde efectuar algunas consideraciones sobre la histórica preocupación estadounidense por el tipo de instrumento militar que debían desarrollar las naciones del Caribe. Como se ha señalado, la política estadounidense ha reflejado históricamente una priorización de los asuntos estratégico-militares (Goldwert 1962: 5; Child 1985: 145). En ese marco, la doctrina militar periférica no puede ser desanclada de los objetivos más amplios de orden geoestratégico del actor imperial.

La primera medida de impacto doctrinario impulsada por los Estados Unidos durante el siglo XX fue la creación de cuerpos de policía o gendarmería en ciertos países de la cuenca –entre ellos, la República Dominicana– atravesados por disputas intestinas entre clanes y caudillos (Rouquié y Suffern 1994: 283). La inexistencia de un Estado moderno, con la consecuente falta de centralización de los instrumentos de coerción, fomentaba la proliferación de ejércitos privados y facciones locales (Muto 2014: 34). Si bien los Estados Unidos buscaron justificar sus intervenciones bajo premisas “civilizatorias” y de modernización estatal, el papel directo que desempeñaron los marines en esta tarea fue el resultado, esencialmente, de objetivos de naturaleza estratégico-militar. El diseño de las denominadas “Guardias Constabularias” –el instrumento que pergeñó Washington para reemplazar a los ejércitos locales– debía garantizar el orden local y la seguridad de los Estados Unidos (Rouquié y Suffern 1994: 284). En efecto, no se trataba de objetivos magnánimos, sino –fundamentalmente– de asegurar que el “perímetro de defensa” que representaba para Washington la cuenca del Caribe no se convirtiera en una “periferia turbulenta”. El desmadre de la región podría facilitar las disputas interimperiales que se buscaban descartar (Goldwert 1962: 5; Lowenthal 1970: 45).

En líneas generales, Washington partió de una premisa optimista: el establecimiento de las “guardias constabularias” garantizaría la estabilidad, el fortalecimiento de los Estados y la despolitización de los ejércitos que respondían a los caudillos locales (Hartlyn 1998: 38). Sin embargo, los resultados fueron menos promisorios y tuvieron un impacto doctrinario duradero. Las guardias –que en el mejor de los casos consiguieron el desarme de la población y la dispersión de las bandas de caudillos– se transformaron en ejércitos de ocupación interna y en aparatos de dominación política (Gleijeses 2011: 44). Los analistas del periodo suelen coincidir en que, si bien se alcanzó cierto orden a partir de la centralización del poder coercitivo del Estado, la esperada “despolitización” resultó una quimera (Goldwert 1962: 49; Muto 2014: 265). Las fuerzas constabularias nacidas bajo el “tutelaje” norteamericano –al frente de las cuales los Estados Unidos promovieron a “colaboradores periféricos” como Anastasio Somoza o Rafael Trujillo– terminaron por convertirse en instrumentos de los futuros dictadores para la instalación de sus “regímenes patrimonialistas” (Rouquié y Suffern 1994: 284). En opinión de Marvin Goldwert, la política constabularia de los Estados Unidos representó “una trágica simplificación de las causas de la inestabilidad y el crónico militarismo latinoamericano” (1962: 6). Peor aún, los Estados Unidos no efectuaron en lo subsiguiente ningún tipo de revisión de esas consecuencias y transformaron a esos regímenes en sus socios durante las décadas posteriores.

Las fuerzas armadas de los países caribeños, tributarias del modelo constabulario, mantuvieron durante los decenios siguientes –a pesar de haber recobrado en algunos casos su vieja denominación de “ejércitos”– su perfil policial o de gendarmería. Los Estados Unidos apuntalaron ese modelo organizativo, aun cuando hubieran preferido instituciones despolitizadas, es decir, estructuradas funcionalmente bajo un “control civil objetivo” (Huntington 1957: 72).[66] No era tiempo –entendía Washington– de disquisiciones doctrinarias sobre modelos de fuerzas armadas. El contexto geopolítico de entreguerras exigía, ante todo, la subordinación de los actores periféricos. La orientación interna, policial y represiva se profundizó durante las décadas siguientes, en gran medida como resultado de la relación imperial. Puesto sencillamente, primó una suerte de “inercia constabularia”, en la que los conflictos geopolíticos de nivel internacional –primero la segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría– fortalecieron la división de tareas entre Washington y los regímenes alineados del Caribe. Los Estados Unidos asumían el papel de protectores militares de la región, mientras que las fuerzas armadas caribeñas debían impedir el ascenso, a nivel doméstico, de proyectos asociados a ideologías adversas a los intereses norteamericanos. De este modo, la preparación profesional para la guerra convencional –es decir, para la defensa externa de la nación– continuó fuera de las misiones prioritarias de los ejércitos caribeños.

Si bien entre las misiones de orden interno que los militares norteamericanos habían fijado para las guardias constabularias se contaba la lucha antiguerrillera –por ejemplo, la desplegada en Filipinas a partir de 1899, en Haití desde 1915 y en la República Dominicana desde 1916–, ello no era el resultado de una concepción doctrinaria planificada. Fue más bien la consecuencia de las actividades desplegadas por un cuerpo de marines que operaba autónomamente en el terreno a partir de criterios de supremacía (Gleijeses 2011: 39). Desde entonces, y hasta principios de la década de 1960, los Estados Unidos no impulsaron de modo premeditado un nuevo modelo doctrinario para las fuerzas armadas caribeñas. Ensimismados en los conflictos de orden global, prevaleció en Washington la doctrina de “Represalia Masiva” –también conocida como doctrina Eisenhower[67]–, que no desarrollaba lineamientos específicos para los instrumentos militares de la “periferia cercana” (Klare y Kornbluh 1990: 19). Considerada exitosa en los círculos militares y diplomáticos en cuanto a sus efectos disuasorios frente a la potencialidad de una nueva conflagración mundial, la doctrina de “Represalia Masiva” no había logrado impedir el surgimiento de movimientos guerrilleros (Klare y Kornbluh 1990: 19-20). Fue en 1960, al iniciarse la presidencia de John F. Kennedy, que los Estados Unidos emprendieron el cambio hacia un enfoque flexible, que puso en pie de igualdad las guerras irregulares con los conflictos convencionales o nucleares de gran escala (Taylor 1960: 5-6). En ese marco, adquirió centralidad la necesidad de contar con una doctrina contrainsurgente[68], la que tuvo un impacto decisivo en el imperialismo informal militarizado de los Estados Unidos en la cuenca del Caribe.

Con este viraje como trasfondo, Kennedy constituyó un “Grupo Especial Contrainsurgente”, con el fin de “emprender, ejecutar y verificar la tarea contrainsurgente en todo el mundo” (Maechling 1990: 40). A los fines de esta tesis, conviene reparar en que, entre las funciones de este grupo, se contaba la de promover la doctrina de la contrainsurgencia en las fuerzas armadas y agencias de otros países, a los efectos de que su introducción se reflejara en la organización, el adiestramiento y el aprovisionamiento (1990: 40). Se buscaba dejar atrás la noción predominante hasta entonces en el Pentágono –centrada en una mirada de la lucha antiguerrillera como mera táctica para el combate contra fuerzas irregulares– para pasar a una mirada integral de la contrainsurgencia. En ella, debía primar un enfoque integrado cívico-militar para socavar “el atractivo de los movimientos radicales” y minimizar “las probabilidades de una participación militar directa de Estados Unidos en la guerra interna” (Maechling 1990: 39-40).[69] La impronta contrainsurgente se mantuvo durante las décadas siguientes, con planes de defensa y programas que fueron elaborados para una treintena de países, mayormente de Asia y América Latina (1990: 48).

A mediados de 1966, durante la presidencia de Lyndon Johnson, el fenómeno contrainsurgente fue incorporado en una agenda más amplia junto con otras problemáticas, en paralelo a la absorción del “Grupo Especial Contrainsurgente” por el nuevo “Grupo Interdepartamental de Alto Rango” (Maechling 1990: 47; 64). Durante los siguientes dos decenios, la contrainsurgencia continuó ocupando un espacio en la planificación estratégica –si bien el término prácticamente desapareció de los documentos oficiales– pero debió coexistir con las limitaciones para el uso del poder militar en el extranjero (Klare y Kornbluh 1990: 23). El “síndrome de Vietnam” –consecuencia del fracaso en el conflicto de Indochina– se expresó en una marcada renuencia por parte de la ciudadanía y de las élites norteamericanas a apoyar la intervención abierta en nuevas contiendas periféricas (Klare y Kornbluh 1990: 22-23). Pese a ello, dos décadas después surgió una nueva estrategia intervencionista durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989). El nuevo enfoque, tributario de un contexto internacional sobre el que ya habían advertido diversos funcionarios y estrategas militares[70], dio lugar a una doctrina denominada “Guerra de Baja Intensidad” (GBI). Condensada en una serie de documentos clave[71], y sobre la base de una discusión desarrollada en los más conservadores círculos castrenses[72], la GBI implicó nuevas “categorías de misión” para las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero. Este nuevo espectro de responsabilidades –que incluía la contrainsurgencia, la proinsurgencia, las operaciones contingentes en tiempos de paz, el antiterrorismo, los operativos antidrogas y las acciones pacificadoras (Klare 1990: 72)– supuso cambios doctrinarios para los instrumentos militares de las naciones del Caribe.

A continuación, se revisa el modo en que las intervenciones militares estadounidenses y su política de seguridad hacia el Caribe han estado determinadas por consideraciones de orden político e ideológico que influyeron en la doctrina internalizada por los institutos castrenses dominicanos. Esta incidencia ha moldeado el vínculo domínico-norteamericano, contribuyendo a forjar –conjuntamente con el despliegue de tropas– las características de un imperialismo informal de tipo militarizado.

4.2.1. La incidencia doctrinaria del Pentágono sobre las fuerzas armadas dominicanas

La necesidad del actor imperial de contar con un orden estable en la periferia, que restringiera las externalidades negativas (Lowenthal 1970: 45), fue un factor que condicionó la organización y la doctrina de las fuerzas armadas dominicanas. También los contextos globales convulsionados, marcados por la incompatibilidad política o ideológica, generaron cambios en la doctrina militar dominicana. En breve, las fuerzas armadas dominicanas han sido, desde el punto de vista doctrinario, el resultado de los intereses de Washington.

Un primer hito a ser revisado es la creación, por parte del gobierno de ocupación militar en 1917, de una Guardia Nacional –básicamente una gendarmería con funciones policiales– en reemplazo de las fuerzas existentes. Esta medida, que Washington venía exigiendo desde una década antes con la Convención domínico-norteamericana de 1907 (Roig de Leuchsenring 1919: 27; Goldwert 1962: 6), tuvo una incidencia determinante en la relación bilateral. Las fuerzas militares dominicanas, que habían cumplido un papel relevante en las sucesivas guerras de independencia del siglo XIX[73], lucían al iniciarse el siglo XX fragmentadas y funcionales a los caudillos de turno (Hartlyn 1998: 32; Muto 2014: 34). Pese al rol desempeñado por las milicias en las gestas independentistas, los gobernantes dominicanos nunca habían emprendido –con la excepción de Gregorio Luperón (1879-1880)[74]– un intento de profesionalización de su instrumento militar. El paisaje que exhibía la República Dominicana en 1910 era de desorden, recurrentes conflictos intestinos y una población altamente militarizada.

Los Estados Unidos confiaron en que el gobierno de los marines (1916-1924), por medio de la creación de una “guardia constabularia”, permitiría dejar atrás esa situación y facilitaría la conformación de un instrumento militar “despolitizado” (Lowenthal 1969: 46). Con algunos logros en el plano del orden interno, pero con un fracaso rotundo en cuando al objetivo de lograr un instrumento militar profesional, los norteamericanos abandonaron la República Dominicana en 1924. Su legado castrense –la Guardia Nacional– se convirtió pocos años más tarde en el instrumento de poder de su nuevo “colaborador periférico”, el general Rafael Trujillo (Rouquié y Suffern 1994: 283; Gleijeses 2011: 42). En términos doctrinarios, las misiones fijadas a la “guardia constabularia” por los sucesivos gobernadores militares estadounidenses desvirtuaron el concepto de una organización preparada para la guerra externa. Las fuerzas dominicanas se convirtieron así en un “ejército de ocupación interna” y, en especial a partir de la era Trujillo (1930-1961), en un “aparato de dominación política” (Gleijeses 2011: 43-44).

Tales modificaciones doctrinarias y organizacionales resultaron fundamentales para los intereses de Washington, no solamente en el periodo de su inmediata implementación, sino en décadas posteriores. El alineamiento en contra del Eje durante la segunda Guerra Mundial y la lucha anticomunista durante la Guerra Fría abrevaron, en gran medida, en las transformaciones operadas durante la etapa de ocupación. La formación contrainsurgente de los militares dominicanos se profundizó durante los años de Trujillo, en una línea de continuidad que seguía la traza de la lucha “anti-guerrillera” montada por los marines entre 1916 y 1924. Las invasiones de Cayo Confites (1947), de Luperón (1949) y de Constanza, Maimón y Estero Hondo (1959) estimularon aun más el anticomunismo de las fuerzas dominicanas. La persecución política interna se constituyó en una verdadera especialización técnico-represiva del instrumento militar.

A partir de la década de 1960, y siguiendo la línea de las directivas de John F. Kennedy, la contrainsurgencia se convirtió –bajo su nueva modalidad “totalizadora” (Maechling 1990: 39)– en el eje estructurante de las fuerzas armadas post-trujillistas. El impulso estadounidense a la puesta en marcha de programas y planes “de defensa interna” agudizó la orientación doméstica del instrumento militar dominicano, el que además se transformó en un actor pretoriano del sistema político (Lozano 2002: 131). El papel del Grupo de Asistencia y Asesoría Militar (MAAG) fue crucial en este plano, incidiendo de modo decisivo en cuanto a financiamiento, provisión de medios y sistemas de armas, adiestramiento, formación policial y militar, y reorientación de la labor castrense hacia actividades de acción ciudadana (Maechling 1990: 38-43).

La última etapa de estudio de esta tesis –el periodo final de la Guerra Fría– se inscribe en el marco de una renovación doctrinaria de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La nueva estrategia de Ronald Reagan implicó la materialización de la GBI (“Guerra de Baja Intensidad”), cuyo impacto doctrinario se hizo sentir en las Fuerzas Armadas dominicanas. La situación de Santo Domingo resultaba más estable que dos décadas atrás, motivo por el cual el papel pretoriano de sus Fuerzas Armadas fue menguando. A medida que los Estados Unidos, en particular desde la presidencia de James Carter (1977-1981), plantearon la necesidad de “relaciones civiles-militares” más democráticas –lo que se iría consiguiendo de modo gradual–, el Pentágono fue poniendo el foco en las “nuevas misiones” de la GBI. Este cambio se produjo sin dejar de atender el adiestramiento y el accionar cívico-militar contrainsurgentes, en una periferia del Caribe que el imperialismo informal continuaba percibiendo como “turbulenta”.[75] Durante la década de 1980 creció la asistencia del Pentágono a las operaciones antidrogas de las Fuerzas Armadas dominicanas, con el fin de “cortar el flujo de estupefacientes hacia los Estados Unidos” (Klare 1990: 72).

La información empírico-descriptiva que se recoge en esta sección procura testear el nivel de control geopolítico de los Estados Unidos sobre la República Dominicana, incorporando la cuestión doctrinaria a los más habituales indicadores que ha utilizado la literatura especializada para medir la jerarquía en seguridad internacional (Lake 2009: 68-71). Se lleva adelante una descripción histórica del intervencionismo militar estadounidense en materia doctrinaria, con el fin de poner en evidencia el impacto que en cuestión de misiones castrenses, adiestramiento y formación ha tenido el papel desempeñado por el Pentágono en Santo Domingo a lo largo del siglo XX.

4.2.2. Las primeras tres décadas del siglo XX

La pretensión estadounidense de que la República Dominicana se plegara al modelo de las “guardias constabularias” se remonta, al menos, hasta la Convención domínico-norteamericana de 1907. En línea con la consolidación del imperialismo informal en Santo Domingo, Washington buscaba acompañar el dominio financiero –que se expresaba en el control de las aduanas– con la conformación de una guardia civil comandada por oficiales norteamericanos. Un año antes de la ocupación militar de 1916, el ministro estadounidense William W. Russell enviaba una nota oficial en la que planteaba una serie de exigencias. Allí anticipaba algunas de las implicancias que, en materia de doctrina castrense, acarrearía la nueva organización:

Mi gobierno […] ha decidido que la Convención Norteamericano-Dominicana de 1907 le concede el derecho de […] prevenir las luchas y disturbios facciosos mediante la creación de una Guardia Civil, a la cual el gobierno dominicano se obliga a sí mismo, para la preservación de la paz interna, la seguridad de los derechos individuales y la plena observación de las previsiones de la Convención […] La Guardia Civil será organizada y comandada por un estadounidense que será designado ‘director de Guardia Civil’ por el presidente de la República Dominicana, tras su nombramiento por el presidente de los Estados Unidos […] El gobierno dominicano autorizará para la Guardia Civil a los oficiales comisionados y a los suboficiales (oficiales no comisionados y tropa) que el director de la Guardia Civil considere necesarios […] con la condición de que el presidente de los Estados Unidos decida toda cuestión de regulación que afecte la organización, y en la cual el gobierno dominicano y el director de la Guardia Civil no estén de acuerdo (cit. en Selser 2010: 320)

El modelo propugnado por Washington se apoyaba en una serie de premisas lineales, que partían de la idea de que los problemas de la historia dominicana podrían resolverse por medio de un instrumento militar de orientación interno-represiva (Goldwert 1962: 6). Tanto la interpretación estadounidense del pasado como la búsqueda de una solución para el futuro reposaban en una presunción doctrinaria: los inconvenientes dominicanos no se resolverían con un ejército profesional preparado para la guerra, sino con un instrumento coercitivo –de naturaleza policial– orientado al control doméstico (Latorre 1979: 61-62). Ese instrumento castrense, conducido por oficiales estadounidenses, resultaría, asimismo, de carácter a-político (Muto 2014: 265). En cuanto a la historia dominicana reciente, Washington extraía algunas conclusiones. En primer lugar, que los años que siguieron a las guerras de independencia (de Haití en 1844 y de España en 1865) no habían traído la paz interior. El poder político se hallaba extremadamente fragmentado y predominaban las pujas tanto a nivel regional como nacional. Los escasos intentos de centralización y modernización militar –ya sea en la visión más profesionalizada de Luperón (Soto Jiménez 1996: 61) o en la concepción patrimonialista de Heureaux (Muto 2014: 34)– habían fracasado. El ejército nacional de la época constituía, según la descripción de Jean Tartter, “un pequeño grupo de oficiales interesados en el enriquecimiento personal […] completamente superado en número por las milicias armadas de los caudillos locales, quienes a su vez detentaban el cargo de gobernadores provinciales” (2001: 214). Puesto directamente: no existía, en sentido estricto, un verdadero ejército nacional (Hartlyn 1998: 32)

Tras los fracasados intentos del actor imperial para lograr que fueran los “colaboradores periféricos” los instrumentadores de la “solución constabularia”[76], los Estados Unidos decidieron seguir el mismo camino que habían emprendido en Cuba (1906), en Haití (1915), y que aplicarían en Panamá (1918) y en Nicaragua (1927)[77]: el despliegue de los marines y la ocupación militar directa como vehículo para la conformación de la guardia constabularia (Goldwert 1962: 5). Esto significaba, además, la disolución de las Fuerzas Armadas dominicanas tal como existían en ese momento, “no sólo por considerarlas ineficientes en las tareas de pacificar el país y garantizar la paz pública y el orden, sino que también las hacían partícipes del estado de cosas que mantenía al país sumido en el caos” (Soto Jiménez 1996: 120). En este contexto, fueron cuatro los objetivos que se propuso Washington: el debilitamiento de los caudillos, la unificación de la fuerza coercitiva estatal, el desarme de la población y la conformación de un instrumento castrense no politizado (Langley 1985: 154; Gleijeses 2011: 41-42; Muto 2014: 265). La ausencia de precisiones respecto del rol militar en la defensa externa de la nación –en una isla que había sufrido sistemáticas invasiones desde principios del siglo XIX– constituía un dato muy significativo desde el punto de vista de la doctrina militar (Soto Jiménez 1996: 217).

En cuanto a los caudillos, una de las primeras medidas del gobierno de ocupación fue despojar de poder militar a los gobernadores provinciales, los que quedaron reducidos a autoridades civiles subordinadas al poder de los marines (Goldwert 1962: 7). Si bien en principio las autoridades locales –viejos caudillos en su mayoría– mantuvieron bajo su mando a funcionarios de policía municipal, en poco tiempo los marines asumieron el control absoluto del mantenimiento del orden (Soto Jiménez 1996: 123). En abril de 1917 comenzó a cobrar forma –con la suscripción de la orden ejecutiva N° 47 del capitán Knapp– la nueva organización constabularia, cuyas misiones eran semejantes a las de una gendarmería con funciones policiales. Con un presupuesto inicial de 500.000 dólares, bajo el mando de un infante de marina estadounidense –que detentaba el cargo de Comandante– y compuesta mayormente por norteamericanos, nacía la “Guardia Nacional Dominicana” que concentraba las capacidades de coerción estatal en un único organismo (Mejía 2011: 231). La Guardia reemplazaba así a las tres organizaciones castrenses existentes hasta entonces: el Ejército, la Marina y la Guardia Republicana (Goldwert 1962: 8; Soto Jiménez 1996: 128). Modelada en el espejo de la Policía Montada del estado de Pennsylvania, el nuevo organismo se nutrió –ante la negativa de las clases altas al reclutamiento[78]– de criollos provenientes de las clases bajas de la población (Langley 1985: 154; Muto 2014: 260-261).

El modelo organizativo y el despliegue de la flamante Guardia Nacional reflejaban las prioridades del gobierno de ocupación ligadas al desbande de los caudillos, el desarme de la población y la unificación del poder coercitivo estatal. En diciembre de 1917, a través de un reporte general, se informaba que la Guardia Nacional estaba compuesta por tres divisiones: un Cuartel General, un Departamento Norte y un Departamento Sur. El personal asignado a cada uno exhibía, a su vez, la prioridad que detentaban el control y la seguridad en las provincias del norte y del noreste –en particular El Seibo y San Francisco de Macorís–, en donde se destacaban las fuerzas guerrilleras que los norteamericanos denominaban “gavilleros”. Mientras el Departamento Norte contaba con 784 agentes, los destinados al Departamento Sur eran sólo 28 (Goldwert 1962: 8; Soto Jiménez 1996: 128). En opinión de ciertos analistas, al menos hasta 1921 la Guardia Nacional tuvo serias limitaciones producto de la escasez de recursos, las dificultades de reclutamiento y la falta de claridad doctrinaria que orientaba su acción (Langley 1985: 154; Hartlyn 1998: 38).

En lo que hace al desarme, las tropas constabularias fueron volcadas a acabar con lo que los ocupantes norteamericanos consideraban un “mal endémico” de la sociedad dominicana (Langley 1985: 151; Soto Jiménez 1996: 123-124). El desarme se produjo luego de que se dieran los primeros avances en materia de apaciguamiento de las milicias dominicanas (Muto 2014: 260). Los datos resultan elocuentes: de una población de 750.000 habitantes, las tropas norteamericanas confiscaron más de 50.000 armas de fuego, 200.000 rondas de municiones y 14.000 armas blancas, lo que significaba que prácticamente todos los mayores de 16 años contaban con algún arma. El gobierno de ocupación complementó las acciones de la Guardia Nacional con fuertes sanciones económicas y sentencias de prisión (Langley 1985: 151). Por otra parte, en 1920 se implementaron algunos cambios organizativos en la Guardia Nacional como consecuencia de los avances en materia de desarme y pacificación. Se produjo un fortalecimiento del Departamento Sur –con la creación de cinco nuevas compañías y la reducción a siete de las compañías del Departamento Norte–, lo que evidenciaba mejoras en la zona septentrional en donde actuaban los “gavilleros”. Esto también impactaba, según la mirada de Goldwert, en términos doctrinarios, dado que la pacificación y cierta relajación de las tareas contrainsurgentes permitían deslizar a la Guardia hacia funciones básicamente policiales (1962: 12).

En este marco, conviene detenerse en algunos aspectos ligados a las consecuencias que trajo aparejado, en términos doctrinarios, el diseño de una institución que suponía un híbrido entre gendarmería y fuerza policial (Hartlyn 1998: 38). Al respecto, un elemento significativo fue la decisión del gobierno de ocupación de debilitar al instrumento militar dominicano en sus capacidades navales, lo que no constituía un dato menor para un pequeño estado insular de la estratégica cuenca del Caribe. Según Miguel Soto Jiménez: “Resulta paradójico que, mientras la Guardia Nacional nacía, las autoridades militares norteamericanas subastaron, como hierro viejo, el crucero Independencia” (1996: 128). El desguace del navío de guerra no era, sin embargo, algo “paradójico”, sino que se trataba de una decisión que comportaba un sentido muy claro: el de transformar a las fuerzas armadas en una institución de naturaleza policial y control interno, para la que el control del mar y la defensa externa eran actividades reservadas a las fuerzas de ocupación. Por ello, resultaba fundamental no sólo la transformación doctrinaria de la Marina –operada por medio del proceso de absorción por parte de la Guardia Nacional– sino su dislocamiento operacional y logístico (Manual de Organización y Funciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana 2011: 17-18).

Otro aspecto que exhibe la esencia interno-represiva del organismo pergeñado por los marines se relaciona con el despliegue y la ocupación territorial. El diseño y la organización de la Guardia Nacional seguían la traza de lo establecido por Washington en otros países a principios del siglo XX, tales como Cuba (1906) o Haití (1915). Soto Jiménez ofrece indicios precisos de cómo las misiones y funciones asignadas a la Guardia Nacional alteraban todo rastro de preparación profesional para la guerra convencional. La priorización de funciones policiales encuentra un eje estructurante en la búsqueda del dominio territorial y del control poblacional. Para ello se establecieron dispositivos sobre el espacio público que postergaron las metas tradicionales de un ejército profesional, tales como la listeza operacional y la capacidad de despliegue rápido. En efecto, las misiones de naturaleza policial quedaron asociadas a la noción de saturación territorial del espacio público (propia de las organizaciones policiales) en detrimento de la concepción estratégico-militar de la concentración territorial. En igual sentido, esquemas de reclutamiento como el servicio militar obligatorio dejaron de tener prelación en la concepción organizacional fijada por el gobierno de ocupación (Soto Jiménez 1996: 130-132; 140-141).

En la primera parte del capítulo se describió el accionar de las tropas estadounidenses en la zona norte del país para enfrentar a los movimientos nacionalistas (los “gavilleros”). La Guardia Nacional jugó –entre 1917 y 1921– un papel clave en materia de operaciones contrainsurgentes para el aniquilamiento de esas guerrillas en las provincias de El Seibo y San Pedro de Macorís (Langley 1985: 151-154; Hartlyn 2001: 38). Esa misión llevó a la guardia constabularia a desplegar la violencia más desenfrenada, lo que fue justificado como parte de la doctrina contrainsurgente (Ducoudray 1976: 27). Otro elemento doctrinario ligado a esta agudización de la violencia se relaciona con el dispositivo de inteligencia montado por los marines. La reorganización de las fuerzas dominicanas supuso la creación de un sofisticado entramado de inteligencia a nivel nacional, en donde el proceso de recolección, sistematización y análisis de la información se fundaba en motivaciones políticas y de orden interno (Vega 1986: 36). En consecuencia, la inteligencia que producía la brigada de espionaje de la Guardia Nacional no buscaba contribuir al planeamiento y conducción de operaciones militares convencionales, sino al esquema doméstico-represivo propio del modelo constabulario (Paulino Ramos 2018).

El 2 junio de 1921, el nombre de la guardia constabularia fue modificado por medio de la Orden Ejecutiva Nro. 631: se reemplazó el de “Guardia Nacional Dominicana” por el de “Policía Nacional Dominicana”. Era un simple cambio de denominación, que no alteraba la esencia de la organización (Goldwert 1962: 19). Algo similar sucedió con las posteriores redefiniciones como “Ejército Nacional” o “Brigada Nacional”, en los tiempos posteriores al fin de la ocupación. Desde el punto de vista del imperialismo informal militarizado, lo central residía en la continuidad del modelo impuesto como medio para garantizar la vigencia de la doctrina interno-represiva (Goldwert 1962: 17-19; Soto Jiménez 1996: 143).[79] Como se verá, esta orientación organizativa y doctrinaria se mantendrá a lo largo de todo el siglo XX, constituyendo un rasgo distintivo de las Fuerzas Armadas dominicanas.

Con matices entre los analistas –y reconociendo la mayor parte de ellos las violaciones humanitarias del gobierno militar estadounidense–, la literatura especializada suele atribuir un relativo éxito a los marines en materia de apaciguamiento del fenómeno caudillista, desarme y unificación de las capacidades coercitivas estatales (Goldwert 1962: 8; Gleijeses 2011: 41-42; Muto 2014: 260-261). Sin embargo, el gobierno de ocupación –producto de la incomprensión de aspectos políticos y culturales dominicanos– fracasó en el objetivo de alcanzar una “guardia constabularia” despolitizada, profesional y neutral. La concepción estadounidense de que podría materializarse en la República Dominicana un instrumento militar regido por el “control civil objetivo” (Huntington 1957: 72) constituyó un grueso error de percepción (Goldwert 1962: 49; Lowenthal 1970: 46). Más grave aún resultó la aceptación de que esas Fuerzas Armadas se convirtieran en el ejército privado de un dictador (Rouquié y Suffern 1994: 283). Desde luego, un dictador alineado a los intereses geopolíticos norteamericanos (Lake 2009: 5).

Sobre los 30 años de la dictadura patrimonialista de Trujillo, su relación con el actor imperial y las implicancias en materia de doctrina militar, se avanzará en el apartado siguiente. Por lo pronto, conviene dejar planteado el panorama que despuntaba en 1930 a partir de la interpretación de Piero Gleijeses:

Se abrían ahora dos caminos: que la guardia se dividiera en facciones hostiles, que generarían futuras guerras civiles, o que, si se mantenía unida, la dominaría un hombre que se convertiría en dictador. Dada la realidad de la historia dominicana, había un tercer camino bloqueado de antemano: el de la Guardia haciendo de campeón de la Constitución y garante de la democracia. ¿Cuál de estos caminos tomaría la historia? La Guardia se transformó en instrumento privado de un hombre, el general Rafael Leónidas Trujillo Molina (Gleijeses 2011: 42).[80]

4.2.3. La era Trujillo

El desarrollo de la doctrina castrense durante las tres décadas de la era Trujillo (1930-1961) es inseparable de la apreciación geoestratégica que los Estados Unidos efectuaron de la cuenca del Caribe desde fines del siglo XIX. Independientemente de las actualizaciones doctrinarias que se irán describiendo, hay un elemento estructurante que define la continuidad del modelo constabulario. Se trata de la necesidad estadounidense de garantizarse una periferia “estable” desde el punto de vista interno, como precondición para evitar rivalidades extracontinentales (Lowenthal 1969: 47-48). [81] Trujillo, el pupilo que los marines habían promovido como jefe de la guardia constabularia, se había convertido en el hombre todopoderoso de la República Dominicana y en el garante de los intereses del imperialismo informal (Hartlyn 1998: 38-41). A pesar de no ofrecerle a Washington el modelo de una guardia despolitizada (Goldwert 1962: 49), le garantizaba un alineamiento incondicional y la continuidad de los aspectos centrales del modelo castrense fijado durante la etapa de ocupación militar (Soto Jiménez 1996: 145). En este contexto, Trujillo avanzó con “mano de hierro” con los aspectos inconclusos de la “pacificación interna” (Moya Pons 1998: 230). Apenas accedió a la presidencia, encaró el exterminio de los focos latentes de insurgencia “gavillera” en el norte y en el este del país (Gleijeses 2011: 44). Estas prioridades daban una pauta del perfil organizativo y doctrinario del ejército trujillista: ocupación interna, dominación política y represión. Hasta ese momento, no aparecía entre las metas de Trujillo la preparación del Ejército para conflictos externos convencionales.

Por otra parte, en el contexto patrimonialista de la época, el ejército se convirtió en instrumento privado del dictador, lo que trajo como correlato la desprofesionalización (Moya Pons 1998: 230; Gleijeses 2011: 44).[82] Según Rouquié y Suffern, el régimen trujillista, a causa del predominante “gangsterismo de estado”, tenía mucho más que ver con el caudillismo tradicional que con el militarismo moderno (1994: 293). El modelo “unificado, apolítico y profesional” imaginado por los norteamericanos había resultado una quimera. La realidad ofrecía una organización atravesada por el faccionalismo (Tartter 2001: 217). Sin embargo, estos rasgos –a diferencia de etapas previas y como resultado del desarme– no alimentaron guerras intestinas, sino que fueron aprovechados por Trujillo para “dividir y reinar” en una institución adicta a su persona (Moya Pons 1998: 230; Tartter 2001: 217).[83] En consecuencia, a poco de andar el régimen, dos datos resultaban evidentes respecto del Ejército: por un lado, mantenía las características de “instrumento personal” de su Jefe –ahora convertido en presidente–; y por el otro, conservaba un diseño de policía nacional o gendarmería orientado al control interno (Soto Jiménez 1996: 152-155).

En cuanto a los efectos de la politización y de la sujeción al líder en el seno de la institución, conviene efectuar algunas precisiones a raíz de su impacto en términos doctrinarios en décadas posteriores. En particular, la politización castrense, como sugiere la literatura especializada, conduce a niveles de desprofesionalización, que resultan particularmente evidentes en ausencia de una clara conducción política de las fuerzas militares. En efecto, la pertenencia al Ejército en tiempos de Trujillo generó una suerte de “sentimiento de casta”, que se constituyó en vehículo para la movilidad social ascendente de los uniformados (Tartter 2001: 217). Trujillo alimentó esta percepción entre los oficiales, con la contrapartida lógica de la aceptación de su liderazgo en un clásico sentido carismático-patrimonialista (Lozano 2002: 123). En términos de relaciones civiles-militares, el modelo reposó en el “control subjetivo” sobre los militares por parte del dictador (Huntington 1957: 72), lo que implicaba una debilidad del “control objetivo”, es decir, del componente racional-legal de la profesionalización militar (López, 1994: 27). Como resultado, cualquier situación que desarticulase el control subjetivo del instrumento militar –por ejemplo, la eventual muerte del líder– podría desencadenar una crisis de dimensiones, debido a la falta de desarrollo de una obediencia asentada en criterios burocráticos o racional-legales.

En el caso de la relación domínico-norteamericana, resulta claro que Washington abandonó su aspiración de unas fuerzas armadas neutrales y profesionales, y aceptó las garantías geoestratégicas que ofrecía el “dictador amigo”. Este rasgo del imperialismo informal militarizado trascendió la experiencia de la dictadura trujillista. La necesidad de una periferia desprovista de turbulencias compensaba cualquier pretensión de relaciones civiles-militares basadas en el criterio de la profesionalización castrense. En este marco, el ejército de “ocupación interna” de Trujillo tuvo la “oportunidad” de desplegar sus saberes como fuerza de gendarmería hacia fines de la década de 1930 (Soto Jiménez 1996: 158-159). El dictador emprendió una campaña –apoyada en criterios de supremacía racial similares a los que habían exhibido los marines durante la ocupación– para “dominicanizar” la frontera con Haití (Franco Pichardo 2009: 524-525).[84] Trujillo desplegó a las fuerzas militares en la frontera con fines de control territorial, pero previamente instruyó una generalizada matanza de haitianos. Algunos autores han calificado el proceso como un verdadero genocidio, que alcanzó la cifra de 18.000 haitianos asesinados (Moya Pons 1998: 235-236). Que los fusiles “apuntaran hacia adentro” era una de las premisas del modelo constabulario fijado por los norteamericanos, que Trujillo –como leal “colaborador periférico”– se había comprometido a conservar. Las consecuencias estaban a la vista.

La asignación al Ejército Nacional de tareas de orden policial se completó con una serie de decisiones de Trujillo ligadas al funcionamiento del sistema penitenciario. Coincidente temporalmente con las tareas de “dominicanización de la frontera”, se asignó al ejército la custodia de las cárceles públicas y la seguridad de los presidiarios que cumplían labores de trabajo forzado (Soto Jiménez 1996: 160-161). El dictador reforzaba con sus medidas la orientación doméstica del instrumento militar y concluía su primer decenio en el poder con una serie de decisiones que se ajustaban a lo esperado por los Estados Unidos. Según precisa José Miguel Soto Jiménez, “el logro estratégico más importante” del primer cuatrienio había sido “la pacificación del país”, tarea en la que el ejército había jugado un “papel protagónico”. El segundo cuatrienio estuvo signado por “la delimitación física de la frontera con Haití” y por la “dominicanización de la frontera”, empresas que se habían alcanzado “gracias a la creciente influencia de las fuerzas militares en la zona, y sobre todo, al poder disuasivo del Ejército”. En definitiva, durante el periodo 1930-1940, las “fuerzas militares fueron consagradas a la pacificación y ordenamiento del país, con un perfil netamente policial” (Soto Jiménez 1996: 168; 211).

La situación doctrinaria y orgánica de las fuerzas dominicanas se modificó, sin embargo, a lo largo de la década de 1940. Si bien el modelo constabulario fue sostenido por el régimen de Trujillo, una serie de circunstancias externas obligaron al dictador a efectuar ajustes en su diseño. Estas modificaciones, determinadas en parte por los efectos de la segunda Guerra Mundial (Soto Jiménez 1996: 178-179), pero sobre todo como consecuencia de las expediciones revolucionarias de Cayo Confites (1947) y Luperón (1949), convencieron a Trujillo de fortalecer las capacidades de defensa externa de la República Dominicana. Dado que en la raíz de estas expediciones el trujillato divisaba la mano del comunismo internacional, los Estados Unidos –en pleno despertar de la Guerra Fría– aceptaron la reforma en el diseño militar. Ésta implicaba la incorporación, al tradicional modelo de “ocupación interna”, de una serie de misiones de defensa exterior, que conllevaban un crecimiento de la estructura militar y cambios en la doctrina y el adiestramiento castrenses. En palabras de Gleijeses: “Las Fuerzas Armadas dominicanas se habían convertido […] en una de las instituciones militares más grandes y poderosas de América Central y el Caribe” (2011: 43). Una dimensión de este crecimiento lo ofrece la evolución del personal: mientras en 1932 las fuerzas militares (incluida la Policía Nacional) sumaban 2.200 miembros, en 1948 los numerarios se habían casi quintuplicado hasta llegar a los 9.100 (Hartlyn 2001: 40).[85]

En ese contexto, Trujillo tomó importantes decisiones desde el punto de vista orgánico-funcional. Como reflejan documentos desclasificados, se llevó adelante la reglamentación del Servicio Militar Obligatorio, atendiendo al objetivo de contar con un ejército numeroso para hacer frente a nuevas intentonas desestabilizadoras (Acosta Matos 2012c: 225; 227; 228). Cayo Confites también implicó trascendentes decisiones estratégicas, al advertir el dictador las vulnerabilidades militares de la isla (Acosta Matos 2012c: 66). En efecto, no sólo desató un rearme –facilitado por la renovación de licencias por parte de los Estados Unidos en agosto de 1947–, sino que ordenó al alto mando del Ejército la actualización de sus planes defensivos. Asimismo, Trujillo adoptó decisiones que afectaron la estructura del Ejército Nacional[86], entre ellas la creación de una División Liviana compuesta por tres brigadas. Se buscaba garantizar, en un esquema de despliegue rápido, la cantidad de uniformados necesarios para hacer frente en tiempo y forma a eventuales intentos desestabilizadores externos. Sin embargo, a causa del lugar que ocupaban para el régimen los aspectos políticos y de seguridad doméstica, la creación de estas unidades no alteró el carácter interno-represivo del instrumento militar (Acosta Matos 2012d: 65). En términos doctrinarios, las amenazas externas implicaron un deslizamiento hacia la defensa exterior, sin perder de vista la formación para el control interno. La instrucción táctica y el comando de unidades de combate recobraron centralidad en el adiestramiento castrense, en un esquema que volvía a ponderar –a diferencia del modelo constabulario “puro”– el componente militar junto a las preeminentes tareas interno-represivas (Soto Jiménez 1996: 182).

A pesar de que Trujillo fue uno de los pocos gobernantes dominicanos que se ufanó de cierta retórica nacionalista, el diseño de fuerzas de su instrumento militar respondió cabalmente a las necesidades de Washington. La conformación de un aparato de control interno, heredero de la guardia constabularia, sólo fue modificado –para adicionarle misiones externas que no alteraron su esencia interno-represiva– con el objeto de hacer frente a las amenazas expedicionarias. En consecuencia, en el imperialismo informal militarizado fueron los factores político-ideológicos de orden global los que incidieron mayormente en la conformación de la organización y la doctrina castrenses del actor periférico. Se replicaba la lógica de los tiempos anteriores a la Guerra Fría, cuando Washington exigió la continuidad del modelo constabulario para garantizar la estabilidad interna y evitar disputas interimperiales (Lowenthal 1969: 48). El fortalecimiento del instrumento militar se vio reflejado en términos presupuestarios durante la era Trujillo. Mientras en 1930 el presupuesto militar ascendía a 1,5 millones de dólares (9,4 por ciento del presupuesto gubernamental), una década después alcanzaba la cifra de 1,9 millones de dólares (16 por ciento del presupuesto) (Hartlyn 1998: 46). Hacia fines de la década de 1950, con Trujillo embarcado en un desquiciante proceso de rearme, el presupuesto castrense se disparó hasta los 38 millones de dólares (30 por ciento del presupuesto). No sólo eso: en 1959 el régimen anunció una partida extraordinaria de 50 millones de dólares para la adquisición de armamento (Gleijeses 2011: 59).

Este crecimiento tuvo su impacto, especialmente, en la Aviación Militar Dominicana (AMD) y en la Marina de Guerra. En el primer caso, su existencia por fuera del Ejército –la aviación militar había sido creada en 1936 como destacamento de la fuerza de tierra– data de 1948, unos meses después de la invasión de Cayo Confites.[87] Trujillo comprendió, dado el poder aéreo reunido por las fuerzas expedicionarias[88], que la existencia de la aviación militar con independencia del ejército se había convertido en prioridad. A lo largo de la década de 1950, y respaldada por el suministro de sistemas de armas en el marco de la Ley de Préstamos y Arrendamientos (Lend-Lease), la fuerza aérea dominicana[89] llegó a contar con 240 aeronaves y una dotación de 3.500 uniformados (Tartter 2001: 231). Asimismo, en el clásico esquema de pesos y contrapesos con que manejaba el mundo castrense, Trujillo concibió el fortalecimiento de la AMD como un instrumento de equilibrio frente al Ejército (Tartter 2001: 218). En cuanto a la Marina de Guerra, la invasión de Cayo Confites lo llevó a fortalecer esta rama de las fuerzas armadas, la que había sido relanzada –luego de su desactivación como fuerza independiente en 1917 por parte del gobierno de ocupación[90]– en 1934. Sin embargo, hasta entrada la década de 1940, el dictador había conservado intacta la concepción constabularia de las fuerzas militares. En ese marco, la Marina desplegaba las funciones de una guardia costera dependiente del Ejército (Tartter 2001: 229), lo que llevó a la postergación de la defensa externa como misión principal del instrumento militar. El crecimiento exponencial de la fuerza se dio en el decenio de 1950, cuando el poder naval dominicano se transformó en el más importante del Caribe. Con 3.000 hombres, incluido un batallón de infantería de marina y una ascendente aviación naval, Trujillo interpretó que era momento de cambios estratégicos –y doctrinarios– en un mundo atravesado por el conflicto bipolar (Tartter 2001: 229). Hacia fines de la década, la Marina ya contaba con una flota de 70 unidades –que incluía destructores, fragatas y corbetas–, constante adiestramiento por parte de la armada estadounidense, un cuerpo de fuerzas especiales y un moderno centro de entrenamiento en la Base Naval Las Calderas (Soto Jiménez 1996: 184).

A pesar de estos ajustes, la concepción de las Fuerzas Armadas como “ejército de ocupación interna”, “aparato de dominación política” e “instrumento privado del dictador” (Gleijeses 2011: 44; 50) no se modificó en los últimos años de la era Trujillo. Las fuerzas armadas experimentaron un desarrollo exorbitante –una suerte de “elefantiasis” institucional– que configuró un instrumento híbrido, con permanencia del viejo modelo constabulario, fortalecimiento de su sistema de inteligencia y modernización en materia de guerra convencional (Soto Jiménez 1996: 192-193). En términos doctrinarios, este esquema llevó a que el Ejército Nacional agudizase su “policialización”, y por ende su desprofesionalización (1996: 198); y a que la Aviación Militar y la Marina de Guerra –principales beneficiarias del rearme emprendido por Trujillo– fueran crecientemente volcadas al adiestramiento para la guerra convencional. Esto último incluyó no sólo una preparación defensiva frente a eventuales invasiones –en junio de 1959 tuvieron lugar las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo–, sino también ofensiva (Soto Jiménez 1996: 197-198). El rediseño militar, implementado con la aquiescencia de Washington –como se desprende del papel que jugó el Pentágono en la provisión de equipos y adiestramiento–, se apoyó en el factor aglutinante del anti-comunismo que profesaban los oficiales dominicanos (Lozano 2002: 216). En este sentido, la doctrina castrense periférica fue moldeada, desde el inicio de la Guerra Fría, al calor de la amenaza del “comunismo internacional” (Hartlyn 1998: 48). La identificación de una “hipótesis de empleo” de naturaleza externa constituía una novedad para la planificación operativa, aunque tal situación se derivaba –del mismo modo que la hipótesis de empleo contra el “enemigo ideológico interno”– de factores geopolíticos o ideológicos de nivel global. Sendas hipótesis se retroalimentaban, exacerbando el carácter represivo del régimen trujillista (Moya Pons 1998: 238; Franco Pichardo 2009: 578).

Un párrafo aparte merecen, por su impacto doctrinario, el nivel de violencia desplegado por el régimen y el crecimiento del sistema de inteligencia a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. Franco Pichardo recuerda que “a partir de la expedición del 14 de junio [de 1959], el régimen dictatorial de Trujillo llevó la represión y el terror a niveles inimaginables […] Todos los organismos represivos del Estado […] golpeaban y asesinaban en plena calle sin el menor miramiento”. En efecto, esta gráfica descripción da cuenta de una transformación radical de los órganos represivos del Estado, que según el propio autor generaron un “estado de terror quizás sólo comparable con el ambiente que […] creaban las bandas de las S.S. hitlerianas” (2009: 578). Trujillo –que tres décadas antes había organizado dentro del ejército un servicio de espionaje que seguía el modelo instruido por los marines– desarrolló mecanismos cada vez más totalitarios. La mayor expresión de ello fue la creación del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en 1957, un cuerpo de 5.000 agentes, dirigido por Johnny Abbes García, que funcionaba con autonomía de los institutos de inteligencia del mundo castrense (Tartter 2001: 217; Lozano 2002: 124). Lo que había arrancado años atrás con el despliegue de sofisticados instrumentos de control sobre la población –violación de la correspondencia, grabación de conversaciones teléfonicas y espionaje sobre diplomáticos extranjeros, militantes políticos, periodistas e intelectuales– derivó en asesinatos selectivos tanto en la República Dominicana como en el extranjero (Hartlyn 1998: 46). El SIM constituía, en esencia, un producto orgánico-doctrinario que reflejaba la agudización de las prácticas interno-represivas del modelo constabulario (Lozano 2002: 123-124).

En resumidas cuentas, las tres décadas de la dictadura patrimonialista de Trujillo no arrojan, en el plano doctrinario, grandes transformaciones respecto del gobierno de ocupación militar (1916-1924). La presencia de conflictos políticos e ideológicos de nivel internacional, tanto durante la segunda Guerra Mundial como durante los inicios de la Guerra Fría, condicionó el desarrollo de la doctrina castrense dominicana, con una marcada orientación interno-represiva. Las invasiones de 1947, 1949 y 1959 condujeron a ciertos ajustes doctrinarios, que tuvieron por finalidad contemplar en la planificación estratégica la posibilidad de un conflicto externo. Estas incursiones estimularon aun más el anticomunismo de las fuerzas dominicanas, lo que facilitó la conformación de nuevos cuerpos armados como el SIM. Las desavenencias con el actor imperial en las postrimerías del régimen trujillista no alteran en absoluto el planteo de esta tesis en relación con la doctrina castrense. Ésta ha sido el resultado de las necesidades y exigencias que la relación de imperialismo informal militarizado le impuso a Santo Domingo a través del tiempo. La era Trujillo representó, en este sentido, la continuidad y la profundización de los objetivos que se había trazado Washington a principios del siglo XX, cuando exigió por primera vez la conformación de una “guardia constabularia”.

4.2.4. El post-trujillismo: de la contrainsurgencia de Kennedy a la GBI de Reagan

Revisar las últimas tres décadas en que se enfoca esta tesis (1961-1991) en materia de doctrina castrense es, posiblemente, más intrincado que analizar los sesenta años previos. Varios factores contribuyen a esta dificultad: en primer lugar, es imposible hacer esta evaluación sin contemplar la incidencia de elementos de la etapa anterior, en particular las consecuencias de la ocupación militar norteamericana (1916-1924) y de la era Trujillo (1930-1961); en segundo término, la complejidad política que atravesó la isla a lo largo de este periodo, que incluyó golpes de estado, conflictos intramilitares, intentos insurgentes, una guerra civil, una invasión imperial y el papel pretoriano de los militares en el sistema político; y por último, como aspecto estructural, destaca una relación de imperialismo informal militarizado que, a diferencia de las etapas anteriores, tuvo durante la Guerra Fría una concepción estratégica mucho más definida, materializada a través de las denominadas doctrinas “contrainsurgente” y de la “Guerra de Baja Intensidad” (GBI). Dada la diversidad de coyunturas específicas que atravesaron el periodo, el foco estará puesto en el impacto doctrinario del primero y del tercero de los elementos mencionados.

En este marco, hay un primer elemento en el que conviene detenerse por su impacto en la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas. Se trata del nivel de politización que éstas experimentaron, un fenómeno que en principio Washington procuró desalentar con el modelo constabulario, aspiración en la que fracasó rotundamente (Goldwert 1962: 49; Rouquié y Suffern 1994: 283; Muto 2014: 265). Los Estados Unidos no volvieron a plantear una concepción profesionalizada de las fuerzas dominicanas hasta entrada la década de 1980, con la breve excepción de James Carter a fines de los ’70. Los militares dominicanos se constituyeron en socios imprescindibles de Washington a lo largo de la Guerra Fría, por lo que su rol como guardianes del sistema político no sólo fue aceptado sino estimulado (Lozano 2002: 122; Gleijeses 2011: 138).[91] La era de Trujillo no desmontó la realidad de un instrumento militar politizado, sino que –por medio de un hábil manejo– encapsuló las pujas internas en el marco de un modelo patrimonialista (Tartter 2001: 217). Asesinado el déspota, los conflictos intestinos de las Fuerzas Armadas volvieron a emerger, proyectándose sobre la arena política. Los militares devinieron en un grupo de interés atravesado por facciones en pugna, que desempeñó un papel clave en los acontecimientos de la década de 1960 (Lowenthal 1973: 360).

La politización de los militares dominicanos alcanzó en el post-trujillismo niveles similares al periodo previo al dictador, en un proceso que fue apuntalado tanto por actores externos (los Estados Unidos) como internos (grupos políticos con aspiraciones de poder) (Lozano 2002: 121-122). El contexto de la época fue abordado ampliamente en el segundo capítulo, pero corresponde insistir en que el rol político de los militares –ya sea en clave pretoriana como sucedió en los Consejos de Estado o los Triunviratos, como “reserva moral” frente a la supuesta “amenaza comunista” de Bosch o como facciones “constitucionalista” y “leal” en la guerra civil de 1965 (Tartter 2001: 211; 218-219)– aceleró la desprofesionalización de un instrumento militar ya por entonces bastante ineficiente (Gleijeses 2011: 224).[92]

El otro elemento de continuidad respecto de las etapas previas fue la conservación del modelo de orientación interna, policial y represiva. Tributario del esquema constabulario del periodo de ocupación y de su “perfeccionamiento” durante la era Trujillo, la “policialización militar” se agudizó durante la década de 1960 producto de un conjunto de factores (Soto Jiménez 1996: 227). El primero de ellos fue el desmantelamiento de aquellos aspectos del establecimiento militar –ligados a la guerra convencional– que Trujillo había apuntalado luego de la expedición de Cayo Confites. Si bien el dictador nunca había puesto en entredicho el modelo interno-represivo heredado de los marines, luego del aplastamiento de las expediciones de la legión del Caribe buscó fortalecer –por temor a un derrocamiento originado en el exterior– las capacidades militares tradicionales. Ese proceso de remilitarización convencional del instrumento castrense, que había sido aceptado a regañadientes por Washington, fue revertido a principios de la década de 1960 (Soto Jiménez 1996: 229-230).

El segundo factor “policializante” tiene ver con la impronta impulsada por el Pentágono a partir de los años sesenta con el auge de la doctrina “contrainsurgente”. John F. Kennedy puso en el centro de la discusión la necesidad de revisar los postulados militares vigentes hasta entonces. Como resultado de ello, las guerras irregulares fueron enfocadas por Washington con tanta o mayor atención que los conflictos convencionales. Con el antecedente de la revolución cubana de 1959, el imperialismo informal militarizado calibró rápidamente sus necesidades de aggiornamento en la cuenca del Caribe. El Pentágono promovió la doctrina de la contrainsurgencia, con el objetivo de que su introducción se reflejara en las misiones, organización y adiestramiento de las fuerzas dominicanas. Si bien la concepción antiguerrillera había sido instalada por los marines cuatro décadas atrás, lo que se buscaba ahora era materializar algo más que una táctica para el combate armado contra fuerzas irregulares. Era el momento, entendía Kennedy, de impulsar una mirada amplia de la contrainsurgencia, en la que el elemento táctico se complementase con un enfoque cívico-militar. Quebrar el atractivo de los movimientos radicales exigía, según la lectura de Washington, militares adiestrados para la lucha, pero también preparados para el trabajo social (Maechling 1990: 39-40). En este plano, el papel del MAAG resultó fundamental, incidiendo en la reorientación de las labores castrenses hacia la acción ciudadana como complemento del adiestramiento táctico contrainsurgente (Gleijeses 2011: 138).

La probabilidad de evitar el involucramiento directo de las tropas estadounidenses dependía, según la mirada de los estrategas del Pentágono, del éxito que desplegasen las Fuerzas Armadas de los países socios en la guerra contra el “enemigo ideológico interno”. Se trataba de una clásica división de tareas: Washington asumía la confrontación global contra la Unión Soviética y el comunismo internacional, mientras delegaba en los militares dominicanos la erradicación de las expresiones insurgentes que aquella ideología despertaba en la periferia. Según Piero Gleijeses:

La muerte de Trujillo ocurrió cuando Kennedy estaba modificando el enfoque de la política de asistencia militar en América Latina para centrarlo, en vez de la defensa hemisférica, en la seguridad interna. Por ende, [el embajador] Martin les insistía a los jefes militares dominicanos que su misión no era combatir los MIGs cubanos –de eso se encargarían los EE.UU si fuera necesario–. ‘Lo que queríamos en la República Dominicana eran tropas entrenadas en la contra-insurgencia para el caso de que empezara la actividad guerrillera Castro-comunista’. El MAAG se puso a trabajar: ‘Para finales del año [1962], a pesar del alboroto armado por los Castro-comunistas, habíamos entrenado tres compañías en la contra-insurgencia. Estos soldados tenían que ser ‘cuidadosamente seleccionados: iban a convertirse en unidades de élite y no queríamos que fueran a disparar en la dirección equivocada’ (Gleijeses 2011: 139).

Para emprender la transformación doctrinaria de las fuerzas dominicanas, Washington debía apelar a un factor que las cohesionara. Ese elemento, aunque no infalible –como lo demostró la crisis de 1965–, era el anticomunismo. Desde Cayo Confites y Luperón, y con más claridad tras la revolución castrista y las invasiones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, los militares dominicanos identificaron a Cuba como una amenaza externa. Aun cuando el régimen de La Habana nunca desplegó una acción directa en contra de la República Dominicana, el factor castro-comunista sirvió como un poderoso inhibidor del faccionalismo castrense (Soto Jiménez 1996: 250; Tartter 2001: 223). Los Estados Unidos tenían muy claro este punto y obraron en consecuencia. Como precisa Gleijeses: “El adoctrinamiento se concentraba fundamentalmente en el anticomunismo […] Los materiales que se utilizaban para esta instrucción eran comparables a la literatura de la John Birch Society” (Gleijeses 2011: 138-139).[93]

Un instrumento útil para dar cuenta del nivel de internalización de la doctrina contrainsurgente por parte de los militares dominicanos lo constituye la principal publicación castrense de la época: la Revista de las Fuerzas Armadas. Allí pueden verse reflejados muchos de los aspectos que atraviesan las transformaciones doctrinarias y orgánicas operadas sobre el instrumento militar a lo largo de la década de 1960. Algunos elementos mencionados en los párrafos previos –la noción de los militares como actor pretoriano del sistema político, el anticomunismo como factor aglutinante por encima de las facciones castrenses, la policialización de las Fuerzas Armadas, la proyección estadounidense en materia de adiestramiento y formación, y la dimensión cívico-militar de la acción contrainsurgente– constituyen aspectos salientes en la citada publicación. Un dato relevante es que todos estos factores atraviesan a los diferentes gobiernos de las décadas de 1960 y 1970, incluida a la más legítima de esas administraciones: la del profesor Juan Bosch, que gobernó durante nueve meses hasta el golpe de estado de septiembre de 1963.

En 1962 se destaca un editorial del General Viñas Román, quien cumplía funciones como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. En su columna, el funcionario ponderaba al pretorianismo militar como garantía de funcionamiento del sistema político, a la vez que exhibía al anticomunismo como eje vertebrador de las fuerzas dominicanas: “Las Fuerzas Armadas aseguran al pueblo dominicano”, sostenía el alto mando castrense, “que están dispuestas a aniquilar tanto los movimientos de acecho de los miembros de la familia del ajusticiado dictador [Trujillo] […] como de aquellos que al amparo de ideologías extremistas o típicamente marxistas llevan agravios a los principios esenciales de una auténtica democracia” (1962: 4). En una línea similar, el entonces coronel Elías Wessin afirmaba que “el comunismo tiene un objetivo principal desde su formación, y éste es destruir las Fuerzas Armadas”. Frente a ello, advertía: “es bueno que los comunistas sepan de una vez por todas que nosotros los militares dominicanos constituimos una barrera infranqueable con un letrero que dice: ‘No pasarán, traidores’” (1963b: 13). Esta centralidad del anticomunismo exhibe algo que notó con precisión Wilfredo Lozano: que la ideología anticomunista no era una “simple y demagógica prédica norteamericana sobre el alto mando de las Fuerzas Armadas”, sino que constituía un mecanismo que “ya desde la Guerra Fría, [había permitido] a la dictadura trujillista unificar a las Fuerzas Armadas” (Lozano 2002: 126). Ese dispositivo se mantuvo durante las décadas siguientes (Soto Jiménez 1996: 250).

En 1963, la publicación permite observar que la incidencia de los Estados Unidos en materia de doctrina militar se mantuvo firme durante el gobierno de Juan Bosch, a pesar de las acusaciones de la inteligencia norteamericana acerca de la supuesta cercanía entre el mandatario dominicano y el castro-comunismo. En efecto, la prioridad del adiestramiento contrainsurgente se sostuvo durante la breve etapa del líder del PRD. La Revista de las Fuerzas Armadas informa que, entre el 25 y el 29 de marzo de 1963, tuvieron lugar maniobras combinadas por parte del Batallón de Montaña “Ramón Matías Mella” en el marco de una operación de entrenamiento denominada “Caza Lobos”, cuya misión era “combatir cualquier forma de resistencia de grupos guerrilleros”. Las actividades de adiestramiento, coordinadas por oficiales dominicanos previamente capacitados en doctrina contrainsurgente –en los Estados Unidos, en Panamá y en Francia–, fueron supervisadas por el propio presidente Bosch, quien presenció un ejercicio de bombardeo sobre hipotéticas unidades guerrilleras (Revista de las Fuerzas Armadas 1963a).[94]

El mismo número de la revista ofrece información acerca de la formación de “31 oficiales y tres alistados del Ejército Nacional” en la escuela militar USARCARIB (United States Army Caribbean) de Fort Gulick, Canal de Panamá. Los estudiantes dominicanos habían efectuado cursos de tres a cinco meses en el marco del Plan de Asistencia Militar a la República Dominicana, que hasta ese momento había formado y/o adiestrado a 105 oficiales y alistados. Entre las temáticas de los cursos se destacaban las de “orientación de contra-insurgencia”, “operaciones de contra-insurgencia” y “policía militar”, lo que da cuenta del marcado sesgo interno-represivo que impulsaba Washington para el instrumento militar dominicano (Revista de las Fuerzas Armadas 1963b: 29). El sostenimiento de esta política, en opinión de Lozano, contribuía al objetivo de desarticular los movimientos populares, tarea en la que desempeñaron un papel clave los grupos especializados en inteligencia y control de motines (2002: 124-125). En otro número de la citada revista, se publicaba una nota muy elocuente de la orientación doctrinaria que los Estados Unidos instruían a sus “colaboradores periféricos”. La crónica –acompañada de una fotografía que retrata un acto en la Casa Blanca, en el que Kennedy pronuncia un discurso ante un grupo de jefes de las fuerzas aéreas de América Latina, incluido el de la FAD Miguel Atila Luna Pérez– concluía con la siguiente afirmación: “El presidente Kennedy declaró que posiblemente uno de los principales retos militares de la década era el desarrollo de tácticas aéreas relacionadas con la guerra de antiguerrillas” (1963e: 10). Según se aprecia, el mandatario no se limitaba a las grandes definiciones políticas, sino que incorporaba en sus discursos aspectos tácticos del adiestramiento contrainsurgente. Las declaraciones reflejaban el contenido del memorándum 124 de “Operaciones para la Seguridad Nacional” (del 18 de enero de 1962), que fijaba la necesidad de que la “insurgencia subversiva” se reflejase como amenaza en los programas militares de los países aliados (Klare y Kornbluh 1990: 21; Maechling 1990: 40). A fines de 1963, la FAD tuvo la oportunidad de demostrar la internalización del adiestramiento contrainsurgente recibido de las fuerzas estadounidenses. El 28 de noviembre se produjo el alzamiento de seis focos guerrilleros del Movimiento 14 de Junio –la denominada “guerrilla de las Manaclas”, liderada por Manolo Tavares–, que concluyó con su aplastamiento un mes después. El 21 de diciembre, en el paraje “Alto de la Diferencia”, los 15 combatientes que aun conformaban la guerrilla fueron detenidos y luego fusilados, tras las acciones de la policía, el ejército y la fuerza aérea (Gleijeses 2011: 202). En términos operativos, el papel clave lo desempeñó la FAD (Soto Jiménez 1996: 251).

En cuanto al enfoque “totalizador” de la contrainsurgencia –que implicaba el desarrollo de acciones cívicas en paralelo al adiestramiento militar y policial (Maechling 1990: 39)–, las fuerzas dominicanas fueron de las primeras en ponerse a tono con las exigencias del imperialismo informal. En línea con la nueva doctrina pergeñada por la administración Kennedy, los militares dominicanos se lanzaron al trabajo social con la intención de desalentar, por esa vía, la adhesión a los movimientos de extracción revolucionaria que embrionariamente se desarrollaban en el país. Todavía bajo la presidencia de Bosch, la Revista de las Fuerzas Armadas informaba sobre las nuevas misiones castrenses. Bajo el título “Acción Civil en las Fuerzas Armadas”, una crónica sostenía: “El Coronel Elías Wessin y Wessin […] ordenó […] la entrega de lotes de colchones, catres, frazadas, almohadas, cubrecolchones […] a fin de ser distribuidos entre personas de escasos recursos para aliviar el estado miserable en que se encuentran los habitantes de los barrios pobres de la ciudad” (1963e: 13). En otro relato, bajo el título “Altruismo generoso de las Fuerzas Armadas”, se señalaba cómo los militares “sin otro signo castrense que su uniforme, han llegado hasta los hogares más pobres para dejar con ellos la dádiva generosa de ropa necesaria, de medicina indispensable y precisa o del libro que no tienen” (1963f: 23).

Luego de la guerra civil y de la invasión norteamericana de 1965, la orientación doctrinaria de las fuerzas dominicanas no fue objeto de revisión. En opinión de Soto Jiménez: “la Guerra de Abril sólo sirvió en términos militares para sumergir a las fuerzas militares de lleno en los fragores de la Guerra Fría” (Soto Jiménez 1996: 262). Esto significaba, básicamente, perfeccionar la especialización técnico-represiva del instrumento militar (Lozano 2002: 123), en un contexto caracterizado por el liderazgo pro-castrense de un hombre “colocado” y “manejado” por los norteamericanos como Joaquín Balaguer.[95] Durante los primeros dos mandatos de los 12 años de Balaguer fue impuesto un régimen de terror –que incluyó el despliegue de una agrupación paramilitar financiada con presupuesto de inteligencia de las Fuerzas Armadas–, que llevó adelante un trabajo de exterminio de todo liderazgo de izquierda y de cualquier remanente de los sectores “constitucionalistas”. Como fue relatado, el terrorismo de Estado de este periodo implicó el asesinato de más de 4.000 dominicanos, y sólo menguó cuando Balaguer buscó una nueva reelección en 1974 (Moya Pons 1998: 251; Gleijeses 2011: 482). Un año antes, las fuerzas balagueristas habían podido demostrar que, a la par del accionar represivo que desplegaban en las ciudades, no tolerarían nuevos alzamientos rurales. Del mismo modo que en 1963 con Manolo Tavares y los combatientes del 14 de Junio, las Fuerzas Armadas acabaron en febrero de 1973 con los sueños de uno de los héroes de la revolución, el coronel Francisco Caamaño. Caamaño y un pequeño grupo insurgente fueron aniquilados por un ejército que, para ese entonces, se encontraba mejor adiestrado en materia contrainsurgente que aquel que había fracasado en los sucesos de abril de 1965 (Moya Pons 1998: 251; Gleijeses 2011: 483).

Pese a lo sucedido desde principios de la década de 1960 –tres golpes militares, un acentuado faccionalismo y la continuidad del rol pretoriano sobre el sistema político (Lozano 2002: 131)–, las Fuerzas Armadas no encararon ningún proceso de modernización (Tartter 2001: 211). Con elevados niveles de politización, una especialización técnico-represiva apuntalada por las nuevas modalidades de la contrainsurgencia y una subordinación a Washington que trascendía el vínculo especial que los militares mantenían con Balaguer[96], la década de 1970 no ofreció mayores novedades en materia de profesionalización castrense (Lozano 2002: 131). El imperialismo informal de los Estados Unidos no buscaba la reconversión de las Fuerzas Armadas dominicanas sino la estabilidad de una periferia que se había exhibido demasiado turbulenta durante la década previa. Una buena muestra de que los niveles de politización no se habían morigerado tuvo lugar en 1978, cuando las Fuerzas Armadas se negaron a reconocer la derrota de Balaguer en las elecciones en las que el caudillo buscaba un cuarto mandato consecutivo (Moya Pons 1998: 256). Los militares que intentaron dar un golpe de Estado continuaban percibiéndose como actores tutelares del sistema político (Lozano 2002: 138). Sin embargo, se encontraron con una intensa presión internacional –liderada por los Estados Unidos a través de su presidente Carter (Fearon y Leitin 2006: 7; Bosch 1985)– que los llevó a cejar en sus aspiraciones golpistas. No obstante, desde el punto de vista doctrinario, lo relevante es que el papel político que continuaron desempeñando hasta entrada la década de 1980 constituía un freno a la modernización castrense. Politización y desprofesionalización continuaban siendo las caras salientes de la realidad militar dominicana.

Fue el gobierno de Antonio Guzmán –con apoyo político-militar de los Estados Unidos (Bosch 1985)– el que inició el proceso de despolitización de los militares (Lozano 2002: 150). Para ello fue imprescindible remover la base de poder que aún detentaban en el seno de la organización los viejos partidarios de Trujillo y de Balaguer (Tartter 2001: 219). De este modo, se fue institucionalizando el rol de las Fuerzas Armadas y desvaneciendo el tradicional papel de supervisión sobre el sistema político. A este resultado también contribuyó la nueva mirada estadounidense sobre la necesidad de relaciones civiles-militares democráticas –desde luego, siempre que estos cambios no pusieran en entredicho las prioridades de seguridad de Washington– (Lozano 2002: 142). Asegurado el alineamiento en términos estratégico-militares, los Estados Unidos –que contaban con un frente turbulento en Centroamérica– prefirieron solidificar la democratización de las relaciones civiles-militares en la República Dominicana. Una muestra de los avances en este plano se produjo en 1982, cuando sorpresivamente Guzmán buscó desandar el camino democratizador, recurriendo a los militares para impedir el acceso al gobierno de Salvador Blanco. En dicha ocasión, las Fuerzas Armadas dieron la espalda a Guzmán, lo que constituyó un paso significativo para dejar atrás la concepción de los militares como “partido del orden”.[97] Sin embargo, como describe Jean Tartter, hacia mediados de la década de 1980 las fuerzas armadas todavía no constituían un “cuerpo plenamente institucionalizado y a-político”, sino que se habían transformado en un “grupo de interés importante que competía con otros por ejercer influencia en un sistema político pluralista” (Tartter 2001: 211).

La progresiva despolitización de los militares no trajo como resultado una reorientación hacia su misión natural relativa a la defensa externa. Durante el gobierno de Blanco (1982-1986) eso quedó muy claro, cuando el Ejército desplegó sus dotes represivas en abril de 1984 para aplastar una inmensa movilización popular. Durante más de tres días de reclamos por la política económica del gobierno, los militares sofocaron las protestas con el altísimo costo de centenares de muertos (Urbáez 2008). La “poblada de abril” fue la muestra cabal, en términos doctrinarios, del grado de internalización que detentaba en los cuerpos castrenses el modelo interno-represivo.[98] El servicio de los militares se extendió a tareas desconocidas hasta entonces, de marcado impacto desprofesionalizante. Como recuerda Moya Pons, en su empeño por frenar las corridas bancarias, fijar el tipo de cambio y generar estabilidad financiera, Blanco envió a las tropas del Ejército “a cerrar las casas de cambio con la intención de obligar a la población a negociar sus dólares en los bancos comerciales” (Moya Pons 1998: 263). Los años ’80 exhibieron a unas Fuerzas Armadas desandando lentamente su papel como actores pretorianos del sistema político pero sin emprender un camino de “re-profesionalización”. El nuevo triunfo de Balaguer en 1986 no generó –para sorpresa de muchos– un retorno de los militares al centro de la escena política (Lozano 2002: 142). Si bien algunos oficiales retornaron al servicio activo y otros asumieron cargos políticos, durante este periodo las fuerzas armadas se convirtieron en una institución “débil, mal remunerada, sobredimensionada y desprofesionalizada” (Tartter 2001: 200-201). Aun así, constituye un logro del periodo post-1978 –no alterado por el nuevo gobierno de Balaguer– la institucionalización de relaciones civiles-militares democráticas.

Dos décadas después del auge de la contrainsurgencia, Washington impulsó una nueva estrategia intervencionista en la cuenca del Caribe durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989). El nuevo enfoque se apoyaba en la doctrina de la “Guerra de Baja Intensidad” (GBI) e implicaba nuevas “categorías de misión” para las fuerzas armadas estadounidenses en el extranjero (Klare 1990: 72). Este nuevo abanico de responsabilidades también conllevó cambios doctrinarios para los instrumentos militares de las naciones periféricas. En el caso de la República Dominicana, al adiestramiento contrainsurgente se sumaron nuevas misiones, entre las que destacaban el combate contra el narcotráfico y la lucha contra el contrabando y la inmigración ilegal (Tartter 2001: 211; Lozano 2002: 146-147). Durante la etapa inicial del último Balaguer, la reorientación doctrinaria –hacia lo que posteriormente se conocería como las “nuevas amenazas”– puede detectarse en la principal publicación castrense: la Revista de las Fuerzas Armadas. Allí, con una cuenca del Caribe en transición –y un tablero estratégico atravesado por fenómenos tan variados como la revolución sandinista, el narcotráfico o las intervenciones militares norteamericanas–, los funcionarios y militares dominicanos plasmaban en artículos sus apreciaciones estratégicas.

La doctrina GBI en general, y el capítulo antidrogas en particular, tuvieron un lugar privilegiado en las reflexiones castrenses. Así lo refleja un editorial titulado “Las Fuerzas Armadas ante el Flagelo de la Drogadicción”, en el que se informa que desde la asunción de Balaguer “las Fuerzas Armadas han venido asestando sistemáticos y rudos golpes a quienes […] han estado traficando con drogas narcóticas utilizando como puente a este país para llegar hasta los Estados Unidos” (1988a: 4). Con información precisa de las cantidades incautadas, el artículo da cuenta del papel de Washington en la formación antinarcóticos de los agentes dominicanos: “los altos mandos de las Fuerzas Armadas impartieron varios cursos educativos encaminados a capacitar a sus miembros […] que incluyeron charlas auspiciadas por la embajada de los Estados Unidos”. Desde luego, el rol del actor imperial en la lucha antidrogas trascendía los aspectos formativos y se proyectaba al plano operacional. Así lo expresaba el mismo editorial: “Justo es señalar, la apreciable cooperación que nos han brindado los organismos gubernamentales de los Estados Unidos para que estos operativos culminaran con el éxito alcanzado”. Al respecto, la nota puntualiza los medios militares de origen estadounidense que habían sido donados y con los fue posible llevar adelante los mencionados operativos (Revista de las Fuerzas Armadas 1988a: 4-5).

Otro ejemplo del nivel de internalización del modelo doctrinario impulsado por los Estados Unidos se encuentra en un artículo titulado “Misión y Organización de las Fuerzas Armadas Dominicanas”. Se trata de la reproducción de una conferencia pronunciada por un alto mando militar dominicano en ocasión de la visita a Santo Domingo, en marzo de 1988, de las autoridades del Colegio Interamericano de Defensa (CID). El documento ofrece definiciones muy precisas respecto de la incidencia de la doctrina GBI impulsada por el Pentágono; y se expide respecto de dos terrenos de operaciones para las fuerzas militares: el “narcotráfico” y la “subversión interna”, a las que define como “amenazas nacionales”. Respecto del primero, se puntualiza que “el presidente de la República [Balaguer] ha impartido instrucciones a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que […] realicen amplios operativos tendientes a detectar y ubicar estas organizaciones para su posterior desmantelo y apresamiento [sic]”. El papel rector de Washington en materia antidrogas es indiscutible: el texto plantea la importancia de “la ayuda de la Oficina de los E.U.A. en nuestro país (DEA)” para el desempeño de los servicios de inteligencia militar dominicanos. Asimismo, se establecen responsabilidades bien delimitadas para los tres componentes de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea (1988d: 38). Se revisan los logros del periodo 1986-1988 (10 barcos y 15 aviones secuestrados, dos laboratorios desmantelados y 4.750 kilos de cocaína y 115.380 libras de marihuana incautados), a la vez que se reconoce el soporte fundamental de los organismos estadounidenses. Se menciona el papel de la DEA y del “Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC)”, en el cual se encontraban representadas “las agencias federales más importantes como […] el FBI, Aduana, Inmigración, Alguaciles Federales, Guardacostas, etc”. El documento agrega que “con dicho centro mantenemos un intercambio directo de informaciones referentes a barcos, aviones o personas sospechosas”. Según se advierte, la doctrina GBI adquiría cada vez mayor densidad en el planeamiento militar dominicano. La sección relativa al narcotráfico plantea una supuesta vinculación con los movimientos guerrilleros: “la conección [sic] drogas/guerrillas comunistas da a pensar en una nueva variante de guerra, que más que fría, es material atentatoria [sic] a la salud de los pueblos, podríamos llamarla ‘Guerra Química de aniquilamiento moral’”. Finalmente, en una clara expresión de orden doctrinario, el oficial dominicano a cargo del discurso señalaba: “Debemos combatir esta guerra, con la misma decisión de una guerra convencional, pues amenaza nuestros más profundos cimientos” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b:40).

En cuanto a la segunda amenaza –la “subversión interna”–, el texto exhibe la ya descrita mirada integral de la contrainsurgencia: “Nuestro país, al igual que todos los países medianos o subdesarrollados de América, no escapa a esta amenaza latente, metódica […] subsidiada, dirigida por la organización del comunismo internacional” (1988b: 41). La ligazón entre guerrilla y situación social –en la línea “totalizadora” prescrita por Washington (Maechling 1990: 39-40)– queda expuesta cuando se vincula el fenómeno de la pobreza con el accionar revolucionario que “socaba [sic] los valores morales y la tranquilidad de los habitantes de estas naciones”. La alocución cierra con una referencia al papel de las Fuerzas Armadas en este terreno: “La subversión interna ha sido controlada, en el momento de sus brotes, erradicada completamente, pero su amenaza siempre está latente”. Y agrega: “El hecho de que las Fuerzas Armadas pueden intervenir legalmente contra hechos subversivos […] ha sido un factor vital para el fracaso de todos los intentos subversivos pro-comunistas en nuestro país” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b: 42).

En resumidas cuentas, las tres décadas que separan el asesinato de Trujillo del fin de la Guerra Fría arrojan un dato estructural: la permanente adaptación de la República Dominicana –independientemente de los gobiernos de turno– a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos. Este ajuste a las prioridades de Washington trajo como correlato dos cambios doctrinarios fundamentales: bajo el influjo de John F. Kennedy, la contrainsurgencia –en su nueva modalidad “totalizadora”– se convirtió desde principios de los ’60 en el eje estructurante de las fuerzas armadas post-trujillistas. La nueva estrategia intervencionista desplegada por Ronald Reagan –anclada en la GBI– fue la novedad doctrinaria de la década de 1980, con el foco puesto en el combate al narcotráfico. Desde luego, este último cambio se produjo sin dejar de atender el adiestramiento y el accionar cívico-militar contrainsurgentes, en una cuenca del Caribe que el imperialismo informal militarizado continuaba percibiendo como altamente turbulenta.

4.2.5. Consideraciones finales sobre el control doctrinario

A lo largo de esta sección, se ha podido visualizar cómo la política estadounidense hacia la República Dominicana reflejó, en el plano doctrinario, los conflictos políticos e ideológicos de nivel internacional. Tanto durante la etapa de las guerras mundiales como durante la Guerra Fría, el desarrollo de la doctrina castrense en las fuerzas militares dominicanas estuvo condicionado por las prioridades estratégico-militares de los Estados Unidos. Ello dio lugar a una doctrina de marcada orientación interna, policial y contrainsurgente. A su vez, significó un creciente alejamiento de los militares de la preparación profesional para la guerra externa, misión que ha sido delegada en los Estados Unidos como actor imperial.

En este marco, un primer elemento fundamental fue la introducción de una Guardia Nacional –básicamente una gendarmería con funciones policiales– en reemplazo del Ejército Nacional. Esto tuvo una incidencia determinante en la historia dominicana del siglo XX, dado que el ejército –que había cumplido un papel relevante en la independencia de 1844 y en la restauración de la república independiente en 1863– se convirtió a principios del siglo XX en una guardia constabularia. Sus misiones pasaron a ser la pacificación entre facciones internas, el desarme de la población y la ocupación del territorio. La concepción de unas Fuerzas Armadas preparadas para la defensa de la soberanía en conflictos convencionales quedó desvirtuada.

La reforma doctrinaria y organizacional del gobierno de ocupación (1916-1924) fue clave para los intereses de Washington, no solamente en el periodo de su implementación, sino en décadas posteriores. La lucha anticomunista durante la Guerra Fría (1947-1991) abrevó en las reformas doctrinarias de la etapa colonial a cargo de los marines. La formación y el adiestramiento de naturaleza interno-represiva de los militares dominicanos se profundizaron durante los años de Trujillo. Las invasiones de Cayo Confites (1947), de Luperón (1949) y de Constanza, Maimón y Estero Hondo (1959) estimularon todavía más el anticomunismo, convirtiendo a la persecución política interna en una verdadera especialización de las Fuerzas Armadas, para lo cual se constituyeron cuerpos como el Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

La etapa post-trujillista también estuvo signada por una marcada orientación doméstica para las Fuerzas Armadas. En el delineamiento de estos objetivos jugó un papel determinante el Grupo de Asistencia y Asesoría Militar (MAAG). En términos generales, se buscaba dejar atrás la noción predominante hasta entonces en el Pentágono –centrada en una mirada rudimentaria de la lucha antiguerrillera como táctica para el combate contra fuerzas irregulares– para pasar a una concepción “amplia” de la contrainsurgencia. Debía primar un enfoque integrado cívico-militar como instrumento para socavar “el atractivo de los movimientos radicales” (Maechling 1990: 39-40). Por otra parte, también acicateado por Washington, las Fuerzas Armadas desempeñaron el papel de actor pretoriano, generando lo que Wilfredo Lozano denominó “bloqueo bonapartista” del sistema político (2002: 131).

Cuando hacia el fin de la Guerra Fría los uniformados ya no desempeñaban un papel político gravitante –como consecuencia, entre otros factores, de la decisión estadounidense de montar “relaciones civiles-militares democráticas”–, fue nuevamente la agenda de Washington la que incidió en la doctrina de las nuevas misiones militares. A las tareas contrainsurgentes –que ahora requerían menores esfuerzos tras la invasión imperial de 1965 y los “años de plomo” de Balaguer (1966-1974)– se sumó la lucha contra el narcotráfico y otras “nuevas amenazas”, lo que era el resultado de la actualización doctrinaria impulsada por el Pentágono bajo la GBI (“Guerra de Baja Intensidad”). La era Reagan implicó, en definitiva, cambios significativos para los instrumentos militares del Caribe, de los cuales la República Dominicana no permaneció al margen.


  1. Señala Jack Child: “En términos cartográficos y geográficos, el Caribe se veía como […] un ‘bajo vientre blando’ que debería asegurarse y protegerse para salvaguardar una multitud de intereses de EE.UU.” (1985: 145-146).
  2. Según Child: “La psicología tiene su origen en el periodo del Destino Manifiesto y la Guerra Hispanoamericana, cuando se creía que si Estados Unidos había de asumir el lugar que le correspondía en el mundo, primero debería ejercitar poder y poner orden en su propio jardín” (Child 1985: 145).
  3. Se trata de un reporte elaborado durante la administración de Herbert Hoover por el subsecretario de Estado Joshua R. Clark, en el que se reexamina la doctrina Monroe: “Arreglos como los efectuados por los Estados Unidos con Cuba, Santo Domingo, Haití y Nicaragua […] pueden explicarse como expresión de una política nacional que […] se origina en la necesidad de seguridad o de auto-preservación política que fue prefigurada por Buchanan (1860) y por Salisbury (1895) y perfilada por lo que se conoce por Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe (1905)” (cit. en Selser 2010: 479).
  4. Peter Smith se enfoca en la militarización derivada de la “diplomacia del dólar” de las primeras tres décadas del siglo XX; y exhibe cómo esta dinámica –que finalmente redunda, en el caso dominicano, en la ocupación militar del periodo 1916-1924– es el elemento que permite desplazar la influencia europea y consolidar el imperialismo estadounidense (Smith 1996: 56).
  5. Se reproducen tres fragmentos de Piero Gleijeses que dan cuenta de la prioridad de los asuntos de seguridad internacional para el imperialismo estadounidense y del carácter anticipatorio de sus intervenciones: i) “Las consideraciones de seguridad […] crearon una urgencia por prevenir la inexistente ‘amenaza’ alemana en el Caribe, y por ende, la ‘amenaza’ encarnada por el supuestamente ‘pro germano’ caudillo Arias” (2011: 33); ii) “Aun cuando un Caribe comunista representaba la máxima amenaza para el imperio norteamericano, las ambiciones y la arrogancia estadounidense en la región eran anteriores a Marx, la Unión Soviética y Fidel Castro […]” (2011: 463); y iii) “Disfrazada unas veces como intervención humanitaria, otras como protección de los pueblos contra sus propios gobiernos, o como defensa contra la amenaza extracontinental, esta política siempre tiene la misma finalidad: afianzar el control imperial sobre el hemisferio” (2011: 4).
  6. El 23 de marzo de 1903 se desplegaron en las costas dominicanas navíos de guerra de diversas nacionalidades: el Vineta de Alemania, el Giovanni Bauzan de Italia, el De Ruyter de Holanda, el Troude y el Tage de Francia y el USS Atlanta de los Estados Unidos” (Selser 2010: 91).
  7. Señala Franco Pichardo: “Por medio de este protocolo la República Dominicana se comprometía frente al gobierno de los Estados Unidos, al pago de la suma de $4.500.000 a favor de la Improvement” (2009: 367).
  8. Señalaba el canciller: “El sistema de expansión política iniciado en 1897 por los norteamericanos con la declaración de guerra a España, la intervención en Cuba y la apropiación de la isla de Puerto Rico, han llevado a lo íntimo de la conciencia menos suspicaz la convicción desconsoladora de que se hallan sometidas a las garras del águila del Norte, no solamente la codiciada península y las aguas de la bahía samanesa, que ya sirvieron, sin nuestro permiso, a las naves norteamericanas como base de operaciones para apoderarse de Puerto Rico, sino que también la nacionalidad dominicana está irremisiblemente condenada a desaparecer […] Así como la doctrina Monroe […] ha venido a ser el credo internacional de la diplomacia norteamericana, de igual manera […] la adquisición de las aguas de Santo Domingo es de todo punto indispensable a la seguridad y defensa de la Unión norteamericana” (Morison y Commager 1951: 256-257).
  9. Afirma Sumner Welles: “Morales informó al ministro de los Estados Unidos que él tenía la intención de emprender negociaciones para un tratado con esa nación por el cual la Republica estaría bajo la protección de los Estados Unidos por un periodo de cincuenta años, dando a Estados Unidos el control de los asuntos fiscales […] Dicho tratado debía […] incluir el arrendamiento de la bahía de Samaná y la bahía de Manzanillo a los Estados Unidos” (Welles 2006: 96).
  10. Resulta muy gráfico el siguiente fragmento de una carta del presidente Theodore Roosevelt a su hijo: “Santo Domingo marcha hacia el caos […] Con la mayor repugnancia me he visto obligado a dar el paso inicial para intervenir en dicha isla […] me parece que tarde o temprano será inevitable que Estados Unidos asuma una actitud de protección con respecto a todos esos pequeños Estados en las vecindades del Caribe” (cit. en Selser 2010: 117).
  11. El laudo arbitral obligaba al gobierno dominicano a saldar una deuda de 4,5 millones de dólares con la Santo Domingo Improvement Company, además de nombrar un agente financiero estadounidense para fiscalizar los ingresos aduaneros.
  12. Así describe Wintrop Packard el “músculo militar” estadounidense durante el gobierno de Morales: “Los barcos de guerra de los Estados Unidos representan una nueva condición en el estado de cosas de Santo Domingo […] Puede decirse que hasta cierto punto Morales debe su puesto a los citados barcos de guerra” (cit. en Selser 2010: 141).
  13. Cáceres fue víctima de una conspiración planificada por el general Luis Tejera, que se consumó en las cercanías de la legación estadounidense. Tras una balacera que lo hirió gravemente, el mandatario fue trasladado a esa sede diplomática en procura de asistencia médica (Franco Pichardo 2009: 395).
  14. Las tres figuras con aspiraciones presidenciales eran Horacio Vásquez, Juan Isidro Jimenes y Federico Velázquez. Ninguno pudo reunir la mayoría en el Congreso para quedarse con la primera magistratura, por lo que se alcanzó un acuerdo para designar a Bordas Valdez, ex gobernador de Puerto Plata y Santiago (Franco Pichardo 2009: 401).
  15. En gran medida este apoyo se debía a que Sullivan había logrado colocar a su hermano, Timothy J. Sullivan, al frente del Departamento de Obras Públicas del gobierno dominicano (Franco Pichardo 2009: 406).
  16. El extenso texto señalaba en su parte fundamental: “El gobierno de los Estados Unidos aconseja muy solemnemente a todas las partes interesadas en la cosa pública del país que adopten el siguiente plan […] Que todos cuantos tienen pretensiones de ser electos Presidente de la República y que pueden demostrar suficientemente que ejercen una jefatura reconocida y tienen partidarios reconocidos convengan en algún hombre responsable y representativo, que actúe como Presidente Provisional de la República, quedando entendido que el Sr. Bordas renunciará a su presente posición y autoridad […] Si no pueden ponerse de acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos por sí mismo designará un presidente provisional” (cit. en Franco Pichardo 2009: 408).
  17. Así lo refleja Franco Pichardo: “Jimenes asumía el poder en un momento crucial para la historia de América Latina y el mundo, pues Estados Unidos […] había comenzado desde finales del siglo pasado y principios del siglo XX una fase de intervencionismo y expansionismo económico y militar dirigida, bajo la excusa de la ‘doctrina Monroe’, a romper el equilibrio que mantenían los países industrializados de Europa en nuestra región” (Franco Pichardo 2009: 413).
  18. El 15 de julio de 1915, el gobernador de Puerto Plata, Quírico Feliú, se levantó en armas –con apoyo de Vásquez– contra el gobierno de Jimenes. Otro grupo “horacista” hizo lo propio en San Cristóbal, a la vez que reaparecieron en el Este las guerrillas comandadas por Salustiano “Chachá” Goicochea y Vicente Evangelista (Franco Pichardo 2009: 416).
  19. El 19 de noviembre de 1915, el nuevo ministro norteamericano en Santo Domingo, William Russell, dirigió un memorándum al secretario de Relaciones Exteriores dominicano Bernardo Pichardo en el que el Departamento de Estado exigía: a) la restitución del consejero financiero norteamericano con la función de controlar todas las finanzas dominicanas (posición que había sido suprimida al asumir la presidencia Juan Isidro Jimenes); b) la creación de una Guardia Civil bajo el mando de oficiales estadounidenses; y c) la adopción de la interpretación hecha por los Estados Unidos de la Convención de 1907, que daba al receptor de aduanas potestad para rechazar los nombramientos efectuados por el gobierno dominicano en el sector aduanero (Selser 2010: 316).
  20. Sostenía la proclama: “Considerando que las fuerzas de los Estados Unidos de América han entrado en la República Dominicana con el propósito de apoyar a las autoridades constituidas y de poner coto a las revoluciones […] doy a conocer por la presente que me propongo ocupar inmediatamente las poblaciones de Santiago, Moca y La Vega, con el propósito que antecede, dado que esas poblaciones se encuentran actualmente en poder de una considerable fuerza de revolucionarios […] Nuestras tropas permanecerán aquí hasta que todos los movimientos revolucionarios sean erradicados” (cit. en Selser 2010: 353-354).
  21. Sobre este punto hay ciertas diferencias entre los estudiosos del periodo. Franco Pichardo considera concreta la amenaza alemana para los Estados Unidos en el Caribe, mientras que Piero Gleijeses plantea que se trató de una simple excusa de Wilson reveladora de su intolerancia imperial. Ver Franco Pichardo (2009: 431) y Gleijeses (2011: 33).
  22. El capitán Bierer fue designado secretario de Estado de Relaciones Exteriores; el capitán Hagner secretario de Estado de Hacienda y Comercio; y el Brigadier General Pendleton secretario de Guerra y Marina (Franco Pichardo 2009: 432).
  23. El dispositivo de inteligencia contaba con ramificaciones en la región norte (donde se encuentra Santiago), en la región sureste (donde está Santo Domingo) y en la región suroeste (con centro en Barahona), a las que se designó como “Departamentos de Inteligencia”, adscriptos a la Segunda Brigada Provisoria del Cuerpo de Marines. En cuanto a la dimensión operativa, la misma disponía de un conjunto de agentes que eran responsables del trabajo de campo, que en los documentos figuran como “agregados de inteligencia” (Vega 1986: 36; Paulino Ramos 2018).
  24. Se hace referencia a la investigación sobre las ocupaciones de Haití y la República Dominicana emprendida en 1921 por un comité presidido por el senador Joseph Medill McCormick (Gleijeses 2011: 39).
  25. Precisaba Nouel en una carta al ministro Russell: “Es verdad que en el curso azaroso de su existencia política el pueblo dominicano ha sido testigo de persecuciones injustas, del pisoteo de los derechos individuales, de las ejecuciones sumarias […] pero jamás había oído de la tortura del agua, la cremación de mujeres y niños, la tortura del lazo corredizo, o la caza de hombres en los llanos como si fueran animales salvajes, ni de atar a un viejo de setenta años a la cola de un caballo” (cit. en Gleijeses 2011: 39).
  26. Señala Franco Pichardo: “Los dueños de ingenios y sus colonos se aprovecharon muy bien de la situación de terror creada por las fuerzas norteamericanas […] para obtener del campesinado, atemorizado por la represión imperante, mediante presiones o por medio de ventas ‘legales’, las mejores tierras de la región” (Franco Pichardo 2009: 439).
  27. Por ejemplo, Snowden se manifestó en contra de cualquier intento de restringir el empleo de las cortes militares al personal castrense, en lo que constituía un rasgo típico de la ocupación militar estadounidense. En efecto, ante cualquier desafío a las tropas norteamericanas, éstas respondían con el sometimiento a juicio ante las cortes militares, las que contaban con “atribuciones omnímodas” propias de una corte marcial (Franco Pichardo 2009: 443).
  28. Dos casos que fueron objeto de repudio internacional son los del poeta Fabio Fiallo y el campesino Cayo Báez, sometidos a cortes militares y encarcelados por el gobierno de ocupación (Welles 2006: 286; Selser 2010: 405).
  29. El 24 de diciembre de 1920 se publicó la proclama conocida como “Plan Wilson”, en cuyo preámbulo se afirmaba que había llegado “el momento de iniciar el proceso mediante el cual los Estados Unidos se desprenderían rápidamente de las responsabilidades asumidas en relación con los asuntos dominicanos”.
  30. En el trabajo de Mejía se puede encontrar una caracterización del desempeño de los tres gobernadores militares estadounidenses: los contralmirantes Harry Knapp, Thomas Snowden y Samuel Robinson (Mejía 2011: 227-228).
  31. El Plan Harding establecía, además de la cuestión de la Guardia Nacional, los siguientes puntos: i) la ratificación de todos los actos del gobierno militar de ocupación; ii) la validación de un empréstito por 2.500.000 dólares; iii) facultades para el Receptor General de Aduanas en todo lo concerniente a dicho empréstito; y iv) facultades adicionales en cuanto al cobro y desembolso de las rentas internas, cuando las rentas aduaneras no resultaren suficientes para cumplir con el servicio de la deuda externa.
  32. El plan conllevaba, en términos generales, la imposición del control financiero para el día después de la ocupación, así como el establecimiento de una misión militar permanente en Santo Domingo (Mejía 2011: 287-289).
  33. Señala Franco Pichardo: “El Departamento de Marina tuvo en sus manos, por lo menos hasta 1920, la hegemonía en el plano de la conducción de todos los asuntos concernientes a la ocupación […] Algunos altos militares de ese cuerpo, incluso, llegaron a manifestarse en favor de la anexión del territorio dominicano a los Estados Unidos” (Franco Pichardo 2009: 460).
  34. Tan fuerte era la incidencia del vínculo entre los militares estadounidenses y Trujillo, que incluso un importante funcionario norteamericano –el ministro Evans Young– debió abandonar su cargo luego de objetar el comportamiento del mandamás castrense dominicano (Medina Benet 2013: 331; 355).
  35. En palabras de Eduardo Latorre: “Si hay orden y subordinamiento [sic], no hay necesidad de intervenciones directas, tal como Trujillo habría de demostrar” (Latorre 1979: 56).
  36. En la etapa previa a la elección de 1930, Trujillo recibió la crítica del entonces ministro en Santo Domingo Charles Curtis, quien incluso consultó a sus superiores del Departamento de Estado por la posibilidad de no reconocer a un gobierno de Trujillo (Franco Pichardo 2009: 490).
  37. La relación de Trujillo con los militares estadounidenses se proyectó al campo de los negocios. El ejemplo paradigmático es el del coronel Charles McLaughlin, un marine de su extrema confianza que permaneció en la República Dominicana después de la ocupación y fue beneficiado con concesiones mineras en Santiago, Montecristi y Dajabón (Franco Pichardo 2009: 511). El dictador puso en manos de este militar la administración de Naviera Dominicana, la compañía de su propiedad dedicada al comercio marítimo y a los vuelos de carga (Peguero 2004: 123). Un caso similar al de McLaughlin fue el de Leland P. Johnston, otro ex marine que luego de ser agregado naval recibió permisos de explotación minera en los yacimientos de oro de Pueblo Viejo de Cotuí. Johnston también jugó un papel importante como cabildero de Trujillo en materia de compra de armamentos.
  38. Denominada formalmente como “Ley para promover la Defensa de los Estados Unidos”.
  39. Planificada por el almirante Karl Dönitz, comandante de la flota submarina germana, la operación consistió en el envío de una serie de unidades navales con el fin de interceptar barcos de carga en el mar Caribe. Se buscaba cortar las rutas de abastecimiento de combustible, alimentos y bauxita a Gran Bretaña.
  40. El buque mercante “San Rafael”, dependiente del Ejército dominicano, fue torpedeado por el submarino alemán U-125 en un viaje desde Tampa (Florida-Estados Unidos) a Kingston (Jamaica), a 80 millas de distancia de su destino final. Por su parte, el buque “Presidente Trujillo” fue hundido 18 días después del episodio del San Rafael, cuando navegaba en ruta Martinica-Puerto Rico y fue alcanzado por los torpedos del submarino U-156, a siete millas de distancia del puerto. Ver Lajara Solá (2012).
  41. Precisa Lajara Solá: “Con el interés soterrado de los Estados Unidos para garantizar su hegemonía en el Caribe […] y los aprestos estratégicos para evitar que los alemanes lograran establecer enclaves en tan importante línea de abastecimiento para las fuerzas aliadas, se inició, con personal del Ejército Dominicano y asesoría de la Misión Naval USA [sic] […] la construcción de la Base Naval de la entonces Ciudad Trujillo –hoy Base Naval 27 de Febrero” (Lajara Solá 2013).
  42. Junto a las renuncias de Spruille Braden y Ellis Briggs –quienes habían sido los arquitectos de la línea anti-trujillista–, cabe mencionar la designación del general John H. Hilldring como Secretario de Estado asistente, quien cumplió un papel relevante en materia de venta de armas hacia Santo Domingo (Franco Pichardo 2009: 557).
  43. La acción de la inteligencia estadounidense desalentó –con éxito– la participación de los aviadores Rupert E. Waddel, Thomas Sawyer y Hollis Smith en la operación de Cayo Confites.
  44. Una mirada similar se extendía en las más altas esferas de la política estadounidense. Quien fuera secretario del Tesoro de Harry Truman y presidente de la Suprema Corte de Justicia, Fred Vinson, expresó: “El Generalísimo Trujillo es uno de los pocos hombres que tienen el privilegio en el mundo de haber encendido la antorcha de la civilización, lo mismo que hizo Washington en los Estados Unidos, para procurar el bien, el progreso y la prosperidad de su pueblo” (cit. en Rodríguez Demorizi 1955: 227).
  45. Las islas del Cisne son parte del territorio insular de la República de Honduras. Los Estados Unidos establecieron allí una “radio pirata” en manos de la CIA para emitir propaganda sistemática contra el comunismo.
  46. El teniente general Earle Wheeler le envió al mayor general Chester Clifton, ayudante militar del presidente Kennedy, un memorándum —el DJSM-546-61— que sostenía: “Si las circunstancias de la República Dominicana requieren el uso de fuerzas de los Estados Unidos, los planes requeridos están en las manos de las unidades que participarán” (Bosch 1985).
  47. Emilio Rodríguez Demorizi –ministro de Educación y confidente de Ramfis Trujillo– recuerda que “los norteamericanos nos suministraban listas –nos las imponían– de ‘comunistas’ que ellos querían que fueran deportados” (cit. en Gleijeses 2011: 88). Por su parte, el embajador ante la OEA, deLesseps S. Morrison, revela detalles de una reunión en la Casa Blanca del 28 de agosto de 1961, en la que “el jefe de operaciones encubiertas de la CIA, Richard Bissell, nos entregó una lista de doce comunistas entrenados por Moscú a quienes la CIA juzgaba indispensable que el gobierno dominicano deportara” (Morrison 1965: 117).
  48. Recuerda John B. Martin: “[El general] O’Meara y yo hablamos en privado con Bosch. Bosch se quejó de que sus militares y los nuestros del MAAG estaban llevando a cabo programas de acción civil sin informarle” (1975: 455).
  49. Se trató de una represalia por un intento de secuestro a los hijos del presidente haitiano “Papa Doc” Duvalier, quien ordenó la captura de Francois Benoit, ex miembro de las Fuerzas Armadas haitianas y sospechoso del atentado, quien había estado en la sede diplomática dominicana días antes.
  50. Así surge de las memorias del ex embajador Martin: “Le pregunté directamente a Bosch si era verdad lo que me habían dicho de que pensaba invadir a las cuatro y media de la madrugada del día siguiente. Me dijo: ‘No. No es verdad. Estamos movilizando las tropas por lo que pudiere pasar” (1975: 414).
  51. Precisa Bernardo Vega: “El Secretario de Defensa McNamara admitió al presidente que una victoria rebelde sólo podía ser bloqueada con muchas más tropas. Entre las 7:30 y las 9:30, en el salón del gabinete, Johnson se reunió con McNamara, Rusk, Raborn, Mann, el general Wheeler, Jack Hood Vaughn, el subdirector de la CIA Richard Helms y William Bowdler y se decidió unánimemente ordenar una intervención militar masiva” (Vega 2004: 135).
  52. El mecanismo suponía el avance de las formaciones de marines, precedidas de tanques y blindados, para tomar cuadra por cuadra, previo empleo de armas pesadas contra la población civil. Ver Franco Pichardo (2009: 651).
  53. El accionar de las fuerzas norteamericanas pudo comprobarse también en los acontecimientos que llevaron a la muerte del coronel Rafael Fernández Domínguez, uno de los más importantes líderes “constitucionalistas”. Fernández Domínguez, quien había retornado a la República Dominicana procedente de Puerto Rico, encontró la muerte en un intento de asalto al Palacio Nacional. Su deceso, conjuntamente con el de otros camaradas –Ilio Capozzi, Juan Miguel Román y Euclides Morillo–, fue causado por fuego norteamericano de la 82ª División Aerotransportada (Vega 2004: 159-160; de la Rosa 2011: 145).
  54. Precisa Bernardo Vega: “Para ayudar a Balaguer a ganar las elecciones, los norteamericanos […] contaban […] con las fuerzas especiales (“boinas verdes”) del ejército norteamericano […] Estos grupos, veinte oficiales y setenta alistados, que incluían a cubanos veteranos de la invasión de Bahía de Cochinos, se diseminaron por todo el interior del país y en algunos casos fueron trasladados en helicópteros que llevaban pintados los símbolos de la Cruz Roja. Su propósito era obtener información sobre lo que ocurría y saber qué pensaban los dominicanos sobre asuntos políticos […] Su labor incluía mantener relaciones estrechas con los puestos militares y con los políticos locales” (Vega 2004: 197).
  55. Señala Child: “El enfoque Este/Oeste acentúa la amenaza externa […] La Cuenca del Caribe se define como una zona de retaguardia de EE.UU., que debe ser protegida y negada al adversario […] El enfoque Norte/Sur recalca las condiciones internas en las naciones de la Cuenca del Caribe que conducen a la inestabilidad” (Child 1985: 150).
  56. El apoyo de Carter a la democracia dominicana en 1978, que implicó que los militares balagueristas volvieran sobre sus pasos en su desconocimiento del triunfo de Guzmán, evitó lo que se perfilaba como un seguro golpe de Estado. Aun así, la intervención de Carter contó con el clásico método de presión del imperialismo informal: el despliegue de buques de guerra estadounidenses (Fearon y Leitin 2006: 7).
  57. Según Pablo Mariñes: “El escenario internacional en el Caribe se tornaba sumamente complejo con los procesos de cambio que se estaban produciendo […] Algunos de ellos eran radicales, por la vía armada, como el del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, en julio de 1979; el del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, en El Salvador […] o el del New Jewel Movement, de marzo de 1979, en Grenada y el Movimiento de los Sargentos en Surinam, en 1980” (Mariñes 2002: 52).
  58. Sobre este tema se trabajará extensamente en la próxima sección.
  59. En enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzó la denominada “ofensiva general”. La meta consistía en tomar el poder antes de la asunción de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos.
  60. En términos estrictos, los montos surgen del periodo contemplado entre los años fiscales 1950 y 1996. Ver Tartter (2001: 234).
  61. Desde principios de la década de 1980, las fuerzas armadas estadounidenses comenzaron a desempeñar un papel cada vez más amplio en materia de lucha contra el narcotráfico. Si bien la responsabilidad principal recaía en agencias civiles (el Departamento de Justicia y la DEA), así como en los servicios aduaneros y de resguardo marítimo, a partir de la presidencia de Reagan se sucedieron algunas decisiones que fueron modificando el panorama. En especial, en abril de 1986 el mandatario suscribió un documento secreto, en el que el tráfico de drogas aparece como una amenaza a la seguridad nacional. Allí se autorizaba a que el Departamento de Defensa emprendiera operativos antidrogas. Específicamente, la directiva autorizaba al Pentágono a que contribuyera a “planear maniobras de ataque en contra de los laboratorios y las plantas de procesamiento de estupefacientes localizadas en otros países, a que [transportara] a los agentes civiles estadounidenses y a la policía extranjera durante el cumplimiento de estos operativos, y a que [efectuara] tareas más expandidas de inteligencia” (Klare 1990: 90-91).
  62. Señala el documento: “Los soviéticos consideran que el centro de gravedad para tener éxito es destruir las líneas marítimas de comunicaciones aliadas y para eso se preparan en el campo aéreo-naval. Nicaragua y Centro América, Cuba y las Islas Caribeñas formarían un ‘Arco Rojo’ que les facilitaría aislar las líneas de comunicación del canal de Panamá y Sur América hacia Estados Unidos y Europa, por eso sus esfuerzos por conquistar esta región” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b: 36).
  63. El texto precisa que la República Dominicana “en un conflicto mundial […] representaría en la neurálgica área estratégica de la geografía Norte Sur, el ‘Punto Central’ como un enorme portaaviones insumergible y como Base Naval enclavada en el mismo centro de operaciones militares de esta importante área que podría ser utilizada en defensa de la libertad y la democracia representada en la Alianza Interamericana” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b: 37).
  64. Con respecto al narcotráfico, advierte el documento: “En los últimos tiempos la República Dominicana se ha convertido en uno de los puntos ideales de los narcotraficantes sudamericanos para la introducción de cocaína y marihuana al próspero mercado norteamericano y de Europa” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b: 37-40). En cuanto a la “subversión interna” precisa: “Las corrientes marxistas-leninistas son promovidas ideológicamente y bélicamente y más recientemente usando las libertades de los medios democráticos como instrumentos para obtener el poder político de las naciones subdesarrolladas” (Revista de las Fuerzas Armadas 1988b: 40-42).
  65. La doctrina militar es el conjunto de preceptos que determinan la forma en que las fuerzas armadas de un país se encuentran adiestradas, equipadas y organizadas para llevar adelante operativos militares. Según Michael Klare, la doctrina “está situada en medio de la ‘gran estrategia’, constituida por los objetivos geopolíticos permanentes de una nación […] y las ‘técnicas’ que son los principios básicos de guerra que rigen las maniobras de combate” (Klare 1990: 68).
  66. Las opiniones críticas sobre las guardias constabularias pueden encontrarse, incluso, entre los funcionarios norteamericanos. Dana G. Munro, historiador y diplomático que había cumplido funciones en Nicaragua, consideró al modelo constabulario como un “verdadero fiasco” (cit. en Goldwert 1962: 49).
  67. La doctrina de “Represalia Masiva” es una doctrina militar, subordinada a una estrategia global nuclear, por la cual el estado se compromete a tomar represalia contra un enemigo de forma contundente en caso de recibir un ataque. Adoptada por el presidente Dwight Eisenhower (1953-1961), ponía el énfasis en el uso disuasivo del armamento nuclear y en la intervención en cualquier parte del mundo donde se observara la influencia soviética (Klare y Kornbluh 1990: 19).
  68. En el Memorándum 124 de Operaciones para la Seguridad Nacional (NSAM), del 18 de enero de 1962, Kennedy demandaba “el apropiado reconocimiento […] de que la insurgencia subversiva (las ‘guerras de liberación’) constituye la principal forma de lucha política y militar, y cuya importancia es equivalente a la de la guerra convencional” (cit. en Klare y Kornbluh 1990: 21).
  69. Ese enfoque integral incluía: la mejora de las destrezas militares y policiales mediante el adiestramiento y la asesoría; el fomento del desarrollo a través de la asistencia económica; el impulso a las reformas sociales y políticas; y el fortalecimiento de sindicatos, agrupaciones juveniles y partidos políticos no comunistas (Maechling 1990: 41).
  70. El grupo principal de asesores de Ronald Reagan señalaba en un documento publicado por el Consejo Interamericano de Seguridad: “El relajamiento de tensiones ha concluido […] Estados Unidos debe tomar la iniciativa o habrá de perecer, puesto que la tercera guerra mundial está muy próxima” (cit. en Didion 1987). Por su parte, el secretario de Estado, Alexander Haig, señalaba en 1981: “Las crecientes derrotas que han experimentado nuestros intereses en el extranjero y las llamadas guerras de liberación nacional están haciendo peligrar nuestra capacidad para influir en los acontecimientos mundiales” (cit. en Kornbluh y Hackel 1986).
  71. Precisa Michael Klare: “La doctrina actual de la GBI está contenida en varios documentos […] la circular 100-20/GBI; (FC100-20), el panfleto 525-44/TRADOC, U.S. Army Operational Concept Low-Intensity Conflict; y los dos volúmenes del Informe Final del Proyecto para la Guerra de Baja Intensidad” (Klare 1990: 72).
  72. En 1983, la National Defense University (NDU) patrocinó una conferencia sobre las operaciones especiales en la estrategia estadounidense. Ver Shultz, Tovar y Barnett (1984). Dos años más tarde se inició el Proyecto sobre la Guerra de Baja Intensidad (PGBI), que –según recuerdan Klare y Kornbluh– “dio como resultado una obra compuesta de dos volúmenes, que contiene los conceptos, la estrategia, las pautas y la aplicación de la doctrina de combate de la GBI en el Tercer Mundo (1990: 13). Ver Ejército de los Estados Unidos (1986). Finalmente, en enero de 1986, el secretario de Defensa Caspar Weinberger fue el anfitrión de la primera conferencia del Pentágono sobre la GBI. Ver Klare y Kornbluh (1990: 13).
  73. Se trata de las guerras de “separación” (1844) y “restauración” (1863). Ver Soto Jiménez (1996: 54).
  74. En opinión de Soto Jiménez: “El político y el soldado que […] tuvo la idea más institucionalista y formal de la necesidad de un establecimiento militar regular con visos de profesionalidad, fue […] Gregorio Luperón […] En el establecimiento militar de Luperón, la milicia era profesión sólo para los oficiales y la base del reclutamiento era un servicio militar obligatorio […] Luperón tenía también muy claro el concepto de la movilidad estratégica y el uso de la reserva” (Soto Jiménez 1996: 61-64). El otro caso que merece mención por las controversias que generó es el de Ulises Heureaux (1887-1899). Según Tartter: “El ejército emergió como una organización sólida por primera vez en base a un sistema de conscripción” (Tartter 2001: 215). Esta mirada difiere de la de Hartlyn: “Heureaux enfrentó limitaciones financieras y organizacionales que restringieron severamente su capacidad para forjar un ejército nacional, de modo que fue escaso el progreso hacia la profesionalización que se hizo bajo su dictadura” (Hartlyn 1998: 32).
  75. Se sostenía en un informe: “Levantamientos políticos en Nicaragua, Grenada y Surinam, movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala con apoyo cubano […] la intervención en Grenada por seis estados del Caribe más Estados Unidos […] tales acontecimientos en la Cuenca del Caribe ocuparon las primeras planas a fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980” (Grupo de Trabajo del Consejo Atlántico sobre la Cuenca del Caribe 1985: 13).
  76. En 1914, el secretario de Estado William Bryan le propuso al presidente dominicano, Juan Isidro Jimenes, su asistencia para la conformación de una guardia constabularia. La iniciativa fue bloqueada por las bancadas parlamentarias que respondían a Horacio Vásquez y a Desiderio Arias. En 1915, Bryan continuó con sus esfuerzos, destacándose la ya referida nota de su subordinado Russell, en la que se exigía el cumplimiento de lo estipulado en la Convención de 1907 respecto de la guardia constabularia como garantía del “libre funcionamiento de las aduanas y la prevención de luchas entre facciones” (Goldwert 1962: 5-6).
  77. En el caso de Nicaragua, la ocupación militar estadounidense se había producido en 1912, pero la conformación de la Guardia Nacional recién se materializó a partir de 1927 (Goldwert 1962: 7)
  78. Según recuerda Goldwert: “Enfurecidos con la intervención militar que los había eyectado del poder, las clases altas dirigieron sus ataques contra la guardia constabularia, y en 1921 una campaña mediática –a través de un tabloide– comenzó a estigmatizar a quienes servían en la Guardia por considerarlos traidores” (Goldwert 1962: 10).
  79. En palabras de Soto Jiménez: “La permanencia de la Guardia era un punto vital de las condiciones e imposiciones del plan de desocupación” (1996: 143). Entre las exigencias, el Plan Harding de 1921 buscaba imponer al ganador de las elecciones previstas para 1924 que “debía requerir al Presidente de los Estados Unidos el envío de una misión militar a la República Dominicana que se encargaría de mantener la eficiencia de la Guardia Nacional”. Si bien hubo desavenencias al respecto, finalmente –siguiendo las instrucciones del comisionado estadounidense Sumner Welles– los dos candidatos presidenciales (Horacio Vásquez y Francisco Peynado) prometieron que “mantendrían a la Guardia Constabularia tal como existía entonces” (Goldwert 1962: 18-19).
  80. La conclusión de Gleijeses es coincidente con la de Jonathan Hartlyn. Éste último señala que: “La realidad marcaba que había sólo dos resultados posibles. El primero era que la nueva fuerza se dividiera, provocando la guerra civil (como sucedería años después en abril de 1965). La otra era que la cabeza de la nueva fuerza, en parte debido a los cambios institucionalizados durante la ocupación, pudiera controlar el país de modo dictatorial, como de hecho ocurrió finalmente con Trujillo” (Hartlyn 1998: 40).
  81. Señala Lowenthal: “Aunque la asistencia militar estadounidense hacia la República Dominicana durante este periodo formalmente buscaba contribuir a la defensa hemisférica (primero contra la Alemania nazi y luego contra la Unión Soviética), un estudio inédito [refiere al trabajo de Atkins y Wilson (1971)] concluye que la ayuda militar fue concedida ‘principalmente para promover la estabilidad política interna […] La preocupación estadounidense con la estabilidad de la República Dominicana, y con el objetivo primordial de excluir poderes extracontinentales del Caribe, continuó a lo largo de los 31 años del régimen de Trujillo” (Lowenthal 1969: 47-48).
  82. Un ejemplo evidente de esta concepción patrimonialista –o neosultanista en los términos de Hartlyn– lo constituye el derrotero de su hijo Ramfis en las Fuerzas Armadas. Éste fue nombrado coronel de Ejército a los cuatro años y Brigadier General a los nueve. Si bien renunció a esos rangos cuando tenía 14 años, a los 23 fue ungido Brigadier General y nombrado jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Ver Hartlyn (1998: 46-47).
  83. Al respecto, puntualiza Gleijeses: “Para mantener su dominio sobre los militares, Trujillo fue pródigo en las recompensas y constante en la desconfianza. Nunca permitió que ningún general […] permaneciera largo tiempo en un puesto de mando, que pudiera darle oportunidad de forjarse una base de poder independiente” (2011: 43).
  84. Franco Pichardo recuerda que “Diez días antes de la matanza, Trujillo ordenó a su Director de Estadística, Vicente Tolentino Rojas […] que efectuara un estudio […] En su informe al mandatario, Tolentino […] subrayó que la única inmigración que recibía el país por esos años era la de barloventinos y haitianos de la raza negra, y que, a su juicio, la inmigración más conveniente era la de ‘raza blanca’” (Franco Pichardo 2009: 524).
  85. Este crecimiento no se detendría en la década de 1950: en 1955 ya eran 20.000 los uniformados, para crecer nuevamente hasta 31.000 en 1960 (Hartlyn 1998: 46-47; 2001: 40).
  86. Es importante, al respecto, el Decreto N°4919 del 5 de febrero de 1948 sobre la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. La norma modifica la composición orgánico-funcional del Ejército, creando un Estado Mayor General, una Dirección de Entrenamiento Militar, una División de Material de Guerra y una Intendencia General, todas dependientes directamente del Secretario de Guerra y Marina. (Acosta Matos 2012d: 64-65).
  87. En febrero de 1948, a través del Decreto 4.918, el Cuerpo de Aviación dejó de depender del Ejército Nacional y pasó a denominarse Cuerpo de Aviación Militar Dominicano.
  88. Recuerda Charles Ameringer: “Para los ataques aéreos programados la expedición reunió […] seis P-38 cazabombarderos; un bombardero pesado B-24 Liberator; dos bombarderos Mitchell B-25; dos Vega Venturas (versión actualizada del bombardero Hudson B-14), un Curtiss C-46 Commando, bimotor para transporte de tropas y de carga; dos C-78 Cessna para carga; y dos Douglas C-47 Skytrain/’Goonie’ para el transporte de tropas y carga (versión militar del Douglas DC-3)” (Ameringer 2015: 78).
  89. En términos estrictos, la designación de Fuerza Aérea Dominicana (FAD) se concretó en 1961, tras el asesinato de Trujillo. El gobierno de Balaguer (1960-62) renombró de este modo a la Aviación Militar Dominicana (AMD).
  90. La Marina de Guerra dominicana tenía, al iniciarse la ocupación militar estadounidense, una dotación de medio centenar de efectivos para tripular tres buques (el crucero Independencia y dos cañoneras). La desactivación de la fuerza se inició con la Orden Ejecutiva No. 47, del 7 de abril de 1917, por la cual se disolvieron las Fuerzas Armadas y se creó la Guardia Nacional Dominicana.
  91. Precisa Lowenthal: “Lejos de ser una institución profesional volcada a ciertos principios que ocasionalmente la llevaban a proyectarse sobre el sistema político, las Fuerzas Armadas dominicanas no habían tenido nunca otra función significativa que no fuera la política, con la excepción del enriquecimiento” (1973: 355).
  92. Gleijeses es lapidario sobre la situación del instrumento militar en 1962: “La República Dominicana tenía una policía, un ejército, una marina de guerra, una fuerza aérea y el CEFA. Si algún rasgo tenían en común, era la ineptitud de casi toda la oficialidad y la falta de preparación de la tropa” (2011: 224).
  93. La John Birch Society (JBS) es una asociación de derecha radical de los Estados Unidos, fundada en Indianápolis en 1958 por Robert W. Welch Jr. La organización defiende el anticomunismo extremo y el gobierno limitado.
  94. Informaba la crónica castrense: “El Presidente Bosch acompañado del General Hungría, Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, saluda al Destacamento de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, quienes fueron los instructores del Batallón de Montaña […] Luego se dirigió al Aeropuerto Militar, donde observó el bombardeo por la escuadrilla de AT-6 a las guerrillas situadas en esas cercanías, así como una operación de guerra psicológica” (Revista de las Fuerzas Armadas 1963a).
  95. Señala Moya Pons: “Cuando Joaquín Balaguer tomó posesión de la presidencia en junio de 1966 […] los militares eran prácticamente manejados por una misión militar norteamericana de 65 hombres […] la Policía Nacional y los organismos de seguridad eran asesorados por unos 15 expertos en cuestiones de seguridad pública, de los cuales un tercio por lo menos pertenecía a la CIA” (1998: 252).
  96. Señala Wilfredo Lozano: “El enorme poder que sobre los militares logró articular Balaguer en sus doce años de gobierno (1966-78) tenía sus límites. El más evidente de todos era el relativo a la seguridad nacional, ante la cual, pese a la lealtad de los militares, Balaguer no contaba como elemento determinante, siendo la clave de la misma el Departamento Militar de la Embajada Norteamericana y los hombres del MAAG” (2002: 136).
  97. Recuerda Moya Pons: “Guzmán y su familia maniobraron para impedir que Jorge Blanco fuera electo presidente de la república. Llegaron incluso a pactar con Joaquín Balaguer y hasta llegaron a insinuar a los militares que impidieran la celebración de las elecciones o que impidieran que Jorge Blanco viviera para tomar posesión […] Pero los militares se negaron. La composición de las fuerzas armadas dominicanas había estado cambiando gracias a la despolitización que el mismo Guzmán había introducido en los dos primeros años de su gobierno y gracias a la insistencia de Estados Unidos en que las fuerzas armadas dominicanas debían ser el sostén de la democracia política, no su obstáculo” (Moya Pons 1998: 261).
  98. Jean Tartter es explícito al describir las misiones de las Fuerzas Armadas durante este periodo: “La principal justificación para el establecimiento militar es la contención de posibles disturbios civiles. Los militares están organizados, de este modo, como una fuerza de seguridad interna” (Tartter 2001: 222).


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