Abordaje de la violencia de género en dos barrios de Rosario (2023-2024)

Daniela Rey Pereyra

Introducción

Desde el inicio de la crisis socio-sanitaria provocada por la propagación del virus COVID-19 a principios de 2020, en Argentina las organizaciones de cuidados comunitarios en los barrios populares no solamente mantuvieron sus actividades de asistencia y acompañamiento social en comedores, merenderos y otros espacios, sino que además tuvieron que desplegar los cuidados sanitarios que requería este nuevo contexto, a la vez que multiplicaron sus actividades debido a la demanda creciente de alimentos y contención emocional que implicó un momento tan inesperado como insólito.

Las mujeres de sectores populares, protagonistas de estas organizaciones incrementaron su esfuerzo y tiempo de trabajo de cuidados comunitarios, arriesgando incluso su salud y hasta su propia vida al exponerse al contagio del virus, muchas veces en barrios donde la falta de infraestructura adecuada (como la falta de acceso al agua potable), obligaba a reforzar los cuidados sanitarios.

Al igual que sucedió en la crisis del 2001, que dio lugar al surgimiento de nuevas organizaciones, métodos de protesta y construcción de demandas, en la pandemia muchas de estas organizaciones se fortalecieron y generaron una infraestructura de cuidados comunitarios a partir de la organización en redes en los barrios, que hasta la actualidad resulta indispensable para la reproducción de la vida de las personas que allí residen.

La multiplicidad de actividades y tareas que llevan adelante estas organizaciones incluyen tanto la asistencia alimentaria en comedores y merenderos comunitarios, como el apoyo escolar, propuestas culturales y deportivas, abordaje en situaciones de violencia de género, dispositivos y talleres sobre salud mental y consumos problemáticos, orientación para trámites, subsidios e inscripción a programas, entre otras tareas.

Siguiendo con la línea de análisis de los cuidados comunitarios iniciada en el 2020, en 2023, desde la Asociación Civil Lola Mora^[1] en el marco del Proyecto “Cuidados comunitarios”^[2], indagamos sobre la oferta de cuidados comunitarios disponible en distintas regiones del país. Para el caso de los cuidados en ámbitos urbanos que incluyó la ciudad de Rosario, se trabajó junto con un equipo de investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Como resultado, se realizó un mapeo y análisis de las organizaciones de cuidados comunitarios presentes en aquel momento en los barrios Ludueña y Empalme Graneros, profundizando en sus características y potencialidades. Por otra parte, para la segunda etapa del proyecto, en 2024, se trabajó en el fortalecimiento de dos redes de organizaciones de mujeres que abordan la violencia por razones de género.

Es necesario contemplar que además el contexto en el que se desarrolló la investigación, estuvo marcado por un ambiente de violencia urbana casi cotidiana en los barrios en los que funcionaban estas organizaciones. Este ambiente de violencia que incluía amenazas y balaceras a plena luz del día y en cualquier lugar, provocó que las organizaciones de cuidados comunitarios tuvieran que orientar sus esfuerzos en desplegar una serie de estrategias de cuidado novedosas, relacionadas con la seguridad y la asistencia de personas heridas. Si bien los contextos de violencia no son únicos de la ciudad de Rosario, al momento de la investigación, se estaba desarrollando un conflicto entre bandas vinculadas al narcotráfico que provocaba un clima de inseguridad y temor en la población en general.

En ese contexto marcado por la violencia, encontramos que las redes comunitarias de mayor solidez que se habían construido, estaban relacionadas con el abordaje ante situaciones de violencia de género, y habían surgido frente a la creciente oleada de denuncias en esos barrios, sin que hubiese dispositivos estatales que pudieran darle una rápida y suficiente respuesta. Por eso, las estrategias que desplegaron las organizaciones que trabajan con violencia de género en contextos de violencia urbana toman una relevancia particular, en un contexto actual en el que las redes de narcotráfico han ganado espacios de poder en los barrios populares a partir de que el Estado Nacional fue retirándose a través del cierre de programas y dispositivos de asistencia y acompañamiento social, tal como se manifiesta en los informes de monitoreo de políticas: “La cocina de los cuidados” que impulsa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y de los que la Asociación Lola Mora también participa. En el último informe (CELS, 2025), se manifiesta que en 21 meses de gestión, el 90% de las políticas de cuidados que existían fueron derogadas, recortadas o desmanteladas, incluyendo los programas de acompañamiento a víctimas de violencia de género, el plan ENIA de prevención del embarazo adolescente no intencional, la cobertura de la AUH, el congelamiento del monto de la tarjeta Alimentar, acompañamiento para personas en consumo problemático, el congelamiento de obras públicas y de infraestructura, entre muchas otras políticas.

En este contexto de avance de las redes de narcotráfico en los barrios, la violencia de género toma una dimensión específica en contextos de violencia urbana y en este sentido, el análisis del trabajo de las organizaciones permite comprender más profundamente este fenómeno y construir herramientas que permitan abordarlo en su complejidad. Las organizaciones de cuidados comunitarios, muchas de las cuales, a nivel general han sido perseguidas, estigmatizadas y desarticuladas desde la asunción del nuevo gobierno, cobran una relevancia fundamental, en un doble sentido: en un sentido concreto, son quienes todavía sostienen la vida en los barrios, aún en contextos de ajuste económico y de retiro de asistencia estatal (Asociación Lola Mora y ONU Mujeres, 2025). Y en un sentido teórico, su trabajo permite echar luz sobre alternativas de organización social de los cuidados que son capaces de interpelar al modelo de familia tradicional, permitiendo ampliar horizontes de reorganización de los cuidados más allá de la difícil coyuntura actual.

La cada vez más agudizada crisis de los cuidados, en la que nos encontramos a nivel global, que indica que cada vez habrá más gente para cuidar y menos gente disponible para hacerlo, esto es: “un agravamiento de las tensiones sentidas en la cotidianeidad por responder a los requerimientos de la vida en un marco de preeminencia de la lógica de acumulación” (Pérez Orozco, 2014), se profundiza en un contexto actual en donde desde el Estado nacional se intenta volver a una lógica en donde los problemas deben resolverse dentro del ámbito privado.

En este sentido, el capítulo navega sobre el análisis de dos experiencias de organizaciones que abordan la violencia de género en Rosario, a partir de la investigación realizada por la Asociación Lola Mora en 2023, para explorar sus estrategias y modalidades desde el paradigma de “lo común”. Se propone entonces, realizar una lectura situada de estas experiencias organizativas, en diálogo con los debates teóricos en torno a la colectivización de los cuidados y los cuidados como bienes comunes (Sanchís, 2022), discusión que se inscribe en los trabajos sobre los cuidados comunitarios como sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco, 2014) y el enfoque de la interdependencia (recuperado por Sanchís, 2020).

A partir de estas experiencias, se abren una serie de interrogantes orientados a problematizar los cuidados comunitarios como alternativa para la reorganización social de los cuidados: ¿en qué contextos sociales, políticos y económicos se inscriben estos entramados?, ¿sobre qué procesos y memorias colectivas se asientan?, ¿en qué medida la pandemia del COVID-19 obstaculizó o habilitó su emergencia?, ¿qué roles desempeña el Estado para el fortalecimiento o debilitamiento de estos entramados?, ¿de qué manera estas experiencias construyen modelos de organización social centradas en lo común?

A continuación, se expondrán los principales hallazgos del estudio, referidos a los entramados organizativos existentes de esos dos barrios de la ciudad, haciendo énfasis en la composición de las organizaciones y sus principales características, para luego reflexionar acerca de las estrategias y articulaciones que se han ido generando para fortalecerse, incluyendo las modalidades para la obtención de recursos y fuentes de financiamiento de las mismas. Este análisis pretende desde una experiencia situada, aportar al debate sobre los cuidados comunitarios en clave de alternativa para la (re)organización social de los cuidados.

Los cuidados como bien común

Cristina Vega Solís (2019) realiza un recorrido teórico sobre los principales aportes de la teoría feminista al paradigma de los comunes. Ella explica cómo la teoría feminista hizo hincapié en el trabajo reproductivo y de cuidados, dando lugar así a un ejercicio de renovación conceptual al concepto de “bienes comunes”, que permite distinguir entre bienes comunes materiales y relacionales por un lado y por otro, comprender las tramas de la reproducción social en contextos de crisis también en clave de bienes comunes. La autora explica, retomando a Laval y Dardot (2015), que los comunes inicialmente se relacionan con esos bienes de carácter tangible como los recursos naturales, bosques, parques, equipamiento y su gestión por parte de las comunidades. Luego, la literatura ha añadido a esta conceptualización, “comunes relaciones no naturales (conocimiento, cuidados, etc.), asociados a la lucha en entornos urbanos” (Rendueles y Sádaba, 2015, como se citó en Vega Solís, 2019).

Siguiendo a la autora (2019), desde la economía feminista como parte de la economía crítica, ha sido estudiada la contradicción creciente entre la acumulación del capital y el sostenimiento de la vida, mientras que, para el caso de América Latina, han proliferado debates que entienden a la reproducción de la vida y los cuidados como actividades comunitarias, aunque no todas se ubican en el paradigma de los comunes.

Retomando esta discusión, en el libro digital “Debates feministas para la recuperación en la postpandemia. Políticas económicas y su impacto en la vida cotidiana de las mujeres”, compilado por Norma Sanchís (2022), de la Red de Género y Comercio y la Asociación Civil Lola Mora, se abordan una serie de discusiones acerca de los cambios recientes en materia de comercio internacional y cómo los mismos impactan particularmente en las mujeres. En uno de esos artículos titulado “Más allá de la familia y el Estado, los cuidados comunitarios como Bien común”, de Sanchís, se realiza un recorrido conceptual acerca de cómo la teoría económica clásica, se afirma sobre una división binaria y excluyente entre los bienes públicos y privados, que se expresa además, en una división tajante entre actores económicos: Estado y Mercado. Dependiendo del momento en que nos encontremos y las decisiones políticas que se tomen durante los distintos gobiernos, el Estado tiene mayor o menor presencia. Sin embargo, la autora muestra cómo la teoría económica omite todo aquello que sucede en el espacio comunitario, lugar donde (especialmente en momentos de crisis como el que nos encontramos atravesando), se producen lo que llamamos “bienes comunes”, y que no pertenecen ni al ámbito privado ni al estatal. Por eso, es relevante plantear esta renovación conceptual (Vega Solís, 2019; Sanchís, 2022), que comprenda a los cuidados como bienes comunes, a partir del análisis de experiencias concretas de acción colectiva de mujeres de sectores populares. Más recientemente en Argentina, Cavallero y Gago (2025), han analizado el vínculo entre desposesión, reproducción de la vida y violencia machista, evidenciando el entramado existente entre neoliberalismo y patriarcado.

Entender a los cuidados comunitarios en tanto bienes comunes en un contexto de avance del modelo de acumulación neoliberal, permite visibilizar las actividades concretas que posibilitan la reproducción social cotidiana y sus múltiples entretejidos, entendiendo la reproducción no solamente en un sentido material (alimento, vestimenta, indumentaria, infraestructura), sino también a los aspectos relacionales que posibilitan el desarrollo de la comunidad en general.

Estrategia metodológica

El artículo presentará los principales hallazgos de la investigación realizada en julio de 2023 en el municipio de Rosario, Santa Fe, por parte de Asociación Civil Lola Mora, que incluyó específicamente en los barrios de Ludueña y Empalme Graneros debido a la gran presencia de organizaciones sociales de gran trayectoria y entramados territoriales en ambos barrios. La investigación tuvo como objetivo principal generar evidencia de experiencias históricas, modalidades, mecanismos y articulaciones sobre la oferta de las organizaciones de base que prestan servicios de cuidado a nivel comunitario en barrios populares de la ciudad de Rosario. Para realizar este estudio, se contrató un equipo de investigación de la UNR y se trabajó en articulación con la Secretaría de Género del Municipio. La metodología utilizada consistió en técnicas de recolección cualitativas, específicamente observaciones participantes y entrevistas en profundidad. Finalmente, el análisis incluyó una muestra de 20 organizaciones, luego de realizar un mapeo en el que se detectaron un total de 138 espacios que ofrecían cuidados comunitarios. Para esas 20 organizaciones, se aplicaron entrevistas en profundidad (15 individuales y 5 grupales).

Los cuidados comunitarios en Empalme Graneros y Ludueña

Respecto de la oferta de cuidados comunitarios de los dos barrios mencionados, son destacables una serie de características las cuales se encuentran publicadas en el informe “Cuidados comunitarios en el Municipio de Rosario”, del año 2023, que presenta los principales hallazgos de la investigación.

En primer lugar, de la muestra conformada por las 20 organizaciones, la mayoría de ellas había surgido en momentos coincidentes con crisis económicas y sociales o de precarización del nivel de vida. Respecto del espacio físico en donde funcionaban, la mayoría contaba con un espacio propio, siendo una minoría (15%), quienes ocupaban un espacio alquilado o prestado. Asimismo, la mayoría tenía una calidad material “media”; es decir, con materiales resistentes, pero sin terminar.

En cuanto al alcance social, una gran parte estaba compuesta por personas pertenecientes a los barrios donde funcionaban (70%), mientras que un alto porcentaje (65%) manifestaba ser parte o articular con otras organizaciones políticas o religiosas.

Respecto de las actividades que realizaban, la gran mayoría prestaba servicios alimentarios, seguidos por apoyo escolar y espacio de formación. Un rasgo a resaltar es la cantidad de actividades que se realizaban en simultáneo: un 70% de las organizaciones tenía entre 4 y 8 actividades principales. Esto da cuenta de cómo debido a su carácter comunitario, el hecho de brindar un servicio (por ejemplo, alimentario), habilitaba la demanda de otros abordajes para los cuales muchas veces las organizaciones no estaban lo suficientemente preparadas y debían ir aprendiendo y adaptándose según la demanda social existente en cada barrio.

Por otra parte, al consultar sobre quiénes eran las personas destinatarias de los servicios de cuidados comunitarios, la mayoría estaban destinados a las infancias, seguido por las adolescencias y jóvenes. Aparecían también, aunque en menor medida, espacios dirigidos a la asistencia de personas mayores.

Respecto de las fuentes de financiamiento de las organizaciones, un enorme porcentaje (85%), refirió que recibía apoyo del Estado Nacional, 65%, aportes municipales y 55%, aportes provinciales. Al igual que otros estudios sobre cuidados comunitarios que realizamos en la Asociación Lola Mora durante la pandemia (Sanchís, 2020; Bergel Varela y Rey, 2021)^[3], en el caso de Rosario, la mayoría de quienes integraban estas organizaciones eran mujeres. Sin embargo, también participaban algunos varones y también personas de la comunidad LGTB. Un aspecto para destacar es que a pesar de que las mujeres eran mayoría en las organizaciones, muchos puestos de liderazgo eran ocupados por varones, dando lugar a un fenómeno que se conoce como segregación vertical (García de Fanelli, Gogna y Jelín, 1990), que refiere a la desigualdad en los niveles jerárquicos entre hombres y mujeres en un mismo sector de actividad.

En cuanto a la remuneración, al momento de las entrevistas, la mayoría de las mujeres (64%), no recibían ninguna remuneración. De ellas, algunas declaraban estar conformes con esa situación, ya que se trataba de un trabajo voluntario, mientras que otras presentaban demandas concretas acerca de la necesidad de recibir una remuneración por el trabajo que hacían. De quienes sí recibían, lo hacían principalmente a través del programa “Potenciar Trabajo”^[4] (actualmente llamado “Volver al trabajo”).

Otro aspecto importante a mencionar es que un 95% de las mujeres entrevistadas habían recibido algún tipo de formación o curso, principalmente a través del gobierno local. Estos espacios de formación eran sumamente valorados por las mujeres, tanto por sus contenidos como por la generación de espacios de encuentro, así como por la certificación de los saberes.

El último aspecto que interesa destacar son las motivaciones que declaraban tener las mujeres para realizar el trabajo de cuidado comunitario diariamente en los barrios. Entre éstas, se encontraba, por un lado, un sentido de responsabilidad social, seguido por la gratificación personal y necesidad económica. Pero también el compromiso barrial y la necesidad de colectivizar las angustias o experiencias de vida dolorosas.

En conclusión, al momento de realizar el estudio en los dos barrios de Rosario mencionados (en 2023), se observaron entramados comunitarios sólidos, compuestos por organizaciones comunitarios con distintos niveles de antigüedad y experiencia, a cargo de mujeres que en general no recibían ninguna remuneración por su trabajo y cuyas motivaciones se relacionaban tanto con sus trayectorias y experiencias de vida personal, como por la necesidad de obtener un ingreso y finalmente, por un sentido social de luchar contra la injusticia social.

Respecto de la violencia por razones de género, las situaciones vinculadas con esta problemática aparecían como una preocupación común a muchas de las organizaciones entrevistadas. Varias de ellas se dedicaban exclusivamente a atender este tipo de situaciones elaborando estrategias situadas, generalmente vinculadas a la articulación con dispositivos estatales y el trabajo en red con actores públicos y privados. Puntualmente, del estudio surgió que el 70% de las organizaciones relevadas intentaban trabajar de alguna manera sobre este tema, en general por haber sido víctimas de una situación de este tipo o por conocer alguna mujer cercana que había vivido esta situación.

En este sentido, el estudio dio cuenta de una serie de dificultades específicas para el abordaje de la violencia de género relacionadas con el contexto de violencia en Rosario, como el hecho de que al acudir a la comisaría, en muchas ocasiones no se le daba lugar a estas denuncias por el hecho de que la policía se veía involucrada en una serie de situaciones violentas en simultáneo, por ejemplo en tiroteos o balaceras, y por lo tanto, no disponía de móviles capaces de acudir para situaciones como violencia de género, que terminaban quedando relegadas respecto de otros delitos.

Indagando sobre los orígenes de estas organizaciones, es importante señalar que la aparición de espacios que abordan la violencia de género en Rosario al momento del relevamiento coincidía con la aparición del movimiento feminista a partir de la demanda de “Ni una menos” iniciada en 2015, y el establecimiento de una agenda feminista en donde la violencia de género aparece como unas de las problemáticas más extremas y acuciantes. Puntualmente en Rosario, se detectaron dos experiencias de Redes de mujeres dedicadas a abordar la violencia de género: la Red de Mujeres de Ludueña y el “Corredor Violeta”, en Empalme Graneros. En ambos casos, tal como se menciona en el informe:

Se trata de articulaciones cuyas principales iniciativas se relacionan con la organización de manera conjunta de actividades para días específicos pertenecientes al calendario feminista, como el 28 de mayo (conocido como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres), el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer trabajadora, que se ha resignificado a una jornada de paro feminista a nivel internacional), el 3 de junio (Ni Una Menos), el 25 de noviembre (Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer). Las acciones que se llevan adelante estos días están vinculadas, en general, a la ocupación del espacio público de diversas maneras: actividades en la calle, jornadas para pintar remeras para una marcha; descentralización en los barrios de las actividades preparatorias de las grandes movilizaciones (8M, 3J, 25N) organizadas por la asamblea de organizaciones feministas de la ciudad; pintada de murales; organización de reconocimiento a mujeres referentas. (ONU Mujeres en Argentina y Asociación Civil Lola Mora, 2023).

Respecto de la Red de Mujeres Organizadas de Ludueña, se trata de una organización de mujeres que organizan distintas acciones siguiendo la agenda feminista ya mencionada. Del total de organizaciones entrevistadas, 45% participaban de esta Red. Entre las actividades se encuentran el estampado de remeras para las marchas, iniciativas sobre temas de salud sexual y reproductiva, aborto, violencia de género. Manifestaban, sin embargo, dificultades y problemas producto de la competencia entre las organizaciones que dificultaban a veces el funcionamiento de la red. Ellas, por el contrario, fueron capaces de elaborar estrategias de solidaridad y horizontalidad en donde todos cumplan el mismo rol, y sean todos protagonistas. Estas propuestas que podríamos considerar como metodologías feministas, permitieron, con el tiempo, convertir a la Red en un espacio de espacio de referencia para el barrio que está integrada tanto por trabajadoras estatales como por cuidadoras comunitarias a partir del acompañamiento mutuo y el trabajo articulado.

En cuanto al Corredor Violeta de Empalme Graneros, surgió en 2021 y se autodenomina Corredor “Graciela Príncipe”, en alusión a una trabajadora auxiliar del barrio que fue víctima de femicidio. Al igual que la Red de Ludueña, participan del corredor tanto trabajadoras estatales como de espacios comunitarios, quienes articulan acciones en defensa de los derechos de las mujeres. Empezó a partir de la realización de un mural colectivo en homenaje a Graciela Príncipe, desde donde comenzó a gestarse y ampliarse la Red Corredor Violeta.

A partir del contacto con estas organizaciones y como parte de la segunda etapa del Proyecto “Cuidados Comunitarios” ya mencionado, apoyamos aquellas acciones que, estratégicamente, les permitieran a las organizaciones fortalecerse y ampliar el trabajo que venían realizando (Asociación Civil Lola Mora y ONU Mujeres, 2025).

En el caso del Corredor Violeta, se trabajó en el diseño de la identidad visual de la red junto con la renovación del mapa barrial con el corredor, los puntos de referencia, material gráfico y de comunicación y un recursero actualizado. Puntualmente, se trabajó en la realización de materiales de comunicación orientados a identificar los puntos seguros dentro del barrio que conjuntamente formar el Corredor. Para esto, se realizaron reuniones entre las personas que integran la red para actualizar el mapa barrial e identificar las organizaciones que forman parte, junto con su nombre y ubicación. A partir de ahí, se construyó un logo del Corredor y luego, su impresión, para pegarlo en las entradas de los lugares. El espíritu que guio estas acciones fue el de prevenir la violencia de género, permitiendo establecer un espacio de tránsito seguro dentro del barrio, especialmente para las mujeres, por eso finalmente se realizó una jornada de visibilización y difusión del corredor para los vecinos y las vecinas del barrio^[5]. Si bien la Red Corredor Violeta tiene como objetivo principal trabajar sobre la problemática de la violencia, no todas las organizaciones que lo integran se dedican a trabajar exclusivamente esta problemática. Por el contrario, se trata de espacios de distintas características, comunitarios y estatales, comedores, huertas, espacios de salud y educativos. Lo importante de la Red es que, a pesar de esta heterogeneidad, logró constituir una metodología horizontal y participativa, compartiendo un mismo objetivo. Esto da cuenta de la transversalidad que tiene la violencia de género en los territorios, frente a la cual la construcción de Redes de organizaciones se presenta como una estrategia necesaria para su abordaje.

Para el caso del Barrio Ludueña, el proyecto estuvo orientado al fortalecimiento de las capacidades institucionales de las organizaciones con el objetivo de consolidar el trabajo en red entre las diversas organizaciones del barrio. Para esto, se realizó un ciclo de capacitaciones dirigido a las referentas e integrantes de los espacios, para fortalecer herramientas de abordaje. Se trabajó en dos temáticas principales que emergieron como necesidades del barrio: salud sexual y reproductiva y acompañamiento ante situaciones de violencia de género. Como resultado de estos encuentros, se conformó un grupo de WhatsApp que continuó más allá del proyecto de fortalecimiento. Finalmente, esta experiencia tuvo como novedad el hecho de pensarse como acciones que funcionaran a modo de prueba con el objetivo de poder ser replicadas en otros barrios, a modo de construir una metodología de apropiación de saberes para la construcción de tramas de cuidados comunitarios (Asociación Civil Lola Mora y ONU Mujeres, 2025).

En este caso, la demanda de capacitaciones internas sobre temas relacionados con la violencia de género y la salud sexual y reproductiva incluyó novedosamente cuestiones relacionadas con la reflexión sobre las masculinidades y además, la construcción de herramientas comunitarias para la resolución de conflictos barriales. Estas capacitaciones estuvieron a cargo de referentes y especialistas en el tema de diferentes áreas del Municipio y dieron lugar a una serie de encuentros en varios casos muy movilizantes, y a la construcción de estrategias de intervención concretas. En ambos casos, estas iniciativas fueron acompañadas por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario.

En los encuentros finales de reflexión y balance, en los dos barrios, ambas experiencias de fortalecimiento fueron profundamente valoradas por las integrantes de las organizaciones, dando cuenta de la potencialidad presente en las tramas de articulación entre actores estatales, comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.

La experiencia de estas dos redes de organizaciones comunitarias cuyo objetivo principal es abordar la problemática de la violencia de género, permite observar la manera concreta que asumen los entramados comunitarios frente a una problemática tan compleja como la violencia de género, aún más en un contexto de incremento de violencia urbana provocada por la presencia de bandas relacionadas con la economía ilegal, como el narcotráfico. Estas bandas, en su búsqueda de expansión territorial en los barrios, construyen códigos a través acciones violentas, generando en los territorios un clima de inseguridad y temor. Como contrapunto, el trabajo de las organizaciones permite dar cuenta del entramado profundo que existe entre la pauperización de la vida, la expansión territorial de las economías ilegales y la violencia de género. A modo de ejemplo, en el informe anual de homicidios en Rosario de 2022 (Observatorio de Seguridad Pública, 2023) se da cuenta de que si bien la mayoría de las víctimas son hombres (8 de cada 10), habían disminuido las víctimas mujeres entre 2017 y 2021, incrementándose abruptamente en el último año. En este sentido, cabe preguntarse cuántos de estos crímenes, lejos de ser simples “homicidios” pueden considerarse crímenes por violencia por razones de género, discusión que se reabrió recientemente de manera pública a partir del triple femicidio de Florencio Varela (Página/12, 2024), en 2025, que dejó al descubierto el carácter misógino de estos códigos “narco”.

En este contexto, las organizaciones territoriales y feministas, son capaces de cumplir un rol fundamental en el señalamiento de este carácter generizado de estos crímenes para poder intervenir en el debate público actual sobre este tema, en un contexto en el que el gobierno nacional ha negado en reiteradas oportunidades la existencia de la violencia por razones de género y retirando los programas y dispositivos de prevención y acompañamiento estatales que existían en los barrios para abordar esta problemática.

Por otra parte, la construcción de estrategias de fortalecimiento de las organizaciones situadas y actualizadas da cuenta de la heterogeneidad de las mismas y de los múltiples recursos que se pueden utilizar para visibilizar y prevenir la violencia: desde las capacitaciones internas, los cursos e instancias de formación y reflexión, hasta la comunicación y difusión de actividades y la construcción de infraestructuras de cuidado como el Corredor, generando espacios de tránsito seguro para las mujeres.

En el artículo “Violencia contra las mujeres y políticas públicas”, Laurana Malacalza (2023) analiza las dos maneras de abordar la violencia de género desde las políticas públicas, a partir de la sanción de la Ley Nacional n° 26.485 del año 2009. La autora explica que estas políticas generalmente oscilan entre un paradigma securitario o privatista o desde un abordaje integral.

Respecto del modelo securitario, Malacalza (2023) analiza que éste responde a un paradigma en donde se les propone a las mujeres, la responsabilidad de cuidar su integridad. Esto conlleva a que el mecanismo privilegiado a través del que se pretende abordar la violencia de género sea a través de la denuncia individual, lo que deja en manos de las mujeres la responsabilidad de la denuncia y de su propia protección y la de sus hijos/as. En el fondo, plantea la autora, se trata de individualizar las responsabilidades. Estas políticas “han puesto el foco en las mujeres como víctimas y no en las desiguales relaciones de poder entre los géneros en las que se inscriben los hechos de violencia” (2023:67). El problema de este modelo radica en que genera intervenciones judiciales insuficientes por la falta de articulación entre los distintos organismos y sin un abordaje integral con otros dispositivos. Además, este paradigma termina siendo revictimizante, porque no es capaz de exponer la lógica de dominación patriarcal que existe sobre las mujeres. En definitiva, este modelo privatiza el problema, es decir que lo despolitiza, provocando un marco que habilita que los femicidios efectivamente sucedan.

Por el contrario, para un abordaje integral, sería necesaria construir una mirada que garantice el acceso a los derechos de las mujeres para la prevención de la violencia (derecho a la salud, educación, autonomía económica, etc.) y hace falta, además, generar una real articulación entre los distintos niveles del Estado, incluyendo a los dispositivos existentes en cada lugar, tanto estatales como comunitarios (Malacalza, 2023).

Respecto de este último paradigma, las organizaciones de cuidados comunitarios que trabajan esta problemática tienen mucho que aportar. En primer lugar, estas organizaciones conocen mejor que nadie el territorio en el cual trabajan: conocen tanto a quienes lo integran como su recorrido e historia, así como también sus principales características y problemáticas, incluyendo los principales actores que intervienen. Es decir, son las únicas capaces de trabajar desde una perspectiva situada. Por otra parte, en muchos casos son quienes pueden trabajar en acompañar situaciones de violencia de género desde una perspectiva colectiva y no individual. Es decir, no solamente orientando y acompañando a las víctimas para que realicen la denuncia, sino también conteniéndola, escuchándola, acompañándola para lograr salir de esa situación a partir de la independencia económica y emocional respecto del agresor, esto es, a través de la construcción de redes comunitarias que posibiliten a las víctimas construir nuevas relaciones y apoyos.

Por este motivo, las organizaciones y redes contra la violencia de género en los barrios populares son tan importantes y se convierten, como en el caso de Rosario, en espacios de referencia para las personas de cada territorio: cumplen un papel que el Estado a través de sus políticas, (incluso desde una perspectiva integral), es incapaz de cumplir del todo. Estas organizaciones comunitarias, ponen precisamente los cuidados en el centro: orientan a la víctima para que se fortalezca antes de denunciar, anticipan además posibles respuestas del agresor al enterarse que ha sido denunciado, articulan con otros organismos para acompañar a la víctima y finalmente, el hecho de ofrecerle un espacio de contención y construcción de nuevas redes se orienta a alejarla del lugar de víctima. En la investigación sobre los cuidados comunitarios en Rosario, muchas de las integrantes de las estas redes, habían sido víctimas de violencia de género, incluso muchas se acercaron a alguna organización solicitando ayuda, pudiendo salir de esas situaciones, para terminar, convirtiéndose en referentas o lideresas barriales.

Por esto, el trabajo comunitario en muchos casos un carácter reparador: no solamente porque en muchas situaciones, permite colectivizar la situación, comprendiéndola como un fenómeno social y no individual, sino porque además el trabajo de ayudar a otrxs aparece como una manera de “devolver”, la ayuda recibida, entendiendo a los cuidados como una relación recíproca, horizontal, corriéndose del esquema jerárquico de persona cuidadora/persona cuidada. Así lo señalan dos de las referentas comunitarias entrevistada citadas en el informe (ONU Mujeres en Argentina y Asociación Civil Lola Mora, 2023):

Yo vengo de una violencia de género también, he salido a través de la comunidad, y hasta ahora estoy trabajando. Soy una de las que coordina (2023: 41).

Seguir sosteniendo y transformando la crueldad, porque estas mujeres no solamente están atravesadas por sus historias personales, también una de ellas, la que es docente de tejido por ejemplo, es una mujer que viene de atravesar la muerte de su hijo por error en una balacera y… y de haber sobrevivido a algunos intentos también viste… difíciles de seguir viviendo digamos intentos de vivir dice ella entonces cuando sale la sentencia y se hace el juicio, y bueno todo lo que el Poder Judicial pudo hacer que fue favorable para ella pudo encontrar algo de paz y a partir de eso funda este espacio por eso te digo… de tejer, de tejido, de armar tramas y todo lo que eso también simbólicamente y metafóricamente es eh… es que nos aporta para pensarnos también viste en el territorio (2023: 41).

Según estos testimonios, palabras como el “tejido”, “las tramas”, las “redes”, aluden a la capacidad de juntarse y construir colectivamente las herramientas eficientes para acompañar estas situaciones. En este sentido, retomando las discusiones sobre los cuidados comunitarios como bienes comunes, Vega Solís (2019), resalta los aportes del feminismo al paradigma de los comunes:

Las personas, particularmente las mujeres, cooperan proveyendo recursos y cuidados que garantizan el mantenimiento diario. No son restos o bolsas de una economía precapitalista o no capitalista, sino experiencias corrientes que traman la existencia y que no siempre se realizan de forma individual e intramuros. El examen de dichas experiencias permite captar su potencia a la hora de preservar cuerpos y entornos, y erigirse, por lo tanto, en un terreno clave para la afirmación de lo común más allá, incluso, de la propia “subsunción general del trabajo comunitario. (Gutiérrez y Salazar 2015, citados por Vega Solís, 2019).

Los cuidados comunitarios son, en definitiva, expresiones de una transformación del presente porque permite darle otra forma a la vida social tal como la conocemos.

Aquí la autora nos invita a pensar la propia práctica del cuidado comunitario como una manera de modificar el propio presente, es decir, nuestra existencia cotidiana. Desde este punto de vista podemos interpretar las prácticas de cuidado no solamente en clave de ayuda, solidaridad o asistencia (como generalmente suelen ser interpretados), sino como formas alternativas de construcción de subjetividad, de relacionarse de forma distinta con los demás y con el entorno.

En un contexto de aumento de femicidios -de enero a noviembre de 2025 se contaron en total 228 femicidios- (Ahora Que Sí Nos Ven, 2025) y de retroceso de dispositivos estatales para el abordaje de las violencias (CELS, 2025), el trabajo de las organizaciones comunitarias a través de sus tramas se ha vuelto fundamental. Desde ámbitos académicos y/o intelectuales, indagar, y cuantificar el trabajo cotidiano de las cuidadoras comunitarias en los barrios populares desde el paradigma de los comunes, resulta valioso para comprenderlos en clave de su potencialidad transformadora para la construcción de infraestructura de cuidados como propuestas novedosas para una organización social más equitativa y justa.

Reflexiones finales

Desde la Asociación Lola Mora, se inició un proceso de análisis de los cuidados comunitarios surgidos en el contexto de la pandemia, momento en el cual estas prácticas, adquirieron un papel fundamental en el sostenimiento de la vida en los barrios. En aquel momento, se trató de comprender estos entramados, no solo para resaltar su valor inmediato y exigir en muchos casos, una retribución acorde^[6], sino también explorar sus potencialidades en un marco más amplio, donde los cuidados dejan de ser simples respuestas a emergencias en barrios populares, para transformarse en un horizonte estratégico en la construcción de otro tipo de sociedad. Desde aquel momento hasta la actualidad, se ha evidenciado un interés creciente tanto en el ámbito académico como en el público general, por analizar los cuidados en nuestra región, poniendo en valor su importancia económica y social, y dando lugar a numerosas iniciativas y propuestas encaminadas a la constitución de un sistema integral de cuidados (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2025). Esto sucede aún en un contexto de ajuste económico sostenido y de profundización de problemáticas sociales que no cesan de multiplicarse: la inseguridad alimentaria, la desnutrición, los problemas de salud física y mental, los consumos problemáticos, la violencia de género, entre otros (Mora y Bercovich, 2024).

En este escenario, resulta imprescindible señalar que los cuidados comunitarios continúan siendo los menos abordados y valorados en los análisis académicos y públicos, siendo que los mismos constituyen no solo una respuesta ante necesidades inmediatas, sino también una lógica de resistencia y transformación social. Los cuidados en comunidad posibilitan la construcción de lógicas colectivas, frente a la subjetividad individualizada y fragmentada que impone la lógica neoliberal. Contrario a esto, los cuidados comunitarios promueven una desfamiliarización del acto de cuidar, un proceso de desprivatización que lo saca del ámbito exclusivamente privado para situarlos en la esfera pública, en un espacio de discusión y acción colectiva. En un contexto global de retroceso de los derechos, con el avance de la extrema derecha en distintas partes del mundo y en nuestra propia región y país, el rol de los cuidados comunitarios adquiere una dimensión doble y profundamente concreta: por un lado, responden a demandas urgentes; por otro, conforman un entramado de alternativas de organización social que posibilitan imaginar otros mundos posibles para la reorganización social de los cuidados, donde los cuidados no constituyan una serie de tareas naturalizadas y exclusivas de las mujeres y las identidades feminizadas, sino un derecho y una responsabilidad compartida.

En este sentido, aún queda mucho camino por recorrer en la consolidación y fortalecimiento de los entramados comunitarios de cuidado. La discusión acerca del rol que debe cumplir el Estado en relación con estas organizaciones sigue siendo una parte central de la discusión. En primer lugar, surge el interrogante acerca de en qué medida el Estado es capaz de integrarse en estas tramas sociales como un actor activo, participando en la planificación y ejecución de las acciones o si su papel debe limitarse a brindar apoyo, recursos y reconocimiento, sin imponer su mirada y directrices, permitiendo así que las organizaciones mantengan su autonomía.

Algunos sectores sostienen que la presencia estatal puede aportar recursos, formalizar derechos y proteger ante amenazas externas como la represión o la exclusión. Sin embargo, una sobre intervención estatal también puede terminar quitando poder a estas organizaciones, o desdibujando su carácter comunitario, feminista o autogestionario. La imposición de modelos acerca de cómo deben funcionar puede limitar su capacidad de acción, generar relaciones de dependencia e incluso invisibilizar las formas en que estas tramas resisten y se autoorganizan. Por eso, el equilibrio respecto del rol del Estado requiere una actuación que sea respetuosa de la autonomía, apoyando sus demandas, sin interferir en sus formas de organización ni en sus modos de cuidar.

Por otra parte, la experiencia acumulada de estas organizaciones y su potencial transformador, las convierte en enemigas principales de los gobiernos neoliberales, quienes buscan desarticular las tramas comunitarias y reducir la participación comunitaria, favoreciendo un modelo centrado en la lógica individual y el famoso “sálvese quien pueda”. Las organizaciones comunitarias, por el contrario, representan una alternativa concreta a estas lógicas de exclusión y mercantilización. En muchos casos, se convierten en espacios en donde se evidencian las contradicciones de la lógica neoliberal y se promueve una trama de resistencia colectiva contra sus políticas como, por ejemplo, el retiro de programas sociales, la precarización laboral, la falta de infraestructura, entre otros.

En este sentido, los cuidados comunitarios que despliegan las mujeres de las organizaciones para acompañar la violencia de género en los barrios estudiados son profundamente valiosos: ellas elaboran estrategias situadas y además son capaces de realizar profundas transformaciones en sus territorios. A modo de ejemplo, los debates sobre el rol de las masculinidades, la construcción del “semáforo de la violencia” para detectar situaciones, o la escucha activa, son maneras concretas de contrarrestar la lógica securitaria e individualizante que señala Malacalza (2023), anteriormente mencionada.

Tanto desde la sociedad civil como desde ámbitos públicos, activistas y académicos, fortalecer y acompañar a estas organizaciones en contextos de ajuste económico, crisis social y aumento de la demanda en los barrios, se convierte en una tarea desafiante. Tanto la reducción de los presupuestos como la propagación de los discursos individualistas, dejan a las comunidades de sectores populares en situación de vulnerabilidad, profundizando las desigualdades sociales y de género. Las propias organizaciones en general son capaces de construir sus propias demandas: no basta con exigir recursos: una de las principales consignas de estas organizaciones actualmente es “cuidar a las que cuidan”, exigiendo la remuneración salarial (@asoc.lolamora y @globalallianceforcare, 2025). En muchos casos, las organizaciones trabajan en condiciones de alta demanda y carga emocional. La fatiga, el desgaste, la violencia y el estrés provocan problemas de salud y dificultan la capacidad de sostenerse. Por eso, promover el autocuidado, la remuneración, el acompañamiento emocional y el descanso, se vuelven también estrategias de cuidado necesarias. En este sentido, el movimiento feminista de los últimos años ha logrado articular muchas de estas demandas: por ejemplo, cuando visibilizó el rol de las cuidadoras y presentó los proyectos de ley de reconocimiento a las cuidadoras y cocineras comunitarias (Organización “La Poderosa” y “Barrios de Pie”), o al señalar la relación entre la deuda y la violencia de género a través de la consiga del movimiento NiUnaMenos: “vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

En definitiva, las experiencias de cuidados comunitarios en nuestro país tienen una importancia que trasciende la necesidad inmediata en momentos de crisis o ajuste económico. Por el contrario, estas organizaciones constituyen, en sí mismas, una propuesta política y feminista que desafía la lógica imperante del status quo neoliberal. Esto no significa que no estén exentas de contradicciones y conflictos. No se trata de romantizar estas actividades ni tampoco a las organizaciones, sino por el contrario, comprenderlas en su complejidad: sus aciertos, sus tensiones, sus errores. Según revela la investigación mencionada a lo largo de este capítulo (ONU Mujeres en Argentina y Asociación Civil Lola Mora, 2023), en la medida en que estas organizaciones han tomado contacto con espacios y grupos feministas, tanto unos como otros se han fortalecido mutuamente: las organizaciones se han apropiado de las demandas de la agenda feminista y los grupos feministas han logrado tener un enfoque más territorializado. Retomar y analizar estos diálogos no tiene la intención solamente de “entender” a los cuidados comunitarios como fenómeno social, sino que trata de pensarlo en clave de experiencia con ambición de futuro: los cuidados comunitarios nos plantean un horizonte para reorganizar socialmente los cuidados, de modo tal que sean reconocidos como trabajo y como derecho fundamental. La intención es comprender los cuidados comunitarios, para imaginar y construir una sociedad verdaderamente democrática, inclusiva y justa.

Referencias bibliográficas

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