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4 Pequeñas escenas de la vida profesional

Notas sobre ingenieros y Estado durante el Proceso de Reorganización Nacional

Luján Menazzi (IIGG-CONICET)

Hace poco más de un siglo las necesidades de la época requirieron de la ingeniería su esfuerzo creador. Centenares de ingenieros argentinos se lanzaron a la tarea de construir nuestra República. Los requerimientos de la época [actual] nos convocan a la gigantesca obra de devolver a la nación su lugar de privilegio entre los países del mundo […]. Es que la historia de la ingeniería se halla íntimamente vinculada a la historia del país. Por ello, hemos reivindicado para la ingeniería la responsabilidad de la conducción técnica de la Nación (Constantini, Presidente del Centro Argentino de Ingenieros, 1979: pp. 27-28).

Sin embargo, en términos de reorganizar y reestructurar la administración pública pensamos que, si bien debemos inspirarnos en conclusiones y ejemplos de tiempos pasados, sería erróneo pretender reconstituir dimensional y organizativamente la administración y reinstalar ejemplos de funcionamiento que ya no se adecuarán a situaciones del presente (Camba, secretario de Estado de Transporte y Obras Públicas, 1977: p. 3).

I. Introducción

La potente figura de los ingenieros construyendo república planteada por el presidente del Centro Argentino de Ingenieros (CAI) en la cita inicial dispara múltiples lecturas. Al tiempo que se enaltece el rol histórico de estos profesionales en la construcción de la Nación, se entrelaza la historia del país con la de la ingeniería. Fundada en esta legitimidad histórica, se reivindica para estos profesionales la conducción técnica de la Nación como una responsabilidad inalienable y se realiza un llamamiento a los contemporáneos para retomar esta gesta patriótica. El discurso no solo busca reafirmar una imagen heroica bastante asentada en la perspectiva, las historizaciones y las publicaciones de estos profesionales, sino que pretende sostener la vigencia de este doble rol técnico y patrio.

La segunda cita, respuesta del secretario de Estado de Transporte y Obras Públicas a ciertas sugerencias del presidente del CAI, marca un claro contrapunto en términos de deberes y temporalidades. El énfasis está puesto en un nuevo contexto que exige una reorganización de la administración pública (y del Estado) acorde a circunstancias diversas del pasado.

Este capítulo pretende adentrarse en los sentidos, representaciones y valoraciones acerca del rol de los ingenieros, de las trayectorias profesionales más apreciadas en relación con la función pública y sus posicionamientos en tanto hombres públicos en el marco de la última dictadura militar.[1] Es decir, busca indagar el rol de los ingenieros por dentro de, en diálogo con y frente al Estado.

El contexto de la última dictadura vuelve particularmente relevante el análisis en tanto se plantea una reconfiguración profunda del rol del Estado. En particular, la relevancia económica del área de obras públicas en ese período convirtió la cuestión de su redimensionamiento en un tema prioritario, y, de este modo, se pone en evidencia que muchas concepciones, representaciones y valoraciones de y sobre el campo profesional de los ingenieros entran en conflicto.[2]

Las reflexiones acerca de los ingenieros, su inserción en el Estado, su grado de injerencia y su conformación como campo disciplinar cuentan con significativos antecedentes. Diversos trabajos han realizado avances sobre la existencia de un vínculo estrecho de co-constitución entre la conformación de la ingeniería como campo profesional, sus principales instituciones profesionales y universitarias y la formación de reparticiones estatales vinculadas a la obra pública (Ballent, 2012; Palermo, 2006). Tal como señalan algunas investigaciones enfocadas en grandes empresas de servicio como Ferrocarriles Argentinos, los ingenieros tuvieron un rol hegemónico en la organización, expansión y consolidación de estas reparticiones (Salerno, 2015; Palermo, 2006). Las obras públicas como forma de materializar el control sobre el territorio ubicaron en un lugar central a la figura del ingeniero, en cuanto portador de un saber técnico específico imprescindible para la consolidación del Estado-nación. En este sentido, Palermo (2006) se refiere a los ingenieros como constructores del Estado, tanto en su sentido literal como figurado. Tal como señalamos al comienzo de este capítulo, se trata de una metáfora que tenía validez para los propios ingenieros.

Investigaciones sobre períodos posteriores señalan que, hacia la década del 30, el Ministerio de Obras Públicas presentaba una burocracia técnica de un nivel de consolidación fuerte y de un grado de autonomía relevante (Ballent, 2012), en particular, en el caso de algunas agencias que luego se convirtieron en modelo de referencia, como la Dirección Nacional de Vialidad (Gruschetsky, 2012).

Estos trabajos fueron consolidando una serie de reflexiones e interrogantes muy sugerentes respecto a este grupo profesional y sus vínculos con el Estado. Sin embargo, estas investigaciones se han enfocado en períodos de conformación, expansión y consolidación del aparato estatal y el campo disciplinar, períodos caracterizados por cierta confluencia e intensa interacción entre estos ámbitos en formación. Por el contrario, el período que aquí se aborda se caracteriza por la predominancia de un discurso y diversos intentos de contracción del aparato estatal, y, en este sentido, se busca analizar cómo se reorganizaron y reformularon ciertas valoraciones, concepciones y posicionamientos de los ingenieros como grupo profesional respecto al Estado. Así, se busca comprender el modo en que se reformula este vínculo estrecho y co-constitutivo entre agencias estatales y campo profesional. ¿Qué valores y representaciones acerca del rol de los ingenieros estaban vigentes? ¿Cuáles eran los nuevos perfiles profesionales que se privilegiaban en este contexto? ¿Qué sucedió cuando dejaron de coincidir las orientaciones históricas de los profesionales con los lineamientos generales del Estado y de las reparticiones que los involucraban? A estas reformulaciones históricas, se suma la complejidad de que tanto las reparticiones estatales como los ingenieros en cuanto profesionales no conforman unidades coherentes sin fisuras en sus orientaciones y valoraciones.

El trabajo se basa en fuentes primarias de diversas instituciones vinculadas a la ingeniería (publicaciones periódicas, discursos públicos, conferencias de prensa, actos y eventos celebratorios). Se privilegia la mirada sobre los ingenieros como grupo profesional, por lo que nos detendremos particularmente en su principal organización profesional (Centro Argentino de Ingenieros) y en sus afirmaciones qua ingenieros.[3] Se toman también fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación Argentina de Carreteras, entre otras instituciones del universo de la obra pública, ya que se trata de organizaciones compuestas casi exclusivamente por ingenieros, aunque se enfoquen en otras facetas de la vida profesional (la primera convoca a los ingenieros en tanto empresarios, y la segunda, en tanto fomentadores de los caminos desde distintos roles institucionales por fuera y por dentro del aparato estatal).[4] Asimismo, se toman fuentes de diversos organismos públicos vinculados al quehacer de los ingenieros (Secretaría/Ministerio de Obras Públicas y sus dependencias)[5], así como declaraciones, discursos e intervenciones de diversos funcionarios del período.[6]

El presente capítulo se divide en tres secciones, además de esta introducción y las reflexiones finales. La primera sección aborda las valoraciones y concepciones acerca del rol del ingeniero en el Estado, las trayectorias valoradas y el surgimiento de perfiles diversos en el contexto de la última dictadura. La segunda sección se enfoca en algunos debates sobre la figura del ingeniero como hombre público, comprometido con la realidad social. La tercera sección reconstruye algunos posicionamientos del Centro Argentino de Ingenieros respecto a la última dictadura. Por último, se realizan algunas reflexiones que retoman las ideas centrales del trabajo.

II. El ingeniero dentro del Estado

Durante las primeras décadas del siglo XX, la trayectoria profesional de los ingenieros dentro del Estado y el ascenso meritocrático eran valorados positivamente por parte de las propias reparticiones estatales y las organizaciones vinculadas al quehacer de los ingenieros (Ballent, 2012). Como mencionamos previamente, la autora también señala que la década del 30 marcó un punto culminante en la injerencia de la ingeniería en el Estado. Esta mirada sobre el período coincide con las lecturas y representaciones posteriores de los propios ingenieros por dentro y por fuera del aparato estatal, quienes la consideraban una época dorada para el Estado, para el sector de obra pública y particularmente para la presencia relevante de los ingenieros en cargos directivos y en burocracias técnicas profesionales.[7] Sin embargo, en términos de Ballent, ese período se caracterizaba por ser, al mismo tiempo, un punto de inflexión en que se comenzó a observar cierta diversificación en las formas de vinculación con el Estado y un crecimiento en el ejercicio privado de la profesión.

En el período del Proceso de Reorganización Nacional, se observa que muchas de las características, valoraciones y representaciones acerca de los ingenieros en puestos estatales y acerca de las agencias vinculadas a la obra pública en su momento de conformación y máxima expansión, seguían vigentes. El carácter de agencia estatal técnica que reivindicaba cierta racionalidad neutra fundada en saberes expertos permanecía con la misma fuerza. Esta representación se veía potenciada por la afinidad electiva entre gobiernos militares y expertise técnica señalada por Heredia y Gené (2009)[8], así como por el histórico lazo entre el universo castrense y el universo de la ingeniería.[9]

Asimismo, el rol fundante de los ingenieros seguía siendo reivindicado, rol que los instaba a continuar esa tarea en la nueva coyuntura crítica, tal como afirmaba el Ing. Constantini, presidente del CAI, en la cita que da inicio a este texto.[10]

La idea de que algunos cargos vinculados a la obra pública correspondían por naturaleza a los ingenieros también seguía estando muy difundida entre los profesionales. Esta pretensión era convalidada por los responsables de obra pública. Así, en un evento organizado por el CAI, el secretario de Estado de Transporte y Obras Públicas, Ing. Federico Camba afirmaba:

En particular, estimo que los ingenieros deben admitir que este gobierno ha reconocido –quizá como ningún otro en la historia del país– el papel fundamental que le corresponde a los profesionales de la ingeniería en la dirección y conducción de las áreas técnicas del Estado.

Creo, por consiguiente, que por primera vez se ha disipado la fundada queja de antaño: hoy, los ingenieros se hallan al frente de la mayoría de las reparticiones donde sus conocimientos son primordiales. Ello no solo ocurre en la secretaría a mi cargo, en la cual todos los subsecretarios y administradores de empresas –con una sola excepción– son ingenieros, sino también en el resto de la administración pública y empresas del Estado, tales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado, Agua y Energía, Hidronor, etc. (Camba, 1979: pp. 28-29).

A su vez, la valoración de la trayectoria meritocrática dentro del Estado también seguía vigente. De hecho, al comenzar el Proceso, la mayor parte de los cargos relevantes de la Secretaría de Obras Públicas fueron otorgados a ingenieros con extensas trayectorias dentro del aparato estatal, si bien también había presencia minoritaria de funcionarios con otro tipo de trayectorias (Menazzi, 2018b). Sin embargo, existían varios elementos para dar cuenta de que estas valoraciones se habían complejizado, subvertido o resignificado para mediados de los 70. Las representaciones mencionadas convivían con otras que, en ocasiones, resultaban contradictorias o discordantes.

Por un lado, el período se caracterizó por una explícita valoración de lo privado por sobre lo público. Esta mirada, que trascendía al campo profesional de la ingeniería, se traducía en dos representaciones bastante reiteradas, tanto por actores estatales como no estatales.

En primer lugar, se valoraba mucho a aquel profesional que, desempeñando su carrera en el ámbito privado, hiciera el sacrificio de asumir un cargo público. La figura más valorada era la del empresario que, en detrimento de sus propios intereses económicos, aceptaba colaborar.[11] Tanto desde el ámbito privado, como desde el ámbito público, se señalaba que quienes se integraban al Estado viniendo de cargos privados realizaban un patriótico sacrificio y tenían la idoneidad moral y la experiencia como para salvar la situación crítica.[12] La idea era que volcaran los conocimientos y saberes del ámbito privado al universo público. Un ejemplo ilustrativo de esto se observa en la siguiente declaración acerca del Ing. Pablo Gorostiaga, realizada por el Arq. Marcelo Roggio, integrante de una prominente empresa y presidente de la CAC:

Toda esta lista de su intensa como exitosa actuación profesional deportiva y social culminó el 10 de abril de 1976 al ser nombrado ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, donde pudo volcar sus conocimientos y capacidad, con entusiasmo de verdadero patriota, transfiriendo el peso de la responsabilidad empresaria, de sus propios intereses al bien común del país (Roggio, 1980: p. 43).

Los funcionarios con origen en el universo privado apelaban a su pasado empresarial para autolegitimar su nombramiento, lo que dejaba en evidencia cierto desdibujamiento de los roles de funcionario público, en tanto reivindicaban y valoraban más su condición de empresarios:

Hoy aquí me encuentro trayendo la palabra oficial, pero no puedo despojarme de lo que llevo en lo más profundo de mí, y que hasta hace un poco más de tres meses desempeñaba a través de la presidencia de la Cooperativa de Constructores y la Secretaría de la Cámara Argentina de la Construcción: mi lugar en el quehacer de la construcción […]. Esta tarea de dieciocho años me obligó hoy más que nunca a esta tarea oficial que hoy desempeño, que todo lo que hasta ayer esperé y deseé como empresario de parte del Estado pueda en la medida de lo posible hacerlo realidad en bien de la normalización de las relaciones empresario-Estado (Moia, subsecretario de Obras Públicas de Entre Ríos, 1977: p. 5).

El puesto público era vivido como circunstancial y secundario respecto a la verdadera identidad, anclada en la condición de empresario. Así, el Ing. Carmona, nombrado administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, afirmaba, luego de relatar su pertenencia histórica a la Asociación Argentina de Carreteras:

Hoy, por uno de esos avatares de la vida, me toca a mí, quien de una u otra forma siempre estuve ligado a esta institución, rendir a ustedes mi examen como responsable de la conducción de la vialidad del país (Carmona, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, 1976: p. 3).

Las metáforas utilizadas “rendir examen”, “volcar la experiencia del ámbito privado a la función pública” o cumplir en el ámbito público las históricas aspiraciones de los empresarios daban cuenta de la dispar valoración de cada uno de los universos. En este sentido, si bien una trayectoria meritocrática dentro del Estado seguía siendo apreciada, la trayectoria empresarial era muchísimo más valorada y festejada.

En segundo término, y como contrapunto de la figura anterior, se estereotipaba negativamente a quienes permanecían en un puesto público por comodidad. Así, en una nota al secretario de Estado de Vivienda y Urbanismo, el Ing. Canedo Peró se afirmaba:

No le inspiran respeto los profesionales que, apegados a las funciones públicas, se conforman con las reducidas posibilidades que estas les ofrecen, sustrayéndose a la experiencia competitiva prevaleciente en el ámbito privado. Los diarios están llenos de avisos que piden ingenieros dice, y no comprendo qué interés profesional o económico pueda hacerles optar por retener un puesto público. Lo que ocurre es que hay ingenieros y diplomados en ingeniería (Canedo Peró, 1979: p. 25).

En contraposición a la imagen de una burocracia técnica y profesionalizada, cobraba cada vez más fuerza la figura del burócrata que parasita la administración pública y ralentiza los procesos. Esto no resultaba enteramente novedoso, tal como pone en evidencia Gruschetsky en su análisis sobre la DNV en la década del 30 (capítulo que integra esta compilación). La autora afirma que los ingenieros reclamaban por el exceso de personal administrativo, que ocasionaba más papeleo y, por lo tanto, entorpecía el trabajo de los técnicos (ingenieros). Sin embargo, hay dos cuestiones distintivas durante el Proceso. Los burócratas mencionados en este período no solo eran los administrativos, sino, en algunos casos, también ingenieros diplomados, cuestión impensable previamente. En segundo término, y a diferencia del período abordado por Gruschetsky, se trató de una imagen que cobró enormes dimensiones y que funcionó como argumento legitimador de los procesos de “racionalización” y achicamiento de las reparticiones estatales.[13]

La explicación de los motivos de la existencia de la burocracia ineficaz y los modos para solucionarlo difería en la mirada de los funcionarios y de los profesionales del CAI. Si para el CAI era necesario ofrecer estabilidad, profesionalización y buenos salarios para lograr retener a los mejores profesionales, alejando la carrera de los vaivenes políticos, para el secretario de Obras Públicas se trataba de un problema de idiosincrasia a partir del advenimiento del peronismo. Desde su perspectiva, a partir de ese período la administración se fue llenando de burócratas negativos por las políticas del peronismo, pero al mismo tiempo se produjo una transformación en la juventud:

Hasta el comienzo de los años cuarenta, los ingenieros recién egresados tenían conciencia de las limitaciones de su preparación y no vacilaban –por amor a su profesión– en incorporarse a las grandes reparticiones del Estado para perfeccionarse poco a poco en alguna especialidad. Sus retribuciones económicas no eran muy elevadas pero se veían compensadas por el respeto que engendraba el cumplimiento de la función pública y la satisfacción de una labor cumplida a conciencia en beneficio de la sociedad. Hoy ese sentimiento de solidaridad no es común. La mayoría de los jóvenes ingenieros parecen creer que el flamante título que llevan bajo el brazo es un pasaporte para la riqueza fácil y abundante. […]. La administración pública con sus parcas remuneraciones no se les aparece como el campo propicio para comenzar sus actividades profesionales (Camba, 1979: p. 31).

Las transformaciones en las valoraciones y perfiles privilegiados también pueden observarse a partir del análisis de los responsables de Obras Públicas durante las cuatro gestiones que se sucedieron a cargo del Poder Ejecutivo durante el Proceso. Allí se sucedieron perfiles bastante diversos entre sí, que, en algunos casos, cuadraban con los perfiles más típicos de los responsables del sector y, en otros, presentaban novedades. Camba (secretario de Obras Públicas entre 1976 y 1981), egresado como ingeniero civil de la UBA, tenía un perfil de extensa trayectoria en el Estado, ocupando distintos puestos de ascendente responsabilidad, así como docencia universitaria y participación en grandes obras públicas de infraestructura. Si bien tenía también una consultora, sus mayores credenciales se vinculaban con su inserción en el universo público, como funcionario de carrera, coincidiendo con el perfil histórico de los responsables de su área.[14] Bajo la gestión de Viola, la Secretaría de Obras Públicas pasó a ser ministerio, y a su frente se nombró al Gral. Urricarriet, quien ocupó el cargo entre marzo y diciembre de 1981. Urricarriet era diplomado en Ingeniería, con extensa experiencia en el sector, y había tenido a su cargo grandes empresas del complejo militar-industrial, como Fabricaciones Militares. Su perfil tampoco resultaba novedoso respecto a la historia del sector, en que los militares habían tenido gran participación. Sin embargo, los siguientes responsables de la cartera de Obras Públicas sí difirieron en su trayectoria profesional. El Ing. Sergio Martini (ministro entre diciembre de 1981 y julio de 1982) se había formado en Estados Unidos y había tenido una extensa trayectoria presidiendo grandes empresas multinacionales. Su perfil, su inserción profesional y su adscripción en agrupaciones respondían a su trayectoria como empresario, y su inserción en el Estado recién se había producido un año antes de ser ministro, en 1980, como administrador de Gas del Estado.[15] Por último, el Ingeniero Bauer (ministro entre julio de 1982 y diciembre de 1983) tenía un perfil mixto, con formación en posgrados internacionales, fuerte desarrollo privado a través de consultoras y extensa inserción en el Estado. Como se advierte, los dos últimos ministros presentaron novedades respecto a los lineamientos históricos del sector, dando cuenta de la creciente valoración de las trayectorias en el universo privado.

En síntesis, algunas representaciones acerca del rol de los ingenieros en el Estado seguían vigentes, como la idea de que les correspondía la conducción técnica del país, por lo cual algunos puestos debían ser ocupados por profesionales de esta disciplina. Asimismo, la trayectoria meritocrática dentro del Estado seguía contando con una valoración positiva, pero se apreciaba mucho más la trayectoria en el universo privado, especialmente, el desempeño como empresario. La valoración creciente del perfil empresarial puede observarse en los máximos responsables del área de obra pública durante el período. A su vez, cobró mucha centralidad la figura del burócrata negativo, que entorpecía los procesos de las obras públicas a causa de un interminable papeleo.

Si bien existía un acuerdo y una preocupación compartida respecto a la falta de profesionales idóneos dentro del Estado, los diagnósticos de las causas y posibles soluciones a este problema diferían sensiblemente entre funcionarios y profesionales.

IV. El ingeniero frente al Estado. El ingeniero como hombre público

El CAI fue, desde su origen, una asociación profesional, y, en esa línea, limitaba su participación formal en iniciativas de orden político o agrupamientos empresarios. La imagen de neutralidad era una cuestión constantemente reiterada y apreciada, tanto por los integrantes del CAI como por los funcionarios que valoraban su participación medida, respetuosa, independiente y objetiva. Sin embargo, eso no impedía que manifestara con vehemencia a través de distintos medios sus apreciaciones acerca de la orientación política y económica de los gobiernos. Así, los sentidos que adquiría la idea de neutralidad no resultaban tan lineales. Un conflicto ocurrido en el seno de esta agrupación en 1981 nos permite reflexionar acerca del modo en que concebían el rol público de los ingenieros.

Hacia el final de la gestión de Videla, a comienzos de 1981, Constantini, presidente del CAI, realizó duras afirmaciones en una conferencia de prensa:

Si se destruye el aparato productivo a través de la política económica implantada hace cinco años, se destruyen nuestras estructuras financieras y se destruye el campo, organismo vital para poder mantener nuestras relaciones de intercambio internacional […] hemos destruido totalmente nuestro país” (Constantini, 1981: p. 7).

Este tipo de afirmaciones venían siendo reiteradas en las editoriales de una de las publicaciones del CAI (CAI Informa), así como en alocuciones realizadas por sus integrantes en congresos, reuniones y entrevistas. Las conclusiones del II Congreso de Políticas de la Ingeniería apuntaban a esta línea.

Sin embargo, a partir de estas afirmaciones, un grupo de socios solicitó al presidente del CAI que se abstuviera de formular manifestaciones de este tipo hasta finalizar su mandato, puesto que estas declaraciones “confundían su conocida posición política con la de presidente del Centro Argentino de Ingenieros” (Aranguren et al., 1981: p. 18).

El planteo estaba atravesado por dos cuestiones. Por un lado, los posicionamientos frente a la Dictadura y sus políticas. Si bien el CAI y otras agrupaciones se habían manifestado reiteradamente al respecto, había sectores del campo profesional que no querían mostrarse tan críticos.[16] En segundo término, se ponía en discusión el rol del CAI y de los ingenieros como hombres públicos comprometidos con la realidad nacional.

Rápidamente surgieron respuestas por diversos medios. La comisión directiva avaló al presidente señalando que “en todas las circunstancias ajustó el ejercicio de sus funciones a las normas del Estatuto en su carácter de vocero natural de la institución” (Comisión Directiva, 1981: p. 18). La publicación de la entidad, CAI Informa, publicó una editorial en la que proponía el debate respecto al rol del CAI y de los ingenieros en la sociedad. En esta editorial señalaban que el Centro históricamente había intervenido en cuestiones generales de la orientación política porque estas incidían sobre la práctica profesional. Respecto a los ingenieros, afirmaba:

Concibiendo la misión social de los ingenieros no como la de meros tecnólogos indiferentes a lo que no pertenezca a su disciplina, sino como la de ciudadanos de una democracia profesionalmente calificados […]. Ni Huergo, con su clara definición a favor de la industrialización del país, ni Krause, con su decisiva contribución en el mismo sentido a través de la organización de la enseñanza técnica de nivel intermedio, ni tantos otros maestros de la ingeniería que, visionarios lúcidos, marcaron la huella a seguir en diferentes campos de la política nacional de gobierno, pueden ser exhibidos como ejemplos de ingenieros exclusivamente concentrados en la práctica de sus tareas profesionales. Al contrario, fueron, en rigor, tan auténticos humanistas, íntegramente comprometidos con el destino del país, como técnicos brillantes, investigadores eminentes o docentes distinguidos (León Vélez, director de la revista CAI Informa, 1981: p. 5).

Un numeroso grupo de socios que apoyaba al presidente solicitó que se convocara a una asamblea extraordinaria para tratar la cuestión. Como resultado de la asamblea, en que se manifestaron las distintas posturas, se avaló por holgada mayoría el accionar del presidente:

Tal como nos lo dicta el mandato de nuestros fundadores, los pioneros de la ingeniería argentina, tal como nos respaldan dos congresos sobre políticas de la ingeniería, tal como nos empujan los 300 ingenieros que colmaron nuestra sede tres días antes de la asamblea cuya situación desesperada es el dramático reflejo de la desastrosa política económica impuesta al país.[17] Nosotros nos adelantamos a denunciarla, ¿en nombre de qué habríamos de llamarnos ahora a silencio? (León Velez, 1981: p. 5).

El conflicto resulta elocuente por varias cuestiones. Por un lado, da cuenta de que el tema atravesaba de modo transversal al campo profesional y a las distintas entidades involucradas. Entre los firmantes de la primera nota, estaba el Ing. Marghetti, quien fuera presidente de la CAC entre 1976 y 1980. Entre los que defendieron enfáticamente al presidente del CAI, estaba el Ing. Alesso, presidente de la AAC y vicepresidente de la CAC. Es decir, como se advierte, este conflicto atravesó a las distintas entidades vinculadas al quehacer de la construcción que normalmente trabajan de modo conjunto, así como a dirigentes y asociados con vínculos de familiaridad y larga historia compartida.

Al margen de los posicionamientos frente a la Dictadura, cuestión sobre la que volveremos en la próxima sección, el conflicto también evidencia los posicionamientos respecto al rol de los ingenieros y del CAI.

Las respuestas a la primera nota dan cuenta de una fuerte convicción de los ingenieros como hombres públicos, que no se limitaban a una labor técnica, sino que tenían compromisos sociales en cuyo nombre debían actuar. Otras notas del período iban en esta misma línea, con afirmaciones que indicaban que los ingenieros no se quedarían de brazos cruzados, ni serían testigos silenciosos de la debacle económica que estaban viviendo. A su vez, una de las funciones que se proponía originalmente el CAI era la de funcionar como asesor del poder. En el período, esto quedó en evidencia en la organización en 1976 y 1980 por parte del CAI del I y II Congreso Argentino sobre Políticas de la Ingeniería, focalizados en producir sugerencias, proyectos de ley y orientaciones para el sector público, lo cual los situaba en el rol de asistentes técnicos, generadores de insumos para mejorar la gestión. En este sentido, los compromisos suponían en ocasiones asumir cargos públicos de relevancia, asesorar a los poderes públicos o criticarlos cuando hubieran errado el rumbo.

Esta concepción acerca del rol de compromiso de los ingenieros que trascendía los vaivenes políticos se observa en otro tipo de señalamientos que realizaba la institución. Un insistente planteo del CAI durante los primeros años del Proceso tenía que ver con solicitar la creación de un Ministerio de Obras Públicas que no dependiera de las directivas de la cartera económica. Si bien en 1981 se conformó un Ministerio de Obras y Servicios Públicos, los reclamos respecto a la autonomía del área continuaron. Esto tenía que ver con que los financiamientos fueran específicos y no dependieran del Tesoro, así como que los criterios para la orientación del sector fueran técnicos (es decir, desde la perspectiva del CAI, neutrales y racionales) y no políticos (es decir, guiados por lógicas ajenas a las del sector).

Más allá de la creación del ministerio, el CAI señalaba que la orientación de la cartera económica seguía marcando el rumbo sin que los ingenieros que integraran el ministerio o reparticiones afines pudieran reformular esta cuestión:

En tal contexto, el elenco de distinguidos y capaces profesionales de la ingeniería socios de nuestro centro, que ocupan cargos oficiales de responsabilidad, algunos de los cuales poseen una valiosa experiencia anterior en funciones de gobierno, verá muy restringido su radio de acción y prácticamente obstruida la posibilidad de brindar sus calificados servicios, especialmente en función de representar a la ingeniería nacional en la ejecución de las políticas elaboradas y aprobadas por los dos congresos reunidos al efecto por nuestra entidad (León Vélez, 1982: p. 5).

La afirmación resulta muy elocuente ya que da cuenta de la mirada sobre los asociados al CAI que integraban el Estado. Desde la perspectiva del CAI, su adscripción y su orientación eran las de la institución, y la inserción en el Estado tenía que ver con aplicar esa orientación, no con alinearse con el gobierno de turno. Nuevamente, se pone en evidencia la idea del ingeniero con un rol que cumplir por encima de las perspectivas económicas y políticas de los gobiernos.

V. Ni en contra ni a favor de ningún proceso. Solo por el interés nacional

Hay una serie de elementos que nos hacen pensar que el gobierno militar valoraba al CAI y a los profesionales de la ingeniería en general. Desde el comienzo del gobierno golpista y a lo largo de las diversas gestiones que se sucedieron al mando del Poder Ejecutivo, hubo numerosas muestras de reconocimiento y valoración a organizaciones profesionales de ingenieros y figuras destacadas de la ingeniería. El Ing. Constantini, quien, como ya mencionamos, se desempeñaba como presidente del CAI, fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires a poco de asumir el Gral. Videla. Manuel Solanet, Dante Guerrero y Carlos Jajam, ingenieros integrantes de la comisión directiva de la misma agrupación profesional, ocuparon puestos importantes durante las distintas gestiones del Proceso. La Secretaría de Obras Públicas y las subsecretarías y direcciones subordinadas quedaron en manos de ingenieros, y esta cuestión, tal como vimos, era explicitada como una decisión política.

Los eventos organizados por el CAI, como los festejos por el Día de la Ingeniería o los Congresos Argentinos de Políticas de la Ingeniería, contaron siempre con figuras de primer nivel del gobierno nacional que buscaban avalar y apoyar las iniciativas del CAI.

Con posterioridad, cuando estaba próxima la asunción del general Viola y algunos sectores de las Fuerzas Armadas ensayaron una “apertura” a la sociedad, la primera organización profesional convocada para el Diálogo Político fue el Centro Argentino de Ingenieros.[18]

La respuesta a estos gestos, invitaciones y participaciones por parte del gobierno hacia el CAI no fue siempre la más positiva. Constantini, que había sido nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, renunció a los dos meses de asumir por diferencias con las orientaciones de la política universitaria que bajaba el Ministerio de Cultura y Educación (Buchbinder, 2016). Mantuvo, posteriormente, posicionamientos críticos respecto a la gestión de la Universidad durante el Proceso. Asimismo, la respuesta a las consultas formuladas en el marco del Diálogo Político fueron bastante terminantes y contrarias a las expectativas de las Fuerzas Armadas:

El CAI se manifestó opuesto a la reforma de la Constitución Nacional, así como a institucionalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en el futuro gobierno democrático; sugirió el restablecimiento del Estado de derecho, el restablecimiento de la vida política […] (CAI Informa, 1981: p. 6).

Si bien, tal como observamos en el segmento previo, el CAI concebía su rol y el de los ingenieros en general como el de actores públicos con el deber de manifestarse, participar y opinar de la vida política nacional, también se asumía como un actor neutro, cuyos posicionamientos se fundaban en criterios técnicos y no políticos. En este sentido, cuando criticaban las políticas instrumentadas por la Dictadura, afirmaban que no estaban “ni en contra ni a favor de ningún Proceso. Solo por el interés nacional” (Costantini, 1980: p. 11). El discurso enfundado en el interés nacional pretendía convertir a las afirmaciones críticas en descripciones objetivas sin animosidad política.

Tal como venimos señalando, el CAI sostenía sus propias orientaciones respecto a lo que correspondía al sector de Obras Públicas, pero también, en términos más generales, respecto a la orientación política y económica general del país. Los posicionamientos se manifestaban respecto a las políticas implementadas por el gobierno nacional y también en instancias de reflexión y producción de conocimiento que sostenía la propia institución, como simposios y congresos de políticas de la ingeniería, charlas organizadas, declaraciones públicas, y las editoriales y notas de opinión publicadas en el CAI Informa.

Históricamente, el CAI había sostenido una línea cercana al desarrollismo que seguía sosteniendo durante la etapa del Proceso. Esto se advierte en numerosas instancias. Los responsables de las comisiones que abordaban distintas temáticas solían tener perfiles ligados al desarrollismo, como el Ing. Llorens Pastor (encargado de la comisión de Economía) o el Ing. Horacio Romero Villanueva (encargado de la Comisión de Transporte), y las propuestas que emergían de las comisiones de trabajo del CAI iban en esa línea.[19] En diciembre de 1980, organizaron una charla de Prebisch, uno de los mayores referentes de esa línea de pensamiento, mientras que la temática del “desarrollo” seguía figurando como tópico central en las alocuciones del presidente del CAI. Sostenían un fuerte rechazo por las políticas económicas del Proceso, consideradas nefastas puesto que atentaban contra la industria nacional. Esta postura fue manifestada temprana y reiteradamente. La prédica en contra del aperturismo, la defensa de la industria nacional y las críticas a la economía de la especulación se repetían en las notas de actualidad. Asimismo, se cuestionaba la voluntad privatizadora a ultranza, señalando que en muchas oportunidades las empresas estatales merecían un reacomodamiento y reorganización más que una privatización.

En relación con los postulados históricos de la institución y con el rol de los ingenieros, insistían en la importancia de continuar realizando obras públicas como modo de materializar la nación en el territorio, asegurar las fronteras y garantizar la paz social. Claramente, estos posicionamientos se chocaban de bruces con muchos de los lineamientos y políticas desarrollados por el Ministerio de Economía, al tiempo que armonizaban con otros sectores del elenco gubernamental más proclives a sostener un Estado fuerte y a defender espacios de intervención del Estado y reparticiones con mirada planificadora. Esto se puede advertir en los invitados a los eventos de la institución, en los interlocutores privilegiados y en la participación de algunos funcionarios con notas de opinión en la revista del CAI.

En este sentido, resulta interesante que los quiebres y diferentes posicionamientos al interior de las Fuerzas Armadas reflejaban distintos posicionamientos que también coexistían en el universo de la obra pública, y esto quedaba en evidencia a partir de los nexos y conexiones entre distintas carteras del gobierno y las diversas organizaciones del sector. Así, la CAC se alineaba con las orientaciones político-ideológicas del Ministerio de Economía (Menazzi, 2017) mientras que el CAI se vinculaba con aquellos bastiones más alineados con las líneas desarrollistas y planificadoras.

VI. Algunas reflexiones para concluir

El capítulo buscó reflexionar acerca del modo en que se reorganizaron y reformularon ciertas valoraciones, concepciones y posicionamientos de los ingenieros en tanto grupo profesional con fuerte inserción en el aparato estatal en un contexto específico: el Proceso de Reorganización Nacional. La última dictadura resulta un período particularmente fructífero para reflexionar acerca de estas cuestiones, en tanto se puso en evidencia la voluntad de reorientar el rol del Estado, así como el afianzamiento de diagnósticos, perspectivas, perfiles y trayectorias que discordaban con lineamientos históricos del universo de la ingeniería.

El análisis de distintas fuentes vinculadas al quehacer profesional de los ingenieros da cuenta de que algunas concepciones acerca del rol de los ingenieros y la ingeniería como disciplina seguían vigentes. Las representaciones acerca del rol fundacional de la República, así como la responsabilidad de la conducción técnica de la Nación para los ingenieros, seguían siendo sostenidas como en períodos previos.

Por otra parte, las trayectorias profesionales más valoradas mostraron ciertas diferencias en esta etapa. Tal como señalan Salerno (2015) y Giorgi (2014), las extensas trayectorias dentro del Estado fueron características de las primeras décadas del siglo, y, tal como indica Ballent (2012), estas resultaban las más prestigiosas. Esa representación positiva de la carrera meritocrática dentro del Estado seguía vigente en el período de la Dictadura, pero convivía con otro tipo de trayectoria que pasó a ser mucho más valorada: la de aquel que asumía un cargo público proviniendo del universo empresario. Este perfil era ensalzado, y se consideraba que quienes asumían funciones viniendo del universo privado realizaban un sacrificio patriótico. La expectativa era que trasladaran sus saberes del universo empresarial al aparato estatal, subvirtiendo el modo tradicional en que previamente se concebía la adquisición de conocimientos a través de largas permanencias en las reparticiones públicas como modo de especialización. El ensalzamiento de estas figuras procedía de otros funcionarios, de los dirigentes de agrupaciones empresarias, pero también, aunque en menor medida, de agrupaciones profesionales como el CAI. La diversidad de perfiles valorados en el período se advierte al observar los antecedentes de los máximos responsables del área de Obras Públicas durante el Proceso.

Por otra parte, pasando a los niveles medios de funcionarios, en el período adquirió muchísima predominancia la representación sobre una burocracia asfixiante que entorpecía el funcionamiento de la administración pública. Si bien este tópico ya existía en décadas previas, durante la Dictadura se volvió un argumento central para justificar la racionalización del Estado. Esta representación de la burocracia negativa convivía con la idea de una administración pública carente de profesionales idóneos, que habían optado por volcarse al universo privado por el mero rédito económico. Tal como señalamos, los diagnósticos respecto a esta cuestión diferían desde la perspectiva de funcionarios y de dirigentes del CAI.

Paradójicamente, si bien el gobierno dictatorial demostró, de diversos modos, una valoración por los profesionales de la ingeniería y por el Centro Argentino de Ingenieros, el vínculo resultó mucho más ambiguo y problemático. El CAI sostuvo una postura crítica respecto a la orientación de la política económica, manteniendo sus históricos posicionamientos más ligados al desarrollismo y a la defensa de la industria nacional. Estos posicionamientos los vinculaban con otros sectores de las Fuerzas Armadas presentes en distintas agencias gubernamentales, que apoyaban espacios ligados a la planificación dentro del gobierno y que defendían las empresas públicas como sinónimo de soberanía nacional.

Los conflictos suscitados en torno a ciertas intervenciones pusieron en evidencia otras concepciones acerca del rol de los ingenieros en tanto hombres públicos comprometidos. En estos debates, prevaleció la perspectiva de los ingenieros como profesionales con el deber de intervenir, siendo fieles a mandatos históricos que trascendían las coyunturas políticas. Esta concepción acerca del ingeniero como hombre público convivía con la idea de neutralidad como una virtud de estos profesionales.

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  1. La última dictadura militar argentina se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983. Fue un régimen que cercenó fuertemente los derechos políticos y civiles y dejó un saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos. El gobierno autoritario se proclamó como una ruptura absoluta con lo inmediato anterior y una restauración del orden y valores perdidos, autodenominándose “Proceso de Reorganización Nacional”. Nos referiremos al gobierno dictatorial indistintamente como Dictadura o Proceso.
  2. La importancia del sector de obra pública y la relevancia que le otorgaban los responsables económicos del Proceso a la reconfiguración de este sector quedan en evidencia en la cadena nacional de radio y televisión realizada el 3 de junio de 1976 por el secretario de Estado de Transporte y Obras Públicas. En una extensa alocución, el secretario informó sobre la situación deficitaria de los Ferrocarriles Argentinos, que requería urgentes reformas ya que insumía dos millones de dólares diarios, siendo responsable de la cuarta parte del déficit nacional. Los montos abultados y la temprana comunicación al respecto en el formato de cadena nacional dan cuenta de la importancia otorgada al tema. Bajo la égida de la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas, también estaban Obras Sanitarias, Subterráneos de Buenos Aires y Aerolíneas Argentinas.
  3. El Centro Argentino de Ingenieros es una organización profesional centenaria y tradicional fundada en 1895 (bajo el nombre de Centro Nacional de Ingenieros), que agrupa a los ingenieros de todas las ramas. De su seno nacieron importantes organizaciones, como la Cámara Argentina de la Construcción en 1936 y la Academia Argentina de Ingeniería en 1970. En el período abordado, tenía una matrícula amplia, de 10.000 asociados, con presencia considerable de todas las especialidades y generaciones de ingenieros (Frigerio, 1982; Lucchini, 1981), y sostenía dos publicaciones periódicas: la revista La Ingeniería, abocada a cuestiones técnicas, y el Boletín del CAI, que se focalizaba en las actividades de la institución. A partir de 1979, esta segunda publicación pasó a denominarse CAI Informa, dando cuenta de una ampliación que venía produciéndose en sus publicaciones “incorporando temas de interés general vinculados con el marco en que se desenvuelve la actuación profesional o institucional de los ingenieros” (Aragón, 1979: p. 5).
  4. La Cámara Argentina de la Construcción es una de las organizaciones empresarias más importantes del país. En el período abordado concentraba, sin disputa alguna, las demandas de los empresarios de la construcción (Schvarzer e Itzcovitz, 1989; Menazzi, 2017) y publicaba semanalmente la revista Informaciones de la Construcción, en que se abordaban tanto las cuestiones gremiales como todas aquellas políticas, iniciativas o eventos que afectaran al sector de la construcción. La Asociación Argentina de Carreteras es una “asociación integrada por dependencias y funcionarios públicos, empresas constructoras, fabricantes e importadores de equipos y asociaciones de automovilismo, para interesar y asesorar a los poderes públicos en los planes de ejecución de obras viales” (Asociación Argentina de Carreteras, 2017). En el período bajo análisis, publicaba mensualmente la Revista Carreteras, que abordaba las actividades de la institución y todo aquello que incumbiera al sector vial.
  5. Durante la gestión del Gnl. Videla, entre 1976 y 1981, el rango de Obras Públicas era de secretaría, dependiente del Ministerio de Economía. A partir de la gestión Viola y durante el resto del Proceso, su rango fue de ministerio.
  6. Se trabajó con el Boletín Semanal del Ministerio de Economía, el Boletín de la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas, el periódico El Constructor, leyes, decretos y discursos.
  7. Al respecto, ver Menazzi (2018a). En ese trabajo se da cuenta de la mirada compartida respecto a la historia del sector de obras públicas, sus avatares, períodos de oro y decadencia por parte de funcionarios, dirigentes de organizaciones profesionales y organizaciones empresarias a fines de la década del 70.
  8. Tal como señalan las autoras, “ambos actores se han caracterizado por un discurso pretendidamente apolítico y que reclama para sí la capacidad de ubicarse por encima de los conflictos sociales” (Heredia y Gené, 2009: p. 4).
  9. Tal como señala Lucchini (1981), los primeros ingenieros que actuaron en el Río de la Plata fueron militares. Las instituciones educativas del Ejército siguen dictando la carrera de Ingeniería, y aún hoy existe el Arma de Ingenieros, cuya misión es apoyar al Ejército a partir de los saberes de esta disciplina. A su vez, existe cierta afinidad electiva entre las preocupaciones de las fuerzas armadas y la ingeniería por materializar el control y ocupación del territorio a través de las obras públicas.
  10. El Ing. Alberto Constantini fue presidente del CAI entre 1967 y 1992, exceptuando un breve interregno entre 1973 y 1975. Se trató de una figura pública de relevancia, tanto por su rol como presidente y vocero del CAI por décadas, como por su participación en cargos públicos en diversos gobiernos, haciendo gala de su rol técnico sin importar las afinidades partidarias. Se desempeñó como presidente de Obras Sanitarias durante el gobierno de Aramburu, secretario de Obras Públicas, de Transporte y posteriormente ministro de Obras y Servicios Públicos bajo la gestión de Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires por un breve lapso durante la última dictadura militar, y, luego, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante la gestión de Alfonsín.
  11. No podemos afirmar que este perfil resultara novedoso dentro del Estado, o incluso dentro de la repartición. Lo que sí puede considerarse novedoso es la valoración de la trayectoria en el ámbito privado por sobre la trayectoria en el ámbito público, al contrario de lo que aconteciera en períodos previos.
  12. La cuestión del sacrificio económico era reiterada insistentemente en las alocuciones de los responsables del área de obra pública, sumando un matiz heroico a los perfiles provenientes del universo privado.
  13. En esta línea, el secretario de Obras Públicas se enorgullecía de haber expulsado a 50.000 agentes de su área durante el primer año de su gestión (Camba, 1977).
  14. Así, tal como señala Giorgi (2014) en su análisis histórico de los perfiles de los titulares de la cartera de Obras Públicas, la mayoría de los titulares del área entre 1854 y 2011 provenían de experiencia en la gestión pública del área, principalmente burocracias ministeriales nacionales, cargos directivos en ferrocarriles, aguas y energías, diversos centros de ciencia y técnica y Dirección Nacional de Vialidad. Esto coincide con los señalamientos de Ballent (2008) acerca de la conformación del elenco del Ministerio de Obras Públicas en la década del 30: “Efectivamente, ese era un camino que se había consolidado para los años 30, cuando muchos ingenieros se jubilaban luego de haber desempeñado tareas en el MOP durante toda su vida laboral, ascendiendo desde los cargos técnicos más bajos. También se valoraba la docencia universitaria. Inserción en el Estado, carrera burocrática y enseñanza universitaria eran tres aspectos que se legitimaban mutuamente” (Ballent, 2008: p. 834).
  15. En términos de un periodista: “Ingeniero, hizo una brillante carrera en las empresas privadas, hasta que hace muy poco tiempo lo consiguieron atrapar como presidente de Gas del Estado y finalmente lo atraparon del todo el 22 de diciembre pasado, como ministro de Obras y Servicios Públicos” (Boletín Semanal de Economía, 1982: p. 365).
  16. La nota fue firmada por 28 socios del CAI, pero aproximadamente un tercio de los firmantes era o sería posteriormente también funcionario de la Dictadura.
  17. Se refiere a una convocatoria realizada por el CAI sobre la situación laboral de los ingenieros. El título fue “Ingenieros desocupados, ingenieros subocupados, ingenieros preocupados” (CAI Informa, 1981).
  18. Se trata de un proceso de consultas a figuras representativas de la sociedad. Por este medio las Fuerzas Armadas pretendían legitimar ciertos posicionamientos y organizar el panorama a futuro, estableciendo puntos de coincidencia respecto al rol de las Fuerzas Armadas en un eventual gobierno democrático, la reforma de la Constitución Nacional, entre otras cuestiones. Si bien fue largamente anunciado durante las gestiones del Gral. Videla, recién se inició en marzo de 1980 (Canelo, 2005).
  19. Nos referimos a las comisiones temáticas organizadas en el I Congreso Argentino de Políticas de la Ingeniería, en 1976.


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