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Introducción

1. Introducción

La crisis del modelo neoliberal argentino desde fines de la década de los ’90 puso en evidencia la existencia de un amplio sector de la población, desocupado y/o pobre, que no era contenido por los mecanismos clásicos de mediación entre la sociedad y el Estado, es decir por los sindicatos y los partidos políticos. La crisis de representación (De Riz, 1992; Novaro, 1995; Garretón, 1998; Sidicaro, 2002; Mustapic, 2002; Cheresky, 2001; Cheresky y Blanquer, 2003; Torre, 2003; García Delgado, 2003) que se instaló en el debate político y teórico para esta época, atravesó principalmente a los partidos políticos tradicionales como el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, al espacio de la centro izquierda, y a las confederaciones gremiales y sindicatos, en el marco de la pérdida relativa de poder de los trabajadores organizados en el escenario político nacional. “Crisis” de representación que, siguiendo a Tapia (2009), emerge cuando la política institucional no da respuesta a las demandas de redistribución de las riquezas, y a las demandas de producción de consensos básicos en una sociedad, y, por lo tanto, la acción colectiva y la representación de intereses, desborda las instituciones estatales. Es decir, que así como la crisis de representación se evidenció en profundas transformaciones de las formas de mediación entre el Estado y la sociedad, también se expresó en la administración y gestión de las políticas estatales que deberían dar respuestas a las demandas sociales. En Argentina, este escenario de crisis dejó abierta la puerta para la emergencia de nuevas organizaciones sociopolíticas que buscaron organizar, representar y canalizar las demandas estructurales y coyunturales de quienes quedaron “afuera” del modelo. Dentro de este universo, se destacaron las organizaciones de desocupados, quienes capitalizaron una parte importante del proceso de movilización social y de la crisis política generada a partir de la mitad de la década de los ’90.

Ahora bien, estas organizaciones fueron producto de los procesos de movilización y organización de los sectores populares que históricamente se desarrollaron en nuestro país. Lo nuevo estaba, quizás, en que por primera vez desde la emergencia del primer peronismo (1945-1955), las demandas de los sectores populares no estaban vinculadas directamente a las condiciones de empleo y al mundo sindical, sino a la “inclusión” a través de la asistencia estatal[1]. Las políticas macro económicas durante toda la década de los ’90 y principios del 2000 como veremos en el capítulo II, dieron lugar a la emergencia de una masa de población desocupada, subempleada o sobre empleada, con caída en los niveles de ingresos y con pérdida de las prestaciones sociales vinculadas al empleo formal (Santarcágenlo y Schorr, 2001), que se iba constituyendo como un nuevo sector dentro de la sociedad argentina. Este sector social estaba compuesto principalmente por sectores populares que habían quedado afuera del mundo del trabajo, pero también por trabajadores informales, precarizados y/o pobres, así como un sector de la clase media deteriorada, los nuevos pobres según Feijoo (2003). Todo este universo social tuvo como una de sus mayores expresiones organizativas a las organizaciones de desocupados[2].

Este trabajo centra su atención en las transformaciones ocurridas a nivel de las políticas estatales y en la relación del Estado con la sociedad a partir de la participación política de las organizaciones de desocupados en las mismas, más que sobre los cambios ocurridos en el escenario político argentino, y en la relación entre los partidos políticos y los ciudadanos. Sin embargo, consideramos e intentaremos demostrar, que ambas cuestiones se encuentran íntimamente imbricadas, al punto que es imposible empírica y analíticamente establecer una relación unívoca entre ambas. La participación política de las organizaciones de desocupados se desplegó paralelamente, y en constante vinculación, a sus estrategias políticas de construcción de representación institucional. Estas organizaciones, que se instalaron en la escena política nacional a partir de los “piquetes” y las movilizaciones (Schuster et al, 2005), entablaron complejas relaciones con los diferentes actores del sistema político institucional argentino, compuesto por los partidos políticos tradicionales y con las organizaciones de la centro-izquierda progresista, así como con los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos de turno, y con el propio Estado. Esto construyó un escenario de disputa política por la representación de los intereses de este sector social, atravesada principalmente por la implementación de diferentes políticas estatales que buscaron satisfacer sus demandas. La disputa por los recursos públicos, ya sean simbólicos o materiales, y por la representación social y política de los “desocupados”, como se denominó a este sector heterogéneo y poli-clasista, caracterizó el escenario de despliegue de las respuestas estatales. Estas políticas, con sus diferentes objetivos, formatos y alcance, impactaron en la trayectoria de las organizaciones, y en su forma de vinculación con los otros actores. Pero también, la experiencia de las organizaciones de desocupados impactó en las políticas estatales y en el propio Estado nacional, así como en los sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.

Superar el escenario de crisis abierto en los años 2001-2002 en nuestro país, implicó un proceso de fortalecimiento y ampliación del Estado nacional que involucró la participación política de algunas organizaciones de desocupados a la gestión de políticas estatales. A éstos se les propuso, a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, incorporarse a la gestión pública para diseñar y ejecutar soluciones a sus demandas. Este nuevo rol asumido por algunas organizaciones, entre los cuales se encuentra el movimiento Barrios de Pie, redefinió las relaciones políticas y el marco de alianza tanto de estos actores como del propio gobierno, condicionando sus trayectorias político-electorales. Esto impactó en las mediaciones entre el Estado y la sociedad, al instituirlos como un nuevo canal de vinculación entre ambos.

2. La participación política en el Estado nacional como problema de investigación

Este trabajo se inscribe dentro del fenómeno social desarrollado en el apartado anterior, y problematiza el proceso de participación política del Movimiento Barrios de Pie (en adelante BDP) en el Estado nacional a través de las políticas estatales, desde marzo de 2003 a diciembre de 2009, periodo durante el cual este actor participa de diferentes formas y con distinta intensidad del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de la primera mitad de la presidencia de Cristina Fernández (2007-2009).

BDP surge como organización de desocupados a fines del año 2001, cuando un sector de la central de Trabajadores Argentinos, autodenominado CTA de los Barrios, se separó de la federación de Tierra y Vivienda (FTV), debido a diferencia políticas sobre la coyuntura de la crisis político-social de 2001 y el gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003). En el año 2003, luego de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, BDP comienza un proceso de acercamiento al gobierno que deviene en su participación de diversas políticas estatales implementadas durante el periodo analizado. En las elecciones legislativas de medio término del 2009, BPD termina de distanciarse políticamente del oficialismo, asumiéndose directamente como un actor de la oposición en el proceso de selección de las autoridades legislativas de la cámara baja del Congreso nacional luego de dicha elección. Elegimos la experiencia de BDP porque consideramos que tiene la riqueza y el alcance para poder iluminar los diferentes aspectos que nos interesan problematizar. Su trayectoria política previa y posterior a su participación durante el periodo analizado, como serán desarrolladas en los capítulos subsiguientes, nos permite problematizar su capacidad de acción autónoma aún en contextos de participación en espacios oficialista.

Proponemos analizar este proceso en términos de participación política porque consideramos que condensa, tanto una mirada estratégica de la acción de estas organizaciones, así como contiene elementos simbólicos e identitarios de la acción colectiva que también deben ser considerados en el análisis para comprender el fenómeno estudiado. De la matriz estratégica recuperamos el énfasis en la vinculación con el sistema político y las disputas por el poder dentro de una sociedad.

De las perspectivas identitarias recuperamos la preocupación por la construcción subjetiva de las formas de organización y de acción, aún en íntima relación con otras tradiciones organizacionales. Estas perspectivas teóricas serán desarrolladas en profundidad en este capítulo. Ahora bien, estas dimensiones analíticas, la acción estratégica y la construcción identitaria de las organizaciones de desocupados, se inscriben necesariamente en los procesos históricos estructurales vinculados principalmente a la producción y apropiación de la riqueza socialmente producida, y a la construcción de consensos y disputas alrededor de dicho proceso. Por lo tanto, recuperamos el análisis estructural de las transformaciones en el orden de la economía, la sociedad y el sistema político institucionalizado, como una tercera dimensión analítica fundamental a la hora de comprender la participación política de las organizaciones de desocupados en el Estado.

A su vez, esta conceptualización implica una mirada superadora de la concepción técnica de la participación como herramienta de legitimación de políticas estatales, ya que incorpora y pone en juego la dimensión del poder que atraviesa la relación entre el Estado y las organizaciones de desocupados. Y en esta relación, si bien se reconocen las desigualdades existentes en términos de recursos y capacidades de cada actor, ambos son concebidos como sujetos de la misma. Sujetos que portan y construyen una forma de ver el mundo, de habitarlo, de soñarlo y que actúan con una racionalidad limitada y con arreglo a valores y a fines, según el momento histórico. En este sentido, la participación es política en tanto que implica la construcción de relaciones de poder entre los dos principales actores, las organizaciones de desocupados y el Estado nacional. Y es política, en tanto que estas organizaciones buscaron transformar, desde diferentes perspectivas y estrategias, la realidad que “les tocó vivir”.

En íntima relación con esto, debemos aclarar que nos interesa enfocarnos en la participación política de las organizaciones de desocupados “en” el Estado nacional y a través de las políticas estatales, porque consideramos que fueron un espacio fundamental, como intentaremos mostrar en este trabajo, para la reconstrucción de la relación entre el Estado y la sociedad durante el periodo analizado. Sin embargo, consideramos que para analizar el Estado nacional en cualquier momento histórico, debemos necesariamente analizar el entramado político institucional y no institucional en el cual se inscribe, las trayectorias políticas de sus actores y sus formas de vinculación y de imbricación mutua. Este proceso de participación política de las organizaciones de desocupados en el Estado nacional se desarrolló en tres escenarios, productos de las transformaciones ocurridas a nivel social, económico y político durante la etapa neoliberal. Estos escenarios los entendemos como espacios donde BDP despliega sus acciones, y los conceptualizamos como el territorio, el aparato estatal, y la política partidaria, los cuales serán desarrollados en profundidad en los capítulos de este libro. Del análisis de cada escenario en particular, sus vinculaciones e implicancias mutuas, comprenderemos los alcances y desafíos de este proceso de participación política.

En este marco general, esta investigación pone el foco de interés en las prácticas de estos actores, ejemplificados en BDP, y en su capacidad mediadora entre la sociedad y el Estado, enraizados en el proceso sociopolítico general. Interesa aquí la capacidad constructiva de los mismos, en términos de mediación de demandas e implementación de políticas en el territorio. Nuestro argumento principal es que, en este proceso, las organizaciones de desocupados, y específicamente BDP, se constituyeron en ventanillas del Estado en el territorio, y a partir de la utilización del protagonismo como herramienta de gestión de las políticas estatales, fortalecieron su capacidad de organización y canalización de demandas sociales. Este proceso encontró su límite para su supervivencia en la construcción política del espacio oficialista, entendido como el conjunto de organizaciones partidarias, sindicales y sociales que lo integraron, y en el armado electoral que condicionó las posibilidades de estas organizaciones de construir representación institucional propia.

Aquí cabe una aclaración. Este no es un análisis de caso propiamente dicho, sino que se busca a través de la experiencia desarrollada por BDP y sus particularidades, iluminar un proceso más amplio que abarcó a otras organizaciones de desocupados como la Federación de Tierra y Vivienda, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el Movimiento Evita, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Vive, el Movimiento Tierra y Liberación, entre otras[3]. Este proceso, de ampliación de la participación política a las organizaciones de desocupados, en la política estatal, suponemos constituyó una de las principales características y novedades políticas del periodo post crisis del 2001-2002, presentando claras potencialidades y limitaciones que serán analizadas en este libro.

3. Perspectiva teórica sobre mediaciones sociales, participación, escenarios y estilos de gestión

Para problematizar la participación política partimos del supuesto de que las organizaciones de desocupados son una expresión, entre otras, de las organizaciones sociopolíticas que conviven en la sociedad. Sociopolíticas en cuanto que sus ámbitos de acción son lo social y lo político aún por fuera de los márgenes de la política institucionalizada. Sin embargo, en este caso específico, su relación con el sistema de partidos ha sido mucho mayor que lo supuesto (o deseado) por las ciencias sociales. Optamos por esta definición y los caracterizamos como organizaciones de desocupados porque fue la identidad, como veremos en el capítulo III, que asumieron para representar sus demandas. Aunque coincidimos con Masetti (2010) en que esta identidad sobrepasa la cuestión de la falta de empleo únicamente, para abordar demandas referidas a la calidad de vida, al acceso a la justicia, a la ampliación de derechos, etc.

Nuestra problematización supone comprender a las organizaciones sociopolíticas, y a las organizaciones de desocupados en particular, como formas de acción colectiva e instancias de mediación entre el Estado y la sociedad en un momento histórico determinado. Acciones colectivas que vehiculizan la participación política diferentes sectores sociales en el sistema político. En este caso, nos referimos a los sectores populares para abarcar este espacio heterogéneo que las organizaciones de desocupados buscaron representar. Consideramos, de esta forma, que las demandas por la distribución de la riqueza y por la producción de consensos en un modelo de desarrollo, habilitan la emergencia de actores colectivos o individuales, institucionalizados o no, que las canalizan, ya sea a través de acciones colectivas que dan lugar al surgimiento de nuevas organizaciones sociopolíticas. Estas mediaciones, a su vez, operan sobre el nivel de la construcción y consolidación de subjetividades, de la representación de las demandas, y de la gobernabilidad de una sociedad determinada, en un marco de conflictividad y disputa por el poder, y por la orientación del desarrollo.

Esta definición presupone una diferenciación analítica entre la sociedad, el mercado y el Estado, y a su vez, entre éste y el gobierno, entendido este último como la conducción política del aparato estatal. Diferenciación analítica que presenta un nivel de complejidad y de interdependencia que imposibilita su análisis por separado, pero que de ninguna manera presupone, como señala Tapia (2011) que lo social y lo político son dos esferas separadas. En esta relación de constante imbricación entre estas esferas, las mediaciones socialmente construidas son espacios de poder y de disputas entre los diferentes actores del sistema político institucional. Es decir entre los Estados en sus diferentes niveles y en sus diferentes dependencias y estructuras, los partidos políticos institucionalizados, los movimientos sociales y sus organizaciones sociopolíticas, las organizaciones sindicales y los ciudadanos de a pie. Lo político atraviesa lo social, y lo social instituye lo político, en un movimiento que no puede diferenciarse analíticamente. Obviamente, este escenario es posible únicamente en un marco democrático que aún con sus dificultades y limitaciones, garantice el funcionamiento del sistema político.

En este marco general, y para analizar la participación política y los estilos de gestión que emergen en la experiencia de participación de las organizaciones de desocupados, se asume un concepto de Estado, no como una unidad coherente y objetivable, sino como la expresión material heterogénea de las relaciones sociales en un tiempo histórico determinado (Perelmiter, 2005). Esta definición supone un concepto de sociedad civil donde “Estado y sociedad son dos sistemas inter penetrados por una cantidad creciente de relaciones mutuas que se organizan en el sistema político (institucional) y desde allí se proyectan hacia el gobierno” (Portantiero, 1988:163). En este sentido, recuperamos el sentido gramsciano de la sociedad civil como campo de organización de nuevas hegemonías, aún en un escenario de crisis y transformación de los sujetos clásicos de la sociedad civil, de la reforma del Estado, y de la complejización y diversificación de las sociedades actuales (Nogueira, 2003). Las organizaciones de desocupados operan dentro de este campo de construcción de hegemonías, en íntima vinculación con el Estado y sus políticas estatales.

3.1. Las políticas estatales y los dispositivos de gestión

En este escenario estatal, poroso en sus fronteras con la sociedad, en permanente construcción y disputa, las políticas estatales se comprenden como nudos que permiten analizar el proceso social (Oszlak y O’Donnell 1984). Estos nudos, a los fines de nuestros objetivos de investigación, son analizados como dispositivos (Carballeda, 2010; Gradin y Tiranti, 2012; Dallorso, 2012; Gradin, 2013; Tiranti, 2013; Gradin, 2014) con dimensiones, características y propiedades específicas. En un dispositivo se inscriben una multiplicidad de elementos del orden de los saberes y discursos; las tecnologías, sus mecanismos, procedimientos, normas y rutinas, diferentes actores (estatales y no estatales), con sus experiencias, prácticas, expectativas y relaciones de poder. Todos estos elementos se vinculan entre sí con la finalidad de conseguir un efecto, en este caso, la implementación de una política en el territorio o de un programa nacional. Siguiendo a García Fanlo (2011), las prácticas son el soporte de las regularidades que rigen la dispersión de elementos en un dispositivo. Las prácticas de gestión serían, de esta manera, el soporte que da regularidad los diferentes elementos que componen los dispositivos de gestión estatal, es decir de las políticas públicas desarrolladas por los actores estatales y no estatales. Para reconstruir las prácticas de gestión en nuestro caso, partimos de una definición acotada de las mismas como la racionalidad y las lógicas que organizan las actividades de los hombres y mujeres en el Estado con el fin último de intervenir en la realidad para modificarla. Por tecnologías entendemos al conjunto de técnicas utilizadas en la implementación de dichos programas. Las mismas se expresan en los mecanismos, procedimientos y normas construidos y utilizados por los actores intervinientes. Si bien en la formulación de los diferentes programas se enuncian una serie de normas, mecanismos y procedimientos para la implementación del mismo, la práctica concreta de las organizaciones de desocupados re significaron y reconstruyeron esas técnicas, sintetizadas en una nueva tecnología. Las prácticas y las tecnologías implican, necesariamente, la construcción, previamente y durante el proceso de implementación de las políticas, de un saber, como condición de su existencia. Estos saberes y sus discursos, deben ser pensados como un proceso acumulativo de construcción de un conocimiento, que a través de los discursos y las prácticas de los propios actores, permite en desarrollo de los dispositivos. Es en la forma de funcionamiento de los dispositivos, la relaciones entre los diferentes elementos y específicamente en las prácticas donde, consideramos, se puede visualizar los estilos de gestión (Oszlak, 1980; Mazzuca, 2002; Zaremberg, 2004; Schavelzon, 2007; Mancini, 2009; Mancini, 2011) de cada actor particular. La racionalidad expresada en las prácticas gestión, en tanto regularidad que rige la dispersión de los elementos en un dispositivo, cristaliza estilos de gestión que son construidos por cada actor particular.

El involucramiento de las organizaciones de desocupados en la gestión de políticas territoriales, así como en el propio Estado, condicionó el funcionamiento de dispositivos de gestión que transformaron tanto, la práctica cotidiana del Estado Nacional, como sus mecanismos de intervención y de despliegue territorial. Estas relaciones entre los diferentes elementos que conformaron cada dispositivo, impactaron y produjeron relaciones de poder al interior de las organizaciones, y entre éstos y el Estado, construyendo estilos de gestión particulares que caracterizaron el despliegue estatal en el territorio. Por lo tanto, consideramos que en el funcionamiento de los dispositivos emergieron estilos de gestión propios de cada actor particular, con dimensiones, características y propiedades particulares. Del análisis del funcionamiento de los dispositivos analizados en este trabajo, consideramos que podremos iluminar el estilo de gestión desplegadas por BDP en su participación en los programas analizados, como en los espacios de gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el periodo.

3.2 Participación política o cooptación

Ahora bien, para analizar la experiencia de BPD y su relación con el Estado, utilizamos el concepto de participación porque consideramos que los conceptos de “cooptación” o de “integración”, utilizados generalmente desde la academia, no dan cuenta de la complejidad de la relación. En el concepto de cooptación utilizado usualmente desde el discurso público, las organizaciones de desocupados carecerían de capacidad de decidir autónomamente incorporarse a un proyecto político partidario de gobierno, como parte de su estrategia de construcción sociopolítica. Esta mirada presupone el carácter transformador de las organizaciones de desocupados (de aquellas que no fueron cooptadas, obviamente), aun cuando sus demandas fueron claramente defensivas. La identidad colectiva de las organizaciones y sus proyectos políticos, así como sus estrategias y tácticas políticas son elementos que han tenido poca relevancia en el análisis de estas perspectivas (Svampa, 2008).

De la misma forma, si bien el concepto de integración (De Piero, 2005; Gómez, 2007; Schuttemberg, 2012; Gradin, 2013), para analizar esta relación, implica reconocer la existencia de identidades y proyectos políticos de estas organizaciones, las cuales pueden explicar el acercamiento entre ambos, no da cuenta de la capacidad de autonomía, que aún en un marco de relaciones de fuerza asimétricas, estas organizaciones pueden sostener. Es decir, se enfoca en justificar la estrategia de las organizaciones de desocupados pero no da cuenta de su capacidad de incidencia en la relación. Tanto los conceptos de cooptación como la integración, como herramientas explicativas de la relación, otorgan al Estado un lugar preponderante en la misma, al punto de que sustraen del análisis, las capacidades de acción y de incidencia, de las organizaciones de desocupados.

Optamos por el concepto de participación porque consideramos que se encuentra despojado de la presunción de que es el Estado y/o gobierno quién determina su relación con otros actores. Las organizaciones de desocupados, como sujetos que actúan de arreglo a sus propios objetivos políticos, sociales, económicos y/o culturales, que cargan una identidad política, social y cultural, y que son sujetos con experiencias y trayectorias que los determinan, son parte de esta relación, que tampoco es unívoca, sino que es multidireccional y está, a su vez, mediada por otros actores. El Estado tiene la capacidad de abrir espacios de participación a través de las políticas públicas, y el gobierno lo tiene en los armados políticos. Sin embargo, las organizaciones o los ciudadanos deciden participar si así lo desean. Su carácter no obligatorio, exceptuando el ejercicio del derecho de sufragio, imprime un margen de maniobra tanto para las organizaciones como para el propio Estado y gobierno. Pero también, el Estado y el propio gobierno, muchas veces se encuentra en la situación de ser desbordado por la propia sociedad civil y por lo tanto, deben abrir espacios de participación como forma de canalización de las demandas que emergen. Esta participación no es únicamente social o técnica como fue concebida por el mainstream neoliberal del paradigma proyectista de las políticas sociales (Cardarelli y Rosenfeld, 2002) y que desarrollaremos en el capítulo II, sino que recupera su sentido político en tanto que entiende que “lo político” atraviesa todos los espacios y escenarios públicos, y toda participación busca transformar de alguna manera la realidad en la cual se inscribe. De ahí su carácter político.

Por último, los procesos de participación política de las organizaciones de desocupados suponen la crisis de las mediaciones clásicas entre la sociedad y el Estado producto de las transformaciones sociales, políticas y económicas promovidas por el modelo neoliberal en nuestro país, como veremos en el capítulo III. La pérdida de poder relativo de las representaciones sindicales (Scolnik, 2014; Trajtemberg y Battistini, 2015) y la crisis de los partidos políticos (Masetti, 2010; Leiras, 2012; Sidicaro, 2013; López, 2014), permitieron la apertura del Estado a otras organizaciones sociopolíticas, entre ellas las organizaciones de desocupados. La conflictividad social que caracterizó la segunda mitad de la década de los noventa de la mano de la crisis social, política y económica que se instalaba en el país, permitieron que estas organizaciones ganasen espacios como “canales de distribución” de los recursos estatales de asistencia a los sectores populares a partir de la protesta.

La capacidad de estas organizaciones de entablar vínculos con la estructura estatal territorial y de canalizar las demandas de sus integrantes, les permitió disputar un espacio entre los mediadores sociales clásicos de los sectores populares. Sin embargo, cuando nos referimos a mediadores, tomamos distancia de las perspectivas del clientelismo clásico o racional de la academia norteamericana o de las perspectivas culturalistas de la antropología política, más bien pensamos en las estructuras estatales territoriales que se enraízan en un entramado de organizaciones sociopolíticas, y que tienen por objetivo la canalización de recursos para la sociedad[4]. Estas estructuras estatales territoriales, se encuentran compuestas por organizaciones estatales y organizaciones sociopolíticas que gestionan demandas y soluciones de la sociedad. La pertenencia de una organización a la red o a la estructura depende de su capacidad de entablar relaciones políticas con los referentes del gobierno en el aparato estatal. Y es de esta capacidad, como buscaremos iluminar en este tesis, se desprende la conformación de las organizaciones de desocupados como ventanillas de Estado en el territorio (Schijman y Lae, 2009). Ventanillas entendidas como espacios de encuentro entre los sectores populares y el Estado, desde donde se gestionan derechos, se resuelven demandas y desde donde, principalmente, se accede a la asistencia social. Ventanillas que a diferencia de los referentes y/o patrones de las redes clientelares, tienen reglas y normas claras para la gestión, aun cuando los aspectos subjetivos, como demuestran Schijman y Lae (2009), son fundamentales.

3.3 Los escenarios de participación política

En base lo anterior, se presume que la participación política de las organizaciones de desocupados se desarrolla simultáneamente en diferentes escenarios, que se condicionan y relacionan, y que construyen la complejidad del proceso. Estos escenarios, que para este trabajo definimos como el territorio, la gestión estatal y la política partidaria, pueden ser distinguidos analíticamente, pero en la práctica se atraviesan mutuamente.

El territorio refiere al escenario donde se ponen en funcionamiento los diferentes dispositivos que emergen con la implementación de los programas de asistencia con participación de las organizaciones de desocupados. Como profundizaremos en el capítulo II, en la crisis de la sociedad salarial, el territorio como espacio de pertenencia y de acceso a las políticas estatales, se convirtió en el anclaje necesario y obligatorio donde los sectores populares construyeron sus subjetividades, sus representaciones y sus organizaciones colectivas (Merklen, 2005). Siguiendo a Zibecchi (2003) podemos afirmar que el territorio

Es la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación. La desterritorialización productiva (a caballo de las dictaduras y las contrarreformas neoliberales) hizo entrar en crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido. La derrota abrió un período, aún inconcluso, de re acomodos que se plasmaron, entre otros, en la reconfiguración del espacio físico. El resultado en todos los países, aunque con diferentes intensidades, características y ritmos, es la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades (Zibecchi, 2003: 186).

Obviamente que este fenómeno responde a una complejidad de factores, entre los cuales hay que destacar las transformaciones en la forma de construcción de poder de uno de los principales partidos políticos de nuestro país. En palabras de Maneiro (2012)

La vinculación casi monopólica entre el Estado y la sociedad a partir de la mediación sindical, en torno a relaciones corporativistas, entró en crisis en la década del ’80. Tal vez la falta de claridad respecto de este cambio haya sido un elemento central para entender la derrota electoral del peronismo en 1983. Quizás sin conciencia de la mutación, diversos sectores dentro del PJ propiciaron una apertura hacia otras formas de construcción del poder social que los desvinculasen de la burocracia sindical más enquistada en las esferas del poder (2012:130)

Este proceso que desembocó en el fortalecimiento de la red territorial del PJ en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, y que, posteriormente implosionó por la crisis económica a fines de los ’90, aportó a la territorialización de la construcción política y social de las organizaciones de desocupados. Paralelamente, la descentralización de las políticas sociales de la mano del paradigma neoliberal, y el auge del “desarrollo local” como estrategia socio productiva, se instalaron en el territorio como nueva base de acción social, en contraposición a las políticas sectoriales del modelo de Estado benefactor y del seguro social como estrategia de intervención en la sociedad. El territorio retoma, entonces, el lugar privilegiado de espacio social, apropiado por determinada relación que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder. En este marco, y siguiendo a Macanao Fernández (2005), sostenemos que son las relaciones sociales las que transforman el espacio en territorio y viceversa.

Este proceso de territorialización de los sectores populares (Merklen, 2005) supuso como ya dijimos una crisis de las formas de mediación clásicas ente el Estado y la sociedad, los sindicatos y los partidos políticos, y devino también en un proceso de territorilización de la política partidaria (Levitsky, 2003). De forma que, aun en un marco de crisis de los partidos políticos (Katz y Mair, 2009), el capital territorial de los referentes políticos (Ortiz de Rozas, 2011) continúo teniendo importancia a la hora de definir los representantes de cada partido[5]. En este escenario de transformación de la política partidaria tanto de los partidos mayoritarios como de la izquierda y centro-izquierda, y de pérdida relativa de los sindicatos como frentes de construcción política, se enraizaron las organizaciones de desocupados. El capital territorial de las organizaciones de desocupados acumulado post crisis de 2001-2002, su capacidad de construir identidad y de canalizar demandas, así como su capacidad de gestionar recursos, implicaron la construcción de una relación de representación política para con el sector social que buscaban organizar. El debate sobre la proyección política de las organizaciones de desocupados atravesó a todo el espacio organizativo, a los partidos políticos oficialistas u opositores según el periodo histórico, y a demás organizaciones sindicales, empresariales, de derechos humanos, o sociopolíticas en general. Desde sus comienzos diferentes sectores de las organizaciones de desocupados participaron de espacios políticos más amplios con el objetivo de construir representación política que le permitiese conseguir respuestas a sus demandas. La política partidaria, asumiendo por esta a la política institucionalizada, se constituyó así en un escenario más de participación y disputa.

En este sentido, las organizaciones de desocupados que participaron políticamente del Estado durante este periodo buscaron incidir en la política partidaria de los gobiernos como forma de disputar la orientación del mismo. Su capacidad de movilización y de organización en el territorio, les permitió demandar espacios en las listas de candidatos de las elecciones nacionales, provinciales y municipales que se acontecieron en el periodo analizado. Sin embargo, el escenario de la política partidaria fue atravesado por dos cuestiones. Por un lado, como veremos en el capítulo III, el armado político electoral oficialista fue centralizado por el poder ejecutivo nacional, donde el peso específico de las organizaciones de desocupados fue bajo o casi nulo. Esto pudo verse claramente en su participación en las actividades de campaña y en las listas de candidatos en cada oportunidad.

Por otro lado, en aquellos lugares o elecciones donde el poder ejecutivo nacional no intervino, la participación de las organizaciones de desocupadas dependió de su capacidad de relacionarse y construir alianzas, o disputar, con los oficialismos locales. Este escenario, a su vez, fue fundamental para considerar la participación de las organizaciones en la gestión de la política estatal, ya que o bien por su capacidad de instalarse como actor con capital territorial, o bien como forma de compensar la falta de espacios electorales, luego de cada elección, se abrían desde el gobierno nuevos espacios y recursos estatales para las mismas.

En este sentido, la gestión estatal se constituye en el tercer escenario de participación de las organizaciones de desocupados considerado en este trabajo. Si bien la participación de estas organizaciones en políticas estatales no era una novedad, sí lo fue el hecho de haber sido convocados por el gobierno de Néstor Kirchner desde 2004 para asumir cargos de gestión dentro de los ministerios nacionales. Esto significó la posibilidad de implementar políticas estatales sobre demandas propias del sector pero que abarcasen a todo el espacio social, no únicamente el organizado. La gestión del Estado, y en el caso analizado específicamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, puso a las organizaciones frente a necesidad de asumir responsabilidades políticas propias de la gestión y a demostrar su capacidad para proponer y ejecutar soluciones a sus problemas. La gestión del Estado se diferenciaba de la participación de programas territoriales en la medida que permitía a las organizaciones promover iniciativas propias. Es decir, problematizar, diseñar, ejecutar y evaluar sus propias políticas estatales. La vida cotidiana dentro del Estado trajo aparejado una cantidad considerable de nuevos desafíos y problemas para este tipo de organizaciones. Por eso diferenciamos los espacios de gestión propiamente dichos, a la implementación territorial de políticas estatales. En el primero, las organizaciones tuvieron la responsabilidad de asumirse artífices de sus propias políticas, mientras que en la segunda, se constituyeron en unidades ejecutares de programas ya diseñados, donde encontraron ciertos márgenes de maniobra para poder transformar la política. En ambos casos, de la participación política de las organizaciones de desocupados en esos espacios se fueron construyendo estilos de gestión que caracterizaron esta experiencia.

4. La estrategia metodológica

En función de nuestros supuestos teóricos desarrollados en el apartado anterior, este trabajo de investigación fue abordado desde un enfoque cualitativo y desde una perspectiva sociopolítica e histórica, orientado al análisis del proceso participación política del Movimiento Barrios de Pie en el Estado nacional a partir de los tres escenarios definidos, el territorio, la gestión estatal y la política partidaria durante el periodo 2003-2009 en nuestro país. De esta manera, se intentó analizar la participación política de BDP en el Estado nacional, en orden de iluminar las potencialidades y limitaciones de esta relación. Para esto, se proponen los conceptos de estilo de gestión territorial, estilo de gestión estatal, y de trayectoria política electoral, como claves conceptuales para comprender la consolidación de BDP como mediadores entre el Estado y la sociedad, y por lo tanto, comprender los alcances y limitaciones de su participación política en el periodo analizado. La construcción teórica y empírica de estas categorías serán materia de los capítulos de este libro.

Desde una perspectiva sociopolítica, se analizó en un primer lugar la trayectoria política del movimiento, sus formas de organización y construcción social, y sus estrategias político-electorales durante el periodo analizado. Para dimensionar el crecimiento de la organización durante el periodo analizado, se la inscribió dentro del mundo de los movimientos sociales argentinos, y de las organizaciones de desocupados específicamente. En base a esto analizaremos a partir de fuentes primarias y secundarias, la trayectoria política de BDP antes y después de la asunción de Néstor Kirchner (2003-2007) y de la primera mitad del mandato de Cristina Fernández (2007-2009), sus alianzas políticas y sus juegos electorales, su representación político institucional y su incorporación a diferentes espacios de gestión en Ministerios nacionales, así como las razones de su alejamiento del gobierno en diciembre de 2008, y su posterior trayectoria “opositora”.

Para analizar el escenario territorial se consideró que la relación de BDP con las políticas sociales nacionales de implementación territorial se puede rastrear desde fines de la década de los ’90, a través de la implementación de programas de asistencia al desempleo y programas alimentarios. Del análisis de la participación de BDP en los diferentes programas y del funcionamiento de los dispositivos, caracterizamos el estilo de gestión territorial de BDP. Analizamos el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), el Programa de Empleo Comunitario (PEC), el Programa Fondo Participativo de fortalecimiento de comedores comunitarios (FOPAR), y el programa nacional de Seguridad Alimentaria de reparto de cajas y alimentos secos. Estos programas impactaron en BDP otorgándoles nuevas oportunidades de protagonismo en el territorio a través de la movilización de sus estructuras para incorporar beneficiarios implementando proyectos productivos y comunitarios. La forma en que esta organización incorporó la implementación de estos programas a sus prácticas, permitió que emergieran estilos de gestión con características particulares y alejadas en algunos casos a lo que la normativa de los mismos proponía. Las dimensiones analíticas seleccionadas para analizar el funcionamiento de los dispositivos en el caso de los programas de asistencia a la desocupación fueron la forma de administración de los “cupos”, los tipos de proyectos de contraprestación desarrollados, las formas de organización de estos proyectos, la relación de la organización con los beneficiarios de los programas, la relación de la organización con los organismos estatales responsables de la implementación de los programas, la relación con el Gobierno Nacional, y por último, la forma de vinculación con la vida interna de BDP como organización nacional. En el caso de los programas alimentarios, las dimensiones analizadas fueron: la cantidad de recursos recibidos en términos de raciones de comida y subsidios para equipamiento e infraestructura de los comedores, la sistematicidad y regularidad en la asistencia, los criterios de distribución interna, los criterios de organización de los proyectos, y los aspectos técnicos de la implementación de los programas. Los dispositivos emergentes del proceso de implementación de los programas analizados se caracterizaron por presentar estilos de gestión basado en el protagonismo como forma de acceso a la asistencia estatal, consolidando a los centros comunitarios de BDP como “ventanillas del Estado” en el territorio.

Por último, para analizar el escenario estatal, desarrollamos la experiencia de BDP en la gestión pública del Estado nacional, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde el 2004 y hasta su alejamiento del gobierno en 2009, BDP ocupó diferentes cargos en el Ministerio, así como promovió e implementó una batería de programas de promoción social. Del análisis del estilo de gestión estatal, que emergió de la experiencia de BDP en los espacios de gestión y en los programas desarrollados, nos ocuparemos en el capítulo V. Se analizó específicamente la experiencia de la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria, el Programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social, el Programa de fortalecimiento y participación de las mujeres Juana Azurduy, el Programa de capacitación en derechos humanos para jóvenes Claudia Falcón, y la experiencia de gestión en la Subsecretaría de Organización y Capacitación popular y sus iniciativas. Para analizar el funcionamiento los dispositivos de gestión que se desplegaron a partir de estas experiencias, fue necesario analizar los saberes y valores propios de quienes participan de la misma, sus lógicas, racionalidades y prácticas que pusieron en práctica en su paso por el Estado, su forma de vinculación con la sociedad civil, las estructuras de autoridad y las formas de circulación de la información al interior de la burocracia, la distribución de atribuciones, competencias y responsabilidades al interior de las diferentes áreas del Estado, los criterios técnico administrativos que las organizaron y controlaron, y por último, los recursos materiales, su procedencia y formas de distribución. Del análisis de estas dimensiones establecimos el estilo de gestión estatal de BDP durante el periodo analizado.

El recorte temporal utilizado se construyó en base al devenir del proceso histórico, tomando como inicio de la etapa el año 2003 cuando asume el entonces presidente Néstor Kirchner y se comienza instalar la transversalidad como forma de construcción política del gobierno. Es en este marco que BDP comienza a acercarse discursivamente con el gobierno, para luego comenzar a participar de los diferentes espacios propuestos. Este periodo, consideramos se cierra, no cuando BDP se aleja de los espacios de gestión estatal a fines de 2008; sino cuando se posiciona definitivamente como parte de la oposición al gobierno nacional en diciembre de 2009 a raíz de la disputa por la conformación de las comisiones parlamentarias del Congreso Nacional[6]. La riqueza y complejidad de este proceso esperamos poder iluminar con este libro.

Por otro lado, y en relación al recorte espacial de la investigación, si bien BDP es una organización nacional, y las políticas analizadas son también de implementación nacional, por una cuestión de abordaje, nuestra investigación se focalizó en la experiencia de participación de BDP en la ciudad de Buenos Aires y en la zona sur del primer cordón del conurbano bonaerense. Las experiencias observadas, tanto a nivel territorial como a nivel electoral y estatal, en las cuales se sustenta empíricamente este trabajo, refieren a experiencias desarrolladas en este espacio geográfico. Igualmente, consideramos, que más allá de las particularidades estructurales y coyunturales de cada territorio en términos económicos, sociales, políticos y culturales, las reflexiones que provienen de este recorte espacial, pueden ser trasladadas a otras experiencias de la misma organización.

La estrategia de recolección de datos se basó en la realización de entrevistas en profundidad y en la observación directa de los tres escenarios de participación política señalados. Cabe aquí aclarar que la observación directa no se realizó en clave etnográfica, ya que no fue el objetivo de este trabajo, sino que se utilizó la información recolectada para nutrir y complementar la información de las entrevistas en profundidad. El universo de análisis estuvo conformado, entonces, por todos los espacios de participación política abiertos en los tres escenarios, el territorio, la gestión estatal y los armados políticos electorales durante el periodo analizado, y las unidades de análisis fueron los espacios de participación política abierta en cada uno de estos escenarios. La unidad de recolección fueron los actores principales que participaron de dicho proceso. Los mismos fueron agrupados en categorías en función de su rol y de su afiliación institucional. La muestra utilizada obedeció al criterio de intencionalidad, en tanto se seleccionaron informantes claves que pudieran dar cuenta de la experiencia. En este sentido se comenzó con una muestra intencional diseñada a partir de la accesibilidad a los informantes. Se realizaron un total de 25 entrevistas, de las cuales 12 fueron a funcionarios y trabajadores vinculados a BDP, 3 a trabajadores y funcionarios técnicos del Ministerio no militantes de dicha agrupación, y 10 fueron hechas a militantes territoriales. Las entrevistas fueron realizadas en diferentes etapas del trabajo de campo. 10 Entrevistas, principalmente a militantes territoriales fueron realizadas entre los años 2006 y 2007, en el marco de las observaciones que se detallan a continuación. Las otras 15 entrevistas, realizadas principalmente a funcionarios del Ministerio, fueron realizadas en los años 2010 y 2012, con posterioridad a las observaciones. Estas entrevistas tienen la característica de presentar un relato y una mirada de la experiencia por parte de sus actores atravesada por el devenir del proceso que aquí se analiza[7].

Las observaciones directas se realizaron en dos periodos temporales, y estuvieron orientados al análisis del estilo de gestión desplegado durante el proceso de implementación de los programas de asistencia analizados, señalados en el apartado anterior, y al análisis del estilo de gestión de los espacios estatales del Ministerio de Desarrollo social de la Nación durante el periodo analizado. El primer periodo temporal comprendió una visita mensual a 6 centros comunitarios de BPD localizados en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, durante el periodo 2004-2006, con motivo de mi participación como alfabetizadora del Programa nacional de alfabetización para jóvenes y Adultos, Encuentro[8]. El segundo periodo de observación directa se desarrolló durante los años 2007-2008, como participante del Programa de Promotores Territoriales para el cambio social del Ministerio de Desarrollo social de la Nación, y se enfocó en la observación de los espacios de gestión estatal dirigidos por BDP en dicho ministerio.

La información brindada por los entrevistados fue contrastada y complementada por fuentes secundarias de información como documentos oficiales e institucionales, noticias de la prensa escrita, informes de gestión, evaluaciones, etc. En este sentido, se sistematizaron los informes de gestión del Ministerio de Desarrollo social de la Nación, “Rendimos cuentas” de los años 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; las memorias institucionales anuales durante el mismo periodo; los decretos oficiales de cada programa; los manuales operativos y los formularios de presentación de proyectos de cada programa; los folletos informativos y demás documentos oficiales. También se sistematizó la información correspondiente a las noticias referidas a las organizaciones de desocupados durante el periodo 2003-2009 publicadas en la versión impresa de tres diarios nacionales, La Nación, Clarín y Página 12. Se sistematizaron también información proveniente del periódico mensual de la Corriente Patria Libre, Revista “En Marcha” durante el periodo 2002-marzo de 2006; y del periódico “Patria Grande” del Movimiento Libres del Sur, desde su inicio en abril de 2006 hasta la edición de diciembre de 2009. También se sistematizaron información proveniente de documentos internos de la organización como boletines internos, documentos de debate, documentos de trabajos, informes de dirección, balances nacionales y locales, planificaciones, materiales de capacitación y volantes de difusión de las actividades desarrolladas. Toda esta documentación fue recolectada en las visitas al campo y fueron expresamente solicitadas a la organización, quién permitió su análisis por parte de la investigadora.

Las estrategias de análisis de los datos fueron determinadas en relación al tipo de fuente y la herramienta de recolección utilizadas, todas del orden de lo cualitativo. Por lo tanto, para los datos obtenidos a partir de las entrevistas en profundidad y las observaciones no participantes, así como para el análisis de las fuentes secundarias, la estrategia de análisis que se utilizó fue la codificación de los relatos de los entrevistados en función de las categorías centrales desarrolladas en el marco teórico, sus propiedades e interrelaciones a partir de las cuales se construyeron las hipótesis, conceptos y los argumentos que sustentan y fundamentan esta tesis.

Dicho todo esto, desde una mirada longitudinal del proceso sociopolítico que acompañó la participación política de BDP en el Estado nacional durante el 2003-2009, este trabajo se propone iluminar desde el análisis micro de las experiencias concretas, aspectos macro del fenómeno que nos convoca. Y en este sentido, este trabajo se plantea como una continuidad y ampliación de mi tesis de maestría en políticas públicas para el desarrollo con inclusión social de FLACSO, donde analicé el estilo de gestión de BDP en dos programas nacionales específicos, implementados durante el periodo 2004-2008 desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La tesis se tituló “El proceso de integración política de los Movimientos de Desocupados a la gestión del Estado en la Argentina Kirchnerista. Un análisis del estilo de gestión de los Programas Promotores Territoriales para el cambio social, y el Programa de Fortalecimiento y Participación de las Mujeres Juana Azurduy, durante el periodo 2003-2009”. En esta investigación nos propusimos analizar la relación entre el Estado y los MDS a partir de la participación de estos en la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el periodo 2003-2009. En su momento, consideramos que la integración a la gestión de políticas públicas fue una forma institucional de participación de dichas organizaciones en el Estado. Este proceso de institucionalización, a su vez, posibilitó la constitución de estas organizaciones, y específicamente del caso analizado, en actores sociales y políticos con capacidad de incidir en la agenda pública ya que se encontraron, por primera vez, frente a la posibilidad de pensar, decidir y ejecutar políticas sociales.

Consecuentemente, su incorporación a la administración pública comenzó a vislumbrar un nuevo modelo y una nueva forma de gestión, transformando la práctica cotidiana del Estado y de las mismas organizaciones. Es en este novedoso estilo de gestión donde, consideramos, se pueden encontrar algunas claves que nos permitan desentrañar las complejas formas que asumieron la participación de los MDS en la implementación de diferentes políticas públicas nacionales de la etapa 2003-2009. En aquella oportunidad el análisis se circunscribió únicamente a la participación de BDP en el Programa de Promotores Territoriales para el cambio social, y en el Programa de fortalecimiento de derechos Juana Azurduy. En ambos casos se analizaron la dimensión simbólica, práctica y procedimental de la forma de ejercer el poder de BDP. Esto permitió establecer una primera caracterización sobre su forma de participación en las políticas estatales del periodo, iluminando aspectos sustantivos del proceso de integración política al gobierno nacional.

Como continuidad, este libro recupera un concepto analítico central como “estilo de gestión”, pero toma distancia de la conceptualización del proceso analizado como de “integración política”. Se problematiza la relación entre el Estado y BDP a partir del concepto de participación, como señalamos anteriormente, ya que permite pensar su forma de vinculación e involucramiento mutuo desde una mirada que recupere la capacidad de acción política de esta organización y sus relaciones con el sistema político general. Por otro lado, se incorpora una mirada distinta sobre las políticas estatales a partir de la utilización del concepto de “dispositivos” que permite, a nuestro entender, un mejor abordaje comprensivo de un fenómeno complejo y dinámico como el aquí analizado. El concepto de dispositivo nos permite comprender el rol de las organizaciones como BDP en las políticas territoriales, así como su aporte en términos de mediación y canalización de las demandas, y de despliegue territorial del Estado.

Por último, si bien se mantiene el mismo caso de estudio, se amplía el proceso social analizado ya que se estudia la participación de BDP, como ya señalamos, en tres escenarios diferenciados. La base empírica se amplía al análisis de dos programas de implementación territorial (PJJHD y PEC) así como a los programas de asistencia alimentaria FOPAR y Programa de Soberanía Alimentaria, y al análisis de diversos espacios de gestión y programas de promoción social diseñados y ejecutados por BDP durante su trayectoria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria, el Programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social, el Programa de fortalecimiento y participación de las mujeres Juana Azurduy, el Programa de capacitación en derechos humanos para jóvenes Claudia Falcón, y la experiencia de gestión en la Subsecretaría de Organización y Capacitación popular y sus respectivos programas e iniciativas). A esto se le incorpora el contrapunto con el análisis de la trayectoria político electoral de BDP durante el periodo analizado, presente de forma incipiente en la tesis de maestría, con el objetivo de mostrar y comprender el escenario global donde se desarrolla el proceso de participación en las políticas estatales, y su imbricación con el proceso político general de reconstrucción del Estado nacional post crisis 2001-2002.

Establecidas las principales coordenadas teóricas y metodológicas, en los siguientes apartados realizaremos un recorrido sobre las diferentes perspectivas teóricas sobre los movimientos sociales, dentro de las cuales enmarcaremos nuestro fenómeno de estudio, las organizaciones de desocupados.

5. Las organizaciones de desocupados como movimientos sociales: las perspectivas norteamericana y europea

A partir de su surgimiento a mitad de la década del ’90[9], las organizaciones de desocupados fueron analizados dentro del mundo heterogéneo y complejo de los movimientos sociales (en adelante MS). Estos fueron abordados por las ciencias sociales desde diferentes perspectivas analíticas, en la búsqueda de herramientas teóricas que permitiesen comprender el fenómeno, y su compleja relación con el sistema político institucional y las pujas distributivas. Siguiendo a Cohen (1985), los académicos europeos y norteamericanos abordaron la cuestión desde dos modalidades interpretativas diferentes. Mientras que la perspectiva norteamericana puso el foco de atención en los MS como actores dentro del sistema político, y, por lo tanto, en sus relaciones con el contexto; la perspectiva europea, se centró en los MS como sujetos portadores de una identidad, de una cultura y de una práctica, y, por lo tanto, en sus relaciones internas. Estas dos matrices interpretativas, que posteriormente, fueron encasilladas en la matriz estratégica (norteamericana) y la matriz identitaria (europea), prevalecieron en el abordaje los MS tanto en el mundo desarrollado como en nuestra región.

La perspectiva norteamericana o estratégica surgió en la década de los ’70, como respuesta a las limitaciones que encontraba entonces, la sociología norteamericana clásica del estructuralismo de Parsons (1951) y de Merton (1980), o de las teorías del conflicto de Coser (1970), para explicar los procesos de movilización y acción colectivas en la sociedad de esa época. Según la perspectiva estratégica, estas nuevas expresiones sociales no respondían a “un comportamiento anormal que brota como respuesta a los cambios estructurales y a las tensiones que estos generan” (McAdam, 1982: 48). Más bien, nos encontrábamos frente a organizaciones socialmente integradas, con objetivos claros y estrategias que denotaban una racionalidad en términos de medios y fines. Siguiendo a Cohen (1985), esta perspectiva que se llamó Teoría de la movilización de los recursos (Mac Adam, 1982; Tilly, 1978; Tarrow, 1998) propuso comprender a los MS dentro de un modelo de conflicto de la sociedad, y por lo tanto enmarcar sus acciones dentro de las relaciones de poder y de la búsqueda racional de intereses de un grupo social determinado. De esta forma, los elementos centrales para entender y explicar la acción colectiva de los MS fueron las asimetrías existentes en la distribución y apropiación de los recursos, y en las oportunidades y la capacidad de organización entre los diferentes agentes de un sistema social determinado. Influenciados por el clima de época, los cientistas norteamericanos incorporaron la racionalidad estratégica como elemento fundamental para explicar la acción de los MS. Esta mirada fue fuertemente criticada por su simplificación de la racionalidad de los MS como meramente instrumental, en una lógica medio-fines, sin incluir en sus análisis otros elementos como la cultura, la ideología, los lazos afectivos. A su vez, esta perspectiva tendió a ver las nuevas demandas y los nuevos actores siempre dentro de la lógica del régimen político, cuyo inevitable devenir era su incorporación dentro del mismo.

Los diferentes autores de esta perspectiva acuerdan en señalar la importancia de la cuestión relacional en la construcción de los MS como sujetos políticos. El papel de las oportunidades políticas[10], del repertorio de las acciones colectivas[11], de los ciclos de protestas[12], y de los procesos enmarcadores de la acción[13], fueron claves analíticas fundamentales para explicar estos fenómenos sociales. De cara al sistema político ampliado, entendido como el Gobierno, Estado y actores políticos, esta perspectiva permitió desarrollar un análisis contextualizado de los MS, enfatizando su matriz eminentemente política, y su relación con todos los actores del sistema. Haciendo posible observar el vínculo de estos MS con el ambiente, esta perspectiva aportó herramientas conceptuales para analizar la relación e impacto entre éstos, el gobierno y el Estado. Sin embargo, dejó afuera del análisis elementos que también fueron fundamentales para analizar esta relación política, y que se relacionaron con la construcción de la subjetividad social. Estos elementos, en cambio, fueron abordados desde la perspectiva europea.

La perspectiva europea tuvo su raíz teórica en el marxismo europeo y en el estructuralismo. Sin embargo, y siguiendo nuevamente a Cohen (1985), el paradigma de la identidad (Touraine, 1985; Melucci, 1994) se caracterizó por pensar los MS en Europa desde el proceso de descentramiento del conflicto de clases como el elemento estratégico-explicativo del cambio estructural. Esta teoría se inscribe en el proceso de abandono del Estado como locus central de la lucha de poder. La crisis de la sociedad industrial y del Estado de Bienestar de posguerra, así como la crítica del marxismo estructuralista, enmarcaron el surgimiento de una perspectiva que, como contrapunto de la norteamericana, puso el énfasis en los MS como construcción de prácticas e identidades divergentes en el ámbito de la sociedad civil (Melucci, 1994). Desde una matriz claramente gramsciana de la sociedad civil, esta perspectiva puso el foco de interés en la forma de organización más que en sus medios y sus fines. Emergió así, en palabras de Touraine (1985), una nueva modalidad de organización social exclusiva de las sociedades post industriales. De la crisis de la sociedad salarial (Castels, 1995) emergieron nuevas demandas, vinculadas a la complejización de la cuestión social, que fueron canalizadas por los MS. Según Melucci (1994), estos nuevos movimientos sociales se gestaron tomando distancia del Estado y de las modalidades político-institucionales clásicas. La dimensión cultural y subjetiva asumió así, para esta perspectiva, un papel central en el proceso de transformación de una sociedad. De esta forma, estos nuevos MS abandonaron de alguna forma la lucha por las modalidades de distribución de las riquezas de una sociedad, para abocarse a cuestiones referidas a los estilos y calidad de vida, la ampliación de derechos para minorías o derechos post materiales, o cuestiones ambientales y de bienes públicos.

A su vez, esta forma de entender a los MS implicó una crítica a la clásica estrategia de dos tiempos (Wallerstein, 2001) para cambiar la sociedad, donde el Estado y la política democrática institucional perdieron su rol estratégico en la transformación de la realidad. Esta mirada peyorativa del Estado como ámbito de disputa de poder, y de la política partidaria como mecanismo de canalización de las demandas, puso el foco de preocupación en los MS como actores históricamente situados (Touraine, 1985), siendo la construcción de una identidad colectiva (Melucci, 1999) su principal cuestión.

En este marco, la acción colectiva de los nuevos MS fue comprendida como un proceso identitario, histórico y culturalmente orientado, donde éstos debían ser entendidos como construcciones sociales que pusieron en juego una amplia gama de procesos, actores, sentidos y formas de acción que interaccionan entre sí. La capacidad de construir sentidos y significados que hicieran socialmente inteligibles los conflictos sociales presentes en las relaciones de dominación, fueron la condiciones de posibilidad para llevar adelante acciones colectivas. En este marco, los NMS fueron entendidos como procesos inter subjetivos de organización donde el foco de análisis se orientó a las relaciones internas, la construcción de una identidad colectiva, de una práctica orientada a la transformación y de formas de organización distintivas.

Hasta aquí hemos caracterizado brevemente las dos perspectivas principales que emergieron como claves de análisis de los MS. Estas perspectivas aportaron diferentes elementos claves para analizar las organizaciones de desocupados en la historia argentina. Mientras que la perspectiva de la TMR nos permite enfocarnos en el contexto político y su capacidad de acción, la perspectiva identitaria, nos recuerda la importancia de la construcción de un nosotros, de una cultura y de una práctica hacia adentro de los MS. A su vez, desde la mirada estratégica se destacan las continuidades con respecto a los repertorios de acción presentes en otros momentos históricos, mientras que la matriz de la identidad destaca aquellos elementos novedosos y que significan una ruptura con las tradicionales organizaciones de masas, como las formas de democracia interna, y la construcción de subjetividades. A partir de la década de los ’80 la sociología norteamericana asistió a un “giro cultural” (Acevedo, 2013) que implicó la revalorización de la cultura como marco de la acción colectiva. Este enfoque se desarrolló, según la autora, en contraposición y complementación al abordaje causal y empirista hegemónicos de la teoría de la elección racional, la teoría de los procesos políticos y la teoría de la movilización de recursos (Olson; 1992; Jenkins; 1994; McAdam et al.; 1999; Tarrow; 1999). Esta corriente propuso el análisis de los “marcos de la acción colectiva” a partir de las premisas del frame analysis de Erving Goffman (2006)[14] al estudio de los MS. Pensando la cultura en términos de “marcos”, se focalizó en la producción y el uso de esquemas de interpretación que permitieran dar inteligibilidad a los contextos de acción colectiva. Conceptualmente inscripta en el construccionismo social, la propuesta del frame analysis intentó suturar las limitaciones de la teoría de la movilización de recursos respecto del abordaje de los factores simbólicos de la acción colectiva, realizando una apropiación particular de la teoría goffmaniana de los marcos (Acevedo, 2013).

6. Los movimientos sociales desde la mirada latinoamericana

Retomando algunos de los elementos y procesos introducidos en el apartado anterior, en este apartado intentaremos recuperar la mirada latinoamericana sobre los MS en la región. En primer lugar, nos interesa señalar que la emergencia en las ciencias sociales del concepto de MS, da cuenta de que, como dice Boaventura de Sousas Santos (2001), lo nuevo de éstos no fue la negación de la política sino su expansión más allá del marco estrictamente liberal. Al referirnos a América Latina y la Argentina, De Piero (2005) señala que los MS se conformaron a partir de diversos factores como la ruptura del Estado de derecho, la violación de los derechos humanos, y el constante deterioro de la calidad de vida de la mano de la implementación de la re estructuración económica neoliberal, lo cual marca profundas diferencias con la realidad norteamericana y europea.

En efecto, las formas de participación y de construcción política a partir de la década del ’70, sufrieron fuertes modificaciones de la mano de las transformaciones en los regímenes políticos del periodo, favoreciendo el surgimiento de estos MS. La década del ’80 representó para nuestra región una década de quiebre en cuanto a las formas de organización y representación de los sectores populares. El proceso de transición y consolidación de la democracia (O’Donnell y Schmitter, 1986; Lechner, 1990, 1994), fue acompañado por el surgimiento de nuevas demandas vinculadas al mundo de la vida privada y la subjetividad (Nogueira, 2003; García Delgado y Nosetto, 2004). Estas nuevas demandas no lograron ser representadas por los grandes movimientos políticos del Siglo XX en la región (De Piero, 2005).

Este nuevo escenario dio lugar a la aparición de movimientos sociales que las intentaron canalizar y expresar. Como señala Claus Offe (1988) los MS surgieron como un espacio no comprometido con el modelo de sociedad de la posguerra, representado por el Estado de Bienestar, los partidos políticos de masas y las representaciones corporativas. En el intento de transformar esta realidad, “tratan de politizar la sociedad civil de forma no restringida por los canales de las instituciones políticas representativas-burocráticas” (Offe, 1988: 167). El debate sobre el alcance de esta estrategia, su capacidad de generar un sujeto histórico que dispute poder, y sobre su capacidad de representación y de formación de gobierno atravesó toda la producción académica, desde diversos enfoques y perspectivas ideológicas, en nuestra región. La cuestión central radicaba en reflexionar si eran representativos de una nueva conflictividad social, y si eran una nueva herramienta para llevar adelante la transformación social.

El análisis de los MS en América latina retoma esta línea de análisis, y se encontró en un principio referenciado en los trabajos de E. Jelin (1985, 1987, 1990, 1993) y F. Calderón (1985, 1987, 1990, 1995)[15]. Estos trabajos dieron cuenta de la extensa trayectoria organizativa de los sectores populares en América latina y de las limitaciones presentes en las tradiciones académicas clásicas para comprender estos fenómenos. Los intentos por conceptualizar y definir teóricamente los alcances y características de los MS, así como sus continuidades y rupturas con respecto a los partidos políticos y los sindicatos, fueron las principales preocupaciones de la época.

Para Calderón y Jelin (1987), la peculiaridad de América Latina fue que estas nuevas formas de acción colectiva coincidieron con el cierre (en diferente medida según el caso), de los canales institucionales de expresión de demandas sociales: Dictaduras militares, proscripción de los partidos mayoritarios, represión a sindicatos y organizaciones populares. Por otro lado, las políticas de ajustes y de reestructuración económica neoliberales implicaron un repliegue de estas demandas sociales como la justicia social y la equidad, del centro de la escena política. En una línea similar, Garretón (2001) señalaba que las transformaciones en el movimiento sindical, que se encontraba a la defensiva por las políticas de ajuste neoliberales, sumado a los pedidos de democratización y ciudadanía, y a la demanda por nuevos tipos de modernidad (entendida en términos de identidad), constituyeron los ejes claves de la acción colectiva en la región. Para estos autores, una de las mayores novedades de la década del ’80 en la región fue la emergencia, multiplicidad y mayor visibilidad de movimientos sociales (Madres de plaza de mayo en Argentina, Comunidades cristianas en Brasil, Movimientos indígenas en Ecuador, entre otros). En sus investigaciones empíricas se indicaba, también, que a la par de este proceso declinaban los movimientos históricos tradicionales como el movimiento obrero o el campesino. Algo estaba cambiando, y como expresaban Calderón y Jelin:

… quizás sea la hora de repensar los movimientos sociales desde otra perspectiva: no se trataría solamente de nuevas formas de hacer política, sino de nuevas formas de relaciones y de organización social; lo que estaría transformando o engendrando es una sociedad, más que una política nueva (1987:177)

Para estos autores, el significado e interés analítico de los MS residía en la búsqueda de evidencias de profundas transformaciones de la lógica social. Esta nueva forma de sociabilidad y de hacer política, implicaría por tanto una nueva relación entre lo político y lo social. Esta idea sobre qué fue lo novedosos de los MS en nuestra región, las formas de hacer política o una nueva sociabilidad, atravesó la discusión académica y política del periodo. El alzamiento zapatista de 1994 en la selva Lacandona de México, las movilizaciones y levantamientos indígenas de Ecuador y Bolivia, El movimiento de los sin Tierra en Brasil. El estallido social de 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Argentina, revitalizó el debate y el interés por los MS en América Latina, impulsando renovados análisis que se interrogaron sobre el desarrollo de estos MS y sus capacidades para producir transformaciones con altos grados de autonomía (su productividad política), y sobre su compleja relación con la política y el Estado (sus efectos políticos).

Ya en la década del 2000, y analizando la realidad boliviana, García Linera señalaba que “fruto de estos cataclismos socioeconómicos han reemergido poderosas y radicales estructuras de auto organización social, que han cerrado el corto ciclo de la legitimidad neoliberal.” (García Linera, 2009: 350). En este marco, y recuperando los aportes de la escuela norteamericana, pero incorporando los vínculos de solidaridad, las pautas morales de igualdad e identidad al concepto de racionalidad interna de la acción, el autor definió a los MS como “estructuras de acción colectiva capaces de producir metas autónomas de movilización, asociación y representación simbólicas de tipo económico, cultural y político” (García Linera, 2009: 353).

Sobre la productividad política de los MS, Boaventura de Sousas Santos (2000) ha planteado recientemente una línea de análisis en torno a dos polos estructurantes: la relación entre regulación y emancipación, y la relación entre subjetividad y ciudadanía. Según el autor: “la novedad más grande de los NMS reside en que constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal como fue definida por el marxismo” (Boaventura de Sousas, 2000:177). Más adelante afirma que estos MS representaron también una afirmación de la subjetividad frente a la ciudadanía, es decir de lo personal, social y cultural frente a lo político. En este sentido, el campo de los MS fue la sociedad civil y no el Estado, con el cual requirieron mantener una relación de distancia calculada, así como con los partidos políticos y los sindicatos. Sin embargo, el autor señala la dificultad de encontrar MS “puros” dada la multi dimensionalidad de las relaciones sociales y de los sentidos de la acción. A su vez, esto estaría evidenciando más que un rechazo a la política, una ampliación de la misma más allá del marco liberal clásico de distinción entre Estado y Sociedad Civil. De esta forma, el análisis de Boaventura de Sousas Santos identificó algunos efectos políticos de la acción de estos MS como la emergencia de una nueva cultura política, donde “la politización de lo social, de lo cultural e incluso de lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía” (2000:181).

Otro investigador que recientemente ha hecho aportes significativos al análisis de los MS en nuestra región es Raúl Zibecchi de Uruguay. Dicho autor se enfoca en los efectos políticos de las acciones de estos MS. En sus palabras:

Desde comienzos de los noventa, la movilización social derribó dos presidentes en Ecuador y en Argentina, uno en Paraguay, Perú y Brasil, y desbarató los corruptos regímenes de Venezuela y Perú. En varios países frenó o retrasó los procesos de privatizaciones, promoviendo acciones callejeras masivas que en ocasiones desembocaron en insurrecciones (tal vez una de las más interesantes se la “guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000). De esta forma los movimientos forzaron a las elites a negociar y a tener en cuenta sus demandas, y contribuyeron a instalar gobiernos progresistas en Venezuela, Brasil y Ecuador. El neoliberalismo se estrelló contra la oleada de movilizaciones sociales que abrió grietas más o menos profundas en el modelo (Zibecchi, 2003:185).

Estos nuevos MS acompañaron, según Zibecchi, un viraje de largo aliento que supuso cambios en relación a la vieja orientación estatal de los movimientos tradicionales, donde se buscaba acceder al Estado para, desde ahí, transformar la estructura de poder. Según este autor, estos MS se caracterizaron por presentar ciertos niveles de autonomía del Estado y los partidos políticos; por la reafirmación de sus culturas e identidades; por el rechazo de las formas de organización piramidal; y por presentar nuevas formas de acción, vinculadas a la toma y ocupación de espacios. Pero es quizás el concepto de territorialidad que propuso Zibechi el rasgo diferenciador más importante de estos MS. Este se relaciona con el arraigo de las luchas populares a espacios físicos conquistados o recuperados, y que estaría dando cuenta del debilitamiento de los viejos territorios –la hacienda y la fábrica– como espacios de construcción social. Es desde estos nuevos territorios –en los márgenes de la sociedad como los territorios étnicos, o de producción rural intensiva, o los barrios populares desde donde los MS enarbolaron sus proyectos de transformación.

Desde una línea de análisis enfocada en los procesos de transformación estructurales ocurridos de la mano del modelo neoliberal en América latina, Seoane, Taddei y Algranatti (2006), intentaron una descripción de la conflictividad social, sus principales actores y características. Así pues, desde el Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO), los autores destacaron que como

Resultado del proceso de concentración del ingreso, la riqueza y los recursos naturales que signa a las políticas neoliberales, nuevos movimientos sociales de base territorial tanto en el mundo rural como también en el espacio urbano han emergido en el escenario latinoamericano, constituyéndose en algunos casos, por ejemplo, en relación a su identidad étnico-cultural (los movimientos indígenas) o en referencia a su carencia (los llamados Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico “movimientos sin”, por ejemplo los sin tierra, sin techo o sin trabajo) o en relación a su hábitat de vida compartido (por ejemplo los movimientos de pobladores) (Seoane, Taddei, Algranatti, 2006: 232–233).

En este marco general, los autores repasaron en su investigación el escenario latinoamericano, sus principales actores, y características. Recuperaron de Quijano (2004) la concepción de que el neoliberalismo genera una re-identificación social, no en términos de capital-trabajo, sino en clave de pobreza, informalidad, etnicidad[16]. Estos clivajes se convirtieron en los organizadores de las identidades sociales del periodo, dando cuenta de la multiplicidad y heterogeneidad de las demandas y los actores.

Desde Bolivia, Luis Tapia (2011) propuso pensar la relación entre lo social y lo política desde una mirada relacional e histórica, que se diferenció con la clásica mirada liberal de las esferas escindidas. Para esto, propuso pensar que a la sociedad civil como espacio de lo político no estatal. Recuperando aspectos de Weber y de Marx, entendió que el Estado era el espacio que la sociedad ha instituido como legítimo de la política, en términos de concentración y de monopolio, que se organizó como forma burocrática de administración y de dominio. Sin embargo,

Los lugares de la política han tendido a ampliarse o diversificarse, pero a la vez también a estabilizarse, es decir a institucionalizarse, a adquirir cierta regularidad, a organizarse en espacios delimitados, así como sus relaciones mutuas. Una buena parte de las instituciones de la sociedad civil funcionan como mediaciones o puentes hacia el Estado (Tapia, 2011:71).

En este marco, Tapia propuso pensar a los MS como un desplazamiento de lo político a la sociedad civil, cuando la acción colectiva y la representación de intereses desbordan al Estado y al gobierno. Y en este sentido, los MS fueron una expresión de que la política institucionalizada, en un tiempo y espacio determinado, ya no bastaba. Es decir, cuando la política institucionalizada no pudo dar respuesta a las demandas de redistribución y a la producción de consensos, los MS emergieron como respuesta de la sociedad civil.

Hasta aquí podemos afirmar que existe un consenso no explicito entre los diferentes autores, según el cual, los MS parecen ser a la vez, una manifestación de las consecuencias de las políticas neoliberales impulsadas en la región, y de la crisis de las organizaciones populares de siglo XX (De Piero, 2005a). La irrupción de estas expresiones en la escena pública puso en evidencia una transformación en el modelo de organización social y política del siglo XX, en lo referente a los objetivos y la metodología adoptada por los mismos. Se evidenció, en este sentido, una crisis en los mecanismos de construcción y de realización política, así como de las expectativas de transformación de la sociedad. Las grandes organizaciones de masa no pudieron encauzar las nuevas demandas sociales, permitiendo la irrupción de otros actores, que crecieron en presencia pública y capacidad de incidencia de la mano de la crisis de representación y de la reforma del Estado. De este proceso, complejo y muchas veces contradictorio, emergieron nuevos actores sociopolíticos, dispuestos a atender (desde la asistencia) o representar (desde la organización) estas nuevas demandas (De Piero, 2005). En cada país de nuestra región emergieron diferentes colectivos sociales que encabezaron procesos de movilización social y de ampliación de la participación política en sociedades signadas por la crisis de representación y de legitimación que acompañó la crisis del modelo neoliberal (García Delgado, 2003). La emergencia en Argentina de las organizaciones de desocupados, sus formas de vinculación con el Estado y su relación con el sistema político institucionalizado, pusieron en cuestión las herramientas analíticas clásicas para comprenderlos y explicarlos. Este trabajo busca aportar nuevas herramientas de análisis que permitan comprender el fenómeno analizado.

7. Estructura de capítulos

A partir de lo establecido en la introducción, en los próximos capítulos intentaremos desarrollar y fundamentar nuestro principal argumento. Es decir, que en este proceso de participación política de BDP en el Estado nacional durante el periodo 2003-2009, la organización se constituyó en una ventanilla del Estado en el territorio, y a partir de la utilización del protagonismo como herramienta de gestión, fortaleció su capacidad de organización y canalización de demandas sociales. Este proceso encontró su principal límite en la participación de BDP-LS en la construcción política del espacio oficialista, entendido como el conjunto de organizaciones partidarias, sindicales y sociales que lo integran, y en el armado electoral, que condicionó sus posibilidades de construir representación institucional propia.

En este marco, en el primer capítulo se presentarán las principales coordenadas teóricas de nuestro fenómeno de estudio: la relación de las organizaciones de desocupados con el Estado. En un primer momento, reconstruiremos los diferentes aportes y desarrollos realizados por diferentes académicos en relación a la emergencia de las organizaciones de desocupados como “novedad” en la realidad argentina, su relación con el Estado y su participación en la gestión público (Schuster et al 2001; Auyero 2002; Grimson 2002; Svampa y Pereyra 2003; Svampa 2004 y 2009; Massetti 2004, 2010 y 2011; Schuster 2005; Gómez 2007 y 2010; Biglieri 2008; Natalucci, 2009, 2010, 2011, 2012; Cortés 2010; Pérez y Natalucci 2010; Perelmiter 2010, 2012; Alzina 2011; Maneiro 2012; Schuttenberg 2012 a y b; Rocca Rivarola 2013; Lozano 2013; Fajardo 2013; Vázquez 2014).

En el segundo capítulo se analizará la emergencia de las organizaciones de desocupados a partir de tres dimensiones analíticas: las transformaciones ocurridas en el modelo de acumulación y consecuentemente en la cuestión social, la desocupación y la pobreza; la respuesta estatal a esta situación y las transformaciones ocurridas en las formas de acción colectiva; y a nivel de las mediaciones entre el Estado y los sectores populares. En este marco presentaremos nuestro caso de estudio, el Movimiento Barrios de Pie sobre la base de los hallazgos del trabajo de campo y del análisis de la producción académica al respecto (Biglieri 2008; Cortés 2010; Massetti 2010 y 2011; Pérez y Natalucci 2010; Natalucci 2010, 2011 y 2012; Perelmiter 2012 y 2010; Klachko 2010; Schuttenberg 2012 a y b; Rocca Rivarola 2013). Se presentará desde una perspectiva sociopolítica, la trayectoria del movimiento desde su surgimiento en el año 2002, sus antecedentes y su vinculación con la corriente nacional Patria Libre, sus formas de organización y construcción social y sus estrategias político-electorales durante el periodo analizado. Para dimensionar el crecimiento de la organización durante el periodo analizado, se la inscribirá dentro del mundo de los movimientos sociales argentinos, y de las organizaciones de desocupados específicamente. Esto requiere presentar, por un lado, el proceso social, económico y político que enmarcó el surgimiento y consolidación del caso analizado, y por otro lado, el mapa de organizaciones y su evolución durante la etapa estudiada, con énfasis en las transformaciones ocurridas en la relación entre las diferentes organizaciones y para con el gobierno nacional, el sistema de partidos políticos y el sindicalismo.

En el siguiente capítulo desarrollaremos, desde un análisis del proceso sociopolítico, las principales características que asumió el régimen político argentino luego de la crisis económica, política y social de 2001-2002, con el objetivo de reconstruir el proceso de vinculación del BDP a la alianza de gobierno. Se analizará en un primer momento las características principales del régimen político durante este periodo, con énfasis en la convocatoria a la “transversalidad” realizada desde el gobierno a las fuerzas políticas y sociales de la Argentina y en los dispositivos estatales construidos para encauzar la relación del gobierno con los “piqueteros” (Torre 2004; Godio 2007; Zelaznik 2008; Mocca, 2009; Colabella 2011; Cavarozzi 2011; Masseti 2011; Natalucci 2012; Malamud y De Luca 2012; Leiras 2012) En base a esto analizaremos la trayectoria política de BDP antes y después de la asunción de Néstor Kirchner (2003–2007), su inscripción dentro del campo político de “matriz nacional y popular” (Biglieri 2008; Pérez y Natalucci 2010 Schuttenberg 2012; Rocca Rivarola 2013), sus alianzas políticas y sus juegos electorales, su representación político institucional y su incorporación a diferentes espacios de gestión en Ministerios nacionales, así como las razones de su alejamiento del gobierno en diciembre de 2008, y su posterior trayectoria “opositora”. En el cierre del capítulo se analizará cómo la trayectoria político electoral de BDP se inscribió dentro del proceso socio político de consolidación del régimen argentino durante el periodo 2003-2011, y qué implicancias tuvo esto en su vinculación con el Estado nacional, ya sea a través de su participación en los programas territoriales analizados como en la gestión de los espacios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En el cuarto capítulo analizaremos la relación de BDP con las políticas sociales nacionales de implementación territorial, la cual se puede rastrear desde fines de la década de los ’90 a través de la implementación de programas de asistencia al desempleo y programas alimentarios. Del análisis de la participación de BDP en los diferentes programas, el funcionamiento de los dispositivos y su capacidad de despliegue, intentaremos caracterizar el estilo de gestión territorial de BDP. Para esto se utilizará la información recolectada en el trabajo de campo y en el análisis de las fuentes secundarias como la normativa del programa, informes de gestión y evaluaciones institucionales, material gráfico, y noticias de diarios nacionales y en la prensa de BDP. Analizaremos el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), el Programa de Empleo Comunitario (PEC), el Programa FOPAR y el Programa nacional de Seguridad Alimentaria de reparto de cajas y alimentos secos.

Estos programas impactaron en BDP otorgándoles nuevas oportunidades de protagonismo en el territorio a través de la movilización de sus estructuras para incorporar beneficiarios y de la implementación de proyectos productivos y comunitarios. La forma en que esta organización incorporó la implementación de estos programas a sus prácticas, permitió que emergieran estilos de gestión con características particulares y alejadas en algunos casos a lo que la normativa de los mismos proponía. Los dispositivos emergentes se caracterizaron por presentar estilos de gestión basado en la conformación, consolidación o crisis de la organización social como “ventanilla del Estado” en el territorio. Una ventanilla del Estado implica un espacio físico donde “gestionar” esta relación. La ventanilla se asocia con el reclamo, la solicitud, la ayuda, y la espera (Schijman y Lae 2009; Scribano 2010; Auyero, 2012). Asociada principalmente a los formatos neoliberales de políticas sociales, ir a “inscribirse al plan” en los movimientos de desocupados (Quiróz 2006; Hopp y Gradin 2007; Freytes Frey y Cross 2007, etc.) expresa el rol de estas organizaciones en la gestión de los programas.

La descentralización y la participación como estilos de gestión favorecieron este proceso y consolido a BDP como nuevas formas de acceso a las políticas sociales. A su vez, en un escenario donde la reproducción material de los sectores más retrasados de las clases populares dependía todavía de su acceso a los bienes públicos, BDP se constituyó en una vía posible dentro del entramado de redes sociales de asistencia y reciprocidad (Noel 2006).

En el quinto capítulo desarrollaremos la experiencia de BDP en la gestión pública del Estado nacional, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde el 2004 y hasta su alejamiento del gobierno en 2008, BDP ocupó diferentes cargos en el Ministerio, así como promovió e implementó una batería de programas de promoción social. Del análisis del estilo de gestión estatal, nos ocuparemos en este capítulo. Para esto utilizaremos la información surgida de nuestro trabajo de campo y de los aportes realizados por Perelmiter (2010 y 2012), Cortes (2010) y Masetti (2011). Se presentará específicamente la experiencia de la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria, el Programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social, el Programa de fortalecimiento y participación de las mujeres Juana Azurduy, el Programa de capacitación en derechos humanos para jóvenes Claudia Falcón, y la experiencia de gestión en la Subsecretaría de Organización y Capacitación popular y sus respectivos programas e iniciativas. Si bien este capítulo describe la experiencia de BDP en el ministerio, intentará construir a la luz de nuestro enfoque teórico el estilo de gestión estatal desplegado por BDP en sus diferentes experiencias. En este sentido, el estilo de gestión desarrollado durante esta experiencia, se caracterizó por la “politización militante de la gestión” (Gómez 2010) entendida como la racionalidad política basada en la militancia en tanto tecnología legítima de gestión estatal. La politización de la gestión, en tanto “disputar el Estado”, fue una característica de la práctica cotidiana de BDP en la gestión del Ministerio que se desarrolla en este capítulo. La hipótesis que guía este capítulo se afirma sobre el supuesto de que el estilo de gestión construido por BDP en su experiencia en el Ministerio, implicó para las políticas sociales del periodo, una revalorización de la militancia política, social y territorial como elemento estratégico de la implementación de las mismas. Esto puso en evidencia, a su vez, el lugar central de las relaciones y alianzas políticas como elemento condicionante de las mismas. La experiencia de gestión de este actor, su capacidad de acción, su racionalidad militante y su experiencia organizativa, se encontraron con la racionalidad burocrática, la capacidad técnica y la experiencia de gestión del Ministerio, dejando emerger una síntesis entre ambos estilos de gestión. En este apartado intentaremos construir distancias y acercamientos con las perspectivas neo institucionales sobre la participación de las organizaciones sociales en las políticas sociales (Tamargo 2002; Cunill Grau 2004; Rosenfeld 2005; Rofman 2007;), los desarrollos teóricos sobre la participación política de los sectores populares hechos por la antropología política y la sociología política (Frederic 2004; Merklen 2004 y 2005; Ferraudi Curto 2006; Mazón 2007; Auyero 2007 y 2011; Manzano 2008; Carballeda 2010; Vommaro y Quiroz 2011; Quiróz 2013), y los estudios sobre la participación política de los movimientos sociales y su relación con el Estado (Farinetti 1999; Schuster et al 2001; Auyero 2002; Grimson 2002; Svampa y Pereyra 2003; Thwaites Rey 2004; Svampa 2004 y 2009; Massetti 2004, 2010 y 2011; Schuster 2005; Freytes Frey y Cross 2005 y 2009; Gómez 2007; Biglieri 2008; Natalucci, 2009, 2010, 2011, 2012; Cortés 2010; Pérez y Natalucci 2010; Klachko 2010; Perelmiter 2010 y 2012; Maneiro 2012; Schuttenberg 2012 a y b; Rocca Rivarola 2013; Lozano 2013; Fajardo 2013; Vázquez 2014). Este análisis nos permitirá recuperar “lo político” de la participación de BDP en las políticas analizadas, y “lo instrumental” de la mediación Estado-sociedad propuesto por este actor social. Se propone aquí el concepto de “protagonismo” entendido como la forma de participación y de ejercicio de derechos sociales, de los sectores populares a través de sus propias organizaciones (en este caso BDP), en la política pública. Esta forma de mediación requiere de la organización colectiva para su concreción, la cual implica una disputa de intereses entre los diferentes actores involucrados en los dispositivos de gestión de cada programa analizado, y el despliegue de mecanismos e instrumentos de política pública que vehiculicen el protagonismo popular.

Por último, en el capítulo de reflexiones finales se reconstruirá el proceso de participación política de BPD al Estado Nacional durante el periodo analizado, a partir de las tres dimensiones desarrolladas a lo largo de la tesis. Es decir, a partir de su participación en la implementación territorial de programas sociales, su incorporación a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y su vinculación con los espacios de construcción política y electoral oficialistas durante el periodo 2003-2009. Se sintetizarán y articularán los principales argumentos y conclusiones desarrollados en los apartados anteriores y se plantearán nuevas preguntas y líneas de investigación surgidas de la misma.


  1. Aun cuando el reclamo era por “trabajo”, esto implicaba directamente la apelación al Estado como garante y responsable del mismo. Ver Thwaites Rey (2004).
  2. Otras expresiones organizativas de este sector social fueron la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y los gremios que representaba, así como las organizaciones de derechos humanos y sociales que durante esta etapa tuvieron algún impacto en el escenario político. Para un análisis de la CTA, ver Gurrera (2002), Gusmerotti (2009). Para ver un análisis histórico de los organismos de derechos humanos en nuestro país, ver Alonso (2015).
  3. Dejamos afuera de este grupo de organizaciones al Movimiento Túpac Amaru, con fuerte desarrollo principalmente en la Provincia de Jujuy y en otras localidades, por haber surgido como organización en un proceso histórico diferente al aquí analizado. Obviamente que la mayoría de los referentes de esta organización fueron parte del proceso de movilización social de resistencia al modelo neoliberal en sus provincias, principalmente de la mano de la organización sindical, pero también de las organizaciones de desocupados que acá se analizan. Para un análisis de esta organización ver Alzina (2012).
  4. La primera diferencia que hay que destacar con los enfoques sobre clientelismo político y este trabajo, es que nosotros tomamos como unidad de análisis a la organización en su conjunto, y su relación con el Estado, y no al individuo para con la organización y a través de ella con el Estado. Por esta cuestión no profundizamos en los aportes que consideramos hicieron diferentes trabajos inscriptos dentro de la antropología política, iluminando aspectos soslayados y complejos sobre la participación de los individuos en las redes clientelares. Al respecto, ver Vommaro (2014), Fizsman (2014), Vommaro y Quiróz (2011), Ferraudi Curto (2011), Quiróz (2011), Manzano (2008), Gaztañaga (2008), Frederic, (2004).
  5. Si bien Levitsky (2003) analiza el caso del Partido Justicialista en la década de los ’80, consideramos que se puede extender el concepto de territorialización de la política partidaria a todo el espectro de partidos políticos.
  6. Este hecho fue conocido mediáticamente como la conformación del Grupo “A”, que contenía a la mayoría de la oposición en el congreso nacional, que intentó un acuerdo político que le permitiera vencer al kirchnerismo dentro de la cámara. BDP, a través de Libres del Sur, fue parte de este proceso a través de su diputada nacional Victoria Donda.
  7. En el transcurso de este texto, se señalarán entre comillas y con letra Itálica las expresiones correspondientes a categorías nativas (Boivin, Rosato y Balvi 2003). Las mismas fueron extraídas de los relatos reconstruidos a partir de las entrevistas realizadas, los documentos internos, publicaciones, notas periodísticas de medios masivos y de información presente en la página Web de BDP (www.barriosdepie.org.ar).
  8. Los centros comunitarios observados fueron “La Boca de Pie” (CABA), “Madre Esperanza” (Avellaneda), “Trini” (CABA) y “Corazón Abierto” (CABA).
  9. La periodización del fenómeno será desarrollada en el capítulo II.
  10. Las oportunidades políticas refieren a las dimensiones no necesariamente formales o permanentes del ambiente político, que crean incentivos para la acción colectiva al afectar las expectativas de fracaso o éxito (Tarrow, 1999:77) Según Tarrow (1999), son 5 las dimensiones principales de las mismas: el grado de liberalización del sistema político, los realineamientos políticos dentro del sistema, la aparición de aliados, los conflictos y divisiones dentro de las elites, y el declive de las capacidades del Estado para reprimir a los disidentes.
  11. Tilly (1978) se refiere con este concepto al conjunto de medios de que dispone un grupo específico para realizar sus demandas.
  12. Por ciclos de Protesta, Tarrow (1999) se refiere a un periodo de intensificación de los conflictos y las confrontaciones. Estos ciclos se producen en momentos de apertura de las oportunidades políticas.
  13. Los procesos enmarcatorios mediatizan la relación de los MS y su contexto, encuadrando la acción colectiva.
  14. Para un análisis de la propuesta de Goffman, ver Acevedo (2011).
  15. Desde otra perspectiva, referenciada con la filosofía latinoamericana y las teorías de la dependencia y del marxismo, podemos señalar los trabajos de Aníbal Quijano y de Pablo González Casanova quienes, si bien no centran específicamente su atención en los movimientos sociales, los incorporan como actores trascendentales de sus análisis. Para un desarrollo actual de su matriz de pensamiento, ver Quijano (2004) y Gonzalez Casanova (2008).
  16. Anibal Quijano, sociólogo peruano, se constituyó en uno de los referentes del pensamiento crítico latinoamericano en la década de los ’90 en la región. Según Quintero (2010) sus ideas generaron un nuevo marco de interpretación de la modernidad a la luz de la experiencia histórica y cultural latinoamericana, erigiéndose la categoría de “colonialidad” (Quijano, 1992) como el nodo epistémico de la propuesta sobre la estructuración del poder en la modernidad.


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