2.1. Abordaje metodológico

El propósito fue indagar cómo fue la movilidad de la población que reside en el AMBA durante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) en días y años testigo, y desagregados por género y jurisdicción.

El abordaje metodológico se realizó a partir de la triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos de análisis, para obtener un panorama más completo de la realidad estudiada. Combina una perspectiva microsocial (prácticas y experiencias subjetivas) con una macrosocial (análisis de datos georreferenciados de la tarjeta SUBE para los distintos modos de transporte público, por género y por franquicias tarifarias). La triangulación metodológica permite complementar las herramientas cualitativas con información cuantitativa de gran escala para una mejor comprensión de la problemática y una mirada integral en el territorio.

Esta investigación se enmarca en una perspectiva feminista que aborda géneros y diversidades y que toma como punto de partida teórico la interseccionalidad (Crenshaw, 1991; AWID, 2004). Sin embargo, en la práctica, los registros de la tarjeta SUBE y los informes consultados en general se basan en el modelo binario varón/mujer. El proceso de trabajo de campo en plena pandemia y las propias limitaciones del equipo no posibilitaron desarrollar estrategias que contemplaran la inclusión de las diversidades. Además, las personas entrevistadas se identificaron como mujeres.

2.1.1. Desde la perspectiva microsocial

El área de estudio se focaliza en algunos barrios populares. Según la caracterización del RENABAP (2017):

… comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).

La caracterización del RENABAP permite tener una aproximación integral a una realidad que no es homogénea, en la cual a la segregación urbana se le suman diferentes procesos de vulnerabilización de los derechos económicos, sociales, educativos, de salud y culturales, que adquieren características propias según los contextos. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto de los partidos del AMBA, existe una distribución desigual en términos socioeconómicos, educativos y de salud de la población, así como del equipamiento urbano, según la ubicación geográfica. Aquellos presentan diferentes localizaciones geográficas de barrios populares que surgieron sobre sustratos históricos de luchas para acceder a la vivienda y a mejores condiciones de vida, lo que dio lugar a un proceso continuo que constituye un mosaico de diversas situaciones, caracterizadas por la segregación espacial, la desigualdad y la vulnerabilización de derechos económicos, sociales, educativos, de salud y culturales.

Cabe aclarar que en este estudio se ha elegido aludir a procesos de vulnerabilización o a personas y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad para destacar que lo que se considera como tal es el resultado contingente de procesos económicos, sociales, culturales y políticos (Castel, 1995; Fernández y López, 2005; Terigi y Perazza, 2010).

Por este motivo, para el análisis de las prácticas de viaje, se seleccionaron barrios populares en tres comunas en la zona sur de la CABA y un barrio del Partido de General San Martín. Los barrios populares en esas comunas presentan una situación ocupacional, educativa, social y de salud semejante a la de muchos de los partidos del AMBA. Como estos, tienen déficits no solo en la cantidad, sino también en la calidad de la infraestructura de provisión de servicios públicos en general, que incluye también la provisión del transporte.

En la CABA los barrios seleccionados fueron La Boca, Barracas, Villa Soldati y Villa Lugano en las Comunas 4, 8 y algunos sectores en la Comuna 9; y en el Partido de General San Martín, José León Suárez (Villa Independencia, Lanzone y Libertador) y Loma Hermosa.

2.1.2. Características del transporte público y de las condiciones de movilidad en los territorios seleccionados

A nivel del AMBA, los sistemas de transporte público están conformados por las ocho líneas de ferrocarriles metropolitanos, las trescientos setenta y siete líneas de colectivos organizadas en los tres niveles de jurisdicción (nacional, provincial y municipal), las seis líneas de subterráneos, y el Premetro. El transporte público de colectivos es el que tiene mayor cobertura en este territorio, recorriendo y conectando múltiples barrios y localidades de la metrópolis.

En materia de conectividad y accesibilidad a las redes de transporte público, existe una diferenciación territorial de los barrios que componen las Comunas 4, 8 y 9 del sur de la CABA con respecto al resto. En estas comunas, además, se asientan diferentes barrios populares donde reside la población de menores recursos, que depende aún más de la red de transporte público para resolver sus viajes cotidianos. Por esas comunas pasan más de cincuenta líneas de colectivos, la línea H del subterráneo y el Ferrocarril Belgrano Sur, pero los servicios de dichos medios de transporte no poseen la cantidad ni la calidad de oferta que existe en el resto de la ciudad, además de no ingresar a los centros de los barrios. En general se registran bajas frecuencias, cortes de servicios nocturnos y falta de penetración al interior de los barrios, cuestiones que han sido señalas por la totalidad de las personas entrevistadas (ver capítulo 4).

El Partido de General San Martín, que en su totalidad es parte de la primera corona del AMBA, se encuentra atravesado longitudinalmente por dos líneas de ferrocarril: Mitre (ramal Retiro-José León Suárez) y Urquiza. En lo que respecta al transporte automotor, circulan diferentes líneas de colectivos de las tres jurisdicciones actuantes en él (nacionales, provinciales y municipales), con un total de treinta líneas, de las cuales quince son líneas nacionales, catorce provinciales y una municipal, la n.º 670, muy utilizada por las entrevistadas, que cuenta con varios ramales o recorridos con diferente cobertura y nivel de servicio. Esta línea y las que circulan por la Ruta Nacional n.° 8 son las que registran mayor volumen diario de pasajeros (UNSAM, 2019).

2.1.3. Estrategia metodológica

Tanto para el análisis de datos diferenciados por género y georreferenciados de la tarjeta SUBE para los distintos modos de transporte público, como para el de las prácticas y experiencias subjetivas, se utilizó una estrategia metodológica tipo panel, diacrónica, que permite superar la limitación de los enfoques sincrónicos. La primera etapa del trabajo de campo se realizó en 2019. En 2020 se volvieron a realizar entrevistas a algunas personas ya entrevistadas el año anterior, para indagar sus experiencias durante la pandemia en 2020. Se sumaron nuevas entrevistas en 2021 para tener información sobre las prácticas de viaje a partir de la flexibilización de la cuarentena en los mismos territorios seleccionados. Lo relevado hasta el inicio de la pandemia tiene un valor heurístico en sí mismo, y también pudo ser tomado como línea de base para entender los cambios de movilidad durante 2020 y 2021.

2.1.4. El trabajo de campo

Como ya se ha mencionado, se reorientó la investigación para profundizar el estudio de una realidad que había cambiado drásticamente. El propósito fue comprender e interpretar las estrategias para la movilidad de las mujeres que viven en los territorios mencionados, y que trabajan en sus casas y también en casas particulares, sostienen emprendimientos diversos, atienden todo tipo de servicios (especialmente los relacionados con comedores comunitarios), o trabajan como agentes de salud. El análisis de las prácticas de viaje se hizo a partir de entrevistas y observaciones.

Dadas las situaciones excepcionales en que se desarrolló la mayor parte del trabajo de campo, atravesado por las medidas surgidas por la pandemia, no fue posible realizar entrevistas a personas que construyen su identidad al margen de la lógica binaria del sistema cisnormativo, lo que se espera abordar en el futuro. Las personas entrevistadas se autoidentificaron todas como mujeres, por lo cual a partir de ahora serán mencionadas de este modo.

En los barrios se buscó un punto de localización con algún grado de institucionalidad en el territorio, que facilitara el primer acercamiento y la posibilidad de entrevistas grupales para desde allí proseguir con la técnica de snowball sampling, de muestreo intencional.^[1] La estrategia fue contactar organizaciones gubernamentales y sociales con trabajo territorial para entrevistar a integrantes de estas, lo cual facilita las entrevistas tanto individuales como grupales, y brinda la posibilidad de retroalimentación de los resultados con estas personas y con organizaciones en el territorio.

En la CABA se partió de las entrevistas a trabajadoras de un servicio comunal de La Boca (Comuna 4) y a derivadas por estas, y luego se fue ampliando el campo hacia las Comunas 8 y 9. En el AMBA se partió de las entrevistas a trabajadoras comunitarias en el Barrio Lanzone de José León Suárez.

2.1.5. Etapas del trabajo de campo

El proceso seguido en el trabajo de campo comenzó en el mes de marzo de 2019, y, desde entonces hasta 2022, se realizaron sesenta y cinco entrevistas. En 2019, las entrevistas fueron veintidós: quince en las Comunas 4 y 8 (CABA) y siete en José León Suárez (Partido de General San Martín).

Durante la mayor parte de 2020, no se pudo realizar el trabajo de campo en forma presencial debido a las disposiciones de ASPO y luego de DISPO. Mientras tanto, se realizaron variadísimas gestiones para continuarlo con modalidad remota, por videoconferencia, algo que no fue sencillo ya que no muchas aceptaban la propuesta.

Entre finales de 2020 y comienzos de 2021, se volvió a contactar a algunas entrevistadas de José León Suárez (Partido de General San Martín) y de La Boca (Comuna 4, CABA) para conocer cómo habían transcurrido los meses de ASPO y DISPO y qué cuestiones se habían modificado en su vida cotidiana. Para ello se las contactó por vía telefónica mediante el servicio de mensajería más utilizado y, a las que accedieron, se les realizó una serie de preguntas específicas. De este modo, se consiguió volver a entrevistar en diciembre de 2020 a un grupo de las mismas mujeres. También se realizaron cuatro entrevistas a través del mismo medio en la Comuna 9, mediante la técnica de snowball sampling.

En 2021 se realizaron dos nuevas rondas de entrevistas en el barrio de Barracas, en especial a comienzos y a fines de ese año. A partir de contactos con una operadora barrial de la CABA, en el mes de enero se hicieron veintidós entrevistas en forma presencial y también por el servicio de mensajería a mujeres que viven en el barrio de Barracas y en la Villa 21-24/Zavaleta (Comuna 4) y en el barrio de Villa Soldati (Comuna 8). En el mes de diciembre, se realizó otro ciclo de diecisiete entrevistas telefónicas en la Comuna 4 y una en la Comuna 8.

Por último, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, se realizaron veinticuatro entrevistas en CABA: veinte en Barracas y Barrio 21-24 (Comuna 4), y cuatro en los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo (Comuna 8).

El bloque de entrevistas de enero y diciembre de 2021 y de enero de 2022 fue crucial para completar un estudio tipo panel, con una línea de base en las entrevistas de 2019 que se corresponde con el análisis cuantitativo de las tarjetas SUBE de días testigos de los años 2019 y 2020 (ver capítulos 2 y 3), lo cual nos permitió realizar un análisis diacrónico e interpretaciones situadas temporoespaciales, y controlar las similitudes y diferencias de los datos que recaen en las distintas categorías (Glaser y Strauss, 1967; Strauss, 1987; Strauss y Corbin, 1991, 2002; Denzin, 1978; Patton, 1990).

2.2. Caracterización de las entrevistadas

En cuanto a las edades, en el total de las sesenta y cinco entrevistas, el 28 % está en el tramo de 25 a 34 años, el 32 %, en el de 35 a 44, el 28 %, en el tramo de 45 a 54, y el 6 % tiene menos de 24 años. El 6 % restante se distribuye entre las de los tramos de edad de 55 a 64 años y de 65 y más. Tienen hijos 55 mujeres (85 % del total de entrevistadas); de estas, el 63 % vive con hijxs y pareja, y el 36 %, con hijos sin pareja. El 87% tiene hasta tres hijxs. Estxs cursan casi en un 90 % la escuela primaria y, en menor medida, por la edad, la secundaria.

Con respecto a las actividades laborales, las entrevistas realizadas en 2019 en el partido de San Martín se hicieron con mujeres que viven en los barrios Independencia, El Libertador y Lanzone de José León Suárez y trabajan en su mayoría en la cooperativa de una organización social, y también con algunos contactos de estas.^[2]

De las entrevistas realizadas durante el año 2019 en la CABA, que corresponden a las comunas de la ciudad ya mencionadas, siete son del barrio de La Boca y trabajan en el servicio comunal como promotoras de salud. El resto de las entrevistadas son mujeres contactadas a partir de estas.

En el caso de las entrevistas realizadas en el barrio de Barracas en enero y en diciembre de 2021, existen dos grupos diferenciados en cuanto a los lugares de trabajo:

1. las que trabajan en el mismo barrio, como agentes de salud contratadas en 2020 para participar en un equipo para la búsqueda activa territorial de casos de COVID-19; y
2. las que trabajan fuera del barrio, en su mayoría como empleadas de casas particulares y de locales de gastronomía.

2.2.1. Desde la perspectiva macrosocial

Se analizaron las características de movilidad de las personas en transporte público a partir de datos obtenidos de registros del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). El SUBE es el único sistema para realizar los pagos de los boletos de los viajes en transporte público en el AMBA. La información fue solicitada a Nación Servicios S.A. (en adelante NSSA) sobre los registros del Sistema Único de Boleto Electrónico (en adelante SUBE), los cuales se recopilan en grandes bases de datos (big data). Estos pueden ser utilizados para categorizar las transacciones para el análisis de la movilidad con perspectiva de género, aunque el sistema las registra siguiendo el modelo binario varones/mujeres. También revisten importancia para la planificación y operación del transporte en general desde esta perspectiva.

Para el presente estudio de la movilidad, se han tomado todos los datos de las transacciones (boletos vendidos) para tres días testigo, uno por cada año (10 de octubre de 2018, 13 de noviembre de 2019 y 27 de mayo de 2020), que contienen la información desagregada respecto del tipo de tarifa abonada, la red de transporte utilizada, el género y la geolocalización, entre otros. Los días testigo se seleccionaron para que fueran representativos de la movilidad en el transporte público en el período de interés. Esta base de información fue suministrada por NSSA a través de dos pedidos de acceso a la información pública^[3] en los términos de la Ley 27.275, y se utilizó como primera aproximación a los años de análisis. Respecto de la elección de los días testigo, estos se consideran representativos de las condiciones de movilidad de los períodos prepandemia (10 de octubre de 2018 y 13 de noviembre de 2019) y de un día durante la pandemia (27 de mayo de 2020, uno de los días de uno de los meses más estrictos en cuanto a las restricciones de movilidad de personas durante la cuarentena).

El aislamiento y la restricción de la circulación, tanto en las rutas nacionales como dentro de las ciudades de todo el país, se dispusieron durante el período comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2020 y los plazos de prórroga mediante los Decretos n.º 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/2020 hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive.^[4]

A partir del 24 de mayo y hasta el 7 de junio de 2020, se establecieron medidas más restrictivas, como, por ejemplo, la prohibición de la libre circulación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, por lo cual la muestra del día 27 de mayo de 2020 posee dichas condiciones de restricción que se ven reflejadas en los datos de movilidad. Respecto a la elección del día de la semana, se eligieron los miércoles (mitad de semana) con condiciones climáticas normales, y sin problemas significativos registrados de cortes de tránsito, accidentes, piquetes, etc.

Si bien se utilizaron para realizar todos los análisis de este estudio tres días testigo de los años 2018, 2019 y 2020, dada la similitud entre los datos de 2018 y de 2019, los análisis de movilidad previos a la pandemia se realizaron específicamente sobre los datos de 2019.

Respecto de los datos del SUBE, cabe destacar que se limitan a las transacciones de ingreso al sistema o al vehículo de transporte público. Es decir que la transacción solamente se registra cuando la persona marca su tarjeta en un dispositivo del SUBE al ingresar a una estación de tren o subterráneo, o cuando asciende a un colectivo y abona la tarifa correspondiente al viaje a realizar. En algunas estaciones de tren y terminales, se registran los egresos del sistema, pero, en el colectivo y en el subterráneo, no hay registro individual de cada tarjeta cuando baja o “sale” del sistema, esto es, no quedan datos sobre el “destino” de la persona. Por lo tanto, no se puede afirmar que los registros sean solo correspondientes al “origen” del tramo del viaje (o etapa de viaje). Esto implica que la información no contiene datos de los viajes completos del tramo realizado en el transporte público, motivo por el cual no fue posible inferir distancias de viaje ni estimar las rutas utilizadas para realizar esos viajes.

No obstante, la base de datos de cada día testigo registra todas las transacciones diarias (o ingresos al sistema) realizadas por cada tarjeta, es decir que computa el total de los boletos vendidos por día con cierta información asociada a cada uno de dichos registros, como, por ejemplo, las coordenadas geográficas donde se realiza la transacción, el tipo de boleto (tarifa) abonado, el modo de transporte (tren, subterráneo, colectivo), y el género (solo para aquellos casos en que la tarjeta está registrada y nominalizada).

La georreferenciación del punto donde se realiza el ingreso al sistema de transporte público puede conocerse gracias a que las máquinas validadoras de tarifa poseen un GPS que reporta la ubicación geográfica, y a que también registra el momento en que se realiza la transacción (fecha y hora del día), lo cual es de suma importancia y relevancia para la gestión, la planificación y el análisis del sistema de transporte público. Esta información permitió desagregar los datos en las unidades territoriales o “zonas” de interés, como, por ejemplo, las comunas de la CABA y los municipios del AMBA.

El tipo de dato registrado por el SUBE no es uniforme, dado que existen tarjetas nominalizadas y no nominalizadas, dependiendo de si la persona registra o no sus datos en ellas.^[5] Las tarjetas nominalizadas permiten conocer algunos atributos de la persona que la utiliza, como el género binario (varones/mujeres),^[6] la edad y su condición ante el pago de la tarifa del transporte público (si es “tarifa plena” o si la persona es beneficiaria de alguna de las tarifas de descuento vigentes).

El proceso de nominalización de la tarjeta SUBE no es un requisito obligatorio para poder realizar viajes, pero sí lo es en aquellos casos en que se solicita algún beneficio respecto de los descuentos tarifarios que existen en la actualidad. Esto implica que las tarjetas nominalizadas no representan al universo total de personas usuarias del transporte, sino que solo comprenden al universo de las personas que hicieron la registración.

Del universo de transacciones nominalizadas, se pudo desagregar la información por género y por la percepción de descuentos, o sea, subsidios a la demanda de transporte público para la población en situación de vulnerabilidad en términos económicos, sociales, educativos y de salud, en general con poco acceso a la igualdad de oportunidades. Según la Resolución n.º 975/2012^[7] del ex-Ministerio del Interior y Transporte y sus normas complementarias y modificatorias, para obtener la reducción de tarifa, las personas deben contar con la tarjeta SUBE debidamente personalizada, con “el atributo social y/o el grupo de afinidad que le corresponda”.^[8]

Para esta investigación revisten especial importancia las transacciones de las personas usuarias del sistema de transporte público que pertenecen a los siguientes sectores y beneficios:

1. jubiladxs y/o pensionadxs,
2. titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH),
3. empleadas de casas particulares,
4. titulares del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos “Progresar”, y
5. monotributistas sociales con inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

Las personas en estos dos últimos grupos también pueden recibir la AUH si reúnen los requisitos. A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno.

2.2.1.1. Asignación Universal por Hijo (AUH)

Se buscó información que cubriera el tercer trimestre de 2019 y los primeros trimestres de 2020 para los días testigo seleccionados (13 de noviembre de 2019 y 27 de mayo de 2020). También se tomaron registros del cuarto trimestre de 2020 e incluso de 2021 y 2022, cuando estos consideran en forma comparativa los años 2019 y 2020. Como sucede con los registros SUBE, también la información registrada por ANSES considera el género binario: varones/mujeres.

La AUH es una prestación no contributiva para protección social (Ley n.° 24.714 y Decreto n.° 1602/09). Consiste en una asignación monetaria mensual, abonada por cada hijx menor de 18 años (o sin límite de edad cuando se trate de un hijx con discapacidad: AUHD), hasta un máximo de cinco hijxs (el Decreto n.º 840/20 de noviembre de 2020 eliminó este tope). La Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE) establecida por el Decreto n.º 446/11 está dirigida a mujeres embarazadas que no cuenten con una cobertura de salud o una obra social y se encuentren en situación de vulnerabilidad social (ANSES, 2021).

Las personas titulares de cobro pertenecen a algunas de estas categorías: desocupadas, no perciben ninguna suma de dinero en concepto de otras prestaciones (contributivas o no contributivas), trabajadoras sin registrar siempre que la suma de dinero que perciban sea menor o igual al salario mínimo vital y móvil (SMVM), trabajadoras monotributistas, y trabajadoras de casas particulares, sin importar el ingreso que perciben. También la reciben las personas que cuentan con la Beca Progresar y estaban inscriptas en Potenciar Trabajo en 2020, aunque en mucha menor proporción.^[9] Según la información disponible, la reciben el 7,5 % de monotributistas sociales, el 3,6 % de empleadas de casas particulares, el 1,7 % de las personas que reciben la Beca Progresar, y el 8 % de personas inscriptas en Potenciar Trabajo en 2020 (SIEMPRO, 2019c).^[10]

La AUH va dirigida a la población más vulnerabilizada, por lo que pueden recibir una combinación de prestaciones sociales. Se estima que el 72,3 % de las mujeres y el 64 % de los varones titulares de cobro recibe dos o más (SIEMPRO, 2019a).

En el cuarto trimestre de 2019, la AUH cubrió a 4.231.199 niñxs y adolescentes, la AUHD, a 46.447 personas con discapacidad, y la AUE, a 81.205 embarazadas (97 % niñxs y adolescentes, 1 % AUHD y 2 % AUE).

Durante el tercer trimestre de 2020, la AUH registró similar cobertura en proporción al total: 4.249.301 personas (SIEMPRO, 2019a, 2020b). Las mujeres constituyen el 94 % de las personas titulares de cobro de la asignación. El 80 % tiene entre 18 y 40 años, y el mayor porcentaje de titulares de cobro se ubica entre los 25 y 40 años (60,3 % y 58,7 %, respectivamente).

El 32 % de las personas titulares de cobro del país reside en la Provincia de Buenos Aires, y, dentro de esta, el 37,2% reside en el GBA. El 17 % es residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siete partidos del GBA suman el 49 % de los titulares de cobro de la AUH en la región: La Matanza (17,5 %), Lomas de Zamora (7 %), Moreno (6 %), Merlo (6 %), Florencio Varela (5 %), Almirante Brown (5 %) y José C. Paz (4 %) (SIEMPRO, 2020c; ANSES, 2020).

2.2.1.2. Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos “Progresar”

Fue creado por el Decreto n.º 84/2014, ratificado mediante la Resolución n.º 317/2015 y modificado por el Decreto n.º 90/2018 y la Resolución n.º 900 de 2021.

Las becas corresponden a un apoyo económico para terminalidad obligatoria, estudios universitarios y terciarios, y formación laboral (avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET]), para jóvenes de entre 18 y 24 años de edad (ampliada a 16 y 17 años en diciembre de 2021). Los ingresos de lxs estudiantes o de su grupo familiar no deben superar la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles. Se pueden anotar estudiantes avanzados en las carreras hasta los 30 años de edad (en el caso de tener hijxs menores de 18 años a cargo, el límite se extiende hasta los 35 años), y estudiantes de enfermería o poblaciones vulnerables, sin límite de edad.

La cobertura del cuarto trimestre de 2019 y del segundo trimestre de 2020 fue de alrededor de 452.423 personas. El 88 % corresponde a becas de educación superior, y el 66,6 % son mujeres (SIEMPRO, 2020d). Durante abril y mayo de 2020, 128.201 titulares de Progresar percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Estxs titulares representan el 28,3 % del universo de titulares de la beca.

2.2.1.3. Monotributo Social

Es un régimen tributario optativo, creado para facilitar y promover la incorporación a la economía formal de personas trabajadoras de la economía popular que no superen el haber mínimo. Mediante el monotributo social, pueden emitir facturas y ser proveedores del Estado por contratación directa. Además, acceden a las prestaciones de las obras sociales del Sistema Nacional de Salud y al sistema previsional, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social, y a los programas de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Social.

Las personas registradas en el monotributo social suman 3.225.268. En cuanto a la distribución territorial, la mayor cantidad a nivel nacional de inscripciones al registro (35,9 %) está en la Provincia de Buenos Aires. En CABA el porcentaje de las personas registradas es del 3,4 %.

Abarcan las siguientes ramas de la economía popular: servicios sociocomunitarios; comercio popular y trabajos en espacios públicos; servicios personales y otros oficios; construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental; agricultura familiar y campesina; recuperación, reciclado y servicios ambientales; industria manufacturera; y transporte y almacenamiento.

Las trabajadoras conforman el 57,8 %, y se distribuyen en estas proporciones: 33,5 % en comercio popular y trabajos en espacios públicos, 29 % en industria manufacturera (textiles, alimentos), y 21,4 % en servicios sociocomunitarios (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2020).

En la rama de servicios sociocomunitarios, la ocupación que registra la mayor cantidad de inscripciones es la de comedores y merenderos comunitarios: 526.771 personas (64,75 %), mientras que la ocupación de cuidados suma 23.090 personas (2,8 %).

El 56,6 % declara como lugar principal de trabajo los domicilios particulares, ya sea el propio o uno ajeno. Por otra parte, el 17,1 % trabaja en el espacio público. Se destaca el 76,5 % en servicios sociocomunitarios que afirma trabajar de manera colectiva; de estas personas, el 62 % lo hace en lugares de trabajo de tipo comunitario o social (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2022).

2.2.1.4. Empleadas de casas particulares

El trabajo de las personas empleadas de casas particulares es realizado en el 97,5 % por mujeres, mayoritariamente jefas de hogar y únicos sostenes de familia. Constituyen uno de los grupos más vulnerables del país, con un 70 % de informalidad. De acuerdo con la ECETSS 2018, se estima que existen cerca de 1,4 millones de personas que realizan trabajo doméstico en casas particulares, lo que representa el 8,1 % del total de la población ocupada del país y el 17,4 % de las mujeres trabajadoras (Ministerio de Producción y Trabajo, 2018). En el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844 promulgada el 21 de abril de 2013), se establecieron sus derechos laborales, de acuerdo con las normas fijadas por el Convenio sobre los Trabajadores Domésticos (189) y la Recomendación sobre los Trabajadores Domésticos (2011) adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) en su 100.º reunión (junio de 2011) y las obligaciones que de estos se derivan para los Estados miembros que lo ratifiquen (OIT, 2011). Todas las personas que trabajan en una casa particular tienen que estar registradas, gozar de jubilación, obra social, asignaciones y licencias por embarazo y maternidad, y tener tarifas más bajas en los servicios públicos. Pueden, además, recibir la AUH.