Una reflexión desde la extensión universitaria

Gabriela González y Graciela Yacuzzi

Introducción

Las Organizaciones Sociales Comunitarias (OSC) han desempeñado un papel relevante a lo largo de la historia argentina al habilitar el acceso a derechos a familias y comunidades no alcanzadas por los sistemas de bienestar social organizados por la institucionalidad pública durante el denominado Estado de Bienestar (Saraví, 2007). La posterior desarticulación del mismo en las últimas décadas del siglo pasado, las llevó a fortalecer su rol frente a los complejos problemas de sus comunidades a pesar de la violencia institucional y el avance progresivo de ideas contrarias a la organización social. La atención de necesidades alimentarias, el consumo problemático de sustancias o la violencia de género, han sido problemáticas que las organizaciones han enfrentado ya sea a través de la autogestión o con la asistencia del Estado. Sin embargo, a pesar de que de algún modo han sido la trinchera para resistir los embates de las políticas económicas neoliberales dando muestra de la capacidad de organización y creatividad de la población más allá de prejuicios y estigmas, no han sido tenidas en cuenta a la hora de los diagnósticos o el diseño de las políticas sociales, aun cuando el Estado fue activo en este campo y se mostró ocupado en la integración social y la superación de la pobreza.

A partir del año 2015 -salvo el periodo durante el que debió enfrentar a la pandemia- el gobierno retoma y profundiza la senda de una propuesta neoliberal que se intensifica más allá de lo imaginado con la gestión nacional actual. Se intenta un cambio total de paradigma y la puesta en marcha de una perspectiva que reniega y pone en duda la existencia de la sociedad, que considera al Estado un mal a erradicar.

La Argentina se enfrenta entonces no sólo al vaciamiento de políticas y programas sociales con la afectación evidente de los sectores más desprotegidos, sino a la puesta en marcha de un modelo político, económico y social de exclusión. Se reniega de la justicia social y se legitiman discursos de odio que promueven el desprecio por los otros, particularmente por los más necesitados y las organizaciones que los representan.

Las dificultades del Estado para afrontar escenarios complejos como el que se evidenció durante la pandemia, habilitan discursos que promueven la desconfianza hacia la institucionalidad pública. De hecho, y a pesar de tratarse de un gobierno de signo popular, algunas de las decisiones que se tomaron en aquel momento no tuvieron en cuenta de modo suficiente la vulnerabilidad de algunos sectores frente a disposiciones que se tomaron en función de la salud pública, pero sin la contención necesaria hacia los mismos.

En las barriadas populares las OSC debieron hacer frente a las consecuencias de la enfermedad y de las medidas tomadas por el gobierno, sin el acompañamiento suficiente, poniendo en evidencia una vez más, su rol clave en el desarrollo del bienestar. Lo hacen de nuevo hoy, cuando el gobierno nacional retacea la asistencia alimentaria y se retira de los territorios.

El presente trabajo se focaliza en el análisis de un caso en Tucumán examinando la práctica extensionista de su Universidad Nacional desde lo realizado por la Facultad de Filosofía y Letras a través del grupo GESID (Gestión y Estudios Sociales para la Inclusión Democrática) entre los años 2020-2024. Durante ese período se desarrollaron estrategias de articulación con OSC a fin de generar procesos de co-construcción de conocimiento y de fortalecer las capacidades de acción e intervención de las mismas en sus territorios. Se considera que la práctica de la Extensión Crítica (EC) por parte de la Universidad Pública en Tucumán es una estrategia orientada a fortalecer el capital social, político y simbólico de las OSC para un mejor posicionamiento en la disputa del sentido hegemónico de ‘lo social’ y la promoción de su protagonismo en los procesos de inclusión social.

Se presenta un estudio de caso múltiple y cualitativo, utilizando la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP) en acuerdo con los principios de la EC al buscar la horizontalidad, la transformación social y la democratización del conocimiento (Tommasino y Cano, 2016). El análisis se extiende temporalmente desde el año 2020, con la realización del Diagnóstico Participativo de Comunidades de Tucumán en Tiempos de Pandemia (GESID, 2020)^[1], la realización de encuestas, entrevistas a referentes, talleres con miembros de las OSC y la creación de Centros de Extensión como parte de la implementación de los proyectos de extensión Inclusión Democrática e Inclusión Democrática 2 durante el 2024.

Este capítulo parte del análisis de la relación entre universidad y sociedad para abordar luego el rol de las OSC a lo largo de la historia de los procesos de inclusión social en Argentina y Tucumán y su relación con el Estado. Se desarrolla el proceso que va desde la marginalidad a la exclusión social como experiencias de los sectores populares y su vínculo con las OSC a lo largo del mismo. Finalmente se examina la experiencia realizada por el grupo GESID como muestra de las potencialidades de una de las funciones centrales de la universidad como lo es la extensión, desde la perspectiva crítica. Se identifican logros y desafíos de estos procesos que consideramos imprescindibles no sólo para lograr una universidad más implicada con la realidad social sino también para generar un conocimiento que le facilite al Estado la cogestión con las OSC en los procesos de inclusión social.

Universidad y sociedad

Uno de los desafíos principales de las Universidades Nacionales es el fortalecimiento de las funciones de extensión, es decir, de vinculación con la sociedad y las problemáticas locales. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional se ha puesto en evidencia esta limitación con iniciativas que tienden a superarla como la implementación de la obligatoriedad de las Prácticas Sociales Educativas, definidas por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán como:

Actividades prácticas curriculares de extensión realizadas por alumnos y docentes, reconocidas y acreditadas formalmente en las carreras de pregrado, grado y de la educación preuniversitaria que se cursan en la UNT y que implican interacción e intervención con la comunidad (Res.2089/2021).

Este esfuerzo por vincular a las universidades con el medio se ha ido consolidando de diferentes modos y con distintas intensidades en todo el país. La Universidad Nacional de Tucumán tiene una larga tradición extensionista que se remonta a los años 80 y 90 en los que se desarrollaron propuestas como el PUPC (Programa Universitario de Promoción Comunitaria), el UNI (Una Nueva Iniciativa) y el UNIR (Una Nueva Iniciativa Rural)^[2]. Actualmente la Secretaría de Extensión de la UNT implementa una política de extensión territorializada a partir de los CET (Centros de Extensión Territorial).

La propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras que se analiza, se enmarca en la perspectiva de la extensión crítica diferenciándose de otras corrientes teóricas que consideran la extensión como un proceso en el que lo central es la transferencia de conocimientos desde la academia hacia la sociedad, sin otorgar relevancia al intercambio con otros saberes sociales. La extensión crítica propone un modelo de universidad al servicio del pueblo y de sus movimientos, disputando los sentidos y prácticas de una educación universitaria que se concibe como bien público y social. Persigue dos objetivos dialécticamente relacionados: la formación integral del universitario para generar estudiantes con compromiso social, solidarios con los sectores populares y que rompan con la exclusiva formación técnica, trascendiendo la concepción de la universidad como una “fábrica de profesionales” y la generación de poder popular orientada a promover la organización y autonomía de los sectores populares subalternos, intentando generar procesos de poder popular (Korol, 2023).

Esta universidad popular se fundamenta en la pedagogía de la esperanza y la ecología de saberes, impulsando una revolución epistemológica y teórico-metodológica (Erreguerena, 2023) basada en la integralidad de las funciones sustantivas (extensión, docencia e investigación) articuladas de manera dialéctica. Esta articulación es considerada clave para superar el modelo de enseñanza universitaria tradicional, profesionalista, retórico y fragmentado, y se materializa en prácticas integrales, que buscan la “des-territorialización” de la universidad para la generación de conocimientos, y apuestan a las multi territorialidades como espacios enseñantes. El proceso exige una “gimnasia curricular”, que articule la formación con la coproducción de conocimiento junto a los movimientos y organizaciones sociales, en un proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educador y educando.

La propuesta extensionista que se analiza hace suyos estos postulados, reafirma su importancia, y procura resistir al proceso de debilitamiento del tejido social. Utiliza la Investigación Acción Participativa (IAP) -propuesta por la EC como metodología principal- para interactuar con las OSC, generar conocimiento y habilitar canales de expresión válidos para dar cuenta de la realidad de los territorios más pauperizados de la provincia. En este caso el diagnóstico participativo se convierte en la respuesta práctica a la necesidad de evitar el extractivismo epistémico del que habla Grosfoguel (2023). El proceso participativo asegura que el conocimiento generado se mantenga situado y fortalezca la autonomía de las OSC.

Paralelamente, a partir del año 2022, la propuesta pone énfasis en la interacción de los y las estudiantes con las OSC y las diversas realidades del territorio como un primer paso orientado a habilitar sensibilidades que habiliten mayores transformaciones. Se propone de este modo evitar la formación de profesionales bajo una lógica de conocimiento fragmentado que tiende a ver la realidad social como un objeto de estudio del cual extraer datos para el ascenso individual. Se propician espacios formativos que generen universitarios solidarios y comprometidos con los procesos de transformación de la sociedad (Tommasino y Cano, 2016). La decisión de trabajar en forma conjunta con las OSC responde a la importancia de las mismas para habilitar el vínculo con los sectores más postergados teniendo en cuenta su papel central en los procesos de resistencia e inclusión social.

El rol de las OSC en los procesos de inclusión social

Durante la primera mitad del siglo XX, la consolidación de derechos civiles, políticos y sociales en Argentina se produce en función de las distintas coaliciones de poder que ocupan el Estado. A partir de 1945, el peronismo profundiza el proceso de industrialización y consolida un sistema de bienestar basado en el trabajo como variable principal de inclusión tal como ocurre en gran parte de América Latina (Santos, 2018). Se incluyen por primera vez a los trabajadores que cobran un protagonismo inusitado al ser reconocidos como parte central del proceso de desarrollo nacional. El afianzamiento de los derechos laborales y las organizaciones sindicales permite un nuevo escenario en la sociedad argentina, más equitativo, inclusivo y plural: salario familiar, vacaciones y aguinaldo fueron algunas de las conquistas garantizadas. También se amplió la seguridad social, que otorgó jubilaciones y pensiones principalmente a los trabajadores y trabajadoras urbanos. Para las personas que no se incorporan al mercado formal se estructura la denominada asistencia social elevada a la categoría conceptual de derecho. A esto se suma la consolidación de un sistema público de educación y salud que se había ido fortaleciendo en su carácter universal. Si bien este esquema de protección no puso fin a la pobreza, generó un importante nivel de integración social (Filgueira, 1995). El proceso iniciado fue brutalmente interrumpido en 1955 y la fuerza política que lo llevaba adelante proscripta durante casi veinte años.

Las dificultades de los gobiernos subsiguientes para garantizar niveles adecuados de desarrollo industrial y trabajo formal dieron lugar a la noción de marginalidad. Si bien el concepto formaba parte del repertorio de la teoría económica desarrollista^[3], fue utilizado por Gino Germani para hacer referencia a la población rural que se trasladaba a las ciudades en busca de oportunidades y formaba cordones de miseria en las capitales latinoamericanas. La integración de estos sectores se produciría -según esta teoría- a partir de la superación de los “valores tradicionales” que dificultaban la integración. Dice Saraví (2007):

Desde esta perspectiva, que encuentra su expresión más acabada en los trabajos de Gino Germani (1980), se enfatiza una dimensión actitudinal y más aún cultural como la dimensión clave de la fractura social. El tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, particularmente si éste ocurre de manera acelerada, tiende a generar una situación de anomia en la medida que determinados sectores de la población conservarían normas, valores y prácticas del viejo orden, inadecuadas a la modernidad emergente. La marginalidad como problema de falta de integración es el producto resultante de las asincronías y desfasajes de una época en cambio y, por tanto, se constituía al mismo tiempo en un problema transitorio del cual se encargaría el propio avance de la modernidad (Saraví, 2007:39).

En Argentina como en el resto de América Latina, las familias, que no accedían al mercado formal de trabajo, se apoyaron en redes familiares y en organizaciones sociales para suplir las deficiencias del Estado. Este proceso denominado integración multiafiliatoria (Saraví, 2007) se dio tanto en la periferia de las ciudades como en la ruralidad donde la familia extensa y también las costumbres y recursos propios del campo garantizaban la reproducción social tal como lo describen los estudios de Lewis (1967).

En la provincia de Tucumán, el cierre de once de los veintisiete ingenios en el año 1966 como resultado de una decisión nacional, marcó un quiebre en el proceso de integración al mercado formal para miles de personas que se vieron enfrentadas a la pérdida de sus ingresos y de la protección social. La organización de la población logró atemperar parcialmente los efectos más devastadores de esta decisión que obligó al exilio a miles de familias tucumanas. Las ollas populares, hoy comedores o cocinas comunitarias, resolvieron necesidades básicas como respuesta a una desarticulación productiva masiva y temprana que sigue sin resolverse y a la que el Estado atiende con su intermediación desde aquel momento hasta hoy.

El deterioro de las condiciones sociales se generalizó años más tarde a lo largo y ancho del país. Luego de la crisis del petróleo (1973), las premisas que sostenían el Estado de Bienestar, así como los ideales igualitarios que tensionaron al capitalismo y legitimaron la intervención pública comenzaron a modificarse. En el marco de la generalización de la ideología neoliberal promercado se inicia un proceso de desestructuración y deslegitimación del Estado de Bienestar, se difunden ideas que reniegan de lo social, se cuestiona la intervención del Estado, la inversión social y el gasto público (Murillo, 2008).

El empobrecimiento generalizado de la población argentina durante aquel periodo se expresa a través de conceptos como el de “nueva pobreza” -para dar cuenta de la clase media que perdía ingresos- y “pobreza estructural” para referirse a los antes considerados marginales. Todos estos sectores son descriptos a partir del concepto de vulnerabilidad definida por Kaztman (2002) como la “insuficiencia del portafolio de activos de los individuos y/o los hogares para ajustarse a los requerimientos de las estructuras de oportunidades que dan acceso al bienestar” (2002:22-23).

El concepto cobra importancia en cuanto a qué activos son los recursos (tangibles e intangibles) cuya movilización permite a las familias el aprovechamiento de la estructura de oportunidades existentes en determinado momento. La estructura de oportunidades depende del Estado, el mercado, pero también la comunidad y la familia, medios tradicionales de acceso al bienestar en América Latina.

Esta estructura de oportunidades centrada en lazos sociales y que funcionaba como un sistema de integración parcial, se vio profundamente afectada. La desarticulación familiar y comunitaria producto de la falta de ingresos prolongada en el tiempo, el debilitamiento de los servicios públicos o la privatización de los mismos, y la reconfiguración del espacio urbano -entre otros aspectos- limitaron aún más las posibilidades de las familias (Minujin, 1992; Lozano, 1999; Kaztman, 1999). Al decir de Saraví (2007):

Frente a la falta de derechos sociales los pobres contaban con la comunidad, la familia, e incluso las relaciones clientelares; frente a un mercado de trabajo poco dinámico, el cuentapropismo y el sector informal eran un espacio de refugio; frente a la pobreza, las estrategias de sobrevivencia, las redes de reciprocidad o las organizaciones vecinales constituían un respaldo; y así los ejemplos podrían multiplicarse, sobre un trasfondo en el que las carencias y el sacrificio se anclaban en expectativas comunes de una movilidad social intergeneracional a través de la educación y/o el trabajo. La particularidad de la exclusión social en América Latina, que al mismo tiempo se constituye en la principal dificultad analítica, consiste en que ésta se da sobre un trasfondo de profunda pobreza y desigualdad, de extendida precariedad laboral, de limitada ciudadanización (Saraví, 2007:38).

En Argentina y Tucumán, al igual que en el resto de América Latina, el término exclusión social comienza a ser utilizado para dar cuenta del extremo agravamiento de las condiciones de vida de los sectores tradicionalmente pobres e inestablemente incluidos en sistemas de protección que empeoran notablemente su condición a partir de las transformaciones del capitalismo y la generalización del neoliberalismo como pensamiento dominante. Las desigualdades se agravaron como nunca antes en un continente tradicionalmente desigual (Bayón y Saraví, 2002).

En este contexto, las OSC se reconfiguran producto de la transformación de las situaciones de necesidad que se difunden hacia sectores antes alejados de estas contingencias y que en algunos casos se suman a aquellos tradicionalmente marginados. El proceso da cuenta de las características que asume la segregación urbana. Da Cunha, Carman y Segura (2013) consideran la segregación como la correlación entre el espacio y los diferentes grupos sociales que se establecen en el mismo, caracterizados por su clase, etnia o religión. En el caso de la provincia de Tucumán este fenómeno aglutina a sectores tradicionalmente marginales, arribados desde las zonas rurales a partir del cierre de los ingenios, y nuevos pobres desplazados del centro de la ciudad por la falta de ingresos, el desempleo y los procesos de privatización del territorio. La acumulación de privaciones de estos sectores da como resultado la conformación de OSC centradas en la satisfacción de las necesidades más urgentes, principalmente a cargo de mujeres. Resulta interesante el señalamiento de D´Amico (2018) “más que un actor colectivo con una identidad unitaria, las organizaciones populares conforman una trama de interacciones recíprocas, donde se establecen pautas, deudas y compromisos, que conducen a las personas a actuar mancomunadamente en situaciones específicas” (2018:29).

La pobreza persistente (Clemente, 2014) se manifiesta y al mismo tiempo se reproduce en determinados territorios, que terminan constituyendo otra variable explicativa de la desintegración al ser reconocidos como lugares peligrosos, ámbitos de delito y perdición. La delimitación de zonas desfavorecidas, y en muchos casos estigmatizadas, en las que se acumulan privaciones durante décadas, genera a su vez relaciones entre los distintos actores sociales y vecinos que deben ser consideradas. El hecho de que las familias satisfagan parte de sus necesidades más elementales a partir de la tarea de organizaciones sociales resilientes a la descomposición social, les otorga una enorme importancia como interlocutores de una realidad que no resulta fácil de comprender para el resto de la sociedad.

Loic Wacquant (2007) estudia lo que él denomina territorios de la desesperanza tanto en EE.UU. (particularmente en Chicago) como en Francia y define seis variables características que, con ciertas diferencias sirven para dar cuenta de lo ocurrido en la provincia de Tucumán (González, 2022) a partir del cierre de los ingenios y la posterior desarticulación del Estado de Bienestar que eclosionó en la crisis de 2001. El análisis de las variables centrales permite dimensionar la importancia de las OSC^[4] y de la actitud del Estado nacional y provincial en estos espacios de pobreza agravada.

El asalariado como vector de la inestabilidad y de la inseguridad sociales: en la provincia de Tucumán como en el resto de América Latina, las ya mencionadas limitaciones del desarrollo económico y de los sistemas de bienestar hacen que en el nuevo contexto las oportunidades se limiten hasta ser casi inexistentes. En nuestros barrios la población lleva en algunos casos hasta cuatro generaciones sin posibilidad de acceso al trabajo formal por lo que (en muchos casos) este ya no forma parte de su horizonte aspiracional lo que hace que las OSC tengan un lugar protagónico a la hora de satisfacer necesidades básicas.

Fijación y estigmatización territoriales: el proceso de concentración territorial de la población con múltiples desventajas en sitios perfectamente delimitados se genera junto al deterioro urbano de estas zonas. A esto se suma la percepción desde adentro y desde afuera, de ser “lugares de perdición” lo que deriva en adjudicar comportamientos moralmente reprochables a sus habitantes, que son percibidos como peligrosos. En este contexto se dificulta la actividad de las OSC que son las que además habilitan el vínculo con el Estado provincial y municipal y sus agentes dadas las características que se atribuyen a estos barrios.

La alienación espacial y la disolución del lugar: la idea de lugar como un espacio humanizado, culturalmente familiar que da seguridad, cede frente al concepto de espacio o zona en la que no hay resguardo y prima la inseguridad. El desarrollo de actividades ilícitas como opción económica de algunos vecinos provoca un repliegue del resto hacia adentro de sus espacios domésticos, un encierro para preservar y proteger sus posibilidades de progreso. Si bien este proceso descripto por Wacquant (2007) es idéntico a lo observado en la provincia, las OSC logran transformar estos espacios de desesperanza en lugares de cobijo a partir de políticas públicas. Disputan de este modo con las actividades criminales no solo el territorio sino un proyecto de vida alternativo.

Pérdida de un país interno: los vínculos familiares (padres, tíos, hermanos, pareja) y también de relaciones de amistad propias o de la comunidad de origen que puedan funcionar como red de protección en situaciones de riesgo o crisis, por ejemplo, quedar fuera del mercado laboral tal como ocurría en la primera etapa de la marginalidad se limitan o desaparecen por completo. La falta de sostén frente a situaciones-límite se da no sólo en lo económico sino también en lo emocional y está estrechamente relacionada con el deterioro sostenido del capital de las familias. Las OSC atemperan el efecto de desamparo dependiendo a su vez de los recursos que les habilite el Estado para un mayor o menor impacto.

El esquema de análisis propuesto por Wacquant (2007) pone en evidencia -tal como lo señala el autor para el caso de la banlieue francesa-, la importancia de un Estado que no abandona, sino que se hace presente. En el caso estudiado la intervención estatal es siempre mediada por las OSC que a pesar de la fragmentación de los lazos sociales y la violencia se constituyen como ámbitos de esperanza y resistencia (González, 2022).

Estado y OSC, un vínculo para transformar

El análisis histórico realizado pone en evidencia el rol fundamental de las OSC a partir de la década del `50 y hasta nuestros días, primero como facilitadoras de un sistema de bienestar deficitario, por momentos muy limitado y, luego, dado el agravamiento de las condiciones sociales de la población a partir de la imposición del neoliberalismo como ideología dominante.

Durante el período 2003-2015 ocuparon un rol central en la implementación de planes y programas sociales. Es numerosa la bibliografía acerca de su función mediadora de las políticas sociales en aquel período, así como también -dependiendo de su vinculación con los denominados movimientos sociales- su rol activo en la disputa por los recursos estatales. Han sido claves en la implementación de múltiples propuestas, lo que les significó en algunos casos tener que decodificar los criterios de una burocracia estatal alejada de las dificultades y desafíos concretos en la vida cotidiana de los sectores más pauperizados (Señorans, 2021).

Resulta difícil diseñar herramientas realmente eficaces para problemas complejos que evidencian la interacción de múltiples factores, sin contar con la experiencia y el conocimiento acumulado de quienes desde hace décadas reinventan formas de superar necesidades en estos contextos familiares y comunitarios tan adversos. Las OSC facilitan la comunicación de las poblaciones de sus territorios con el Estado y promueven el acceso a una ciudadanía -que, aunque limitada- evita que los procesos de exclusión social se agraven, tal como evidencian los estudios de Wacquant (2007) y lo analizado en la provincia de Tucumán (González, 2022).

Por otro lado, es claro que requieren del apoyo y del financiamiento estatal a fin de dar sustentabilidad a sus actividades y permitir una red de bienes y servicios más sólida y estable que pueda ser considerada como un capital de las familias. Sólo garantizando ciertas seguridades pueden habilitar a las familias y comunidades a tomar apuestas a mediano plazo y movilizar proyectos de futuro indispensables para la inclusión ciudadana (Bourdieu, 2011).

En distintas etapas de nuestra historia fueron convocadas para integrar espacios de participación orientados al control de sus propios vecinos (rol de los Consejos Consultivos durante el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados) o para generar iniciativas, pero sin garantías de financiamiento- (Mesas de Gestión Local). Por momentos han sido alentadas a gestionar programas a los que de algún modo había que “buscarles la vuelta” a fin de que resultaran útiles a los objetivos organizacionales (Señorans, 2021). Sin embargo, no han sido convocadas para el diseño de las políticas a implementar por parte del Estado ni para evaluar las propuestas estatales aún en los momentos de mayor activismo público y compromiso social del Estado.

Se puede decir, citando a Blanco y Gomá (2003), que existen razones éticas, epistemológicas y pragmáticas que hacen imprescindible la participación de las OSC como mediadoras y destinatarias de la acción pública. Desde la ética, en su calidad de ciudadanos y ciudadanas de esta democracia tienen el derecho a formar parte y conocer los procesos que los y las implican y que contribuyen a financiar, desde la epistemología se puede afirmar que tienen el conocimiento que facilita y complementa el aporte de la investigación científica al poder situar y contextualizar el funcionamiento de las variables nodales de cada problemática, por último son centrales a la hora de facilitar o no la implementación de cualquier iniciativa, por lo que desde un posicionamiento pragmático son fundamentales también como garantes de la sustentabilidad de cualquier proyecto.

Las Universidades Nacionales pueden contribuir a fortalecer el vínculo entre el Estado y las OSC, es fundamental el aporte desde sus cátedras y centros de investigación para desarrollar conocimiento situado y comprometido con los procesos de inclusión social, también para generar egresados que puedan comprender la complejidad de los contextos y comprometerse en remover los obstáculos que dificultan la integración social tal como lo propone la extensión crítica.

La experiencia de GESID durante la pandemia

Durante el año 2020, el grupo GESID realizó una investigación mediante encuestas a referentes de dieciocho organizaciones sociales, siete pertenecientes a barrios del Gran San Miguel de Tucumán y el resto a localidades del interior de la Provincia^[5] que permitió elaborar: “El diagnóstico participativo de comunidades de Tucumán en tiempos de pandemia” publicado en la página oficial y redes sociales de nuestra facultad (GESID, 2020). Se indagó acerca de tres aspectos: la situación familiar y comunitaria, las acciones y medidas gubernamentales y la situación de las organizaciones. Luego de la encuesta, se realizaron entrevistas abiertas con las referentes para profundizar algunos aspectos que parecían confusos o incongruentes.

Algunos de los principales resultados de este trabajo muestran que las OSC se enfrentaron al agravamiento de la situación alimentaria de las familias afectadas por la parálisis de la economía^[6], lo que les significó por un lado garantizar la asistencia alimentaria para los niños, niñas y adolescentes y por otro contener a las que, a causa de las medidas adoptadas por el gobierno ASPO -aislamiento social preventivo y obligatorio- y DISPO -distanciamiento social preventivo y obligatorio-, se vieron obligadas a recurrir a la asistencia de la organización por primera vez, sin que el Estado aumentara la asistencia de alimentos.

La demanda de trabajo en diferentes rubros como la construcción, gastronomía o la zafra se vio disminuida drásticamente lo que afectó gravemente a muchos hombres y jóvenes de los barrios populares, pero también impactó en las mujeres que se desempeñaban en tareas domésticas o de cuidado. La respuesta del Estado para contener esta situación, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), logró paliar en parte las dificultades, pero resultó insuficiente y en muchos casos no llegó a la totalidad de quienes lo necesitaban, de modo que las estrategias de supervivencia se concentraron en el espacio barrial o comunitario.

Otros problemas pre-existentes se agravaron en especial los anímicos o emocionales como el alcoholismo y las adicciones, o tuvieron un mayor impacto como la falta de infraestructura (viviendas adecuadas) y los problemas de abastecimiento de servicios básicos; sin embargo, no fueron priorizados por la política pública. Tampoco hubo una oferta estatal especialmente orientada a atender las problemáticas de la infancia y la adolescencia en contexto de múltiples privaciones, las soluciones educativas que se pensaron no fueron adecuadas a estos contextos en los que las familias en muchos casos están imposibilitadas de garantizar los soportes mínimos necesario^[7].

Salvo la asistencia alimentaria, las actividades y programas que proponía el Estado se suspendieron totalmente. Los servicios sanitarios (declarados esenciales) emplazados en estos territorios orientaron su personal a la emergencia y en muchos casos no estuvieron disponibles para atender a las comunidades.

Las organizaciones quedaron solas en los territorios, gestionando, dando respuesta a las necesidades alimentarias y brindando asistencia a las familias con personas enfermas de COVID-19 y sin redes de apoyo. Reducida al mínimo la presencia del Estado Provincial, la gestión de las OSC cobró una importancia vital frente al aumento de la demanda y la ausencia de otros dispositivos. Las organizaciones fueron sostenes claves -aunque no suficientemente reconocidas- durante toda la pandemia.

Si bien el Diagnóstico Participativo fue una experiencia difundida en redes sociales y sus resultados formaron parte de una publicación nacional^[8], es necesario sostener estos esfuerzos para lograr que la experiencia concreta de las OSC sea considerada a la hora de definir las acciones estatales.

La pospandemia

A comienzos del año 2022 y durante el 2023 con el antecedente de la producción del Diagnóstico Participativo, GESID implementó el Proyecto “Inclusión Democrática” con los siguientes objetivos: mejorar el acceso a los derechos y al abordaje integral de las problemáticas vinculadas a la salud individual y social de las poblaciones de alta vulnerabilidad seleccionadas de Gran San Miguel de Tucumán y fortalecer a las organizaciones no gubernamentales como actores de las políticas sociales y de las prácticas comunitarias.

Para lograrlos se crearon centros de extensión comunitaria con la participación de estudiantes de diferentes disciplinas de las Facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Derecho. Estos centros se enfocaron en asistir y acompañar a las familias y comunidades, transfiriendo y creando herramientas para mejorar su acceso a los derechos. Desde allí, el trabajo consistió en promover vínculos saludables, acompañar las trayectorias educativas, fortalecer las capacidades individuales, sociales y de organización y generar conocimiento sobre la situación de las comunidades y los jóvenes.

Como se puede observar en la Tabla N° 1, se conformaron 5 centros de extensión en las siguientes organizaciones territoriales.

Tabla N° 1: Centros de extensión en OSC

OSC	Localidad	Ubicación
Asociación Civil Los Lapachos	Capital	Gran San Miguel Organización de Tucumán
Centro Comunitario Acceso Este	Las Talitas	Gran San Miguel de Tucumán
Centro Vecinal 8 de Marzo	Las Talitas	Gran San Miguel de Tucumán
Cocina Comunitaria de Trancas	Trancas	Interior de la provincia
Fundación MAS	El Manantial	Interior de la provincia

Fuente: Elaboración propia

De este modo, el programa propuso dos estrategias principales:

1. Capacitaciones transversales en la universidad: se ofrecieron talleres y formaciones para potenciar las habilidades de las organizaciones.
2. Acompañamiento territorial de estudiantes: colaboraron directamente en el terreno con las organizaciones para lograr un mayor impacto.

Se generaron espacios para promover la horizontalidad de las relaciones entre los actores universitarios (estudiantes y docentes) y los actores sociales, rompiendo con la tradicional jerarquía de “quien sabe” y “quien no sabe”. El diálogo entre profesores, estudiantes y las organizaciones sociales procuró ser una práctica “sustancialmente democrática” conforme los supuestos de la extensión crítica (SCEAM, 2010 en Tommasino y Cano, 2016). A diferencia de un modelo vertical de “extensión de servicios”, donde la universidad simplemente “transfiere” conocimiento, GESID implementó un proceso de co-construcción.

De este proceso participaron distintos equipos docentes que se sumaron en la gestión del proyecto, lo que implicó la posibilidad de contar con diferentes miradas aportadas por disciplinas como el trabajo social, la psicología, las ciencias de la educación, la literatura y la sociología jurídica. La adhesión y compromiso de las cátedras posibilitó la gestión compartida del proyecto, el cumplimiento de supervisiones, el acompañamiento a estudiantes y la participación en espacios de intercambio con las OSC. Este intercambio se materializó en espacios donde los docentes mostraron un gran interés por las actividades y problemáticas que las organizaciones enfrentan a diario.

El proceso de co-construcción de conocimiento abordó diversos temas. Se discutió la situación de los y las jóvenes escolarizados y no escolarizados, se exploraron ideas innovadoras como la fabricación de juguetes con materiales reciclados y la necesidad de crear ludotecas. También se analizaron formas de enseñanza alternativas a las escolares para fortalecer capacidades principales de los y las estudiantes. El diálogo se extendió también a problemáticas sociales más complejas como la salud mental, la violencia de género, el abandono, las rivalidades entre barrios, etc. En este sentido, se trabajó en el desarrollo de capacidades y habilidades para contener, derivar y acompañar en la resolución de estas problemáticas.

Al involucrar a estudiantes y ponerlos en contacto con las problemáticas de los territorios, esta práctica universitaria buscó expresamente romper con el comportamiento de la universidad como una “fábrica de profesionales” (Carlevaro, 2010 en Tommasino y Cano, 2016:10) promoviendo un espíritu solidario y comprometido. En lugar de una formación meramente técnica, se procuró ofrecer una experiencia que facilitara el desarrollo de un espíritu solidario y comprometido con los procesos de transformación social, a partir del trabajo junto a las OSC.

Este modelo de prácticas extensionistas pone en evidencia que el conocimiento no reside únicamente en la academia, sino que se genera en el intercambio y la colaboración con los saberes populares. En la concepción adoptada, la extensión es asumida como un significante que procura vincular los procesos de enseñanza y creación de conocimiento con los grandes problemas nacionales y las necesidades de los sectores populares de la sociedad, en proyectos políticos-académicos que disputen los modos hegemónicos de hacer universidad (Tommasino y Cano, 2016).

En las instancias de evaluación, la experiencia fue valorada positivamente por las organizaciones: la incorporación de estudiantes de carreras que hasta ese momento habían permanecido ajenas a la labor que estas realizan, el intercambio fluido con los profesores, el interés de los mismos y sus opiniones sobre las problemáticas barriales, fueron aspectos especialmente valorados. Los y las estudiantes reconocieron al proyecto como un espacio de aprendizaje significativo, resaltaron la importancia de compartir puntos de vista con otras disciplinas, conocer nuevos contextos de trabajo y adquirir nuevas sensibilidades.

La extensión universitaria y las OSC en la era Milei

El complejo escenario social, económico y político pospandémico se agudizó significativamente en 2024. Las medidas económicas y sociales implementadas por el modelo ultraneoliberal del presidente Javier Milei, generan graves consecuencias. El rezago salarial de los y las trabajadores/as, la pérdida de fuentes de empleo, el recorte de programas sociales y el desmantelamiento y vaciamiento de las principales instituciones del Estado encargadas de la protección social, son algunas de las más graves. La pobreza alcanzó el 52,9%, y la indigencia el 18,1% en el primer semestre de ese año, según datos aportados por el INDEC.

Además, y como parte de lo que el propio presidente denomina ¨la batalla cultural¨ se inició un ataque directo contra las organizaciones sociales. Esta ofensiva se materializa mediante acusaciones de corrupción, desmanejo y malversación de fondos, e incluso poniendo en duda su propia existencia. Con estas acciones, se ha justificado la desaparición de programas sociales y la interrupción de la asistencia alimentaria que históricamente llegaba a los sectores más empobrecidos a través de estas organizaciones.

En el ámbito universitario la situación no es menos grave. Como parte de la deslegitimación de lo público se promueven desde el gobierno campañas de desprestigio hacia las universidades nacionales, además de desfinanciarlas. No se realizan convocatorias para propuestas de extensión y las que se encontraban en curso demoran la transferencia de fondos hasta hacerlos totalmente insuficientes.

En este contexto se reconvirtieron las actividades previstas por “Inclusión Democrática 2”. Dada la imposibilidad de financiar la llegada de estudiantes a los territorios se desarrollaron acciones en el propio ámbito de la Universidad, también porque se sintió el impacto de la situación económica en los y las jóvenes universitarias que en muchos casos priorizaron obtener ingresos y dejaron de lado estas propuestas.

Una de las actividades realizadas durante 2024 fue la implementación de una serie de talleres con las OSC^[9] para conocer la situación en los barrios, aportar herramientas sobre los espacios de infancia que funcionan en los mismos y actualizar el diagnóstico de modo conjunto. Las dirigentes que participaron de los mismos relataron el agravamiento de las condiciones de vida de la población y el consiguiente aumento de la demanda sobre las organizaciones. Algunos de los testimonios recogidos dan cuenta de la situación:

[…] los hombres se van a la mañana y vuelven a sus casas sin nada para dar de comer. Van al comedor a pedir comida, eso no estaba ocurriendo… que sean los propios hombres los que piden […] al comedor van las familias enteras, adultos mayores, adictos. La organización recibe el reclamo de otros vecinos al dar alimentos a los jóvenes con adicciones. (Referentes del Centro Vecinal 8 de marzo)

El crecimiento de la demanda se produce junto con la disminución de donaciones recibidas por parte de particulares, a las que las OSC venían echando mano para enfrentar las crecientes necesidades de los miembros de la comunidad, ya que el gobierno de la provincia mantiene la asistencia sin aumentos significativos. También hay un agravamiento en lo educativo:

[…] muchos adolescentes han abandonado sus estudios. Otros comenzaron después de que las clases se habían iniciado. En las escuelas del barrio este año se difundía que había vacantes cosa que antes nunca había lugar. Las familias recién lograron hace poco juntar para inscribir a los chicos, van dos o tres veces a la semana. (Referente de la Organización Acceso Este)

Este abandono escolar por parte de los y las adolescentes principalmente, motivado por la necesidad de priorizar la obtención de ingresos, representa un colapso en la estructura de oportunidades que profundiza las desigualdades sociales estructurales y compromete directamente las aspiraciones de movilidad social intergeneracional.

La falta o escasez de financiamiento para el desarrollo de actividades, la ausencia del gobierno nacional y las dificultades de la provincia para dar respuesta a través de sus instituciones en el territorio, agravan la tarea central de atención y contención de las familias y comunidades. En relación a esto las referentes comunitarias denunciaron:

El gobierno [provincial] no tiene empatía, actúa como el gobierno nacional. No hay acciones especiales de las instituciones frente a la crisis: CAPS [Centro de Atención Primaria de la Salud] sin médico, los comedores PNUD [Programa de Naciones de Unidas para el Desarrollo] de nuestra zona no reciben ayuda provincial, aunque Nación manda menos y la demanda es mayor (Referente Centro Vecinal 8 de marzo)

Los CAPS no tienen médico, no salen a la comunidad. (Referente Asociación Civil Los Lapachos)

Se perdieron totalmente los programas en el territorio. Las organizaciones están solas. (Referente Fundación MAS)

Aunque las OSC están acostumbradas a hacer frente a escenarios críticos, la velocidad y profundidad del agravamiento de las condiciones de vida de las familias y comunidades las coloca en una situación extrema. Incluso la subsistencia de las propias organizaciones se hace cuesta arriba por el aumento de las tarifas de los servicios y la disminución de los recursos disponibles. Frente a esto implementaron diferentes estrategias con el objetivo de generar ingresos para sí y para sus comunidades -se mencionaron la puesta en marcha de una pañalera ecológica y un taller de sublimado.

Al igual que en la universidad, también las organizaciones se enfrentan a la falta de participación, especialmente de los y las jóvenes. No logran atraer y sumar a los mismos en las tareas y actividades. Algunos referentes relacionan estas dificultades con la falta de conciencia social y política, otros piensan que no tienen voluntad ni ganas de hacerlo, dejando entrever cierto hartazgo por lo que consideran decisiones libres y equivocadas.

El impacto de ciertos discursos culpabilizantes y de desprecio por los que no manifiestan voluntad de cambio o “ponen la energía suficiente” se hacen sentir entre los y las dirigentes. Generados desde la más alta política y encarnados en la figura del presidente, los denominados discursos de odio se muestran eficaces para promover, incitar y legitimar la discriminación, la deshumanización y la violencia hacia cualquier persona o grupo que piense o haga distinto. El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es un ejemplo de cómo los discursos culpabilizantes penetran en los barrios. Dirigentes y jóvenes de las propias OSC expresaron malestar, con posturas que argumentan que ciertos jóvenes “no merecen recibir ayuda” (Joven de la Biblioteca Popular El Baúl) o que la falta de participación es producto de la “falta de conciencia social y política” (Referente de la Cocina Comunitaria Vence al Tiempo). Las diferentes posiciones generaron controversia entre las organizaciones: algunas argumentaron que bajar la edad de imputabilidad: “es castigar a los que no son responsables, en todo caso hay que castigar a los padres” (Referente de la Asociación Civil Los Lapachos); otros jóvenes miembros de las propias organizaciones manifestaron: “algo hay que hacer” y expresaron su malestar con “[…] esos jóvenes que permanecen en la esquina, no responden a las convocatorias y roban, no merecen recibir ayuda” (Joven de la Biblioteca Popular El Baúl).

A diferencia del período de pandemia, durante el que la fraternidad y solidaridad entre vecinos y vecinas fue comentada por las organizaciones (GESID, 2020), se manifiesta el cambio en el humor social y una atmósfera de confrontación que agrava el cuadro antes descripto. Esto deja entrever un cansancio que puede ser aprovechado para fracturar la organización popular.

En este escenario, la extensión crítica resulta fundamental para disputar internamente estos discursos de odio y confrontación, y reafirmar la conciencia política y la solidaridad. Proporciona el lenguaje y las herramientas analíticas para que las OSC puedan interpretar su realidad y construir un proyecto colectivo, defendiendo el sentido de “lo social” ante su negación ideológica.

El desfinanciamiento universitario y la interrupción de las convocatorias de extensión mencionadas anteriormente afectaron directamente la continuidad del proyecto y colocan a la extensión universitaria en una situación límite. La discontinuidad de las actividades debilita la relación establecida con las OSC. Si bien es resultado de políticas nacionales, este debilitamiento de la tarea extensionista puede ser interpretada como un abandono institucional, lo que pone en riesgo la confianza y amenaza la sustentabilidad del vínculo.

Reflexiones finales

El desarrollo de las experiencias comentadas resalta la importancia de promover una universidad al servicio de la inclusión social. La extensión crítica se muestra como un marco teórico y metodológico adecuado a este propósito, posible de implementar si promovemos un vínculo respetuoso con las OSC.

La tensión constante entre la rigidez de la estructura universitaria y la complejidad holística de la realidad social fue uno de los principales desafíos que se pusieron de manifiesto. Si bien la adhesión de cátedras de diversas disciplinas demostró su potencial para ofrecer miradas que aborden los problemas desde múltiples ángulos, evidenció las dificultades operativas para compatibilizar la tarea interdisciplinaria.

También resulta un desafío garantizar el financiamiento de estas actividades. El problema del financiamiento intermitente debe ser asumido como una demanda política y ética. La interrupción del mismo da como resultado la discontinuidad de procesos iniciados, tal como se relató en la experiencia.

Es deseable que el Estado fortalezca sus capacidades de articulación y co-gestión con las OSC. Esto implica garantizar el financiamiento y acompañamiento estatal estable. Sólo asegurando ciertas seguridades y recursos estables, las OSC pueden habilitar a las comunidades a movilizar proyectos de futuro a mediano plazo, indispensables para la inclusión ciudadana.

El rol de las OSC como facilitadoras del acceso al bienestar obliga a promover su participación activa en la planificación de políticas públicas. Su experiencia acumulada durante décadas es un conocimiento insustituible.

La Universidad, a través de sus funciones sustanciales (docencia, investigación y extensión) en interacción permanente, tal como postula la extensión crítica, puede aportar a este proceso de co-gestión fortaleciendo las capacidades de las OSC y promoviendo espacios de encuentro con las áreas gubernamentales.

La valoración positiva de la experiencia relatada por parte de los/las estudiantes y de las propias organizaciones, reafirma la importancia de la extensión crítica como una práctica que busca poner la labor universitaria al servicio de las mayorías populares con claras implicaciones políticas, pedagógicas y éticas.

En este clima generalizado de confusión y desesperanza, las organizaciones sociales resisten. Es crucial que los espacios académicos mantengan el compromiso ético y pragmático de seguir pensando y actuando con ellas, para disputar el sentido de lo social y construir una sociedad más justa y saludable.

Referencias bibliográficas

Bayón, C., & Saraví, G. (2002). Vulnerabilidad social de la Argentina en los años noventa: Impactos de la crisis en el Gran Buenos Aires. En R. Kaztman & G. Wormald (Coords.), Trabajo y ciudadanía: Los cambiantes rostros de la integración y la exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina. Fernando Errandonea.

Blanco, I., & Gomà, R. (2003). La crisis del modelo de gobierno tradicional: Reflexiones en torno a la governance participativa y de proximidad. Gestión y Política Pública, 12(1), 5-42. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de la reproducción social. Siglo XXI Editores.

Carlevaro, P. (2010). Intersecciones y uniones de la universidad con la ética. Reencuentro. Análisis Teórico y Crítico del Pensamiento Educativo, (57), 8–17. https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/743

Clemente, A. (2014). Sobre la pobreza como categoría de análisis e intervención. En A. Clemente (Coord.), Territorios urbanos y pobreza persistente. Espacio Editorial.

D’Amico, V. (2018). Las transformaciones en las prácticas de los sectores populares organizados a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo. Ciudadanías: Revista de Políticas Sociales Urbanas, (3).

Da Cunha, N., Carman, M., & Segura, R. (2013). Antropología, diferencia y segregación urbana. En M. Carman, N. Da Cunha, & R. Segura (Coords.), Segregación y diferencia en la ciudad. Flacso-CLACSO.

Erreguerena, F. (Coord.). (2023). Textos clave de la extensión crítica latinoamericana y caribeña (1ª ed.). CLACSO.

Filgueira, F. (1995). A century of social welfare in Uruguay: Growth to the limit of the Batllista social state. Kellogg Institute, Notre Dame University. (Democracy and Social Policy Series, núm. 5).

GESID. (2020). Diagnóstico participativo de comunidades de Tucumán en tiempos de pandemia: Aportes para la política pública desde la inclusión democrática. https://drive.google.com/file/d/1T7I6wDAxdTesMv5EhGH_d7b6E8aTBXGM/view

González, M. G. (2022). La exclusión social en Tucumán: Un análisis orientado a la intervención. Cátedra Paralela, (20), 133–152. https://doi.org/10.35305/cp.vi20.327

González, M. G., Nieva, M., Álvaro, R., & López, D. (2021). Las organizaciones del Noroeste Argentino: Experiencias en el marco de la pandemia. Experiencias en Acción 3, Territorios en Acción (UNGS-FLACSO-CEUR/CONICET). https://territoriosenaccion.org/experiencias-en-accion-3-las-organizaciones-del-noroeste-argentino-experiencias-en-el-marco-de-la-pandemia/

Grosfoguel, R. (2023). Del “extractivismo económico” al “extractivismo epistémico” y al “extractivismo ontológico”: Una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. En F. Erreguerena (Coord.), Textos clave de la extensión crítica latinoamericana y caribeña (pp. 115-135). CLACSO. https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/handle/123456789/3475/Textos-clave-Extension-Critica.pdf

Kaztman, R. (1999). Activos y estructura de oportunidades: Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay. CEPAL-PNUD.

Kaztman, R. (2002). Convergencias y divergencias: Exploración sobre los efectos de las nuevas modalidades de crecimiento sobre la estructura social de cuatro áreas metropolitanas de América Latina. En R. Kaztman & G. Wormald (Coords.), Trabajo y ciudadanía. Fernando Errandonea.

Korol, C. (2023). Construir el poder desde abajo: Diálogos con Berta Cáceres (Cuba, 2011). En F. Erreguerena (Coord.), Textos clave de la extensión crítica latinoamericana y caribeña (pp. 347-363). CLACSO.

Lewis, O. (1967). La cultura de la pobreza. Pensamiento Crítico, (7), 52-66. http://www.filosofia.org

Lozano, C. (1999). La relevancia del debate acerca de la relevancia del trabajo y la política a fin de siglo. En C. Lozano (Comp.), El trabajo y la política en la Argentina de fin de siglo. EUDEBA-CTA.

Minujin, A. (1992). En la rodada. En A. Minujin (Comp.), Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad Argentina. UNICEF; Losada.

Murillo, S. (2008). Producción de pobreza y construcción de subjetividad. En A. Cimadamore & A. Cattani (Coords.), Producción de pobreza y desigualdad en América Latina. Siglo del Hombre Editores.

Santos, W. G. (2018). De la laissez-faire represivo a la ciudadanía en receso. En B. Bringel (Coord.), Antología del pensamiento crítico brasileño contemporáneo. CLACSO.

Saraví, G. (2007). Nuevas realidades y nuevos enfoques: Exclusión social en América Latina. En G. Saraví (Ed.), De la pobreza a la exclusión: Continuidades y rupturas de la cuestión social en América. Prometeo Libros.

SCEAM, Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. (2010). Aportes al proceso de evaluación de la Extensión y las Actividades en el Medio en la Universidad de la República, noviembre 2006 – agosto 2010. Universidad de la República.

Señorans, D. (2021). Las políticas del “otro lado del mostrador”: Los encuentros entre las organizaciones de trabajadores de la economía popular y la burocracia estatal en clave etnográfica. Trabajo y Sociedad, 22(37), 333-354. https://www.redalyc.org/journal/3873/387368391019/html/

Tommasino, H., & Cano, A. (2016). Avances y retrocesos de la extensión crítica en la Universidad de la República de Uruguay. Revista Masquedós, (1), 9-23.

Torres, M. R. (2000). Itinerarios por la educación latinoamericana: Cuaderno de viajes. Prometeo.

Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad. Siglo XXI Editores.

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