Herramientas para fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos en Avellaneda

Florencia Cessario, Martina Garcia, Cecilia Coppolecchia, Agustina Abelleyra y Maria Sol Fogliarini

Introducción

El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos ha ido cobrando centralidad en Argentina a partir de transformaciones normativas, políticas y sociales que redefinieron el lugar de las infancias en el espacio público. La incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional en 1994, junto con la sanción de la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial Nº 13.298 en la Provincia de Buenos Aires, consolidó un marco legal orientado a la promoción y protección integral de derechos, que reconoce la participación, la autonomía progresiva y el interés superior del niño como principios rectores. No obstante, la implementación efectiva de este paradigma enfrenta obstáculos persistentes, vinculados a desigualdades estructurales, fragmentación institucional y la persistencia de prácticas adultocéntricas en los ámbitos comunitarios e institucionales.

Este capítulo se centra en el análisis del Mapa de Infancias Respetadas, una herramienta impulsada por la Comisión de Infancias del Instituto de Estudios y Administración Local para Avellaneda (IDEAL), que busca identificar, visibilizar y fortalecer espacios comunitarios e institucionales que trabajan con niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de derechos. El Mapa se construye como un dispositivo territorial que articula diagnóstico, acción y reflexión, permitiendo problematizar los vínculos, los tratos institucionales y los mecanismos de participación infantil en el ámbito local.

El capítulo parte del supuesto de que las organizaciones comunitarias que desarrollan sus prácticas desde un enfoque de derechos generan condiciones más favorables para el ejercicio de la participación de niñas, niños y adolescentes, aun cuando dichas prácticas no siempre se encuentren sistematizadas ni institucionalizadas. En este sentido, se sostiene que herramientas territoriales como el Mapa de Infancias Respetadas no solo permiten visibilizar experiencias existentes, sino también identificar límites, vacancias y oportunidades para fortalecer el sistema local de promoción y protección de derechos.

La indagación se inscribe en un abordaje cualitativo, que combina el análisis de marcos teóricos y normativos, documentación institucional, relevamientos territoriales y entrevistas semiestructuradas a referentes de organizaciones sociales. A partir de este enfoque, se reconstruyen cuatro dimensiones analíticas: los fundamentos teóricos y normativos del enfoque de derechos de la infancia; el contexto territorial del municipio de Avellaneda; el proceso de construcción del Mapa de Infancias Respetadas; y el estudio de caso de la Fundación Isla Maciel.

IDEAL Avellaneda, asociación civil fundada en 2021, constituye el marco institucional desde el cual se desarrolló esta experiencia. Integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales de trabajo social, psicología, sociología, abogacía, antropología y ciencias políticas, IDEAL tiene como objetivo fomentar la participación y la articulación entre actores sociales para el diseño de políticas públicas, iniciativas comunitarias y estrategias de intervención territorial. En este marco, se desarrollaron instancias de formación y reflexión orientadas a quienes trabajan con infancias y adolescencias en clubes y asociaciones civiles, como los talleres “Infancias Respetadas” e “Infancias y adolescencias travestis trans: derecho a la identidad y abordaje en las primeras líneas de contención institucional”, que funcionaron como espacios de intercambio y problematización del rol adulto, el juego y la participación infantil.

A partir de estas experiencias se llevó adelante un relevamiento de instituciones del municipio, generando un proceso de diálogo y colaboración con organizaciones locales que dio lugar a la construcción del Mapa de Infancias Respetadas. Este dispositivo se propone como una herramienta para fortalecer prácticas institucionales respetuosas de los derechos de niñas, niños y adolescentes, articulando teoría, normativa y experiencia empírica. En conjunto, el capítulo busca contribuir al debate sobre metodologías participativas en clave de derechos, poniendo en valor el rol de las experiencias territoriales en la construcción de políticas públicas más justas e inclusivas.

Estudios sociales de la infancia y participación infantil

En las últimas décadas, los estudios sociales de la infancia han experimentado crecimiento sostenido, acompañado por transformaciones normativas, políticas y sociales que permiten visibilizar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no únicamente como destinatarios de cuidado o tutela (James & Prout, 1997). Este apartado propone un recorrido por determinados debates teóricos y marcos normativos que, si bien no pretende ser exhaustivo, permite construir un marco de referencia para nuestro trabajo.

Los Estudios Sociales de la Infancia han experimentado, en las últimas décadas, un crecimiento significativo. Especialmente luego de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989, este campo de estudios adquiere mayor visibilidad y desarrollo (Voltarelli y Nascimento, 2019). La Convención marcó un cambio significativo en la manera de abordar las infancias y en la aparición de nuevas formas de subjetividad infantil. Trajo consigo el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos ciudadanos dentro de contextos democráticos, considerándolos actores sociales con capacidad de participación. Esto dio lugar a transformaciones en los vínculos entre adultos y los niños y niñas, así como en las relaciones entre el Estado, la sociedad civil y la infancia (Espinosa Gómez, 2013)

López (2022) analiza las formas en que se ha configurado el estudio de la infancia en el sur global. En este sentido, retoma los aportes de Herra et al. (2013), quien identifica ciertas tendencias históricas. Así, señala como predominante el interés por estudiar las instituciones a las que se les asigna el cuidado de niños y niñas, los mecanismos correctivos de normalización, las instituciones escolares y el estudio de la infancia como experiencia. De esta manera, la racionalidad, la familia y la escuela, son los temas que rodean a la infancia de forma preponderante. Bajo esta perspectiva, Espinosa Gómez (2013) señala que, reflexionar sobre la infancia y su subjetividad implica preguntarse por las condiciones actuales de las instituciones tradicionales que la acompañan (escuela y la familia), su modo de funcionamiento y las relaciones que establecen con otras instituciones o dispositivos, especialmente aquellos vinculados a los medios de comunicación, las tecnologías, el mercado y el consumo. Es a raíz de esto que, entender la subjetividad infantil supone reconocer un campo atravesado por tensiones, donde discursos, prácticas, instituciones, saberes y disciplinas disputan la legitimidad para definir tanto la realidad social como los procesos de constitución subjetiva en un contexto histórico y social determinado. La autora, considera a la infancia como una categoría social que define a un sujeto niño-niña como agente social, dinámico y cambiante, dentro de una sociedad que también se reconfigura a lo largo del tiempo y adopta nuevas formas y condiciones sociales. Esta sociedad, a su vez, influye en las formas de ser niños y niñas, en sus vínculos, en la manera en que elaboran sus experiencias y en cómo se redefine la noción misma de infancia. Por consiguiente, interrogarse por la infancia y su subjetividad conlleva preguntarse las condiciones actuales de las instituciones tradicionales de la infancia (escuela-familia), por su funcionamiento y la relación que establecen con otras instituciones o dispositivos, especialmente los relacionados con los discursos de los medios masivos, las tecnologías, las lógicas del mercado y el consumo.

En América Latina, el multiculturalismo aporta una complejidad específica al estudio de la infancia (Szulc y Cohn, 2012; Unda Lara, 2009), el cual debe tener en cuenta el entrecruzamiento de diversas variables. Como sostiene López (2022), “si la infancia es abordada como una construcción social, económica, histórica, territorial y políticamente constituida, es imprescindible que dentro de las investigaciones se focalice acerca de las relaciones y contextos propios de cada espacio” (p. 198). De allí que iniciativas como el Mapa de Infancias Respetadas cobren relevancia: no se limitan a garantizar un derecho en abstracto, sino que buscan identificar lugares concretos donde la participación pueda desplegarse, visibilizando tanto oportunidades como desigualdades.

Asimismo, esta perspectiva señala que los niños y niñas son agentes que operan y producen sus entornos, contextos y culturas. Estas complejidades y la necesidad de crear categorías teóricas para el estudio de la infancia como objeto de estudio específico, dibujan los desafíos y oportunidades de un campo que comenzó a desarrollarse hace no más de dos décadas.

Históricamente, entonces, es posible considerar que la CDN marca un hito en la visibilidad de los estudios sociales de la infancia y de los niños y niñas en la sociedad. La participación infantil se configura como un eje central en el debate, en la producción académica y en las iniciativas de ámbitos gubernamentales y organizaciones comunitarias.

Algunas de las discusiones centrales en este eje giran en torno al desafío del rol adulto y a la histórica asimetría adultocentrista configurada por el paradigma tutelar que incide, entre varias cuestiones, en aspectos éticos (de Oliveirai, 2017); en procesos de deslegitimación de los intereses, las propuestas, opiniones y voces de niños y niñas. Por otro lado, la interacción intergeneracional también plantea oportunidades para los procesos de aprendizaje y las modalidades de interacción, lo cual requiere prestar atención a esquemas colaborativos y negociaciones definidas de forma conjunta y no unilateralmente (de Oliveirai, 2017). De esta manera, pensar la participación infantil requiere pensar propuestas concretas, metodologías de acción y herramientas que puedan favorecer no solo la integración de niños y niñas a actividades, sino el ejercicio de derechos y el despliegue de horizontes y posibilidades para las y los sujetos (Gallego-Henao, 2015).

La indivisibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes implica que no pueden analizarse de manera fragmentada: salud, educación, identidad, juego, recreación y participación son dimensiones interdependientes. Por lo que esta mirada exige también un abordaje interdisciplinario, su garantía requiere la articulación de saberes y prácticas entre trabajo social, psicología, derecho, pedagogía, antropología y otras disciplinas, en diálogo con los actores comunitarios y con las propias voces de los niños, niñas y adolescentes. La incorporación de modelos como la “escalera de la participación” (Hart, 1992) o los “caminos hacia la participación” (Shier, 2001) permite evaluar hasta qué punto las instituciones logran trascender la participación decorativa para dar lugar a experiencias auténticas de agencia infantil.

En relación a los aportes de Hart (1992), el autor utiliza la imagen de una escalera para distinguir distintos niveles de involucramiento infantil, que van desde formas no participativas hasta experiencias de participación plena. Los tres primeros escalones corresponden a iniciativas que no promueven una participación efectiva. El nivel más bajo refiere a situaciones de manipulación, en las que niños y niñas participan sin comprender el sentido de las acciones ni los temas involucrados. Le sigue el escalón en el que la infancia cumple un rol meramente decorativo, siendo utilizada para reforzar causas definidas por adultos sin atribuirle capacidad de incidencia. El tercer escalón, el simbolismo, contempla instancias en las que niños y niñas pueden expresarse, pero sin que sus opiniones tengan un impacto real en la toma de decisiones, quedando la participación reducida a un valor instrumental. Los cinco escalones superiores representan niveles crecientes de participación y suponen considerar la edad, la autonomía progresiva, el desarrollo integral y la construcción de hábitos participativos. El cuarto escalón corresponde a propuestas orientadas pero informadas, en las que niños y niñas participan de actividades diseñadas por adultos, con conocimiento claro de sus objetivos y del rol que se espera de ellos, pudiendo decidir su participación. El quinto escalón, consultados e informados, describe proyectos adultos que incorporan la opinión infantil de manera significativa en los procesos de decisión. En el sexto escalón, aunque los proyectos son iniciados por personas adultas, la toma de decisiones es compartida con niños, niñas y adolescentes, quienes tienen un rol relevante en el desarrollo, la implementación y la evaluación. El séptimo escalón refiere a iniciativas iniciadas y dirigidas por niños, niñas y adolescentes, quienes cuentan con las capacidades y condiciones para diseñar y llevar adelante proyectos propios, con el juego y el trabajo cooperativo como dimensiones centrales. Finalmente, el nivel más alto corresponde a proyectos iniciados y liderados por infancias y adolescencias, en los que el proceso de toma de decisiones se desarrolla de manera compartida con personas adultas.

Por su parte, Shier (2001) en Caminos hacia la participación propone cinco niveles de participación y tres fases de compromiso institucional: aperturas (cuando los adultos muestran disposición), oportunidades (cuando las condiciones lo permiten), y obligaciones (cuando se incorpora formalmente en políticas o protocolos). Este modelo permite evaluar no solo los actos de participación sino su sostenibilidad y grado de institucionalización.

Estas iniciativas resultan valiosas en tanto permiten problematizar la participación infantil “decorativa” (Hart, 1992) y reflexionar sobre los procesos de toma de decisión y transformación. Para que la participación infantil sea considerada democrática, de Oliveirai (2017) señala, entre otras cosas, que los niños y niñas debería poder comprender a qué son convocados; conocer los objetivos del proyecto, las fases, funciones, instancias y ámbitos del mismo; asimismo, sería necesaria la existencia de espacios de discusión sobre las reglas y estructuras en la toma de decisiones, así como considerar características etarias, culturales e identitarias de cada niño o niña participante.

En este marco, resulta interesante pensar la interacción entre el marco normativo y la puesta en práctica de derechos, en tanto existe cierta distancia entre la legislación y la vida cotidiana, marcada principalmente por la insuficiencia de mecanismos institucionales, desequilibrios territoriales, discriminación, y la falta de institucionalización de prácticas participativas.

Marco normativo

La CDN es el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado en la historia mundial, siendo 196 países parte de la misma^[1]. Allí se establecen los derechos inalienables de las infancias, pero también las obligaciones de los Estados, los poderes públicos, los padres, las madres y la sociedad en su conjunto para garantizar el respeto de esos derechos. Nuestro país la ratificó en 1990 e incorporó a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, aceptando sus términos dentro del artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna junto a otros tratados de derechos humanos.

La Argentina sancionó dos normas fundamentales para dar un anclaje local a los lineamientos de protección integral vertidos en la Convención. Por un lado, la Ley Nacional 26.061 sobre “Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, sancionada en 2005, propuso un cambio de paradigma en relación a las infancias y adolescencias, ya que permitió ampliar el concepto de ciudadanía y extenderlo a todas las personas menores de 18 años. Así, la estructura conceptual que daba sustento al paradigma clásico tutelar se comenzó a problematizar.

Bajo la idea de “proteger a los incapaces”, a quienes se consideraba que no podían decidir por sí mismos, la protección estatal funcionó históricamente como una herramienta de control, basada en intervenciones selectivas y punitivas, sostenidas tanto en discursos caritativos -como la “protección de los pobres y huérfanos” o la figura de los “salvadores del niño”- como en discursos de alarma social vinculados a la prevención de la delincuencia adulta. En el proceso histórico argentino, el trato estatal hacia la infancia osciló entre la noción de “infancia peligrosa”, que concebía a niños y niñas -especialmente de sectores populares- como una amenaza al orden social, y la de “infancia en peligro”, que, si bien introdujo un enfoque aparentemente más protector, continuó inscribiéndose en un paradigma tutelar que concebía a la infancia como objeto de intervención y no como sujeto de derechos (Carli, 2002; García Méndez, 2006).

Ambos enfoques constituyen paradigmas previos al de la protección integral de derechos, y habilitaron prácticas de control, tutela y disciplinamiento sobre la infancia. A partir de la sanción de la Ley Nacional N.º 26.061, se consolida en Argentina el paradigma de promoción y protección integral de derechos, que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y define obligaciones específicas para el Estado, la comunidad y las familias. En consonancia con este enfoque, la provincia de Buenos Aires sancionó ese mismo año la Ley N.º 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Los derechos fundamentales que establece la legislación son: derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida; derecho a la dignidad y a la integridad personal; derecho al deporte y juego recreativo; derecho de libre asociación; derecho de asociarse libremente con otras personas, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad a la legislación vigente; derecho a opinar y a ser oído; derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen; derecho a la libertad. Este derecho comprende: a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso; b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela; y c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos; derecho a la identidad. Derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia; derecho a la salud; derecho a la educación pública y gratuita, al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia; derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.

El cambio de paradigma que instaura la legislación establece la importancia del interés superior, lo cual implica que toda infancia tiene derecho a que su interés sea la consideración primordial en cualquier circunstancia, lo que quiere decir que todas las decisiones que se tomen en relación a las infancias deben orientarse en base a su bienestar, a la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos y garantías. Tal como lo establece la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, el interés superior comprende:

a) Su condición de sujeto de derecho;
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta;
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
f) Su centro de vida.
(Congreso de la Nación Argentina, 2005, art. 3)

Otro punto importante de la legislación es pensar la participación y la autonomía progresiva como derechos transversales. La autonomía progresiva implica que las infancias deben tomar decisiones y ejercer sus derechos de acuerdo a su grado de madurez. Para esto, es fundamental tener en cuenta sus puntos de vista, considerando al sujeto siempre en relación a su entorno y, a la vez, en relación a la capacidad para ejercer sus derechos por sí mismo. La participación, asimismo, es un derecho transversal al conjunto de derechos y hace referencia a los dispositivos, mecanismos, acciones y decisiones que inciden en los asuntos que les atañen, ya sea de forma directa o indirecta.

En síntesis, los debates teóricos sobre los Estudios Sociales de la Infancia y los modelos de participación infantil, junto con el marco normativo vigente, permiten construir un marco de referencia para reflexionar sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en espacios concretos. Estos enfoques señalan la importancia de considerar a niños y niñas como sujetos de derechos y actores sociales con agencia específica para expresar intereses e influir en su entorno. Asimismo, evidencian la tensión entre las disposiciones legales y su puesta en práctica en contextos concretos, marcada por desigualdades territoriales, recursos limitados y dinámicas adultocéntricas.

Contexto local: Avellaneda, Provincia de Buenos Aires

Según estimaciones de UNICEF con base en datos del INDEC, en el segundo semestre de 2024 el 52,7 % de los niños, niñas y adolescentes en Argentina vivía en hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, lo que equivale a aproximadamente 6,4 millones de personas menores de 18 años en situación de pobreza monetaria.

En el Conurbano bonaerense, la situación resulta más crítica. De acuerdo con los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), durante 2024 entre el 63 % y el 69 % de niños, niñas y adolescentes se encontraba bajo la línea de pobreza por ingresos, mientras que al considerar un enfoque multidimensional de derechos -que incorpora privaciones en alimentación, hábitat, educación, salud y protección social- la incidencia de la pobreza infantil alcanza valores superiores al 70 %, llegando en algunas mediciones a niveles cercanos al 80 % en los hogares del Conurbano.

Estas cifras evidencian profundas desigualdades territoriales y estructurales, con una incidencia significativamente mayor de la pobreza infantil en las áreas urbanas del Conurbano bonaerense en comparación con el promedio nacional. Este contexto resulta clave para el análisis de políticas públicas y experiencias locales en municipios como Avellaneda, aun cuando no se disponga de datos desagregados específicos sobre pobreza infantil a nivel municipal.

La ciudad de Avellaneda posee una superficie de 54 km² y se encuentra delimitada al norte por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al este por el Río de la Plata, al oeste por Lanús y al sur por Quilmes. Está conformada por siete localidades: Isla Maciel, Dock Sud, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde.

Según datos del Censo 2022 (INDEC, 2022) y compilaciones recientes de indicadores socioeconómicos por partido del Conurbano Bonaerense, en Avellaneda el porcentaje de hogares con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) se ubica en alrededor del 4,6%, una caída respecto de los censos anteriores y una situación relativamente mejor en comparación con otros municipios del conurbano (Observatorio del Conurbano Bonaerense, 2025). Este indicador mide privaciones estructurales en aspectos como vivienda inadecuada, hacinamiento, condiciones sanitarias y asistencia escolar, y es complementario a las mediciones de pobreza por ingresos.

Avellaneda cuenta con una población total de 367.554 habitantes, con una densidad poblacional de 7.003,7 habitantes por km². Considerando la población en viviendas particulares, un total de 366.117 habitantes, la cantidad de personas de entre 0 y 19 años que viven en el distrito asciende a 97.638, lo que representa el 26,7%. Como se puede observar en la Tabla N° 1, este grupo se encuentra distribuido en las distintas localidades del distrito (INDEC, 2022).

Tabla N° 1. Distribución -por localidades- de la población infantil y adolescente en viviendas particulares de Avellaneda

Nombre	Población en viviendas particulares	Grupos quinquenales de edad
		0-4	5-9	10-14	15-19
Total distrito	366.117	18.158	25.429	26.896	27.155
Avellaneda	54.057	2.445	3.418	3.603	3.708
Dock Sud	46.531	3.091	4.148	4.388	4.091
Gerli	38.554	1.904	2.687	2.845	2.848
Piñeyro	30.304	1.256	1.852	1.989	2.057
Sarandí	47.422	2.109	3.065	3.279	3.422
Villa Domínico	61.835	3.327	4.603	4.828	4.826
Wilde	87.414	4.026	5.656	5.964	6.203

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2022.

Un análisis de las localidades de Avellaneda -Avellaneda, Villa Domínico, Wilde, Sarandí, Dock Sud, Isla Maciel, Gerli y Piñeyro- revela configuraciones sociales y económicas heterogéneas. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Secretaría de Integración Socio Urbana -SISU-, s.f.), en la ciudad residen 11.881 familias en barrios populares, equivalentes a aproximadamente 10.798 viviendas. La definición de barrio popular considera áreas habitadas por al menos ocho familias agrupadas, donde más de la mitad de la población carece de título de propiedad y de acceso regular a dos o más servicios básicos (agua corriente, electricidad con medidor y red cloacal)

El análisis de los datos muestra que Dock Sud concentra la mayor cantidad de familias en barrios populares: Villa Tranquila (2.475 familias), Inflamable (1.650 familias) e Isla Maciel (880 familias). A continuación, en la Tabla N° 2, se presenta un desglose de barrios populares y cantidad de familias por localidad:

Tabla N° 2. Distribución -por localidades- de barrios populares y cantidad de familias

Localidad	Cantidad de Barrios Populares	Cantidad de familias en Barrios Populares
Avellaneda	4	137
Piñeyro	3	257
Wilde	1	376
Sarandí	4	606
Zona de Reserva	2	1200
Villa Domínico	15	1790
Gerli	11	1894
Dock Sud	7	5621

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del RENABAP, año 2024.

Mapa de Infancias Respetadas: iniciativas y herramientas desde una perspectiva de derechos

La decisión de construir un mapa territorial se fundamenta en la necesidad de analizar el entramado institucional del partido de Avellaneda en articulación con las condiciones socioeconómicas y culturales de sus distintas localidades, con el objetivo de generar insumos que contribuyan al fortalecimiento del sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Este enfoque permite abordar la complejidad del territorio, identificar desigualdades en la distribución de recursos y pensar estrategias de intervención situadas, ajustadas a los contextos locales.

En este marco, el Mapa de Infancias Respetadas se concibe como una herramienta de relevamiento territorial con alcance descriptivo, orientada principalmente a la identificación, caracterización y georreferenciación de instituciones y espacios que desarrollan acciones con infancias y adolescencias en el municipio. En esta primera etapa, el foco estuvo puesto en registrar la existencia de dichos espacios, su localización, el tipo de actividades que ofrecen, la población destinataria y las líneas generales de trabajo, más que en evaluar en profundidad las modalidades de participación infantil que promueven.

El relevamiento y su posterior visualización a través de un mapa interactivo no solo permiten organizar y sistematizar la información de manera accesible, dinámica y gráfica, sino que también incorporan la dimensión territorial como un rasgo central de análisis. Este tipo de herramientas resulta especialmente pertinente tanto para quienes buscan información localizada en su propio barrio o localidad, como para quienes requieren una lectura más amplia de la distribución espacial de determinadas iniciativas y recursos (Medranda-Morales, Mieles y Díaz, 2018). Asimismo, el formato digital posibilita la actualización continua de los datos y su construcción de manera individual o colaborativa.

El Mapa de Infancias Respetadas propone relevar ámbitos que, potencialmente, promueven el acceso al derecho al juego y la recreación, en particular instituciones culturales, deportivas, lúdicas y recreativas. Estas organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol central en las tramas vitales de las infancias y adolescencias, funcionando habitualmente como redes de sostén comunitario, espacios de cuidado y promoción de derechos, y ámbitos que favorecen el desarrollo integral. En este sentido, el mapa busca reconocer, visibilizar y potenciar estos espacios, así como resaltar la importancia de construir abordajes interdisciplinarios e intersectoriales que promuevan el buen trato, la solidaridad, la diversidad, la empatía y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

El diseño del mapa fue realizado desde IDEAL Avellaneda, tomando como eje la indagación territorial y la articulación con actores locales. Para la sistematización de los actores institucionales se consideraron tres tipos de instituciones con presencia significativa en el trabajo con infancias y adolescencias del distrito: instituciones municipales, clubes de barrio e instituciones culturales. La metodología incluyó, en primer lugar, la identificación de instituciones a partir de registros municipales y relevamientos previos realizados por organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, se definieron criterios de selección que priorizaron aquellos espacios que ofrecieran condiciones seguras, inclusivas y lúdicas, que promovieran los derechos de las infancias y adolescencias y que desarrollaran acciones vinculadas, al menos de forma general, con la participación infantil.

Una vez seleccionadas las instituciones, se avanzó en la construcción del mapa mediante la sistematización de la información en una base de datos que permitió su georreferenciación, incorporando variables como tipo de actividad, cobertura etaria, líneas de acción y enfoques de derechos. Esta etapa incluyó también la realización de encuestas a las instituciones, con el objetivo de registrar la información de manera más completa, precisa y ordenada.

De este modo, la elaboración del mapa funcionó como una primera estrategia de identificación y visibilización de actores territoriales. Para profundizar el análisis, resultan necesarias herramientas metodológicas complementarias que permitan avanzar desde un diagnóstico descriptivo hacia una evaluación más cualitativa y reflexiva sobre las prácticas institucionales y los grados de participación de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, el presente trabajo propone un instrumento específico de evaluación de la participación infantil, que será desarrollado más adelante, con el objetivo de promover lecturas más complejas sobre la participación como derecho.

A partir del mapa, es posible trazar diversas líneas de análisis vinculadas a la distribución territorial de instituciones y recursos destinados a las infancias, la identificación de áreas de vacancia, la diversidad de enfoques y metodologías de trabajo, y la interrelación entre organismos públicos, asociaciones civiles y redes comunitarias. Asimismo, el mapa habilita la indagación sobre la experiencia de las infancias en estos espacios, a partir de preguntas orientadoras tales como: ¿qué características asumen los procesos de aprendizaje?, ¿cómo se reconocen y valoran las voces infantiles?, ¿qué vínculos se construyen entre pares y con adultos?, ¿se promueve un trato digno, libre de violencia y discriminación?, ¿qué mecanismos sostienen la participación infantil como derecho transversal?

Estas reflexiones constituyen una base para el diseño de herramientas de formación, sensibilización y articulación interinstitucional, orientadas a promover la corresponsabilidad en la protección y promoción de derechos.

En la etapa actual, el Mapa de Infancias Respetadas se concibe como una herramienta de uso compartido entre el equipo de IDEAL Avellaneda y las organizaciones e instituciones con las que se articula territorialmente. Si bien no se encuentra disponible de manera pública y abierta, el acceso se realiza mediante un enlace compartido con los actores relevados, lo que permite su utilización como insumo para el intercambio, la reflexión colectiva y la planificación de acciones conjuntas. A futuro, se proyecta la posibilidad de ampliar su alcance y explorar formatos de acceso público, en la medida en que se consoliden criterios de actualización, resguardo de información sensible y acuerdos con las organizaciones participantes.

En este marco, el Mapa de Infancias Respetadas se configura no sólo como un inventario de iniciativas, sino como un instrumento dinámico de análisis y planificación, que permite vincular la teoría con la práctica, articular la normativa con los contextos locales y fortalecer el entramado de actores que contribuyen al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en Avellaneda.

Isla Maciel: contexto histórico, social y experiencias de participación infantil

Como se mencionó previamente, según los datos de la SISU (s.f.), Isla Maciel es uno de los tres barrios populares de Avellaneda con mayor concentración de habitantes. Fundado en 1887, el barrio se ubica en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Riachuelo -la cuenca fluvial más contaminada del país- constituye un límite tanto físico como simbólico. A lo largo de su historia, Isla Maciel ha experimentado transformaciones significativas en su perfil económico y social. En sus inicios, se trataba de un área caracterizada por clubes con actividades náuticas, recreos y zonas de ocio dirigidas a sectores de clase alta. Hacia 1890, con la consolidación de una población estable compuesta principalmente por trabajadores y la instalación de frigoríficos, astilleros y la Gran Usina Dock Sud de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, el barrio se transformó en un espacio de recreación popular, frecuentado especialmente por sectores populares y anarquistas (Coiticher, 2016).

A principios del siglo XX, Isla Maciel albergaba aproximadamente a 17.000 trabajadores, y entre fines del siglo XIX y mediados del XX, en sus 30,94 hectáreas llegaron a residir cerca de 50.000 personas, contando con veintiocho bares, diecinueve fondas, doce astilleros, dos canchas de fútbol, cuatro clubes, dos frigoríficos y cuarenta prostíbulos (Quién le teme a la Isla Maciel, 26 de noviembre de 2000). El crecimiento económico y poblacional comenzó a declinar hacia 1960, con la desactivación del transbordador y el cierre progresivo de industrias, astilleros, comercios y prostíbulos.

Desde la Fundación Isla Maciel (s/f) se destaca que, a pesar de su arraigo y su fuerte identidad vinculada al trabajo y al desarrollo comunitario, el barrio sigue siendo percibido por amplios sectores de la sociedad con términos estigmatizantes como “zona roja”, “triángulo de la muerte”, “territorio liberado para el delito y el crimen” o “prostíbulo”, motes que refuerzan la exclusión social de sus habitantes. Epherra (2022) sostiene que los medios de comunicación contribuyen a consolidar esta percepción, construyendo un imaginario social de peligrosidad, delincuencia y marginalidad, que genera un estigma que afecta a la población barrial.

La Fundación Isla Maciel, constituida en 2011 a partir del trabajo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, interviene en barrios históricamente atravesados por altos niveles de desigualdad y vulnerabilidad social. Su objetivo es promover derechos, equidad, solidaridad, integración social y participación comunitaria. Para ello, cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales y colaboradores que despliegan proyectos de intervención, articulación institucional y propuestas participativas orientadas a infancias, adolescencias y comunidad en general.

Entre las áreas de acción de la Fundación se destacan la mejora de condiciones del hábitat popular, la consolidación de identidad barrial, la promoción de educación, salud, juego y recreación. En relación a las infancias, se desarrollan iniciativas artísticas y culturales que favorecen la creatividad, la sociabilidad y la expresión de niños, niñas y adolescentes. Destacan especialmente tres propuestas: la Orquesta Infantil y Juvenil La Pandilla, ConventiYo Creativo y la Unidad de Desarrollo Infantil Casa del Niño, todas orientadas a garantizar el derecho al juego y la recreación mediante talleres de música, circo y artes plásticas. Estas experiencias buscan generar espacios de encuentro, expresión y aprendizaje, promoviendo habilidades como la comunicación, la cooperación y la creatividad.

Otra iniciativa relevante es “Fútbol Inclusivo, del barrio para el barrio”, impulsada por jóvenes que participaron en la Fundación desde su infancia y hoy son referentes comunitarios. Este proyecto articula la práctica deportiva con la promoción de valores como solidaridad, cooperación, buen trato, respeto por la diversidad y participación democrática, contribuyendo al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

A partir de una entrevista^[2] realizada al director de la sede Isla Maciel, Claudio Freda, se reafirma que la perspectiva de la Fundación se basa en los derechos de la infancia, reconociendo a niños, niñas y adolescentes como sujetos con capacidades, recursos y autonomía progresiva. Según Freda, el juego constituye una herramienta central para el aprendizaje, la socialización, la creatividad y la cooperación, y todas las iniciativas del espacio buscan establecer modos vinculares basados en la solidaridad, la aceptación de la diversidad y el reconocimiento de los distintos tiempos y expresividades de los participantes. En sus propias palabras:

Proponemos la puesta en práctica de modos vinculares basados en la solidaridad, percibiendo al otro como oportunidad antes que amenaza. El respeto imprescindible de las diferencias dentro de un marco de equidad, la aceptación de los diferentes tiempos, expresividades, historias… También propiciamos acciones cooperativas, en el marco de fútbol callejero, del muralismo como intervención urbana y formatos de taller participativos (entrevista a referente institucional, 2024).

Ejemplos concretos de participación incluyen la co-creación de murales comunitarios y la implicación de jóvenes en la planificación y ejecución de actividades deportivas, respetando la autonomía progresiva y promoviendo el empoderamiento de las infancias. Tal es el caso de la propuesta “Fútbol Inclusivo, del barrio para el barrio”. Como hemos mencionado previamente, esta iniciativa es impulsada por jóvenes del barrio que participan en la Fundación desde hace muchos años y que, con el paso del tiempo, fueron ocupando un lugar de referencia importante en la institución. Atendiendo a los procesos de autonomía progresiva, las y los referentes adultos de la Fundación, fueron acompañando la participación de adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones sobre las iniciativas, propuestas y metodologías. De esta manera, el proyecto de fútbol inclusivo propone el encuentro desde la diversidad: niñas, niños, adolescentes y jóvenes, participan de instancias lúdicas y deportivas nucleadas en el fútbol pero que trascienden dicha actividad. A través del juego y la práctica deportiva, esta iniciativa propone fomentar el cuidado mutuo, el respeto, la contención, el debate, la solidaridad, la vida sana, el buen trato, la cooperación y el consenso como herramientas de construcción colectiva y democrática.

En la perspectiva de trabajo, Claudio afirma:

No tendría sentido plantearnos acciones tendientes a favorecer el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, sin contemplar el empoderamiento. Preferimos decir que nos proponemos trabajar por la construcción de autonomías de sus propias subjetividades, en función de comprender y fomentar las necesarias subjetividades colectivas que dan sentido a la comunidad. Es la concepción de las niñeces y adolescencias como actores de importancia (entrevista a referente institucional, 2024).

En relación a mecanismos de participación dentro de la Fundación, Claudio afirma la necesidad constante de disponer de “espacios de escucha”. En este sentido, señala: “cuando decimos escucha no es sólo prestar el oído, sino fundamentalmente la atención y la certeza del poder y capacidad de ser parte de las decisiones” (entrevista a referente institucional, 2024).

Si bien aún no existen mecanismos institucionalizados de participación formal dentro de la Fundación, se observa un fuerte compromiso por promover la autonomía, la corresponsabilidad y la construcción colectiva, principios que se alinean con los modelos de participación infantil propuestos por Hart (1992).

Desde la Fundación, plantean la importancia de prestar especial atención a lo que niños y niñas tienen para decir. Sus “voces y deseos”, sostiene Claudio, deben ser considerados tanto en “los procesos relacionados a su propio desarrollo” como en la comunidad. En este sentido, sostiene que los equipos de la Fundación “intentan generar cercanía” con niños, niñas y adolescentes del barrio, hablar con ellos y ellas sobre la importancia y el rol de las organizaciones sociales comunitarias en la sociedad.

En este sentido, la experiencia y perspectiva planteada por Claudio Freda de la Fundación Isla Maciel permiten reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la participación infantil en organizaciones sociales comunitarias, resaltando la necesidad de generar mecanismos institucionalizados que reconozcan y amplifiquen la voz de niños, niñas y adolescentes en procesos de decisión y diseño de proyectos locales.

Si bien es posible analizar distintas experiencias de participación infantil en el marco de propuestas estatales^[3], esto resulta poco usual cuando se trata de organizaciones sociales o asociaciones civiles.

Aunque no abordaremos estas inquietudes en profundidad en este capítulo, resulta interesante plantear interrogantes y disparadores para profundizar el abordaje en futuros análisis. En esta instancia, proponemos reflexionar sobre la necesidad de pensar instrumentos y estrategias metodológicas que permitan identificar problemáticas y proponer líneas de acción concretas.

A partir de la elaboración del Mapa de Infancias Respetadas y del trabajo de indagación en torno a la Fundación Isla Maciel, se identifica la necesidad de desarrollar herramientas metodológicas específicas para el abordaje territorial. Con el objetivo de fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, se realizó un relevamiento y mapeo de instituciones locales que funcionan como ámbitos para el ejercicio del derecho al juego y la recreación, con especial énfasis en clubes y centros culturales.

Para profundizar este análisis, resulta necesario examinar las perspectivas institucionales, metodologías de trabajo y propuestas concretas que dichas organizaciones desarrollan con infancias y adolescencias. La implementación de instrumentos de producción de información, tales como encuestas y entrevistas, permitiría relevar datos relevantes para el diseño de propuestas, políticas públicas y líneas de intervención territorial.

Entre los interrogantes centrales a considerar se encuentran: ¿cómo concibe la institución a la infancia y la adolescencia? ¿Qué lugar ocupa el juego en sus propuestas? ¿Cómo se entiende la participación y la escucha infantil? ¿Existen mecanismos institucionalizados para promover la participación activa? ¿Se desarrollan asambleas, mesas o consejos de participación infantil? ¿La institución cuenta con los recursos materiales y simbólicos necesarios para sostener estas prácticas?

En este sentido, la escalera de participación de Hart (1992) constituye una herramienta analítica pertinente para diseñar preguntas orientadas a identificar los grados de participación que promueven las instituciones, así como los obstáculos, recursos y condiciones necesarias para avanzar hacia niveles más elevados. Asimismo, tal como propone la ONG Educo (2019) en La participación infantil y herramientas para llevarla a cabo, es posible elaborar instrumentos de evaluación que permitan analizar la participación de niñas, niños y adolescentes según grupo etario y tipo de actividad, favoreciendo procesos reflexivos al interior de las instituciones respecto del escalón de participación que ocupan y aquel al que aspiran.

El siguiente cuadro (Tabla N° 3) presenta una propuesta de instrumento orientado a relevar los niveles de participación de niñas, niños y adolescentes en instituciones territoriales, considerando distintos grupos etarios y tipos de actividades. Su objetivo es facilitar la identificación de prácticas existentes, así como promover instancias de reflexión institucional en relación con la participación infantil.

Tabla N° 3. Propuesta de instrumento de evaluación de participación por edad y tipo de actividad

	Menos de 6 años	6 – 12 años	13 – 15 años	16 – 19 años	Más de 19 años
Opinar sobre las actividades de la institución
Proponer ideas y propuestas de actividades para la institución
Proponer ideas y propuestas para el espacio físico de la institución
Colaborar en ordenar los espacios comunes de la institución después de las actividades
Colaborar en la planificación de una actividad o proyecto
Proponer, defender y argumentar una determinada actividad o proyecto
Preparar y dirigir un juego
Preparar actividades más complejas, como una salida, una excursión o una actividad para otro grupo
Planificar y organizar un proyecto de grupo, de corta duración y poca complejidad
Formular y discutir acuerdos de convivencia y normas de la institución
Definir cómo organizar las tareas de mantenimiento de los espacios comunes donde se desarrollan juegos y actividades para niños, niñas y adolescentes
Participar en la identificación de necesidades de la institución o de la comunidad
Diseñar y dirigir un proyecto de servicio a la comunidad
Elegir, planificar y ejecutar todas las fases de un proyecto
Conocer a las y los directivos de la institución con posibilidad de hacer preguntas y dar opiniones sobre el funcionamiento de la institución

Fuente: Elaboración propia. Año 2024.

El cuadro propuesto funciona como un instrumento exploratorio de evaluación de la participación infantil, orientado a relevar prácticas institucionales según grupo etario y tipo de actividad. Los casilleros no se completan de manera dicotómica (sí/no), sino a partir de categorías graduadas con la intención de identificar la frecuencia y el nivel de participación efectiva de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se sugiere utilizar escalas de frecuencia, como nunca, ocasionalmente, frecuentemente y siempre. Estas categorías pueden definirse previamente y adaptarse a las características de cada institución y territorio.

El objetivo del instrumento no es establecer clasificaciones rígidas, sino promover procesos reflexivos al interior de las instituciones, facilitando la identificación de prácticas existentes, vacancias y potencialidades para avanzar hacia niveles más amplios de participación, en diálogo con la escalera de participación propuesta por Hart (1992).

Reflexiones finales

La construcción del Mapa de Infancias Respetadas y la indagación sobre la experiencia local desarrollada por la Fundación Isla Maciel, evidencian la importancia de reconocer y fortalecer los espacios que promueven los derechos de niñas, niños y adolescentes en Avellaneda. A través de este ejercicio, fue posible visibilizar instituciones culturales, deportivas y recreativas que funcionan como ámbitos de desarrollo integral, sociabilidad, aprendizaje y participación, destacando su rol central en la consolidación de tramas comunitarias solidarias y respetuosas de la diversidad.

El Mapa de Infancias Respetadas se convierte entonces en una herramienta clave para la construcción de acciones colaborativas. Al contar con la georreferenciación de los espacios que trabajan con enfoque de derechos, es posible identificar áreas de vacancia, potenciar buenas prácticas y diseñar estrategias colectivas. Esta mirada territorial habilita la generación de alianzas entre organizaciones comunitarias, organismos públicos y actores sociales diversos, fortaleciendo las redes de cuidado y la corresponsabilidad, permitiendo planificar intervenciones situadas que reconozcan las particularidades de cada comunidad y promuevan vínculos solidarios y sostenibles en el tiempo.

El análisis territorial permitió observar la heterogeneidad social, cultural y económica del distrito, así como la concentración de barrios populares y las desigualdades que atraviesan. Este panorama refuerza la necesidad de diseñar herramientas metodológicas que permitan comprender de manera más profunda las prácticas institucionales, las perspectivas de la infancia, y los niveles de participación promovidos en cada espacio. La propuesta de aplicar instrumentos como encuestas, entrevistas o evaluaciones basadas en la escalera de Hart (1992) representa un primer paso para generar diagnósticos situados y reflexivos, capaces de orientar intervenciones y líneas de acción más efectivas.

Asimismo, la experiencia de la Fundación Isla Maciel demuestra cómo la implementación de actividades lúdicas, artísticas y deportivas, concebidas desde la perspectiva de derechos y la autonomía progresiva, contribuye a fortalecer la participación infantil, la cooperación, el cuidado mutuo y la construcción de subjetividades colectivas. Las iniciativas observadas evidencian que la participación real requiere no sólo de espacios físicos y estructura, sino también de estrategias de acompañamiento, escucha y co-construcción, promoviendo la corresponsabilidad de personas adultas y niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones.

Finalmente, junto con estas ideas y propuestas metodológicas, consideramos que es preciso llevar adelante el diseño de campañas de sensibilización destinadas a instituciones que proponen actividades destinadas a niñas, niños y adolescentes para dar a conocer la legislación vigente en materia de derechos y la importancia de estos espacios en el sistema de promoción y protección. Asimismo, resulta relevante reflexionar sobre paradigmas en torno al juego, la recreación y la participación, considerando una perspectiva interseccional y situada, que considere la diversidad y la heterogeneidad. En este proceso, será significativo analizar y sistematizar mecanismos y experiencias de participación infantil para diseñar propuestas específicas para nuestra comunidad local.

Desde IDEAL Avellaneda, estas reflexiones permiten abrir caminos para futuras indagaciones, intervenciones y articulaciones con actores sociales, comunitarios e institucionales, en pos de garantizar infancias y adolescencias respetadas, autónomas y con acceso pleno a sus derechos.

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