En la investigación cuyos resultados se presentan,[1] uno de los objetivos fue analizar desde una perspectiva de derechos y de género la movilidad en transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según dimensiones de análisis y años seleccionados. Imbricado con el anterior, se tuvo el propósito de comprender las características de las prácticas de viaje de las mujeres y los cuerpos feminizados,[2] mediante observaciones y entrevistas para relevar e interpretar las experiencias de desplazamientos, las situaciones vividas consideradas como dificultosas o riesgosas al movilizarse en el transporte público, la accesibilidad de los medios de transporte, de los bienes y servicios buscados y las estrategias que se despliegan cotidianamente.
El derecho a la movilidad en condiciones dignas y seguras, junto con los derechos a la vivienda digna, a la accesibilidad al espacio y a los servicios públicos, entre otros, van mucho más allá de desplazarse con un transporte, ya que están ligados a la superación de las desigualdades sociales, entre estas, las de géneros, sexualidades, generacionales, étnicas, de capacidades. Se vinculan con el derecho a la ciudad, o también la justicia en la ciudad (Borja, 2013; Harvey, 2004; Lefebvre, 1978), categorías que se refieren a que las personas sean consideradas como ciudadanas, más que meras usuarias.
Los desplazamientos (o la renuncia a realizarlos) no se dan en un vacío social, sino que están enmarcados en un contexto de relaciones de poder y de desigualdades que los limitan o hacen posibles, por lo que la movilidad es considerada como una estrategia de reproducción social (Paiva, 2015). Esto conduce a observar la lógica social y política de los movimientos en el espacio geográfico, particularmente considerando la desigualdad de género y la injusta organización social del cuidado, que hace que las mujeres sean las principales responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes y, como se verá más adelante, de asegurar su movilidad.
Se considera la movilidad como una práctica social de viaje, que se realiza en un territorio, con una frecuencia de realización en un espacio-tiempo determinado (Gutiérrez, 2009: 7). Según Gutiérrez (2009: 3), “el transporte conlleva una visión lineal del viaje, la movilidad no. La movilidad y el acceso involucran redes de viajes (y lugares) definidos a partir de prestaciones”. El concepto de “movilidad” refiere al desplazamiento geográfico desde un origen hasta un destino, con trayectos que se abordan con las variables de espacio y tiempo en función de los contextos, las circunstancias, las percepciones y las experiencias de las personas.
En cuanto a la accesibilidad, esta se refiere a las dimensiones espaciales o geográficas determinadas por la distancia entre las áreas residenciales y los espacios donde se realizan actividades: trabajo, salud y educación principalmente; las alternativas (oferta de transporte) que existen para realizar los desplazamientos, la capacidad de elección por parte de las personas usuarias, y las características socioeconómicas de estas, el género, la orientación sexual, la edad, la estructura familiar, entre otras, todo lo cual resulta en patrones de movilidad urbana claramente diferentes entre varones y mujeres y cuerpos feminizados. En consecuencia, estudiar la accesibilidad implica considerar no solo los medios de transporte (colectivo, tren, subterráneo, etc.), sino también las distribuciones territoriales de las actividades que quieren ser alcanzadas (el trabajo, la educación, la salud, la recreación), su localización, y las características de las personas demandantes de movilidad. La accesibilidad es enfocada como una relación entre servicios y quienes los utilizan (Stolkiner et al., 2000), esto es, el vínculo que se construye entre las personas y los servicios de transporte, salud y educativos, por ejemplo. Se destaca el carácter relacional, o sea las “condiciones y discursos de los servicios, y las condiciones y representaciones de los sujetos que se manifiestan en la modalidad particular que adquiere la utilización de los servicios” (Stolkiner et al., 2000: 15).
En la presente investigación, se puso el énfasis en el análisis de la movilidad, la accesibilidad y también la seguridad, vistas bajo el prisma de derechos humanos, igualdad de género, derechos de la infancia, derecho a la ciudad y justicia en la ciudad (la democratización del espacio público). El equipo conjugó a investigadoras en políticas públicas, especialistas en transporte y geógrafxs, lo cual nos permitió encarar la complejidad de este estudio desde discursos disciplinarios diferentes y complementarios. Desde esta perspectiva interdisciplinaria, se realizó un abordaje transversal, con un enfoque feminista, que considera que las relaciones de género se refieren a relaciones de poder y de autoridad, y que “género” no es sinónimo de “mujeres”. Joan Scott (1993) se refiere a una definición de género con dos dimensiones vinculadas entre sí:
- es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, y
- es una forma primaria de relaciones significantes de poder.
La primera parte de la definición, a su vez, está constituida por cuatro elementos interrelacionados: los sistemas simbólicos, es decir, la manera en que las sociedades representan el género, los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos. Estos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que se instalan como las únicas posibles. Los otros dos elementos son las instituciones y las organizaciones de género, conformadas por el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones educativas y la política; y, por último, los procesos de construcción de la identidad de género en las organizaciones sociales y en las representaciones culturales históricamente específicas. La segunda dimensión alude al género como campo primario, dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. Sin ser el único campo, es una forma persistente y recurrente en las tradiciones occidental, judeo-cristiana e islámica (Scott, 1993: 35-37).
El sistema de género se sostiene en una relación jerárquica de poder de los varones sobre las mujeres y los cuerpos feminizados, ordenamiento que está apoyado en discursos que lo legitiman y naturalizan. En la construcción social de las relaciones de género, el eje central está situado en la dominación masculina y la subordinación de las mujeres y los cuerpos feminizados, y en la división sexual del trabajo. El concepto de “patriarcado” (forma de autoridad basada en el varón/padre) resume las relaciones de género como asimétricas y jerárquicas. También, en la cultura patriarcal se inscriben otras formas de dominación sobre personas de identidades de género y orientaciones sexuales no cisnormativas, y sobre diferentes sectores sociales y grupos étnicos. Es más, aun cuando existen diferencias en la distribución del poder entre los varones, aun cuando quizá solo unos pocos se ajusten al modelo normativo de masculinidad hegemónica,[3] todos se benefician con lo que se denomina el “dividendo patriarcal”: ventajas y privilegios que obtienen de la construcción social de la dominación masculina.
Este dividendo es asumido, naturalizado y convertido en sentido común, que se fundamenta en el orden patriarcal, esto es, en el género como campo de articulación del poder y la autoridad de los varones sobre las mujeres, que opera en los sistemas simbólicos, en las instituciones y organizaciones y en los procesos de construcción de la identidad (Scott, 1993: 47). Es un conjunto de ventajas y privilegios (y complicidades) que los varones obtienen de la construcción social de la dominación masculina.[4] El dividendo patriarcal es tanto simbólico como material, y está constituido por el honor, el prestigio y el derecho a mandar que, se considera, corresponde a los varones, a ocupar las posiciones de mayor influencia en los gobiernos, en las corporaciones y en las asociaciones y a recibir mejores remuneraciones (Connell, 1997: 43). Y también en la vida cotidiana relevada en esta investigación: el privilegio de no realizar tareas de cuidado tanto como las mujeres, o realizarlas en menor medida; de viajar directamente a sus trabajos y, en general, entre otras ventajas, de no realizar varios tramos de viajes, cada uno con una finalidad diferente, ni de viajar de pie en los colectivos con sus hijxs y la compra de las provisiones; de no ser acosados o manoseados antes de los viajes y durante ellos. La violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados se basa en la persistencia del modelo de la masculinidad hegemónica. Estos ejemplos de la cotidianeidad muestran los patrones androcéntricos que estructuran el uso del espacio público y la consiguiente desigualdad en el ejercicio del derecho a la ciudad.
En América Latina existe un importante corpus de estudios que se concentran, aunque no de un modo excluyente, en la problematización del transporte público, la movilidad y las condiciones de accesibilidad, que han sido revisitados para esta investigación (Gutiérrez, 2009, 2010; Hernández, 2012; Hernández y Rossel, 2015; Jirón, 2007; Peralta Quirós, Mehndiratta y Ochoa, 2014; Lazo y Contreras, 2009; Rozas Balbontín y Salazar Arredondo, 2015; Soto Villagrán, 2017; Checa et al., 2020). Por otra parte, los estudios de planificación del transporte se dedican principalmente a analizar la movilidad de las personas, entendiendo los medios y modos de desplazamientos, los motivos de viaje, la cantidad de viajes, y los viajes no realizados (o “inmovilidades”), y la red de transporte existente en el territorio, para poder diseñar una infraestructura de transporte adecuada. Para que esto suceda, es necesaria la indagación de circunstancias y factores que inciden al momento de realizar un viaje: ¿es adecuada la oferta de transporte (recorridos, frecuencias, paradas, horarios)?; ¿es seguro abordar el transporte (falta de luminarias, poco movimiento en el trayecto y parada de los vehículos)?; ¿existen riesgos personales que ocurren durante los desplazamientos (inseguridad, violencia de género)? Las mujeres y los cuerpos feminizados frecuentemente sufren episodios de inseguridad o intentos de agresiones en mucha mayor medida que los varones, tanto en los medios de transporte, como en el trayecto y en la infraestructura de acceso a ellos.
La aparición de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) causada por el virus SARS-CoV-2 y su definición como pandemia por parte de la OMS el 11 de marzo de 2020 situaron a la movilidad de las personas en el centro de atención y en el foco de actuación de las políticas internacionales y nacionales para impedir su propagación, mediante diferentes restricciones a los desplazamientos, lo cual impactó fuertemente en las movilidades cotidianas a escala global, nacional y local.
La investigación iniciada a fines de 2018 no podía desconocer la nueva realidad, en la cual la movilidad, la inmovilidad y las tareas vinculadas con el cuidado de las personas fueron cruciales. En consecuencia, se amplió su alcance para poder incluir en el análisis la situación de pandemia y compararla con la de prepandemia.
Para el análisis de las transacciones en transporte público, el área de estudio fue el AMBA. Para el de las experiencias de viajes, algunos barrios populares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Partido de General San Martín.
Las siguientes preguntas se dirigen a examinar la situación durante la pandemia comparada con los años previos: ¿cómo fue la movilidad en transporte público?; ¿qué situaciones y riesgos debieron afrontar las mujeres y los cuerpos feminizados?; ¿estos riesgos implicaron no poder realizar los viajes, o realizarlos en condiciones no adecuadas?; ¿qué estrategias elaboraron frente a estas situaciones?
Con respecto al transporte: ¿qué diferencia hubo en los boletos vendidos (transacciones) en el transporte público en todos sus modos, diferenciados por género, por territorios y por algunos descuentos de tarifas?
Con la guía de estas preguntas preliminares, se realizó un trabajo de investigación complejo, con múltiples aristas, que hizo que emergieran nuevos interrogantes que solo en parte fueron respondidos. En futuros estudios, es necesario avanzar más, con la inclusión de sujetxs e información superadores del marco de la heterosexualidad hegemónica. Esta profundización es necesaria y puede conducir a nuevas líneas de indagación.
- Proyecto G 184 UNSAM PICTO-2016-4801. (CEDEHU-Humanidades). Políticas públicas, cuidado y autonomía de las mujeres. Análisis del Transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).↵
- Ver capítulo 2.↵
- Discurso de la masculinidad que predomina en las sociedades occidentales, que define la virilidad basada en la representación de la norma social, el conocimiento y manejo del mundo público, la provisión de recursos, la protección sobre las mujeres y las infancias, la fuerza y la destreza física.↵
- La violencia contra las mujeres en sus diferentes dimensiones (física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y psicológica) es respondida desde la legislación en Argentina por la Ley Nacional n.º 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.↵