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1 Las organizaciones de desocupados y su relación con el Estado nación como fenómeno político, social y académico

1. Introducción

La emergencia de las organizaciones de desocupados, expresión de los nuevos movimientos sociales de la región, fue analizada por varios autores desde diferentes posturas epistemológicas (Farinetti, 1999; Schuster y Pereyra, 2001; Garriaca, 2001; Scribano y Schuster, 2001; Auyero, 2002; Svampa y Pereyra, 2003 y 2005; Massetti, 2004; Delamata, 2004; De Piero, 2005; Naishtat y Schuster, 2005; Schuster et al, 2006; Retamozo, 2006; Gómez, 2007). Sin pretensiones de exhaustividad, en este capítulo se intenta sistematizar los principales debates y aportes académicos que se realizaron en los últimos años sobre su capacidad de mediación entre el Estado y la sociedad. Su objetivo es analizar los dilemas que, para las ciencias sociales, presenta la cuestión de la participación y la representación de las organizaciones de desocupados en la Argentina luego de la crisis de 2001.Para esto, se tomó como base a las revisiones bibliográficas realizadas por Millan (2009), Retamozo (2009), Gómez (2010), Masetti (2010), Shuttenberg (2012) y Forni et al (2014). Con este fin se organizó las producciones bibliográficas en base a las preguntas de investigación que las originaron y a la forma de conceptualizar la relación de estas organizaciones con el Estado. Del cruce de estas dos dimensiones, establecimos las principales perspectivas teóricas que nos permitió organizar los artículos, libros y ponencias revisadas, señalando sus aportes originales y debates en torno a la problematización de la participación y la representación de los “desocupados”.

Si bien el recorte analítico para la revisión bibliográfica es la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado, las preguntas de investigación que aparecieron sobre este tema pueden ser sintetizadas en cuatro grandes problematizaciones que abordan cuestiones macro y micro sociales sobre el fenómeno en análisis. Por un lado, la pregunta clásica de los estudios sobre los movimientos sociales, sobre la capacidad disruptiva y transformadora de las organizaciones de desocupados sobre el orden social vigente. Vinculada a esta, apareció la pregunta sobre la autonomía o heteronomía de estas organizaciones con respecto al Estado. Y, bajando el nivel de abstracción, apareció la pregunta sobre la institucionalización o cooptación de dichos actores por parte del gobierno. Por último, apareció la pregunta sobre las formas en que tanto las organizaciones como el Estado, se ven influenciados por su mutua imbricación. Estas problematizaciones fueron ocupando lugar, en mayor o menor medida, en las agendas de investigación de politólogos, sociólogos y antropólogos principalmente. Desde sus propias tradiciones teóricas y metodológicas, surgieron grupos de investigación, programas de formación, redes, encuentros académicos, revistas y libros, entre otras instancias, que reflejaron los principales debates y aportes conceptuales a la comprensión de este fenómeno. Los centros de investigación a los cuales pertenecen los autores de las producciones revisadas son diversos equipos del Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Instituto de Antropología de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, el Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO, y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, entre otros. Así llegamos a establecer cuatro perspectivas de análisis dentro del estudio de la relación de las organizaciones de desocupados y el Estado. Estas son: la perspectiva sociopolítica de la relación con el Estado, la perspectiva de la politización de los sectores populares, la perspectiva de los desocupados como “expresión de la lucha de clases”, y la perspectiva de “militar el Estado”.

Cada perspectiva será desarrollada en un apartado de este capítulo, y será nutrida con los aportes de los autores que, a nuestro entender, las integran, pero antes es necesario establecer algunas coordenadas con respecto a otras revisiones bibliográficas que intentan organizar la producción científica sobre el tema. Schuttemberg (2012) señala dos grande líneas analíticas, el paradigma marxista anclado en el análisis de la lucha de clases, y el paradigma heterogéneo o post marxista donde se inscriben las perspectivas de las formas de protesta y la acción colectiva, la perspectiva micro social de la antropología, la perspectiva de la sociología política, la perspectiva de la heteronomía, y la perspectiva de las identidades política. En este trabajo retomamos la distinción del paradigma marxista como una perspectiva analítica, pero sostenemos que las perspectivas del paradigma heterogéneo pueden ser agrupadas en las señaladas anteriormente, ya que comparten problematizaciones y miradas sobre el tema en cuestión. De esta forma, la perspectiva sociopolítica y la de la heteronomía pueden ser sintetizadas en la primera que pretende, desde diferentes marcos conceptuales, explicar los procesos sociopolíticos generales y dentro de ello, la vinculación de las organizaciones de desocupados y el Estado. Las perspectivas de la acción colectiva y de las identidades políticas deben ser incluidas en dicha perspectiva, aún agrupe dos tradiciones teóricas como la norteamericana y la europea para el análisis de los movimientos sociales. Retamozo (2009) señala cuatro corrientes analíticas: el marxismo clásico, el marxismo abierto, el autonomismo, y la sociología política. De Retamozo, recuperamos las corrientes marxistas, aunque unificadas en una misma perspectiva, y de corriente de la sociología política. Según este autor, el autonomismo refiere a las investigaciones inscriptas en la perspectiva posmoderna del contrapoder (Hard y Negri, 2001; Holloway, 2002). En nuestro país, esta perspectiva se expresó, entre otros, en los trabajo del colectivo situaciones (2002). Sin embargo, consideramos que actualmente ha perdido relevancia en los estudios sobre la relación de las organizaciones de desocupados y el Estado, y que el debate sobre la autonomía de las mismas es transversal a la perspectiva de la sociología política y a la antropología política[1].

Por último, debemos aclarar que el recorte temporal utilizado con respecto al fenómeno de estudio responde a la convicción que, a partir de 2003, las organizaciones de desocupados han dado dos saltos organizativos de envergadura, uno vinculado a su participación directa en la gestión de políticas estatales, y otro vinculado a su capacidad de representación a través de su participación en alianzas políticas oficialistas. Se suele suponer que estos dos procesos implicaron “un salto a lo político” de estas organizaciones vinculadas originariamente, y erróneamente, a lo social[2].Más que un salto a lo político, el cual siempre fue una preocupación de estas organizaciones, consideramos que estos dos procesos, con sus éxitos y fracasos, supusieron la posibilidad para ellas de incidir en el juego político nacional. Dicho todo esto, en los próximos apartados desarrollaremos las cuatro perspectivas analíticas sobre la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado, y en las reflexiones finales intentaremos recuperar los principales dilemas planteados por cada perspectiva en torno a la cuestión de la participación y la representación de las organizaciones de desocupados en nuestro país luego de la crisis económica, política y social que estalló en diciembre de 2001.

2. La perspectiva sociopolítica de la relación con el Estado

Desde una perspectiva macro social, tanto la sociología como la ciencia política se preguntaron por las transformaciones ocurridas en las formas de protesta y de acción colectica, las formas de representación y organización de los sectores populares, y su relación con el sistema político, tanto con las políticas públicas como con el régimen de gobierno y sus principales actores a partir de la implementación del modelo neoliberal en nuestro país, su crisis y el escenario posterior. La autonomía o heteronomía de las organizaciones de desocupados con respecto al Estado y al gobierno, su participación, institucionalización o cooptación dentro de las políticas públicas, o sus formas de organización y de acción política, son algunas de las preguntas de investigación que subyacen a sus producciones científicas. Dentro del mapa de centros y equipos de investigación se destacan el grupo de investigación sobre protesta y acción colectiva, dirigido por Federico Schuster del Instituto Gino Germani, de la UBA y en el cual se formaron Ana Natalucci y Germán Pérez, entre otros. En el mismo instituto cabe destacar los proyectos de investigación UBACyT dirigidos por el sociólogo Astor Masseti, “Transformaciones de la relación entre acción colectiva contestataria, Estado y régimen político en Argentina 2002-2009” y “Las teorías sobre movimientos sociales como continuación de las teorías de la acción social: su aplicación al caso de la protesta social en la Argentina contemporánea (1983-2007)”. Desde la mirada sociológica se debe destacar, obviamente los aportes realizados por Maristella Svampa en diversos proyectos de investigación, primero en la Universidad nacional General Sarmiento, y actualmente desde la Universidad nacional de La Plata. Por otro lado, desde una perspectiva politológica, se destacan el programa de investigación “Las organizaciones de la sociedad civil” dirigido por Daniel García Delgado y Sergio De Piero en el Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina, y el proyecto de investigación “Las nuevas formas políticas” UBA CONICET, dirigido por el Dr. Isidoro Cheresky.

En este espacio se inscriben aquellos trabajos que discuten sobre la autonomía-heteronomía de estas organizaciones frente al Estado. En esta perspectiva de análisis, las organizaciones de desocupados son considerados actores racionales que despliegan estrategias, autónomas o heterónomas, que responden a su necesidad de construcción social y política dentro y fuera del Estado y de la coalición de gobierno. El Estado, por su parte, despliega estrategias que alternan, durante esta etapa, la negociación y la cooptación, con dosis importantes de represión (Svampa y Pereyra, 2005). Estas estrategias gubernamentales fueron caracterizadas por diferentes autores cómo de “institucionalización del conflicto social” (Cortés, 2010) “integración e institucionalización” (Svampa y Pereyra, 2005), de institucionalización relativa e integración política (Gómez, 2007) o como de integración sectorial (De Piero, 2005b). En todos los casos, estos procesos han tenido una de sus más claras expresiones en la vinculación entre algunos de estas organizaciones que emergieron en la Argentina en torno de la crisis del año 2001, como el caso analizado, y el Estado Nacional (Natalucci, 2010; Cortés, 2009; Gómez, 2007; Svampa y Pereyra, 2007). La incorporación de estas organizaciones a la gestión pública del Estado nacional inauguró, como señalábamos en el capítulo introductorio, formas de participación en la gestión pública ausentes en las últimas décadas en el país (Cortés, 2009). Siguiendo a Gómez (2010), podemos decir que existe hoy un “paradigma normal” integrado por un conjunto de conceptos e hipótesis, relacionadas entre sí, que constituyen los principales enunciados analíticos utilizados para abordar el fenómeno de los movimientos sociales, las nuevas formas de acción colectiva y su relación con el Estado desde la perspectiva de la sociología política.

Categorías provenientes de la teoría de la movilización de los recursos (Mac Carthy y Zald, 1977) como “oportunidad política” son frecuentemente utilizadas para caracterizar el fenómeno de alineamiento político de estas organizaciones con el oficialismo y su relación con las políticas de asistencia (Svampa, 2004; Bukart et al, 2008; Natalucci, 2008). Una versión matizada de esta línea de análisis propone pensar esta integración a partir de la “demanda de normalidad institucional” que acompañó la masacre del puente Pueyrredón en el año 2002 durante la Presidencia interina de Eduardo Duhalde. En este marco, desde la sociología política hay diferentes lecturas sobre la asunción de Néstor Kirchner en 2003 donde su escasa legitimidad de origen o, al contrario, su fortaleza política, definen la estructura de oportunidades que determinan el proceso de participación político y la gestión de los recursos públicos de las organizaciones de desocupados (Schuster, Naishtat, Nardacchione y Pereyra, 2005; De Piero, 2005; Delamata, 2006; Villanueva y Masseti, 2007; Pereyra, Pérez y Schuster, 2008; Svampa, 2008; Natalucci, 2008, 2011; Massetti, 2009; Massetti, Villanueva y Gómez, 2010; Pérez y Natalucci, 2012; Natalucci, Pérez, Schuster y Gattoni, 2013). Desde un balance pesimista del proceso político y sobre el supuesto de una posición de debilidad de los estos actores en relación al Estado, diferentes autores (Bukart et al., 2008; Masetti, 2009) plantean el concepto de estrategias neutralizadoras, represión y negociación, para pensar la incorporación de estas organizaciones al gobierno. Las mismas tuvieron como consecuencia la fragmentación de estas organizaciones, su desdibujamiento programático y en definitiva, la pérdida de su potencial político transformador que, se suponía, tenían. Dentro de esta categoría de estrategias neutralizadoras podemos incluir las hipótesis de incorporación subordinada o de cooptación (Svampa, 2005) en donde subyace la idea que a través de la distribución de recursos materiales, vía políticas públicas y de cargos en la gestión, estas organizaciones abandonan su capacidad de movilización y confrontación, relegando a estas organizaciones a una representación social sin la posibilidad de pertenecer, construir y aportar a proyectos políticos nacionales.

Desde la implementación del PJJHD, con la consecuente participación de estos actores en su ejecución, varios autores han señalado el rol de los planes sociales en la consolidación de dichas organizaciones (Masetti, 2011; Gómez, 2007 y 2010; Freytes Frey y Cross, 2006, 2007) o el “efecto disolvente” que tuvieron sobre las mismas (Fornillo, 2008). Sin embargo, en la mayoría de los trabajos recién citados, la relación de las organizaciones de desocupados con las políticas sociales ha significado un “salto cualitativo” y, para algunos, cuantitativos en relación a su capacidad de organización y movilización. La ampliación de la oferta de recursos a través de los diferentes programas y planes sociales incentivó la necesaria relación de estas organizaciones con el Estado, “no sobre la base de la protesta y la negociación, sino sobre la base de entendimientos políticos y lealtades, que sin duda contribuyeron a disminuir el caudal disruptivo del accionar de estas organizaciones y su autonomía política, pero que aumentaron sus recursos organizativos, su capacidad de reclutamiento, y su tamaño.”(Gómez, 2007:131). El impacto de la implementación del PJJHD, según dicho autor, otorgó a las organizaciones analizadas nuevas oportunidades de protagonismo en los barrios, a través de la movilización de sus estructuras para incorporar beneficiarios, y la implementación de proyectos productivos y comunitarios como contraprestación del plan. En la misma línea de análisis, Masetti (2011) analiza el impacto de las transformaciones en la modalidad de intervención del Estado, a través de las políticas sociales, en las trayectorias políticas de las organizaciones de desocupados. El autor encuentra tres momentos, identificados como el momento de los planes sociales focalizados (Planes de empleo y de asistencia alimentaria), los programas de fortalecimiento del capital social (Programa Manos a la Obra, Cooperativas de Trabajo, etc.), y los programas de transferencia condicionada de ingresos (AUH, Familias). En cada momento, la transferencia de recursos del Estado hacia las organizaciones fue modificando su capacidad de movilización y organización, determinando fuertemente su trayectoria política y su relación con el gobierno. Los procesos de “institucionalización” (Masetti, 2009; Natalucci, 2011; Iglesias y Di Filipo, 2011) o de “estatalización” (Svampa, 2008) refieren a la “burocratización”, en términos de incorporación a la gestión y rutinización de sus prácticas, de estas organizaciones en la medida que se adaptan a las formas estatales de mediación de intereses y de respuestas a las demandas. Esta burocratización se presenta como un “obstáculo” para preservar los rasgos distintivos como la horizontalidad, la auto organización y la participación, que habían acompañado el auge de estas organizaciones. Esta tensión entre la lógica política transformadora propia de las organizaciones de desocupados, y la lógica burocrática administrativa propia del Estado y las políticas públicas, está presente en los debates sobre la capacidad de éstos de desplegar estrategias autónomas o heterónomas en relación al Estado y el sistema de partidos (Gómez, 2007; Masetti, 2009; Pérez y Natalucci, 2010; Masetti, 2010; Cortés, 2010 a y b; Natalucci, 2010; Perelmiter, 2010; Colabella, 2011; Alzina, 2012). En esta misma línea y abonando la perspectiva de la autonomía de estas organizaciones, su participación en la implementación de políticas de asistencia al desempleo, abrió diferentes debates al interior de las organizaciones y de la comunidad académica sobre la utilización de estos recursos. Desde diferentes perspectivas, se destacó la resignificación que estas organizaciones hicieron de los planes sociales a través de la promoción de emprendimientos comunitarios y productivos (Delamata, 2004; Otero, 2007; Alsina, 2012; Otero y Alsina, 2013).

La “institucionalización de la militancia” (Masetti, 2009) o la “movimientización del Estado” (Fornillo, 2009) proponen también elementos para analizar la capacidad de autonomía de las organizaciones en el escenario estatal. Desde una perspectiva sociopolítica, Natalucci (2011) propone pensar la institucionalización como una mediación entre la sociedad civil y el régimen político. En este sentido, la autora afirma que la discusión entre el carácter destituyente e instituyente de las organizaciones sociales retrotrae el debate a la discusión entre lo social y lo político. Esta brecha despoja a la política de su carácter instituyente, resaltando únicamente lo destituyente. Así la mediación entre la sociedad civil y el régimen político a partir de la institucionalización, redefine las formas de participación, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación que conforman una comunidad política. La autora recupera los aportes de Tapia (2009) para pensar la sociedad civil como otro lugar de la política, y a la institucionalización como un proceso de estabilización de pautas comunes de acción, para señalar que es necesario comprender a estas organizaciones en el marco de sus horizontes políticos, su participación en la construcción de ideas hegemónicas, y sus modos de politización de la realidad. Para pensar la mediación entre la sociedad civil y el régimen político, Pérez y Natalucci (2010, 2012) proponen el concepto de gramática política como un sistema de reglas que ligan el tiempo y espacio de la experiencia de los sujetos, definiendo formas válidas de resolver problemas de autoridad y asignación. Este concepto delimita las pautas de interacción de los sujetos, y las combinaciones de acciones para coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas. Los autores señalan la existencia de tres tipos de gramáticas, la autonomista, la clasista y la movimientista dentro de la cual se inscribirían las organizaciones de desocupados que se vincularon con el Estado y el kirchnerismo. Esta gramática se inscribe la tensión destituyente/instituyente porque precisamente es la movilización social la condición de posibilidad para impulsar los cambios de la estructura social. En otro trabajo reciente, junto con Pagliarone (2013), las autoras profundizan en el dilema si los movimientos sociales pertenecen al ámbito de la sociedad civil o si se integran al sistema político, planteando la necesidad de superar esta distinción para pensar a los mismos como espacios de experimentación democrática que transcurren en ambos escenarios. En un trabajo posterior, Natalucci, Pérez, Schuster y Gattoni (2013) retoman esta línea explicativa y analizan la relación entre el régimen político, la movilización política y los procesos de institucionalización a partir de dos tipos de dispositivos de participación, el presupuesto participativo y el programa Argentina Trabaja. En este trabajo se avanza en una definición sociopolítica del concepto de institucionalización de la movilización social comprendida como proceso de consolidación de reglas legítimas de distribución de recursos de autoridad y asignación vinculadas a la emergencia de nuevas organizaciones surgidas del proceso de movilización con las estructuras formales del régimen político de gobierno.

Desde una perspectiva completamente diferente, basado en las teorías de elección racional y específicamente en la teoría de los jugadores con poder de veto de Tsebelis (2002), López (2012) analiza la influencia de las organizaciones de desocupados en la modificación del gasto público social en la Argentina durante el periodo 1998-2001. Recuperando a los trabajos de Lucero (2006) y Freytes Frey y Cross (2007), el autor se pregunta cómo se establecen las preferencias de estos actores, y si los mismos impugnaron o utilizaron las políticas sociales. A partir de la construcción de un modelo de medición, el autor concluye que las organizaciones se han erigido como jugadores con poder de veto informal relevantes a la hora de determinar las políticas de gasto social, a partir de su capacidad para fijar agenda y a la capacidad de lograr un corrimiento hacia la izquierda de los jugadores formales con respecto a la política social lo cual evidencia un nuevo estatus quo con respecto a los programas de empleo transitorio. En una perspectiva politológica basada, también en las teorías de la elección racional y el pluralismo político, Battezzati (2014) analiza el modo en que la organización barrial Túpac Amaru se consolidó como actor hegemónico de los sectores populares informales de la provincia de Jujuy. Según el autor, en un contexto de democracia neo pluralista, esta organización se constituye en actor del sistema de intermediación de intereses, constituyéndose en una forma de integración social de los desocupados. Sin embargo, sostiene Battezzati, los factores institucionales no alcanzan para explicar la consolidación de un organización, también deben ser consideradas las características propias que otorgan eficacia a la misma. En este sentido, se sostiene que recibir una importante cantidad de recursos estatales no implica que la organización se tenga que desmovilizar. En un país federal, dicha organización puede recibir recursos de un nivel estatal, y movilizar y disputar en otro. A partir del análisis de las regulaciones informales, el acceso a la burocracia nacional, las formas de organización interna y el tipo de liderazgo, el autor da cuenta de la capacidad de autonomía de la Túpac para constituirse en un referente insoslayable de las organizaciones de desocupados. Otro trabajo muy interesante sobre la organización Túpac Amaru es el presentado por Rodríguez Blanco (2011), donde se analiza la trayectoria de dicha organización en tensión con los partidos políticos y los sindicatos, y cuyas acciones de protestas se constituyen en la forma legitimada para la obtención de recursos, combinadas con las acciones de intermediación territorial que le permiten resolver demandas y prestar servicios sociales a las comunidades en donde se inserta.

Las condiciones de posibilidades que permitieron la inscripción de algunas de las organizaciones de desocupados dentro del espacio kirchnerista fueron analizadas desde diferentes perspectivas teóricas por Biglieri (2008), Schuttenberg (2012 a y b), y Rocca Rivarola (2013) entre otros. Recuperando la perspectiva teórica de Laclau (2005), Bilgieri analiza la construcción discursiva que permitió construir el encadenamiento de demandas que confluyó en la incorporación del Movimiento Barrios de Pie al gobierno de Néstor Kirchner. Schuttemberg analiza desde la perspectiva de la trayectoria organizacional y la reconfiguración identitaria, el caso del Movimiento Libres del Sur (del cual Barrios de Pie forma parte), y sus alineamientos políticos durante el periodo 2003-2011. El argumento central desarrollado es que el escenario abierto post 2001-2002 no se caracterizó por la cooptación de dichas organizaciones ni de abandono del horizonte contestatario, sino que se trató de un proceso de construcción y reconfiguración identitaria que permitió su participación en el gobierno y en el Estado. En un sentido similar, Rocca Rivarola (2013) se pregunta por cómo se concibe y se experimenta la militancia dentro de las organizaciones oficialista en Argentina y en Brasil. Para responderse esta pregunta la autora analiza las concepciones presentes y pasadas sobre la “militancia”, relacionándolas con las trayectorias organizaciones de los actores analizados.

3. La perspectiva de la politización de los sectores populares

Desde la antropología política y la sociología de los sectores populares con énfasis en la escuela francesa, el surgimiento de las organizaciones de desocupados y su relación con el Estado han sido su objeto de estudio. Esta relación es analizada, generalmente, desde una mirada centrada en los participantes como los actores centrales del proceso de organización. Las preguntas de investigación que caracterizan esta perspectiva son las referidas a las formas de organización interna, a las relaciones entre los participantes, a las relaciones de poder internas y externas y a las subjetividades comunitarias. Estas relaciones fueron analizadas en clave de participación política, de cultura política y/o moralidad, de autonomía o dependencia (Merklen, 2005; Ferraudi Curto, 2006; Manzano, 2008; Quiróz, 2011; Vommaro y Quiroz, 2011; Forni et al, 2013; Fiszman, 2014). Si bien esta perspectiva tiene como antecedentes a los trabajos publicados por Auyero (2001), Soprano (2003) y Frederic (2004), el trabajo de Merklen (2005) expresa claramente esta perspectiva de análisis. A partir del supuesto de la territorialización de la relación entre los sectores populares y el Estado, causado por el proceso de desafiliación social neoliberal, Merklen analiza se propone iluminar la politicidad de los sectores populares, la cual engloba las prácticas de socialización y las culturas políticas de los sujetos. En estas prácticas y culturas, emergen las organizaciones de desocupados como respuesta a las demandas insatisfechas de los sectores populares. Esta mirada discute con la perspectiva institucionalista de la ciencia política que entiende a los movimientos sociales como expresiones de la anomia social en épocas de crisis. En un intento por discutir con las perspectivas que proponen al clientelismo como característica, peyorativa o no, de la participación política de los sectores populares como Auyero (2001) y Frederic (2004), Merklen recentra el análisis en la capacidad de los sectores populares para construir sus propias estrategias de poder. La lógica del cazador, según la cual los sectores populares hacen uso de los recursos públicos para el desarrollo de sus territorios, permite a Merklen explicar la relación entre las organizaciones y el Estado. Sin embargo, en el análisis de Merklen, las organizaciones de desocupados tienen un rol secundario en la explicación del fenómeno de transformación de la política de los pobres. Son un actor más, entre otras redes de apoyo con que cuentan los sectores populares.

Quien desarrolló una línea muy interesante de análisis etnográfico sobre la politización de los sectores populares en una organización de desocupados del tercer cordón de la provincia de Buenos Aires fue Julieta Quiróz (2006, 2011). Desde un análisis fenomenológico de las perspectivas y experiencias de los actores sociales sobre lo que la autora define como “la política vivida”. En su obra “Cruzando la Sarmiento” (2006) la autora intenta comprender las estrategias de vida de los sujetos, dando cuenta que la participación en un movimiento piquetero, o el “trabajar para un político” son un camino posible, entre otros, para acceder a los recursos públicos, en este caso los planes sociales (Quirós, 2006). En su tesis doctoral, luego editada en formato libro y titulada “El porqué de los que van” (2011), Quiróz intenta, desde una mirada que se pretende libre de sentido común y de carga teórica, comprender cómo los sujetos experimentan y significan la política. Despojada de una mirada normativa sobre que es la política para los sectores populares, la autora analiza las formas de organización, las relaciones de poder, y las identidades construidas en los organizaciones de desocupados, así como en el partido peronista. Esta línea de investigación se continuó en otros trabajos como el publicado junto con Vommaro y Quiroz (2011), donde discuten los presupuestos analíticos del concepto clientelismo para explicar la asociación entre politicidad de los sectores populares y la distribución de recursos materiales vía políticas sociales. Para esto los autores señalan una serie de pares conceptuales dicotómicos a partir de los cuales diferentes corrientes de pensamiento han analizado este fenómeno. Estos son las ideas de bien propio/bien común, cálculo/moralidad, intercambio/ayuda, interés/desinterés, manipulación/compromiso. Frente a esto, se propone pensar que el trabajo social y el trabajo político, contraprestación y acompañamiento, en definitiva, trabajo y política se entrecruzan y constituyen mutuamente en el proceso de implementación de las programas de asistencia social. Para superar los problemas epistemológicos subyacente a los pares dicotómicos clásicos, los autores proponen el concepto de “calculo moral” para pensar la reciprocidad y vinculación entre los actores, las organizaciones de desocupados, y el Estado.

En una línea similar, Ferraudi Curto (2006), integrante del equipo de investigación de Alejandro Grimson en la Universidad Nacional de San Martin, se propuso comprender la noción de política que subyace al día a día de una organización de desocupados, para mostrar cómo se constituían los sentidos de la organización en el hacer y, específicamente, cómo contribuían a ello quienes se habían anotado para el plan a través de la organización y circulaban habitualmente por la misma, más o menos comprometidos con las actividades comunes. En un estudio etnográfico sobre un cabildo de una organización de desocupados, la autora reconstruye una noción de política no normativa e informada de la experiencia de los sujetos que subyace a la forma de entender “los planes”, “la mercadería”, “el comedor”, “la lucha” y el “trabajo”.

También desde la antropología política y basada en un trabajo etnográfico, Manzano (2008) analiza las prácticas y relaciones cotidianas que se entretejen en el seno de las organizaciones de desocupados a partir de la gestión de programas estatales. Intentando tomar distancia con la mirada de Merklen (2005) que propone, según la autora, una mirada de los sectores populares como una identidad homogénea donde prevalece la lógica racional, Manzano propone también que los trabajos etnográfico aportan datos que permiten complejizar la mirada sobre los programas sociales como estrategias gubernamentales de institucionalización de los movimientos sociales. En este escenario, la autora reconstruye los modos de gestión colectiva de los programas estatales, mostrando que la complejidad del proceso técnico y de apropiación de saberes por parte de las organizaciones de desocupados, tornan sumamente difusa la frontera “teórica” con el Estado. Su trabajo brinda elementos para complejizar la mirada normativa sobre estos actores y su relación con el Estado, la cual debe ser estudiada según la autora, en el marco de las relaciones de poder históricamente construidas. La distinción teórico-normativa entre el Estado y la sociedad no permitiría comprender los mecanismos de control, apropiación y los niveles de autonomía que operan en la vinculación de las organizaciones de desocupados y el Estado.

Por último, desde el IDICSO-USAL y desde la sociología de matriz norteamericana, Pablo Forni, Luciana Castruonovo y Mariana Nardone (2013) proponen analizar las formas de organización de los sectores populares a partir de una mirada micro de los procesos de relación en el territorio, siendo primero necesario conocer las organizaciones que funcionaban previas al surgimiento de esta red y luego reconstruir las relaciones que se han ido conformando. Para avanzar en la comprensión de estas experiencias organizativas se aplicó el estudio de caso, en tanto esta estrategia metodológica permite prestar atención a los procesos y estructuras internas (habitualmente poco visibles), incluyendo la perspectiva y biografía de los organizadores y miembros con la perspectiva histórica y territorial (holística). Según los autores, en el estudio de las organizaciones comunitarias es central recuperar una mirada longitudinal de los fenómenos, que permita vincular los procesos micro – relacionales al interior de los barrios con circunstancias de carácter macro social como el rol del Estado, el tipo de políticas sociales llevadas a cabo y las características del contexto económico. El abordaje longitudinal del fenómeno permitió observar que la vida organizativa de los barrios presenta rupturas y continuidades, donde distintos actores se vinculan de diferentes maneras de acuerdo al contexto político económico. Para comprender la complejidad del estudio de los procesos organizativos de los sectores populares, es necesario tener en cuenta que la transposición de marcos teóricos originados en un contexto diferente puede inducir a conclusiones incorrectas. El uso de categorías como clientelismo o la antinomia autonomía/heteronomía no hubieran permitido comprender la red organizacional analizada en su trabajo. La antinomia autonomía/heteronomía no permite abordar la complejidad del fenómeno que se estudia, donde algunos procesos de movilización de sectores lograron conformarse como un actor político con capacidad de negociación frente al poder estatal y cuyos principales reclamos, vinculados a la tierra y la vivienda, no se han visto alterados al vincularse activamente con el poder estatal.

4. Los desocupados como expresión de la lucha de clases

Esta perspectiva tuvo su mayor desarrollo en el Área Conflicto y cambio social del Instituto de investigación Gino Germani de la UBA dirigido por Inés Izaguirre, y en el Programa de Investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina dirigido por Nicolás Iñigo Carreras y María Cecilia Cotarelo. Desde una mirada macro estructural de las transformaciones ocurridas en las condiciones materiales de desarrollo del país y en las formas de vinculación Estado y sociedad, estas investigaciones analizan las acciones colectivas de protesta o los hechos de rebelión de las organizaciones de desocupados, así como su relación con el Estado, como expresión del conflicto de clase. Como señala Retamozo (2009), esta perspectiva se focaliza en destacar la influencia de la tradición sindical de la clase obrera Argentina en estas organizaciones. Como señala Cotarelo (2002), éstas no son consideradas como expresiones de lo nuevo, sino que su incorporación al conflicto de clases confirma la unidad de la clase obrera con el ejército industrial de reserva o lumpen proletariado (Retamozo, 2009). Sin embargo, Dinerstein (2003) se distancia de esta mirada, aún dentro de la perspectiva marxista, para afirmar que las organizaciones de desocupados emergen como una subjetividad problemática de producto de las nuevas formas de imposición (más que de falta) del trabajo capitalista (Dinerstein, 2002:2, citado por Retamozo, 2009:143). Este corrimiento conceptual permite pensar a las organizaciones de desocupados como resultantes del modelo de acumulación de capital, que a su vez contiene una crítica al Estado capitalista (Dinerstein, 2003). Como señala Viguera (2009) la necesidad de recuperar el enfoque de la lucha de clases para analizar los movimientos sociales y los procesos de acción colectiva en la Argentina post 2001, responde a “explicar esa compleja dialéctica entre dominación y resistencia, hegemonía y contra hegemonía, reproducción y disrupción de cuyo desarrollo depende el rumbo que tome la totalidad social” (Viguera, 2009:23). En la misma línea, y en un artículo publicado en la misma revista académica (Conflicto social-IIGG-UBA), Stratta y Barrera (2009) denuncian el intento de la academia por sustituir la lucha de clase como herramienta analítica de los procesos sociales, y proponen la complementariedad de ésta con las teorías anglosajonas y europeas sobre los movimientos sociales

Dentro de esta perspectiva en la obra “De encuentros y desencuentros: Estado, gobiernos y Movimientos de Trabajadores Desocupados” (2012), María Maneiro investigadora del Área Conflicto y cambio social del IIGG UBA, nos presenta un análisis de las transformaciones sociales y políticas más relevantes acaecidas en nuestro país durante las últimas décadas, enfocado en los cambios ocurridos en las mediaciones entre el Estado y la sociedad civil. Este libro, versión revisada de su tesis doctoral, propone un extenso estudio del proceso de surgimiento y desarrollo de los Movimientos de Trabajadores Desocupados en la Argentina, en tanto sujetos que emergen de una coyuntura de desarticulación del modo de organización de la economía y de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Desde una perspectiva marxista y retomando el concepto de experiencia de clase de Edward Thompson, Maneiro propone analizar a los movimientos de trabajadores desocupados como un sector de la clase trabajadora, despojado de la relación salarial temporaria o permanentemente, y que denotan una importante heterogeneidad a su interior. En este marco general, el libro tiene como principal interrogante las modalidades de vinculación entre las organizaciones, el Estado y los diferentes gobiernos durante el periodo 1996-2005, enfocando el análisis en las fisuras y quiebres del andamiaje estatal que permitieron, a los primeros, “profanar” (Agamben, 2005) los programas sociales y resignificar su intervención territorial.

Dentro de esta perspectiva y como integrante del equipo de Iñigo Carrera, Paula Klachko (2010) analiza la relación de las organizaciones de desocupados, específicamente el caso de Barrios de Pie, y su relación con el gobierno del Estado inscripto en el proceso de formación y confrontación de fuerza sociales. Según la autora el proceso de rebelión que se expresó en el año 2001, modificó la correlación de fuerzas permitiendo cambios en el Estado. Las instituciones son analizadas como campos de disputa y de cristalización de la correlación de fuerzas en un momento histórico determinado. La autora analiza las variaciones en los discursos, metas y posicionamientos políticos, la composición de la organización, y los modos de despliegue de los hechos de rebelión a partir del análisis de caso del Movimiento Barrios de Pie entre los años 2002-2008. A partir de una serie de datos cuantitativos y cualitativos sobre las variables señaladas, la autora concluye que, desde 2004, la lucha social pasa en gran medida por las instituciones. Es decir, se corre el escenario de disputa hacia adentro del Estado. Esto repercute en las acciones de las organizaciones de desocupados, reorientando sus demandas y acciones de movilización.

5. “Militar el Estado”: la perspectiva de la participación de las organizaciones de desocupados en la gestión pública

Como señalamos anteriormente, una de las novedades de la etapa abierta con el ascenso del kirchnerismo al gobierno en el año 2003, fue la convocatoria por parte del gobierno nacional a un grupo de organizaciones de desocupados a pensar y ejecutar políticas públicas orientas a sus demandas. Esta nueva forma de vinculación entre estos dos actores fue analizada por diferentes autores en los últimos años, y fue conceptualizada por su mayoría con una frase típica del activismo social: “Militar el Estado”. Esta conceptualización y síntesis de la relación supone un enfoque situado en las propias organizaciones, y recupera una mirada centrada en la capacidad (racional) del actor para transformar las estructuras sociales, en este caso el Estado. “Militar el Estado” implica disputarlo a otros actores políticos de la alianza de gobierno, como los partidos políticos, actores económicos y los sindicatos. Esto, a su vez, implica mostrar capacidad de acción y de construcción política territorial a través de las políticas públicas. Este estilo de gestión (Gradin, 2013) se constituye en una tecnología legítima de la gestión estatal (Masetti, 2009; Perelmiter, 2010) que abre una puerta a pensar desde una mirada micro social, la relación entre estos actores, el Estado y el régimen político durante el periodo analizado.

En este marco general, Gómez (2010) propone pensar la participación de las organizaciones de desocupados en el Estado a partir de la “politización militante de la gestión”, la cual es una característica de la práctica cotidiana de estas organizaciones en el Estado y en la implementación de políticas públicas. Perelmiter (2010) propone analizar el modo concreto en que los integrantes de estas organizaciones se incorporan a ámbitos estatales específicos, reconstruyendo el entramado relacional en el cual construyen y dan valor a sus prácticas. A partir del análisis del caso etnográfico de la participación de una organización de desocupados en una dependencia estatal nacional, la autora da cuenta las ambigüedades que se generan en este proceso por el doble carácter de los militantes sociales territoriales, devenidos en agentes estatales. En un trabajo posterior, Perelmiter (2012) se pregunta por la capacidad de estas organizaciones para resignificar la práctica estatal, y viceversa. Desde una perspectiva micro política, que se enfoca en la trama burocrática estatal, se analiza el ingreso de la organización Barrios de Pie a la gestión pública y la narrativa reconocimiento-misión que le da sentido al proceso, por un lado. Por otro lado, se analiza las formas en que ejercer el poder transforma las prácticas militantes, mostrando la tensión entre la representación sectorial que estos militantes ejercen hacia adentro del Estado y la representación institucional que ejercen desde el Estado en el territorio. Esto, según Perelmiter, visibiliza tanto la inestabilidad como la eficacia de las fronteras estatales.

Desde la ciencia política, Iglesias y Di Filippo (2011) proponen analizar la relación de las organizaciones de desocupados con el Estado desde el concepto de institucionalización restringida ya que, según estos autores, en la Argentina su incorporación al ámbito ejecutivo no se tradujo en su incorporación en espacios políticos orgánicos que le permitieran disputar en el ámbito legislativo. Desde otra perspectiva sociopolítica, Pagliarone (2012) retomando los análisis de Natalucci (2008, 2010, 2011) y de Pérez (2010), reflexiona acerca de la relación entre los procesos de movilización y su institucionalización en el régimen político durante el periodo kirchnerista a partir del caso de la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV). Para esto, la autora analiza las transformaciones de sus demandas, los procesos de movilización y los repertorios de acción, reconstruyendo en una perspectiva relacional e histórica, y basada en fuentes secundarias, la trayectoria política de la FTV, y específicamente su “participación institucionalizada” en el Estado. En este sentido, según la autora la novedad en la trayectoria no fue su participación en el Estado nacional, sino su posicionamiento como “protagonista central” del nuevo armado político kirchnerista. En una línea similar, Lozano (2013) analiza la trayectoria de las organizaciones sociales de matriz nacional-popular que participaron en el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2002-2010. Para esto propone comprender el proceso como un pasaje entre un momento de movilización a otro de institucionalización de estas organizaciones. Este pasaje es analizado desde una perspectiva sociopolítica basado en los aportes de Pereyra, Pérez y Schuster (2008), centralizando la mirada en las relaciones establecidas con el régimen político en tres dimensiones principales: las formas de participación, las modalidades de representación y los procesos de legitimación de las decisiones, y la autoridad política. A partir del análisis de un espacio estatal donde participaron las organizaciones de desocupados, Lozano (2013) intenta reconstruir descriptivamente las disputas, las agendas y las respuestas estatales en el caso del Consejo Consultivo Juvenil dentro de la Sub secretaría de Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires. En otro registro diferente, Fajardo (2013) se propone analizar el carácter de las “negociaciones por las políticas públicas” entre el Frente Popular Darío Santillán y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Desde un abordaje etnográfico del objeto de estudio, y con un claro posicionamiento militante con respecto a la organización en estudio, Fajardo aporte elementos descriptivos muy interesantes que dan cuenta de los avatares de la relación entre las organizaciones de desocupados, el Estado y las políticas sociales. Este trabajo da cuenta de las tensiones que significan “hacer política pública” para las organizaciones de desocupados que intentan disputar desde afuera el Estado en el modelo actual de país. Por último, Vázquez (2014) explora la relación entre la militancia y la gestión pública, a partir del análisis de las condiciones de posibilidad y los principales rasgos de la militancia social, los principios de ingreso, permanencia y ascenso de los cuadros dentro del Estado, y la manera en que se vinculan con otros actores como los expertos, profesionales, académicos y militantes políticos. Para esto, la autora analiza el significado de la militancia, definida en términos de “gestión militante” y como esta se configura en el primer gobierno de Cristina Fernández (2007-2011). Según la autora, la incorporación a la gestión de las organizaciones de desocupados expresan la legitimación de este tipo de capital social militante, y la reconversión de sus saberes en la realización de trabajos en el Estado, ampliando el repertorio de acciones y construyendo al Estado como un “espacio de militancia”. Si bien Fajardo analiza el sentido del “compromiso militante” de la gestión a partir del estudio de tres organizaciones creadas desde la propia gestión y que no pretenden organizar desocupados sino trabajadores del Estado, sus reflexiones iluminan aspecto interesantes del fenómeno en análisis. La resignificación de las tareas burocráticas en términos heroicos y altruistas, y la problematización de la relación con el territorio como “objeto” de políticas, pueden servir para repensar la participación de las organizaciones de desocupados en la gestión del Estado.

6. Recapitulando

En primer lugar, nos interesa señalar que el estudio de los movimientos sociales, y entre ellos, de las organizaciones de desocupados en la Argentina, nos remite a un problema teórico de las ciencias sociales: la tensión sujeto-estructura para pensar la acción colectiva en una sociedad determinada. Desde diferentes miradas se le ha otorgado mayor peso explicativo al sujeto de la acción (Individualismo metodológico) o a la determinación de la estructura o la función del sujeto dentro del sistema social (Teoría sistémica, marxismo, estructuralismo o funcionalismo Parsoniano) para pensar las acciones colectivas. Dentro de esta tensión, la discusión sobre la acción colectiva y su impacto en el sistema social, es decir su capacidad de generar o promover el cambio estructural del mismo, es el debate de fondo que encontramos en las diferentes perspectivas que abordan el análisis de las organizaciones de desocupados y su relación con el Estado.

A su vez, estos procesos de movilización social fueron elaborados desde las ciencias sociales a través de diferentes anclajes empíricos. Ya sea enfocándose en el análisis de las acciones de colectivas (acciones de protestas o de rebelión), o desde las trayectorias de las organizaciones, la preocupación de fondo siempre fue el interrogante por los procesos de cambios del sistema social. La década del ’60 marcó un quiebre en la forma de pensar y analizar las acciones colectivas en las sociedades modernas. Los diferentes procesos de movilización social, de protesta y el surgimiento de organizaciones populares que encabezaron dichas acciones, fueron analizados principalmente desde la perspectiva estratégica y la perspectiva identitaria, pero también desde la perspectiva marxista. Desde estas perspectivas se han realizado grandes esfuerzos por construir herramientas teóricas que nos permitan comprender y delimitar a los movimientos sociales. Dentro de estas categorías se han inscripto una variedad muy amplia de organizaciones sociales, con características muy diferentes y hasta contradictorias, entre los cuales inscribimos a las organizaciones de desocupados. Todas estas expresiones se caracterizan por enmarcarse dentro del ámbito de la sociedad civil, pero en constante relación con el Estado y el régimen político. Esto devino en que se constituyeron en sujetos con una presencia activa en la escena política de nuestra región, los cuales producen claros efectos sobre ella.

En lo referido al estudio de las organizaciones de desocupados y su relación con el Estado, los diferentes autores recorridos en la perspectiva sociopolítica recuperan los aportes teóricos de las escuelas norteamericanas de la teoría de la movilización de los recursos y de la elección racional, de las perspectivas identitarias europeas, las teorías institucionalistas, las teorías del discurso y los estudios sobre el populismo. A partir de un análisis holístico del proceso sociopolítico que significó la emergencia y consolidación de este nuevo actor social, estos trabajos analizan las trayectorias organizacionales, sus repertorios de acción y de protesta, sus identidades políticas, y su relación con el Estado y el régimen político. Su mayor aporte a la comprensión del fenómeno reside en la superación del esquema clásico explicativo de la relación Estado-organizaciones de desocupados basados en la “cooptación” como clave analítica, permitiendo resignificar el rol de estas organizaciones en el proceso sociopolítico general durante la etapa analizada. Actualmente podemos sostener que existe un consenso mayoritario que sostiene que la relación entre estos dos actores es mucho más compleja que lo implicado en las (mal) llamadas estrategias de “cooptación”. Sin embargo, si bien hay un esfuerzo por analizar la consolidación de este fenómeno en relación a, y a la luz de, las transformaciones estructurales acontecidas en nuestro país durante el neoliberalismo y su crisis, las explicaciones sostenida por la mayoría de estos autores no escapan de la matriz del individualismo metodológico que propone una ontología instrumentalista de los actores basada en su racionalidad (limitada o no), o de las explicaciones funcionalistas que propone pensar este fenómeno en clave de ajustes sistémicos. En este sentido, los aportes realizados a la comprensión de la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado han sido importantes, sin embargo se han enfocado en el proceso de participación de dichas organizaciones desde la mirada de lo que significa para ellas en términos políticos y sociales (acceso a recursos, pérdida de autonomía, reconfiguración identitarias, etc.). Poco se ha avanzado, desde estos trabajos, en la comprensión de las capacidades constructivas de estos actores, su capacidad mediadora entre el Estado y la sociedad, y su capacidad de desplegar políticas públicas en el territorio. Si bien son señaladas por la mayoría de los autores, pocos se encargan de analizar y describir su participación en el proceso de gestión de las políticas públicas nacionales durante el periodo en cuestión y de sus aportes en este sentido.

La perspectiva de la politización de los sectores populares, desde una mirada micro de la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado, permite complejizar y cuestionar construcciones analíticas normativas que condicionan la comprensión del fenómeno en estudio, aportando datos empíricos novedosos y explicaciones teóricas sustantivas que permiten una mayor valoración del alcance del mismo. Sin embargo, una crítica muy común a estos estudios, es que carecen de capacidad explicativa por fuera del caso analizado. El énfasis en los estudios de caso etnográficos, con trabajos de campo de extensiones admirables, muchas veces soslaya las cuestiones estructurales que juegan en el fenómeno analizado. Sin escapar tampoco, del individualismo metodológico, muchas veces se abonan teorías voluntaristas de la acción que no permiten comprender las capacidades y limitaciones de los individuos dentro de los procesos estructurales de politización de la sociedad. La relación de las organizaciones de desocupados y el Estado no es reducible a las experiencias cotidianas de sus referentes, militantes o participantes, ya que reconocen otros elementos vinculados a los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en el cual se inscriben. Sin embargo, en estas miradas micro podemos iluminar cuestiones macro sociales que permiten una mayor comprensión del fenómeno. Y en eso se ha avanzado mucho.

La perspectiva de la lucha de clases, por otro lado, se nutre de un número muy importante de trabajos, artículos y libros que no hemos desarrollado en este capítulo, ya que hemos priorizado los principales aportes a nuestro entender que permiten iluminar la relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado. En este sentido cabe concluir que los aportes de esta corriente abren interrogantes muy interesantes hacia adentro de la propia perspectiva teórica, e interpelan a otras corrientes teóricas. En el afán por comprender y dimensionar la capacidad instituyente de las organizaciones de desocupados, las otras perspectivas suelen dejar de lado su capacidad disruptiva del orden social y su representación, en última instancia, de los intereses de los sectores populares excluidos o marginalizados del sistema social. Los autores inscriptos en esta perspectiva resitúan, a buena hora, la emergencia de estas organizaciones dentro de las disputas por la producción, distribución y apropiación de la riqueza en nuestras sociedades, y, por lo tanto, dentro de los antagonismos de clases, vigentes aún en la actualidad.

Está claro que existe un consenso, entre la mayoría de los textos analizados, con respecto a la caracterización de la experiencia de participación de las organizaciones de desocupados en el Estado nacional como un proceso de politización de la gestión de las políticas públicas desplegadas. Abundan las descripciones sobre las experiencias y los análisis sobre los significados construidos por los diferentes actores sobre sus propias prácticas. Sin embargo, se carecen de análisis profundo sobre las implicancias que esta nueva forma de vinculación tuvieron en las organizaciones de desocupados así como en el propio Estado. La mirada micro permite dar cuenta de las características del Estado y de las especificidades de las perspectivas y prácticas de los militantes sociales. Sin embargo esto no termina de explicar o de dar cuenta del proceso político de participación de las organizaciones de desocupados en el Estado, las características de las políticas públicas implementadas en el territorio, sus alcances y limitaciones, sus relaciones con el régimen político y su incapacidad para construir representación institucional propia. Este proceso que significó su incorporación a la gestión estatal, consideramos, presenta características inconclusas ya que la participación en la gestión pública se realizó sin la generación de espacios institucionales de participación política para estas organizaciones.

Se impone, en este sentido, la necesidad de mirar las vinculaciones de estas organizaciones de desocupados con las políticas estatales, con los otros actores del sistema político (partidos políticos, sindicatos, grupos de poder, etc.), y con la burocracia propiamente dicha. A su vez, es necesario ampliar la mirada de las perspectivas micro a las macro sociales, de los estudio de caso a los análisis de los procesos sociales y políticos, que permitan dar cuenta de la relevancia de las organizaciones de desocupados en términos de representación política de la sociedad y en su capacidad de mediación de intereses. Su inscripción en el contexto estructural de la Argentina y el rol informal que cumplieron en relación a los sectores populares, como proveer información, realizar trámites, canalizar demandas individuales y colectivas, son algunos de los elementos que construyeron la representatividad de estas organizaciones y los constituyeron como mediadores. En el marco, claro está, de la crisis de representación de los mediadores clásicos, los partidos políticos tradicionales y los sindicatos.

Y aquí irrumpe la cuestión de la participación en políticas públicas, ya que es través de éstas que las organizaciones pueden acceder a los recursos estatales, ya sean materiales o simbólicos. Esta capacidad de mediación permite a las organizaciones y a los referentes políticos específicamente, acumular el capital político necesario para incidir en el proceso electoral y en la política estatal, institucionalizando su capacidad de representación. La eficacia en la gestión de la demanda les otorga legitimidad para con los vecinos, y construye un vínculo representativo entre los diferentes actores de la red, en tanto que se constituyen como facilitadores del acceso a los recursos estatales.


  1. Cabe destacar los aportes de Hernán Ouviña (2013) por analizar la capacidad de los movimientos populares para dimensionar los alcances y limitaciones en sus modos de organización y lucha a partir del concepto de política pre figurativa. Este tipo de práctica política anticiparían los cambios deseados en la sociedad a construir.
  2. Como se señala en varios trabajos de investigación, la participación política de las organizaciones de desocupados es anterior a la emergencia del Kirchnerismo como espacio político nacional. Muchas de las grandes organizaciones provienen de partidos políticos de la izquierda nacional o de la izquierda tradicional, o del propio peronismo revolucionario.


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