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4 El nuevo escenario de la educación
superior privada en América Latina

1. Contexto general de la nueva fase de la educación superior privada en América Latina. 2. Aumento de las regulaciones públicas sobre la educación superior privada. 3. El decrecimiento relativo de la educación superior privada. 4. Los crecientes niveles de calidad de la educación privada. 5. La concentración como nuevo mecanismo competitivo de la educación superior privada. 6. Diferenciación del sector privado y dinámicas de los distintos mercados universitarios. 7. Las nuevas tendencias de la educación superior privada. 8. La nueva fase de la educación superior privada (ESP) en América Latina.

1. Contexto general de la nueva fase de la educación superior privada en América Latina

El crecimiento del sector privado desde mediados de los 70 ha sido bastante homogéneo en toda la región y le permitió conformarse como el sector más dinámico de la educación superior.[1] Esta fase de expansión del ámbito privado estuvo focalizada en el aumento institucional y se constituyó como el sector de canalización de demandas sociales de mayor flexibilidad, menores requisitos de ingresos y también por nuevas disciplinas (informática, administración de empresas, turismo, marketing, etc.) que el sector público no ofrecía por la rigidez de su gestión. Ello se expresó en una mayor flexibilidad de gestión (cursos nocturnos, sabatinos e intensivos, etc.), una localización física más asociada a las demandas solventes, así como mayores niveles de automatización de la gestión y simplificación de los accesos. Esto permitió una mayor democratización de la educación superior a través del aumento de la cobertura y el ingreso de mujeres, clases medias y trabajadores organizados. Inclusive al aumentar la cobertura a partir del financiamiento directo de los hogares, indirectamente también coadyuvó a la reducción de la presión sobre el financiamiento público, que facilitó el inicio del proceso de reversión del relativo deterioro de la calidad de este sector desde los 80.[2] En este sentido, la calidad pública desde sus inicios se asoció directamente a la expansión privada y una mayor presión de ingreso.[3]

El incremento de las demandas mostró la incapacidad o indisposición en el corto plazo por parte de las universidades públicas a responder con calidad a cambios bruscos en las demandas de acceso o inclusive en las demandas disciplinarias u organizacionales. Ante esos aumentos rápidos y continuos, primero las universidades mantuvieron el acceso abierto sin capacidad de responder rápidamente y deterioraron su calidad, produciendo una primera fuga de estudiantes hacia el sector privado. Posteriormente establecieron limitaciones de ingreso a través de cupos y exámenes, y provocaron una segunda fuga social de estudiantes hacia el sector privado. Posteriormente han estado aumentando selectivamente los cupos y flexibilizando nuevamente las condiciones de ingreso al haber una mayor oferta y ello ha reducido las fugas al sector privado y por ende la tasa de crecimiento relativo de la expansión privada. La lentitud –y sus propios ciclos- de las respuestas a las demandas por parte del sector público han acotado las condiciones de la expansión privada, en tanto en condiciones iguales y acceso gratuito, siempre se tiende a preferir la oferta pública. Inversamente, la calidad está asociada a esas variables de ajustes cuantitativas. La lógica restrictiva del acceso en general contribuyó al aumento de la calidad en el sector público, al tiempo que los mercados laborales lograban recursos humanos profesionales más abundantes. El modelo de gratuidad de la educación superior pública aun con los recursos adicionales no hubiera podido mantener un aumento de los niveles de calidad en la casi totalidad de los países sin la presencia de un sector privado que cubriera parte de esa demanda. Ello fue más significativo en los países donde la expansión terciaria fue más reciente e intensa. Donde los sistemas terciarios eran más antiguos (por ejemplo en Argentina o Uruguay) y los saltos en la demanda fueron menores, la expansión privada fue menor, más allá del libre acceso en estos países al sector público. A la inversa, si la demanda excedente no hubiera podido ser cubierta por el sector privado, las tensiones políticas en los distintos países y en las puertas de sus universidades públicas no hubieran podido ser sostenidas sin fuertes conflictos estudiantiles.

El sector privado contribuyó a la diferenciación institucional al ampliar la oferta de oportunidades educativas, dado que se concentró en forma dominante en carreras profesionales con bajo nivel de inversión, así como en las instituciones no universitarias ofreciendo estudios de corto plazo y con horarios y mecanismos de enseñanza más flexibles para los estudiantes. La propia lógica del pago de la matrícula impuso una propensión a atender inicialmente a los mercados laborales mayores y de más rentabilidad. De acuerdo con esta lógica, en algunos países promovió además una mayor regionalización de la educación superior al localizarse en el interior de los países, donde las presiones políticas no habían logrado instalar universidades públicas, y también contribuyó a ampliar las oportunidades salariales para los docentes sobre todo del sector público, al promover el doble empleo y el aumento de los ingresos familiares de estos docentes y de los profesionales, a partir del aumento de su jornada de trabajo en la educación privada a través del pago por horas de clase. Esta dinámica puede ser vista también como otra privatización y mercantilización de la educación superior, y se refiere a un cambio en la dinámica de los mercados laborales docentes y los docentes públicos, para quienes la educación privada significó un aumento de sus oportunidades laborales al permitir incrementar sus horas de trabajo y acceder a ingresos adicionales, a través del trabajo nocturno. En algunos casos de regímenes de dedicación exclusiva de los docentes, la educación privada fue el ámbito de trabajo posterior a las jubilaciones tempranas en las universidades públicas. En este caso la ESP permitió a los docentes que no eran de las elites públicas y que por ende eran de tiempo parcial, incrementar sus ingresos a través del aumento de la docencia en otras instituciones universitarias.

Esta fase de la educación superior privada orientada a la absorción de las demandas no cubiertas por el sector público, a través de nuevas instituciones, se expresó en los inicios en muchos casos en ofertas locales de baja calidad, dada la ausencia de mecanismos de aseguramiento de la calidad y la existencia de una dinámica competitiva universitaria sin controles de calidad efectivos. En muchos países esto fue consecuencia de una lógica de prestación del servicio bajo instituciones sin fines de lucro a través de fundaciones y asociaciones civiles que dificultó el ingreso de préstamos e inversiones que permitieran dotarse al inicio de las infraestructuras y recursos necesarios para un servicio de calidad, por lo cual la educación superior privada se inició en general bajo un modelo de negocios basado en alumnos primero, y solo posteriormente, según el flujo de caja y de estudiantes, se dotó de las infraestructuras requeridas como estándares, lo cual conspiró desde sus inicios contra la calidad. En cambio, el sector público se basa en una dinámica diferente: primero edificios y luego alumnos, lo cual produce mejores niveles de calidad en estos indicadores. Este formato dificultó calidad al inicio y dio más resultado a los sistemas más mercantilistas y a una gestión hacia estas modalidades.

La expansión de la educación privada no ha sido un proceso diferenciado en lo pedagógico sino en lo institucional. Se expresó diferenciadamente, en las primeras etapas, en la expansión sucesiva de universidades religiosas, instituciones laicas de elites, instituciones de absorción de demanda, instituciones terciarias regionales, instituciones con fines de lucro, e instituciones a distancia, en general iniciando con las mismas disciplinas articuladas a unas reducidas demandas profesionales.

Desde los 80, cuando se produce la expansión de la educación privada en América Latina, esta estaba estructurada como un escenario de elite sobre la base de su huida desde la educación pública de esos grupos sociales. Hacia fines del siglo XX, con la masificación de la demanda, la caída de los precios de las matrículas por la competencia y la consolidación de sus propias inversiones físicas, la mayor tasa de graduación por la flexibilidad de la oferta a través de políticas de mercadeo (becas, matrículas diferenciadas, publicidad, créditos, etc.) y el incremento de sus niveles de calidad, asociado a sus infraestructuras y las políticas de aseguramiento de la calidad, se comienza a transformar la educación superior privada en instituciones de masas de mayores escalas y niveles de calidad. Su propia dimensión social la ha tornado inclusive en una modalidad de equidad en la región. Ello ha sido favorecido en los casos en que se les facilita especializarse exclusivamente en la docencia, como en Brasil, o donde han podido tener una gestión más mercantil, como en Colombia y Chile.

En un segundo momento, desde inicios de los 2000, se ha visualizado una tendencia mayor a la lenta introducción de diferenciaciones pedagógicas, asociadas a componentes internacionales (movilidad, idiomas, currículo más globalizado), a la inclusión de componentes prácticos a través de pasantías o a modalidades de educación a distancia. Se reclama que las instituciones de educación superior privadas realicen investigación fundada en el financiamiento de la matrícula, lo cual es una utopía que encierra una forma de resistencia a la universidad privada. Inclusive ya hoy la investigación en América Latina en las universidades públicas se realiza sobre la base de los financiamientos externos a través de fondos concursables o sistemas de incentivos externos a los investigadores. En aquellos países eso se resolvió facilitando financiamientos públicos o mayores articulaciones tributarias a la dinámica privada.

La evolución de la educación superior privada ha sido analizada considerando distintas oleadas: inicialmente de elites religiosas, posteriormente de elites laicas, en tercer lugar de la educación privada como absorción de demanda.[4] Bajo este enfoque podemos concebir actualmente una nueva oleada que se refiere a instituciones extranjeras, a concentración institucional y a mayores diferenciaciones de calidad-precios. En ese marco conceptual, el actual momento de creación y reforma de las instituciones existentes privadas se constituye como una cuarta oleada, caracterizada por la presencia creciente de instituciones internacionales, bien sean en forma presencial o por medio de la educación transfronteriza. Sin embargo, el momento actual de la educación superior privada no se limita a la presencia de nuevos proveedores internacionales a través de la venta de las instituciones locales, sino a una nueva dinámica de funcionamiento de toda la educación superior privada, de crecimiento gracias a la concentración y la diferenciación.

El análisis de los diversos casos nacionales, desde inicios del siglo XXI en la región, muestra esa nueva fase. En este escenario se verifica un crecimiento del sector público en forma superior al privado, una caída en la tasa de incremento de las instituciones privadas ante la sobreoferta institucional y las restricciones normativas, una presencia de instituciones externas, un aumento de la calidad en cada vez más instituciones privadas, una mayor diferenciación en las modalidades de prestación del servicio educativo con un aumento de postgrados y de educación no presencial tanto públicas como privadas, así como un aumento de la concentración institucional de la educación superior privada como modalidad de crecimiento en el nuevo contexto educativo. Actualmente los mercados de educación superior y sus propias instituciones están más consolidados y su dinámica de funcionamiento está altamente acotada por normas públicas y estándares mínimos más precisos de calidad en toda la región. Adicionalmente ha aumentado la competencia interinstitucional y los propios mercados para la educación privada crecen más lentamente, con mayores niveles competitivos y sin las mismas dimensiones que antes, por el aumento de los cupos y la calidad del sector público, los mayores controles públicos, la expansión y complejización del conocimiento y el decrecimiento de las demandas laborales.

La fase de los 90 de la educación superior produjo una sobreoferta de instituciones locales derivada de una expansión irracional de instituciones. Ello se verificó en Brasil, Bolivia, Perú, Panamá, México, Nicaragua y Costa Rica. Esta lógica por la cual la oferta tendió a ser superior a la demanda diferenció a las instituciones en términos de relación calidad-precios, y sentó las bases de la actual fase de concentración de la matrícula y de creación de grupos educativos empresariales más consolidados. En algunos casos ello estuvo asociado a la venta de universidades, el cierre o la desaparición de algunas microuniversidades que competían a bajos precios, con baja eficiencia de calidad y que fueron objeto de una mayor fiscalización pública.[5] La sobreoferta muestra que la oferta actual del sector privado cubre la totalidad de las demandas solventes, lo cual tiende a facilitar nuevas formas de competencia a través de la concentración. La incapacidad de abaratar precios y la caída relativa de la calidad por parte de algunas universidades privadas, por mejoramiento de las otras regulaciones públicas, está presionando también hacia esa concentración vía mercado o vía fusión o adquisición de instituciones.

2. Aumento de las regulaciones públicas sobre la educación superior privada

La discusión de la regulación está atravesada por la tensión entre calidad y rentabilidad. Una frase que sintetiza el problema proviene del ex viceministro de Educación Superior de Colombia, quien afirmó que “la mala calidad es un negocio muy lucrativo”, en tanto el aumento de la calidad aumenta los costos.[6] Inclusive la tensión entre dinámicas mercantiles contrapuesta a niveles de calidad está en el centro de los enfoques culturales en nuestra región, y sin duda se apoya en perspectivas religiosas con siglos de tradición.

La aparición de dinámicas de regulación de la educación superior está asociada a la diversificación institucional de los sistemas terciarios con la educación privada, en tanto esta se desarrolla sobre lógicas de mercado que en algunos casos tendieron a una diferenciación dada por el capital humano de los docentes, las infraestructuras locativas y formas de procesos de enseñanza en contradicción con los paradigmas aceptados de la calidad, que son la base de los sistemas públicos y de las instituciones privadas primigenias. El rol de la política pública de calidad en la educación superior implicó acotar excesos y regular la tendencia estructural a la flexibilidad que promueve la dinámica competitiva mercantil, y en ese camino homogenizar en función de criterios ideológicos o educativos. Cuanto mayor es el escenario competitivo, mayores son por ende las fuerzas mercantiles en los mercados universitarios, lo cual impulsa a las IES a una mayor flexibilización y diferenciación de su oferta para colocarse en nichos viables que les permitan obtener ventajas competitivas. La diversidad de políticas se diferencian en la intensidad de las regulaciones y en la apertura a nuevas modalidades y nuevos proveedores de inversiones externas al sector.

Tales regulaciones desde 2000 han restringido además la creación de instituciones, como consecuencia tanto de presiones de las propias instituciones existentes al buscar limitar por lógicas competitivas corporativas la autorización de nuevos competidores, o por los gobiernos a través de los estándares de calidad que se han ido estableciendo y que no pueden cumplirse por nuevas microuniversidades, a causa de sus reducidas escalas al iniciarse y en general de la carencia de fuentes financieras, en tanto la figura de instituciones sin fines de lucro dificulta acceder a tales fuentes. Las limitaciones de expansión institucional facilitan lógicas de mercado focalizadas en la cartelización y concentración de algunas universidades.

Los años 80 se visualizaron como una fase desreguladora de la educación superior privada en casi todo el continente. Ello fue visto como un cambio en

las reglas del juego entre Estado y sociedad, prevaleciendo una tendencia neoliberal de las pautas económicas, que repercute en gran medida en todas las esferas del Estado [que] promueve la desregulación, la descentralización y la privatización, que alcanzan a diferentes ámbitos del mismo y a la sociedad civil.[7]

A diferencia de esto, nos encontramos desde los 2000 en otra fase signada ahora por la regulación y por ende también por una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil, con menos libertad de acción de lo privado y más control público. Esta etapa, que se inició desde fines de la década de los 90 en la región, se basó en cambios en los marcos normativos que han permitido en la primera década una mayor capacidad de regulación de los Estados y la introducción de criterios menos laxos y más restrictivos a la libertad de mercado en la gestión de las universidades privadas. Con la aparición de varios gobiernos de izquierda en la región en los años 2000, se incrementaron aun más esas tendencias regulatorias y restrictivas sobre la oferta y el funcionamiento de las universidades privadas, lo cual en casi toda la región ha tensado la relación entre las universidades públicas y las privadas.

En general ha sido dificultoso alcanzar consensos en la educación superior sobre cambios de la arquitectura reguladora, y la mayor parte de los proyectos de ley han quedado bloqueados ante las diferencias existentes o han sido impuestos contra las propias universidades privadas. El bloqueo y los largos conflictos en relación con proyectos de ley en Chile, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, es una clara expresión de la existencia de intereses fuertemente contrapuestos y de un soterrado conflicto no resuelto.[8] Tal vez la frase más significativa que expresa esos enfoques contrapuestos sea la emitida por un alto representante de la universidad pública del Uruguay que expresaba que “la universidad privada es la rémora (el lastre) de la dictadura”, con lo cual refería que era el impedimento para el buen desarrollo de la educación superior en el país, y al tiempo un remanente de la dictadura militar en el sistema democrático. Más aun, colocaba como lastre de la dictadura militar (1973-1985), en un mismo nivel de problema, los desaparecidos por violación de los derechos humanos y la creación de una universidad católica, que había terminado el monopolio público del servicio universitario.

En varios países más allá de las leyes desde mediados de los 90, en el marco del discurso inclusive hay una tendencia estatista en la prestación del servicio público, en el marco del discurso de la educación como un bien público, lo cual ha sido el sustrato para alcanzar mayores incrementos presupuestales para las universidades, la creación de nuevas instituciones públicas, así como mayores controles a la oferta de programas y apertura de sedes de las universidades privadas, mayoritariamente a través de los estándares mínimos en la regulación de gobierno y en los estándares de la calidad de las agencias y de sus requisitos de acreditación.

3. El decrecimiento relativo de la expansión de la educación superior privada

Desde inicios de este siglo un nuevo escenario se presenta en la educación superior en la región, por la multiplicidad de regulaciones que han limitado el ingreso de nuevas instituciones, encareciendo los costos de funcionamiento de la educación privada y restringiendo la apertura de programas, dados los mayores requisitos de aprobación previa gracias a criterios más rígidos y enfoques políticos más fiscalizadores. En la década de los 90 la expansión de la educación superior fue muy elevada, mientras que en la década del 2000, el nivel de crecimiento ha sido cada vez menor en términos cuantitativos. Inversamente se podría afirmar que ha tenido un crecimiento en términos cualitativos, y asociado en parte con ello, en términos de concentración de la matrícula. Estos son dos de los movimientos centrales de la dinámica privada actual.

Tomando una base de información a partir de los 19 países hispanos de la región de la educación superior privada, entre los cuales se excluye Cuba (al estar prohibida dicha modalidad de educación), su incidencia relativa muestra una tendencia continua hacia el crecimiento, pero desde los años 2000, su crecimiento relativo es cada vez menor comparativamente. Hay una tendencia a la declinación del crecimiento más allá de la situación diferenciada por países en la región.

Cuadro Nº 26. Cobertura relativa de la educación superior privada en América Latina

Años

% participación privada Incremento anual

1994

38,5% 100%

1995

39,5% 2,6%

1996

40,4% 2,3%

1997

41,3% 2,2%

1998

42,5% 2,9%

1999

44,0% 3,5%

2000

44,9% 2,0%

2001

45,4% 1,1%

2002

46,1% 1,5%

2003

46,6% 1,0%

2004

47% 0,8%

2005

47,5% 1%

2006

47,8% 0,6%

2007

48,2% 0,8%

Fuente: de 1994 a 2003, IESALC (2006). Cálculos propios 2004 y 2006.
El datos de 2007 es de PROPHE.

El enlentecimiento de la demanda ha incentivado también la lógica corporativa de establecimiento de barreras de ingreso de mercado, que se han juntado con las disposiciones de los gobiernos y de las agencias de aseguramiento de la calidad en materia de requisitos para nuevas instituciones. La limitación de la expansión institucional ha facilitado que se mantengan mayores regulaciones y el encarecimiento derivado de los costos educativos.

La expansión generalizada de las economías de la región ha producido un doble movimiento: a) por un lado, ha viabilizado en incremento de las transferencias presupuestales y un aumento generalizado de los cupos del sector público, que en todos los casos se focalizaron en sectores de bajos ingresos. b) Por el otro, la existencia de mayores ingresos en las familias ha incentivado la demanda de acceso al sector privado. Su expresión más notoria ha sido el traslado de estudiantes del sector no universitario hacia el sector universitario, un aumento de los estudios de postgrado y una mayor capacidad de pago en las instituciones privadas de elites. Las dinámicas referidas han facilitado la continuación del aumento de la cobertura privada total, además de una reducción de la tasa de crecimiento de nuevas instituciones de educación superior privadas, un aumento de la tasa de crecimiento del sector público y un decrecimiento relativo de la cobertura del sector privado que aumenta, pero en menor proporción que antes. El aumento del gasto público se canaliza a demandas de sectores de menores ingresos, facilitando un crecimiento privado en sectores de mayores ingresos y calidad de demandas. Cabe referir que el gasto público contribuye además a un mejoramiento de la calidad relativa en la educación universitaria junto a mayores cupos, lo cual reorienta la demanda de los hogares hacia la educación pública y empuja cambios en la educación privada. [9] 

En algunos países la retracción del peso del sector privado ha sido muy significativa. Tal fue la situación en Colombia y Venezuela, donde la expansión de la matrícula pública superior ha sido mucho mayor que el aumento de la educación privada desde inicios de esta década. Allí, aunque la matrícula privada ha crecido levemente en términos nominales, al tiempo se ha producido un incremento violento de la educación pública superior en forma significativa. Como referimos, tal proceso ha sido una derivación de la alta regulación pública sobre el sector privado en términos de limitación de nuevas ofertas, de la apertura de subsedes públicas y del aumento de sus cupos gracias al incremento de las transferencias públicas. Los nuevos estudiantes tienden a ser absorbidos con más fuerza por el sector público también a través de amplios programas de becas que han mostrado cómo la gratuidad no era suficiente estímulo para facilitar el ingreso de sectores de bajos recursos económicos en las universidades públicas.[10] En el caso de Colombia la caída de la cobertura privada ha sido muy marcada, al reducirse desde un máximo del 68% de la matrícula total en 1996 a un mínimo del 45% de la cobertura en 2007; una de las causas adicionales ha sido el incremento de los costos de las matrículas privadas, que ha reducido la capacidad de pago y aumentado la distancia entre los costos públicos y privados como consecuencia de mayores exigencias en el funcionamiento de las instituciones.[11] La regulación pública ha tendido a incidir sobre las estructuras de costos de la oferta privada, modificando sus ecuaciones al crear costos adicionales por medio de mayores estándares de calidad. La expansión del sector público ha sido significativa en Brasil, México y Venezuela, gracias a la creación de nuevas instituciones públicas así como a la expansión de la educación a distancia pública, sobre todo en México[12] y Brasil. En este país además las universidades federales han recibido recursos públicos asociados a la expansión de ofertas de cursos nocturnos y a distancia. En Venezuela muchos institutos no universitarios públicos se han transformado en universidades. En otros países como Chile o El Salvador se ha producido un decrecimiento absoluto de la cantidad de instituciones terciarias por fusión entre ellas o cierre. En El Salvador desde la aprobación de la Ley de Educación Superior en 1995 se redujeron a la mitad las instituciones de educación terciarias por fusión o cierre.

El aumento de los costos educativos en el sector privado por la adición de regulaciones junto a la no creación de nuevas instituciones privadas, el incremento de la demanda solvente y la expansión pública están incentivando un crecimiento del tamaño medio de las instituciones privadas en toda la región, una mayor concentración y un mejoramiento notorio de la calidad de algunas instituciones. Este nuevo escenario ha comenzado a consolidar una dinámica de la educación superior privada, conformada por un sector de pequeñas microuniversidades con permanentes problemas de calidad y en proceso de decrecimiento, compra, fusión o cierre, junto con instituciones de educación superior privadas con acentuados niveles de cobertura, altos niveles de inversión en infraestructura y de calidad, muy por encima de los estándares mínimos o de muchas tradicionales universidades públicas, sobre todo del interior de los países. Estas constituyen instituciones sin fines de lucro, sociedades anónimas e instituciones laicas o religiosas, nacionales o internacionales.

Este proceso se ha incentivado con el enlentecimiento de la tasa de crecimiento de la educación superior privada, el cambio en las demandas laborales y el aumento de la regulación. Se podría sostener que el incremento de la concentración está asociado a la reducción de la tasa de crecimiento de la demanda. Esta declinación tiene diferencias en sus manifestaciones y dimensiones. En algunos casos, este cambio relativo del sector privado está asociado con un aumento del sector público que impuso una alteración del peso relativo de la cobertura privada en la matrícula total. Inclusive de mantenerse las tendencias podría acontecer en un momento futuro que se produjera un decrecimiento absoluto de la cobertura del sector privado como parte de este proceso de declinación. No es sin embargo una tendencia a nivel de América Latina, sino que la declinación de la educación privada –en las tres dimensiones que referimos, tales como cobertura absoluta, tasa de crecimiento y tasa de crecimiento relativa respecto al sector público- parece ser una tendencia mundial en el marco de una realidad aún en investigación comparativa y como parte de un proceso no uniforme ni de obligatorio curso.[13] Las conclusiones de esta investigación podrían ser hipótesis para comprender esos cambios globales.

4. Los crecientes niveles de calidad en la educación privada

En el nuevo contexto se verifica en general que el nivel de calidad de algunas instituciones de educación superior privadas ha ido aumentando, y que ello ha sido muy sensible en las instituciones que han elevado sus escalas, que son parte del proceso de concentración o que son parte de grupos internacionales de gestión. Sin embargo, la diferenciación de los niveles de calidad es una realidad estructural de la educación superior privada.[14] En el nuevo contexto, asume características distintas con un mayor peso de la oferta privada de calidad, que no se corresponde exclusivamente con las tradicionales instituciones de elite tanto católicas como laicas que caracterizaron a las primeras dos oleadas de la educación superior, y que se visualizaban como las instituciones privadas de elites y calidad. Irrumpen nuevas instituciones de calidad que tienden a ser de altas escalas en sus respectivos mercados, a estar extendidas regionalmente, actúan con mayor concentración o están muy internacionalizadas en términos de propiedad o modelo educativo. Ello se ha expresado en una mayor presencia de las universidades privadas en los rankings internacionales, en los que, más allá de la baja presencia de universidades de la región, cambia una realidad según la cual anteriormente solo había presencia de universidades públicas. En el ranking de 2006 publicado por el Times Higher Education Supplement (THES) hay 21 universidades de América Latina entre las 500 más reconocidas a nivel internacional, de las cuales ocho son públicas y 13 son privadas.[15] Entre las primeras 100 universidades de América Latina, en términos de producción académica por el Ranking Iberoamericano SIR 2011, el 12% son instituciones privadas. Entre las 100 siguientes, el 19% son privadas, y entre las universidades ubicadas entre las 200 y las 300 dentro del ranking, el 37% son privadas. Entre las primeras 12 privadas de las 100, cinco proceden de Chile, tres de Brasil, una de México, dos de Colombia, una de Perú. Entre las 19 siguientes (localizadas entre las 100 y las 200 primeras), dos son de Chile, diez de Brasil, dos de México, dos de Colombia, una de Perú, una de Ecuador y una de Argentina. Así, entre las 31 primeras universidades: siete son de Chile, 13 de Brasil, tres de México, cuatro de Colombia, dos de Perú y una de Ecuador y una de Argentina.[16] Tomando otro ranking, como el Webometrics Ranking of World’s Universities, que mide el acceso electrónico a las publicaciones científicas y otros materiales académicos, sobre las 50 instituciones con mayor presencia regional, nos encontramos con que el 22% dentro del total de universidades de América Latina corresponde a universidades privadas.[17] Tomando indicadores de las instituciones acreditadas, también se constata la presencia de instituciones privadas. Por ejemplo, en Centroamérica la agencia de acreditación regional de las ingenierías (ACCAI) a la fecha ha acreditado diez programas en la subregión correspondiente a cuatro universidades, de las cuales tres son privadas (Don Bosco, de El Salvador; y del Istmo y del Valle, de Guatemala), que corresponden a siete de los programas acreditados. En Colombia por su parte, de las 18 universidades con acreditación institucional de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación, 11 son privadas. En Ecuador, la primera universidad acreditada fue privada, y la evaluación del sistema universitario realizada por CONEA, derivada del Mandato Constitucional Nº 14 aprobado en la Constitución de 2008 y que impuso una evaluación y clasificación de todo el sistema, otorgó a 11 universidades la categoría A de alta calidad, cuatro de ellas son privadas, y todas tienen un régimen de cofinanciación, o sea que reciben fondos públicos.[18]

El aumento de la calidad tiene varios determinantes económicos, dados por el segmento social del mercado de la institución, sus curvas de experiencias, la inversión en infraestructura y el volumen de la matrícula. Más allá de la escala como base de la rentabilidad hay una estrecha dependencia con la elasticidad del precio de sus ofertas académicas. Tal capacidad de elevar precios está dependiendo del nivel de competencia en esos mercados educativos así como de la imagen, en tanto la institución ofrece en tiempo presente un servicio intangible de cobrabilidad futuro como es el capital humano. En algunos países de la región se han aprobado mecanismos de aportes financieros públicos orientados a la calidad que contribuyen a una diversificación de los ingresos de la matrícula, que refuerzan una relación de ingresos a calidad y posicionamiento. La creciente presencia de universidades internacionales que tienen estándares elevados se inserta en esta tendencia a un aumento de la calidad de la educación privada, en tanto se posicionan en ofertas de calidad docentes. Sin embargo, tal vez la variable más determinante del mejoramiento de la calidad, más allá de las escalas y del tamaño de las instituciones, han sido los sistemas de aseguramiento de la calidad, entre los cuales se encuentran los estándares mínimos de calidad y obligatoriedad de acreditación. También es de destacar en el ámbito privado una mayor lógica de mercado focalizada en ofertas para sectores modernos, que les ha facilitado y obligado a una mayor articulación con esas demandas laborales y de las empresas, obligando a las universidades a responder con pertinencias de calidad y enfoques por competencias en su estructura curricular.

La discusión respecto a la calidad de la educación superior se plantea en relación con sus estándares o criterios de medición. Los rankings con indicadores más focalizados en lo académico muestran una mayor incidencia de las universidades públicas, al tiempo que aquellos que valorizan más destacadamente el mercado tienen una mayor incidencia relativa de las instituciones privadas. Ello plantea una de las diferencias entre la educación pública y la privada, dadas por distintas lógicas de calidad, unas más asociadas a conocimientos académicos, proceso de enseñanza e investigación, versus otra lógica más asociada a las competencias profesionales, aprendizajes y empleabilidad. En este sentido parece haber una diferenciación notoria de concepciones y criterios sobre la calidad y la gestión institucional. En la región pocos países tienen sistemas de incentivos al sector privado, pero donde se manifiestan, además de ser muy pequeños relativamente, como en Ecuador y Chile, se advierte que la dualidad de cofinanciamiento y gestión privada promueve el desarrollo de instituciones con mejores niveles de calidad. Más allá de estos casos, la dinámica financiera del sector privado depende casi exclusivamente del mercado, lo cual las impulsa a un perfil de egreso más focalizado en competencias profesionales. Sin dejar de lado esto, el indicador de calidad está dado por instituciones públicas, por lo que finalmente esa política de control de calidad se ha conformado como un instrumento que ha facilitado la concentración institucional para alcanzar escalas que cubran esos indicadores.

Los indicadores de los procesos de acreditación nacionales son también consistentes de la conformación de un sector privado, de masas y de calidad, que convive con instituciones de mediana y baja calidad, como derivación también de una mayor capacidad de responder a las diversas demandas dado su carácter mercantil. Algunas instituciones de alta calidad han nacido promovidas directamente por grupos empresariales y han mantenido una estrecha relación con los mercados laborales y los cambios de las demandas profesionales.[19] Sin embargo, este incremento de la calidad no es simplemente, en contextos mercantiles, una variable educativa, sino que es una variable económica, en tanto ello implica un costo adicional.

Desde el inicio de los 2000 en varios países de la región se comenzó a constatar la existencia de una tendencia a la sobreoferta de instituciones de educación superior. Entre el año 1994 y 2005, las instituciones de educación superior pasaron de 5.000 a 10.000, en tanto que la matrícula pasó de 7,5 millones de estudiantes a 15 millones, que significó un crecimiento del sector privado de 2,9 millones a 7,2 millones, o sea un crecimiento de 2,5 veces.[20] En términos generales se mantuvo la relación matrícula e instituciones, y aumentó la relación de matrícula por institución privada, pero muchas de las instituciones no pudieron acompasar las demandas de calidad que planteaba el mercado y comenzaban a exigir empresas y estudiantes. El cambio fue un crecimiento muy superior de algunas instituciones frente a otras, más allá del crecimiento institucional general. Este proceso facilitó el aumento general de la cobertura privada pero también una diferenciación de calidad-precios en toda la región, en un contexto donde el incremento de la competencia entre las instituciones se expresó en un aumento de las ofertas, en una mayor articulación a la demanda, pero también en el inicio de procesos de concentración. La sobreoferta de instituciones y programas de los 90 fue también resultado de las propias características de los desequilibrios estructurales de los mercados de oferta y de demandas profesionales, que mostraban alta rentabilidad de la educación superior, dada la tendencia adicional al aumento continuo de la matrícula y de profesionales en los mercados laborales. La mayor oferta dio lugar a un crecimiento también de la oferta de profesionales y el inicio de ciertos excesos de oferta en algunos mercados laborales profesionales relativamente saturados. Ello no ha reducido el aumento de estudiantes, aun cuando es probable que esté afectando la tasa de graduación por el aumento de la deserción.

Trow muestra además como la sobreeducación es la forma de competir por puestos previamente ocupados, y un mecanismo para acotar los aumentos salariales al construir un nivel de oferta en el mercado laboral que contribuya a limitar desequilibrios que presionen para que los costos salariales profesionales marginales no superen la productividad marginal. La demanda por calidad, mayor pertinencia y competencias especializadas es así una tendencia marcada en los mercados laborales competitivos y que está consolidándose en la región. Al mismo tiempo, este aumento de demandas por mayor calidad contribuye a elevar los costos educativos. Estos tienen diversos motivos de impulso, entre los cuales se halla el propio carácter presencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, base del análisis de Baumol, que analizó el permanente desfase entre la productividad de estas actividades y los sectores modernos. Esta realidad fue una de las causas que impulsó que haya sido el sector privado el que más ha incursionado en la oferta de educación a distancia en la región y que sea mayoritario en esta modalidad.[21] Se constata, sin embargo, también en este sector una tendencia a la declinación del peso del ámbito privado, asociada a una expansión pública dados sus bajos costos relativos de oferta respecto a la educación presencial.

También el incremento de los conocimientos produce una depreciación acelerada del capital humano, que impone tanto un aumento de los tiempos de aprendizaje como una actualización continua y por ende un incremento de los costos generales de la formación. Finalmente, la demanda en contextos mercantiles competitivos de estándares gubernamentales más exigentes obliga a las instituciones a competir a través del aumento de los niveles de la calidad de la enseñanza que se alcanza con un aumento de los costos por mejores infraestructuras, aumentos de los tiempos de dedicación, aumento de los años de estudio de los docentes, clases menos numerosas, aumento de laboratorios, etc., que obligan a niveles de matrícula mayores para cubrir esas realidades, impulsando un proceso de concentración mientras que la demanda tiende a mayores sacrificios de pago en tanto se perfilan mejores niveles salariales futuros en estas instituciones.

El aumento de la calidad no puede ser cubierto por medio de aumentos de la productividad a partir del incremento de la población atendida por aula. Dada la asociación entre la elevación de la calidad y de los costos, ello presiona hacia la búsqueda de una mayor eficiencia en las instituciones. Aunque la respuesta en muchos casos –universidades de Colombia por ejemplo- ha sido el aumento de los precios de las matrículas y por ende una relativa elitización de la demanda, que al tiempo permitía mayores inversiones en docencia, gestión e infraestructura, tal estrategia está limitada por el entorno competitivo. La ausencia de situaciones de monopolios en los mercados educativos y la propia sobreoferta de instituciones ha restringido la capacidad de transferir mecánicamente las demandas de un incremento de calidad a los precios de las matrículas. Tales aumentos tienen que estar asociados a otros significativos previos de la calidad que predispongan a las familias a disponer pagos superiores. Esta dinámica pone la competencia entre las instituciones en el valor de las certificaciones, la marca y su posicionamiento, lo cual está articulado a gastos publicitarios. La competencia económica se desarrolla así alrededor de las acreditaciones. Sin embargo, más allá de la estrategia de precios-calidad hacia arriba, el aumento de los costos en contextos competitivos deriva en una tendencia hacia la obtención de mayores escalas, la informatización de la gestión para reducir costos administrativos y nuevas ofertas académicas continuamente. La concentración de la matrícula es su expresión en contextos de mercados libres para reducir la presión de los costos y la demanda de calidad.

Las opciones incluyen también estrategias de diferenciación de productos y desarrollo de ofertas educativas únicas, y por ende en régimen de monopolio, lo cual es muy dificultoso en las lógicas presenciales y competitivas educativas con bajas limitaciones de acceso a las instituciones ya autorizadas. Esto facilita la búsqueda de calidad y mercado vía especialización. Igualmente, se abren estrategias orientadas al aumento de las escalas e incremento de la cobertura, y la racionalización de los procesos de enseñanza atendiendo a una acentuación de las eficiencias de costos administrativos a través de muchas sedes. Tal eje se constituye en el motor dominante para la creación de sedes y subsedes y la estructuración como grupos empresariales de las universidades.

5. La concentración como nuevo mecanismo competitivo de la educación superior privada

La concentración de la matrícula y de los mercados de educación superior se conforma como uno de los nuevos ejes de la competencia interuniversitaria y marca una nueva etapa de la educación superior. El mercado de certificaciones que demanda calidad, y el carácter de la educación como una inversión que permita mayores salarios, cambian las dinámicas de funcionamiento e impulsan la concentración de la educación superior. Ello es facilitado por las restricciones al ingreso de nuevos proveedores locales y el aumento de las regulaciones a través de estándares mínimos, pero que se van elevando con el funcionamiento de las instituciones.

El inicio de la concentración fue a través de la regionalización diferenciada de las instituciones de educación superior privadas. Este fue el mecanismo de construcción de grupos universitarios, facilitando el aumento de su cobertura, lo cual contribuyó a la complejización de las instituciones y el aumento de sus escalas. La regionalización marcó una diferenciación institucional entre aquellas instituciones que pudieron regionalizarse y las que no pudieron, y sentó un paso significativo en la constitución futura de mayores dimensiones empresariales de las universidades. Los casos de Perú, Brasil, Chile y Bolivia son significativos para indicar los crecimientos de grupos nacionales. También hay casos importantes en México (TEC, Anahuac, Universidad de México), Colombia (Javeriana, San Buenaventura, Uniminuto), Venezuela (IUTIRLA) y República Dominicana (UTESA). Las universidades a distancia como UTPL en Ecuador, ULADECH en Perú, UNISUL y Universidade de Paraná en Brasil han sido también expresiones de este proceso.

En todos los mercados universitarios a escala nacional los datos permiten mostrar cómo cada vez un número más reducido de instituciones concentra una proporción más grande de la matrícula del sector privado y del total. Tal situación es particularmente significativa en los países en los cuales la dinámica de la oferta institucional se apoya en sociedades anónimas como en México, Brasil, Perú, Honduras y Costa Rica. También se produce bajo otras formas jurídicas como en Chile, Paraguay y Argentina. Además tal proceso se ha dado en el sector terciario no universitario como en Venezuela

En el nuevo contexto, el crecimiento y la conformación de grupos universitarios se ha comenzado a producir a través de fusiones y adquisiciones, locales o extranjeras, tanto bajo dinámicas de sociedades anónimas como de asociaciones y fundaciones. La introducción de la figura de sociedades anónimas y del fin de lucro ha coincidido con el ingreso de instituciones extranjeras que lo han hecho fundamentalmente a través de adquisiciones a instituciones locales, preferentemente en países donde se dio lugar a dicha figura, como Brasil, Perú, Costa Rica, Honduras y México. En una primera fase la regionalización privada asumió la forma de creación de subsedes para posteriormente expandirse a través de otros formatos más gerenciales, como franquicias, compras o fusiones. La concentración se viabiliza solo con escalas suficientes que permitan mantener los requisitos de las exigencias del aseguramiento de la calidad. La ausencia de marcos legales que permitan las fusiones o adquisiciones, y el aumento de los costos en mercados competitivos por la presión de la regulación, derivan en la continua declinación de algunas instituciones y finalmente su cierre, en un círculo vicioso de decrecimiento donde la gente optará por otras oportunidades educativas de calidad.[22] Tal situación se constituye como una efectiva quema de capital institucional, al no poder utilizarse productivamente y transferirse a otro contexto esas instituciones, sus infraestructura o sus estudiantes, mediante las compras institucionales y la transferencia de los programas autorizados y de sus estudiantes hacia otras instituciones, para que puedan continuar con sus recorridos de aprendizaje.

La dinámica de la educación superior se ha diferenciado con la conformación de grandes universidades privadas ampliamente consolidadas y que tienden a competir bajo modelos más complejos que incluyen postgrados, alta diferenciación de ofertas, profesores de tiempo completo, equipos de investigación, dinámicas internacionalizadas (participación en redes de proyectos, sobre todo Alfa y movilidad estudiantil y docente). Tales realidades están asociadas al incremento de la competencia en los distintos mercados universitarios, lo cual promueve el cambio en la lógica del negocio y en la gestión universitaria en el sector privado. Ha terminado la fase en la cual las universidades meramente cubrían las demandas como la sola presentación de sus ofertas, para pasar a un escenario cada vez más competitivo que obliga a las instituciones al desarrollo de una diversidad de productos y el creciente uso de instrumentos de marketing y de planificación estratégica.

La eficiencia en la gestión y el desarrollo de capacidades competitivas se transforma en el eje del funcionamiento de los sistemas universitarios. Entre esas acciones podemos destacar estrategias competitivas articuladas a niveles más eficientes de relación calidad-precios, modalidades y pedagogías más diversas y bajo un enfoque por competencias, el carácter más diversificado del financiamiento, pertinencia más global de los currículos, internacionalización académica y mayor valor de las certificaciones. En la educación superior, las modalidades de la competencia han aumentado al igual que en los restantes sectores productivos, son las instituciones más consolidadas las únicas que están en capacidad de desarrollar una mayor variedad de instrumentos de gestión competitiva. Ellas se plantean la valorización de la marca asociada al reconocimiento de las certificaciones, que en general se produce asociada a los niveles de productividad de los egresados, niveles de escala que permiten niveles de calidad e inversiones superiores, nichos de especialización en determinados campos disciplinarios que puedan transformarse en monopolios de oferta, niveles de internacionalización que pueden permitir movilidad de estudiantes y mayor reconocimiento de las certificaciones. Igualmente hay estrategias por niveles de calidad y eficiencia de la ecuación costos, calidad y cobertura y su relación con el precio, así como por métodos pedagógicos asociados a la virtualización o a su carácter presencial.

La búsqueda de nuevos equilibrios de calidad, cobertura y costos impone diversidad de estrategias competitivas que impulsan una diferenciación más acentuada, pero donde tales objetivos requieren la concentración y una mayor participación de mercado ante la alta competencia.

Cuadro Nº 27. Nueva diferenciación institucional competitiva
Modalidad competitiva
Formas de gestión competitiva

1

Por costos Eficiencia de globalización

2

Por calidad Sistemas de evaluación

3

Por métodos Virtual, híbridos, cátedras, modelo de casos, experimentación, simulación

4

Por continuidad Presencia estable en mercado local, valor marca

5

Por monopolio Valor marca, escalas que permiten ofertas únicas, especialización de nichos de mercados

6

Por inversión Equipamiento físico, publicidad, acceso a fuentes financieras

7

Por alianzas Garantizar y estabilizar las distintas demandas y generar escalas superiores al acceder a servicios o a procesos de tercerización

Respecto del sector privado, si bien tiene modalidades y estructuras diferenciadas, el peso de su gestión recae siempre en la dirección superior. Tradicionalmente era particularizada y carecía de reglamentos de carrera académica, pocos sistemas de ascenso en las estructuras y contrataciones de tipo de cooptación sin estabilidad, con remuneraciones por horas de clase variables y con profesores a tiempo parcial, con lo cual no se producían verdaderas adscripciones de los docentes a las instituciones. Estas en general tienen un mayor peso de personal estable de administrativos y obreros que ejecutan las instrucciones de la dirección por encima inclusive de las estructuras académicas. La estructura vertebral de gestión es de tipo jerárquica y a través de la cadena de mando de la estructura del personal administrativo se mantiene la dinámica de funcionamiento de las instituciones. El personal académico estable cumple tareas administrativas e instrumenta decisiones de la alta dirección, inclusive en los aspectos académicos y en casos donde la norma no establece requisitos especiales académicos, se conforman como si fueran jefes de productos en empresas de servicios tradicionales.

Ello se producía aunque muchas de sus formas de gestión sin embargo están dadas por las normas generales de regulación e imposiciones públicas. Por ejemplo en Venezuela, los mecanismos de organización interna deben asimilarse a las estructuras de gestión tradicionales de las universidades públicas. Inclusive el marco normativo de la educación en la región ha acotado la diferenciación institucional en varios aspectos, como por ejemplo, al establecer que las instituciones privadas deben ser sin fines de lucro, tener claustro, representación estudiantil, sus autoridades determinados niveles académicos y la necesidad de su renovación periódica.

En este sentido, la gestión del sector privado no está siempre asociada al derecho privado, sino a las características del modelo público universitario y a una lógica de la gestión privada, muchas veces marcadas por una gestión familiar o de grupos religiosos que imponen una gestión altamente particularista con baja eficiencia y lógica profesional de gestión de mercado. En general el sector privado ha separado las instancias de poder y administrativas de las instancias académicas. Los rectores o consejos de administración manejan la gestión administrativa y económica, en tanto que los decanos y directores de carreras se reducen a espacios acotados de gestión autónoma y a la instrumentación de orientaciones académicas dispuestas en instancias superiores, que en la mayoría de los casos carecen de formación y competencias en la materia. La frontera entre lo académico y lo administrativo era siempre imprecisa en el modelo latinoamericano de educación superior privada.

Este modelo restringe la innovación, limita estándares académicos, pero al tiempo da más eficiencia a la gestión, facilita la posibilidad de niveles profesionales superiores y permite una mayor especialización en la gestión académica y administrativa por separado. Esta separación entre la gestión y la academia es la base del modelo de las universidades americanas, en las cuales el board o Consejo de Administración tiene el manejo de la gestión institucional y la dirección ejecutiva de los aspectos administrativos que se expresan en la figura del presidente, en tanto que el rector y su equipo académico se abocan a los temas académicos. Tal modelo ha demostrado ampliamente su eficiencia y eficacia en la gestión universitaria, y se basa en una especialización de funciones claramente delimitada y regulada, con un sistema de contrapesos y tensiones para el logro de objetivos comunes. Sin embargo, en la región lo dominante en las instituciones privadas ha sido que la dirección administrativa ha estado por encima de la dirección académica. Los fundadores y propietarios dirigen los ámbitos académicos. Ello es diferente del modelo privado religioso donde hay un ámbito superior que dirime esas tensiones y diferencias. Igualmente, en el modelo de gestión americana el board está por arriba de los espacios de gestión y de los espacios académicos que codirigen en una negociación continua. El modelo de gestión, donde lo administrativo está por arriba de lo académico, tiende a tener más problemas de calidad. Las tendencias a la concentración están facilitando un modelo de gestión más profesional, donde la administración cotidiana se torna más profesional y separada de los centros de propiedad, los cuales se localizan en ámbitos superiores de consejo.

La eficiencia no es sin embargo una variable abstracta sino que ella siempre es comparativa frente al funcionamiento de los otros actores o competidores. Fundamentalmente en un inicio era respecto al sector público que siempre ha mostrado más estabilidad pero menos eficiencia.[23] En abstracto el modelo de gestión privado, cuando separa la dinámica académica de la dinámica de la gestión, permite mayor eficiencia por la vía de especialización y el contrapeso sobre líneas claramente delimitadas. Tal realidad tiene también sus riesgos, como en algunos modelos de gestión meramente empresariales donde los directores de las carreras y programas académicos son concebidos como gerentes de producto de una línea industrial, donde la apropiación de fondos es superior a la mayor productividad y eficiencia por el modelo de la gestión, o donde la gestión académica está supeditada a los ámbitos administrativos y de los propietarios. La presión de la calidad por su complejidad e implicancias, las regulaciones en esta materia y la competencia fundada en calidad, van dando a los ámbitos académicos mayores responsabilidades y presionando formas de gestión más familiares y más profesionales.

El carácter mercantil de la educación superior privada se constituye en un elemento que contribuye a su mayor flexibilidad, gestión más eficiente y mayor acercamiento al mercado. Al mismo tiempo un exceso de mercado deriva en ineficiencias académicas. El modelo del financiamiento universitario tradicional latinoamericano se basaba en una lógica sin fines de lucro soportada en asociaciones civiles o fundaciones, y al tiempo la ausencia de impuestos sobre la renta, que limitaba la eficiencia de la gestión.[24] Este modelo de gestión tradicional de la educación superior privada muestra fuertes limitaciones en la gestión contemporánea en los nuevos entornos competitivos, fundamentalmente en términos de capacidad de inversión, capacidad de flexibilidad internacional, acceso a fuentes financieras y mecanismos de contratación. En tal sentido, en los últimos años se ha constatado que la mayor expansión de la educación superior privada ha estado claramente asociada al carácter mercantil de la oferta y a su funcionamiento a través de sociedades anónimas, lo cual muestra una mayor eficiencia de estas figuras jurídicas para gestionar a las instituciones. El modelo de organización institucional con base en asociaciones o fundaciones, que es la característica tradicional en la región, tiene limitaciones a la gestión más profesional, como en la obtención de créditos bancarios o inversiones de riesgo, y está incapacitado para la realización de inversiones significativas por parte de los promotores de las instituciones, ya que no pueden recuperar esos aportes. Ello acota su crecimiento en muchos casos a los fondos generados en la gestión para su expansión, lo cual determina una baja lógica empresarial y también de calidad, en tanto la inversión debería preceder a la producción.

6. Diferenciación del sector privado y dinámicas de los distintos mercados universitarios

Los cambios en el conocimiento y sus impactos económicos impulsan permanentemente distintos mercados universitarios. Ello es además incentivado por la demanda creciente de mayores competencias profesionales que confronta con las normales restricciones financieras de la educación gratuita, y facilita la conformación de mercados diferenciados para la prestación de esos servicios. En este contexto, la educación superior está construyendo rápidamente nuevas dimensiones educativas que se conforman como mercados de oferta y demanda diferenciados. Entre ellos podemos destacar un mercado de demanda de estudios (mercado universitario), un mercado de demanda de profesionales (mercado laboral) y un mercado de oferta (diferenciación de instituciones) y valor de sus certificaciones.

En la región el mercado dominante ha sido el del grado profesional. La alta competencia por la sobreoferta institucional, la lógica de la gratuidad pública y el aumento de las regulaciones y la relativa saturación de las demandas para los sectores de ingresos medios y altos, están haciendo que este mercado tenga un bajo crecimiento. Ello tiende a promover una diferenciación horizontal (temas) y vertical (niveles), espacial (modalidades) y de calidades, que de hecho implica el ingreso y el crecimiento en otros mercados no tradicionales de la educación terciaria.

En América Latina el título académico históricamente ha dado acceso automático al ejercicio profesional, pero sobre la base de las determinaciones y pertinencias establecidas en general por las instituciones universitarias. Las universidades tradicionalmente han ejercido tanto el monopolio de la formación académica profesional como el de la habilitación del ejercicio profesional, donde la graduación implicaba el fin de una etapa académica y el ingreso al mercado laboral. La colación funcionaba como bisagra de dos mercados diferenciados: el educativo y el laboral. Ello era cónsono con un modelo de funcionamiento basado en la existencia de mecanismos al interior de las universidades de aseguramiento de la calidad, de mercados laborales poco dinámicos y un carácter de elite de la formación universitaria expresado en baja cantidad de egresados y perfil curricular bajo un enfoque por conocimientos. Al tiempo, los campos profesionales eran a nivel del grado con una reducida renovación y diferenciación disciplinaria y una pequeña cantidad de universidades, donde inclusive se presentaban situaciones de monopolios en varios países de la región.

En las últimas décadas estas realidades cambiaron radicalmente, y el mercado laboral se ha tornado altamente dinámico. Además la articulación entre ambos mercados -educación y trabajo- está cambiando significativamente. La diferenciación institucional, la diversificación de las áreas del conocimiento, la expansión de la cobertura y la rápida renovación y obsolescencia de las competencias profesionales están planteando cambios en el proceso educativo, creando nuevas articulaciones con el mercado laboral, y la gestación del mercado de postgrado, de educación continua, de educación virtual y de educación internacional. Ellos impulsan una mayor articulación entre ambos mercados y dinámicas, donde el sector privado muestra mayor adaptación. Adicionalmente las formas de acercar la educación al trabajo y viceversa han sido la sobreeducación, el currículo por competencias, la acreditación y la recertificación de competencias.[25] Sin embargo, más allá de los nuevos mercados lo más significativo es el acercamiento entre el conocimiento, la educación y el trabajo, lo cual promueve la constitución de una educación continua o a distancia para facilitar la educación permanente que demanda el mercado como componente necesario de valorización del ejercicio profesional.

En el nuevo contexto, los mercados educativos muestran fuertes imperfecciones y desequilibrios. La dinámica de la presencia pública en la prestación del servicio en condiciones de gratuidad, los distintos niveles de regulación, la ausencia de información para la toma de decisiones, el desfase en el tiempo de la formación y el trabajo, la determinación de muchas ofertas no orientadas al lucro y la incertidumbre respecto a las formas de expansión de las tecnologías y el conocimiento, se constituyen en algunos de los componentes que complejizan los distintos mercados universitarios. Las variables que hacen imperfectos los mercados educativos son muy amplias, entre las cuales se encuentran la carencia de información de los niveles de calidad futuros de los estudios, el desconocimiento de los costos futuros de oportunidades o de la oferta futura en los mercados profesionales, así como de los niveles de regulaciones o de restricciones en los mercados laborales futuros.

Es de destacar además que en tanto los mercados laborales actúan en tiempo presente, los mercados educativos actúan en tiempos futuros. Ambos mercados hoy además se mueven a velocidades aceleradas por la expansión del conocimiento que tiende a construir más fuertes, frecuentes y complejos desequilibrios entre oferta y demanda de formaciones, y los cambios y reingenierías productivas por la globalización, la apertura y las nuevas tecnologías. Tal situación limita la propia consistencia de la teoría del capital humano ya que esta presupone acceso amplio a información sobre la rentabilidad esperada de las distintas profesiones. Adicionalmente, en tanto la demanda de estudios no está exclusivamente determinada por la tasa de retorno de la inversión, se aumenta el desequilibrio entre la demanda de estudios y la demanda de profesionales. Tal situación no es meramente una imperfección del mercado solucionable con la existencia de información para reducir la incertidumbre, sino que el desfase entre dichos mercados es tanto temporal como estructural por la expansión del conocimiento y los cambios laborales.

La nueva diferenciación institucional con la irrupción de un nuevo sector privado concentrado, junto a un sector virtual e internacional, amplía la tipología universitaria y agrega nuevos elementos en relación con ofertas académicas articuladas más eficientemente a los mercados laborales cada vez más dinámicos, competitivos y globalizados. Estas ofertas aportan un enfoque centrado en competencias más globales, entre las cuales se pueden mencionar las idiomáticas, las internacionales, las interculturales o las informáticas.[26] Esta nueva realidad facilita la mayor articulación en el tiempo entre el trabajo y la educación, más allá de su estructural desequilibrio en tanto oferta y demanda.

7. Las nuevas tendencias de la educación superior privada

Es difícil desarrollar un escenario prospectivo de la educación superior por la alta cantidad de variables en juego de la política en América Latina así como por la dinámica económica. Un esquema muy general de perspectivas a partir de variables de crecimiento y variables inhibidoras del crecimiento, realizado para Argentina, prevé la coexistencia de dichos escenarios y visualiza que la privatización continuará acentuándose.[27] Otros escenarios se refieren a la declinación de la educación superior privada como espacio institucional.[28]

Vista en sus dos modalidades, pareciera que la expansión de la educación privada, tanto a través de la modalidad de existencia de instituciones privadas como de mecanismos de pago directo de los hogares a la educación pública, es una tendencia general, más allá de las diferentes intensidades, las cuales a su vez muestran dos formas distintas de resolver el problema de la elevación de los costos, de la necesidad de aumentar la eficiencia de la gestión y de la libertad de las decisiones. Las dos modalidades en la región, gratuidad en la oferta pública y pago en la oferta privada, que son las modalidades que caracterizan a la educación superior en la región, es altamente probable que se continúen manifestando como resultado de la presión de las determinantes del mercado y políticas, con sus particularidades en las distintas regiones. La mercantilización es parte de un proceso más amplio y complejo relacionado con la sociedad del conocimiento y con la importancia de la aplicación de los saberes en los procesos económicos. Esta mercantilización en curso facilitará el proceso de diferenciación, especialización, concentración e internacionalización de la educación superior, en tanto que el sector privado tiende a localizarse en nichos de mercado en los cuales logra ventajas competitivas y se basa en una mayor flexibilidad para ajustarse a las cambiantes condiciones de las demandas de las personas y las empresas. En la región el modelo público basado en la gratuidad continuará y se expandirá amparado en las dinámicas políticas, el crecimiento generalizado de los recursos económicos y los marcos legales que lo preservan. Ello restringirá los modelos de absorción de demanda que basaron la expansión privada desde los 80. Por su parte las mayores exigencias de calidad y las restricciones a la apertura de nuevas instituciones privadas facilitarán una mayor concentración y elitización de las instituciones privadas. La propia diferenciación y expansión institucional privada tenderá a limitarse y reducirse por desaparición, fusión o venta de instituciones junto al traslado de la demanda de sectores de menos ingresos económicos familiares hacia el ámbito público.

Las características del sector privado son diferenciadas a las del sector público en tanto este tiende a una mayor cantidad de alumnos por docentes, ausencia de niveles de investigación significativos, menor cantidad de docentes a tiempo completo, carreras con menos complejidad técnica o menores mercados, mayores niveles de automatización de la gestión, cuerpos administrativos a cargo de la gestión, modalidades de remuneraciones por hora docente, más uso de tecnologías de gestión, lo cual tiende a mayores niveles de eficiencia. Estas prácticas de gestión sin embargo se están introduciendo en las instituciones públicas, facilitando una relativa tendencia a reducir las diferencias entre ambos sectores.

Si bien el escenario se caracteriza por la existencia de dos modelos de gestión universitarios, se está produciendo la lenta introducción de los instrumentos gerenciales, que caracterizan a las universidades privadas, en la dinámica de gestión de las públicas. Tal situación en algunos casos es parte de procesos más amplios de mercantilización focalizados en los postgrados, la educación continua, la consultoría e inclusive en algunos casos la matrícula de grado.[29] En este sentido, el nuevo escenario de la educación superior muestra instituciones tanto públicas como privadas con modalidades de administración crecientemente similares pero en general manteniendo la gratuidad pública al tiempo que aumenta la regulación pública. Esta lógica de más mercado y más Estado constituye una tendencia en todas las sociedades.[30]

En lo educativo el rol del Estado se focaliza en el aseguramiento de la calidad, que fija los parámetros de la competencia no en función de precios, sino de calidad sobre la base de estándares mínimos impuestos de forma sistémica. Las agencias de calidad han promovido un cambio en las modalidades de la competencia entre las universidades privadas, e inclusive públicas, en tanto el mercado autónomamente no promueve estándares genéricos de calidad, sino que muestra la necesidad de regulaciones. Las concepciones de la década del 90 que presuponían que el mercado automáticamente sancionaría negativamente los programas de baja calidad se ha verificado que no fueron acertadas ni consistentes, y que es a través de la política pública, y no con una competencia sin regulación, como se garantizan mínimos niveles de calidad de la prestación de los servicios educativos. Sin sistemas de incentivos por objetivos, la regulación se torna aun más necesaria. Aunque los incentivos están aumentando en la región, más para el sector público que para el privado, el riesgo sin embargo es que las regulaciones reduzcan la necesaria heterogeneidad de las instituciones, su flexibilidad de gestión y por ende su capacidad de aprovechar las oportunidades de mercado de formación. Es en la libertad de funcionamiento donde descansa mayoritariamente la capacidad de las instituciones privadas de innovar, y por ende la calidad. Es un frágil equilibrio, ya que también, inversamente, sin regulaciones y estandarizaciones mínimas, se tiende a que algunas instituciones oferten malos servicios. Esto plantea el difícil equilibrio regulador entre la diversidad y el control, entre el bien público y la diversidad, entre la fiscalización y la innovación.

El mundo universitario en los albores del siglo XXI es otro totalmente nuevo y distinto, con diferentes actores y problemas, que aquel que recorrió la educación superior en la mayor parte del siglo XX; se agrega una nueva fisonomía, generada por lógicas y capitales locales e internacionales más complejos, que ha sentado las bases de una nueva fase de la educación superior privada, más regulada, más internacionalizada, de instituciones más grandes, más concentrada, más mercantil, y que por las exigencias de calidad tiende a cubrir las demandas de sectores de ingresos económicos altos y medios con mayores estándares de calidad. La lógica mercantil se ha expandido, y se han agregado dinámicas basadas en el lucro en sociedades anónimas con gestión más profesional. En algunos países ya existía pero se ha expandido la prestación educativa bajo estas modalidades. En otros países como Brasil, Costa Rica o Perú, se han aprobado marcos normativos que lo han impulsado, o como en Colombia que es actualmente en 2011 el eje de la reforma propuesta por el gobierno de Santos.

Este ha sido a su vez el eje de las tensiones políticas, sobre todo al interior del mundo académico a escala mundial y especialmente en la región, por el bajo nivel de cobro de la matrícula y una alta incidencia de modelos de gratuidad como son los casos a nivel del grado en Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú. En la CMES (Conferencia Mundial de Educación Superior), realizada en París por la UNESCO en 2009, en el comunicado final “Las nuevas dinámicas de la educación superior y de la investigación para el cambio social y el desarrollo”, se expresaba la preocupación por una educación privada con fines de lucro frente a la educación como un bien público, más allá de que se reconocía que el financiamiento solo público tenía limitaciones en el largo plazo.[31]

8. La nueva fase de la educación superior privada en América Latina

8.1. La fase de expansión cuantitativa institucional y de ofertas

Desde mediados de los 80, con distinta intensidad, en América Latina se expandió la educación superior privada como derivación del establecimiento de barreras de acceso a la educación pública, una fuerte expansión de la demanda de educación de los hogares asociada a un cambio en el gasto, a una transformación en los mercados laborales que expandió los salarios de los profesionales y a una creciente diferenciación de la educación superior privada a partir de la expansión de estudios terciarios no universitarios, alta flexibilidad administrativa, significativa regionalización y diversificación de su oferta curricular. Podría ser visto inclusive como un momento adicional en el proceso de democratización de la educación superior en la región en tanto contribuyó a facilitar el aumento del acceso. Se la definió como la nueva oleada de la educación superior privada, focalizada en una lógica de absorción de demanda por parte de instituciones con dinámicas de mercado, y se constituyó como un nuevo momento en relación con la oleada anterior de educación privada caracterizada por una educación privada de elites, tanto de origen religioso como laica. Esa nueva oleada fue el escenario que marcó la dinámica de la educación superior de toda América Latina con mayor o menor intensidad, y que en todos los países facilitó un crecimiento de la educación superior privada a tasas de hasta cuatro veces superiores que las de la educación pública en los 90. Tal lógica expansiva permitió alcanzar una situación hacia fines del siglo XX donde la educación privada alcanzó cerca del 45% de la cobertura terciaria.

Tal proceso fue parte de un ingreso de nuevas instituciones terciarias, las cuales entre 1995 y 2005 duplicaron su cantidad hasta casi alcanzar 10.000 instituciones en toda la región como derivación de un crecimiento de 1,3 instituciones por día, con un elevado impacto en términos de inversión, empleo docente, ampliación de la oferta académica, formación de capital humano de la población económicamente activa y modernización de las instituciones universitarias al promover mercados más competitivos. Constituyó esta la fase de efectiva conformación de sistemas de educación superior en la región, y del cambio definitivo del tradicional panorama educativo universitario, que anteriormente era monopólico público o binario de elite. Se calcula que entre 2005 y 2010 el proceso de expansión institucional continuó, pero a tasas inferiores por las múltiples regulaciones a la creación de nuevas instituciones establecidas.

En la primera parte de la expansión, desde los 80 a los 90, se construyeron sistemas universitarios duales (público-privado; universitarios-no universitarios), y el sector privado mostró problemas de calidad relativos, se focalizó en ofertas de grado, metodologías presenciales, ofertas de baja complejidad disciplinaria a través de instituciones locales promovidas por individuos y en general de tipo familiar, con bajas escalas y estructuradas como microuniversidades, orientadas a sectores de capas medias asociadas a demandas de acceso no absorbidas por las universidades públicas. El financiamiento fue exclusivamente de las matrículas, con ausencia de mecanismos selectivos de ingreso, pago a profesores de tiempo parcial muchas veces de las universidades públicas, dentro de un confuso e impreciso marco normativo en el cual convivían instituciones con y sin fines de lucro, así como de distintas misiones educativas. En general la expansión de dichas instituciones se produjo con una ausencia generalizada de significativos marcos de regulación de la educación en términos del funcionamiento institucional y del aseguramiento de la calidad de los servicios brindados.

Tal escenario se consolidó en el imaginario colectivo universitario regional a través de un discurso fuertemente crítico sobre el sector privado, peyorativamente definido como universidades patitos, de garaje o de mercaderes, frente a las tradicionales universidades privadas confesionales y públicas autónomas de calidad. Algunas de las manifestaciones más negativas de esta estructuración se han incentivado dada la sobreoferta de instituciones y el decrecimiento de la tasa de expansión de la población de 20 a 24 años, lo cual en ausencia de regulaciones, derivó en un mayor deterioro de la calidad de la educación terciaria, como por ejemplo se ha constatado en muchas instituciones en Perú, Bolivia, Panamá, Nicaragua, México, Brasil, Costa Rica o Paraguay.

8.2. La fase de expansión cualitativa, de concentración e internacionalización

Como hemos referido, nos encontramos frente a otro escenario universitario que está construyendo una nueva fisonomía de la educación superior privada, que permite sostener la existencia de una nueva etapa en su dinámica, más allá de las diferenciaciones nacionales y su propia intensidad en los sistemas universitarios locales. Irrumpe un nuevo mapa en el funcionamiento y en las características de la educación superior privada en la región, no solo marcado por determinantes locales, sino también derivado de tendencias regionales y globales. Entre los cambios podemos referir:

  • Desarrollo de fuertes regulaciones públicas sobre la educación privada en casi toda la región que ha derivado en una reducción de la tasa de creación de nuevas instituciones privadas de educación superior y de la oferta de programas, así como un encarecimiento en los costos educativos.
  • Altas escalas de cobertura y grandes infraestructuras físicas en términos de laboratorios, aulas y bibliotecas en muchas de sus universidades, que han facilitado alcanzar mayores niveles de calidad en la prestación del servicio.
  • Concentración de la matrícula en unas pocas universidades que alcanzan a cubrir las demandas continuas de los sistemas de aseguramiento, a través de escalas mayores, más docentes de tiempo completo y mayor diversidad de ofertas.
  • Creación de nuevos mecanismos de financiamiento como el crédito estudiantil (de carácter institucional en Colombia y Brasil, y en toda la región por parte de las universidades, con inclusive amplios sistemas, como en República Dominicana), acceso a fondos públicos en investigación (Brasil) y a los sistemas de incentivos a los investigadores tanto del sector público como privado en muchos países (Venezuela, México, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia), así como captación de fondos externos (Brasil, Perú), diferenciación del pago de las matrículas (Perú, Ecuador) y producción de diversos servicios derivados de una focalización también en otros mercados, no solo de grado
  • Internacionalización de las universidades a través del ingreso por la vía de la compra de instituciones de grandes inversores extranjeros del sector educativo. Los Grupos Laureate y Apolo ya cubren más de 800.000 estudiantes, que representan cerca del 4% de la matrícula regional de educación superior con más de 35 universidades en 13 países de la región. Además, la ESP está inserta en múltiples redes, alianzas y asociaciones universitarias internacionales.
  • Ampliación de los campos de acción de la educación privada en áreas como el postgrado; la educación continua y la educación a distancia, y donde este sector está cubriendo una porción mayoritaria de la oferta terciaria en estos mercados.
  • Regionalización con sedes en todo el país (México, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, Perú), como mecanismo de aumento de las escalas.
  • Desarrollo de ofertas for profit y diferenciación de las formas de gestión institucional.

Lo anterior ha favorecido el crecimiento del sector privado, más allá del enlentecimiento en su tasa de crecimiento en el último quinquenio, y ha facilitado una modalidad de expansión a través de la concentración fundamentalmente de algunas instituciones, sobre todo de aquellas que funcionan como sociedades anónimas y con una gestión más profesional y que han logrado superar las lógicas familiares o de los grupos de fundadores. Esta dinámica con fines de lucro ha tensionado los sistemas universitarios tradicionalmente públicos en propiedad y fines, y ha reforzado la polarización ideológica entre lo público y lo privado que desde los 80 se fue instaurando en la dinámica universitaria. De esa confrontación se ha generado el concepto de la educación como un bien público y el reforzamiento del modelo de gratuidad público, como en Ecuador y Uruguay, donde se incorporó a la Constitución y a la ley respectivamente.

En esta fase, parte de las instituciones están alcanzando escalas que permiten cubrir diversidad de ofertas y por ende mejores niveles de calidad. En varios de estos casos inclusive han comenzado a conformarse como grandes grupos educativos con captación de recursos a través de la Bolsa de valores o de alianzas internacionales, que han ampliado sus niveles de financiamiento. Muestran además un cambio en las formas de funcionamiento competitivas con mayores niveles de eficiencia en términos de formas organizativas, de diversidad y mayor complejidad de ofertas y de modalidades pedagógicas.

Parecería constatarse que la concentración se ha dado en torno a instituciones más selectivas, a los segmentos menos populosos de los quintiles más ricos y a carreras universitarias. Sin embargo, en algunos casos se muestra que esa ha sido una primera etapa del proceso, y que la concentración muestra diversas oleadas, con un primer movimiento focalizado en los sectores de más ingresos, para pasar posteriormente en un segundo movimiento, hacia los sectores de los quintiles más pobres y donde participan destacadamente instituciones que ofertan carreras técnicas, con baja concentración y un mercado altamente fragmentado. El aumento de los ingresos económicos en la región está permitiendo que estos sectores pasen de instituciones privadas no universitarias a servicios universitarios, ampliando el mercado de la dinámica de concentración desde los sectores de elite con mayor elasticidad en el precio de sus ofertas, y por ende de niveles de renta, a otros nichos de menores ingresos pero que a medida que se alcanzan niveles de escala superiores, facilitan ofertas con mejores servicios de calidad a precios inferiores. Es una dinámica continua de demandas más diversas de acceso, que en múltiples dimensiones son cubiertas por una parte del sector privado, el cual accede a superiores escalas y puede brindar los servicios a mejor calidad y menores precios, facilitando la continuación del ciclo de aumento de la demanda y sucesivamente un nuevo ciclo, acicateado por exigencias de estándares o rechazo de aprobación de trámites que contribuyen a reforzar las tendencias a la concentración.

Esta nueva fase de la educación superior privada facilita una mayor diferenciación, inserta en lógicas internacionales, sujeta a mayores regulaciones y con mayor consolidación institucional. Sin embargo, los cambios no se reducen a las particularidades de la educación privada, sino que estamos también frente a un cambio en las demandas educativas en términos demográficos, sociales y laborales, y en los propios sistemas de educación superior, como consecuencia de la creciente flexibilización de los mecanismos de acceso en las universidades públicas por múltiples presiones políticas y demandas de equidad, los cuales han comenzado a flexibilizar sus tradicionales mecanismos restrictivos de acceso. Ante ello la educación superior privada es compelida a responder con mayores niveles de eficacia (fundamentalmente informatización y concentración) y calidad (aumento de los niveles de formación de los docentes y mayores controles internos y externos).

La educación superior pública y privada funciona bajo una tensa dinámica política y de mercado de permanente acción y reacción. Históricamente la propia aparición y desarrollo de la educación superior privada ha promovido cambios en la educación superior pública. En casi toda la región desde los 2000 la tasa de expansión de la matrícula pública aumentó al calor de mayores recursos públicos asociados al crecimiento económico. En Brasil, Venezuela y Bolivia se constatan cambios en los mecanismos de acceso a las tradicionales universidades públicas como derivación de políticas públicas, lo que busca revertir la expansión de la educación privada. En Colombia, Brasil, Costa Rica y México se verifica un impulso a la educación a distancia pública a menores costos para competir con la expansión privada. En Argentina, Uruguay, Venezuela y Ecuador se ha buscado limitar la educación privada a través de controles administrativos y generalmente plazos excesivos de resolución.

Una de las características de la nueva fase es el aumento de la diferenciación de las universidades entre microuniversidades con bajos estándares y otras instituciones privadas en general de elites. En el nuevo contexto, hay una diferenciación entre algunas de las viejas o nuevas microuniversidades, junto a otras que tienen un mayor nivel de concentración, elevadas matrículas, estándares superiores de calidad, carreras académicas de sus docentes, oferta muy diferenciada de programas, gestión muy gerencial y mayor cantidad de profesores de tiempo completo con mayores perfiles de formación. Mientras que en la fase anterior convivían, con menores niveles de diferenciación, en la actual fase se amplían dichas diferencias, y en tanto que unas se estancan, reducen su porción de mercado o tienden a desaparecer, las otras crecen, se concentran, se internacionalizan y llegan a alcanzar los mismos estándares, o aun superiores, que muchas de las universidades públicas tradicionales. En muchos casos, dados por marcos de sociedades anónimas, ambos procesos se refuerzan a través de la venta de las microuniversidades, lo cual acentúa la concentración. Tal ha sido la dinámica en México, Brasil y Costa Rica.

Una parte de este nuevo sector está asociado al ingreso de empresas extranjeras o a la venta de universidades a otros grupos locales o extranjeros.[32] Este ingreso de nuevos proveedores conforma la dinámica tripartita de universidades públicas, privadas nacionales y privadas internacionales.[33] La presencia internacional también ha impulsado, bajo una lógica política de reacción inversa y defensiva, la introducción del concepto del “bien público”, ya que a la expansión de la educación privada internacional, de hecho plantea la introducción del “bien privado internacional” como eje tanto regulador como de funcionamiento. Es parte de la discusión del nuevo escenario de la educación superior donde la regulación, lo internacional, la mercantilización y la concentración se constituyen en tendencias que derivan en lógicas políticas de regulación, y al mismo tiempo una presión por un mayor financiamiento a la educación pública.

La educación superior privada se expresa con más fuerza en aquellas áreas en las cuales compite con el sector público sobre lógicas de mercado. Tal es la situación en el mercado del postgrado que en general es pagante en toda la región. Bajo esta dinámica, la oferta privada en el postgrado es superior a la pública en el grado en todos los casos. Como derivación de la expansión de las demandas generalizadas de postgrado, el porcentaje de estudiantes de postgrado en las instituciones públicas en toda la región bajó del 76% en 1994 al 68% en el año 2000, y ha continuado bajando.[34] Para 2010 se calcula que el ámbito privado puede ser superior al público en el postgrado, gracias a las ofertas de especialización y a las ofertas profesionalizantes con alta flexibilidad a través de cursos nocturnos y sabatinos. El incremento del peso de los postgrados privados en la región es parte del proceso de privatización de la educación superior, pero esto no se refiere exclusivamente al crecimiento del sector privado y a la capacidad de gestión, sino que se ve reforzado por el hecho de que las ofertas de postgrados públicos en casi toda la región son pagantes, lo cual plantea una dinámica competitiva en el postgrado sobre reglas de mercado y no sobre reglas administrativas de cupos como en el grado, y por ende sobre bases más similares, donde privan flexibilidades, calidad, currículos y pedagogías.

8.3. El nuevo rol político de la educación superior privada

El sistema universitario público en América Latina ha tenido siempre un fuerte rol político dado por su peso en las sociedades y por su propia evolución histórica como factor de construcción y movilidad de las capas medias. En ese contexto, la universidad privada en el siglo XX nació intentando ofrecer una lógica de servicio no tamizada por la dinámica política. Sin embargo, con su expansión, con el aumento de las tensiones entre la oferta pública-privada, con el aumento de las regulaciones, las instituciones privadas han asumido también crecientemente un rol político, bien sea por su articulación con determinados partidos, como por el sector que demanda sus servicios o por el perfil empresarial de su oferta. En algunos casos esa inserción se da por la participación de sus cuadros académicos o directivos en el sistema político, bien sea como accionistas o como gestores.[35] El nuevo contexto de confrontación y de políticas públicas de aumento de regulación ha incrementado el rol político de la educación superior privada en casi toda la región, lo que ha promovido sus alianzas políticas para responder a las pretensiones de una mayor injerencia reguladora y defender sus intereses, que no son meramente económicos sino académicos, e inclusive filosóficos e ideológicos (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay o Brasil). Ello ha sido una derivación de su lógica de autorización inicial por parte del sistema político, de la dinámica creciente de enfrentamientos con el sector público universitario, y de su propio crecimiento, de los sectores sociales que se articulan a ellas, y del peso destacado que ha tenido la regulación y los aparatos ministeriales en el funcionamiento y la existencia misma de la educación superior privada.

Al pasar el sector privado de un modelo de negocios basado en la cobertura de elites a uno de cobertura de masas, también alcanzó dimensiones económicas y políticas muy superiores y diferenciadas que en las fases anteriores y por ende un rol en la lógica de la política pública. Más aun, el posicionamiento de los distintos actores en relación con la educación privada se constituyó en una definición política ideológica de los partidos. La educación privada en este sentido, siguiendo la tradición de la universidad pública latinoamericana, es también un actor político que ha ido articulando a su vez diversas banderas y posiciones en relación con temas como la libertad y la diversidad de la oferta, la autonomía de gestión,[36] el concepto de calidad asociado a la empleabilidad, el financiamiento asociado a la contraprestación efectiva de un servicio y a la eficiencia de titulación.


  1. Altbach, Philip (2002). Educación superior privada. UNAM: México.
  2. Rodríguez, Francisco (2005). El financiamiento de la educación superior en América Latina. Estudio comparativo. Caracas: IESALC. Disponible en www.iesalc.org.ve.
  3. La presión de acceso les permite a las instituciones educativas seleccionar mejor sus estudiantes y beneficiarse de estudiantes de mayores niveles. La presión de acceso se ha considerado como un indicador de calidad. Ver Piscoya, Luis (2005). Al tiempo, la mejor presión de ingreso les permite una mayor eficiencia y colocación de recursos en salarios y otros mecanismos de mejoramiento del proceso de enseñanza.
  4. Levy, Daniel (1995). El Estado y la educación superior en América Latina: Desafíos privados al predominio público. México: UNAM/FLACSO/Porrúa.
  5. En Bolivia en 2006 había universidades que ofrecían licenciaturas a 8 dólares mensuales y en Panamá al mismo tiempo se publicitaban ofertas a 50 dólares semestrales.
  6. Véase https://goo.gl/Xjc4k3 (consulta: 28 de enero de 2009).
  7. Zelaya, Marisa. “El marco legislativo de las universidades privadas: el caso argentino y mexicano”. Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación. Disponible en https://goo.gl/CT6oi1.
  8. Preguntado sobre en qué medida la aparición de universidades privadas afecta las estatales, Lucas Rubinich, director de Sociología de la UBA, focalizó el eje del problema en lo político, al expresar muy claramente: “en sociología decimos que la verdad es la lucha por la verdad. Y en esa lucha seguramente las universidades privadas tratan de reafirmar su posición. Y esta reafirmación tiene que ver con la descalificación de la universidad pública. Ante semejante competidor y el estado de decadencia, no es extraño pensar que estas universidades, que son también un actor político, encontrarán ciertas formas seguramente legítimas de fortalecer su posicionamiento en función de las debilidades que efectivamente tiene hoy la universidad pública. Eso es una lucha político-cultural”. Diario La Nación, 31-12-2008. Argentina.
  9. Los aumentos presupuestales del sector público en la región han tenido destinos diferenciados. En Argentina y Uruguay se han centrado en estructuras de salarios. En Chile y Colombia las infraestructuras y sistemas de incentivos han aumentado. En Brasil ha sido para aumentar cupos con nuevos docente. En México se ha concentrado en variables asociadas a la calidad. Si bien el gasto público aumentó en toda la región, sus orientaciones han sido diferenciadas.
  10. En Uruguay se estableció un Fondo de Solidaridad que, con aportes de los egresados públicos, financia un amplio programa de becas para estos sectores, en adición a la gratuidad y a la ausencia de restricciones de acceso, facilitando ampliamente nuevos ingresos desde sectores de menos recursos.
  11. Uribe, Lina. The decline of colombian private higher education. Disponible en https://goo.gl/XYzWtV.
  12. Para muestra baste visualizar que la UNAM, la primera universidad en términos de calidad para 2010, tiene el 12,5% de su matrícula. Información personal del Coordinador de la CUAED, Dr. Francisco Cervantes. En México existen además universidades 100% virtuales de los estados, como en Guanajuato (UVG) y Michoacán (UVM), así como del sector privado como el TEC-Virtual y UMel.
  13. Levy, Daniel. An internacional exploration of decline. Disponible en https://goo.gl/FdnHVq.
  14. Silas, Juan Carlos (2005). “Recognizing the subsectors in private higher education”. International Higher Education, N° 40, summer. Analizando la diversidad institucional del sector privado, irrumpe una diferenciación de las instituciones de educación superior privadas en México, en función de los niveles de calidad dados por los diversos sistemas de aseguramiento de la calidad existentes en el país. Así, el sistema va fragmentando en instituciones a las centradas en absorción de demanda, con estándares mínimos de licenciamiento y que solo tienen RVOE (Registro de Validez Oficial de Estudios), y a las otras con mayores niveles y que tienen acreditaciones otorgadas por las agencias autorizadas por COPAES. Silas constata que “the data shows that contrary to stereotypes many private nonelite institutions are serious about seeking some form of quality and standing”. Disponible en
    https://goo.gl/tYu4U9.
  15. Este ranking está basado en tres variables: opinión de pares académicos, opinión de empresarios y cantidad de artículos científicos publicados. La encuesta a los profesores fue a 3700 profesores universitarios de 52 países, en la cual a cada uno de ellos se les preguntó dentro de su disciplina, qué universidades considera de mayor prestigio. La segunda fuente que provino de la inserción laboral de los estudiantes resultó de la consulta a 756 empresas multinacionales sobre la procedencia de los profesionales que contratan y se les pidió que expresaran su opinión respecto al desempeño de los mismos. En relación con las publicaciones se tuvieron en cuenta las fuentes de información sobre artículos científicos en inglés por parte de cada universidad a partir de la base Thompson. Disponible en www.topuniversities.com.
  16. SIR. Véase www.scimagoir.com.
  17. Las primeras 8 son públicas y desde allí comienzan a aparecer privadas que provienen de otros países: TEC (México); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Brasil ); Pontificia Universidad Católica (Perú); Universidad de los Andes (Colombia); Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Brasil); Pontificia Universidad Javeriana (Colombia); Fundação Getulio Vargas (Brasil); Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), y Universidad de las América (México). Véase www.webometrics.info.
  18. CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación) (2009). Evaluación de desempeño institucional de las universidades y escuela politécnicas del Ecuador. Quito: CONEA, 4 noviembre. Nueve universidades privadas son cofinanciadas, las cuales reciben, a través de un reglamento especial, el 10% del presupuesto público a la educación privada. Tales instituciones son las universidades existentes previas a la expansión de la diferenciación privada de los 80.
  19. La lista de instituciones es muy amplia: UADE en Argentina; UPSA en Bolivia; el TEC de Monterrey en México, la Universidad de la Empresa en Uruguay o la Universidad Metropolitana en Venezuela.
  20. CINDA. La educación superior en Iberoamérica. Informe 2007, Santiago: CINDA, y IESALC (2006). Informe 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior. Caracas.
  21. Al respecto, ver los varios estudios sobre la expansión de la educación superior en los diversos países de la región. Claudio Rama y José Pardo (editores) (2010). La educación superior a distancia: Miradas diversas desde Iberoamérica. Caracas: VIRTUALEDUCA – INTEVED; y Patricia Torres y Claudio Rama (editores). La educación a distancia en América Latina. Realidades y Tendencias, Florianópolis: Pontificia Universidad Católica de Santa Catarina, UNISUL, Virtual educa.
  22. En República Dominicana, la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT) ha abierto una oficina interna curiosamente llamada “Cierre de universidades”, y en un informe sobre el estado de la educación superior, ha hecho proyecciones de las matrículas de las instituciones mostrando la tendencia a la desaparición de varias de ellas.
  23. Klaus Jaffe hace un diagnóstico crudo de esta realidad: “Al comparar la dinámica de la educación superior en América Latina con la del resto del mundo, no quedan dudas que el modelo nacido de las reformas de Córdoba no ha sido exitoso. Nuestras universidades, con su democracia interna, favorecen y fomentan los intereses de profesores y empleados o con su dependencia política favorecen a alguna fracción social, pero no han facilitado una expansión de la investigación científica, ni el desarrollo tecnológico, ni han sido promotores de meritocracias impulsoras de una expansión industrial y económica moderna”. Una mirada desde un mundo globalizado. Disponible en www.asuntosdelsur.org (consulta: marzo 7, 2009). Los resultados del egreso, la deserción y la innovación de programas en toda la región muestran mejores indicadores. Al mismo tiempo, a la hora de capacitación docente y producción de investigación, el sector público muestra mejores resultados.
  24. Caballero, Osvaldo y Lamattina, Oscar (2010). El financiamiento de las universidades de gestión privada. Mendoza: Universidad del Aconcagua.
  25. Rama, Claudio (2010). Paradigmas emergentes, competencias profesionales y nuevos modelos universitarios en América Latina. Santo Domingo, República Dominicana: Ediciones Unicaribe.
  26. Salmi, Jamil (2009). The Challenge of Establishing World-Class Universities. Washington: Banco Mundial. Claudio Rama (2010). Paradigmas emergentes, competencias profesionales y nuevos modelos universitarios en América Latina. República Dominicana: Universidad del Caribe.
  27. Del Bello, Juan Carlos y Giménez Graciela (2007). Mitos y realidades de la privatización de la educación universitaria en Latinoamérica. Disponible en https://goo.gl/eBXWxk.
  28. Levy, Daniel. An internacional exploration of decline. Disponible en https://goo.gl/RnQgUV.
  29. Dada la autonomía, en los casos de ausencia de leyes nacionales, encontramos en muchos países una altísima diferenciación de los precios de las matrículas. En México por ejemplo hay instituciones públicas casi gratuitas, por ejemplo la UNAM, y también universidades muy costosas como la de Zacatecas, mostrando, más allá de una dominancia de matrículas bajas, una infinita diversidad de casos.
  30. Fukuyama, Francis (2004). La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, Madrid: Ediciones B.
  31. “La sociedad del conocimiento precisa de la diversidad en los sistemas de educación superior, compuestos por una serie de instituciones con variedad de mandatos y dirigidas a diferentes tipos de estudiantes. Además de las instituciones públicas, las instituciones privadas que persiguen objetivos públicos tienen un papel importante que jugar (…) La educación es un bien público, pero el financiamiento privado debería ser promovido. Aunque todos los esfuerzos deben estar destinados a incrementar el financiamiento público de la educación superior, es preciso reconocer que los fondos públicos son limitados y que pueden no satisfacer las necesidades de un sector en rápido crecimiento. Deben buscarse otras fórmulas y fuentes de financiamiento, especialmente a través de las asociaciones público-privadas”. Disponible en
    https://goo.gl/FwvrCD.
  32. El grupo brasilero Estacio de Sá, que tenía inversiones fuera de Brasil, ha abandonado sus planes y ha vendido algunas de esas instituciones foráneas a grupos locales. En cambio, el grupo mexicano propiedad de UNITEC vendió su sede local en México y sus sedes en Costa Rica y Panamá al grupo internacional Laureate.
  33. Rama, Claudio (2006). La Tercera Reforma de la educación superior en América Latina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Las proyecciones permitirían considerar un sector público con el 52% de la matrícula, un 44% privado nacional y un 4% privado internacional. El grupo Laureate es la organización universitaria internacional más grande de la región con 31 instituciones de educación superior y una matrícula combinada del entorno de 750.000 alumnos, que significaría el 3,75% de la matrícula total regional.
  34. La realidad sin embargo no es uniforme en todos los países. Mientras que en Bolivia el sector privado representó el 35,4% de la matrícula para 2000, en Argentina, para el 2001, el 19,8%, y en Ecuador el 26,06%; a diferencia de ello, en República Dominicana el 63,6% de los estudiantes de postgrado están en el sector privado para ese año; al tiempo que en Puerto Rico fueron el 58,8%. En Venezuela, por ejemplo, para 1973 los cursantes de postgrado en instituciones privadas eran apenas el 3,7%, y treparon hasta el 31,2% para el año 2003. Para 2004 la matrícula del sector privado en los postgrados era el 79% en Panamá, para 2005 era el 63,4% en República Dominicana, en 2006 era el 49,3% en México, en tanto que en 2008 era el 64,8% en Colombia y el 84,6% en El Salvador, todos guarismos muy superiores a la incidencia del sector privado en el grado.
  35. Un caso significativo y diferenciado, por su connotación ideológica, ha sido el ingreso masivo de destacados cuadros universitarios del gobierno de Bachelet en las universidades privadas del Grupo Laureate. Dos ex directores connotados de educación superior del Ministerio de Educación y la secretaria ejecutiva de la agencia de evaluación han pasado a los cuadros directivos de las distintas universidades del Grupo en el país a pocos meses del cambio político. En Brasil existe un grupo parlamentario de defensa de la universidad privada, y en Paraguay, los mismos políticos son propietarios de universidades.
  36. Ver al respecto las diversas posiciones sobre la libertad de gestión o autonomía del sector privado, y también público, en Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) (2004). Autonomía universitaria: un marco conceptual, histórico y jurídico de la autonomía universitaria y su ejercicio en Colombia, Memoria, Bogotá: ASCUN.


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