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V. Género, trabajo y territorio en la ruralidad pampeana

La división sexual del trabajo
en el contexto del agronegocio

Alejandra Santiago y Melina Neiman

Introducción

La ruralidad contemporánea se encuentra atravesada por transformaciones productivas, sociales y territoriales que han redefinido las formas de producir, trabajar y habitar el espacio rural. En la región pampeana, la consolidación del modelo del agronegocio –caracterizado por la expansión de la agricultura extensiva, la intensificación tecnológica y la creciente articulación con los mercados globales– ha ido reconfigurando la organización del trabajo y la estructura social del territorio. Estos procesos no afectan de manera homogénea a quienes participan de la vida rural, sino que se inscriben en relaciones sociales históricamente desiguales, entre las cuales las desigualdades de género han sido relativamente menos estudiadas para esta región.

Diversos trabajos han señalado que el neoliberalismo y, más recientemente, la financiarización han sido motores centrales de la reestructuración agraria (Gras & Hernández, 2013; Fairbairn, 2014; Frederico et al., 2025). No obstante, estas transformaciones en las formas de propiedad, gestión y organización del trabajo no han supuesto una ruptura equivalente en el plano simbólico: persisten elementos del agrarismo que continúan organizando las relaciones sociales, los valores morales y las jerarquías simbólicas del espacio rural (Beingessner et al., 2022), sosteniendo un imaginario que sigue estructurando prácticas, discursos y criterios de reconocimiento del trabajo en clave masculina.

Si bien la literatura académica ha cuestionado ampliamente esta representación, mostrando que la participación de las mujeres en las explotaciones rurales es constante y significativa (Bonet, 2004; Massey, 1994; De Arce, 2024), en la vida cotidiana del agro su trabajo suele ser definido como complementario o secundario, aun cuando forme parte sustantiva de las dinámicas productivas. Esta coexistencia entre lógicas neoliberales y agraristas resulta clave para comprender por qué las transformaciones productivas y tecnológicas no conllevan necesariamente una redistribución de poder ni una reducción de las desigualdades de género.

Este capítulo se propone analizar los lugares que ocupan las mujeres en el modelo productivo del agronegocio, entendiendo que dichos lugares no constituyen posiciones fijas, sino que se configuran en el marco de relaciones sociales desiguales. El trabajo no se concibe únicamente como empleo remunerado, sino como una relación social situada que articula dimensiones productivas y reproductivas, públicas y privadas, que en el contexto del agronegocio se reordenan, aunque continúan estrechamente vinculadas. Sin embargo, el foco no está puesto en analizar el trabajo reproductivo y de cuidados como ámbitos específicos de inserción femenina en la ruralidad, sino en considerarlos como una condición estructural que incide en los criterios de reconocimiento del trabajo. Su asignación naturalizada a las mujeres contribuye a desvalorizar su participación en la esfera productiva mediante mecanismos que deslegitiman su presencia efectiva, aun cuando cuenten con experiencia y capacidades técnicas. En algunos casos, estos mecanismos operan desde afuera –a través del cuestionamiento externo del saber o la exclusión corporal del empleo–; en otros, se reproducen desde adentro, cuando las propias mujeres incorporan los criterios que subordinan su trabajo y lo nombran con categorías que lo minimizan.

La división sexual del trabajo opera como un principio organizador del espacio rural y de las formas de acceso diferencial a recursos, saberes y reconocimiento social, produciendo jerarquías que tienden a concentrar la visibilidad y la representación pública del trabajo en los varones. El capítulo busca contribuir a la comprensión de cómo se reproduce esa división sexual del trabajo en la ruralidad pampeana contemporánea, poniendo en evidencia las tensiones entre los cambios introducidos por el agronegocio y las persistencias de estructuras históricas de desigualdad en la organización del trabajo agrario. Para ello, se recupera la heterogeneidad de las trayectorias laborales y vitales de las trabajadoras rurales, atravesadas por diferencias de clase, nivel educativo y formas de inserción en el sistema productivo.

La investigación se basa en un estudio de caso realizado en el partido de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un territorio representativo de la región pampeana donde la expansión del agronegocio ha reconfigurado las formas de producción y trabajo y la organización de las explotaciones agropecuarias. El análisis se apoya en un enfoque cualitativo que combina entrevistas en profundidad a mujeres y varones vinculados a la actividad agropecuaria –productores/as, trabajadores/as, técnicos/as y contratistas– con observaciones de campo y análisis documental, lo que permite reconstruir trayectorias laborales, prácticas cotidianas y criterios a través de los cuales el trabajo es reconocido y jerarquizado[1].

El capítulo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta el marco analítico que aborda la relación entre globalización, agronegocio y reconfiguración del espacio rural. Luego, se caracteriza el caso de estudio y el contexto local y, a continuación, se analizan las distintas modalidades de inserción laboral de las mujeres en el agro. Finalmente, se discuten los principales hallazgos en torno a los mecanismos mediante los cuales la división sexual del trabajo se reproduce en la ruralidad pampeana contemporánea: el cuestionamiento del saber experto en el trabajo técnico-profesional, la exclusión corporal en el trabajo de campo y la incorporación de criterios de subordinación en el trabajo de gestión y administración.

Globalización, agronegocio y reconfiguración del espacio rural

La expansión del agronegocio en la región pampeana se inscribe en procesos de globalización que, desde fines del siglo XX, han reconfigurado las formas de acumulación, producción y organización del trabajo rural. La globalización constituye un proceso multiescalar que articula dinámicas globales con configuraciones territoriales específicas, produciendo también transformaciones particulares en los espacios rurales (Sassen, 2007; Parnreiter, 2018). En este sentido, el agronegocio no debe comprenderse como una simple innovación técnica, sino como una forma históricamente situada de organización productiva que reordena relaciones sociales, saberes legítimos y usos del territorio.

Desde la década de 1980, la apertura económica, la desregulación de los mercados y la creciente centralidad de las finanzas integraron de manera diferencial los territorios rurales en circuitos globales de producción y circulación. Esta integración subordinó lógicas locales a estrategias empresariales y financieras de alcance transnacional (Sassen, 2007). El agronegocio emergió así como un régimen social específico que articula capital global, innovación tecnológica y control territorial, de manera que generó nuevas jerarquías productivas y sociales.

Uno de los mecanismos centrales de esta transformación es la tecnificación del proceso productivo, que no solo incrementa la intensidad del capital, sino que redefine qué saberes son considerados legítimos. La jerarquización de conocimientos técnicos y profesionales –asociados históricamente a trayectorias masculinas– desplaza y desvaloriza otros saberes ligados a la experiencia cotidiana, al oficio y a la reproducción de la unidad productiva. De este modo, la tecnología opera como un dispositivo de diferenciación social que contribuye a delimitar quiénes son reconocidos como trabajadores calificados dentro del agronegocio (Gras & Hernández, 2013). Como se verá en el análisis empírico, este dispositivo opera de manera distinta según el espacio de trabajo: en el ámbito técnico-profesional, define quién tiene acceso legítimo al saber experto; en el trabajo de campo, redefine, pero no desarma el argumento corporal de la exclusión; y en el trabajo de gestión, hace cada vez más complejo e indispensable un trabajo que, sin embargo, sigue siendo nombrado como “ayuda”.

Un segundo mecanismo clave es la reorganización de la gestión y la administración. La creciente complejidad financiera y organizativa del modelo productivo otorga centralidad a tareas vinculadas al control económico, la planificación y la articulación con mercados e instituciones (Neiman y Blanco, 2015). En las empresas agropecuarias medianas insertas en este modelo, estas funciones suelen quedar asociadas al espacio privado y aparecen desdibujadas como trabajo productivo, aun cuando resultan indispensables para el funcionamiento del sistema. Esta separación simbólica y material entre actividades reconocidas como productivas y aquellas consideradas auxiliares introduce jerarquías internas en el reconocimiento del trabajo.

Un tercer mecanismo es la segmentación del trabajo asociada a la tercerización y al contratismo[2], que redefine no solo las tareas, sino también quiénes son considerados sujetos legítimos para ocupar determinados espacios productivos. La externalización de labores y la especialización funcional refuerzan una organización del trabajo que concentra la intervención directa –el campo, la maquinaria, la toma de decisiones técnicas– en determinados perfiles laborales y relega otras formas de participación a posiciones menos visibles y reconocidas, consideradas de apoyo a estas actividades principales.

En este contexto, la transformación del trabajo rural adquiere un lugar central. La tecnificación y la racionalización productiva reducen la demanda de mano de obra permanente y promueven formas de trabajo flexibles y segmentadas, al tiempo que redefinen el perfil del trabajador rural legítimo, que se construye a partir de la combinación de fuerza física, confiabilidad en el cumplimiento de las tareas y saber técnico. Estos procesos profundizan desigualdades de clase y refuerzan desigualdades de género al desvalorizar formas de trabajo productivo que se realizan por fuera de los espacios centrales de decisión y visibilidad del modelo (McDowell, 2000; Deere & León, 2005).

Las relaciones desiguales de género no constituyen un efecto secundario del agronegocio, sino una dimensión estructural de la reorganización productiva, que se expresa en el acceso diferencial a recursos, saberes y reconocimiento dentro del sistema agroproductivo (Varela, 2020). Este encuadre permite analizar cómo estos mecanismos globales se traducen en configuraciones locales específicas y cómo, en ese proceso, se estructuran los trabajos en los que se ocupan las mujeres en la actividad agraria.

Trabajo y género en la ruralidad pampeana

En el modelo del agronegocio, el acceso diferencial de mujeres y varones a determinadas posiciones laborales no puede comprenderse como un efecto contingente, sino como parte de un entramado de relaciones sociales que organiza jerarquías de género en torno al trabajo.

En este marco, la división sexual del trabajo constituye un mecanismo estructurante de esas desigualdades. Más que una simple distribución de tareas, se trata de una relación social que produce jerarquías: define qué actividades adquieren estatus de trabajo legítimo y cuáles quedan subordinadas o desvalorizadas según el género de quien las realiza (Hirata & Kergoat, 2007; Bonet, 2004).

La desigualdad no se explicaría por una menor participación femenina, sino por los criterios sociales que delimitan qué prácticas cuentan como trabajo y quiénes pueden ser reconocidos como trabajadores legítimos. En la ruralidad pampeana, esos criterios se apoyan en matrices culturales que asocian la producción, la técnica y la toma de decisiones con lo masculino, mientras que ubican muchas prácticas femeninas en registros secundarios, aun cuando formen parte constitutiva del proceso productivo (Vázquez Laba, 2009; De Arce & França, 2019).

Esta diferenciación simbólica se traduce en la organización concreta de los mercados laborales rurales. La segmentación no solo separa tareas productivas y reproductivas, sino que establece una valoración desigual de las posiciones laborales, de forma que condiciona el acceso, la estabilidad y la movilidad en función del género y la clase (Neiman & Quaranta, 2004). En el agro pampeano, los perfiles vinculados al uso de maquinaria, al manejo técnico y a la gestión empresarial concentran mayor reconocimiento y remuneración, mientras que otras funciones quedan definidas como complementarias o auxiliares, con menor estatus y proyección.

La literatura reciente ha mostrado que, en distintos territorios rurales, las mujeres participan activamente en procesos productivos sin que esa participación se traduzca necesariamente en reconocimiento pleno como trabajo en sentido estricto (Haugg, 2020; De Arce, 2024; Longiovini y Bianqui, 2023). El problema no radica en la ausencia de aportes femeninos, sino en la clasificación diferencial de esos aportes, que tiende a inscribirlos en el ámbito familiar o relacional antes que en el económico.

Por ejemplo, Kempster et al. (2023) muestran que las mujeres que integran explotaciones agropecuarias no se identifican a sí mismas a partir de roles formales y claramente delimitados –como productora o gerente–, sino mediante configuraciones superpuestas que articulan gestión cotidiana, toma de decisiones, apoyo organizativo y tareas de cuidado. Estas modalidades de participación, fundamentales para el funcionamiento de las unidades productivas, desbordan los esquemas analíticos del agronegocio, que privilegian figuras individuales jerarquizadas. Más que invisibilidad absoluta, lo que se observa es una tensión persistente entre prácticas efectivas y marcos de reconocimiento restrictivos. Este enfoque resulta particularmente fértil para el análisis del caso de Saladillo, ya que permite comprender cómo la presencia activa de las mujeres en múltiples dimensiones del trabajo rural coexiste con formas sistemáticas de reconocimiento parcial o subordinado.

La división sexual del trabajo se manifiesta tanto verticalmente –en la distribución desigual de posiciones jerárquicas– como horizontalmente, en la organización espacial de las actividades y en la definición de los lugares socialmente habilitados para mujeres y varones. Estas dinámicas no desaparecen con la modernización productiva, sino que se reconfiguran. El avance del agronegocio, con su creciente centralidad de la tecnología y del saber experto, redefine los criterios de legitimidad laboral, jerarquizando determinados conocimientos y restringiendo el acceso a espacios estratégicos del modelo productivo. En este sentido, la tecnología no opera como un factor neutral de modernización, sino como un dispositivo que puede reforzar jerarquías de género a través del acceso diferencial a capacitaciones, redes técnicas y circuitos informales de conocimiento (McDowell, 2000; Santos, 1996).

Abordaje metodológico y contextualización territorial: el caso de Saladillo

Este capítulo se apoya en un enfoque cualitativo con anclaje territorial, orientado a comprender cómo se configuran los lugares que ocupan las mujeres en la ruralidad pampeana en el contexto de la expansión del agronegocio. La elección del partido de Saladillo como caso de estudio responde a que presenta condiciones productivas, sociales y territoriales típicas de la región pampeana bonaerense, lo que lo vuelve un caso adecuado para analizar cómo las transformaciones del modelo agroindustrial se articulan con persistencias históricas en la organización del trabajo rural y las relaciones de género.

El partido de Saladillo se localiza en el centro de la provincia de Buenos Aires y se caracteriza por una matriz productiva históricamente vinculada a la actividad agropecuaria. Predominan las explotaciones ganaderas, agrícolas y mixtas, con una fuerte presencia de la producción bovina, combinada en las últimas décadas con la especialización de la agricultura –principalmente soja, maíz y trigo– y la incorporación de nuevas tecnologías.

Entre los censos agropecuarios de 2002 y 2018[3], se observa una consolidación del modelo productivo asociado a la incorporación tecnológica y el aumento de la productividad tanto en ganadería como en agricultura. En 2002, el 49 % de la superficie total del partido estaba ocupada por forrajeras y pastizales, asociado a la actividad ganadera; para 2018, la superficie ocupada con ganado ascendió al 58 %, lo cual evidencia la centralidad de la ganadería vacuna en la estructura productiva local. A esto se suma la incorporación de sistemas de confinamiento, orientados a maximizar la productividad por superficie.

Por su parte, la superficie destinada a la agricultura se mantuvo relativamente estable entre ambos censos, ya que alrededor del 30 % de la tierra se destinó a la producción de cereales y oleaginosas. No obstante, se observa una transformación cualitativa significativa en su composición interna. Mientras que en 2002 las oleaginosas representaban el 45 % de la superficie implantada, y los cereales, el 31 %, en 2018 se registró un marcado predominio de las oleaginosas, particularmente de la soja, que concentra el 96 % de la superficie implantada de este grupo.

El análisis prioriza la reconstrucción de sentidos, prácticas y trayectorias desde la mirada de las y los actores sociales. Esta estrategia resulta especialmente adecuada para el estudio de las desigualdades de género en contextos rurales, donde gran parte del trabajo femenino permanece invisibilizado y no puede ser captado por los instrumentos cuantitativos tradicionales.

La investigación se desarrolló a partir de un estudio de caso, entendido como una expresión localizada de procesos sociales más amplios. El caso de Saladillo permite observar, en una escala concreta, cómo se materializan las dinámicas vinculadas a la reestructuración del agro, la tecnificación y la reorganización del trabajo, y cómo estas transformaciones impactan de manera diferencial sobre mujeres y varones.

El trabajo de campo se desarrolló en dos etapas. En una primera fase exploratoria (2019), se caracterizó el espacio rural y las transformaciones recientes del modelo productivo mediante entrevistas a productores, técnicos del INTA y funcionarios locales, complementadas con fuentes secundarias y datos censales. Esta instancia permitió identificar la marcada masculinización de los espacios de decisión en el agro local, lo que orientó el análisis hacia el lugar de las mujeres en el sistema productivo.

En una segunda etapa (2021), se realizaron entrevistas en profundidad a mujeres con trayectorias diversas –trabajadoras rurales, profesionales, productoras, contratistas y gestoras– a fin de reconstruir sus posiciones dentro del sistema productivo. La heterogeneidad de perfiles constituyó la base para la tipología analítica presentada en este trabajo. Las entrevistas se orientaron a reconstruir trayectorias de trabajo, formas de inserción laboral, modalidades de acceso a la remuneración y al reconocimiento, así como percepciones sobre los cambios productivos y tecnológicos en el agro. El análisis del material empírico se realizó de manera articulada con el marco teórico, permitiendo identificar regularidades, tensiones y mecanismos de reproducción de la división sexual del trabajo, así como las estrategias desplegadas por las mujeres para sostener, negociar o disputar sus lugares en un ámbito productivo históricamente masculinizado.

La división sexual del trabajo en la ruralidad pampeana: tipologías de inserción femenina en el caso de Saladillo

El trabajo de campo realizado en el partido de Saladillo muestra que las mujeres participan activamente en distintas dimensiones del sistema productivo rural, desempeñando tareas productivas, técnicas, administrativas y de gestión, tanto en empresas agropecuarias grandes como en emprendimientos propios y en empresas que ofrecen servicios profesionales o de maquinaria.

En este sentido, el análisis de las trayectorias laborales reconstruidas permite delinear una tipología de modalidades de inserción femenina que da cuenta de los mecanismos mediante los cuales el modelo del agronegocio organiza y reproduce posiciones desiguales para las mujeres dentro del sistema productivo. Este ordenamiento tipológico permite identificar regularidades en las formas de participación femenina, atendiendo tanto a los lugares que ocupan en la organización del trabajo como a los grados de reconocimiento, autonomía y visibilidad asociados a cada inserción.

Las trayectorias analizadas muestran recorridos laborales dinámicos, incluyendo situaciones en las que muchas mujeres combinan simultáneamente más de una forma de inserción o transitan entre ellas a lo largo del tiempo.

Trabajo técnico-profesional: inserciones visibles en un campo masculinizado

El trabajo técnico-profesional en el ámbito rural aparece, en principio, como uno de los espacios donde las transformaciones recientes del agro habrían habilitado mayores oportunidades de inserción para las mujeres. La creciente demanda de saberes especializados, la expansión de la formación universitaria y la centralidad de la tecnología en el modelo del agronegocio podrían sugerir una progresiva desgenerización de estos puestos. Sin embargo, el análisis empírico muestra que el acceso de las mujeres a estos espacios no garantiza su reconocimiento como trabajadoras legítimas ni su participación plena en las tareas y relaciones centrales del sistema productivo.

Las trayectorias de ingenieras agrónomas y veterinarias entrevistadas evidencian que, aun ocupando posiciones formalmente reconocidas, las mujeres enfrentan cuestionamientos persistentes sobre su capacidad técnica, su autoridad profesional y su idoneidad para determinadas tareas. A diferencia de sus pares varones, deben demostrar de manera reiterada competencias que en ellos se presuponen, lo que introduce una carga simbólica adicional en el ejercicio cotidiano de la profesión. Como señala una ingeniera agrónoma: “Tenés que saber el doble y explicar el triple para que te tomen en serio; a un varón no le preguntan si realmente entiende, a vos sí”.

Uno de los mecanismos menos visibles –pero más significativos– de esta desigualdad se expresa en la asignación diferencial de tareas dentro del trabajo técnico-profesional. Las entrevistadas muestran que muchas mujeres son orientadas hacia tareas de escritorio, administrativas o de apoyo técnico, aun cuando manifiestan interés y formación para realizar trabajo de campo. La participación en recorridas, manejo directo de animales, supervisión productiva o presencia sostenida en los establecimientos rurales aparece, en muchos casos, restringida o mediada, configurando una división sexual interna dentro del propio trabajo calificado.

Esta segmentación no responde a decisiones individuales aisladas, sino a una lógica organizacional que asocia el trabajo de campo con lo masculino y el trabajo “de oficina” con lo femenino. De este modo, aun cuando las mujeres acceden a posiciones técnicas, su experiencia profesional queda parcialmente confinada a espacios considerados secundarios, menos visibles y con menor valor simbólico dentro del agronegocio. La exclusión del campo no solo limita el desarrollo profesional, sino que afecta directamente la construcción de autoridad técnica, que en el ámbito rural continúa fuertemente asociada a la presencia territorial y al conocimiento práctico situado. Una ingeniera agrónoma de trayectoria relata:

En la empresa no les gustaba que las mujeres trabajaran en el campo. Por esos prejuicios de creer que la empresa puede tener un problema porque te dicen un piropo y vos te lo tomás mal y les hacés un juicio. Yo muchas veces le dije a mi jefe “A mí me están desaprovechando, me tienen acá procesando y analizando información, cuando en el campo puedo ser mucho más útil porque esto cualquier analista lo puede hacer”.

El testimonio revela una paradoja específica del agronegocio tecnificado: las herramientas digitales de procesamiento y análisis de datos –precisamente las que el modelo presenta como símbolo de modernización– son usadas para confinar a las mujeres en la oficina, mientras que el trabajo de campo –territorio de la autoridad técnica real– permanece como espacio masculino. La tecnología no abre el campo, sino que reorganiza su cierre.

En el caso de las veterinarias, la división sexual del trabajo se expresa con particular claridad en la segmentación de tareas según el tipo de animales con los que trabajan. Las mujeres se desempeñan mayoritariamente en el ámbito de los animales pequeños o domésticos, mientras que el trabajo con animales grandes –especialmente en la producción ganadera– continúa siendo un espacio fuertemente masculinizado. Aquellas que intentan insertarse en este sector relatan obstáculos vinculados a la subestimación de su capacidad profesional y a resistencias explícitas por parte de productores y colegas varones.

La exclusión de las mujeres del trabajo con animales grandes suele justificarse en la necesidad de fuerza física. Sin embargo, los relatos muestran que este argumento suele carecer de sustento empírico. Las entrevistadas describen estrategias de trabajo basadas en el uso de tecnologías, la anticipación de contingencias y la organización de tareas que reducen significativamente la exigencia corporal, y que, en caso de ser necesario, pueden contar con un trabajador agrario de apoyo. La apelación a la fuerza aparece, así, menos como una limitación real que como un recurso simbólico que legitima la exclusión femenina de determinados espacios del trabajo rural. En palabras de una veterinaria entrevistada:

Yo sola un ternero no lo puedo sacar, pero sí con un muchacho que te mané la vaca. Cuando voy a algún lado que no conozco mucho o si voy a un lugar que sé que la persona que está no es hábil, le digo a mi marido “Vení conmigo porque este tipo me hace matar”. Igual, hoy en día hay más herramientas. Se están comprando ecógrafos para hacer un poco menos de fuerza a la hora de hacer una parición también.

A esta asignación de tareas se suma un segundo mecanismo central: la exclusión de las mujeres de las relaciones públicas estratégicas del agronegocio. El acceso a información clave, oportunidades laborales y reconocimiento profesional se produce, en gran medida, a través de redes informales de confianza, sociabilidad y camaradería históricamente construidas entre varones. Estas redes –que incluyen charlas técnicas, negociaciones, intercambios cotidianos y vínculos comerciales– constituyen un capital fundamental para el desarrollo de trayectorias profesionales estables, pero tienden a operar como espacios de cierre para las mujeres.

En actividades donde la confianza resulta central, como el asesoramiento ganadero o la intermediación comercial, estas dinámicas se vuelven especialmente visibles. Las mujeres no solo deben demostrar competencia técnica, sino también enfrentar una desventaja estructural para construir vínculos de confianza en espacios donde la pertenencia masculina es el presupuesto implícito. De este modo, aun cuando cuentan con formación y experiencia, su acceso a los circuitos más valorados del trabajo técnico-profesional se ve limitado. En esta línea, una veterinaria reflexiona:

Hay una realidad que, para ser comisionista de hacienda, tenés que hablar con la gente, es como un arte en la comercialización de hacienda. Tenés que convencer a la persona que confíe en vos en entregar su producto. Luego, vos tenés que estar informada, de los precios, de la política. Los hombres como que se juntan a tomar mate y es tema de conversación, en cambio, yo con mis amigas, nadie va a hablar de qué pasó con la ganadería.

El trabajo técnico-profesional permite observar con claridad cómo se producen y reproducen los criterios de legitimidad analizados en el marco teórico. Aunque las mujeres accedan a espacios reconocidos como calificados, su participación queda frecuentemente acotada a tareas menos visibles y a posiciones con menor capacidad de decisión, lo que limita su autonomía y sus posibilidades de proyección profesional.

El análisis de estas inserciones laborales en un campo masculinizado permite problematizar la idea de que la profesionalización y la tecnificación del agro conduzcan automáticamente a una reducción de las desigualdades de género. Como ha señalado Pearson (1998), esta expectativa forma parte de los supuestos de los enfoques de modernización productiva, que asocian la calificación técnica y el conocimiento experto con relaciones laborales más igualitarias. Sin embargo, el caso de Saladillo muestra que la modernización agropecuaria puede coexistir –e incluso articularse– con mecanismos persistentes de segmentación, exclusión y deslegitimación del trabajo femenino.

En este sentido, el trabajo técnico-profesional constituye un punto de entrada privilegiado para comprender cómo opera la división sexual del trabajo en el contexto del agronegocio. Si incluso en estos espacios, donde las mujeres cuentan con formación y credenciales formales, su participación es parcial y jerarquizada, resulta pertinente preguntarse qué sucede en aquellos trabajos menos visibles y menos reconocidos del sistema productivo rural. El siguiente apartado aborda esta problemática a partir del análisis del trabajo de campo femenino, donde las desigualdades se expresan de manera más explícita y material.

Trabajo de campo femenino: cuerpos, fuerza y acceso restringido al empleo rural

El trabajo agrario o “de campo” en la ruralidad pampeana constituye uno de los espacios donde la división sexual del trabajo se expresa de manera más explícita y material. A diferencia del trabajo técnico-profesional, donde la formación puede operar como credencial de acceso, el trabajo de campo se encuentra fuertemente asociado a representaciones corporales que definen qué sujetos son considerados aptos para realizar determinadas tareas.

En la producción ganadera, las denominadas “tareas de campo” comprenden el cuidado cotidiano del ganado –alimentación, control sanitario, asistencia en el parto, arreo y carga de hacienda– junto con el mantenimiento de corrales, alambrados y bebederos. En la producción agraria, incluyen la preparación de los lotes, el manejo y la regulación de maquinaria como la sembradora y la cosechadora, la fumigación y el seguimiento de las distintas etapas de los ciclos productivos.

Las entrevistas muestran que existen mujeres que realizan tareas manuales rurales de manera sistemática, aunque estas labores no siempre son reconocidas como trabajo ni remuneradas como tales. Se observan casos en los que se contrata formalmente a una pareja, asignando al varón tareas productivas y a la mujer tareas domésticas, mientras que ella colabora simultáneamente en las actividades para las que fue contratado su marido. En estos escenarios, las tareas agrarias realizadas por las mujeres quedan subsumidas bajo la categoría de “ayuda”, lo que habilita su no remuneración o su pago diferencial.

Además, las mujeres entrevistadas que realizan –o han intentado realizar– trabajos de campo coinciden en señalar las dificultades persistentes para acceder a este tipo de empleo. Estas dificultades no se vinculan a la falta de capacidades técnicas ni a limitaciones físicas concretas, sino a una construcción cultural que asocia el trabajo rural con la fuerza, la rudeza y la resistencia corporal, atributos históricamente vinculados a lo masculino. De este modo, el cuerpo femenino aparece como un cuerpo a priori deslegitimado para este tipo de tareas, aun antes de que se evalúe la experiencia o el desempeño efectivo. El cuerpo funciona como un criterio central de legitimación o exclusión.

Esta deslegitimación no solo opera en el acceso al empleo, sino también en la valoración económica del trabajo una vez que las mujeres logran insertarse en tareas agrarias. La experiencia de una trabajadora rural da cuenta de esta desigualdad material persistente:

Me pagaron siempre menos por ser mujer, porque creían ellos que yo no tenía la capacidad para hacerlo. Después vos vas demostrando que sos competente, que te podés poner a la par de cualquiera. Pero cuesta demostrarlo. Va mi marido a un campo, alambra un cuadro, dice “Cobro tanto” y le pagan. Voy yo, digo lo mismo y me dicen “No, ¿¡tanto me vas a cobrar!?”.

Este testimonio pone en evidencia que la desigualdad salarial no responde a diferencias reales en las tareas realizadas, sino a una presunción de menor competencia asociada al género. Mientras que en los varones la capacidad se presupone, en las mujeres debe ser demostrada de manera reiterada, incluso cuando realizan exactamente el mismo trabajo. La desvalorización económica aparece así estrechamente vinculada a la deslegitimación simbólica del trabajo femenino.

Uno de los argumentos más frecuentes para justificar esta exclusión es la supuesta necesidad de fuerza física para el trabajo rural. Sin embargo, tanto las experiencias de las trabajadoras como los cambios tecnológicos introducidos en el agro permiten cuestionar esta explicación. Como señala una ingeniera agrónoma entrevistada:

Se piensa que hay que tener fuerza, y no es así; hay que tener maña. Hoy hay un montón de avances tecnológicos, es poca la fuerza que tenés que hacer. Tenés que saber usar las herramientas que hay a mano.

La centralidad del conocimiento práctico, la experiencia y el manejo de herramientas relativiza la importancia de la fuerza física y deja al descubierto el carácter cultural de los criterios que definen quiénes pueden realizar trabajo manual. La apelación a la fuerza funciona así como un argumento generizado que legitima la exclusión femenina, aun cuando las condiciones técnicas del trabajo han cambiado significativamente. Sin embargo, la tecnificación no neutraliza la exclusión: la desplaza. Si el argumento de la fuerza física pierde sustento empírico ante la maquinaria moderna, lo que persiste es una asociación entre masculinidad y vínculo legítimo con las máquinas, como se verá a continuación. La tecnología transforma las condiciones materiales del trabajo rural sin transformar los criterios simbólicos que definen quién puede operar ese trabajo.

En los casos en que las mujeres logran insertarse en trabajos de campo históricamente masculinizados, el cuerpo aparece como un elemento que debe ser gestionado activamente para sostener la permanencia en el empleo. En este sentido, una trabajadora que se desempeña como maquinista relata que, al trabajar, opta por “ponerse gorrita” y adoptar una apariencia masculina para evitar miradas, comentarios y cuestionamientos sobre su capacidad para manejar maquinaria. Esta estrategia no responde a una preferencia individual, sino a la necesidad de adecuar el propio cuerpo a un espacio de trabajo donde la figura del trabajador legítimo continúa siendo masculina.

La necesidad de “parecer varón” para poder trabajar muestra que, en el ámbito del trabajo rural, la exclusión de las mujeres no se produce únicamente a través de la desigualdad salarial o la informalidad, sino también mediante mecanismos simbólicos que condicionan el acceso mismo al empleo. El cuerpo femenino aparece como un cuerpo inapropiado para el trabajo, aun cuando las tareas no requieran fuerza física diferencial ni capacidades específicas asociadas al género. La gestión del cuerpo se vuelve así una dimensión central del trabajo femenino, obligando a las mujeres a negociar permanentemente su presencia en el espacio productivo. Este caso muestra con precisión lo que el argumento de la fuerza encubre: no es la capacidad física lo que se le niega a la maquinista, sino el derecho a relacionarse con la maquinaria desde un cuerpo femenino.

A estas barreras simbólicas se suman condiciones estructurales de mayor precariedad laboral. Las mujeres que realizan trabajo de campo suelen hacerlo en contextos de informalidad, con menor estabilidad y escaso reconocimiento de derechos laborales. Estas condiciones no son accidentales, sino que se articulan con la deslegitimación simbólica de su trabajo: aquello que no se reconoce plenamente como trabajo productivo difícilmente será regulado o protegido.

El trabajo de campo femenino permite observar con claridad cómo la división sexual del trabajo opera de manera simultáneamente simbólica y material. No solo se asignan tareas diferenciadas, sino que se definen cuerpos habilitados y cuerpos excluidos, prácticas valorizadas y prácticas deslegitimadas. El espacio rural actúa así como un dispositivo que produce y refuerza desigualdades de género, estabilizando criterios de legitimidad que restringen la participación femenina en el trabajo manual.

El análisis de estas experiencias muestra que la exclusión de las mujeres del trabajo de campo no puede explicarse por supuestas limitaciones físicas ni por la falta de interés de las propias trabajadoras. Por el contrario, se trata de un proceso activo de deslegitimación que articula representaciones de género, organización del trabajo y condiciones territoriales específicas. Si en el trabajo técnico-profesional la desigualdad se expresa en la puesta en duda del saber, en el trabajo de campo se manifiesta de forma más cruda: en la valoración diferencial del trabajo realizado y en la necesidad de gestionar el propio cuerpo para poder trabajar.

Este apartado permite así profundizar la comprensión de la división sexual del trabajo en la ruralidad pampeana, mostrando que las desigualdades de género no solo se juegan en el acceso a credenciales o posiciones jerárquicas, sino en la posibilidad misma de ocupar el espacio productivo en condiciones de reconocimiento y autonomía.

Trabajo de gestión, administración y apoyo productivo: centralidad económica e invisibilización cotidiana

Una tercera forma de inserción femenina en la ruralidad pampeana, especialmente relevante en el caso de Saladillo, corresponde al trabajo de gestión, administración y apoyo productivo realizado mayoritariamente por mujeres en el marco de medianas explotaciones agropecuarias. Este tipo de trabajo incluye tareas como la administración contable, la organización de compras y ventas, la gestión de insumos, el registro de movimientos productivos, la planificación de actividades y la participación en la toma de decisiones estratégicas. A diferencia de las secciones anteriores, donde la deslegitimación del trabajo femenino provenía principalmente de empleadores, colegas o clientes varones, aquí el análisis encuentra una dinámica más perturbadora: en muchos casos, son las propias mujeres quienes clasifican su trabajo bajo categorías que lo minimizan. Esta particularidad no invalida el argumento sobre la deslegitimación estructural, sino que lo profundiza: muestra que la división sexual del trabajo no opera únicamente como imposición externa, sino que puede ser incorporada como criterio propio de valoración.

Las mujeres que realizan estas tareas suelen ser definidas –y definirse a sí mismas– como “ayuda” o “colaboración” del varón titular de la explotación. Esta categoría no es meramente descriptiva, sino que opera como un dispositivo simbólico que invisibiliza el trabajo femenino, desvaloriza su aporte económico y legitima su exclusión de derechos formales como la titularidad de la tierra, la firma de contratos, el acceso al crédito o la participación institucional en organizaciones del sector agropecuario (Deere & León, 2005). Sin embargo, reducir este fenómeno a una simple imposición ideológica sería insuficiente. El trabajo de campo muestra que estas tareas constituyen una dimensión estructural del funcionamiento del agronegocio: las mujeres organizan tiempos, recursos y flujos económicos en un contexto de creciente complejidad técnica y financiera, y lo hacen con frecuencia con plena conciencia de esa centralidad. Más aún, la expansión del agronegocio ha incorporado a este trabajo capas crecientes de complejidad tecnológica: plataformas digitales de gestión, sistemas de trazabilidad, aplicaciones de monitoreo productivo y herramientas de planificación financiera que se deben manejar cotidianamente. Que ese trabajo sea cada vez más tecnológico y sofisticado, y siga siendo nombrado como “ayuda”, ilustra con particular claridad que la invisibilización no tiene una causa técnica, sino estrictamente simbólica. La categoría “ayuda” no expresa ignorancia sobre el propio trabajo, sino una forma de nombrarlo que evita fricciones en un espacio donde reclamar reconocimiento puede tener costos relacionales y materiales concretos (Bonet, 2004).

Esta tensión entre conciencia y categorización se expresa con claridad en el relato de una contratista de servicios agropecuarios que describe el trabajo como compartido con su marido, aunque reconoce que la facturación y el cobro se realizan exclusivamente a nombre de él:

El que está inscripto, responsable inscripto y todo eso es él, así que él es el que factura y cobra. Yo me encargo más de las vacas, de las ventas de los animales, y con esa plata me organizo, pero el trabajo es compartido.

El testimonio no revela desconocimiento de la situación, sino algo más complejo: la entrevistada describe con precisión la división formal del reconocimiento –él factura, ella organiza– y al mismo tiempo la neutraliza bajo la categoría “trabajo compartido”. La invisibilización no opera aquí por ausencia de percepción, sino por ausencia de un lenguaje o un marco que permita traducir esa percepción en reclamo legítimo.

Un matiz distinto, pero igualmente revelador, aparece en el relato de una ingeniera que comparte la dirección de su empresa agropecuaria con su hermano:

Si está mi hermano y yo, siempre van a tender a hablar con mi hermano antes que conmigo. Encima somos los dos ingenieros. Al principio me ponía mal y después dije “Bueno, ya está, si le gusta hablar con un hombre, que vaya a hablar con un hombre entonces”.

A diferencia de la sección anterior, donde las profesionales describían el cuestionamiento externo de su competencia como una carga activa que debían gestionar, aquí la entrevistada ha desarrollado una distancia irónica respecto de esa dinámica. Su respuesta no es sumisión ni protesta, sino una forma de desenganche que le permite sostener su participación sin agotarse en una disputa que sabe estructural. Esta posición no resuelve la desigualdad –ella sigue siendo ignorada en favor de su hermano–, pero tampoco puede leerse como mera aceptación pasiva: es una estrategia de permanencia en un espacio que no está diseñado para incluirla en igualdad de condiciones.

Sin embargo, no siempre aparece esa distancia reflexiva. En otros casos, la deslegitimación se expresa en su forma más arraigada: cuando las propias mujeres aplican sobre su trabajo los criterios que lo subordinan, sin que medie aparente tensión. Una esposa de productor describe su participación cotidiana en los siguientes términos: “El otro día pesaron las terneras y, mientras él pesaba, yo le iba anotando los pesos. Nada más que eso. Pero salir a trabajar en el campo, no; prefiero quedarme acá”. La expresión “nada más que eso” condensa el mecanismo: la tarea –registro sistemático de datos productivos– es funcional, requiere presencia, atención y conocimiento del proceso, pero quien la realiza la clasifica como residual. Más aún, la comparación implícita con el “trabajo de campo” como trabajo “real” reproduce exactamente la jerarquía analizada en la sección anterior: el espacio exterior, físico y visible define el umbral del trabajo legítimo, y todo lo que queda del lado de adentro –incluyendo el registro, la organización, la memoria productiva– queda por debajo de ese umbral.

Lo que estos tres testimonios muestran, leídos en conjunto, es que la invisibilización del trabajo de gestión no puede explicarse únicamente por la imposición de categorías ajenas. En los casos analizados, las mujeres conocen su trabajo, lo describen con precisión y, en varios casos, son conscientes de la asimetría en el reconocimiento. La reproducción de la desigualdad se apoya, más bien, en la incorporación de los criterios que la producen: la frontera entre lo doméstico y lo productivo, entre lo auxiliar y lo central, entre la “ayuda” y el trabajo, ha sido interiorizada hasta el punto de operar como criterio de autoevaluación. Ello no implica que las mujeres sean responsables de su propia subordinación, sino que la división sexual del trabajo es suficientemente eficaz como para reproducirse también desde adentro, sin necesidad de una coerción explícita y permanente.

Este trabajo se desarrolla mayoritariamente en espacios privados –el hogar, la administración doméstica del establecimiento–, lo que refuerza su asociación con lo femenino y su exclusión de los ámbitos públicos de reconocimiento. La superposición entre casa y lugar de trabajo diluye las fronteras entre tiempo laboral y tiempo doméstico, intensificando la carga de trabajo de las mujeres y dificultando su identificación como trabajadoras rurales. En este marco, la exclusión no opera necesariamente a través de la ausencia de las mujeres en la toma de decisiones, sino mediante la no atribución de autoridad decisional: aun cuando participan activamente en la gestión cotidiana y en la definición de estrategias productivas, su intervención queda desplazada hacia un plano informal, sin traducción en reconocimiento institucional, económico o simbólico.

El trabajo de gestión, administración y apoyo productivo es, en este sentido, la forma de inserción femenina analíticamente más compleja del capítulo. No se trata de exclusión del empleo –como en el trabajo de campo– ni de cuestionamiento de credenciales formales como en el trabajo técnico-profesional–, sino de una participación plena cuyo reconocimiento es sistemáticamente diferido. Y lo que lo distingue de las otras formas de deslegitimación es que parte de ese diferimiento es sostenido por las propias trabajadoras, no por ignorancia de su situación, sino porque los costos de nombrarlo de otro modo –en términos relacionales, económicos y simbólicos– exceden, en muchos casos, los beneficios posibles. El trabajo existe y es central; lo que no existe es el lenguaje colectivo que permita traducirlo en reclamo legítimo.

Conclusiones

En este capítulo se analizan las desigualdades de género en la ruralidad pampeana a partir de un interrogante que lo atraviesa: cómo se construyen los criterios que permiten reconocer –o deslegitimar– el trabajo de las mujeres en el marco de la modernización agropecuaria.
El trabajo rural se organiza a partir de relaciones situadas, en las que el territorio no funciona como un mero escenario, sino como una condición activa en la producción de jerarquías. En la ruralidad pampeana, las transformaciones asociadas a la globalización y reestructuración del agro redefinen qué trabajos son valorados, qué saberes son reconocidos y qué cuerpos son habilitados para ocupar el espacio productivo. En este sentido, la división sexual del trabajo no se limita a una separación entre tareas productivas y reproductivas, sino que opera como un principio estructurante que articula género, tecnología y territorio en la definición del trabajo legítimo.

El abordaje de las distintas modalidades de inserción laboral permitió dar cuenta de cómo estos mecanismos se expresan de manera específica según el tipo de trabajo. En el ámbito técnico-profesional, se observó que, aun cuando las mujeres acceden a formación universitaria y a puestos calificados, su legitimidad como sujetas técnicas continúa siendo puesta en cuestión. El saber experto, central en el modelo del agronegocio, aparece atravesado por relaciones de género que exigen a las mujeres una demostración constante de capacidades que en los varones se presuponen, reproduciendo desigualdades incluso en contextos de alta tecnificación y profesionalización.

En el trabajo manual, estas desigualdades adquieren una forma más visible y material. El cuerpo emerge como un criterio central de acceso al empleo y de valoración del trabajo realizado. La exclusión de las mujeres no se explica por limitaciones físicas reales ni por la ausencia de capacidades técnicas, sino por una construcción cultural que asocia el trabajo de campo con atributos masculinos. Incluso cuando las mujeres logran insertarse en estos trabajos, enfrentan una valoración diferencial, expresada en salarios más bajos, mayor precariedad y en la necesidad de gestionar su cuerpo para poder permanecer en el espacio productivo.

El análisis del trabajo de gestión y administración permitió completar este recorrido e introducir su dimensión analíticamente más compleja. A diferencia de los casos anteriores, donde la deslegitimación provenía principalmente de actores externos –empleadores, colegas, clientes–, aquí se observa que los criterios que subordinan el trabajo femenino pueden ser incorporados por las propias trabajadoras como marcos de autoevaluación. Las mujeres conocen su trabajo, describen su centralidad con precisión y, en varios casos, son conscientes de la asimetría en el reconocimiento; sin embargo, lo nombran como “ayuda” o lo clasifican como residual frente al trabajo “de campo”. Esta incorporación no expresa ignorancia ni complicidad, sino la eficacia de una división sexual del trabajo lo suficientemente arraigada como para reproducirse sin coerción explícita y permanente. Al mismo tiempo, los relatos muestran formas de agencia dentro de esa subordinación –distancia irónica, estrategias de permanencia, negociación silenciosa– que impiden leer estas posiciones únicamente como rendición. Lo que falta no es conciencia de la desigualdad, sino traducirla en reclamo legítimo.

Consideradas en conjunto, estas tres formas de inserción muestran que las mujeres no están ausentes del agro pampeano contemporáneo. Por el contrario, trabajan, producen, gestionan y sostienen el sistema productivo, pero lo hacen desde posiciones diferenciadas en términos de reconocimiento, autonomía y derechos. La desigualdad de género no se explica, entonces, por la falta de participación femenina, sino por la operación de mecanismos de deslegitimación que adoptan formas distintas según el espacio de trabajo: el cuestionamiento del saber en el ámbito técnico-profesional, la exclusión corporal en el trabajo de campo y la incorporación de los propios criterios de subordinación en el trabajo de gestión. Esta última dimensión es la más difícil de revertir, precisamente porque no depende solo de transformaciones externas –en el mercado, en la legislación, en las organizaciones–, sino de la construcción de un lenguaje colectivo que permita nombrar como trabajo lo que hoy se nombra como ayuda.

En diálogo con los aportes de Beingessner et al. (2022), es posible afirmar que la modernización agropecuaria pampeana no implica una ruptura con los imaginarios agraristas tradicionales, sino una reconfiguración de sus formas de expresión. El avance del agronegocio no desarticula las jerarquías de género históricas, sino que las legitima a través de nuevos criterios técnicos, organizacionales y simbólicos. La centralidad del saber experto, la gestión empresarial y la eficiencia productiva convive así con una persistente asociación entre lo masculino y el trabajo legítimo, de manera que produce una economía moral que naturaliza la exclusión –o la participación subordinada– de las mujeres.

Asimismo, los hallazgos empíricos se inscriben en la línea de análisis propuesta por Kempster et al. (2023), en cuanto muestran que el problema del trabajo femenino en el agro no radica en su ausencia ni en una participación marginal, sino en los modos en que sus contribuciones son conceptualizadas, nombradas y jerarquizadas. Las mujeres participan de manera simultánea en múltiples dimensiones del trabajo rural –productivas, técnicas, organizativas y de gestión– que resultan centrales para el funcionamiento cotidiano de las explotaciones, pero que quedan fuera de los esquemas dominantes de reconocimiento. Más que invisibilidad, lo que se observa es un proceso persistente de deslegitimación simbólica que redefine prácticas productivas como ayuda o acompañamiento, reforzando la división sexual del trabajo en el contexto del agronegocio.

De este modo, el capítulo permite afirmar que la modernización agropecuaria pampeana, en el contexto de la globalización del agro, no conduce automáticamente a una mayor igualdad de género. Por el contrario, se sostiene en una trama material y simbólica que reordena los criterios de legitimidad del trabajo sin desarmar las jerarquías subyacentes. Reconocer estos mecanismos resulta central no solo para problematizar las narrativas que presentan la modernización agropecuaria como un proceso técnicamente racional y socialmente neutro, sino también para visibilizar las desigualdades de género que estructuran el trabajo rural contemporáneo y las experiencias de las mujeres que lo producen y lo sostienen.

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  1. Dicho trabajo de campo fue llevado a cabo en el marco de la tesis doctoral Las encrucijadas del agronegocio: un estudio sobre los lugares que ocupan las mujeres en la división sexual del trabajo en el espacio rural de Saladillo, de Alejandra Santiago, dirigida por Melina Neiman.
  2. En el contexto de las producciones pampeanas, los contratistas rurales constituyen un actor relevante al proveer servicios agrícolas especializados, como siembra, pulverización y cosecha. Su expansión ha contribuido a la difusión de tecnologías y a la reorganización del proceso productivo, modificando las formas de trabajo, las relaciones entre productores y la estructura de la actividad agraria en la región.
  3. Nota metodológica: los datos utilizados provienen del Censo Nacional Agropecuario (2002 y 2018), por tratarse de una fuente adecuada para analizar cambios estructurales en el uso del suelo y en la orientación productiva del territorio. A diferencia de las estimaciones agropecuarias anuales, el CNA permite captar transformaciones de mediano y largo plazo, más allá de variaciones coyunturales.


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