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2 Pandemia y protección social en Uruguay

Carmen Midaglia y Marcelo Castillo

2.1. Introducción

La pandemia mundial provocada por la covid-19 y sus consecuencias sociales pusieron de manifiesto la necesidad que tienen los países de disponer de políticas públicas capaces de responder a situaciones socioeconómicas y sanitarias complejas. En este escenario crítico, América Latina respondió con sus incompletos sistemas de protección recurriendo a las prestaciones sociales dirigidas a poblaciones vulnerables, generalmente insertas en el mercado informal de empleo. Estos sectores sociales han sido uno de los más afectados en su subsistencia, ya que las medidas de “aislamiento” comunitario adoptadas para controlar la propagación del virus puso en riesgo sus fuentes de ingreso cotidiano.

Durante los primeros años del siglo xxi, la región en su conjunto adoptó e institucionalizó un paquete amplio de políticas de asistencia, centradas en programas de transferencias monetarias, reforzados por un conjunto de bienes públicos que tendían a complementar estas intervenciones sociales (trabajo protegido, capacitación laboral, alfabetización, alimentación, entre otros). Estas prestaciones fueron un “sello político de época”, que trascendieron la orientación política de los gobiernos de turno; no obstante, se identificaron diferencias relativas a las contrapartidas establecidas para la recepción de la transferencia, así como los montos de los beneficios (Barba, 2019).

Estas nuevas políticas sociales se localizaron en entidades públicas, secretarías o ministerios, especializados en el tratamiento de diversas expresiones de la pobreza, que, en la mayoría de los casos, fueron dotados de sistemas de información sobre la población cubierta (atributos y condiciones socioeconómicas), y que además dispusieron de equipos técnicos de intervención social.

La profesionalización en el abordaje de las problemáticas de vulnerabilidad se inscribió en una “pauta democrática”, calificada por algunos analistas de transparencia en la distribución de estos bienes públicos (Prible, 2013; Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea, 2022), ya que el acceso a estos beneficios se orientó por criterios asociados a los niveles de pobreza y comunes entre las distintas regiones de un país, frenando la instalación de pautas particularistas en la obtención de estos bienes. Esta modalidad distributiva tendió a limitar las tradicionales prácticas clientelares en la provisión de políticas públicas hacia sectores vulnerables imperante en Latinoamérica (Garay, Palmer-Rubin y Poertner, 2020). Los mencionados sistemas de información parecían contribuir a ese propósito en la medida en que se constituyeron en potenciales mecanismos de accountability sobre la aplicación efectiva de las pautas de selectividad de los grupos de beneficiarios.

Estas protecciones sociales han tenido un efecto político-institucional relevante en la región, más allá de sus impactos socioeconómicos moderados en términos de pobreza y desigualdad (Valencia Lomelí, 2008; Holland y Schneider, 2017). La importancia de este componente de asistencia radicó en la inclusión a los sistemas de bienestar nacional de los sectores históricamente ajenos a la seguridad social, como la población pobre e informal laboralmente.

De ahí que este núcleo de prestaciones públicas haya sido considerado como una pieza estratégica para la integración social latinoamericana, en la medida que han contribuido en el proceso calificado de “segunda incorporación” ciudadana (Rossi y Silva, 2018)[1]. Por esta razón, algunos analistas entienden que esta dinámica de ampliación de bienestar de los últimos veinte años, con un ritmo regional peculiar de avances y frenos, puede constituirse en un indicador de la universalización de las protecciones, lo que supondría una primera instancia de aumento de cobertura, seguida de la mejora de la calidad de los servicios públicos (Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea, 2019, 2022).

La actual coyuntura crítica en el plano sanitario y socioeconómico podría favorecer el incremento de la provisión de bienes estatales, y los programas de asistencia tienen la posibilidad de transformarse en un eslabón permanente, facilitador de la incorporación de grupos sociales a los esquemas de bienestar latinoamericanos. No obstante, las políticas de austeridad económica y de recorte de la intervención estatal, asociadas al control del gasto público y déficit fiscal, son frenos a la consolidación y expansión de estas políticas inclusivas (Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea, 2022).

Sería apresurado adelantar el resultado provisorio de la tensión institucional entre retracción pública y ampliación de protecciones sociales, y seguramente este dilema político dependerá de un conjunto de factores domésticos vinculados con los legados de bienestar, la amplitud y el nivel de institucionalización de las políticas de asistencia, la relación entre gobierno y oposición política, entre otros.

El objetivo de este trabajo es analizar las protecciones sociales impulsadas en Uruguay en contexto de pandemia, identificando posibles innovaciones o ampliaciones de los dispositivos públicos existentes, así como la posibilidad de reforzar con un fuerte apoyo político-partidario las políticas inclusivas dirigidas a los sectores más desfavorecidos de la escala social.

Las fuentes de información en las que se respalda este artículo son secundarias, referidas a informes técnicos, memorias y rendición de cuentas del gobierno, documentos de programas sociales, notas periodísticas, entre las principales bases de datos.

2.2. El desarrollo y la institucionalización de la asistencia social en un esquema de bienestar de orientación universal

Uruguay es considerado uno de los Estados latinoamericanos que cuenta con un sistema maduro de bienestar social, de amplia cobertura, vinculado al mercado formal de empleo (Filgueira, 1998; Pribble, 2013). No obstante este legado de protección, el país desarrolló e institucionalizó bajo los gobiernos de izquierda (Frente Amplio, 2005-2020) un nuevo componente de políticas sociales enfocado hacia las poblaciones que, en la mayoría de los casos, no cuentan con las prestaciones de la seguridad social asociadas al trabajo formal.

El proceso de instalación y consolidación de estas protecciones de asistencia se acompañó con la creación de una nueva entidad estatal, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), encargado de organizar y proveer esta oferta pública, y simultáneamente coordinar sus intervenciones con las instituciones sectoriales que operan en el área pública de bienestar (Midaglia, Castillo y Fuentes, 2011). Por esta razón, el MIDES tuvo como una de las características organizativas distintivas la instalación de un conjunto de espacios encargados de la coordinación con el resto de las entidades estatales proveedoras de protecciones sociales (salud, trabajo, vivienda, etc.). Este rasgo particular de la estructura interna de ese ministerio parecía indicar que este núcleo de protecciones requería articulaciones con el conjunto del esquema de bienestar nacional, buscando moderar los vacíos de intervención pública, y a la vez corregir las históricas exclusiones de grupos poblacionales. En consecuencia, este grupo de prestaciones sociales se las denominó “inclusivas” (Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea, 2022), debido a que atienden las necesidades de aquellos sectores que disponen de limitado capital socioeconómico y generalmente carecen de voz pública para plantear sus demandas.

A pesar de la potencial función “correctiva” o “compensatoria” de esta oferta social en la región, este tipo de protecciones ha sido objeto de permanentes cuestionamientos políticos. Las críticas planteadas refieren a una amplia y variada gama de argumentos, desde aquellos que señalan la insuficiencia de estas intervenciones para modificar las situaciones de pobreza extrema hasta los que enfatizan los fundamentos del “merecimiento” de los ciudadanos que reciben estos bienes sociales.

Más allá de estos debates públicos, no hay lugar a dudas de que las políticas de asistencia adquirieron un reconocimiento político que se tradujo no solo en contar con un espacio institucional en el aparato del Estado (el MIDES), sino también en disponer de un renglón en el presupuesto nacional.

El periplo en la consagración de esta oferta pública y los sucesivos ajustes a la que fue sometida evidencian que estas prestaciones eran novedosas para la tradición de bienestar uruguaya (Baráibar, 2021). Los dispositivos de mayor envergadura política y financiera han sido, de manera similar a la mayoría de los países latinoamericanos, los programas de transferencias monetarias, los que adquirieron en el período de quince años diferentes nomenclaturas, diseños y encuadres programáticos y otra definición de sus objetivos y de la población beneficiaria (Midaglia y Villegas, 2018). En una primera etapa, las transferencias monetarias tuvieron una versión transitoria, el llamado “Ingreso Ciudadano del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social” (PANES, Ley n.° 17.869), vigente hasta fines de 2007. Esa iniciativa social se reconvirtió en un instrumento estable de protección que se mantiene hasta el presente, las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM, Ley n.º 18.227), y, para grupos de tercera edad, la denominada como “pensión asistencial”.

Estos programas de transferencias en sus distintas formulaciones fueron reforzados por otras prestaciones complementarias que pretendían facilitar procesos de inclusión social de los sectores vulnerables. En este marco, se promovieron diversas iniciativas sociales; entre las más destacadas, figuran las siguientes: la Tarjeta Uruguay Social (TUS), que consistió en una transferencia para la compra de alimentos dirigida a los hogares en situación de pobreza extrema; una propuesta socioeducativa de revinculación al sistema de enseñanza formal orientada a jóvenes pobres de entre 14 y 24 años de edad que no estudiaban ni trabajaban, denominada “Jóvenes en Red”; también, en el campo de la educación, se instrumentaron las iniciativas Maestros y Aulas Comunitarias; se desarrollaron líneas de trabajo protegido a través del programa Uruguay Trabaja y las Cooperativas Sociales; y se definió una estrategia de intervención llamada “Cercanías”, que buscaba facilitar el acceso de la población de extrema pobreza al conjunto de servicios sociales de que dispone el país (MIDES, 2007).

Además de las prestaciones enumeradas, estrechamente vinculadas a las transferencias monetarias, se impulsaron otras políticas sociales que tendían a completar la atención pública a los grupos en situación de pobreza, como fueron la iniciativa dirigida a la primera infancia Uruguay Crece Contigo (UCC), que abordaba las carencias de los hogares de los recién nacidos en riesgo sociosanitario, y el plan sociohabitacional Juntos (Midaglia y Tejera, 2016).

La diferencia político-institucional más importante de este nuevo núcleo de políticas de asistencia, constituido por un amplio paquete de programas públicos arriba enunciados, consistió en la incorporación de criterios técnicos para su distribución, lo que supuso la elaboración y aplicación de un índice de carencias críticas[2] para seleccionar a los beneficiarios, abandonando así la utilización de las clásicas pautas de “discrecionalidad” política en el reparto de estos bienes públicos.

Al igual que otros países latinoamericanos, la adopción de esta “transparente” estrategia distributiva de bienestar trajo aparejada la creación de sólidos sistemas de información pública sobre las características de la población elegible de esos programas, permitiendo conocer la integración de sus hogares y los déficits socioeconómicos, así como otro tipo de vulnerabilidades, lo que facilitaba la producción de conocimiento para definir intervenciones sociales respaldadas en evidencia empírica. La generación de datos sociodemográficos confiables y de renovación periódica también permitía la realización de rendiciones de “cuentas” públicas a la ciudadanía en general sobre el funcionamiento de esas prestaciones y su lógica de acceso (MIDES, 2015).

Cabe señalar que la instalación de este novedoso componente de asistencia social formó parte de una estrategia política de los gobiernos de izquierda, dirigida al fortalecimiento del sistema de bienestar en su conjunto, en un contexto de crecimiento económico, que se tradujo en una extensión moderada de la intervención estatal en materia de regulación y provisión de bienes sociales. En este marco se introdujeron modificaciones de magnitud significativa en dos arenas clásicas de políticas sociales, como la laboral y la de salud, las que, a su vez, fueron acompañadas por una reforma tributaria[3] que contribuyó a mejorar el patrón distributivo del país.

En materia laboral, se impulsaron serios cambios que tendieron a promover no solo los derechos laborales individuales, es decir, aquellos dirigidos a mejorar las condiciones de los trabajadores (salarios mínimos, beneficios complementarios, entre otros), sino también los colectivos (espacios de diálogo social, negociación colectiva, incentivos a la sindicalización, etc.) (Cook y Bazler, 2013). En esta última categoría de derechos, figuran la reinstalación de los consejos de salarios por rama de actividad, que en esa oportunidad ampliaron su cobertura, y fueron incorporados a esa esfera de las negociaciones de trabajo los empleados públicos, los rurales y las domésticas[4].

El sector de la salud, por su parte, también fue objeto de una profunda reforma, que tendió a reconfigurar el sector en términos de orientación sanitaria, financiamiento y roles de los agentes estatales especializados. Es así que se inauguró el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que consistió en centrar la atención en el nivel primario de salud y en materia de prevención, en mejorar la equidad del sector a través de un modelo solidario en financiamiento, inaugurando un Fondo Nacional de Salud (FONASA), en renovar la gestión y fortalecer los mecanismos de regulación mediante el desempeño de la función de rectoría por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) (Antía et al., 2013; Setaro, 2014; Fuentes, 2013, 2015; De Armas, 2017).

En el año 2020, el país comenzó a enfrentar la pandemia mundial y sus consecuencias socioeconómicas, con un Estado social que había potenciado sus prestaciones sociales tanto sectoriales como las de asistencia inclusivas, y bajo una nueva administración política a cargo de una coalición de orientación política de derecha, defensora de la limitación de la intervención estatal en diversas arenas de políticas públicas.

2.3. Las protecciones sociales en contexto de pandemia: extensiones, reformulaciones e innovaciones

A partir de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19, el gobierno nacional desplegó un conjunto de medidas para intentar evitar la propagación del virus y para mitigar el impacto socioeconómico que la pandemia podría ocasionar. A modo de síntesis, en el cuadro 2.1, se presentan las principales medidas sociales promovidas por el gobierno nacional destinadas a mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia[5].

Cuadro 2.1. Canastas de políticas de protección social. Síntesis de las principales políticas para mitigar el impacto socioeconómico del contexto generado por la covid-19

Medidas de reforzamiento de la arquitectura de protección social existente

  • Flexibilización del acceso al seguro desempleo
  • Flexibilización del acceso al seguro de enfermedad para personas de riesgo (mayores de 65 años), personas contagiadas con covid-19 y contactos estrechos
  • Mantenimiento de planes de apoyo alimentario ante la suspensión de presencialidad en centros educativos y de cuidados
  • Refuerzo de transferencias monetarias a poblaciones vulnerables (TUS y AFAM-PE)

Innovaciones en la arquitectura de protección social

  • Canastas de emergencia (apoyo alimentario destinado a sectores vulnerables, especialmente del sector informal)
  • Jornales solidarios (empleo temporario para población vulnerable)*

Otras medidas

  • Diferimiento o exoneración de pago de servicios y aportes laborales
  • Autorización de teletrabajo y establecimiento de horarios y jornadas laborales excepcionales
  • Suspensión temporal de corte de servicios básicos
  • Líneas de crédito para empresas (pequeñas y medianas fundamentalmente)
  • Subsidios especiales transitorios (por ejemplo, a monotributistas MIDES, artistas)

* Este programa contaba con antecedentes recientes en MIDES, por lo que podría considerarse una innovación parcial. Asimismo, en este programa, si bien cuenta con financiamiento central, las intendencias departamentales tienen una importante influencia en el diseño y la implementación.
Fuente: Bonapelch et al. (2022).

Los gobiernos departamentales también desplegaron iniciativas públicas destinadas a la atención de los impactos sociales producidos por la covid-19, pero no se dispone de información sistematizada hasta el momento, y por esa razón se optó por analizar las medidas sociales tomadas por el gobierno nacional.

2.3.1. Políticas de asistencia

En este tópico se detallan las iniciativas públicas impulsadas por el gobierno central que tendieron a reforzar el componente de asistencia durante la pandemia, prestando especial atención a la cobertura alcanzada.

  • Mantenimiento de planes de apoyo alimentario ante la suspensión de presencialidad en centros educativos y de cuidados

Un número importante de centros educativos se mantuvieron abiertos desde el primer día de la emergencia sanitaria para brindar alimentación a los niños. Además del apoyo alimentario, el mecanismo funcionó como un canal valioso para el envío de material educativo a los hogares (Unicef, 2020). Uruguay siguió la respuesta generalizada a nivel regional para reemplazar la alimentación en las escuelas por canastas de productos para preparar en el hogar.

  • Refuerzo de transferencias monetarias a poblaciones vulnerables (TUS y AFAM-PE).

Tal como se especificó, el país institucionalizó en gobiernos anteriores un conjunto de políticas de transferencias monetarias no contributivas, como la Tarjeta Uruguay Social (TUS) (MIDES) y las Asignaciones Familiares Plan de Equidad (Banco de Previsión Social, MIDES). Para cada una de esas transferencias, durante la pandemia, se llevaron a cabo cuatro duplicaciones. Mientras que, para el caso de TUS, las duplicaciones fueron para todos los beneficiarios, en el caso de las AFAM-PE se destinaron, únicamente, a los hogares que no recibían el beneficio de la TUS. A pesar de la emergencia sanitaria, social y económica, se registró una caída en la cobertura de la TUS, principalmente durante el segundo semestre del año 2020. Este descenso es contrario a la tendencia creciente observada durante el 2019. Algo similar ocurrió con las AFAM-PE, ya que se constató una disminución de la cobertura a partir de julio de 2020. Ambas tendencias se pueden observar en las gráficas que se presentan a continuación.

Gráfico 2.1. Cantidad de Tarjetas Uruguay Social y personas en hogares beneficiarios. Total en el país, octubre de 2019 y 2020

 

Fuente: MIDES, disponible en https://bit.ly/3SXNWyr.

Gráfico 2.2. Cantidad de hogares y beneficiarios de Asignaciones Familiares del Plan de Equidad. Total en el país, octubre de 2019 y 2020

Fuente: MIDES, disponible en https://bit.ly/3SUG8gV.

  • Canastas de Emergencia (apoyo alimentario destinado a sectores vulnerables, especialmente del sector informal)

Se trata de una nueva prestación del MIDES concebida como un dispositivo de respuesta a la emergencia sanitaria. Esta iniciativa buscó responder a las necesidades alimentarias básicas de personas y hogares no incluidos dentro del sistema de protección formal o atendidos por las políticas sociales de ese ministerio, fundamentalmente las transferencias monetarias no contributivas. En este sentido, para la selección de la población beneficiaria, se establecieron los siguientes criterios: personas mayores de edad que no registran ingresos en el sistema de seguridad social (Banco de Previsión Social, Caja Militar y Policial) y que no son titulares de TUS, AFAM-PE o el Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Para recibir el beneficio, debían inscribirse en un formulario electrónico, y, si eran seleccionadas, se les otorgaba un cupón mensual (de $1.200[6] hasta mayo de 2021 y $2.400 a partir de esta fecha[7]). Entre abril y diciembre de 2020, se registraron 539.879 postulaciones, 336.793 (62,3 %) de las cuales fueron aceptadas por cumplir con los criterios de focalización establecidos. A partir de la información sistematizada por Filgueira et al. (2021), desde junio de 2020 se observa una caída sistemática de esta prestación.

En el marco de esta prestación, una medida de escaso impacto fue el subsidio para monotributistas del MIDES. Se trató de un aporte de, aproximadamente, $6.000 pesos[8] durante cuatro meses. La intervención cubrió a unos 10.000 beneficiarios (Filgueira et al., 2021: 28).

  • Jornales solidarios (empleo temporario para población vulnerable)

El nombre oficial de este programa social es “Oportunidad Laboral”, y fue creado a través de la Ley n.° 19.952, de fecha 20 de mayo de 2021, con el objetivo de promover la inserción y reinserción en el mercado de trabajo. Esa iniciativa ofreció 15.000 cupos para personas en situación de desocupación forzosa, asignados por criterio territorial en todo el país. Según la normativa, los beneficiarios deben realizar tareas que aporten valor público a la sociedad, por las que reciben una transferencia en dinero. Se estableció que la duración del programa fuera de seis meses y se desarrollara de junio a noviembre del año 2021, pero, posteriormente, fue extendida hasta marzo de 2022. En la fundamentación de la normativa, se detalla:

Se entiende oportuno también establecer que la finalización del Programa Oportunidad Laboral no sea brusca, y sí con una prestación decreciente, como forma de procurar que los beneficiarios, al estar vinculados por más tiempo al Programa, cuenten con las habilidades laborales que les permitan dentro de un contexto de recuperación de los niveles de actividad en todo el país, insertarse en otra actividad de una manera permanente. Es por ello que se establece una prórroga por dos meses con las mismas condiciones preexistentes de prestación en dinero y cantidad de jornales por mes y otros dos meses con una reducción de la prestación en dinero y su correspondiente reducción de jornales[9]

No hay lugar a duda de que las acumulaciones institucionales en el campo de la asistencia, en términos de transferencias monetarias y de alimentación, permitieron ensayar respuestas inmediatas referidas a la extensión de cobertura y el refuerzo de esos dispositivos de protección. Las innovaciones que se agregaron en esta materia consistieron en medidas coyunturales, de menor envergadura en cobertura y beneficios que las ya consolidadas.

2.3.2. Políticas de seguridad social

En este ítem se detallan las medias adoptadas en el campo de la seguridad social y complementariamente aquellas de apoyo financiero de carácter excepcional.

  • Flexibilización del acceso al seguro desempleo

El seguro por desempleo se trata de un régimen de beneficios que cubre la contingencia del desempleo forzoso y comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros. En términos concretos, el subsidio consiste en una prestación mensual de dinero que se paga a todo trabajador formal comprendido por la ley que se encuentre en situación de desocupación no imputable a su voluntad o capacidad laboral. El régimen original determina que, para obtener el subsidio por desempleo, se requiere que el empleado haya trabajado como mínimo seis meses previos a configurarse la causal. Además, para acceder al beneficio, se requiere que los remunerados por día o por hora hayan computado 150 jornales, y, a los trabajadores con remuneración variable, se les exige haber percibido un umbral de seis salarios mínimos nacionales mensuales en el periodo comprendido[10].

Si bien el país posee un sistema robusto de seguridad social esencialmente en lo relativo al desempleo y la salud, con buenos niveles de cobertura, se agregaron nuevas medidas en el contexto de pandemia –específicamente a partir del mes de mayo–, relativas a atender el desempleo y las situaciones de ausentismo laboral producto de la crítica situación sanitaria. En el caso del desempleo, el gobierno nacional flexibilizó los mecanismos para acceder a la prestación ya que exigió menos meses de aportes o jornales realizados.

  • Flexibilización del acceso al seguro de enfermedad para personas de riesgo (mayores de 65 años), personas contagiadas con covid-19 y contactos estrechos

Con relación al subsidio por enfermedad, se estableció un régimen voluntario para las personas mayores de 65 años y se creó la causal de “subsidio por COVID-19” para quienes contrajeran la enfermedad o debieran aislarse preventivamente por contacto estrecho con un caso confirmado. Los seguros por desempleo y por enfermedad se prorrogaron a lo largo de 2020.

Durante ese año, la causal de suspensión de actividad fue la de mayor crecimiento para el acceso al seguro de desempleo. Paralelamente, se constata un aumento de la causal de reducción horaria y de los despidos, en menor cantidad que las otras causales. De acuerdo a lo señalado por Filgueira et al. (2021), estos movimientos evidencian que las modalidades más flexibles del subsidio de desempleo uruguayo permitieron sostener la mayor parte de la retracción de la actividad económica, evitando el quiebre de los vínculos contractuales.

Respecto al punto arriba mencionado, resulta importante realizar dos apreciaciones sobre la cobertura y el ritmo de la pandemia. Por un lado, en distintos momentos del año 2020, la cobertura por enfermedad duplicó a los beneficiarios registrados en 2019. Por otro, la cantidad de subsidios implementados posee una fuerte relación con la evolución de la cantidad de casos de covid-19 y las medidas públicas impulsadas por el gobierno –restricciones de movilidad–. Se constata que en 2020 se otorgaron 787.749 subsidios por desempleo más que en 2019 (en términos porcentuales, representa una variación del 144,71 %), y 161.036 subsidios por enfermedad en 2020, 44,36 % más que en 2019 (Filgueira et al., 2021). Una consideración a tener en cuenta en el análisis refiere a que cada ciudadano puede acceder a cada prestación durante varios meses; es por ello por lo que no debe confundirse la cantidad total de subsidios con la cantidad de personas, ya que una persona puede recibir más de una vez el subsidio.

  • Diferimiento o exoneración de pago de servicios y aportes laborales

Otra de las iniciativas que implementó la actual administración política fue la exoneración de aportes jubilatorios patronales a la seguridad social correspondientes al período entre el 1.° de julio y el 31 de octubre de 2021 (Ley n.° 19.989) para las actividades especialmente afectadas por la situación de emergencia sanitaria. Las actividades contempladas por la normativa fueron las siguientes: organización y realización de fiestas y eventos (con o sin locales); organización y realización de congresos o ferias nacionales e internacionales; agencias de viajes; transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones; remises; taxímetros; choferes de aplicaciones y arrendamiento de vehículos sin chofer; salas de cine, distribución cinematográfica y teatros; alojamiento y alimentación; artistas y actividades conexas no publicitarias; alquiler, servicio y soporte de equipos de filmación y prestación de servicios audiovisuales para eventos no publicitarios en general; educación deportiva y recreativa; administración de instalaciones deportivas y actividades de clubes deportivos. La exoneración de las empresas beneficiarias se ajustaba a los grupos de actividad de los consejos de salarios y las declaraciones constatadas en el Registro de Contribuyentes y Empresas[11].

Si bien el mercado de empleo se contrajo a lo largo de 2020, durante los primeros meses de 2021 se observa una mejora en los indicadores de calidad de los puestos de trabajo. En este sentido, disminuyó el volumen de trabajadores subempleados e informales. Asimismo, se constata un aumento del porcentaje de ocupados que no registran restricciones (realizan aportes a la seguridad social y no están subempleados). Específicamente, los contratos laborales formales habilitan a los trabajadores y las empresas a solicitar y utilizar los mecanismos previstos por la normativa detallada anteriormente para mantener el vínculo laboral sin que se encontraran trabajando (Filgueira et al., 2021).

Gráfico 2.3. Evolución mensual del porcentaje de ocupados trabajando y ausentes. Total en el país, de enero de 2020 a abril de 2021

Fuente: Filgueira et al. (2021: 27).

  • Autorización de teletrabajo y establecimiento de horarios y jornadas laborales excepcionales

Otra de las medidas adoptadas fue la autorización del teletrabajo y el establecimiento de horarios y jornadas laborales excepcionales. Específicamente, la reglamentación del teletrabajo se comenzó a tratar a comienzos del año 2020 luego de declararse la emergencia sanitaria y que el gobierno exhortara a las empresas a comenzar con la modalidad de “teletrabajo” para disminuir al mínimo la circulación comunitaria. La iniciativa, que provino del Partido Colorado integrante de la Coalición Multicolor, fue aprobada en agosto de 2021 en modalidad de ley que regula el teletrabajo en Uruguay.

La normativa señala que el teletrabajo es de aplicación en aquellas relaciones laborales en régimen de subordinación y dependencia –siempre que el empleador sea una persona privada o de derecho público no estatal–. Para acceder a esta modalidad, el empleador y el trabajador deberán realizar un contrato por escrito donde se explicite la selección de esta modalidad, así como el lugar desde donde se realizará la actividad laboral. Algunos de los beneficios identificados de esta forma de trabajo son la reducción de costos operativos para el empleador y de los costos (tiempo y dinero) vinculados al traslado, la disminución de la conflictividad laboral, y el descenso del ausentismo laboral[12].

  • Exhortación a la suspensión temporal de corte de servicios básicos

Mediante el decreto 119/020 del día 13 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo exhortó a Usinas Telefónicas del Estado (UTE) a suspender los cortes de suministros de energía eléctrica a los usuarios de planes generales y residenciales hasta el día 13 de abril de 2020[13]. Hasta el momento no se dispone de datos de cuánto se evitó con esta exhortación.

  • Líneas de crédito para empresas (pequeñas y medianas fundamentalmente)

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) desarrolló una herramienta para empresas afectadas por el covid-19. Se trata de una plataforma informática que brinda información y opciones de apoyo adecuadas a cada empresa. También se creó el Programa de Crédito Dirigido como un apoyo financiero a mipymes a través de créditos para el capital de trabajo, plazos de pago mayores, menores tasas de interés y período de gracia prolongados.

El Banco Central del Uruguay (BCU) aplicó la extensión del vencimiento de créditos, que autorizó a las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros y administradoras de crédito de mayores activos a extender los plazos de vencimiento de los créditos al Sector No Financiero, en acuerdo con los clientes, por 180 días. Como fue mencionado, el Banco de Previsión Social (BPS) promovió el aplazamiento de aportes para diferir el pago de los monotributistas y los aportes de dueños y socios de sociedades personales para abril y mayo de 2020.

También el BROU lanzó los créditos productivos destinados a pequeñas y medianas empresas en condiciones más flexibles y los préstamos a empresas que suponen la postergación del vencimiento de capital e intereses para empresas con deudas menores a USD 200.000 (o su equivalente en moneda nacional).

La Dirección General Impositiva (DGI) promovió la postergación de pago, que defirió el pago de IVA mínimo para los meses de marzo y abril de 2020, que se abonarían en seis cuotas iguales a partir de mayo. Se prorrogaron los vencimientos y se crearon nuevos servicios en línea a fin de establecer más facilidades para garantizar la seguridad de los contribuyentes.

  • Subsidios especiales transitorios (por ejemplo, a monotributistas MIDES, artistas, etc.)

ANDE implementó una ayuda monetaria a cuentapropistas de sectores más afectados por la pandemia. Los subsidios –de $7.305[14] mensuales durante tres meses– fueron a los monotributistas MIDES y a cuentapropistas de otros sectores tales como artistas, autores, guías turísticos, DJ, fotógrafos, sonidistas, profesores de gimnasia, entre otros.

El legado de bienestar de que disponía el país, potenciado en los últimos quince años, posibilitó introducir flexibilizaciones que se ajustaban a las circunstancias de excepcionalidad socioeconómica y sanitaria que atravesaba el país. De ahí que la flexibilización del seguro de desempleo se transformara en una protección esencial, que permitió a los trabajadores formales acatar las medidas de aislamiento comunitario y simultáneamente mantener ingresos y el puesto de trabajo.

El resto de las medidas económico-financieras han sido políticas recurrentes y, en algún sentido, típicas en los países occidentales, dirigidas a mantener en la actual coyuntura una mínima actividad económica y amparos sociales básicos.

2.3.3. Inversión agregada

La mayor parte de los programas instrumentados fue sostenida por el Fondo Solidario COVID-19, que se creó mediante la Ley 19.874. El financiamiento de ese fondo se respaldó en el Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19, que estableció un gravamen durante dos meses a los salarios de funcionarios públicos con sueldos líquidos superiores a los 80.000 pesos[15]. El gravamen establecía una escala de descuento de los aportes de 5, 10, 15 y 20 % según los ingresos nominales percibidos, es decir, a mayores ingresos, más porcentaje de descuento. El impuesto abarcó a unos 15.000 funcionarios públicos de la administración central, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados, pero además se incluyó a las personas con cargos políticos electos o designados, a quienes se les aplicó el porcentaje mayor de descuento del sueldo nominal.

Asimismo, el Fondo Coronavirus recibe aporte de las utilidades del Banco República, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de empresas públicas, préstamos internacionales y recortes a las partidas destinadas a gastos para la compra de prensa del Poder Legislativo.

En el año 2020, el total de recursos que se destinaron a los gastos de la pandemia provienen de dos fuentes principales de financiamiento: 711 millones de dólares del Fondo Coronavirus y 506 millones de dólares provenientes del sistema de Garantías (SIGA) (Filgueira et al., 2021). Si algún organismo público compra algún insumo, material o servicio ligado al covid-19 y lo imputa como gasto en este rubro, entonces recién ahí este fondo de garantía computa el monto efectivamente gastado. Es por ello por lo que, para estimar el monto efectivamente destinado a gastos por covid-19 de este sistema de garantías, hay que ver cuánto efectivamente se imputa al final del período en el que rige el sistema. De esos montos totales, durante el año 2020, se utilizaron los 711 millones de dólares como gasto total directo, lo que representó un 1,3 % del producto bruto interno en gasto de apoyo al sector productivo y a los hogares para paliar las consecuencias de la pandemia.

Respecto a los gastos realizados a partir de este fondo, el 20 % del total (144 millones de dólares) (Filgueira et al., 2021) corresponde a las medidas que llevó adelante el MIDES, en particular las referidas a las TUS, AFAM-PE, canastas de emergencia y del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), y el subsidio del monotributo social, entre las principales. Las medidas de corte sanitario representaron un 7 % del total, básicamente gastos en estudios de diagnóstico, compra de insumos y medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) (Filgueira et al., 2021).

El dispositivo que implicó el mayor aporte de gasto público del fondo fue el aumento destinado a cubrir el seguro de desempleo, que ascendió a 238 millones de dólares, un 33 % del total del Fondo Coronavirus. Otra de las medidas de gran impacto en el gasto fue la exoneración de aportes personales y patronales para trabajadores y diferentes modalidades de empresas, que implicó un gasto de 213 millones de dólares.

Esos fueron algunos de los principales gastos que se financiaron con el Fondo Coronavirus, pero el cuadro que se presenta a continuación muestra un mayor desglose de los gastos al 31/12/2020, fecha para la que se dispone de información precisa.

Cuadro 2.2 Gastos del Fondo COVID al 31/12/2020

Millones de USD

% del PIB

Medidas MIDES

144

0,3

Medidas salud

48

0,1

Licencia de la construcción

17

0

Seguro de enfermedad

26

0

Seguro de desempleo

238

0,4

Resignación de aportes

213

0,4

Otros insumos

25

0

Egresos del Fondo Coronavirus

711

1,3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, presentación de la ministra “Balance y perspectivas macroeconómicas del Uruguay”, tomado de Filgueira et al. (2021: 25).

Como se puede apreciar, la inversión realizada para contener los impactos socioeconómicos de la pandemia fue escasa considerando que apenas alcanzó el 1,3 % del PBI. Dada esa inversión, parece razonable suponer que el país se apoyó fuertemente en las capacidades heredadas de la matriz de protección social y, concomitantemente, en las políticas desarrolladas previamente. No obstante, Uruguay fue, según las proyecciones realizadas, el país que más impacto tuvo en términos de aumento relativo de la pobreza, incluso si solo se considera el primer año de la pandemia, como lo muestra el siguiente gráfico.

Gráfico 2.4. América Latina (17 países), aumento relativo de la pobreza (en porcentaje de la pobreza de 2019)

Fuente: Filgueira et al. (2020: 29).

2.4. Consideraciones finales

En Uruguay comenzó a propagarse la pandemia simultáneamente a la asunción del nuevo gobierno a cargo de una coalición de derecha política, luego de quince años de administraciones de orientación de izquierda (Frente Amplio), y en un escenario de desaceleración económica.

El país, entre los años 2005 y 2020, había instrumentado un conjunto de reformas sociales y económico-financieras de envergadura (laborales, de salud, de asistencia y tributarias, entre las principales) que tendieron, por una parte, a reforzar la histórica matriz de bienestar y, por otra, a incorporar en el esquema de protección los estratos sociales vulnerables y excluidos.

Ante la coyuntura crítica que generó la pandemia, el nuevo gobierno respondió con la acumulación de bienestar de que disponía la nación, ya sea mediante la ampliación de la cobertura, la duplicación de beneficios o la flexibilización del acceso a las prestaciones públicas institucionalizadas. En este plano se ubica el refuerzo a las políticas de transferencias monetarias, incluyendo también en ese paquete las apoyaturas en alimentación y la flexibilización del seguro de desempleo, entre otras.

Las nuevas medidas sociales y financieras aprobadas para aliviar la disminución de recursos de los hogares uruguayos fueron muy limitadas y coyunturales, y aún no se dispone de información precisa de sus coberturas e impactos socioeconómicos. No obstante, parece plausible interpretar que estas prestaciones públicas (sociales y financieras) fueron diseñadas para operar en un período temporal acotado y que no se prevé su reconversión futura.

La escasa inversión social que realizó el actual gobierno para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia y frenar el incremento en los niveles de pobreza pone de manifiesto que el “acumulado de bienestar” fue la pieza clave que evitó un mayor deterioro social. Ese acumulado de bienestar se traduce en la mejora de los derechos laborales individuales y colectivos y de la provisión de servicios de salud y en la institucionalización de las políticas de asistencia gestadas en los gobiernos anteriores.

El caso uruguayo ilustra una vez más que los impactos de las protecciones sociales trascienden su fase de creación y que sus beneficios no se limitan a la prestación en sí misma, sino que se consisten en disponer de instrumentos que permitan abordar problemáticas sociales agudas como la provocada por la pandemia.

2.5. Anexo. Medidas implementadas por el gobierno uruguayo desde marzo de 2020 contra la covid-19[16]

Educación

Medida

Fecha

Suspensión de actividades por 14 días en la Biblioteca Nacional y en museos. El Registro del Estado Civil realizaría casamientos solamente con los contrayentes y testigos.

14/03/2020.

Suspensión de clases por 14 días en todos los niveles educativos, públicos y privados, y organización de un mecanismo que garantizase la alimentación diaria a los estudiantes que asisten a centros donde almuerzan. Esto incluyó el no control de asistencia para evitar la incidencia que podía generar en la aprobación del año lectivo.

14/03/2020.

Prórroga de la suspensión de las clases hasta después de la Semana de Turismo.

19/03/2020.

Instrumentación de un mecanismo diferente de alimentación para escolares durante la Semana de Turismo. Por primera vez, recibieron este beneficio en una semana de asueto. Durante esos días, en lugar de que los más de 71.700 niños comprendidos recibieran las bandejas con un almuerzo balanceado que se venían entregando, sus familias accederían a una partida económica extra si percibían asignaciones familiares o tickets de alimentación en el resto de los casos.

1/04/2020.

Disposición de retomar las clases en 973 escuelas rurales de Uruguay el miércoles 22 de abril, con asistencia voluntaria de los alumnos. La medida no se aplicaría en los departamentos de Canelones y Montevideo. La decisión se basó en la evaluación de datos de situaciones sanitarias y geográficas, así como en el tipo de educación que reciben estos alumnos.

8/04/2020.

Entrega a unos 1.500 maestros y auxiliares de las escuelas rurales de mascarillas, guantes descartables y el alcohol en gel que necesitasen para asegurar las condiciones de higiene en las aulas.

10/04/2020.

Anuncio de suspensión del reinicio presencial de las clases previsto para el 1.º y el 15 de junio en la ciudad de Rivera.

25/05/2020.

Anuncio de retorno presencial y voluntario a las clases, por etapas, a partir del 1.° de junio. Los docentes y directores de los centros regresarían a partir del 25 de mayo.

25/05/2020.

Suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos en Treinta y Tres hasta el viernes 3 de julio.

22/06/2020.

Reanudación, a partir del miércoles 8 de julio, de actividades presenciales en las escuelas artísticas del Sodre, las dependientes de las intendencias departamentales y las academias privadas. Sería a escala nacional, a excepción del departamento de Treinta y Tres.

26/06/2020.

Confirmación de la fecha de las vacaciones de invierno para educación primaria, secundaria y técnico-profesional. Serían desde el 20 de julio hasta el 2 de agosto. ​

3/07/2020.

Ampliación de días y horarios de clases presenciales en educación primaria, secundaria y técnica, a partir del 3 de agosto.

10/07/2020.

Obligatoriedad de asistencia a clases de primaria, en todo el país, a partir del 13 de octubre.

08/10/2020. 

Suspensión por 30 días de la obligatoriedad de asistencia a clases de primaria, en la ciudad de Rivera.

21/10/2020.

Suspensión de fiestas de fin de curso en centros educativos de todo el país.

1/12/2020.

Exhortación a las instituciones de educación superior a limitar la presencialidad a las actividades de práctica y laboratorio.

16/03/2021.

Suspensión de la obligatoriedad en todo el país y en todo el sistema educativo entre el 17 de marzo y fin de Semana de Turismo. Se autorizaba a suspender la presencialidad en instituciones educativas de otras ciudades y regiones (exceptuando a Rivera), a solicitud fundada de los centros coordinadores de emergencias departamentales (CECOED). Esta medida requería de una resolución expresa del Consejo Directivo Central (CODICEN) en consulta con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). En aquellos lugares en que se suspendiera la presencialidad, se garantizaba la continuidad del servicio de alimentación, cuando existiera.

16/03/2021.

Suspensión de la presencialidad en la educación media (secundaria y UTU) en Rivera. Esta medida rigió desde el 17 de marzo hasta el domingo 4 de abril.

16/03/2021.

Suspensión, por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), de la presencialidad en la educación media (secundaria y técnico-profesional) en las ciudades de Fray Bentos (Río Negro) y de Artigas, a partir del lunes 22 y hasta el sábado 27 de marzo inclusive. La decisión tuvo en cuenta las notas recibidas por parte de los CECOED de ambos departamentos.

19/03/2021.

Suspensión de la educación presencial en todos los niveles de la enseñanza hasta Semana de Turismo inclusive. El regreso posterior a la presencialidad será progresivo, empezando por la educación inicial.

23/03/2021.

Extensión, hasta el viernes 9 de abril, de las clases presenciales en los centros educativos públicos y privados de todo el país, incluyendo CAIF, centros juveniles, clubes de niños y centros privados de primera infancia.

30/03/2021.

Regreso a las clases presenciales de forma gradual a partir del lunes 3 de mayo. Ese día se comenzó con la reapertura de escuelas rurales a cargo de un único maestro. El 10 de mayo, volverían a las aulas los niños de entre 0 y 5 años, y una semana después, el martes 18, retomarían la presencialidad todos los alumnos de primero a tercero de escuela, menos los de Canelones y Montevideo.

28/04/2021.

Fuente: elaboración propia a partir de Presidencia de la República: bit.ly/3zXGF9C.

Salud

Medida

Fecha

Exhortación a extremar las medidas de higiene personal, como el lavado de manos, a mantenerse lejos de las personas que tosan o estornuden y a que quien lo haga se cubra. Consulta con médico a domicilio ante la constatación de síntomas, en especial en casos de personas que hubieran estado en contacto con quienes padecieron este tipo de afecciones, y exhortación a evitar las grandes aglomeraciones.

13/03/2020.

Extensión de horarios de trabajo del Laboratorio de Virología del Ministerio de Salud Pública (MSP), donde se analizan las muestras. Definición de guardias los fines de semana.

14/03/2020.

Acciones para asegurar a la población la disponibilidad de alcohol en gel necesaria para toda la demanda, para lo cual se reactivó la planta de producción de ANCAP en Paysandú.

15/03/2020.

Instrumentación de una aplicación para celulares. Las personas accederían a una georreferenciación de los casos y recibirían un alerta cuando estuvieran cerca de una zona de riesgo.

15/03/2020.

Instrumentación de un chatbot para evacuar consultas a través del dominio Coronavirus.uy.

15/03/2020.

Puesta en funcionamiento, sin costo, del servicio telefónico 0800 1919 mediante todas las empresas de telefonía. La atención, durante las 24 horas, está a cargo de personal especializado y médicos.

15/03/2020.

Centralización de la información de los laboratorios públicos y privados, con el objetivo de contar con la de todos los casos a estudio y positivos en el país. Además, se instruyó al laboratorio central del MSP para que interactúe con la Universidad de la República (Udelar), la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur como soporte para esta etapa de diagnóstico.

16/03/2020.

Solicitud de apoyo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la adquisición de materiales para la protección del personal de salud y kits de diagnóstico, los que ya fueron donados por la institución y se encuentran a disposición del país como reserva de contingencia, en caso de necesitarse.

17/03/2020.

Definición de asegurar como prioridad los recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria nacional, lo que incluye el financiamiento de la compra de insumos para el Ministerio de Salud Pública (MSP).

18/03/2020.

Cobertura a domicilio para los pacientes con sospecha de infección por coronavirus y sus familiares, mediante la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) o los prestadores privados del interior del país.

18/03/2020.

Desarrollo del protocolo de actuación para todas las personas que estaban en refugios y especialmente para las personas mayores.

19/03/2020.

Exhortación a proseguir con las medidas de aislamiento.

19/03/2020.

Presentación de la aplicación Coronavirus.uy, que estaría disponible para teléfonos Android e IOS y permitiría conectar a los ciudadanos con posibles síntomas de covid-19 con los prestadores de salud, a fin de reducir los tiempos de espera en consultas y atención ante la emergencia sanitaria.

20/03/2020.

Acuerdo entre los ministerios de Salud, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional para un protocolo de cordón sanitario a fin de evacuar personas que se encontraban en el puerto de Montevideo y se debían desplazar al aeropuerto internacional de Carrasco por razones humanitarias.

20/03/2020.

Aprobación de un protocolo de protección para el personal y los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, en acuerdo entre el MSP, el Comité de Gestión Intersectorial de Salud con referentes del PIT-CNT, gremios de la salud, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), prestadores privados y emergencias móviles y la cámara de emergencias prehospitalarias.

20/03/2020.

Trabajo en conjunto de investigadores de las facultades de Ciencias y de Medicina, el Hospital de Clínicas de la Udelar y el Instituto Pasteur para el desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular para detectar covid-19, que, en acuerdo con el MSP, servirían para la detección de casos de coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes con sospecha de contagio de la enfermedad.

20/03/2020.

Apertura de un llamado de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para el desarrollo y la elaboración de un kit de diagnóstico de covid-19 en plazo corto, con financiación de hasta el 80 % del proyecto, por un monto máximo de 6 millones de pesos uruguayos.

20/03/2020.

Habilitación por parte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de dos cuentas (CC $ 1556713-30 y CC US$ 1556713-29) en el Banco República, para la gestión de donaciones destinadas a la compra de instrumental médico y sanitario.

20/03/2020.

Acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay para priorizar la atención a las personas mayores de 65 años en el horario de 08:30 a 10:00, como forma de evitar las aglomeraciones y prevenir el contagio en este conjunto de la población.

24/03/2020.

Exhortación a personas mayores de 65 años a cumplir con la cuarentena preventiva. Esto implicaría que 7.774 funcionarios públicos (de la Administración Central, servicios descentralizados e intendencias departamentales) debieran permanecer en sus hogares. Para 17.000 trabajadores dependientes en la actividad privada, mayores de 65 años, de las ramas industria y comercio, construcción, rural y servicio doméstico, se generarían mecanismos de subsidio por enfermedad y se les reiteraría la exhortación a cumplir con la recomendación.

24/03/2020.

Envío al Parlamento de un proyecto de ley para incluir a la covid-19 como enfermedad profesional por 45 días. Esto posibilitaría la cobertura con seguro por enfermedad a trabajadores dependientes, médicos y no médicos del sector privado que se contagiasen.

24/03/2020.

Anuncio de la conformación del Fondo Coronavirus, que estaría compuesto por el aporte, durante dos meses, de salarios de funcionarios públicos con sueldos líquidos superiores a 80.000 pesos, a los cuales se les realizaría un descuento, en una escala de 5, 10 y 20 %, según los nominales percibidos. La medida abarcaría a unos 15.000 funcionarios que prestasen servicios personales al Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. También aportarían personas con cargos políticos electos y designados, legisladores, intendentes, ministros, subsecretarios y cargos de confianza, a quienes se les aplicaría un descuento del 20 % al sueldo nominal. Contribuirían las empresas públicas y los bancos estatales y se dispondría de los recursos obtenidos por préstamos con organismos multilaterales de crédito y de las partidas de prensa del Parlamento.

27/03/2020.

Anuncio de una campaña de sensibilización, nuevos protocolos para el personal de la salud, compra de tobilleras electrónicas y mayor coordinación con el Poder Judicial, a fin de evitar casos de violencia de género o intrafamiliar durante el período de aislamiento por la emergencia sanitaria. Ampliación de cupos para madres que, por disposición de la Justicia, debieran abandonar sus hogares, y diseño de un sistema para que los niños, mediante el Plan Ceibal, pudieran solicitar ayuda. Se decidió convocar al consejo consultivo en materia de violencia de género.

28/03/2020.

Nueva exhortación a no abandonar las viviendas sin una necesidad específica ni trasladarse hacia otras localidades durante la Semana de Turismo, a fin de evitar la propagación del virus a los departamentos a los que aún no había afectado.

1/04/2020.

Extensión de la cobertura del Banco de Seguros del Estado a todos los médicos del país.

2/04/2020.

Generación de un programa específico para que funcionarios públicos se desempeñasen como voluntarios en distintas acciones que coordinó el Ministerio de Salud Pública. El plan, elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), permitiría que los trabajadores colaborasen en llevar los medicamentos a personas mayores que vivieran solas o que no lo pudieran hacer por sus propios medios.

4/04/2020.

Nueva convocatoria del gobierno a mantener el pacto ciudadano de solidaridad, generosidad y aislamiento social para mantener la situación como hasta el momento.

8/04/2020.

Creación de un grupo de alto nivel para evaluar las distintas medidas aplicadas hasta ese momento por el gobierno, integrado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, el matemático Fernando Paganini, el bioquímico Rafael Radi y el gastroenterólogo Henry Cohen.

17/04/2020.

Trabajo conjunto del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), el Ministerio de Salud Pública y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza para el diseño de un protocolo sanitario a fin de abordar, con los máximos criterios sanitarios, la reanudación de los cursos lectivos.

17/04/2020.

Elaboración, por parte del Ministerio de Salud Pública y los gremios médicos, de un protocolo para restablecer las consultas de los pacientes, incluidos los controles a embarazadas.

17/04/2020.

Uso obligatorio de tapabocas, a partir del viernes 24, para el personal y los clientes de comercios instalados en grandes superficies y lugares cerrados donde haya alimentos, en acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay. Desde el lunes 27, también sería obligatorio para el ingreso a locales de las redes de cobranzas, pagos y demás servicios financieros.

23/04/2020.

Amparo para los trabajadores médicos y no médicos certificados y en cuarentena en sus casas con el seguro de enfermedad durante los primeros tres días de inactividad.

23/04/2020.

Coordinación de la fiscalización de los centros de larga estadía para personas adultas mayores por parte de los ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social.

26/04/2020.

Control directo y permanente a usuarios y empleados de hogares de ancianos, por parte de una comisión integrada por prestadores públicos y privados de salud.

26/04/2020.

Anuncio de visitas del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, a Artigas y Bella Unión, el miércoles 6. Posteriormente, recorrerían Río Branco y Chuy. El objetivo era ajustar protocolos y coordinar acciones con el sistema de salud de Brasil.

5/05/2020.

Aumento de los controles sanitarios en pasos de frontera con Brasil y en caminos secundarios utilizados como atajos para eludir los controles formales. Realización de muestreos, implementación del uso de tapabocas y de distanciamiento, entendiendo la particularidad de las ciudades binacionales.

5/05/2020.

Realización de unos 1.100 test aleatorios en Rivera, a partir del lunes 25, para detectar posibles casos de coronavirus, y ampliación del número de camas de cuidados intensivos en la ciudad capital. También se aumentarían los servicios sanitarios, con la incorporación de dos ambulancias, una de las cuales trasladaría exclusivamente a pacientes con covid-19. En total, ASSE dispondría de cinco vehículos.

25/05/2020.

Inspección en establecimientos comerciales y el transporte público del departamento de Rivera de las medidas de higiene, el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

25/05/2020.

Práctica de hisopados aleatorios, en coordinación entre el MSP, ASSE y el sistema mutual privado, para totalizar un número cercano a los 1.000, en el departamento de Treinta y Tres, a fin de evaluar la circulación viral.

22/06/2020.

Realización de hisopados a todos los contactos ese día en cuarentena en Treinta y Tres y a todo el personal de la salud y los pacientes internados.

22/06/2020.

Refuerzo de las medidas de higiene, permanencia lo más posible dentro las casas. Si se debía salir, se debía usar siempre tapabocas y respetar el distanciamiento físico sostenido (DFS) de dos metros.

22/06/2020.

Sesión permanente del CECOED, en coordinación con el gobierno nacional, así como evaluaciones periódicas de la evolución del brote epidémico en el departamento de Treinta y Tres.

22/06/2020.

Realización de hisopados obligatorios para todas las personas que fueran internadas en centros de salud de Montevideo y Canelones.

21/07/2020.

Aprobación por parte del Ministerio de Salud Pública de una nueva técnica, elaborada por el Institut Pasteur, para detectar covid-19 en 45 minutos.

1/09/2020.

Salud Pública profundizó medidas sanitarias en Rivera por rebrote de casos de covid-19. Entre ellas, el uso de mascarilla obligatorio en los centros asistenciales y para todos los estudios, restricción del número de acompañantes en posoperatorios o partos, de las cirugías que no fueran urgentes, prohibición de realizar fiestas privadas y participar de aglomeraciones, ante lo cual se dispondrían sanciones económicas.

21/10/2020.

Entre el 2 y el 18 de diciembre, se realizaría un control estricto de fiestas autorizadas por protocolo vigente. Su incumplimiento habilitaría una sanción económica de dos Unidades Reajustables (UR) por cada persona que permaneciera en el local. En caso de tratarse de fiestas no protocolizadas, además de la sanción económica, se agregaría la denuncia penal correspondiente.

1/12/2020.

Entre el 2 y el 18 de diciembre, los bares y restaurantes deberían cerrar sus puertas a las 00.00 h y, en caso de incumplimiento, recibirían sanciones económicas.

1/12/2020.

Se recomendó mantener reuniones sociales reducidas, con medidas de distanciamiento, máscara facial y ventilación, de no más de dos horas de duración. También se exhortó a evitar todo tipo aglomeraciones en espacios públicos.

1/12/2020.

En caso de sospecha de contacto con una persona con covid-19, se recomendó realizar cuarentena voluntaria y solicitar atención médica.

1/12/2020.

El gobierno, en conjunto con las intendencias y el Congreso de Intendentes, trabajaría en la concreción de medidas para evitar las aglomeraciones en las ferias tradicionales.

16/12/2020.

Con base en el asesoramiento técnico recibido, se dispuso que las reuniones privadas no podrían superar las diez personas, haciendo prevalecer el concepto de “burbuja”.

16/12/2020.

Se sancionaría a los lugares comerciales y de trabajo que incumplieran los cuidados sanitarios, pudiendo llegar a su clausura preventiva.

6/01/2021.

Se reforzaría el número de testeos en Montevideo, Canelones y Rivera.

6/01/2021.

El sábado 27 llegarían 80 respiradores nuevos de 150 comprados por el MSP.

23/03/2021.

En un trabajo coordinado por el MSP y ASSE, se aumentaría en 129 las camas de CTI y se dispondría de 71 unidades respiratorias agudas y 64 camas de cuidados moderados.

23/03/2021.

A partir del 17 de mayo, se retomarían progresivamente las consultas presenciales y las cirugías coordinadas.

4/05/2021.

Regreso pleno a la presencialidad en las consultas médicas, a partir del 15 de julio, y de las cirugías programadas que fueron pospuestas, desde el 1.° de agosto.

29/06/2021.

Fuente: elaboración propia a partir de Presidencia de la República: bit.ly/3AiOng2.

Nivel de vida, vivienda y entorno

Medida

Fecha

Prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros.

13/03/2020.

Publicación por parte del Área de Defensa del Consumidor de los precios de distintos productos de higiene a la venta. Se elaboraría una lista similar de productos que podrían ser importados sin gravámenes, según lo previsto en el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, en el marco del decreto de emergencia sanitaria, con el fin de evitar la especulación.

15/03/2020.

Disposición del traslado de 35 personas mayores en situación de calle a refugios, de forma permanente.

19/03/2020.

Refuerzo del saldo disponible en las 86.000 tarjetas de alimentación, que alcanzaban un universo de 400.000 personas.

20/03/2020.

Prórroga por parte del Congreso de Intendentes del vencimiento de la cuota de patente de vehículos para el 20 de abril y la de la contribución rural para el 30 del mismo mes.

20/03/2020.

Implementación, en acuerdo con la Cámara de Transportes del Uruguay, de un protocolo de higiene para ómnibus metropolitanos, interdepartamentales, taxis, remises y coches escolares.

20/03/2020.

Transferencia de 1.000 millones de pesos desde el Ministerio de Economía y Finanzas al de Desarrollo Social para la ampliación del horario y la creación de nuevos refugios para personas en situación de calle, el fortalecimiento de los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el reforzamiento de los montos de la Tarjeta Uruguay Social (TAS).

20/03/2020.

Servicio de roaming de ANTEL sin costo a partir del domingo 22 de marzo para uruguayos que se encontraban varados en el exterior.

21/03/2020.

Ampliación, a partir del jueves 26 de marzo, de las líneas del 0800 7263 mediante un servicio de ANTEL, con el fin de atender a todas las personas que solicitasen algún tipo de ayuda alimenticia.

24/03/2020.

Duplicación de la cantidad de alimentos destinados a los comedores municipales del interior del país y de las canastas para las oficinas territoriales, ambas acciones a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

24/03/2020.

Ampliación del número de refugios para ubicar a las personas en situación de calle mayores de 65 años, que conforman el núcleo de ciudadanos de alto riesgo sanitario. Podrían permanecer allí todo el día.

24/03/2020.

Extensión del beneficio de acceso a Internet a 120.000 servicios del plan Universal Hogares, sin costo. Durante el mes de abril, accederían a una recarga de 50 gigabytes gratuitos para estimular la permanencia en los domicilios.

24/03/2020.

Ampliación del acceso a canastas alimenticias que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y aumento de las asignaciones familiares.

26/03/2020.

Entrega de canastas de alimentos en abril y mayo para 118.000 hogares con asignaciones familiares del Plan de Equidad, complementarias de las brindadas por las intendencias de Montevideo y Canelones. Ampliación de dicha prestación para trabajadores informales no registrados en el sistema, para lo cual deberían comunicarse al número 0800 7263 y, a partir del miércoles 1.º de abril, ingresando a la página web.

27/03/2020.

Disminución de frecuencias del transporte urbano de pasajeros los sábados y domingos.

27/03/2020.

Exhortación a no transitar con tráileres, remolques, casas rodantes o similares y a no circular con armas de caza desde el miércoles 1.º de abril. Se efectuarían controles en rutas nacionales, caminos departamentales y dentro de las ciudades, que incluirían solicitud de documentos y control de regularidad vehicular. Se dispuso el cierre de campings y centros de vacaciones públicos y se exhortó a privados para que también lo hicieran.

31/03/2020.

Reducción al 50 % de la cantidad de unidades de transporte colectivo que circulaban los fines de semana y desinfección de los vehículos una vez finalizado cada viaje. La medida sería de carácter obligatorio y fue dispuesta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

1/04/2020.

Anuncio de la publicación de un listado de precios y seguimiento del stock de los productos que integran la canasta sanitaria y la canasta básica de alimentos.

2/04/2020.

Publicación semanal de una lista de precios de una canasta básica de alimentos y productos para la salud elaborada por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y el Mercado Modelo, con montos mínimos, máximos y promedio.

4/04/2020.

Anuncio de que, a partir del lunes 13 de abril, se duplicarían las frecuencias del transporte colectivo en las horas pico, para evitar aglomeraciones dentro de las unidades.

10/04/2020.

Acuerdo con comerciantes, productores e intermediarios para mantener, durante los siguientes tres meses, los precios de productos alimenticios, de higiene y sanitarios.

7/05/2020.

Inspección, en establecimientos comerciales y el transporte público del departamento de Rivera, de las medidas de higiene, el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

25/05/2020.

Exoneración del pago del 100 % del cargo fijo de OSE a los sectores de educación, cultura, deportes e inmobiliarias. El beneficio estaría vigente de abril a setiembre. El pago del consumo corriente sería en su vencimiento habitual. Para las agencias de viaje, la exoneración mencionada se extendería hasta noviembre. El pago del consumo corriente sería en su vencimiento mensual habitual.

1/07/2020.

Exoneración del pago del 100 % del cargo fijo y la potencia contratada de UTE a los sectores de educación, cultura, deportes e inmobiliarias. Para las agencias de viajes, la exoneración mencionada se extendería hasta noviembre. El pago del consumo corriente sería en su vencimiento mensual habitual.

1/07/2020.

Ante rebrote de casos en Rivera, se realizarían inspecciones para el estricto cumplimiento del uso de tapabocas en el transporte.

21/10/2020.

Anuncio, por parte del MIDES, de la cuarta duplicación del monto de la tarjeta Uruguay Social y de la asignación familiar Plan de Equidad, en mitades, las segundas semanas de noviembre y diciembre. También se continuaría con la transferencia de canastas de alimentos en ambos meses.

4/11/2020.

Cumplimiento estricto de las medidas vigentes de transporte urbano, suburbano y departamental.

1/12/2020.

Se aforaría en un máximo de 50 % la cantidad de pasajeros en las unidades de transporte interdepartamental, en los momentos de mayor movilidad. Se subsidiaría la pérdida que eventualmente pudieran tener las empresas. La medida rigió del 21 de diciembre al 10 de enero.

16/12/2020.

Se continuaría con el 50 % de aforo en los servicios de transporte regulares y no regulares, así como con los protocolos de higiene y de identificación de usuarios, hasta el 31 de enero de 2021.

15/01/2021.

Asignación a refugios del MIDES de 200 millones de pesos.

20/04/2021.

Asignación a ollas, comedores y merenderos de 200 millones de pesos.

20/04/2021.

Duplicación del monto mensual del cupón TUAPP, durante abril y junio, destinado a personas en la informalidad.

20/04/2021.

El gobierno nacional y la intendencia de Montevideo destinarían 500 millones de pesos para reintegrar a su función a los trabajadores del transporte urbano que aún se encontraban en seguro de paro. La medida permitiría volver a tener el 100 % de las unidades en funcionamiento.

6/05/2021.

Fuente: elaboración propia a partir de Presidencia de la República: bit.ly/3dxWa0F.

Trabajo, seguridad social y protección social

Medida

Fecha

Refuerzo del saldo disponible en las 86.000 tarjetas de alimentación, que alcanzarían un universo de 400.000 personas.

20/03/2020.

Ampliación, a partir del jueves 26 de marzo, de las líneas del 0800 7263 mediante un servicio de ANTEL, con el fin de atender a todas las personas que solicitasen algún tipo de ayuda alimenticia.

24/03/2020.

Duplicación de la cantidad de alimentos destinados a los comedores municipales del interior del país y de las canastas para las oficinas territoriales, ambas acciones a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

24/03/2020.

Ampliación del acceso a canastas alimenticias que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y aumento de las asignaciones familiares.

26/03/2020.

Entrega de canastas de alimentos en abril y mayo para 118.000 hogares con asignaciones familiares del Plan de Equidad, complementarias de las brindadas por las intendencias de Montevideo y Canelones. Ampliación de dicha prestación para trabajadores informales no registrados en el sistema, para lo cual deberían comunicarse al número 0800 7263 y, a partir del miércoles 1.º de abril, ingresando a la página web.

27/03/2020.

Anuncio, por parte del MIDES, de la cuarta duplicación del monto de la tarjeta Uruguay Social y de la asignación familiar Plan de Equidad, en mitades, las segundas semanas de noviembre y diciembre. También se continuaría con la transferencia de canastas de alimentos en ambos meses.

4/11/2020.

Asignación a refugios del MIDES de 200 millones de pesos.

20/04/2021.

Asignación a ollas, comedores y merenderos de 200 millones de pesos.

20/04/2021.

Duplicación del monto mensual del cupón TUAPP, durante abril y junio, destinado a personas en la informalidad.

20/04/2021.

El gobierno nacional y la intendencia de Montevideo destinarían 500 millones de pesos para reintegrar a su función a los trabajadores del transporte urbano que aún se encontraban en seguro de paro. La medida permitiría volver a tener el 100 % de las unidades en funcionamiento.

6/05/2021.

Transferencia de 1.000 millones de pesos desde el Ministerio de Economía y Finanzas al de Desarrollo Social para la ampliación del horario y la creación de nuevos refugios para personas en situación de calle, el fortalecimiento de los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el reforzamiento de los montos de la Tarjeta Uruguay Social (TAS).

20/03/2020.

Instrumentación del teletrabajo en los casos en que se requiriera. Se sugirió como alternativa, en la medida de las posibilidades, tanto a nivel público como privado.

15/03/2020.

Exhortación a propietarios y administradores de locales comerciales de gran porte a cerrarlos de forma preventiva y provisoria, con excepción de los de venta de alimentos y farmacias.

17/03/2020.

Flexibilización del uso del seguro de desempleo y habilitación a recurrir a él por menor tiempo e incluso por medio horario, para contemplar a los sectores afectados por la paralización parcial de sus actividades. Estos fueron comercio en general, comercio minorista de alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes.

18/03/2020.

Autorización por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) a las instituciones de intermediación financiera, empresas de servicios financieros y administradoras de crédito para extender los plazos de vencimiento de los créditos otorgados al sector no financiero en 180 días.

19/03/2020.

Aplazamiento del pago de los aportes patronales de los dueños y socios, correspondientes a los meses de marzo y abril, para monotributistas, empresas unipersonales y sociedades personales con hasta 10 empleados (industria y comercio), en seis cuotas iguales y consecutivas a partir de junio. Eso correspondía al 60 % de esos pagos, y el 40 % restante sería subsidiado totalmente por el Estado.

19/03/2020.

Diferimiento del pago a las empresas que aportan el impuesto al valor agregado (IVA) mínimo (literal E) de febrero y marzo, que se abonaría sin intereses en seis cuotas iguales, consecutivas y mensuales. Adicionalmente, los vencimientos correspondientes a los próximos días se aplazarían hasta el 27 de marzo.

19/03/2020.

Aplazamiento de vencimientos para todos los beneficiarios de los programas de crédito dirigido de ANDE durante el siguiente mes.

19/03/2020.

Instrumentación de una línea para las empresas afectadas directamente por esta emergencia sanitaria, dentro de los programas de crédito dirigido de ANDE, que contaría con una tasa subsidiada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

19/03/2020.

Incremento del fondo de garantías de crédito de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para que las instituciones financieras accedieran a créditos por un monto de hasta 2.500 millones de dólares.

19/03/2020.

Aplazamiento de vencimientos de pago de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social.

19/03/2020.

Ofrecimiento de préstamos para pequeñas y medianas empresas.

19/03/2020.

Ofrecimiento de líneas de crédito en condiciones flexibles por parte del Banco República hasta un monto total de 50 millones de dólares, y trabajo con organismos multilaterales de crédito para incrementarla a 125 millones de dólares.

19/03/2020.

Extensión del régimen especial del seguro de paro flexible a todos los sectores de actividad.

19/03/2020.

Duplicación, por única vez, del monto de la tarjeta Uruguay Social. Se transferiría la mitad el 31 de marzo, y el resto, un mes después.

24/03/2020.

Exhortación a personas mayores de 65 años a cumplir con la cuarentena preventiva. Esto implicaba que 7.774 funcionarios públicos (de la Administración Central, los servicios descentralizados y las intendencias departamentales) debieran permanecer en sus hogares. Para 17.000 trabajadores dependientes en la actividad privada mayores de 65 años de las ramas industria y comercio, construcción, rural y servicio doméstico, se generarían mecanismos de subsidio por enfermedad y se les reiteraría la exhortación a cumplir con la recomendación.

24/03/2020.

Creación del Fondo Coronavirus, que se sustentaría con las ganancias de organismos públicos y aportes de salarios de cargos políticos y funcionarios públicos. El descuento salarial se haría por franjas, durante dos meses, con la posibilidad de extenderlo.

26/03/2020.

Anuncio de la conformación del Fondo Coronavirus, que estaría compuesto por el aporte, durante dos meses, de salarios de funcionarios públicos con sueldos líquidos superiores a 80.000 pesos, a los cuales se les realizaría un descuento, en una escala de 5, 10 y 20 %, según los nominales percibidos. La medida abarcaría a unos 15.000 funcionarios que prestasen servicios personales al Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. También aportarían personas con cargos políticos electos y designados, legisladores, intendentes, ministros, subsecretarios y cargos de confianza, a quienes se les aplicaría un descuento del 20 % al sueldo nominal. Contribuirían las empresas públicas y los bancos estatales y se dispondría de los recursos obtenidos por préstamos con organismos multilaterales de crédito y de las partidas de prensa del Parlamento.

27/03/2020.

Acuerdo entre el gobierno nacional y los departamentales para unificar los datos de todas las personas atendidas por las políticas sociales a nivel nacional.

31/03/2020.

Definición de beneficios por parte del Banco Central con respecto a los créditos al consumo de las corporativas de ahorro y crédito y las instituciones financieras, para aquellas personas que no pudieran hacer frente a los pagos.

2/04/2020.

Extensión de la cobertura del Banco de Seguros del Estado a todos los médicos del país.

2/04/2020.

Prolongación del seguro de desempleo parcial al 31 de mayo de ese año.

2/04/2020.

Anuncio del reinicio de las actividades laborales en la administración pública con protocolos consensuados con técnicos y funcionarios.

4/05/2020.

Bonificaciones y flexibilizaciones a socios cooperativistas de sectores de consumo, ahorro y crédito, trabajo, sociales, agro y vivienda en sus aportes patronales. El Banco de Previsión Social les bonificaría el 40 % y les financiaría el 60 % restante en seis cuotas sin intereses. El pago de la primera cuota se debía concretar en junio de 2020. El beneficio se dirigiría a las cooperativas que aportasen por el rubro industria y comercio con hasta diez trabajadores dependientes, y, a las que no contaban con trabajadores dependientes, se les remitiría la factura de obligaciones al domicilio electrónico establecido, por importe cero.

11/05/2020.

Incorporación al seguro de paro flexible de los sectores de actividad relacionados con el deporte, la educación y la cultura.

14/05/2020.

Extensión hasta el 30 de junio del seguro de paro parcial.

14/05/2020.

Prórroga por dos meses del subsidio que reciben los monotributistas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. La medida abarcaría a unos 10.000.

12/06/2020.

Nueva prórroga, hasta el 31 de julio, del seguro de paro parcial.

12/06/2020.

Subsidio de 6.800 pesos a trabajadores del sector artístico que no disponían de ingresos por seguro de paro, honorarios o contratos.

26/06/2020.

Exoneración del pago del cargo fijo y la potencia contratada de UTE para hoteles, restaurantes y salones de fiesta y eventos, entre abril y noviembre, a prorrata del consumo del año frente al mismo mes de 2019. El pago del consumo del mes y la prorrata del cargo fijo y la potencia se harían un 30 % en su vencimiento habitual, y el 70 % restante, financiado en las condiciones actuales.

1/07/2020.

Prórroga, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, hasta el 31 de julio del subsidio por enfermedad para que los trabajadores mayores de 65 años permanecieran en aislamiento.

1/07/2020.

Extensión del seguro de paro parcial hasta el 31 de diciembre de 2020.

11/09/2020.

Se adelantarían las licencias del personal de la administración pública en coordinación con los gremios del sector público.

1/12/2020.

Implementación de teletrabajo en oficinas públicas, entre el 2 y el 18 de diciembre, en la medida en que no se comprometiera la calidad esencial del servicio.

1/12/2020.

Se instó al sector privado a adoptar las medidas laborales similares a las del sector público en sus respectivos ámbitos.

16/12/2020.

Se cancelaron las actividades de jerarcas del sector público, tales como inauguraciones, reuniones y exposiciones, salvo fundadas razones.

16/12/2020.

En el sector público, los mayores de 65 años no concurrirían a las oficinas y se estimularía el teletrabajo.

16/12/2020.

Se exigiría el cumplimiento del teletrabajo en la administración pública. La presencialidad se implementaría para casos excepcionales por la naturaleza del servicio.

16/12/2020.

En el ámbito privado, se reiteró la exhortación a teletrabajar.

6/01/2021.

Se extendió la vigencia de las medidas tomadas el 16 de diciembre vinculadas al teletrabajo en la administración pública y a la no concurrencia de los mayores de 65 años.

6/01/2021.

Extensión del Seguro Nacional de Salud (SNS) a todos aquellos trabajadores dependientes y no dependientes que figuraban en el padrón de una institución médica colectiva al 28 de febrero de 2020 y perdieron la cobertura debido al cese de su actividad laboral durante la emergencia sanitaria. Dicho amparo se extendería entre el 1.° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

8/01/2021.

Nuevo decreto del gobierno prorrogó hasta el 30 de mayo el subsidio por enfermedad para que los trabajadores con 65 años o más pudieran permanecer en aislamiento por 30 días, según determinasen y comunicasen las empresas al Banco de Previsión Social.

2/03/2021.

El Poder Ejecutivo decretó que, a partir del 23 de marzo, todos los trabajadores que hicieran uso del subsidio por enfermedad por haber mantenido contacto con una persona con covid-19 tendrían derecho a recibir el subsidio desde el primer día de la cuarentena indicada por su prestador de salud.

23/03/2021.

Se elaboraría un proyecto de ley para que los trabajadores dispusieran del tiempo necesario para vacunarse sin afectación salarial.

23/03/2021.

Se fortalecería el teletrabajo en el sector público y se exhortó a extremar esta práctica en el sector privado. El teletrabajo para los mayores de 65 años en el sector público sería obligatorio.

23/03/2021.

Las oficinas públicas permanecerían cerradas hasta el 12 de abril, a excepción de los servicios imprescindibles.

23/03/2021.

Duplicación mensual, entre abril y junio, de las asignaciones familiares del Plan de Equidad.

20/04/2021.

Extensión extraordinaria de la cobertura de salud hasta el 31 de diciembre de 2021 a trabajadores dependientes y no dependientes cuya actividad hubiera cesado. Aplicaba a aquellos que figurasen en el padrón a febrero de 2020, con un cupo de hasta 28.000 trabajadores.

20/04/2021.

Incorporación del multiempleo en el acceso al seguro de desempleo. Vigencia hasta el 30 de setiembre de 2021.

20/04/2021.

Subsidio especial por desempleo parcial hasta el 30 de junio de 2021.

20/04/2021.

Flexibilización del seguro de paro tradicional para jornaleros y dependientes mensuales. Extensión para sectores más afectados por la pandemia.

20/04/2021.

Se puso en práctica el programa Oportunidad Laboral, que ofrecería 15.000 cupos para personas desocupadas. Las personas beneficiarias realizarían trabajos transitorios, de junio a noviembre de 2021, en todos los departamentos del país.

12/05/2021.

Comienzo de pago del subsidio de 1,5 BPC por mes, durante un trimestre, a 19.000 trabajadores de los sectores más perjudicados por la pandemia.

27/05/2021.

El gobierno extendería el programa Oportunidad Laboral hasta el 31 de enero.

20/10/2021.

El MTSS anunció la creación del portal web Mi Trabajo Futuro, que estaría disponible desde la primera semana de mayo.

1/05/2021.

El MTSS y la OPP elaboraron un proyecto de ley que esperaba la aprobación del Parlamento y que otorgaría 15.000 empleos a desempleados durante seis meses. La medida se llevaría adelante junto a las intendencias departamentales.

1/05/2021.

El MTSS anunció que enviaría al Parlamento un proyecto de ley que modificaba las normas vigentes de promoción del empleo, especialmente para jóvenes y mayores de 45 años.

1/05/2021.

Fuente: elaboración propia a partir de Presidencia de la República: bit.ly/3zTB2cF.

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Documentos y leyes

Leyes consultadas en directorio del Diario Oficial disponible en www.impo.com.uy.

Programa electoral de la “Alianza Multicolor”: “Compromiso por el país”. Disponible en bit.ly/3zWM1lx con acceso en marzo de 2021.

Programas electorales de los partidos: Partido Cabildo Abierto; Partido Colorado; Partido de la Gente; Partido Ecologista Radical Intransigente; Partido Frente Amplio, Partido Independiente; Partido Nacional y Partido Unidad Popular. Todos disponibles en bit.ly/3SMRaoW con acceso en marzo de 2021.


  1. La etapa inicial de inclusión de los sectores populares a los patrones básicos de bienestar se procesó entre las décadas de los años 30 y 50 a través de las políticas laborales. Recién en los años 2000, se constató un nuevo impulso de extensión de las intervenciones públicas de carácter social hacia poblaciones en condición de pobreza.
  2. El índice de carencias críticas se confeccionó considerando los principales factores o variables que favorecen en la generación de las situaciones de pobreza y pobreza extrema, y se les adjudicó pesos diferenciales según su grado de incidencia.
  3. La reforma tributaria, si bien no se configura como una política pública estrictamente social, ha incidido en la justicia de la distribución de la riqueza a través de la simplificación de la estructura impositiva, reduciendo el peso de los impuestos indirectos, y ha fortalecido los tributos directos a partir de la introducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
  4. Negociación Colectiva Privados: Ley 18.566 para el sector privado. En bit.ly/3CJJJJy.
    Negociación Colectiva Públicos: Ley 18.508 para el sector público. En bit.ly/3B1CTOl.
  5. En el anexo de este artículo, se presenta una lista detallada y ordenada cronológicamente de las intervenciones impulsadas por la actual administración política.
  6. Aproximadamente unos 28 dólares a cotización de mayo de 2021.
  7. Aproximadamente unos 56 dólares según cotización promedio del período.
  8. Unos 140 dólares aproximadamente según cotización de mayo de 2021.
  9. Fuente: bit.ly/3QHMZsJ.
  10. Fuente: bit.ly/3QMrsiF.
  11. Fuente: bit.ly/3zWV1as.
  12. Fuente: bit.ly/3zWR3yl.
  13. Fuente: bit.ly/3zYWVHH.
  14. Aproximadamente 170 dólares según el tipo de cambio de ese entonces.
  15. Unos 1.860 aproximadamente, según el dólar de la época.
  16. La enumeración de medidas se basa en Bonapelch et al. (2022), y solo se toman en cuenta las que son de interés principal para este artículo, dejándose de lado otras en arenas tales como cohesión social y tiempo libre, por ejemplo.


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