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6 Conclusiones

Las características del nuevo escenario de la universidad privada

  1. La política de control de calidad y de regulación sobre la educación superior privada a través de los sistemas de aseguramiento de la calidad, el establecimiento de estándares de aprobación de programas y restricciones a la creación de nuevas instituciones han sido algunos de los motores de la concentración institucional. Dichas políticas públicas que impusieron requerimientos de más elevados estándares de calidad, y por ende de inversiones, encarecieron los costos, que solo pudieron ser cubiertos con escalas superiores y un mayor tamaño de las instituciones. Algunas de las universidades privadas expandidas en la segunda oleada y que se focalizaron en la absorción de la demanda han sido en general aquellas instituciones que han comandado la concentración de la matrícula, mostrando que los mercados académicos tienden a competir en el valor de las certificaciones.[1]
  2. El aumento del rol regulador del Estado sobre las instituciones privadas sobre todo desde los 2000, al tiempo que ha encarecido los costos educativos, ha limitado la capacidad de expansión privada al restringir y encarecer sus ofertas, lo cual ha incidido en el mantenimiento de las características y de las tasas de crecimiento históricas de la cobertura privada.[2] En algunos países ello tiene motivos ideológicos y en otros académicos, pero en todos ha incidido en la capacidad de crecimiento a través de la restricción a la apertura de sedes y programas. Estándares más exigentes de autorización de nuevas instituciones y programas, retrasos y arbitrariedades de las aprobaciones, criterios curriculares academicistas y carencia de criterios claros han sido las formas dominantes de regulación. Ello ha contribuido a impulsar un relativo pasaje desde dinámicas de expansión bajo modelos de diferenciación institucional y de programas, hacia un aumento derivado de la concentración de la matrícula, tanto de los programas como de las instituciones. Dadas las dinámicas duales de regulación donde el sector público tiene autonomía, ello contribuyó a facilitar una oferta pública superior a la privada.
  3. La ESP ha crecido en términos absolutos en toda la región en la década del 2000, más allá de la enorme diversidad de dinámicas y de lógicas de funcionamiento de la educación superior pública. En general la expansión y dimensión de la ESP está asociada inversamente a los recursos del sector público, a su propia diferenciación, sus niveles de selectividad, los niveles de calidad estatales y al tipo de regulaciones normativas afincadas en la evaluación de los procesos y no de los aprendizajes. Sin embargo, a pesar de ello la ESP ha crecido en tanto se expande en los intersticios que no cubre el sector público, mostrando que su expansión es un fenómeno social más profundo y estructural en las sociedades latinoamericanas y en sus sistemas de educación superior. Desde el mínimo de cobertura en Uruguay del 11% donde la educación privada está altamente controlada y restringida, hasta el 73% de la cobertura privada en Chile que es el país además con los mejores indicadores de cobertura, equidad, calidad y egreso, la educación superior ha mantenido un crecimiento absoluto y, salvo en Venezuela y Colombia, también en términos relativos
  4. La educación superior privada históricamente se ha caracterizado por un sector más orientado a un modelo público sin fines de lucro, y con la expansión generalizada desde los 90, se ha ido consolidando un tercer sector, de gestión privada y con fines de lucro. La diversidad del sector en este sentido se ha ampliado. En varios países se ha fortalecido un sector privado con fines de lucro como en Brasil, Perú, Honduras, Costa Rica, Bolivia con dimensiones muy importantes. En Chile y Colombia están en discusión proyectos de ley para permitir dinámicas de gestión bajo las figuras de sociedades anónimas con fines de lucro. No siempre el sector con fines de lucro se ha manifestado en bajos niveles de calidad, sino al contrario. La formas de gestión bajo la figura de sociedades anónimas permiten niveles de gestión y acceso a fuentes financieras que han permitido mayores niveles de calidad. En Perú algunas de las instituciones privadas de elite son con fines de lucro. En Costa Rica y Chile las universidades extranjeras con fines de lucro son también instituciones de alta calidad en función de los estándares de los organismos nacionales de evaluación y acreditación. En muchos países se constata que a pesar de la existencia de figuras jurídicas sin fines de lucro en la gestión universitaria, ello no restringe que sociedades anónimas, y extranjeras como en el caso de Chile, sean las propietarias de las universidades. Las formas de gestión bajo fundaciones o asociaciones no permiten los niveles profesionales de gestión que plantean las complejidades de las instituciones educativas. Estas figuras son también determinantes en los problemas de la capacidad de funcionamiento de las universidades privadas y de sus restricciones de crecimiento con lógicas de inversiones superiores, y además dificultan políticas de inversión y determinan que el crecimiento de la infraestructura se vaya produciendo a medida que aumentan los ingresos, y no en función de inversiones previas que al tiempo permiten mayores niveles de calidad de los servicios.
  5. Aunque ha aumentado en muchos países la articulación público-privado, en general las tensiones se han incrementado en la última década. En varios países el sector privado sin fines de lucro inclusive recibe financiamiento público como en Ecuador, Chile y Nicaragua. En Bolivia es parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que es la red de las universidades públicas. En Venezuela, la articulación ha sido entre privadas y públicas autónomas. En otros países el conflicto público privado ha aumentado al calor de la fuerte expansión privada y las resistencias públicas. En toda la región con el acceso de partidos de izquierda a los gobiernos han aumentado las tensiones y las regulaciones. Ello ha sido particularmente notorio en Venezuela, Brasil, Uruguay y Ecuador.
  6. La educación superior privada compite en general siguiendo reglas de mercado, y al tener que confrontar frente a modelos universitarios públicos fundados en la gratuidad, ella debe funcionar sobre la base de una mayor eficiencia y calidad. El modelo público de gratuidad de América Latina y de acceso selectivo con controles de calidad impone en el largo plazo un modelo alternativo de calidad para sobrevivir en el mercado. Con el contexto del aumento de los recursos públicos generalizados en toda la región, el sector privado ha debido elevar el posicionamiento competitivo basado en una mayor calidad de sus ofertas y nuevos productos y formas de dichas ofertas. Aunque en un comienzo las instituciones se focalizaron en diversos nichos de relación calidad-precios, la dinámica competitiva y las políticas públicas han ido aumentando los estándares mínimos de prestación del servicio educativo terciario, impulsando nuevas lógicas y configuraciones de la educación superior privada. Los sistemas privados de educación superior en la región, y sus dinámicas de competencia que llevan a una permanente diferenciación, están facilitando un reordenamiento de los sistemas universitarios en torno a diversas escalas jerárquicas, por la fragmentación de los mercados en que operan la variedad de estrategias que las instituciones emplean en cada uno de ellos. Esta dinámica está promoviendo una mayor jerarquización y diferenciación de los sistemas universitarios.
  7. En la última década la diferenciación ha sido compleja dadas las discusiones políticas antagónicas, como el debate de la educación superior (¿derecho o mercancía?), del estudiante (¿ciudadano o cliente?) y de la misma universidad (¿institución o empresa?), lo que dificulta en el mediano y largo plazo la conformación de sistemas diferenciados y al tiempo integrados y articulados de educación superior. La propia diferenciación y diversidad de las dinámicas de la educación superior privada en los distintos países de la región se constituye en un indicador de las dificultades de la creación de un espacio común de la educación superior en América Latina.
  8. La nueva situación reposiciona al sector privado hacia cubrir la demanda de sectores de mayores ingresos, ante el aumento de la oferta pública y el aumento de los controles a ofertas de menor relación calidad-precios. A ello ha incidido el aumento de la gratuidad favorecida por el aumento de los recursos públicos. Tal situación comienza a reposicionar a la educación privada hacia instituciones de elite y reduce su rol como mecanismo de absorción de las demandas no cubiertas por el sector público.
  9. Las universidades privadas en la región mantienen diversos niveles de asociaciones facilitando crecientemente un rol más político y corporativo en la defensa de sus intereses. En muchos países hay asociaciones de universidades exclusivamente privadas, pero también en muchos países hay asociaciones de rectores que reúnen a universidades tanto públicas como privadas. En México (ANUIES), Panamá, República Dominicana (ADRU), Venezuela (AVERU), Colombia (ASCUN), Perú (ANR) y Chile (Consejo de Rectores), hay asociaciones en las cuales comparten instituciones tanto públicas como privadas. En algunos de estos países las restantes universidades privadas (o una parte) tienen asociaciones exclusivamente privadas como Panamá (AUPPA), México (FIMPES) y República Dominicana (ADOU). A diferencia de esto, en Argentina (CRUP), Brasil, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador (CEUPA), Honduras y El Salvador existen asociaciones con la participación exclusiva de casi todas las universidades privadas. Aunque en varios países, entre los cuales se cuenta República Dominicana pero sobre todo Brasil, además existen varias asociaciones de universidades privadas; en general, más allá de la competencia, hay unidad gremial y de representación. Chile es un caso raro de carencia de representación de las universidades privadas sin cofinanciamiento.
  10. La ESP es una variable en muchos sentidos dependiente de la universidad estatal autónoma y de las relaciones de esta con el gobierno. Las distancias políticas o la autarquía de estas universidades respecto a los gobiernos han derivado inversamente en una mayor disposición política a la universidad privada. Esto con relativa importancia, ya que el modelo de gratuidad de acceso siempre tendrá más legitimación y apoyo social que el modelo de acceso pagante. Inversamente la relación estrecha entre el mundo político y las universidades estatales, como en México y Argentina, harán más proclive un menor desarrollo de la ESP. En el mundo académico regional, las resistencias a la educación superior privada siempre han estado presentes, sobre dos ejes: uno asociado a concepciones sobre la base de que los fines públicos no pueden ser realizados por instituciones privadas, y otro sobre la base de que las universidades religiosas tienen objetivos ideológicos y de evangelización que chocan con el espíritu de la búsqueda desinteresada de la verdad de la ciencia. Tales ejes se han ido expandiendo en la medida que la educación privada se ha ido expandiendo y mercantilizando. En las últimas décadas ha aumentado la tradicional tensión, fundamentalmente por el creciente carácter mercantil. Más allá de dinámicas de la educación superior sin fines de lucro, en muchos casos parecen producirse –o se producen- situaciones que pudieran permitir suponer la apropiación privada de los ingresos generados. Esta tensión derivada de diversas denuncias o informaciones se constituye en un eje permanente de la política. En algunos países que han cambiado el marco normativo, como El Salvador, y han impuesto la obligación de transferir una parte de los bienes privados a las fundaciones, ello ha dado lugar a una enorme tensión y conflictos, como ha sido el caso de la Universidad Tomás Edison. En este caso, como en otros países, los altos salarios se constituyen en los mecanismos que esconden rentabilidades sobre inversiones privadas. La problemática de la transferencia de recursos atraviesa a toda la región al interior de las universidades de inspiración religiosas, ya que muchas de ellas transfieren recursos a sus órdenes o congregaciones, bien sea en forma directa a través del pago de alquileres o como transferencias especiales. Muchos religiosos hacen trabajo en otros ámbitos gracias a los sueldos o apoyos de las universidades, que se han transformado en los ámbitos más dinámicos en la generación de recursos y capacidades de gestión para este tipo de acción social. Una compleja situación alrededor de las transferencias de recursos desde la universidad al grupo religioso produjo un largo conflicto en la Universidad de San Buenaventura en Cali en Colombia.[3]
  11. En toda la región se constata el incremento de la educación transnacional como tercer sector de la dinámica de la educación superior marcada por un sector local público, otro privado y el internacional. Tal modelo se está expresando por ahora en la presencia de apenas dos grupos empresariales significativos, siendo el Grupo Laureate el más dinámico a la fecha, con 31 universidades localizadas en 8 países de la región, y el Grupo Apollo, con 2. La fórmula más usada es comprar el 80% de la propiedad de la institución local, mantener un tiempo las autoridades anteriores y dejar establecido un compromiso de compra por el restante, que se realiza en un periodo de tres a cinco años. Este escenario marca una nueva oleada de creación de instituciones, más allá de que continúen expandiéndose nuevos proveedores pero sobre las mismas tipologías de las oleadas anteriores (religiosas, de elite o de absorción de demanda). A la fecha, una de las pocas expresiones de dinámicas regionalizadas de la educación superior ha sido esta presencia transnacional.
  12. En las últimas décadas las universidades públicas sufrieron un fuerte proceso de cambio fundamentalmente por su diferenciación institucional. Tal transformación, sin embargo, dejando de lado los múltiples intentos de coordinación sistémica, ha derivado en formas crecientes de competencias entre las propias instituciones públicas, que han aumentado en general las lógicas mercantiles de la educación superior en los diversos países de la región y facilitado indirectamente los espacios de competencia y privatización.
  13. El grado de libertad religiosa y de separación del Estado y la Iglesia, o de conflictos entre ambos sectores, históricamente se constituyeron en variables que han contribuido a conformar el desarrollo de la educación superior privada en la región. Las universidades católicas se han constituido en casi toda la región en las primeras instituciones privadas y han marcado tanto el inicio de la prestación de servicios educativos universitarios privados, como también el carácter mercantil de la educación universitaria. Esos procesos han tenido sus especificidades. En México, por ejemplo, el conflicto entre ambos sectores determinó que las universidades religiosas no fueran las primeras, o en Uruguay, el carácter fuertemente laico marcó un inicio muy reciente de la universidad religiosa en 1984, ya que fue la última universidad católica creada en la región de la oleada iniciada en los años 40. Desde los 90, una nueva oleada de universidades religiosas se ha producido en la región, asociada a un aumento de las órdenes católicas y de las religiones. Ello se ha expresado en el ingreso de universidades lasallistas y de otras órdenes y congregaciones católicas como los Legionarios de Cristo o la Prelatura de Jesús, y fundamentalmente de universidades evangélicas y adventistas.
  14. Las universidades familiares en la región, que han sido la expresión dominante de la oleada de expansión de los 90 del sector privado, están comenzando a transformarse por el pasaje de dinámicas de gestión desde sus fundadores a sus familiares, y en muchos casos por un complejo proceso de profesionalización de su gestión. Muchas de estas instituciones son las que están en proceso de reestructuración, vía profesionalismo, decrecimiento o de venta a grupos internacionales o nacionales.
  15. El nuevo contexto ha favorecido la transformación de las formas de crecimiento de la educación superior privada y una relativa declinación de la tasa histórica de crecimiento. Ello está introduciendo un proceso de concentración en esos mercados decrecientes. La regulación a través de mecanismos de licenciamiento más rígidos junto a sistemas de evaluación de la calidad se ha dado junto al aumento de la oferta pública. La lógica de una dinámica dual -por un lado, la gratuidad y por el otro, un sistema pagante- es el eje que marca las formas y características del sector privado, del costo de la educación por demandas competitivas de mercado y requisitos de calidad, lo cual ha promovido dinámicas hacia la elitización de la demanda privada. Ello ha sido facilitado por el aumento de los niveles de gratuidad del sector público –nuevos marcos legales que la han ampliado en Ecuador, Venezuela y Uruguay, y aumento generalizado de los recursos públicos con mayores cupos e instituciones-, lo cual ha impactado negativamente en la demanda privada. El encarecimiento de la educación privada por estándares más rígidos, mayor control y cambio en la competencia ha facilitado tanto la elitización de la demanda como de las instituciones, lo que ha facilitado el inicio de la concentración de la matrícula. La lenta desaparición, cierre, venta o fusión de universidades en toda la región, unida a la menor creación de instituciones desde los 2000, ha hecho que el crecimiento de la matrícula privada haya sido más intenso en unas instituciones que en otras, en el sector universitario en detrimento del terciario, en las universidades bajo la figura de sociedades anónimas más que en las otras formas jurídicas, en las universidades extranjeras más que en las locales, marcando una nueva diferenciación y una nueva etapa de la universidad privada en la región, en una lógica más profesional, más concentrada, de mayor calidad, más politizada y más extranjera.

  1. Brunner, J. y Uribe, D. (2007). Mercados universitarios: el nuevo escenario de la educación superior. Santiago: Universidad Diego Portales.
  2. Los costos de los procesos de fiscalización han aumentado en casi toda la región. Algunos de esos costos van a las universidades públicas como en Honduras, Panamá o México (aquellas universidades incorporadas), lo cual hace una dinámica por la que la fiscalización sobre las privadas no solo limita la competencia de lo privado sobre lo público al encarecerlo o hacerlo lento, sino además al generar recursos al sector universitario público. Los costos elevados o la lentitud y complejidad de los plazos han hecho, por ejemplo en Honduras y Uruguay, que las instituciones prefieran no innovar sus programas y mantener los programas ya autorizados.
  3. Véase https://goo.gl/pqTd3y.


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