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4 Covid-19 en Ecuador: la consolidación del giro neoliberal

Analía Minteguiaga y Gemma Ubasart González

4.1. Introducción

El 29 de febrero, se registra en Ecuador el primer caso de covid-19. Una mujer de 70 años, procedente de Torrejón de Ardoz (España), desarrolla la infección pocos días después de aterrizar en Guayaquil. A partir de este caso, las autoridades sanitarias empiezan a investigar sospechosos de contagio y de desarrollo de la enfermedad. El país andino fue el primer territorio golpeado por la pandemia en América Latina, de una manera similar a lo que sucedió en Italia y España en relación con Europa. La primera ola se desarrolla con fuerza, y registra el día 28 de abril un máximo de 1.980 positivos (cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días)[1].

La pandemia impacta en un país con importantes problemas económicos, sociales y de gobernabilidad. El presidente Lenin Moreno asume la presidencia en mayo de 2017 y opera durante su mandato un giro neoliberal respecto al periodo que lo precede, el de la Revolución Ciudadana (2007-2017). Lo hace bajo el travestismo político de haber sido parte sustantiva de aquella oleada progresista (e incluso haberse apoyado en su plataforma electoral para alcanzar la presidencia de la República) para luego defenestrarla[2]. La conversión supone la operatoria de cambios sustantivos en el accionar público, revirtiendo reformas estructurales emprendidas, reorientando políticas estatales emblemáticas y, en definitiva, redefiniendo el vínculo entre Estado, sociedad, mercado y familia. En términos de apoyos, Moreno se queda sin base electoral ni partido político[3]. El bloque político que le dio sustento a tal reconversión supone primordialmente una alianza con la derecha orgánica del país. También la incorporación de representantes del mundo indígena y sindical en distintos cargos del gobierno. Desde este lugar, se trata de una vuelta al esquema corporativo estatal anterior a la Revolución Ciudadana y sobre el que esta había puesto parte de sus objetivos de batalla. Lo descrito da cuenta de una compleja malla de soportes que encuentra en el morenismo una pragmática “administración” para la consecución de una nueva agenda[4]. Por supuesto, también se trata de un entramado desigual, ya que no toda esa constelación de fuerzas cuenta con el mismo poder decisional ni de veto.

La crisis de octubre de 2019, un ciclo de fuertes conflictividades populares, debe entenderse en este contexto (Ramírez y Minteguiaga, 2020; Le Quang, Chávez y Vizuete, 2020). A inicios de 2020, Moreno retiene escaso apoyo ciudadano, así como también sufre la falta de estabilidad en el Poder Legislativo por la ruptura del acuerdo de cooperación con el partido CREO (Creando Oportunidades) de corte liberal conservador, cuyo máximo referente, el banquero Guillermo Lasso, advierte la necesidad de establecer distancias en su afán por alcanzar la silla presidencial en los comicios de 2021.

Situado en este contexto, es objeto de estudio del presente capítulo analizar la capacidad de bienestar público desplegada en Ecuador durante la crisis de la covid-19. Excluyendo lo atinente a lo sanitario –por cuanto un sinnúmero de investigaciones y publicaciones se han concentrado en este sector–, interesan las acciones instrumentadas por el Estado en el ámbito de la protección social, entendida de una manera amplia, en cuanto aseguramiento de las condiciones materiales de vida. Esto último resulta especialmente justificado a partir de un escenario donde las medidas de cierre, restricción y aislamiento ponen en jaque la garantía de ingresos de amplios sectores poblacionales. Asimismo, la noción de “capacidad aludida” remite no solo a las acciones coyunturales efectuadas en plena pandemia, sino también a los esfuerzos y las institucionalidades preexistentes sobre la que estas han podido apalancarse para mejorar sus rendimientos. Por ello resulta indispensable asumir una mirada histórica, de proceso, que pueda hacer inteligibles tanto los puntos de partida como las intervenciones desarrolladas al calor del acontecimiento pandémico.

Así pues, primeramente, el capítulo realiza un breve repaso del esquema de bienestar que caracterizó al país andino, en el contexto latinoamericano, antes que se desatara la crisis. En segundo lugar, se describen a grandes rasgos los avances producidos durante el interregno correísta en términos de políticas de garantía de ingresos y otras medidas sociales, así como de regulaciones laborales. Seguidamente, se realiza una breve descripción de las condiciones de excepcionalidad decretadas en marzo de 2020 en las cuales se despliegan las políticas bajo análisis. Su descripción se lleva a cabo observando que en Ecuador estas se han concentrado fundamentalmente en la garantía de ingresos de carácter no contributivo. También se han ejecutado intervenciones de provisión de bienes a sectores extremadamente vulnerables. Empero, lo que llama la atención es el avance, en este contexto, de reformas laborales de gran calado. Desde aquí resulta clave determinar el carácter circunstancial o estructural de las acciones emprendidas, esto es, si su inclusión en el acervo de medidas económicas y sociales resulta puntual, se integra al punto de partida y lo modifica o bien supone la creación de nuevas condiciones para reconstruir las prestaciones y los servicios ligados al bienestar. Finalmente, se ensayan algunas consideraciones finales.

4.2. El régimen de bienestar ecuatoriano en perspectiva histórica y comparada

Los sistemas de bienestar en la región latinoamericana, aunque con una importante diversidad entre ellos, han compartido históricamente una serie de características. Salvo puntuales excepciones, pueden describirse como esquemas con Estados débiles en la provisión de bienes y servicios públicos, economías poco desarrolladas y dependientes, y mercados de trabajo escasamente regulados y duales, en donde el sector informal toma un protagonismo destacado. A la vez, esta naturaleza ha provocado que otras esferas asumieran importantes cargas y responsabilidades sobre el bienestar social con su consecuente efecto en términos de integración y de configuración de las sociedades: el mercado (aumentando más la fractura de clase) o la familia (suponiendo una sobrecarga sobre las mujeres). De manera concreta, el caso de Ecuador se encuentra en aquel grupo de países donde estas vulnerabilidades han sido tradicionalmente más acusadas: informalidad y precariedad laboral; debilidad en el sistema público de protección social; y familiarización de la atención de bienestar y los cuidados. Si bien es cierto que, durante el periodo de la Revolución Ciudadana, se consolidan importantes mejoras en estos campos (Minteguiaga y Ubasart González, 2013, 2014, 2021), también lo es que estas se difuminan con el cambio de ciclo económico y el período gubernamental inaugurado por Moreno (Ubasart González y Minteguiaga, 2021). Así pues, la pandemia ha puesto sobre la mesa la debilidad del esquema de bienestar existente para garantizar la protección y en definitiva asegurar las condiciones materiales de vida de la población. También ha mostrado los resultados y efectos del proceso de recomposición neoliberal iniciado tres años antes de la pandemia.

En el campo de estudio de los regímenes de bienestar, se ha trabajado con clasificaciones y tipologías con el objetivo de capturar el desarrollo de los sistemas protectivos en los países de la región. Una primera clasificación fue realizada por Mesa-Lago (1985). Él se concentra “en la fecha en que [los países] introdujeron sus primeros programas de seguro social en pensiones, así como el grado de desarrollo [por estos] alcanzado”, y determinó la existencia de tres grupos: “pionero-alto, intermedio y tardío-bajo” (Mesa-Lago, 2004: 13). Ecuador se situaba en el intermedio[5]. Mientras que el primero databa el origen de sus programas de seguridad social temprana en 1920 (aunque de manera gradual y fragmentada), el intermedio, más rezagado, los ubicaba hacia 1940 y resultando influenciados por el Informe Beveridge y los convenios de la OIT. Estos lograron una cobertura y desarrollo medios.

Fue recién a fines de los 90 cuando Filgueira (1998) introduce la noción de “regímenes de bienestar” en Latinoamérica. Su contribución se centra en el periodo 1930-1970/1980, recorte temporal que da cuenta de la etapa que registró el mayor despliegue de los sistemas de bienestar en la región, el cual estuvo fuertemente asociado al modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones. Su contribución ha determinado la existencia de tres tipos de regímenes denominados: “universalismo estratificado, dual y excluyente” (Filgueira, 1998: 9-12). Ecuador[6] es ubicado en la última categoría, la cual da cuenta de regímenes con sistemas de seguridad social elitistas que excluyen a importantes sectores sociales (solo cerca de 20 % de la población incorporada), aunque, en el ámbito de la educación y salud, registren una mayor extensión. Se trata de países que presentan una alta heterogeneidad y desigualdad de la estructura social, lo cual se refleja en la distribución de la riqueza nacional entre sector urbano y rural y entre diferentes áreas rurales, así como entre el centro y la periferia urbana.

Otra tipología es la establecida por Barba Solano (2003, 2004). Su periodo de estudio es el mismo que el de Filgueira, aunque posteriores trabajos han buscado extenderlo hasta la etapa neoliberal (2007). De acuerdo al autor, por las características que tuvieron los sistemas de protección social en América Latina, atados en su fase expansiva a los derroteros del modelo ISI, las instituciones protectoras expresaron

una concepción familiarista del bienestar social, pues preservaban una división familiar del trabajo (breadwinner system) que confería a los hombres adultos el papel de proveedores y portadores de derechos para el resto de la familia, a través del empleo formal, y a las mujeres la responsabilidad de transferir servicios de bienestar para los demás miembros del hogar (Barba Solano, 2003, citado en Barba Solano, 2007: 202).

Esta tipología sigue muy de cerca la de Filgueira (1998), redenominando los regímenes como “universalistas, duales y excluyentes”. Nuevamente, en ella Ecuador está en el último grupo[7]. En este se registra mayores niveles de pobreza y desigualdad, así como también menores niveles de gasto social, de cobertura de seguridad social, de los servicios educativos y de salud preventiva, y del grado de desmercantilización del bienestar social. Además, también debe citarse una mayor heterogeneidad etnocultural del carácter regresivo de los sistemas de protección social y del grado de informalidad de los mercados laborales (Barba Solano, 2007: 203).

Un verdadero parteaguas ha producido el trabajo de Martínez Franzoni (2007, 2008a), que construye la más reciente y completa tipología de regímenes de bienestar en la región, con datos del periodo neoliberal (hasta 2005). A las usualmente contempladas esferas proveedoras de bienestar (Estado y mercado), la autora le adiciona la familia que en los hechos significa pensar, necesariamente, en las mujeres porque son las que sostienen, a través de su trabajo no remunerado, la producción y reproducción de la vida en los hogares. Así, identifica tres tipos de regímenes de bienestar en la región: el “estatal-productivista, el estatal-proteccionista y el familiarista” (2007: xi). Ecuador se ubica en el último grupo[8].

Solo para comprender a cabalidad el escenario del bienestar en este país andino, durante el neoliberalismo de fines de siglo xx y principios del xxi, debe indicarse que los regímenes familiaristas tienen una alta dependencia de la capacidad de las mujeres, familias y comunidades para mitigar los riesgos sociales debido a un Estado debilitado y un mercado laboral que no logra garantizar protecciones vía el empleo. En este sentido, el peso de prácticas informales deviene muy relevante, en cuanto “la mayoría de la población depende solo de arreglos familiares y comunitarios en el marco de mercados laborales y políticas públicas excluyentes” (Martínez Franzoni, 2007: 25). Un número importante de la población no tiene un buen acceso a los servicios públicos y los mercados laborales tienen limitada capacidad de absorber la fuerza de trabajo y hacerlo de manera formalizada y con calidad. Es decir, la relación trabajo-protección está puesta en jaque. Finalmente, en estos esquemas los niveles de desigualdad y de pobreza son altos.

Luego de estos esfuerzos investigativos, se produce una suerte de vacío de pesquisas para analizar de manera comparada y a gran escala los esquemas de bienestar en nuestras latitudes. En particular, en el marco de los escenarios que se han ido dibujando con la irrupción de las experiencias gubernamentales denominadas “progresistas o de izquierda”. Las contribuciones que se han generado, si bien han sumado aportes a este campo de estudio, ya no han alcanzado tal nivel globalidad ni comparabilidad. Más importantes resultan ser los análisis subregionales o los estudios de casos nacionales (Martínez Franzoni y Sánchez Ancochea, 2017; Sátyro, Del Pino y Midaglia, 2021). En estos, el Ecuador post-Consenso de Washington (2007-2017) da cuenta de un esfuerzo por transicionar hacia un paradigma “estatista-bienestarista”, donde el Estado se posiciona en el centro del sistema (poder estatal infraestructural en su llegada a los territorios y a la sociedad, y autonomía respecto a los intereses particulares y corporativos), y con políticas sociolaborales que buscan superar las orientaciones que tuvieron en la fase promercado y de asistencialismo de básicos y mínimos (Minteguiaga y Ubasart González, 2021).

Empero, tal escenario cambia radicalmente con la llegada al poder de Lenin Moreno, cuando se avanza en un plan que hace eje en la liberalización comercial, en una serie de desregulaciones y reformas gravitantes y en el ajuste fiscal[9]. Entre todas estas destacan las de endeudamiento externo sin techos ni contrapesos (por ej. sin límite para pagar la “deuda social”), las de flexibilización laboral, de entrega de recursos naturales y exacerbación de la lógica extractivista, la desregulación del sector financiero, las reformas tributarias de corte regresivo, la reducción del tamaño del Estado y de la inversión pública (en particular, en el ámbito social), y los cambios cualitativos en su configuración. En el campo social, volviendo a una organización típica de la etapa neoliberal y reintroduciendo lógicas de la beneficencia tradicional.

Durante la Revolución Ciudadana, se había logrado conformar una institucionalidad intersectorial en el ámbito del bienestar y la protección social mediante la creación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Este desaparece en mayo de 2017 y se crea una Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia de la República (Secretaría Técnica del “Plan Toda una Vida”), en la que ha estado desde su creación (mayo de 2017) y hasta la finalización del mandato de Moreno (mayo de 2021) la primera dama y su esposa como delegada presidencial y presidenta del Comité Interinstitucional del Plan. Esta recomposición asume mayor profundidad si se toma en cuenta que su contracara involucra la supresión de la Secretaría Nacional de Planificación y el reemplazo de su más importante instrumento, el “Plan Nacional para el Buen Vivir”, por el “Plan Toda una Vida”. Como afirman Ramírez y Guijarro,

se reorienta así la disposición dinámica hacia el cambio (“para el buen vivir”), por una inclinación estática a la conservación (“toda una vida”). El Estado, que antes se pensaba como motor para transformar la matriz productiva y asegurar bases materiales para el bienestar, comienza a concebirse como una figura tutelar que vela las vulneraciones focalizadas de “toda una vida”. En esta reorientación ya no era necesaria la planificación macrosocial encaminada al futuro colectivo, sino que la agenda microsocial de programas específicos para las poblaciones marginadas se colocó en el centro de la agenda. El Estado fue concebido así, como maximizador de mínimos (Ramírez y Guijarro, 2022: 4).

Una recomposición neoliberal que supone, en términos de régimen de bienestar, el retraslado de responsabilidades y cargas desde la esfera estatal a otras (mercantil para la minoría con capacidad de pago y familiar o sociocomunitaria para la mayoría de la población) y que asumirá, como veremos, su máxima definición durante la gestión de la pandemia.

4.3. Dimensión social y laboral en el interregno correísta y el periodo prepandemia

4.3.1. La dimensión social. Políticas de garantía de ingresos y otras medidas sociales

Durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2009; 2009-2013; 2013-2017), se construye y consolida una arquitectura institucional de las políticas sociales y de bienestar. Esta contiene una dimensión de búsqueda de la universalización y dignificación de servicios educativos y sanitarios (que no serán objeto de reflexión en este capítulo), así como otra dimensión de avanzar en la garantía de un nivel mínimo de recursos para la existencia.

Observando datos sobre la evolución de la pobreza y la desigualdad, a priori podríamos considerar que el rendimiento del régimen ha sido positivo en cuanto a su reducción. Si bien es cierto que durante el periodo la disminución de la extrema pobreza y la pobreza es generalizada a toda la región (el buen ciclo económico y el “boom de las commodities”), también lo es que la velocidad con que lo hace Ecuador es más intensa, y que el impacto en la desigualdad es más robusto que en otros países del entorno, esto debido a las políticas instrumentadas (Minteguiaga y Ubasart González, 2021).

Gráfico 4.1. Evolución de la pobreza por ingresos, pobreza extrema por ingresos y desigualdad (Gini)

Fuente: Pobreza y Extrema Pobreza: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) (datos anuales del mes de diciembre). Gini: CEPALSTAT a partir de la Encuesta Condiciones de vida.

Tanto los índices de pobreza como el Gini que expresa la desigualdad registran una reducción oscilante entre 2007 y 2017. De un 36,7 % de pobreza y un 16,5 % de pobreza extrema en 2007, se transita a un 21,5 % de pobreza y un 7,9 % de pobreza extrema en 2017. El Gini también tiene un comportamiento similar: del 0,534 % en 2007 a un 0,444 % en 2017. El 2017, año en que finaliza el periodo Correa, supone un punto de inflexión y cambio de tendencia, una tendencia de crecimiento que se exacerbará en 2020 con la crisis de la covid-19. Al acabar el año, se encuentran en situación de pobreza por ingresos un 33 % de la ciudadanía del país, y un 15,4 %, en pobreza extrema, niveles que se no registraban desde 2009 en el primer indicador (36 %) y 2008 en el segundo (15,7 %).

En este marco, las medidas de garantía de ingresos, que son objeto de interés en este capítulo, se articulan en un doble eje: por un lado, las prestaciones contributivas vinculadas al sistema de la seguridad social y, por el otro, un abanico de prestaciones no contributivas. Se trata, en parte, de las clásicas transferencias condicionadas de renta y otras medidas que buscan acompañar a adultos mayores o dependientes.

De manera sintética, en primer lugar, debe señalarse que el sistema de la seguridad social del Ecuador se caracteriza por su alta fragmentación y por tener cubierta a una proporción no mayoritaria de la población (Mesa-Lago, 1985; Minteguiaga y Ubasart González, 2013, 2017). El sistema está formado por el IESS (el seguro principal), el seguro social campesino (SSC), el seguro de las fuerzas armadas (ISSFA) y el de la policía (ISSPOL). Tales segmentos contemplan todas las prestaciones reconocidas en el Convenio 102 OIT de 1952. Durante la Revolución Ciudadana, se dan pasos para unificar y simplificar el sistema: el de las fuerzas armadas y la policía se reforman para ser compatibles con el del IESS, y también se unifican beneficios entre oficialidad y tropa[10]. Asimismo, se busca ampliar la cobertura de la seguridad social en su conjunto estableciendo la obligación legal del aseguramiento, la creación del seguro social voluntario y la ampliación del SSC[11]. Se suma la implementación de una pensión específica para amas de casa con componentes contributivos y no contributivos que aporta el Estado[12].

En segundo lugar, se encuentran todas las prestaciones que se plantean desde una lógica asistencial. La mayor parte de ellas tienen origen en las actuaciones basadas en la focalización que se diseñan en el periodo neoliberal, aunque con reformulaciones significativas. Durante la década de la Revolución Ciudadana, las transferencias condicionadas se sistematizan con vocación de constitución de un derecho subjetivo[13]. Se construye institucionalidad al estructurar un sistema de protección que va más allá de programas puntuales y parciales. El Bono de Desarrollo Humano (BDH) amplía el rango de beneficiarios, aumenta el monto del beneficio[14] e incorpora elementos que mejoran las posibilidades de “autovalía” (por ej. crédito asociado al BDH). Se simplifican las prestaciones no contributivas reconociendo tres vías de acceso a un mismo tipo de ayuda: pensión asistencial por discapacidad, pensión asistencial a adultos mayores sin prestación de la seguridad social, y madres-familias beneficiarias del BDH. Las dos primeras no van acompañadas de condicionalidades, pero, eso sí, requieren que estas personas estén ubicadas bajo una determinada línea de pobreza (aunque menos restrictiva que en el caso del BDH) y fuera del sistema de seguridad social. En los tres casos, se unifica el monto en 50 dólares[15].

4.3.2. La dimensión laboral. Condiciones y políticas de trabajo

Ecuador, como se ha comentado, es un país que históricamente ha presentado una estructura productiva vulnerable y extremadamente dependiente del exterior, a la vez que un mercado laboral con enorme presencia de la informalidad y la falta de aseguramiento social. Durante los años de la Revolución Ciudadana, se llevan a cabo medidas para avanzar en la formalización del trabajo remunerado. En este marco se desarrollan acciones de alto valor material y simbólico, como las intervenciones e inspecciones en empresas que visibilizan la precariedad y explotación (bananeras, camaroneras, etc.). La obligatoriedad llega también en el trabajo doméstico, hecho que supone una importante entrada de mujeres a la afiliación a la seguridad social. Mediante la Consulta Popular de mayo de 2011, donde se pregunta acerca de las obligaciones laborales del empleador, en concreto sobre la tipificación penal de la no afiliación[16], se termina aprobando la obligación legal de garantizar la seguridad social.

El rendimiento del régimen ha sido favorable a la reducción de la informalidad y el aumento de tasas de afiliación a la seguridad social, una evolución muy notable entre 2007 y 2015, sobre todo si se compara con países del entorno (Minteguiaga y Ubasart González, 2021). De un 81,6 % de informalidad en 2007, se consigue un mínimo de 57,9 % en 2014, mínimo histórico registrado en el país (estimaciones armonizadas de la OIT). Un comportamiento similar tiene la evolución de la afiliación a la seguridad social: de un 27,2 % en 2007, casi se duplica la cifra en 2015, con un 46,1 % de afiliación.

Gráfico 4.2. Evolución de la informalidad en el trabajo y de la afiliación a la seguridad social

Fuente: CEPALSTAT.

En relación con la cuestión remunerativa, se encuentra la fijación del salario mínimo. Este en 2007 se sitúa en 170 dólares, y en 2017, en 375. Justo antes de la crisis de la covid-19, en 2019 el monto sube a 394 dólares. Haciendo una comparativa regional, se trata de uno de los países con uno de los salarios mínimos más altos (produciéndose el salto más significativo durante la gestión correísta): actualmente, en el equivalente de dólares, solo superado por Uruguay.

Otras mejoras laborales se concretaron mediante la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar (2015), que modifica el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, la cual supone lo siguiente: la eliminación de los contratos a plazo fijo y su reemplazo por los de plazo indefinido para garantizar estabilidad laboral; el límite para el pago de utilidades de las empresas a fin de reducir la brecha salarial entre el que más percibe y el que menos; la unificación de utilidades de las empresas de un solo grupo económico; el pago de sobresueldos (décimos) efectivos de forma mensual si el trabajador, público o privado, así lo desee; en el caso de las remuneraciones de gerentes, el establecimiento de límites regulados por el Ministerio de Relaciones Laborales; en cuanto la finalización de la relación laboral, la determinación de que son “ineficaces” los despidos intempestivos en caso de mujeres embarazadas y dirigentes sindicales; y la afiliación de las amas de casa. Por último, otro hito fue la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) (2010), que sustituye la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA), unificando y dignificando el servicio público[17].

4.4. Ecuador en pandemia

Con la finalidad de hacer frente a la pandemia, Ecuador organiza una arquitectura legal de la excepción. Así pues, el 16 de marzo de 2020, mediante decreto presidencial (n.º 1.017/2020[18]), se declara “el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud”. Con el objetivo de garantizar una cuarentena comunitaria obligatoria, se suspende el derecho a la libertad de tránsito y a la libertad de asociación y reunión, se declara el toque de queda y se suspende la presencialidad del trabajo (esta última durante una semana, prorrogable). En todos los casos, se habilitan las excepciones necesarias para un correcto desarrollo de las funciones y tareas esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Una semana más tarde, el 22 de marzo, se establece “zona de seguridad toda la provincia del Guayas”, hecho que dispone al gobernador de la provincia la dirección de las acciones interinstitucionales, y se le confiere un papel importante a las fuerzas armadas (decreto n.° 1.019/2020[19]). Esta situación se establece por dos motivos:

  1. por la situación de emergencia y caos que vive la ciudad con la saturación de los servicios sanitarios y funerarios; y
  2. por el carácter insurgente de la alcaldesa de Guayaquil frente a las autoridades nacionales.

Esta primera fase de excepción se desarrolla desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo. Se basa en la premisa del aislamiento y la gestión centralizada de la crisis. Una segunda fase de excepción se implementa a partir de la segunda mitad de mayo basada en la premisa del distanciamiento y con una gestión desconcentrada de la crisis, dando protagonismo a los cantones (decreto n.° 1.052/2020[20]). Estos establecen el grado de emergencia mediante semáforos, y las medidas antipandemia dependen del color que se establece en cada territorio. En esta segunda fase, también se desactiva la zona de seguridad decretada para el Guayas. Otros decretos renuevan el estado de excepción, manteniendo en términos generales las indicaciones antes señaladas (decreto n.° 1.074 del 15 de junio de 2020[21]; decreto n.° 1.126 del 14 de agosto[22]).

4.4.1. La dimensión social. Políticas y programas en el ámbito de la protección social

De manera paralela a la construcción de la arquitectura de excepción, se llevan adelante una serie de medidas en el ámbito de la protección social. En primer lugar, mediante el decreto n.° 1.022, del 27 de marzo de 2020[23], se crea el Bono de Protección Familiar por Emergencia por la Presencia del COVID-19 en Ecuador, que consiste en una transferencia monetaria única de 120 dólares, pagada en dos partes durante abril y mayo de ese año. Esta medida es dirigida, como apunta el artículo 3 del decreto, a

aquellos afiliados sin relación de dependencia con ingresos inferiores a un salario básico unificado (SBU), afiliados al Seguro Social Campesino y afiliados al Trabajo no Remunerado en el Hogar, a excepción de aquellas personas que cuenten con seguridad social contributiva.

Asimismo, si en el núcleo familiar existe algún miembro que resulta beneficiario de los bonos y las pensiones de las transferencias monetarias que otorga el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como el Bono de Desarrollo Humano, también queda excluido del nuevo Bono de Protección Familiar por Emergencia (artículo 4). Se faculta al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para determinar “las bandas de protección, a fin de establecer los beneficiarios del Bono” (artículo 2). Esto da un importante margen de ambigüedad a la intervención ya que no queda explicitada en el decreto la intervención del Registro Social en cuanto unidad dedicada a los procesos de selección de beneficiarios[24], o la del Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS), sistema de información que integra e interconecta bases de datos de diferentes programas sociales e instituciones, o la de ambas a la vez.

Posteriormente, y ante la necesidad de extender el confinamiento, mediante el decreto n.º 1.026 del 24 de abril de 2020[25] se establece una segunda fase del mencionado bono familiar. Se indica que será de 120 dólares en un único pago a cobrarse entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2020. También se modifican las reglas de acceso y exclusión estableciéndose que podrá ser beneficiario

un representante de la familia o la persona con ingresos inferiores al valor equivalente a la Canasta Familiar Vitar determinado por el INEC en el mes de febrero de 2020 de acuerdo a los parámetros que se dicten para el efecto (artículo 2).

Respecto a los que quedan exceptuados del beneficio, se indican los siguientes casos:

si dentro del núcleo familiar hay algún miembro que es beneficiario de los bonos y pensiones de las transferencias monetarias que otorga el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); o si ya es beneficiario del Bono de Protección familiar por Emergencia por la presencia del COVID en Ecuador (artículo 2).

Es decir, quedan fuera los que participaron de la fase uno, lo cual limita la garantía de ingresos alcanzada para los sectores más vulnerables de la población.

Para esta segunda etapa del bono, además se instituye una institucionalidad ad hoc.

En caso de que las bases de datos generadas y administradas por la Unidad del Registro Social resulten insuficientes para identificar a los posibles beneficiarios […], en el marco del estado de excepción, créase una Comisión Técnica encargada de estructurar una base datos emergente de registros administrativos que a criterio de la Comisión Técnica proporcione información social, económica y demográfica de la población vulnerable que habita en el territorio ecuatoriano que no conste en la base de datos del Registro Social con el objetivo de ampliar el número posible de beneficiarios del Bono […] (segunda fase) (artículo 3).

Lamentablemente, no se cuenta con información oficial respecto a la cobertura poblacional efectiva que tuvo el programa. De acuerdo con distintos medios de prensa, la primera fase previó alcanzar a 400.000 familias, y la segunda, a 550.000, para llegar a redondear un número de 950.000 unidades familiares. Esto equivaldría a un 20 % de la población cubierta, según algunos estudios (Rubio et al., 2021: 12-13). Finalmente, es importante indicar que este bono, una vez establecido por decreto, se operativiza a través de acuerdos ministeriales; esto contrastará, como veremos, con lo acontecido en el campo económico y laboral, donde las medidas involucran leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

Asimismo, se instrumenta el Plan Alimentario Canasta Solidaria. La medida incluye lo siguiente:

  1. la entrega de raciones de desayuno escolar;
  2. la distribución de canastas a través de tiendas;
  3. la campaña de donación “Dar una mano, sin dar la mano”; y
  4. a través de la georreferenciación, la entrega de canastas a personas con discapacidad y de la tercera edad.

El objetivo fue llegar a 140.000 personas; empero, no se tienen datos oficiales de la cobertura efectiva alcanzada.

En cuanto al primer eje, de acuerdo con fuentes oficiales, son los rectores y docentes de las escuelas públicas quienes “voluntariamente” han identificado a los padres de familias de escasos recursos, los cuales han recibido un kit conformado por leche, jugo, barras de cereales, granola, entre otros alimentos. Esto revela un amplio margen de discrecionalidad en las reglas de acceso. La iniciativa permitiría asistir a quienes acceden a la educación pública y que no reciben bonos como el de Desarrollo Humano (BDH) o el de Protección Familiar. En total, se preveía entregar 1.300.000 raciones que asegurarían el desayuno de los menores de edad, por 18 días; empero, no se sabe el grado efectivo de alcance que ha tenido.

En cuanto a la distribución de las canastas solidarias a través de tiendas de barrio, mediante la página web www.tiendacerca.ec, los beneficiarios deben consultar el día, la hora y la ubicación para retirar los víveres, presentando su cédula de identidad[26]. No queda claro cómo se ha seleccionado ni el papel que tuvo el MIES en la ejecución de este componente.

Respecto a la campaña de donación, la información obtenida es vaga sobre quién exactamente planteó la idea: si surge del sector público o privado. Se sabe que es una convocatoria abierta a la ciudadanía para donar dinero a través de una página web[27] y así comprar canastas de alimentos que son adjudicadas a personas vulnerables. Tampoco se han hecho públicos los criterios de selección ni los registros.

La campaña ha contado con el apoyo del onegeísmo nacional e internacional y supone alianzas con importantes empresas del país. Entre ellas destacan las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. Las canastas son entregadas por la policía nacional y las fuerzas armadas. Según fuentes oficiales, la campaña inicia el 18 de marzo de 2020 con el reparto de 245.000 kits, cada uno de los cuales sirve para alimentar a una familia de cuatro personas durante 15 días. Estos contienen arroz, fideos, harina de maíz, harina de plátano, aceite, fréjol, panela, chocolate en polvo, lenteja, sal yodada, atún, sardina, café, mermelada, galleta de sal y pasta.

La medida se inscribe dentro de las típicas acciones de beneficencia características del Ecuador previo a la Revolución Ciudadana. Básicamente, nos referimos a las Juntas de Beneficencia. Derivadas del “paradigma de la filantropía privada”, no de tipo eclesiástico, sino de corte empresarial (Barba Solano, 2005: 33-36), las juntas fueron centrales en el modelo de protección social ecuatoriano. La justificación de estas prácticas siempre alude a razones de tipo moral, y por eso su concepto clave es la asistencia caritativa a los pobres. Si bien se sabe que una de las características principales de la filantropía privada es su carácter desarticulado y local, no existen investigaciones que permitan afirmar si esta dinámica ha operado en la mencionada campaña. Sí puede sostenerse que la medida asume un carácter informal dada la ausencia de regulaciones respecto a su funcionamiento, control y rendición de cuentas, así como la inexistencia de vinculaciones formales explícitas con la institucionalidad pública existente (MIES).

Dentro del abanico de acciones instrumentadas para hacer frente a los efectos del confinamiento, debe mencionarse la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 (aprobada el 22 de junio de 2020[28]) y su reglamento general (decreto n.° 1165, del 29 de setiembre[29]), que estipula medidas de corte social, laboral y económico. Mediante tres grandes apartados, se ponen en funcionamiento las siguientes medidas:

  1. “Medidas solidarias para el bienestar y la reactivación productiva” (se trata, entre otras cuestiones, de pensiones educativas, suspensión temporal de desahucios, costos de servicios básicos, pólizas de salud, cuestiones relativas a la seguridad social, créditos productivos, cuotas de seguros, consumo popular, etc.).
  2. “Medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo” (o, en otras palabras, la modificación y flexibilización de las condiciones laborales mediante acuerdos ad hoc entre patrones y empleados).
  3. “Concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de obligaciones” (que busca mudar las relaciones entre acreedores y deudores mediante acuerdos preconcursales de carácter excepcional sobre condiciones, plazos, reducción, capitalización o reestructuración de las obligaciones pendientes de cualquier naturaleza).

Se trata de una suerte de ley “ómnibus”, justamente porque abarca múltiples campos de intervención, aunque las medidas más radicales, por sus efectos directos y de largo plazo sobre los ingresos, corresponden al ámbito laboral.

En el detalle de las medidas involucradas en la mencionada ley de apoyo humanitario, se destacan las siguientes protecciones:

  1. rebajas de hasta el 25 % de las pensiones educativas, el compromiso de no suspender el servicio educativo, el registro de asistencia y la evaluación de los estudiantes, y la implementación de sistemas de modalidad virtual;
  2. la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato;
  3. la congelación de los costos en servicios básicos y la suspensión temporal de cortes por falta de pagos;
  4. la rebaja en el costo del servicio eléctrico para las unidades familiares ubicadas en los dos primeros quintiles del nivel de ingresos;
  5. la prohibición de terminación de pólizas de salud o suspensión de su cobertura por mora;
  6. la extensión de cobertura del IESS en prestaciones de salud; y
  7. la obligación para las entidades financieras de la reprogramación de pagos.

Asimismo, esta legislación reconoce un cobro ágil de la prestación del seguro de desempleo para aquellos trabajadores en relación de dependencia que pasarán a situación de desempleo durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 (eso es, la reducción del tiempo de espera para acceder al subsidio de desempleo, de 60 a 10 días)[30]. Esta medida entra en vigor el 7 de agosto de 2020 con la aprobación de la Resolución n.º 604 del IESS. Para acceder a la prestación, debe tenerse mínimo 24 aportaciones no simultáneas, las seis últimas deben ser consecutivas[31]. Una vez que se apruebe la solicitud, la persona recibirá en su cuenta bancaria, por cinco meses, el equivalente al 70 % del salario básico unificado, es decir, 280 dólares.

4.4.2. La dimensión económico-laboral. Programas y políticas en el ámbito productivo y del trabajo

La misma ley de apoyo humanitario antes citada también incide en el ámbito del mercado de trabajo y de las relaciones laborales. Un primer vector tiene que ver con la renegociación de las condiciones de trabajo en el sector privado. Una ley orientada claramente a la flexibilización y, en definitiva, a dotar de mayor precariedad al vínculo laboral. En este sentido, se establece que

los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Los acuerdos no podrán afectar el salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada completa o su proporcionalidad en caso de jornadas reducidas (art. 16).

Por otro lado, se abre la puerta a la reducción de la jornada de trabajo: “Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50 %. El sueldo o salario del trabajador corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas” (art. 20). Finalmente, el empleador puede establecer las vacaciones de los trabajadores:

Los empleadores, durante los dos años siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o a su vez, establecer compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas (art. 21).

Un segundo vector pasa por la reducción de los salarios, las aportaciones y las horas trabajadas de los trabajadores públicos. Esto se realiza mediante el decreto n.°1.053, del 19 de mayo[32], de Reforma del Reglamento de la Ley Orgánica del Sector Público en lo que atinente a jornadas especiales del sector público, se interviene en las condiciones de los trabajadores públicos.

Por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad, por un período no mayor a seis meses renovables por seis meses más por una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida, previa autorización del Ministerio rector del Trabajo, hasta un límite no menor a treinta horas semanales.

El gobierno asegura que eso implicará una reducción del 16,6 % en el salario mensual (en el caso de los profesores, sería del 8,3 %)[33]. La aplicación comienza el 1.º de junio de 2020[34].

En el plano económico-productivo, se crea el programa Reactívate Ecuador para asistir el crédito del sector financiero hacia unidades productivas afectadas por la emergencia sanitaria (decreto n.º 1.070 del 11 de junio de 2020[35]). Se trata de una línea de financiamiento con condiciones preferenciales para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a cubrir las nóminas y los costos operativos (capital de trabajo), obligaciones vencidas con proveedores y otras obligaciones previstas hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, los subsidios para sostener la planta laboral resultan reintegrables. Los segmentos cubiertos son los que siguen a continuación:

  1. microempresas: las compañías con ventas de hasta $100.000 al año podrán acceder a créditos de entre $500 y $30.000;
  2. pequeñas empresas: las compañías con ventas de hasta $1.000.000 al año contarán con acceso a créditos de hasta $300.000; y
  3. medianas empresas: las compañías con ventas de hasta $2.000.000 al año tendrán acceso a créditos de hasta $500.000.

La tasa de interés del préstamo se fijará en 5 %, con 36 meses de plazo y seis meses de gracia. El Banco del Pacífico (banca pública) es el encargado central en la instrumentación del programa, aunque podrán sumarse otras entidades bancarias y cooperativas[36]. No se tiene información oficial respecto a la cobertura alcanzada con esta intervención. La medida ha sido financiada con fondos provenientes de endeudamiento externo.

De igual forma, otras políticas se han concentrado en la cuestión tributaria. Entre ellas destaca la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas del 24 de julio de 2020[37]. Esta medida legislativa es complementaria de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal del 21 de agosto de 2018[38], que permite la remisión del 100 % de los intereses, recargos de pago a créditos solicitados y multas de los deudores tributarios con el fisco, la exoneración del Impuesto a la Renta por 12 años y sin plazo para el impuesto a la salida de divisas de capitales para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados[39]. Es decir, una reforma tributaria que desregula el sistema tributario, especialmente en los impuestos de corte progresivo, lo que afecta seriamente a los recursos públicos para, entre otras cuestiones, realizar inversión social. En estas normativas se establece la reducción del presupuesto general del Estado, y en concreto se operan recortes en educación, salud y bienestar social. Todo operado bajo la orientación normativa de la “austeridad fiscal” (Dávalos, 2020; Grupo Faro, 2020). Es importante indicar que la ley de 2020 aludida encuentra condiciones políticas para su tratamiento y aprobación legislativa en el contexto de la emergencia sanitaria[40].

Finalmente, debe mencionarse, ya durante la gestión presidencial de Guillermo Lasso, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19[41], la cual es aprobada como proyecto económico urgente y está atada desde su diseño a las exigencias y condicionalidades del acuerdo de financiamiento extendido (SAF) entre el Ecuador y el FMI. De acuerdo con distintos análisis especializados, se trata de un conjunto de medidas para favorecer la concentración de grandes grupos económicos. Por un lado, se diluyen las responsabilidades fiscales a través de la creación de “contribuciones temporales para el impulso económico y sostenibilidad fiscal post-Covid 19”, en cuanto les permite trasladar directamente este impuesto a su modelo de negocios y de allí a los clientes habida cuenta del grado de monopolización y dominancia de mercado que tienen en Ecuador. También se otorga seguridad jurídica al blanqueamiento de capitales radicados en el exterior provenientes de actos ilícitos, se abren y desregulan los sectores petrolero, turístico y de telecomunicaciones y la explotación de las islas Galápagos, entre otros, y se realizan cambios en el cálculo del impuesto a la renta, lo que conlleva efectos regresivos y en desmedro de la clase media. Finalmente, quizás uno de los cambios más significativo es la disposición general mediante la cual los ingresos recaudados en calidad de contribuciones temporales como las mencionadas no pueden registrarse como ingresos permanentes y, por ende, no pueden financiar los egresos permanentes, entre los que están los dedicados al sector social, sino para respaldar con recursos públicos los pasivos de los bancos privados o para el pago de la deuda externa (Dávalos, 2021).

4.5. A modo de conclusión: la consolidación del giro neoliberal

Como pudo verse a lo largo de este capítulo, en el caso de Ecuador, la crisis de la covid-19 ha actuado como una suerte de acelerador de los procesos de desmantelamiento del régimen de bienestar configurado durante la Revolución Ciudadana. Con sus limitaciones de partida –país con alta incidencia de la pobreza, con poca institucionalidad e importante vulnerabilidad económica y social–, los gobiernos de Rafael Correa habían conseguido desarrollar una institucionalidad de garantía de servicios de sanidad y educación, consolidar y estructurar una política integral de transferencias no contributivas, y aumentar la formalización y afiliación en el mercado de trabajo. También se había avanzado en reducir fracturas de género y etnia (Ubasart González y Minteguiaga, 2021).

Así pues, la excepcionalidad que irrumpe en marzo de 2020 parece intensificar dos procesos que se venían desarrollando desde la asunción del gobierno de Lenin Moreno (mayo de 2017). En primer lugar, se acelera la reversión de la etapa posneoliberal y la vuelta a algunos de los postulados del Consenso de Washington y, por lo tanto, del neoliberalismo. De este modo, se naturaliza el retorno a la apuesta por el achicamiento del Estado en una triple vertiente: reducir la intervención en la economía, desregular el mercado laboral y disminuir la prestación de servicios públicos ligados al bienestar y a la protección social. En segundo lugar, se acrecienta la asistencialización de la política social, e incluso el fortalecimiento de una deriva de corte caritativo y filantrópico. Todo lo cual hablará de una capacidad de bienestar público debilitada.

En el caso concreto de las políticas sociales y laborales desplegadas durante la fase crítica de la pandemia, llaman la atención al menos tres elementos. En primer lugar, las políticas sociales instrumentadas no se han montado sobre la institucionalidad pública preexistente, aprovechando capacidades instaladas especialmente durante la fase expansiva que registra este tipo de intervenciones estatales (2007-2017). Por el contrario, se crean nuevos programas de emergencia diseñados para ser rápidamente desactivados una vez que pase el momento agudo de la crisis. El propio bono familiar se trata de una aportación única, con múltiples restricciones de acceso, para paliar de manera momentánea una carencia material que, tomando en cuenta los indicadores de pobreza, desigualdad y del mundo laboral, excede la emergencia pandémica.

En segundo término, se evidencia el retorno de acciones inscritas en el paradigma de la filantropía privada (Barba Solano, 2005); uno que en Ecuador registra un sostenido despliegue entre fines del siglo xix y todo el xx y que tiene a las Juntas de Beneficencia como sus máximos exponentes (De la Torre, 1996). Esta orientación puede observarse de manera patente en el caso de los kits alimentarios.

Finalmente, en tercer lugar, se constata el avance de reformas laborales de trascendencia que buscan revertir los esfuerzos realizados durante la Revolución Ciudadana para atender el problema de la precarización del empleo formal y la alta informalidad laboral. Mudanzas inscritas en una redefinición del papel del Estado en la economía. Una capacidad de bienestar público debilitada que encuentra su fundamento en una radical redefinición del peso y las responsabilidades de las distintas esferas proveedoras de bienestar y su consiguiente efecto desprotectivo. El giro apuntado se consolida con la victoria electoral de Guillermo Lasso en las presidenciales de abril de 2021.

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  1. Datos obtenidos del proyecto “Our World in data” de la University of Oxford (bit.ly/3CgcVrc). En él se alerta de la existencia de infradiagnóstico, sobre todo en las primeras olas.
  2. Algunos autores sostienen la hipótesis de que el morenismo es expresión de un patrón de transformismo político característico en el Ecuador. Así, se indica que el viraje personificado por Moreno no revela el antagonismo entre dos líderes políticos (Moreno vs. Correa) ni un cambio en la correlación de fuerzas al interior del partido político Alianza País. Más bien supone la reanudación de la historia del transformismo en Ecuador, interrumpida solo durante los años de gestión de Rafael Correa (Frieiro y Sánchez, 2021).
  3. A pocos meses de ganar las elecciones, y como efecto del cambio de orientación política e ideológica de Moreno, se produce la fractura del movimiento y partido político Alianza País, que lo llevó al poder. Una parte mayoritaria lo retira de la presidencia de esta agrupación por considerar que incurrió en faltas éticas graves al desconocer el programa electoral con el cual ganó las elecciones. A partir de allí, el partido se divide, lo que quedará también expresado en las representaciones de la Asamblea Nacional.
  4. Sin detenernos en este punto, es importante mencionar que en distintos trabajos se ha sostenido que en Ecuador la agenda neoliberal desplegada entre los 80 y principios del 2000 no alcanzó la radicalidad de otros países de América Latina (como Chile, Argentina, Brasil, etc.) debido a que las élites estaban involucradas en una lucha intestina que impedía la constitución de un bloque de poder que consustanciara a mayor nivel las transformaciones promercado (como la privatización de la seguridad social o de las empresas públicas de servicios –agua, telecomunicaciones, electricidad, etc.–) (Montúfar, 2000). Lo antedicho no desconoce la importancia de los movimientos sociales y de las acciones de resistencia que existieron durante esas décadas para impedir el avance de la mencionada agenda, sino que pone la mirada en la dinámica endógena de los sectores dominantes (Ramírez Gallegos, 2010; Minteguiaga, 2012). Desde este lugar, resulta razonable pensar que Moreno, y teniendo en cuenta el desanclaje que se produce con su base electoral y con el programa que lo llevó al poder, logra constituirse y fungir de “administrador” de dichas divisiones y representar así sus intereses generales de clase y no los de sus grupos específicos, lo cual permite, por primera vez, las condiciones necesarias para avanzar en la agenda neoliberal.
  5. Junto a Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela.
  6. Junto a República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Bolivia.
  7. Junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Perú, Bolivia y Paraguay.
  8. Junto con Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia y Venezuela. En un grado aún mayor de régimen familiarista, identifica a Bolivia, Honduras, Paraguay y Nicaragua.
  9. No es un dato menor la designación, en mayo de 2018, frente al Ministerio de Economía y Finanzas, del entonces presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
  10. Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (Registro Oficial Suplemento n.° 867 del 21 de octubre de 2016).
  11. Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social (Registro Oficial Suplemento n.° 323 del 18 de noviembre de 2010).
  12. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar (Registro Oficial Tercer Suplemento n.° 483 del 20 de abril de 2015).
  13. Mediante un proceso de corrección de la base de datos (“mejoras” en la focalización), se logra cubrir al 95 % de los hogares bajo la línea de pobreza (MCDS, 2010).
  14. Inicialmente, el BDH suponía una transferencia de USD 15 mensuales. En 2007 se aumenta a USD 30, en 2009 a 35 y finalmente en 2012 a USD 50.
  15. Mediante el decreto n.° 253, del 22 de diciembre de 2017, se implementa el Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable (BDH-V): el monto puede llegar hasta 150 dólares en función del número de hijos. Para las personas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, existen la Pensión Mis Mejores Años (mayores de 65 años) y la Pensión Toda una Vida (discapacidad), que contemplan 100 dólares de monto mensual (MIES, 2020). Véase también bit.ly/3pp7Yop.
  16. La pregunta fue: “¿Está usted de acuerdo en que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?”. Véase bit.ly/3C7ujyw.
  17. Respecto a la LOSEP véase Registro Oficial Segundo Suplemento n.° 294 del 6 de octubre de 2010. En cuanto a la LOSCCA véase Registro Oficial n.° 16, del 12 de mayo del 2005.
  18. Registro Oficial Suplemento n.° 163 del 17 de marzo de 2020.
  19. Registro Oficial Primer Suplemento n.° 195 del 4 de mayo de 2020.
  20. Registro Oficial Suplemento n.° 209 del 22 de mayo de 2020.
  21. Registro Oficial Segundo Suplemento n.° 225 del 16 de junio de 2020.
  22. Registro Oficial Segundo Suplemento n.° 279 del 1 de septiembre de 2020.
  23. Registro Oficial Suplemento n.° 173 del 31 de marzo de 2020.
  24. La Unidad de Registro Social fue creada mediante el decreto n.º 712 del 11 de abril de 2019.
  25. Registro Oficial Segundo Suplemento n.° 195 del 4 de mayo de 2020.
  26. Para los dos primeros componentes, véase bit.ly/3A8bKb0.
  27. Incluso, hasta la fecha de redacción del presente capítulo, la iniciativa al parecer sigue vigente. Esto se desprende de la página web bit.ly/3Ar6Kzp.
  28. Registro Oficial Suplemento n.° 229 del 22 de junio de 2020.
  29. Registro Oficial Suplemento n.° 303 del 5 de octubre de 2020.
  30. Véase bit.ly/3PsqMOq.
  31. Véase bit.ly/3dBkZsz.
  32. Registro Oficial Suplemento n.° 207 del 20 de mayo de 2020.
  33. Véase bit.ly/3K1UJn2.
  34. Se establece que, si se termina la relación de prestación de servicios, las indemnizaciones y bonificaciones se calcularán según la remuneración recibida antes del ajuste de la jornada. De igual manera, mientras dure la reducción, las aportaciones a la seguridad social que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre ocho horas diarias de trabajo.
  35. Registro Oficial Segundo Suplemento n.° 225 del 16 de junio de 2020.
  36. Véase bit.ly/3w8JILb.
  37. Registro Oficial Suplemento n.° 253 del 24 de julio de 2020.
  38. Registro Oficial Suplemento n.° 309 del 21 de agosto de 2018.
  39. De acuerdo con algunos autores, en el año 2018 inicia más abiertamente el programa neoliberal de Moreno (Cajas Guijarro, 2018).
  40. El gobierno de Moreno intentó mucho antes aprobar esta medida, sin éxito. El antecedente fue la Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, presentada con carácter de tratamiento urgente el 18 de octubre de 2019 por la presidencia; empero, la normativa es negada y archivada por la Asamblea Nacional el 17 noviembre de 2019.
  41. Registro Oficial Suplemento n.° 587 del 29 de noviembre de 2021.


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