Frederico Policarpo^[1]

Quiero agradecer mucho a Florencia, a Carla, a Federico, al equipo, a la directora —que ya no está aquí, pero igual—, agradecerle a ella y a todos en el ICA por la invitación y por estar participando en esta mesa. Saludo a todas y todos los presentes, y también a quienes nos están siguiendo de forma remota.

Quiero comenzar reforzando lo que ya dijeron Carla y Florencia en la mesa de apertura: que se trata de un diálogo colaborativo, no solo entre quienes estamos en esta mesa —ministros, abogados, estudiantes, activistas—, sino también entre nuestros grupos de investigación. El INEAC, en Niterói, del que formo parte y que coordina el profesor Roberto Kant de Lima, y el equipo que fue inicialmente liderado por la profesora Sofía Tiscornia, han estado en relación desde principios de los años 2000. Ha habido múltiples interacciones. Por ejemplo, Lucía Eilbaum estudió aquí y luego estuvo allá. Yo mismo estoy actualmente realizando una estancia de investigación con mi colega Florencia Corbelle, con quien compartimos un proyecto de investigación sobre el proceso de regulación de políticas de drogas en Brasil y Argentina. Y es en ese marco que estoy hoy aquí.

Mi línea de investigación principal es la política de drogas, pero en los últimos años me he acercado cada vez más a las discusiones sobre justicia juvenil, a través de la dirección de tesistas e investigadores, y de un proyecto de investigación que coordiné durante tres años. De hecho, Luana, investigadora brasileña, presentará aquí algunos de los resultados de ese trabajo.

De modo general, nuestros grupos de investigación —tanto el INEAC como el equipo argentino— han mantenido una interacción afectiva, teórica y, podríamos decir, incluso una problematización compartida de la antropología jurídica. Como mencionaba Carla al inicio, nos interesa cómo las burocracias y los dispositivos estatales de control y punición, junto con los agentes del Estado, producen la ley como referencia dentro de un sistema normativo de clasificación.

Es un campo privilegiado de investigación. Nos permite observar cómo estas burocracias estatales efectivamente se actualizan en la práctica. No se trata solo de una aplicación directa de la ley: hay otras moralidades en juego. Y al mismo tiempo, en paralelo, vemos cómo los movimientos sociales, los activismos y otros sistemas clasificatorios interfieren en esa burocracia estatal, influyendo en la manera en que la ley es producida, en cómo se actualizan las prácticas de justicia. Desde ese lugar hablo hoy.

Hay un punto general que me parece interesante: aunque los antropólogos tendemos a relativizar la centralidad de los documentos legales, de la letra de la ley, tanto David (Perelmuter) como Claudia (Cesaroni) nos muestran que ese documento legal también es una referencia fundamental. Los activistas pueden usar esa letra para exigir derechos, para garantizar derechos a sus compañeras y compañeros. Por eso es tan importante entender cómo se produce ese documento legal, cómo se produce una ley, cómo se produce un proyecto de ley. La legalidad tiene una fuerza, y su puesta en práctica también revela esa potencia.

Voy a hacer ahora algunos comentarios puntuales, en función de lo que presentaron.

Para Silvia (Guemureman)

Silvia, tu presentación me pareció muy interesante. En el proyecto que tenemos sobre política de drogas en Brasil, una de las líneas que vamos a comenzar justamente es esa: el mapeo de proyectos legislativos para analizarlos como vos lo hiciste. Hay varios elementos para pensar a partir de cómo esos proyectos construyen derechos.

Creo que Florencia Corbelle, mi colega aquí, estudió esos espacios —tan opacos— que son los espacios formales como el Congreso, las audiencias públicas, las comisiones. Son muy difíciles de investigar etnográficamente, muchas veces incluso inaccesibles. Por eso, me interesa desde el punto de vista metodológico cómo abordaste ese trabajo. ¿Tenés alguna estrategia metodológica específica? ¿Podés contar más sobre cómo pensaste esa aproximación?

Otro punto importante que mencionaste es la irrupción de una perspectiva biologizante —desde la medicina, la neurociencia— que comienza a incidir cada vez más en la producción legislativa.

Me parece fundamental observar cómo saberes no jurídicos se cuelan en esos proyectos. Hacés, además, una lectura del proyecto de ley como expresión de un clima político, de una sensibilidad de época. ¿Pero cómo interpretás eso en relación a la composición del Congreso?

¿Ese clima político responde al cambio en la correlación de fuerzas, con más diputados de derecha, con el avance de La Libertad Avanza? ¿O hay otros elementos en juego? ¿Cómo pensás esa relación entre clima político y configuración legislativa?

Para David (Perelmuter)

David, también me pareció muy interesante lo que planteaste. En Brasil, también intentamos organizar este tipo de eventos en los que invitamos a profesionales que trabajan directamente en la intervención. Creo que es muy enriquecedor para el campo académico contar con interlocutores como vos, del campo del derecho, que están involucrados en la intervención, pero también abiertos a la discusión.

Quisiera preguntarte algo que planteaste al inicio: mencionaste la necesidad de cambiar ciertas clasificaciones dentro de la justicia nacional, provincial, etc. ¿Cómo pensás que ese cambio de clasificación puede impactar en la práctica? Porque, como sabemos, no es algo automático. Cambiar una categoría no necesariamente modifica la práctica institucional. ¿Cómo ves ese pasaje? ¿Hay un camino trazado para que ese cambio en la forma de nombrar produzca efectos concretos? ¿Qué estrategias están pensando?

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