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Las políticas públicas y la disputa político-cultural

La mirada antropológica sobre la política sociolaboral relacionada con el trabajo
en casas particulares

Érica Lander

Introducción

La mirada antropológica se constituye en el reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad de conceptualizaciones y prácticas humanas, entre las que se encuentran las promovidas por las políticas públicas. En este caso, el aporte que hace la disciplina está relacionado con la posibilidad de conocer las múltiples formas en las que las personas reciben, acuerdan o disputan alrededor de estas políticas. Este enfoque posibilita registrar de qué maneras las reciben y cómo esto afecta sus vidas, cómo son experimentadas esas políticas. Por detrás de este aporte subyace la idea de que toda política pública responde a intereses diversos; promueve determinadas maneras de concebir la realidad; y provoca ciertos efectos, que interesa explorar (Shore, 2010).

Me propongo en este artículo desarrollar algunas de las líneas de análisis que se desprenden del abordaje de la política sociolaboral dirigida al sector de las trabajadoras de casas particulares.

Desde la postura desarrollada por Cris Shore (2010) y Liliana Raggio (2018a) es posible concebir que el estudio de las políticas públicas –como constituidas por, pero a la vez constituyendo, los procesos sociales, interviniendo en ellos; organizando las lógicas culturales, los comportamientos; las responsabilidades que se asumen; las normas morales y la dimensión simbólica de lo que se hace; las legitimidades que se establecen– implica la posibilidad de comprender los sentidos y lógicas que las sostienen e impulsan. Esta capacidad de intervención sobre lo social que tienen las políticas y, a su vez, de construir subjetividades es la que está en el foco del análisis; por esto, es importante conocer las lógicas culturales que las sustentan, relacionadas a las maneras de enfrentar los problemas sociales que cada sociedad construye en cada contexto histórico.

La visibilización y valoración del trabajo doméstico remunerado, a través de la acción de diversas políticas públicas, abre diferentes líneas de acercamiento. Una de ellas se relaciona con el abordaje de la exclusión que estas trabajadoras han tenido respecto a “las instituciones fundantes del estatuto del salariado […] el derecho laboral y las protecciones sociales asociadas al trabajo” (Cutuli, 2018: 141). Pero también posibilita otra línea de análisis, focalizada en los aspectos del reconocimiento, o la falta de él, asociada a la injusticia cultural o simbólica, naturalizada en los modelos sociales y culturales de representación, interpretación y comunicación. Injusticia inherente a las sociedades desiguales, en las que las distancias sociales estructuran y dificultan el reconocimiento mutuo, como integrantes de una misma comunidad (Grassi, 2012a). Este aspecto, que se refiere a la degradación de la posición ocupada por algunas personas en la sociedad, es el que además impide la elaboración de una “comprensión adecuada de sí mismas, una comprensión adquirida por medios intersubjetivos” (Fraser, 2000 [1997]: 130). Y se refuerza con el valor social y económico otorgado al trabajo realizado en casas particulares: no son tareas socialmente apreciadas.

Entonces, si pensamos en la discriminación, en términos de no-reconocimiento del valor social y económico del “trabajo doméstico” y, por ende, del respeto y consideración por las personas que lo realizan, inferido a partir del bajo nivel de registro y remuneración que tiene el sector, es posible acordar con Mario Pecheny (2016), cuando plantea que un análisis complejo de la discriminación requiere determinar el papel que el Estado tiene en la producción y reproducción arbitraria de jerarquías, interrelacionadas con la estructuración desigual de una sociedad dividida en clases.

La política pública socio-laboral

Con la categoría de políticas públicas me refiero al “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención o movilización de otros actores en la sociedad civil” (Oszlak y O´Donnell, 1982: 90). Desde las políticas sociales en general es posible intervenir tanto en la reproducción de la vida cotidiana como en su transformación; y, en este sentido, estas acciones pueden estar orientadas a lograr el bienestar de la población (o de los sectores a las que están dirigidas), así como a mejorar sus condiciones de vida (Hinze, 2007). Esta es la manera en que el Estado interviene en la reproducción de la sociedad, a través de “un proceso social y político que configura –en consecuencia– un campo de disputa” (Chiara y Di Virgilio, 2009: 54). Las distintas posiciones en pugna están modeladas por un “campo de fuerzas” (Roseberry, 1994) que supone la “toma de posición” por parte de quienes están implicados en estas políticas, sobre las pautas culturales o sobre las prácticas sociales que podrán orientar, redefinir y configurar el sentido que las personas sostienen sobre la sociedad, sobre las relaciones y sobre las formas de vida, entre otras cuestiones. Las políticas públicas y las construcciones de sentido hegemónico se van articulando en la vida cotidiana; William Roseberry (1994) señala que el “material común” y el “marco significativo” sobre el que se construye el proceso hegemónico son, en parte, discursivos.

Desde esta concepción es posible abordar los aspectos que abarca una política pública sociolaboral: “un conjunto de intervenciones y regulaciones políticas que desbordan aquellas que estrictamente corresponden a la política laboral”, las que regulan el mercado capitalista de empleo, “o a las políticas sociales, pero que tiene por objeto el trabajo (y por eso se definen)”, a las que Estela Grassi se refiere “como la forma política de la cuestión social” (2012b: 2 y 3):

… en estas políticas (de empleo, salariales, de asistencia al desempleo, de seguridad y protección social) se pone de manifiesto la consideración que adquiere el trabajo humano en la producción y la que merece el sujeto del trabajo. Expresan (y constituyen al mismo tiempo), primordialmente, el régimen de reproducción y en consecuencia, demarcan (constriñen y habilitan) las condiciones de vida y coadyuvan a la calidad de la participación en la vida social. (Grassi, 2012a: 186)

Indudablemente, la sanción de la Ley 26844 que regula al sector significó un punto de inflexión; dos referentes del Sindicato Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) decían: “el año 2013 quedará en la historia de los trabajadores del hogar y de su organización sindical como un momento culminante de su larga búsqueda de mejoras en sus condiciones de trabajo” (Benítez de Gómez y Brassesco, 2016: 1).

Según Francisca Pereyra y Lorena Poblete (2015) la nueva ley supuso tres situaciones: “una ampliación de derechos respecto del régimen de 1956[1], una equiparación de derechos respecto a los establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), así como la persistencia de algunas restricciones” (p. 76). En términos de “ampliación” de derechos, se pueden mencionar los que remiten a la especificidad del trabajo: la inclusión de todas las personas que realizan trabajos de cuidado no terapéuticos, más allá de las horas trabajadas; se amplían las protecciones a jóvenes entre 16 y 18 años y se delimita el período de prueba. En cuando a la “equiparación” de derechos, quedan incluidos los derechos laborales ya garantizados en la LCT, para el resto de las y los trabajadores: licencia por maternidad, por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización por despido, límite de ocho horas diarias en la jornada de trabajo, prohibición de contratación a menores de 16 años y la obligación de contratar una aseguradora de riesgo de trabajo.

Pero también existe la persistencia de algunas “restricciones”, como el caso de algunos derechos sociales, tales como las asignaciones familiares.

La capacidad contributiva de la parte empleadora estuvo presente en los debates parlamentarios[2] que se dieron antes de la sanción de la Ley 26844 en 2013. Los/as legisladores/as que participaron, identificados con el rol de empleador, pusieron el foco en los intereses de los y las empleadoras, buscaron que el monto de las contribuciones vinculadas a la formalización de la relación laboral no fuera demasiado costoso para la parte empleadora (compuesta por trabajadores/as o “empleadores/as como ningún/a otro/a”), enfatizando el carácter no lucrativo de la contratación. En este sentido, muchos de los argumentos usados en el debate remitieron a esta cuestión, señalando la necesidad de “prevenir ‘excesos’ en materia de adjudicación de derechos ya que podrían ‘jugar en contra’ de las propias trabajadoras” (Pereyra y Poblete, 2015: 89); incluso se hizo mención explícita a sancionar una ley cumplible, para prevenir la desocupación en el sector (Pereyra y Poblete, 2015; Cutuli, 2018). También hubo voces contrapuestas, que no pretendieron atenuar la relación laboral entre quien emplea y quien es empleado/a. Pese a todo, el resultado de las modificaciones fue en detrimento del reconocimiento de algunos derechos a las trabajadoras, los relacionados a la seguridad social y a las protecciones sociales (Poblete, 2016; 2014; Pereyra y Poblete, 2015).

La Ley 24714/1996, de Asignaciones Familiares, reconoce en el artículo 6 diferentes tipos de asignaciones: “1) por hijo; 2) por hijo con discapacidad; 3) prenatal; 4) ayuda escolar anual; 5) por maternidad; 6) por nacimiento/adopción; 7) por matrimonio; 8) AUH; 9) por embarazo” (Pereyra y Poblete, 2015: 78). Todas estas asignaciones fueron incluidas en el proyecto de ley aprobado en el Senado durante 2012; pero en la versión final aprobada en 2013, quedaron recortadas; solo se reconocieron las asignaciones por embarazo, por maternidad y la AUH.

Desde el inicio del período kirchnerista (2003-2015), se registró[3] un posicionamiento que revalorizó el papel del Estado en términos de políticas públicas, el MTEySS priorizó el acceso a dos derechos básicos: la educación y el trabajo, reconociendo la responsabilidad inherente al Estado, en cuanto a la democratización del acceso a la estructura de oportunidades. Durante 2008, el secretario de Empleo del MTEySS señaló que

… la idea central [de la política de empleo] es reconstruir un capitalismo nacional que regenere la recuperación de una sociedad integrada, con empleo, con salarios dignos y protección social que permitan al mismo tiempo alternativas de reinstalación de una movilidad social ascendente. En este escenario el trabajo es el gran ordenador social y el Estado cobra un papel principal. Esto significó situar al empleo en el centro del modelo de crecimiento, y constituirlo en eje de las políticas económicas y sociales. (Neffa, 2011: 7)

Siguiendo a Ana Lis Rodríguez Nardelli (2016)[4], el eje de estas políticas de empleo en la Argentina durante los tres mandatos kirchneristas fue la “formación profesional para el trabajo”[5]. El proyecto de Profesionalización del Sector Doméstico (2005-2010) estuvo focalizado en las acciones de capacitación; y la constitución del Área Formación con Equidad para el Trabajo Decente (iniciado en 2011) continuó impulsando la formación del sector, incluyendo actividades como

… el diseño y la ejecución de cursos de formación profesional, a través de acuerdos con instituciones reconocidas por el MTEySS el financiamiento de materiales didácticos y de promoción, honorarios docentes, insumos, herramientas, equipamiento, elementos de seguridad y protección para llevar adelante trayectos de formación con criterios de calidad y equidad; la asistencia técnica para la formulación e implementación de las propuestas formativas. (Rodríguez Nardelli, 2016: 38)

A partir de 2006, desde la Secretaría de Empleo, todas las iniciativas mencionadas fueron estructuradas desde una perspectiva de género, con la intención de potenciar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Fueron políticas enfocadas, por un lado, en la capacitación de las trabajadoras, y, por el otro, en la promoción de la “registración laboral, la profesionalización y la jerarquización del oficio” (Resolución 876/2006). Estas acciones se articularon con otras normativas, tales como la Ley de Reforma Tributaria 25239/1999 y la Ley de Recursos de Seguridad Social 26063/2005, que hacen referencia al Régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico, alrededor del derecho a percibir asignaciones familiares.

La idea de “trabajo digno” o “trabajo decente”[6] es la que se estableció como centro de esta política socio-laboral. Esta representación sobre el trabajo posibilitó que la falta de una legislación laboral adecuada se constituyera como un problema social. Y, a la vez, estableció la necesidad de fijar “pisos mínimos protectorios, sobre todo alcanzando a aquellos colectivos cuya vulnerabilidad o precarización es manifiesta” (Subsecretaría de Relaciones Laborales, 2012: 18). El Poder Ejecutivo Nacional también definió esto como “trabajo protegido” o como “trabajo de calidad”, aludiendo a la representación de “trabajo regulado”, es decir, aquel que permite asegurar a quienes trabajan determinados estándares aceptables de vida.

También Grassi (2012b) identifica el ciclo político iniciado en 2003 (donde se incluye la política sociolaboral analizada) con la priorización de la inclusión social a través del empleo y el trabajo. Además, plantea que se asocia con un papel más activo en cuanto a la intervención del Estado en la regulación del empleo, donde la discusión y la disputa de intereses están presentes, y forman parte de la manera en la que las sociedades dirimen sus controversias y negocian sus diferencias; la tensión no fue tomada como algo conflictivo a rechazar. En este contexto el discurso político del kirchnerismo incluyó la retórica del derecho y, además, “volvió a la escena pública […] la explicitación de la posibilidad de controversia y su restauración como lugar del permanente procesamiento de las diferencias y desacuerdos y de la pugna de intereses” (Grassi, 2012b: 13).

Antes, siguiendo a diferentes autores y autoras –tales como Grassi, 2018; Kessler, 2015; Pecheny, 2016; Raggio, 2018b; Therborn, 2015– señalaba que es posible pensar este proceso de legislación del sector en términos de avance e inclusión. Es decir, fue un proceso de redistribución y equiparación de derechos que implicó la igualación del colectivo al resto de los y las trabajadoras; esto remite a la disminución de la brecha de desigualdad existente en la sociedad.

El registro de las trabajadoras implica reconocer sus derechos laborales, más allá de las horas trabajadas: condiciones de trabajo dignas, horarios y tareas claramente establecidos, descansos, vacaciones y feriados pagos, régimen de licencia, sueldo igual o mayor al piso establecido primero por el MTEySS y luego por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Comisión)[7]; acceso a la obra social, riesgo de trabajo; indemnización por despido injustificado. Esto es, se avanzó en los procesos redistributivos, abarcando en la regulación a más trabajadoras, ampliando las protecciones sociales, estableciendo parámetros para la consideración de condiciones de trabajo adecuadas.

Con la administración política que comenzó en 2015 este posicionamiento cambió, se volvió a reformular la relación entre el Estado, los individuos y la sociedad desde posturas neoliberales, que fomentaron la fragmentación social y la discriminación de amplios colectivos, percibidos como peligrosos cuando reclamaban o como abusadores cuando se les pedía un “sacrificio” más. Los efectos de la ley también tienen que ser comprendidos en estos contextos sociales y políticos, porque dan legitimidad a las demandas o las rechazan, al descartar la existencia de controversias como cuestiones inherentes al debate político y cultural. Lo que se puso en disputa entre 2015 y 2019 fue el derecho a una vida en dignidad, o la posibilidad de sostener una vida que valga la pena de ser vivida. El rol del Estado en este período también puede ser leído desde la “omisión”.

También podemos pensar, siguiendo a Raggio (2018b), que la legislación avanzó sobre otra de las dimensiones de la desigualdad: la desigualdad existencial. Ya que se planteó como un avance en términos de dignidad, la precariedad laboral relacionaba el sector con la informalidad, y ubicaba esta ocupación en la intersección de diferentes jerarquías sociales que naturalizaban la discriminación, la inferiorización y cosificación de las trabajadoras. Alrededor de la ley también se libra una batalla cultural, centrada en las connotaciones peyorativas que este trabajo, y las trabajadoras, han tenido a lo largo de la historia.

Sin embargo, considero que esto no fue suficiente por, al menos, dos motivos. El primero remite al análisis que hace Romina Cutuli (2018) sobre la sanción de esta ley, ya que desestructura la idea de “derecho adquirido” y permite reflexionar sobre la diversidad de posicionamientos. Esta autora lleva la discusión de la ley al tema de la “falta de representatividad” en el debate legislativo del grupo representado, el de las trabajadoras:

… en líneas generales, quienes acceden a los cargos legislativos pertenecerían a lo que Galbraith denominó la “mayoría satisfecha”, lo que traducido a términos locales constituiría un grupo menos mayoritario pero semejante a ese grupo que, según Galbraith (1992), también preserva el monopolio de la conducción política. Los privilegios de los satisfechos estarían sostenidos por una subclase cuyas privaciones resultan imprescindibles para la obtención de servicios a bajo costo, y que carece de la representación política necesaria para subvertir el orden impuesto. Por último, aquellos que viven con mínimo bienestar, se identifican por emulación con la clase privilegiada, y defenderían sus intereses con tal de no perder sus humildes beneficios. (Cutuli, 2018:7 y 8)

Esto le permite concluir que, pese al nuevo régimen jurídico y a partir del debate y los posicionamientos que ella ha identificado, se sigue produciendo una reproducción de las discriminaciones; y “su preservación constituye una condición fundamental para asegurar la provisión de servicio doméstico a bajo costo” (Cutuli, 2018: 22). Este aspecto es uno de los problemas más destacados por las propias trabajadoras; las bajas remuneraciones –avaladas por la instancia de negociación paritaria, llevada a cabo por la Comisión les dejan escaso margen de negociación con sus empleadores/as. Los reclamos toman fuerza a través de la ley, pero pierden legitimidad ante la publicación de la escala salarial, que les resulta exigua e indignante.

El segundo aspecto que relativiza la igualdad “adquirida” –que hace que no sean suficientes los aspectos redistributivos y de reconocimiento que conlleva, indudablemente, la ley– es que estos procesos no fueron acompañados por transformaciones en los sentidos sociales, me refiero a las ideas que se sostienen sobre los lugares ocupados, muchas veces pensados como naturales; los roles desempeñados, asociados a presuntos merecimientos; las valoraciones y jerarquizaciones que se construyen alrededor de las condiciones de vida de las personas, que tienden a cristalizarse en la sociedad, sin dejar lugar a una verdadera inclusión de los sectores empobrecidos. Por eso, planteo que será necesario reflexionar sobre la falta de una política cultural que permita “reinventar los vínculos entre las personas”, al decir de Víctor Vich (2014), para acompañar, reforzar y sostener estos procesos.

En este punto, resulta revelador el Informe sobre la representación televisiva de las trabajadoras en casas particulares, realizado a fines de 2012 por el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Si bien fue algo optimista (visto desde el presente) con respecto a que la sanción de la ley podía colaborar con el aumento de la registración (ya que fueron otras las medidas que tuvieron mayor impacto[8]), lo cierto es que fue preciso el diagnóstico en cuanto a la falta de una política cultural activa tendiente a modificar las representaciones estigmatizadoras sobre el sector, que se reproducen de manera acrítica en diferentes formatos mediáticos.

En el próximo apartado, a través de un ejemplo ocurrido durante la gestión de la Alianza Cambiemos (caracterizada por la “omisión”, en términos de Oszlak y O´Donnell), propongo una reflexión sobre estas dificultades encontradas, recuperando esas “estructuras de sentimiento” en pugna, presentes en la actualidad en la disputa político-cultural que se libra en nuestra sociedad. Es importante pensar las relaciones sociales que se constituyen en los procesos de gestión (entre agentes institucionales y las personas destinatarias de las políticas); en las respuestas que da el Estado a las demandas de los y las ciudadanos; en las posibilidades de establecer prioridades o de pensar políticas integrales, en el sentido de constituir una estrategia cultural amplia, heterogénea y significativa (en articulación con otros actores y actoras sociales e instituciones de la sociedad civil, ámbitos educativos, medios de comunicación; es decir, todos los ámbitos que resultan sensibles a los procesos de construcción de sentido) que interpele a la sociedad, conmueva y afecte las sensibilidades, promueva la reflexión ciudadana, impulsando un pensamiento crítico permanente sobre las maneras de percibir, pensar, sentir o actuar al interior de nuestra sociedad; y, a su vez, que visibilice los antagonismos y las demandas de los sectores excluidos (Vich, 2014).

El debate político-cultural

Con relación a lo desarrollado en el apartado anterior, y para abordar el estado de la disputa pública alrededor del trabajo en casas particulares, voy a retomar una situación que activó el debate alrededor de la valoración social y el reconocimiento de las trabajadoras de este sector. Esta situación puede analizarse a partir de la retórica del abuso y del “no merecimiento” que impuso el posicionamiento neoliberal durante 2015 y 2019 (Grassi, 2018), y de la retórica de la “amenaza”, que los sectores privilegiados esgrimen como excusa en la contienda político-cultural para desprestigiar a los sectores menos favorecidos, vinculándolos a la sospecha que provocan y al peligro que representan para la sociedad. Al tratarse de medios de comunicación y de comunicadores con poder de construcción de sentido, capacidad de persuasión y control del discurso público (Van Dijk, 1994), es necesario considerar que el uso del lenguaje no es ingenuo, la selección léxica es interesada y estratégica. La internalización de determinadas ideas en algunos sectores, contrarias a los propios intereses, da cuenta de los efectos del lenguaje en la constitución de la vida social.

La construcción de un sentido peyorativo y estigmatizante alrededor de los sectores que proveen la fuerza de trabajo, en esta sociedad capitalista y neoliberal, se puede analizar en clave de provisión de trabajo a bajo costo; aunque existan otros posibles abordajes, propongo esta clave para el análisis de la situación que voy a relatar.

La situación ocurrió durante la crisis socioeconómica que atravesaba el país en 2019, luego del proceso devaluatorio desatado por el gobierno de la Alianza Cambiemosal conocerse el resultado adverso en las elecciones primarias (PASO) de agosto[9]–, y del anuncio de las medidas de control cambiario a través del DNU 609 del 1 de septiembre de 2019[10]. A comienzos de septiembre, se vieron largas filas de ahorristas en los bancos buscando retirar sus dólares, a causa de la incertidumbre económica que todo esto provocó. La asociación con el llamado “corralito” fue inevitable para algunas personas. Esta medida político-económica –tomada por el presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), que rigió desde el 3 de diciembre de 2001 hasta el 2 de diciembre de 2002– implicó la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, tampoco permitió movimientos financieros, como las transferencias al extranjero. El “corralito” finalmente congeló los depósitos y, más tarde, la salida del sistema monetario convertible –que fijó la moneda argentina al valor del dólar entre 1991 y 2002– provocó que el peso perdiera más de tres veces su valor.

La nueva medida restrictiva del gobierno de Mauricio Macri, junto con el recorte del gasto público, la disminución del salario, la reducción de aportes patronales, el sobreendeudamiento, el aumento de la fuga de capitales locales al exterior, entre otras cuestiones, hacían que el contexto se asemejara al vivido durante 2001. Esto posibilitó que la amenaza del “corralito” volviera a aparecer[11].

En este contexto, en el programa Desde El Llano (TN), del periodista político Joaquín Morales Solá, se hizo alusión a esta imagen. Desde una postura alineada con el discurso de las entidades financieras y del gobierno de ese momento, el periodista intentó persuadir a quienes intentaban recuperar sus dólares, procurando razones para no hacerlo. Al describir la escena, dijo:

… los que no tenían cajas de seguridad, las mujeres metían los dólares en la cartera y los hombres en el bolsillo. Eso en un país que no se caracteriza por tener una seguridad perfecta. Es decir que preferían correr el riesgo de que les roben en la calle a tenerlos en el banco y que quizás no los vuelvan a ver más. Yo en ese caso les digo que el banco se queda con los dólares pero te puede dar un bono a cinco años, los ladrones no te los van a devolver nunca. Si esto se mantiene, yo creo que dentro de algún tiempo muchos argentinos van a decir que es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en algún lugar escondido de la casa y que algún día alguien se entere, una mucama o algo, un chofer, un taxista, lo que fuere, lo distribuyen y que terminen en manos de un ladrón[12].

Reforzó su argumento implicándose en esta puja, sin críticas al proceso de acumulación financiera, que generó mayor desigualdad en la sociedad, y sin ocultar su desprecio por las y los trabajadores. Primero, estableció una dicotomía entre “nosotros/as” y “los/as otros/as”, en este punto el clasismo queda entrelazado al racismo. El periodista no era la voz de “las/os otras/os”, sino de ese “nosotros/as” que incluía a una parte del sector empleador. Lo que estuvo en discusión era la seguridad de ese sector; lo representó a través de discursos ideológicos, interesados, que pretendieron organizar las actitudes de los grupos sociales que miran este programa, a través de opiniones pautadas (Van Dijk, 1996). Opiniones que, en este caso, retomaron un tema relevante en nuestra sociedad: la seguridad; y lo hicieron a través de la asociación de sentidos: incertidumbre-pertenencia­ social-trabajadores/as-sospecha-peligrosidad. Para esto apeló a un remanido estigma[13], asociado a las trabajadoras de casas particulares: son ladronas; las elites recurren a él para advertir sobre el peligro que implica el estrecho –e indeseado– contacto con otros sectores sociales. Este estigma se construye a través de la articulación semántica que mencionaba antes: “los/as otros/as” son una amenaza, violan las normas e infunden miedo, son un peligro. Estos sectores siempre aparecen en el discurso para hacer mención a alguna cuestión negativa.

Si bien el tema principal de la argumentación era que el dinero estaba “más seguro” en los bancos que en la propia casa, el tema secundario del discurso fue la idea de peligrosidad social, vinculada a los sectores proveedores de servicios, cuyo contacto resulta inevitable a la clase alta y la clase media alta cuando necesitan delegar responsabilidades cotidianas: “mucamas”, “choferes”, “taxistas”. La idea quedó reforzada a través de un recurso retórico, el contrapunto: el banco ofrece seguridad al “tener los dólares en una caja de ahorro”, mientras que “tenerlos en algún lugar escondido de la casa” resulta incierto. El banco “se queda con los dólares”; mientras que los ladrones, en las calles o en las casas, los “roban”. El banco “te puede dar un bono a cinco años” mientras que los ladrones “no te los van a devolver nunca”.

Los bancos no fueron cuestionados, no se sembró una sospecha alrededor de estas entidades, obviando la memoria reciente acerca de todo lo ocurrido en el pasado. Por el contrario, se los respaldó. De un lado, fue puesta la decencia y la seguridad; del otro, la deshonestidad y la sospecha. El contrapunto es lo que permite limpiar la imagen de los bancos, legitimarlos y formar una nueva opinión alrededor de estas entidades, pero lo significativo es la ubicación ideológica del robo en otra parte, son los/as otros/as, los/as sospechosos/as de siempre.

A raíz de estas afirmaciones, Morales Solá fue públicamente cuestionado por diferentes sectores. Dos de los sindicatos que nuclean a las trabajadoras disputaron, desde el discurso público, estas estigmatizaciones. Diferentes medios se hicieron eco de las declaraciones radiales de la

… Secretaria General del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico, y Adjunta de la CTA Río Negro, [quien] repudió los dichos de Joaquín Morales Solá, y denunció que las trabajadoras a las que representa y de las que es parte –en el mejor de los casos– están sometidas a la indigencia por personas como el columnista del grupo Clarín. […] Nosotras ingresamos a una casa a trabajar. Nos dejan una gran responsabilidad, nos pagan un sueldo bajísimo que hoy en día –como está el país– no nos alcanza ni para comer, y encima tener que soportar esta humillación, que nos pongan bajo la sospecha de que robamos. […] Las trabajadoras no robamos. Hemos tenido miles de casos en nuestro sindicato, en el que han despedido a compañeras acusadas de robo, y después llegan a la conclusión de que apareció lo supuestamente robado. Nosotras les decimos que hagan la denuncia y no lo hacen, entonces la sospecha queda. Robo es que tengan a las compañeras en negro, que llamen a una compañera cada 15 días para que les limpien toda la casa, le planchen y demás y le paguen lo que se les antoja, eso sí es un robo[14].

La secretaria general ubicó la disputa sobre el “robo” en otro registro: no en la sospecha sobre los sectores empobrecidos sino en el abuso y la explotación de los sectores privilegiados. Lo sectores interpelados por este discurso son los mismos que se niegan a reconocer el trabajo tanto en términos económicos como en términos de estima social.

Por este mismo camino, otro sindicato también repudió estos dichos, desde su propia página:

UPACP (UNIÓN PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES), repudia lo dicho por el periodista JOAQUÍN MORALES SOLÁ, el pasado día 02 del corriente, en el programa Desde El Llano, del Canal TN, luego reproducido en varios medios de prensa, donde sin ningún reparo, puntualmente se refirió a las trabajadoras de casas particulares (“las mucamas”, dijo; también mencionando a choferes y taxistas) como factibles “partícipes de un robo o hurto de dinero”, en la casa donde trabajan. Imputación, presuntivamente calumniosa e injuriosa –ya que, convengamos, pudo haberse expresado “impersonalmente”-, sin ningún asidero y fundamento, que desde ya rechazamos y repudiamos. Revindicando además aquí, el trabajo honesto, que a diario realizan dichos trabajadores, que en modo alguno merece que sea denostado. Estigmatizando así, se profundiza aún más la denominada “grieta clasista y social”, en lugar de contribuir a eliminarla. Hacemos votos para que se reconozca y valorice el trabajo como tal y a quienes diariamente lo llevan a cabo[15].

Ninguno de estos espacios tiene la visibilidad del canal TN, aspecto que no resulta menor en la disputa cultural, centrada en la naturalización de las diferencias y en la asociación de sentidos desacreditadores presentes en estas prácticas discursivas. Estos discursos pretenden influir sobre las personas (Van Dijk, 1994; 1996; Fairclough, 2001) a través de la reproducción de representaciones que justifican y legitiman las estructuras de desprecio y explotación denunciadas; son representaciones prejuiciosas y racistas con una larga historia en nuestra sociedad. Pero en lugar de desestructurarlas, estos sectores privilegiados continúan difundiéndolas, a través del control sobre las opiniones e intenciones de quienes miran estos programas; así logran la internalización de discursos excluyentes a través del lenguaje de la inseguridad, en el que los pobres se volvieron las “clases peligrosas” (Grassi, 2018). Los sistemas de clasificación más que instrumentos de conocimiento son instrumentos de poder, dependen de las funciones sociales y están orientados, directa o indirectamente, a la satisfacción de los intereses de un grupo.

Sin embargo, los grupos afectados reaccionan, toman la palabra y disputan los sentidos hegemónicos a través de otorgar un significado contrario a las propias experiencias: “Las trabajadoras no robamos”, de ahí, la necesidad de reivindicar “el trabajo honesto, que a diario realizan dichos trabajadores”. En cambio, la explotación, la falta de registro y la precarización sí pueden tematizarse como “robo”, desde el otro lado de la “grieta clasista y social”. Kopprio concluyó su nota identificando quién está del otro lado de la contienda, a qué clase social pertenece este discurso hegemónico: Ellos se creen los dueños de todo. Nosotros, que hemos puesto el hombro y construido esta democracia, deberíamos salir a la calle, pacíficamente, y decirles: Váyanse”[16]. El “ellos/as” del discurso parece remitirse no solo a la clase social, sino a quienes no trabajan, la “clase ociosa”; mientras que el “nosotros/as” se refiere a la clase trabajadora, quienes “ponen el hombro” y construyen con el trabajo y el compromiso político con las luchas sociales.

Palabras finales

La naturalización de situaciones injustas, tales como la explotación, la negación de derechos, la discriminación social y la falta de aceptación social, son procesos que han permanecido naturalizados por largo tiempo, estructurando la vulnerabilidad del sector del trabajo en casas particulares. Estas desigualdades han persistido y se han arraigado al estar justificadas y legitimadas por la falta de cuestionamiento social sobre diferentes aspectos críticos: las formas de contratación, la vulneración de sus derechos como trabajadoras y como personas, las lógicas de dominación que estructuran las relaciones entre empleadores/as y trabajadoras, las apreciaciones y representaciones inferiorizadoras que se han mantenido sobre el sector, entre otras cuestiones.

Los procesos de inclusión, de justicia social y económica, posibilitados por los cambios legislativos producidos en 2013, se centraron en la reparación de algunas injusticias padecidas, la negación de derechos en términos de salarios, condiciones laborales, subordinación, explotación, exclusión. Pero no fueron acompañados por transformaciones en la estructura de valoraciones culturales. Entonces, la desigualdad parece reforzarse en ese juego dialéctico entre la explotación y el desprecio; por esto, afrontar estas situaciones de injusticia requiere una política integral: no solo apuntar a las condiciones de vida, de trabajo y de explotación; sino también incluir, en el análisis y en las reparaciones, los aspectos existenciales de libertad, autonomía, dignidad y respeto, a través de la inclusión de las múltiples discriminaciones padecidas por este sector social, desde una mirada interseccional, sin descuidar el trabajo sobre las condiciones específicas o los marcos sociales en los que se desarrollan las relaciones sociales que producen y reproducen sentidos y prácticas.

Referencias bibliográficas

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  1. El Decreto-Ley 236, o Estatuto del Servicio Doméstico, regulaba el trabajo como un “régimen especial”, solo regía para quienes estaban bajo la modalidad sin retiro o trabajaban, como mínimo, 16 horas semanales para un/a mismo/a empleador/a.
  2. Dos de los objetivos clave, no siempre conciliables, de esos debates fueron incentivar el registro y conceder el mayor número de protecciones sociales al colectivo de trabajadoras. Esto fue delineando las políticas formuladas alrededor del trabajo en casas particulares.
  3. En una clara oposición al posicionamiento neoliberal anterior (retomado más tarde, a partir del triunfo de la Alianza Cambiemos en las elecciones de 2015), en que el Estado quedaba relegado a cumplir un papel secundario, se plantea un enfoque de promoción del empleo, donde el eje estaría puesto en la mejora de las calificaciones de las y los trabajadores a través de diversas oportunidades de capacitación (cf. Rodríguez Nardelli, 2016).
  4. Para más detalles sobre las políticas públicas dirigidas al sector, véase Rodríguez Nardelli (2016).
  5. Además, a través de las diferentes acciones formativas también se buscó revalorizar el trabajo en casas particulares, a través de la desnaturalización de los conocimientos y prácticas que requiere, asociados en el sentido común a características femeninas, para comenzar a ser vinculados a “competencias técnico-profesionales”.
  6. Que según la OIT remite a un ingreso justo, seguridad en los lugares de trabajo y protección social.
  7. Comisión tripartita conformada por siete sindicatos del sector, dos entidades empleadoras –dos asociaciones civiles: el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), ya que representa a “las dueñas de casa”, y el EMTRACAP (Empleadores de Trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares)– y representantes del Estado nacional –con representantes de los Ministerios de Trabajo, de Economía y de Desarrollo Social–, esta comisión se conformó en septiembre de 2015, esto estaba previsto en el artículo 62 de la Ley 26844.
  8. Por ejemplo, la política de promoción de la registración laboral a través de la Ley 26063/2005 o de Recursos de la seguridad social; posibilitó la deducción del impuesto a quienes registraran a sus empleadas, llevando la cifra del 5% de trabajadoras registradas a más del 20% en una década (Cutuli, 2018).
  9. Fest, 12 de agosto de 2019, El Mundo; Burgueño, 12 de agosto 2020, Ámbito Financiero.
  10. “La nueva versión de ‘Pasaron cosas’. El decreto de control de cambios: texto completo de los considerandos”. Página 12, 1 de septiembre de 2019. “Macri termina con control de cambios”. Página 12, 1 de septiembre de 2019. “Crisis y restricciones. Control de cambios: cómo fueron los cuatro años de cepo en la era de Cristina Kirchner”. Clarín, 1 de septiembre de 2019.
  11. “Macri termina con control de cambios”. Página 12, 1 de septiembre de 2019. “El Gobierno nacional dispuso un control de cambios desde el lunes”. La Voz, 1 de septiembre de 2019. Hubo largas colas en los bancos de la city tras la apertura de los mercados”. Perfil, 2 de septiembre de 2019. Se puede consultar también: “Largas filas en los bancos e incertidumbre en el estreno del control de cambios en Mar del Plata”. La Capital, 2 de septiembre de 2019.
  12. Desde el Llano, programa emitido el lunes 2 de septiembre de 2019 en el Canal TN. Recorte recuperado de https://acortar.link/3iVFF6. Se puede consultar también: “Morales Solá, entre el cuco de los ladrones y la discriminación”. Página 12, 3 de septiembre de 2019. “Morales Solá tildó a las ‘mucamas’ y choferes de ladrones para advertir a los ahorristas”. Infocielo, 3 de septiembre de 2019, entre otros artículos. “Macri termina con control de cambios”. Página 12, 1 de septiembre de 2019.
  13. Analicé esta estigmatización del sector durante la primera mitad del siglo XX en la ponencia Las narrativas del reconocimiento: tango y comunidad”, de 2016.
  14. Las empleadas domésticas contra Morales Solá: “Robo es tener trabajadoras en negro”. Infonews, 4 de septiembre de 2019.
  15. Consultado el 20/12/2019, en https://acortar.link/wmHO7y.
  16. Las empleadas domésticas contra Morales Solá: “Robo es tener trabajadoras en negro”. Infonews, 4 de septiembre de 2019.


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