Un análisis del Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular

Ligia Altaleff y Malena Victoria Hopp

Introducción

El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) se creó en 2016, con la sanción de la Ley de Emergencia Social N° 27.345, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Tuvo como objetivo promover los derechos de las personas que trabajan en la economía popular, pero su efectiva puesta en funcionamiento se dio recién luego del cambio de gobierno y la asunción de Alberto Fernández a la presidencia, en junio del 2020, en el contexto de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

El RENATEP se implementó desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, en ese entonces, estaba a cargo de uno de los referentes de las organizaciones de la economía popular que habían impulsado su creación. Se trata de un sistema de información laboral y sociodemográfica que buscó constituirse en una herramienta de reconocimiento de estos trabajos y de gestión de políticas para la economía popular. Su institucionalización se vinculó con demandas que venían sosteniendo las organizaciones del sector que discutían la concepción de la política social asociada a la asistencia a la pobreza.

El capítulo tiene como objetivo analizar la experiencia de implementación del RENATEP, entendido como un sistema de información “desde abajo”, y los múltiples usos de los datos que produjo en el periodo 2020-2023. Argumentamos que el Registro permitió dar visibilidad y constituyó una respuesta a la demanda de las organizaciones de la economía popular en relación con el modo en que el Estado reconocía estas experiencias laborales, de vida y de organización social desplegadas por fuera del trabajo asalariado. Así, el Registro contribuyó a disputar el sentido del trabajo y de las políticas que se venían implementando.

Para ello, utilizamos una metodología cualitativa que combinó entrevistas semi estructuradas a personas trabajadoras de la Secretaría de Economía Social, cuadros técnicos y referentes de las organizaciones vinculadas con el diseño e implementación del RENATEP, análisis de documentos y de estadísticas referidas a la economía popular. 

Los sistemas de información para la protección social son definidos como el conjunto de intervenciones destinadas al relevamiento, registro, construcción y análisis de información social que forman parte constitutiva del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas sociales (Berner y Hemelryck, 2020; Williams y Moreira, 2020; Bouillon et al., 2011). La mirada sobre los sistemas de información que proponemos busca constituir un aporte desde una visión que trasciende lo meramente técnico o normativo. Estos sistemas tienen un rol central en el funcionamiento de las sociedades modernas y, cada vez más, en la arquitectura de la política social contemporánea, sin embargo, han sido poco abordados y problematizados desde el campo de estudios de la política social. La reflexión sobre estos sistemas desde una perspectiva crítica (Dixon-Román, 2016; Riberi, González y Rojas Lasch, 2020; Desrosières, 2011) permite dar cuenta de cómo afectan el poder, la legitimidad, la cultura y la distribución de recursos, de sus actores centrales y de su relación con el entorno en el marco de una política pública. Además, la construcción de las categorías e indicadores que organizan los sistemas es un proceso esencialmente político y disputado. Estos instrumentos técnicos abonan al desarrollo de las tareas que la política social realiza desde su conceptualización, como herramientas técnico-políticas en el proceso de planificación e implementación y de negociación en las formas de nombrar aquello que se busca registrar (Filgueiras y Lorenzelli, 2004). Desde esta óptica, el RENATEP puede ser pensado como un sistema de información que plantea rupturas con las formas en las que históricamente se utilizó la información proporcionada por los registros estatales en relación con el trabajo, la pobreza y la exclusión. Se trata de una herramienta con un rol decisivo en la definición, nominación y cuantificación de los problemas sociales, tanto como en la delimitación y caracterización de la población destinataria, que contribuyó a moldear el acceso y dar forma a las estrategias de intervención desplegadas en el periodo estudiado.

El capítulo se organiza del siguiente modo. A continuación, presentamos la metodología utilizada y desarrollamos el caso del RENATEP como un sistema de información “desde abajo” (Hopp, 2026). En los siguientes apartados analizamos las rupturas respecto de otros sistemas de información asociados a la política social, los usos de los datos producidos y las luchas por el Estado y las categorías con las que se registra el trabajo, que implicó su implementación. Por último, presentamos las reflexiones finales.

Perspectiva teórico-metodológica

Partiendo de afirmar el carácter performativo de los sistemas de información asociados a la planificación y gestión de políticas sociales, exploramos el proceso de construcción social del RENATEP como dispositivo técnico (Vommaro y Daniel, 2013). Desde esta perspectiva lo entendemos como una herramienta que participa de la implementación de las políticas y de la definición de los problemas sobre los que éstas pretenden intervenir, de los sujetos que comprenden, y de las alternativas que proponen para superarlos (Hopp y Lijterman, 2024).

Adoptamos una perspectiva político-cultural que piensa las políticas sociales como el resultado de un proceso de hegemonización sobre los modos de discutir, definir y tratar la cuestión social (Grassi, 2003), y una mirada crítica que considera que los sistemas de información, por su contribución a la administración de lo público, son una tecnología inherentemente política (Winner, 1985). De allí la importancia de dar cuenta de su contexto de producción tanto como de las disputas en torno a sus usos sociales y efectos.

La medición y caracterización de la economía popular contribuyó a dar visibilidad a las demandas de los/as trabajadores/as que la conforman y a colocar estas cuestiones en la agenda de las políticas públicas, proponiendo nuevas formas de pensar el trabajo, la economía y la propia intervención del Ministerio de Desarrollo Social. Inspiradas en el análisis histórico y sociológico de las estadísticas de Desrosières (2011) buscamos mostrar los usos argumentativos de la información producida por el RENATEP, dando cuenta del carácter construido de los datos y de su rol en la definición de los problemas sociales y las estrategias de intervención para atenderlos. Este abordaje permite comenzar a abrir estas “cajas negras” de la política social que constituyen una dimensión central de su arquitectura y suelen presentarse como dispositivos neutrales y objetivos.

Seleccionamos el caso del RENATEP porque se trata del primer sistema de información oficial sobre la economía popular en Argentina. Su puesta en marcha se dio a partir de una experiencia de co-construcción de herramientas técnicas para la gestión de políticas, que buscó responder a las demandas de reconocimiento y protección social que sostienen las organizaciones de representación del sector. Al considerar como método el estudio de casos, realizamos una recopilación e interpretación detallada de toda la información posible sobre el caso escogido y las cuestiones emergentes en el contexto específico de su implementación (Vieytes, 2009; Neiman y Quaranta, 2007).

Utilizamos una metodología cualitativa que buscó captar las actitudes, creencias, comportamientos y acciones procurando entender la forma como las personas interpretan y confieren sentidos a sus experiencias y al mundo en el que viven (Souza Minayo, 2008). Para ello combinamos entrevistas semi estructuradas a informantes clave con análisis documental. Las entrevistas fueron realizadas entre febrero y mayo de 2022, a cuatro trabajadores/as de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social vinculados con la implementación del RENATEP, dos cuadros técnicos y dos integrantes de organizaciones de la economía popular que ocuparon cargos de gestión y de representación en el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández (diciembre 2019-diciembre 2023), cuando el RENATEP fue efectivamente puesto en funcionamiento. La selección de los informantes se fundamenta en el rol que tuvieron en el diseño e implementación del RENATEP.

El corpus documental incluyó normativas de las intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social para la promoción, regulación y protección de la economía social y popular, la normativa que establece la estructura orgánica de la Secretaría de Economía Social, los informes del RENATEP publicados (RENATEP, mayo 2021; agosto 2021; octubre 2021; abril 2022; noviembre 2022; abril 2023; septiembre 2023), información de sitios web oficiales y de las organizaciones de la economía popular y notas periodísticas.

El análisis de los contenidos de estos documentos y las entrevistas realizadas permitió reconstruir los contextos de surgimiento y puesta en marcha del Registro, describir y analizar los aspectos formales y aquellos no formalizados de su implementación y observar sus usos en el marco de la disputa por la definición del trabajo en la economía popular, su reconocimiento y las estrategias adecuadas para su fortalecimiento en la Argentina.

El RENATEP, un sistema de información “desde abajo”

La creación del RENATEP se inscribe en el desarrollo de una política de promoción, iniciada en 2003, como una línea central de política social de economía social implementada por el Ministerio de Desarrollo Social. Ésta se desplegó durante todo el ciclo kirchnerista (2003-2015) e incluyó diversos programas y nuevas instituciones de fomento, regulación y protección de trabajadores/as autogestionados/as. En ese contexto se creó el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES) en el ámbito de la Secretaría de Economía Social (Decreto 189 de 2004).

El REDLES puede ser considerado como un antecedente del RENATEP, ya que se trata de un sistema de información asociado a los programas de promoción de la economía social con el objetivo de fortalecer la inclusión sociolaboral, la protección y formalización de personas y unidades productivas autogestionadas. Mediante la inscripción se accede a una forma tributaria y de registración del trabajo, el monotributo social, que buscó fortalecer las estrategias de comercialización y garantizar la posibilidad de acceso a una cobertura de salud y contabilizar años para una jubilación futura. Sin embargo, se distingue del RENATEP por varias razones. En primer lugar, por su menor visibilidad pública y alcance cuantitativo de la población inscripta. Mientras que, según el último informe disponible, en agosto de 2020, el REDLES tenía 344.143 titulares de monotributo social activos (REDLES, 2020), el RENATEP en sólo tres años alcanzó las 3.618.606 personas registradas (RENATEP, 2023).

También por el modo de institucionalización, que en el caso del REDLES podemos vincular con la necesidad de construir una herramienta legal para dar formalidad a las unidades productivas promovidas por los programas de fomento de la economía social del período 2003-2015 (Hopp, 2021). La creación del RENATEP, además, implicó un cambio de denominación y caracterización de los/as trabajadores/as y unidades productivas vinculadas con las políticas del Ministerio de Desarrollo Social que forma parte de un debate conceptual, social y político en un campo en construcción (Maldovan Bonelli, 2018). Por último, el RENATEP surge “desde abajo”, es decir impulsado por las organizaciones de la economía popular que demandaban una herramienta de registro que favorezca la planificación y el acceso a políticas de formalización, promoción y protección del trabajo.

En este sentido, parte de las organizaciones promovieron un proyecto de ley cuyo objetivo principal era poner en el centro del debate la economía popular como problema público y reivindicar el rol de las organizaciones como representativas del sector. La ley 27.345, sancionada en diciembre de 2016, en un contexto de reconstrucción neoliberal, creó tres instituciones novedosas que dieron cuenta del reconocimiento del rol de la economía popular en la reproducción de la vida de los sectores populares tanto como de las condiciones de desprotección en las que se desarrolla el trabajo de las personas que la conforman: el Salario Social Complementario, el Consejo de la Economía Popular y el RENATEP. Se establece así un punto de quiebre en el camino hacia el reconocimiento al sujeto trabajador de la economía popular por distintas razones. En primer lugar, fue la primera vez que un instrumento normativo nombró a los/as trabajadores/as del sector como tales y consideró las actividades de la economía popular por fuera de las formas tradicionales del trabajo y el empleo dando cuenta de su carácter laboral ampliado. Se estableció así la necesidad de construir nuevos marcos regulatorios que contuvieran los derechos asociados al trabajo, desanclados del empleo y que permitieran el fomento de las actividades de la economía popular. Se presentó el derecho al trabajo y en concatenación, al reconocimiento de la economía popular corriéndose de la dicotomía entre la asistencia recibida por los programas sociales y el salario asociado al trabajo registrado (Natalucci y Mate, 2020).

Si bien esto marcó un hito en el reconocimiento estatal de la economía popular, en la práctica estas instituciones tuvieron un alcance limitado. El universo de personas que conforman la economía popular fue estimado en 4,5 millones de personas (RENATEP, 2021) y el Salario Social Complementario alcanzó sólo a 269.874 (CNCPS, 2019)^[1]. El Consejo y el Registro no llegaron a implementarse durante la gestión macrista. A partir de la asunción de Alberto Fernández, las instituciones de la economía popular tomaron un renovado impulso, en un nuevo contexto político que habilitó la incorporación de referentes/as de las organizaciones de la economía popular y social a las estructuras del Estado. Como señala una de las entrevistadas, esto fue posible porque quienes habían armado e impulsado la Ley de Emergencia Social eran parte de la Secretaría de Economía Social que tenía la potestad y la capacidad de crear el registro.

El primer informe publicado en mayo de 2021, consideró los datos del periodo comprendido entre julio de 2020 y febrero de 2021, con un total de 2.093.850 de inscripciones. La inscripción al RENATEP se realizó de forma online a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social donde las personas deben completar una serie de preguntas referidas a los datos personales, el trabajo y la unidad productiva en la cual se desempeñan. Durante esta primera etapa se realizó de manera exclusivamente virtual por el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Se utilizaron como vía de comunicación los canales institucionales y la vinculación con organizaciones sociales. En palabras de Emilio Pérsico, el entonces secretario de Economía Social, y referente del Movimiento Evita, ya desde su objetivo el RENATEP presenta diferencias con otros sistemas de información que existen en la administración pública:

Nuestro principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el RENATEP es un inicio para eso; es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. Más de 4,5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días, por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociéndolos. (Emilio Pérsico, diario página 12, 04/05/2021).

Al registrar, sistematizar y exponer las características de quienes son parte de la economía popular, el RENATEP se involucra indefectiblemente en los procesos de reconocimiento hacia este sector. Este Registro surge de la necesidad de conocer las condiciones de trabajo y de vida de la población y, a la vez, de generar las bases para una planificación de la política social y de las acciones públicas que demuestren las capacidades estatales para abordar las problemáticas que surgen de las situaciones de pobreza, tanto como del trabajo y de los procesos colectivos.

Rupturas con los sistemas de información asociados a la política social

Los sistemas de información vinculados con la política social pueden tener varios usos. Entre ellos, la cuantificación de la población objetivo que será destinataria de programas sociales y en relación con ello, el recorte de las poblaciones que son beneficiarias de cada prestación social, que permite realizar un monitoreo general y de forma periódica sobre el alcance cuali y cuantitativo. En general, se puede decir que los sistemas de información se caracterizan por ser una herramienta con el potencial de realizar un seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas. Estas fuentes registrales tienen una amplia cobertura poblacional y una periodicidad continua que permite construir datos longitudinales. Para su administración requieren de un diseño de instrumento que pueda tomar el dato de manera sistemática y una infraestructura informática para almacenar y proteger la información recopilada. La puerta de entrada a estos registros es documental-administrativa e incide en la formación/construcción de datos e indicadores sobre el estudio de una población (SIEMPRO, s/f). También, permiten conocer cuál es el grado de complementación entre las distintas protecciones que otorga el Estado en pos de gestar un sistema integrado, observar los errores de inclusión y exclusión generados y conocer cuáles son los umbrales de vulnerabilidad para el ingreso de beneficiarios que son esenciales para el análisis de los instrumentos estatales que participan en la construcción de la política social. Sobre esta base, cada sistema adquiere características particulares.

En Argentina, los primeros sistemas de información asociados a la gestión de políticas sociales fueron el SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), creado en 1995, y el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), de 1998. El primero, con el objetivo de extraer información del funcionamiento de programas sociales para elaborar diagnósticos sobre “la situación socioeconómica de la población” y brindar insumos a “la formulación de políticas”. El segundo, para coordinar “el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos nacionales, provinciales y municipales”. A lo largo de los años sus funciones se ampliaron y complejizaron. La articulación entre ambos sistemas permitió una creciente unificación y actualización de las bases de datos de los organismos públicos destinada a “una distribución más eficaz de los recursos estatales” (SIEMPRO, s/f). Durante el periodo estudiado ambos funcionaron en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación. El SINTyS se vinculó directamente con la implementación del RENATEP cumpliendo la función del control de los requisitos de acceso. En definitiva, desde su creación muchas políticas utilizan el SINTyS para determinar la elegibilidad y las incompatibilidades en los programas de ayuda social. En la siguiente cita se puede observar la metodología para el cruce de estos sistemas:

-Entrevistadora: ¿Cómo es el cruce que hacen con el SINTyS o cómo es esta relación con este sistema de información?
-Entrevistado: Bueno, lo que hacemos es paquetes. Paquetes, cuando llegamos a un lote de cuatrocientos mil o algo por el estilo, se manda a SINTyS para que haga el cruce de datos y ahí se finaliza el proceso de registración de las personas, una vez que SINTyS valida estos criterios. (Trabajador Secretaría de Economía Social, 12/4/2022)

En este sentido, el enlace entre los dos sistemas tiene como objetivo el control del cumplimiento de los requisitos de acceso al Registro, particularmente de aquellos que dan cuenta de la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las personas que se anotan, entre ellos, no ser titular de más de dos inmuebles o tres vehículos, en caso de trabajar en relación de dependencia no superar un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil o cumplir con las categorías establecidas para las personas inscriptas en el régimen de monotributo. Estos sistemas de información creados en la década del 90, en un contexto de reforma estructural del Estado orientada por perspectivas neoliberales y de la gerencia social, se plantearon como herramientas técnicas destinadas a garantizar la eficiencia, la transparencia y la modernización de la política social.

Ahora bien, el RENATEP presenta diferencias y plantea una ruptura respecto de estos sistemas estatales que coexisten en la gestión de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social. En primer lugar, uno de sus objetivos es el reconocimiento. La cuantificación e identificación de problemáticas y características de quienes trabajan en la economía popular, tiene como horizonte un reconocimiento que es normativo, político y económico. En segundo lugar, la producción y publicación de datos. El RENATEP realiza un doble movimiento entre la producción de información hacia adentro de la administración pública que sirve y nutre la gestión de la política social y hacia afuera con el objetivo de desarmar un sentido común relacionado con la adjudicación de “planes sociales” y las representaciones del trabajo y la economía popular que inciden en la formulación de esas políticas. En el informe presentado en mayo 2021, solo el 22,4% percibían la Asignación Universal por Hijo y el 22,1% el programa “Potenciar Trabajo”. El RENATEP como registro y como productor de información puede aportar datos que colaboren a desarticular estereotipos:

-Entrevistadora: Quienes tenían Potenciar Trabajo eran un 22% o algo así. Son muy poquitos relativamente. Y pocos también con asignación universal, ese dato me llamó la atención.
-Entrevistado: […] creo que ahí lo interesante es que justamente toda una serie de prejuicios y preconceptos respecto a la economía popular, está demostrando el RENATEP, es que son mucho más relativos. Entonces en algún momento la economía popular que se pensó como la economía de los planes, la economía de los programas, o la economía de todo lo que está asistido por el Estado y bueno no es tan así, no está circunscripto a eso, ¿no? (Trabajador Secretaría de Economía Social, 11/03/2022).

Por último, fue gestionado y construido por militantes políticos y cuadros técnicos de las organizaciones sociales que participaron de la administración pública y que llevaron adelante las políticas que, en sus palabras, se generan de “abajo hacia arriba”. Así lo explica una de las funcionarias a cargo de su diseño e implementación:

El diseño lo hicimos con el equipo del Ministerio […]. Uno del área del observatorio y otros compañeros que venían de, le decían, equipo indicadores. Nosotros juntamos esos dos, son todos profesionales, la mayoría de ciencias sociales […]. Las categorías del nomenclador de las ramas y ocupaciones, sobre todo eso, lo trabajamos con ese equipo, con distintos insumos que teníamos y el libro de la CTEP de Juan Grabois y Emilio Pérsico. Lo chequeamos con la UTEP, hicimos unas idas y vueltas para ver qué ramas poníamos y qué actividades tenía cada rama. Y lo que quedó fue un intercambio con los diferentes actores. Hicimos una base de datos con esos insumos y después lo trabajamos con los que trabajaran en cada rama en la Secretaría. (Funcionaria Secretaría de Economía Social, 23/02/2022).

Varias de las áreas de la Secretaría de Economía Social estuvieron organizadas representando las ramas de actividad de la economía popular que fueron plasmadas en el RENATEP. Estas áreas fueron coordinadas por referentes y cuadros técnicos de las organizaciones de la economía popular. Mediante la incorporación de cuadros técnicos que pudieran poner en práctica intervenciones que den respuesta a sus demandas, comenzar a plasmar sus intereses y tener injerencia sobre la política social destinada a la población que representan. Vommaro y Morresi (2011) definen la expertise como “un tipo de intervención sobre las relaciones sociales que supone la movilización de dispositivos técnicos que, en todos los casos, colaboran tanto en la construcción de discursos y narrativas con pretensión de validez” (p. 13). Esta intervención en el campo de poder y de la producción de bienes materiales y simbólicos remite a un saber técnicamente fundado que, en este caso, tuvo la capacidad de institucionalizar un dispositivo que favoreció la visibilización y el reconocimiento del trabajo en la economía popular.

El reconocimiento como horizonte

Como mencionamos, la demanda que movilizó la creación del RENATEP fue lograr el reconocimiento normativo, político y económico de las actividades que llevan adelante las personas que trabajan en la economía popular. La puesta en funcionamiento del RENATEP como parte de la respuesta del Estado, habilitó procesos de subjetivación a partir de un diagnóstico situacional clave: quienes se inscriben en el Registro son trabajadores/as sin empleo asalariado porque construyeron su propio trabajo, situación a la que fueron empujados por las dinámicas de precarización, desigualdad y exclusión asociadas al capitalismo financiarizado. De este modo se afirma la condición de sujetos trabajadores que son parte del mundo del trabajo y la demanda por la mejora en sus condiciones laborales y de vida que debe ser garantizada por un conjunto de recursos y derechos a partir de proponer una nueva lógica distributiva (Maldovan Bonelli y Melgarejo, 2019).

Esta búsqueda denota una disputa política dentro y fuera del Estado que se expresa en dos aspectos. Por un lado, como sujeto trabajador en referencia a la protección social a la que pueden acceder y que históricamente su acceso se vinculó al empleo asalariado. Por otro lado, como sujeto colectivo que cuenta con su propia organización sindical y requiere de la gestión de políticas pensadas desde la especificidad de estas formas de trabajo. Es decir, el análisis del reconocimiento para la economía popular requiere de una visión transversal entre lo individual y lo colectivo y las áreas donde se expresa la desigualdad considerando a la economía popular como una parte más del entramado productivo del país. En este sentido un referente de organizaciones de la economía popular afirma que:

El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes parece ser un verdadero privilegio. (Castro Videla, Página 12, 20/7/2020).

Esta misma cuestión se destaca en los informes del RENATEP a partir de la comparación con los datos provistos por el SIPA (Sistema Previsional Argentino). Según el último informe, hasta abril de 2023, se habían inscripto 3.618.606 personas y en diez provincias se registraban más trabajadores/as en la economía popular que en el empleo privado. Además, en doce “la economía popular registrada supera en cantidad a los/as asalariados/as registrados/as del sector público” (RENATEP, 2023). Esta comparación se realizó en distintos documentos y constituyó un dato central en el debate público. De allí su amplia difusión en medios de comunicación y su utilidad para fundamentar el planteo de que la economía popular (con la empresa privada, el Estado y el trabajo por cuenta propia guiado por el mercado) es:

[…] una de las cuatro instituciones organizadoras del trabajo, que en Argentina ordena laboralmente a 8,3 millones de personas de la Población Económicamente Activa (39 por ciento de la PEA) y 2,2 millones de personas consideradas inactivas por la EPH-INDEC porque realizan tareas del hogar o de cuidado por fuera del mercado. (Pablo Chena, Director Nacional de Economía Social del MDS y cuadro técnico del Movimiento Evita, Página 12, 09/05/2022).

En el plano normativo, Juan Grabois, dirigente social fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la UTEP explica que el reconocimiento requiere de organización y empoderamiento y que esta visibilización por parte del Estado de la tarea en su carácter productivo, como productor de lo social y como una actividad que ha reemplazado la falta de empleo asalariado, tiene como contracara una necesaria ampliación de derechos: obtención del salario social complementario, seguro de riesgos de trabajo, obra social, plena cobertura de jubilaciones y pensiones, régimen de licencias pagas, plena cobertura de asignaciones familiares, seguro de sepelio y, en el plano gremial, un reconocimiento como sindicato nacional del sector y de igual forma a los delegados nacionales y provinciales de rama. La propuesta de reconocimiento jurídico se sostiene en la necesidad de establecer un marco normativo idóneo, moderno adecuado a los requerimientos del sector (Grabois, 2020).

Este reconocimiento también debe expresarse en términos económicos. Las actividades llevadas adelante se inscriben en un marco de profunda desigualdad que requiere de un cambio en las condiciones materiales de vida. Al mismo tiempo, por el aporte que realizan al Producto Interno Bruto (PBI) que solo en el campo de los cuidados, se estima que alcanza el 16,8% (DNEIyG, 2023). Grabois (2020) explica que hay tres niveles de desarrollo productivo que contribuyen a satisfacer las necesidades sociales a través de unidades productivas compuestas por trabajadores/as de la economía popular. Estas son: 1) el desarrollo de una actividad de subsistencia con una porción mínima de capital constante. 2) La organización comunitaria de un colectivo para realizar una nueva actividad o mejorar una actividad laboral preexistente. Busca garantizar el derecho al trabajo y generar para niveles básicos de derechos y condiciones laborales y 3) el desarrollo de las unidades productivas a niveles semejantes al del sector privado competitivo, ya sea por condiciones técnicas, infraestructura, escala de producción o productividad. Estas ramas están relacionadas a un conjunto de trabajos no convencionales que en muchas situaciones no se destinan a satisfacer un consumo masivo, pero nacen de las necesidades esenciales de la comunidad y hacen a su sustentabilidad (Chena, Télam Digital, 22/07/2020). El rasgo productivo de las actividades se plasma en los datos que produce el RENATEP dando cuenta de la vinculación entre el registro, el reconocimiento y la necesidad de construir un correlato institucional para abordar estas características.

Por último, este reconocimiento implica aceptar que el quehacer de la economía popular en su carácter social produce una identidad y una subjetividad fuertemente relacionada con los procesos organizativos de los barrios populares. Bleichman (2003) describe a la subjetividad como el modo en que cada sociedad define aquellos criterios que hacen a la posibilidad de creación de la capacidad en los sujetos en cada momento histórico. En este sentido, la construcción de subjetividad relacionada a su condición de trabajadores/as es esencial para comprender, por un lado, su vinculación con las condiciones de vida y, por otro, su relación con la historia de este colectivo de trabajadores. Estas dimensiones demandan ser reconocidas por las instituciones públicas. Ello se puede observar en los relatos de los entrevistados:

-Entrevistadora: […] ¿Qué efectos tiene para las personas [el RENATEP]?
-Entrevistado: Bueno, para mi tiene que ver con este factor subjetivo si se quiere de la auto percepción. Me parece que está bueno para ser una continuidad de las políticas públicas, pero una planificación también retomando, desde abajo, la percepción de sus actores (Trabajador Secretaría de Economía social, 12/4/2022).
-Entrevistadora: ¿Cómo se pensó el RENATEP? ¿cómo se fueron construyendo las categorías, cómo fue ese armado?
-Entrevistado: Primero el RENATEP se remonta a la Ley de Emergencia Social en el 2016, con el objetivo de visibilización del sector. El Registro […] nunca fue implementado durante el macrismo, cuando llegó en 2019, lo que fue la siguiente gestión, se decidió implementar. La idea del inicio fue construir categorías que pudieran asemejarse lo más que se pudiera a categorías socio-profesionales preexistentes, más allá de que hay nuevas ramas de trabajo, que esas ramas necesitan reconocimiento, identificación, visibilización. Visibilización, reconocimiento e identificación, así en ese orden. (Funcionario y cuadro técnico de organización de la economía popular, 11/3/2022).

A partir de estas miradas podemos pensar la vinculación entre los sistemas de información, el reconocimiento y la construcción de subjetividades. En el caso del RENATEP, un elemento fundamental es la autoidentificación. Quienes se inscriben deciden hacerlo y seleccionan las categorías que los representan y que fueron construidas a partir de actividades colectivas, prácticas cotidianas y, sobre todo, sociales que lleva adelante la economía popular. Los sujetos perciben el mundo y actúan en él desde un conjunto de esquemas, disposiciones asociadas a una posición que influye en la manera de pensar, sentir y obrar, que se homogeniza en su ethos (Bourdieu, 1995). El reconocimiento como horizonte es la lucha por ese ethos de la economía popular que se construye desde abajo y que demanda un lugar desde la perspectiva del trabajo y en tanto sujeto político (no como sujeto de la asistencia ni como desocupado que debe ser incorporado al mercado mediante el empleo asalariado). En este sentido, la implementación del RENATEP se inscribe en la lucha por las instituciones que los atraviesan y el sentido de sus intervenciones.

Luchas por el Estado

Las luchas por el Estado que plantean como terreno al RENATEP pueden comprenderse a partir de dos dimensiones: la gestión por parte de los cuadros técnicos de las organizaciones de representación de la economía popular y la producción de datos como plataforma para dar discusiones dentro del Estado y de cara a la sociedad. Tanto la expertise de las organizaciones como los referentes han construido discursos y narrativas en relación a la economía popular en el campo político cultural a partir de los datos del RENATEP. Como señala uno de los entrevistados, contar con datos cuantitativos, “duros” respecto de quiénes son y qué hacen los/as trabajadores/as de la economía popular fortalece los argumentos esgrimidos para sostener las distintas demandas de protección, promoción y reconocimiento:

Ahora estamos charlando ya con datos más duros, ¿viste?, a partir del RENATEP, pero previamente eran todas definiciones muy en el plano de las suposiciones. (Trabajador Secretaría de Economía Social, 23/02/2022).

La premisa “desde abajo hacia arriba” fue utilizada en el discurso público de dirigentes y militantes planteando una construcción de lo social que “llega” al Estado con la intención de modificar las categorías atribuidas a esta población. Como vemos en la siguiente cita, el entrevistado diferencia entre los dos sistemas registrales vinculados con las políticas implementadas desde la Secretaría de Economía Social:

[…] me animaría a decir que el Registro de Efectores (se creó) mucho más en clave de la implementación de la política y, bueno, el RENATEP, como una cuestión ya mucho más visible y de disputa política. (Trabajador Secretaría de Economía Social, 02/05/2022).

A partir de las entrevistas realizadas, pudimos observar la convergencia de dos movimientos simultáneos, en donde existe un “desde abajo hacia arriba”, en el cual las organizaciones sociales llegan a la administración pública, se organizan en la calle y promueven dentro de la agenda legislativa leyes específicas, y un “desde arriba hacia abajo”, donde cobra relevancia la producción de datos y la publicación de informes y documentos para sustentar las demandas planteadas mediante la movilización. La circulación de esta información permite discutir los sentidos dominantes que desconocen el carácter laboral de las tareas que realizan y la condición de trabajadores/as de quienes integran la economía popular y perciben programas que la fomentan. También mostrar la precariedad de las condiciones laborales y la desprotección de un sector del mundo del trabajo que requiere de intervenciones urgentes. En este sentido, el RENATEP permite participar en la discusión política con datos “objetivos” dándole forma al planteo y reforzando la importancia de discutir la economía popular a partir de información que fundamenta la demanda de derechos laborales y protectorios específicos, es decir, desanclados del empleo asalariado. También abonan a la caracterización de los trabajadores/as de la economía popular como sujetos productivos y no como objeto de asistencia. El carácter político del Registro está intrínsecamente vinculado a los sentidos que circulan en el Estado. La disputa que se condensa en el RENATEP se expresa en la discusión sobre qué es el trabajo, qué implica la idea de ser productivo y qué actividades deben ser valoradas desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida. A partir de ello, las tareas comunitarias, los cuidados y otras actividades centradas en la cercanía que aporta el territorio, son reivindicadas como un aporte fundamental a la economía nacional y al bienestar, que deben ser reconocidas. La producción de informes sobre estas actividades cobra importancia porque permite calar en la discusión pública y plantear un debate en las instituciones estatales. Una de las entrevistadas planteó esta cuestión en términos de “una disputa que es clásica”, que se da cotidianamente tanto dentro del Ministerio de Desarrollo Social, como con otras agencias estatales y en la coalición de gobierno del Frente de Todos, porque creen que la economía popular no puede ser una alternativa viable. Por el contrario, consideran que con “el desarrollo de una nueva industrialización y de la generación de empleo se cae la economía popular” (Funcionaria Secretaria de Economía Social y cuadro técnico de organización de la economía popular, 23/02/2022).

Estas disputas se expresaron en la convivencia de dos líneas de intervención contrapuestas, por un lado, por la institucionalización de la economía popular y por otro, una perspectiva que buscó la “transformación de planes en trabajo”. Lejos de ser una peculiaridad de la gestión del gobierno del Frente de Todos, el desconocimiento de la economía popular es de larga data y atraviesa los distintos gobiernos y coaliciones políticas más allá de las diferentes orientaciones ideológicas. Ello se puede observar en el siguiente relato:

Son líneas institucionales, capaz que lo dice la resolución que crea el Ministerio (de Desarrollo Social), que tiene que tener vulnerabilidad social, se atan de eso y después hay tradición y herencia. Me la pasé explicando con abogados, explicando lo que era para nosotros (la economía popular). […] Esa es una limitación que tenemos mientras sea un Registro del Ministerio de Desarrollo Social. […] pero, además, desde acá no vamos a llegar nunca, porque hay niveles de desarrollo económicos y productivos, que no competen a este Ministerio ni a este Registro. (Funcionaria de Secretaría de Economía Social y cuadro técnico de organización de la economía popular, 23/02/2022).

A partir del año 2021 y con la sanción del decreto 711, se profundizó la visión según la cual el problema de quienes perciben “planes sociales” se solucionaría a partir del ingreso al empleo en el sector privado:

ARTÍCULO 1°.-Dispónese que el Ministerio De Desarrollo Social y el Ministerio De Trabajo, Empleo y Seguridad Social efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado (Decreto 711 de 2021).

El cambio de perspectiva planteado por el nuevo decreto generó un debate que se inscribe en un sentido común referido a los problemas de desempleo y pobreza que desconoce quiénes son, qué hacen y las condiciones de vida de las personas que perciben transferencias de ingresos estatales para ganarse la vida. Un sentido común que contribuye a la estigmatización y refuerza un ideal del empleo asalariado como principal medio de distribución de ingresos, derechos y protecciones, que no existe (Meda, 2007). Este tipo de propuestas reactualizan uno de los nudos de las luchas por el Estado que entablan las organizaciones de la economía popular frente a la dicotomía entre trabajadores y asistidos. Desde la perspectiva de las organizaciones de la economía popular, más allá de las “buenas intenciones” que puedan estar detrás de este tipo de medidas, es necesario discutir la concepción de sujeto de la política social que suponen. Quienes perciben programas sociales están trabajando (en condiciones de suma precariedad y desprotección, como muestran los datos del RENATEP), en muchos casos incluso tienen múltiples ocupaciones (mal remuneradas y no remuneradas como los cuidados comunitarios), con jornadas laborales muy extensas e intensas. Los datos del RENATEP permiten mostrar que la economía popular ofrece un espacio laboral y de reconocimiento frente a un mercado de empleo excluyente para una parte significativa de la población, mayormente conformada por mujeres y jóvenes que son quienes mayores dificultades para la inserción laboral encuentran^[2]: 57% de personas inscriptas en el RENATEP son mujeres y el 64,2% tiene entre 18 y 35 años (RENATEP, 2021).

La producción de informes periódicos desde el RENATEP cobra importancia en el marco de las luchas por el reconocimiento del trabajo, tal como se expresa en uno de ellos, “contar con este registro supone no sólo visibilizar y aumentar el conocimiento existente sobre este sector de la economía sino dar el primer paso para el reconocimiento institucional de los/as trabajadores/as” (RENATEP, 2021). Estos informes fueron producidos por los cuadros técnicos de las organizaciones sociales que gestionaron la Dirección del Registro Nacional de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el período 2019-2023 (provenientes del campo de las ciencias sociales y formados en la Universidad de Buenos Aires).

Si observamos el proceso de incorporación de las organizaciones sociales a las estructuras del Estado que se dio a partir del año 2003, en el marco de los gobiernos kirchneristas, podemos encontrar dos elementos que caracterizan el sentido que construyeron respecto de su participación: el reconocimiento de su trabajo social y político desarrollado durante la década del ‘90 y el fortalecimiento de la conexión con el territorio (Perelmiter, 2012). Esta situación dentro de la micropolítica del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, construyó un entramado de funcionarios/as con cualidades militantes -reivindicadas como fundamento de su legitimidad- que los delimitaban como grupo. El ejercicio de su autoridad institucional resignificó las prácticas y relaciones con sus pares de militancia y con los/as destinatarios/as de las políticas. Desde ese lugar, transmitir y exigir, por ejemplo, el cumplimiento de procedimientos legales, o tener que responder por la ineficiencia en la asignación de recursos planteó tensiones y no siempre fue compatible con la perspectiva que sostenían sus propias organizaciones sociales de pertenencia. Como señala Roig (2020), la inclusión de las organizaciones de la economía popular en el Estado requiere distintos procesos de transformación social, que incluyen la transformación del trabajo y de las condiciones de vida que pueda ir más allá de la atención de necesidades desde una mirada asistencial restringida al otorgamiento de planes sociales.

Esta situación abre una pregunta por el tipo de construcción del Estado que establecen estas luchas simbólicas y por el modo de promover e introducir una articulación entre los saberes estatales, académicos y de las organizaciones sociales a partir de una práctica de intercambio y diálogo entre ellos. En este sentido, el proceso de cambio en las instituciones y modos de gestión es fundamental para analizar la capacidad de agencia de las organizaciones de la economía popular que intentaron instrumentar políticas con enfoque de derechos y que se expresan en la construcción de categorías que son las que van a nominar y visualizar las prácticas de la economía popular desde una perspectiva que visibiliza las problemáticas sociales del trabajo y la asistencia.

Las luchas por las categorías

La forma en la cual se nomina un sujeto en las prácticas e instituciones estatales condensa la legitimación de cierta visión del mundo. El RENATEP abre una discusión respecto de quién o quiénes tienen la potestad de nombrarse y a partir de qué categorías, incorporando al lenguaje estatal perspectivas construidas en los márgenes de la sociedad que produce un nuevo lugar de enunciación para las organizaciones sociales. La perspectiva de la economía popular busca construir una visión del mundo que discute el orden social dominante dentro de los estudios del trabajo, y al mismo, tiempo intenta desclasificarse de la figura de pobre que le es socialmente adjudicada. En la siguiente cita podemos ver este solapamiento de clasificaciones:

-Entrevistadora: Y en términos de la información que produce el RENATEP, […] ¿qué efectos tiene toda esta información en esa discusión? Vos acabás de decir ‘bueno estamos registrando pobres’. Pero en el discurso público, el RENATEP está registrando trabajadores y trabajadoras.
-Entrevistado: Trabajadores pobres. (Trabajador Secretaría de Economía Social, 23/02/2022).

La idea de Estado, entonces, tiene su verdadero poder de legitimación en una imagen proyectada que puede ser más visible e intrusiva o menos efectiva y relevante, pero que a simple vista no explicita su posición ideológica dando a entender que toma una posición objetiva (Trouillot, 2001). La presencia estatal sobresale, no solamente por las situaciones de vulnerabilidad social, donde la intervención se vuelve indispensable, sino porque expone la diferencia en las condiciones de vida entre quienes acceden a un empleo registrado y quienes tienen otras trayectorias laborales en la economía popular. El siguiente fragmento da cuenta de las dificultades que surgen de la falta de protección del Estado:

Que cuando llega la edad de jubilarse (si es que llegan) tienen que rezarle a algún santito o virgen para que haya alguna moratoria, porque nunca “aportaron” para un sistema que cuenta los “aportes” de una manera particular, midiendo únicamente lo que a algunos/as les conviene […] Todo índice es político” (Jocha Castro Videla, Pagina12, 20/07/20).

Así, en sus procesos y prácticas estatales los sistemas de información producen efectos de Estado (Trouillot, 2001) como el de aislamiento que implica la producción de sujetos individualizados, que luego son ordenados dentro de colectivos sociales donde pueden reconocerse como iguales a otros/as a partir del efecto de identificación (Trouillot, 2001). Estos efectos se despliegan en múltiples sitios que traspasan las fronteras institucionales. En las entrevistas realizadas a referentes de las organizaciones de la economía popular, pudimos ver cómo se genera una auto-identificación que favorece la construcción de poder social y político a partir de una nueva forma de nominación que desafía la caracterización de quienes conforman la economía popular como población vulnerable y desocupada para definirla como un “sector productivo” que aporta a la economía y al bienestar nacional:

El reconocer a un sector como tal, reconocer a un trabajador, a una trabajadora como tal, eso da derecho también, la identidad. […] Fueron demandas que nosotros venimos peleando hace mucho tiempo como sector. […] Porque nosotros como sector venimos hace muchos años, pensando las políticas que nuestro sector necesita, […] no podés pensar sólo en tus compañeros y compañeras, tenés que pensar en todo el sector. (Referente de la Economía Popular, 04/04/2022).

El efecto de legibilidad condensa la producción estatal de un lenguaje y de un saber gubernamental que utiliza herramientas que clasifican y regulan colectividades (Trouillot, 2001). Los sistemas de información y el RENATEP en particular, pueden producir este efecto al gestionar elementos clasificatorios de la población y de sus trabajos que permiten el diseño de nuevas intervenciones adecuadas a las necesidades de las poblaciones destinatarias. En el caso de la economía popular, partiendo de pensarla como parte de un sector laboral y productivo. Así, el aporte del RENATEP se vincula con la capacidad de transformación de la política social a partir del conocimiento especializado sobre una realidad invisibilizada.

En este sentido, las categorías del RENATEP también fueron objeto de lucha por delimitar las actividades que pueden ser consideradas dentro de las ramas de la economía popular. Un ejemplo de ello fue el conflicto desatado al momento de su lanzamiento en relación con una ocupación que a posteriori fue eliminada del Registro, la de trabajo sexual. Algunos de los entrevistados y entrevistadas dieron cuenta de la repercusión directa de este debate:

-Funcionario: Hay una serie de disputas grandes con el ministro^[3] sobre el conjunto de categorías. El quiso achicar las categorías, teníamos cerca de 300 categorías entre los distintos despliegues, se terminaron achicando a cerca de 70. Es una batalla que perdí. De hecho la categoría de no sabe [cuando deben elegir la ocupación dentro de la rama de actividad] es enorme porque…
-Entrevistadora: ¿Es por eso? ¿Por qué es tan difícil caracterizar la economía popular?
-Funcionario: No es tan difícil. El problema es crear categorías que correspondan a una autoidentificación. Entonces, en general, los aparatos estadísticos están construidos sobre pre-categorías. Nosotros tratamos de hacer algo un poquito más intuitivo. Tratamos de que esté la categoría trapito, ah no, trapito no se puede. Lo mismo pasó con trabajadoras sexuales, ah no, trabajadoras sexuales no se puede. Entonces hay un montón de categorías que son categorías prácticas. Yo quería hacer un cuestionario con categorías nativas, categorías administrativas. (Funcionario y cuadro técnico de organización de la economía popular, 11/3/2022).

Habíamos hecho un nomenclador con el INDEC […] que era muy amplio, el del INDEC y el de AFIP […]. Pero se nos cayó por el conflicto de las trabajadoras sexuales. Estaban ahí. Y cuando pasó eso, miraron categoría por categoría y lo tuvimos que reducir a setenta. (Funcionaria Secretaría de Economía Social del MDS y cuadro técnico de organización de la economía popular, 23/02/2022).

A principios de junio de 2020, se publicó el formulario de inscripción al RENATEP. Esta apertura, que duró sólo cinco horas, se cerró cuando diversos grupos ligados a la lucha contra la trata y cercanos a posturas abolicionistas pidieron que se retire la categoría trabajador/a sexual. Gustavo Vera^[4] fue uno de los principales portavoces de este debate en redes sociales:

Gustavo Vera @gustavoveraok. Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado. (Gustavo Vera, Tweeter, 7/07/2020).

El desacuerdo respecto de qué actividades pueden ser consideradas como trabajo y cuáles no, expresa el poder de definición de los problemas sociales que despliegan las categorías establecidas en los sistemas de información y el modo en que éstas pueden visibilizar o esconder actividades y con ellas derechos. Este debate no es solamente por la implementación del Registro, sino que pone en discusión la autoidentificación como criterio de inscripción. Existen trabajos que el Estado no está dispuesto a reconocer. Así lo planteaba la referenta de una de las organizaciones de representación de este colectivo:

Nosotras nos auto percibimos trabajadoras sexuales. ¿Por qué no reconocen que existimos? El Estado debería estar al margen de debates ideológicos. (Georgina Orellano^[5], Clarín, 08/06/2020).

En contraposición a esta situación de desconocimiento, el caso de los/as vendedores/as ambulantes da cuenta de otros efectos del RENATEP en el desarrollo cotidiano del trabajo, a partir de la entrega de tarjetas que acreditan su condición de trabajadores/as de la economía popular:

Así como el certificado de vivienda [del Registro Nacional de Barrios Populares], ayudaba a que no hubiera desalojos, nosotros fuimos a la idea de la tarjeta del RENATEP, en particular impulsado por la necesidad de los trabajadores en la vía pública. Y de hecho nos consta que muchos que presentaban la tarjeta no se les decomisaba los bienes. Y muchos que murieron durante la pandemia, se hizo un par de actos para recordarlos, y se pone la foto (de la credencial) del compañero…como dato de ver lo simbólico y político que tenía eso. Hay planos donde se ven las consecuencias efectivas del reconocimiento del Estado. […] un reconocimiento simbólico que permite una mayor protección. (Funcionario y cuadro técnico de organización de la economía popular, 11/3/2022).

Estas son las credenciales [nos la muestra]. […] las impresas son para vendedores ambulantes. Porque acá hay una coordinación que las labura. (Funcionaria Secretaría de Economía Social y cuadro técnico de organización de la economía popular, 23/02/2022).

La posibilidad de contar con una credencial oficial que certifica que son trabajadores/as puede ser pensada como acto de protección ante los procesos de criminalización de la venta ambulante. “El carnet tiene que servir para que ninguna compañera sufra lo que le pasó a mi mamá”, afirmaba Norma Barbosa, hija de Beatriz Mechato Flores en una entrevista (Página 12, 08/04/2021). Beatriz Mechato Flores, fue una vendedora ambulante que falleció en 2021 cuando era perseguida por la policía para incautar su mercadería. Del mismo modo que lo plantea nuestro entrevistado, Norma asocia la credencial del RENATEP con una herramienta de reconocimiento estatal que ofrece cierta protección ante situaciones de violencia institucional y la expectativa de que con ella no vuelva a pasarle algo así a otro/a vendedor/a ambulante. Así, podemos observar cómo se entrelaza el plano material y el plano simbólico del reconocimiento.

La información que producen los sistemas de información es decisiva en la definición y cuantificación de los problemas sociales. La producción de datos estatales delimita y caracteriza a las poblaciones destinatarias de las políticas y su forma de acceso a los programas. Estos registros son parte fundamental de la arquitectura de las políticas sociales contemporáneas. La disputa por las categorías convierte estos instrumentos de recolección de información en lugares de luchas por el sentido que inciden directamente en las modalidades de intervención por parte del Estado y los agentes sociales.

La injerencia de las organizaciones sociales en la política social y la demanda por el reconocimiento provoca un cambio semántico en las nociones de trabajo y asistencia. Sin embargo, este giro en los significantes no termina de completarse con la existencia del RENATEP. El RENATEP es una política pública que buscó registrar a los/as trabajadores/as de la economía popular y caracterizar el trabajo que realizan a partir de categorías nativas que polemizan tanto con la idea construida del trabajo y el empleo como con los instrumentos con los que cuenta el Estado y la forma en la cual se piensa a la población, sus demandas y necesidades.

En este sentido, a partir de la construcción de categorías y formas de nominación, las instituciones modelan un sujeto. La caracterización y las diferentes formas de trabajo establecen estrategias de intervención y tratamiento de la cuestión social. Desde el RENATEP se construye un sujeto que tiene un lugar importante en la disputa por la redefinición del trabajo, cuestión que podemos observar en la cantidad de personas inscritas que según el último informe asciende a 3.618.606. Casi el 8% de la población del país se percibe dentro de la economía popular.

Este sujeto destinatario del RENATEP logra la valorización de aquellas tareas que no son consideradas “necesarias” para el mercado de trabajo. Esto cobra especial relevancia en situaciones de profundas desigualdades económicas y sociales donde se desarrollan actividades en materia de educación, salud, cuidado, vivienda y hábitat que pertenecen o deberían integrar los sistemas de protección estatales. Se genera una demanda ligada a una renovación sobre las formas de conceptualizar la pobreza, el trabajo y, sobre todo, el Estado “clásico” de bienestar, que se organiza sobre la idea del trabajador asalariado. Es por eso que se puede considerar un lugar de lucha ideológica donde lo que se pone en cuestión es qué tipo de Estado se construye y cómo se efectivizan los derechos humanos.

Reflexiones finales

A lo largo del capítulo pudimos observar que la caracterización del sujeto trabajador de la economía popular que busca registrar y construir el RENATEP, permite observar que los datos producidos hablan de una visibilización de las condiciones de vida del sector y de una expresión de los soportes comunitarios que fueron generados a partir de la crisis social del 2001. Esta situación contribuye a gestar/reforzar una auto identificación tanto subjetiva como objetiva que constituye el soporte sobre el cual se alza el RENATEP. La producción de datos quita el velo del sentido común sobre la economía popular desarmando prejuicios y preconceptos que muchas veces se alojan dentro del Estado y en las opiniones de sus funcionarios/as y agentes.

Estos registros participan en la construcción de lo social a partir de constituirse como partes indispensables de las intervenciones del Estado, lo cual conlleva debates que se condensan en su diseño e implementación. Estos registros no están excluidos de las discusiones que forman parte del campo de la estatalidad. Dentro de la construcción de los mismos se asiste a un solapamiento de sentidos que inciden en el reconocimiento de derechos por parte de la población destinataria, así como el ocultamiento de los mismos, dando cuenta de una posición oficial sobre lo que es el sujeto trabajador. La implementación de la forma registral de la cuestión social fue una modificación estructural que comenzó en la década del ‘90 y que perdura hasta la actualidad. Tanto quienes construyeron (y construyen) los sistemas como aquellas personas que son sujetos de registro valoran la información y su respectiva utilización con diferentes objetivos que responden a intereses particulares y colectivos que son parte del juego de la política (social). La producción de datos conlleva la estructuración de categorías que representan una formación y una cosmovisión del mundo por parte de quienes formularon el instrumento de recolección de información.

Al mismo tiempo, quienes durante los 90 perdieron su trabajo, vieron vulneradas sus condiciones de vida y fueron incluidos en programas sociales para paliar la pobreza, durante los 2000 se incorporaron a programas de asistencia con foco en la integración mediante el trabajo que terminaron por dar un marco político y social a las formas de organización que hoy se nuclean en la economía popular. También fueron estas mismas personas quienes comenzaron a exteriorizar públicamente problemáticas en el acceso al mercado y en la caracterización del Estado hacia ellos como sujetos económicos plasmada en el Registro de Efectores de la Economía Social. Desde la perspectiva de las organizaciones de la economía popular ese reconocimiento no termina de reflejar la producción de lo social que realizan mediante el trabajo, por eso los datos del RENATEP constituyeron una herramienta fundamental para fortalecer, delimitar sus demandas y plantear propuestas concretas para atenderlas (aunque muchas de ellas no lograron ser implementadas).

La discusión sobre la conversión de planes en trabajo muestra dos perspectivas en disputa: una concepción clásica del trabajo asociada con el empleo asalariado y de un Estado que limita el reconocimiento del sujeto trabajador de la economía popular y el acceso a derechos. Y otra que busca transformar ese sentido restringido y abrir nuevas formas de protección y reconocimiento que garanticen condiciones laborales y de vida adecuadas más allá de la condición asalariada formal. La convivencia de estas dos estrategias contrapuestas dentro del Ministerio de Desarrollo Social en el periodo estudiado limitó las posibilidades de llevar adelante de forma institucional el reconocimiento del quehacer de la economía popular como trabajo. Hasta ahora se asiste a un recorrido donde la asistencia no termina de transformarse y la economía popular no logra ser comprendida desde su aporte social y productivo y sigue siendo definida como un sujeto vulnerable. El RENATEP se inscribe en la disputa por esta transformación del Estado y de la sociedad.

Los sistemas de clasificación visibilizan y dan existencia real a partir de un modo de nombrar desde una concepción política y social determinada. El RENATEP, gira desde lógicas focalizadas y estigmatizantes hacia un sistema de protección social inclusivo con un reconocimiento a la ciudadanía laboral y una búsqueda de un modo de hacer lo social desde la autonomía, las capacidades y saberes de sus beneficiarios, pero también desde una mirada colectiva.

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