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1 Arquitectos, política y ciudad

Mendoza entre 1932 y 1943

Cecilia Raffa (INCIHUSA-CONICET)

I. Arquitectos en la burocracia estatal[1]

El trabajo de un arquitecto como empleado de la administración pública fue entendido por la corporación de arquitectos, representada por la Sociedad Central de Arquitectos,[2] como una salida laboral secundaria y alternativa durante mucho tiempo en Argentina.[3]

El vínculo inicial de los profesionales dedicados a la arquitectura (ingenieros, paisajistas, arquitectos, etc.) con el Estado fue a través de contratos de cargos jerárquicos para organizar y desarrollar la primera obra pública; a esto se le sumó el sistema de concursos, como otra forma de participación inicial en las grandes obras edilicias del siglo XIX y hasta el Centenario de la Revolución de Mayo.

Fue hacia 1920 cuando la visión respecto de la actividad profesional dentro de la administración pública dio un giro importante, ante los nuevos problemas urbanísticos y arquitectónicos que había generado el mismo proceso modernizador. La búsqueda de soluciones a estos problemas promovió la formación de una burocracia técnica cada vez más compleja y eficiente para planificar y ejecutar obras en todo el territorio nacional.

A partir de los 30, se hicieron evidentes los cambios en la organización de la estructura del Estado relacionada a la Obra Pública (OP). Siguiendo los lineamientos de la política económica del presidente Agustín P. Justo, estos cambios afectaron particularmente a la Dirección General de Arquitectura (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante el aumento de su producción y atribuciones: a sus funciones tradicionales, se agregaron la construcción de la edilicia pública –particularmente edificios para la administración nacional– y la confección del catastro de los bienes inmuebles de la Nación, entre otras (Ballent y Silvestri, 2004: pp. 136-139). Pero, además, apareció en 1932 un reconocimiento explícito al rol del arquitecto como agente especializado capaz de aportar soluciones materiales significativas a los problemas sociales: por primera vez desde su creación en 1906, la dirección de la DGA era ejercida por un arquitecto: José Hortal (Parera, 2012: pp. 139-154). El Estado demandaba ese saber, y desde la corporación reconocieron la importancia que tenía la posibilidad de influir y decidir sobre la arquitectura y la ciudad, participando en la burocracia estatal.

En Mendoza se verificaron las características a las que hemos hecho referencia a nivel nacional: el ingreso de arquitectos a la burocracia estatal fue creciendo progresivamente en los primeros años del siglo XX. Inmersa en el largo proceso que supuso la construcción posterremoto,[4] Mendoza era campo fértil para la creación ex novo, tanto como para la implementación de modelos foráneos sobre las formas de habitar, en el amplio sentido.

Durante el ciclo liberal-conservador, que se extendió entre 1932 y 1943,[5] la producción de arquitectura pública diseñada por la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) –principal agencia estatal– dio un salto cualitativo y cuantitativo. Aquel momento se caracterizó por la permeabilidad que sobre el campo político tuvieron las propuestas técnicas, y los posicionamientos disciplinares de la arquitectura.

En ese contexto, este capítulo historiza las redes de relaciones entre políticos y arquitectos que desempeñaron cargos públicos entre 1932 y 1943 en Mendoza. Las características políticas que esos técnicos imprimieron a la ciudad, sus espacios de sociabilidad y sus trayectorias profesionales serán los núcleos problemáticos que abordaremos, a partir del estudio de la conformación de una de las más importantes oficinas estatales: la Dirección Provincial de Arquitectura en 1936. La etapa sobre la cual trabajaremos corresponde al período “fundacional” de la repartición y determina uno de sus momentos de producción de arquitectura pública más significativos.

La función pública fue convirtiéndose gradualmente en una alternativa segura de empleo para muchos profesionales, al tiempo que las obras de arquitectura fueron acrecentando su rol como la representación más visible del Estado y sus agentes políticos.

La propuesta teórica sobre la que se basa este texto incluye categorías provenientes de la historia de la arquitectura y la sociología de la cultura. Por un lado, haremos referencia a un grupo de obras seleccionadas dentro de la vasta producción del período. Nos interesan sus características proyectuales tanto como su contexto de producción, puesto que entendemos que ambas particularidades pueden darnos pautas sobre objetivos compartidos por técnicos y políticos.

Las visiones de mundo de esos dos grupos, sus prácticas culturales y sus formas de relación al interior de los campos serán tratadas a partir de nociones provenientes de la teoría social desarrollada por Pierre Bourdieu (1991). Haremos uso de la definición que este sociólogo hace del campo político, así como utilizaremos sus conceptos fundamentales (“campo”, “habitus”, “capital”) para el abordaje del espacio de lo técnico.

Las principales fuentes a partir de las cuales se planteará el estudio son la prensa y las memorias de gobierno y de los proyectos encarados. Estas fuentes documentales nos permitirán comprender tanto las dimensiones subjetivas y objetivas implicadas en los procesos históricos (Soprano, 2007: pp. 19-48) con relación a los campos abordados, como la ciudad en cuanto paisaje significativo.

El capítulo se estructura a partir de la descripción de las características políticas del período y el análisis de las trayectorias de algunos arquitectos insertos en la burocracia estatal. Este análisis, tomado como núcleo explicativo, se combina con alusiones a organismos estatales, específicamente la Dirección de Arquitectura de la provincia, y a una serie de obras ejecutadas desde esa repartición. El texto cerrará con un epílogo que intentará resaltar el papel trascendental de la burocracia técnica en la conformación de ciudad.

II. Política y técnica en la etapa conservadora

Argentina reaccionó a la crisis agroexportadora –consecuencia del crack económico de 1929– aplicando distintos mecanismos de regulación, poniendo atención en su mercado interno, modernizando y complejizando sus administraciones y, más tarde, desarrollando industrias sustitutivas (Ospital, 2013: p. 79). El sistema de gobierno tuvo entre sus objetivos implementar reformas sociales orientadas a incrementar el control social, pero que, a la vez, significaran mayor atención sobre los sectores vulnerables de la sociedad. Ese perfil imprimió el carácter progresista de la gestión, que se destacó por el emprendimiento de un importante volumen de OP a escalas nacional y provincial. El desarrollo de equipamiento e infraestructura fue una de las acciones más representativas que se llevó adelante; este buscó la disminución del desempleo y la reactivación económica a través de la atracción del capital extranjero y local al sector industrial (Korol, 2001: p. 43).

La Obra Pública, entendida como parte del proceso de industrialización, adquirió en aquel momento un rol protagónico. El objetivo de ese programa de reactivación estuvo dirigido a la generación de empleo, al estímulo del resto de las industrias (del vidrio, del hormigón y metalúrgica, entre otras), al acrecentamiento del consumo interno, al fomento del comercio y a suministrar carga a los medios de transporte. La OP fue además la manera en que el Estado, en sus distintas escalas, pudo alimentar las representaciones vinculadas al orden y a la capacidad ejecutiva, características de las cuales los gobiernos del ciclo se jactaban (Raffa, 2018b).

El proyecto político vehiculizado por los gobiernos liberal-conservadores[6] acentuó la intervención estatal en la regulación de la vida privada que se venía dando desde fines del siglo XIX. La expansión del Estado derivó en el creciente involucramiento de sus instituciones en los problemas sociales, lo que significó el avance de la burocracia estatal en áreas relacionadas a la educación, la vivienda y la salud, entre otras, a partir de acciones tendientes al mejoramiento físico y moral de la población.

Los planes sanitarios definieron mejoras en las instalaciones hospitalarias, los planes de alfabetización propiciaron la construcción de nuevas escuelas, se proyectaron o mejoraron aéreas de esparcimiento y hubo un interés manifiesto –aunque con escasa concreción– por comenzar a mejorar el acceso a la vivienda de los sectores medios-bajos. Se promovió el uso de la arquitectura tanto para sustentar un discurso relacionado al progreso, como para reforzar la identidad nacional a través de la ocupación del territorio y de la utilización de determinadas estéticas. A partir de los programas implementados, la OP se involucró en temas de acción social que originalmente no formaban parte de sus competencias.

En este marco, el número de arquitectos que ocupaba cargos claves dentro de la burocracia estatal a escala nacional y en los casos provinciales en varias nóveles reparticiones fue aumentando progresivamente (Raffa, 2016b: pp. 84-111).

Los técnicos insertos en el aparato estatal se trasformaron en expertos que podían diagnosticar los problemas sociales e idear estrategias materiales para resolverlos. En ese proceso, la arquitectura, al tiempo que se consolidaba como campo disciplinar y profesional aumentando sus injerencias (Cirvini, 2004: pp. 341-342), se transformaba en saber de Estado, es decir, “en un saber experto y operativo demandado por y a la vez constitutivo, del Estado moderno” (Plotkin y Zimmermann, 2012: p. 10).

Hospitales, centros de salud, hogares, asilos y colonias, viviendas y modernos edificios escolares fueron parte de los nuevos o renovados programas que se llevaron adelante como respuesta a los crecientes movimientos migratorios internos que generaron mayor poblamiento en las áreas urbanas y sus periferias. Esto ocurría a medida que la población económicamente activa abandonaba las actividades rurales, en búsqueda de las oportunidades laborales que se abrieron en la industria y la construcción, inicialmente, y en el comercio y los servicios más tarde.

Mendoza había crecido sostenidamente desde fines del siglo XIX. En los primeros años de la década del 30, sus habitantes eran más de 400.000, y en 1935 pasaron a ser 450.000, tras lo cual en 1940 se convirtieron en 500.000 (Caroglio, 2009: pp. 75-104). Mucha de esa población asentada en zonas rurales formó parte de los movimientos migratorios impulsados, entre otros factores, por la crisis del principal motor de la economía provincial: la industria vitivinícola. El deterioro de los salarios reales y el aumento del desempleo a nivel nacional, unido a esta crisis local, llevaron a una caída del precio del vino y la uva, que afectó significativamente la economía provincial (Cerdá, 2011).

En este contexto de crisis económica y social, el Estado provincial, en consonancia con los lineamientos nacionales, comenzó a ocuparse más ampliamente de las distintas instancias que afectaban a la salud física y al amparo de los desprotegidos, teniendo a las mujeres, los ancianos y los niños como principales destinatarios. Este accionar iría ampliándose progresivamente hasta incorporar el derecho al ocio y el disfrute del tiempo libre.[7]

Los proyectos fueron puestos en marcha gracias a una característica particular de los años de gobierno liberal-conservador: la permeabilidad que las propuestas ideadas por el campo técnico tuvieron en el campo político. Entendemos que esto se dio sobre la base de la estrecha relación que agentes de uno y otro campo tuvieron por afinidad política, pero también por su capital simbólico común. Es decir, un tipo especial de capital (Bourdieu, 1991) que se forma a partir de la disponibilidad de capitales económico, cultural y social.

En efecto, agentes de uno y otro campo contaban con una red de contactos estables que surgieron a partir de la pertenencia a un determinado grupo social (capital social); poseían todos titulaciones y grados académicos y compartían intereses culturales (capital cultural) y, además, tenían, en su mayoría, cierto capital económico de respaldo, como base para la obtención de los demás capitales. A esto podemos sumar una red de relaciones laborales externas a la dependencia estatal, que, en el caso de los vínculos entre arquitectos e ingenieros, suponían la concreción de obras privadas, y, en el caso de la relación entre arquitectos y políticos, la conversión de estos últimos en comitentes de los primeros o en aliados para el impulso de otras empresas, como la creación de la UNCUYO (Universidad Nacional de Cuyo), por ejemplo.

La Dirección Provincial de Arquitectura

En 1907, a poco de iniciado el gobierno provincial de Emilio Civit,[8] se creó el Ministerio de Industrias y Obras Públicas. Un año después, en 1908, apareció dentro de su organigrama la Sección Arquitectura, creada por la Ley de Presupuesto n.° 435.

Ese fue el origen legal de una repartición que jugó un papel fundamental en el desarrollo urbano-arquitectónico de la provincia, hasta por los menos la década del 90 del siglo XX, cuando su función original –el estudio, dirección y ejecución de toda la obra pública provincial– fue desdibujándose y cambiando hacia un perfil más bien de contralor, como consecuencia de la complejización y diversificación de la demanda de obras.[9]

La otrora Sección Arquitectura tuvo entre sus responsables a Raúl Álvarez,[10] primer mendocino recibido de arquitecto, quien, convocado en 1918 por el gobernador José Néstor Lencinas,[11] ejerció el cargo de jefe de sección hasta 1919 y de director interino de Obras Públicas hasta abril de 1920. Por ese entonces, dejó la provincia para instalarse en Buenos Aires, aunque sin perder contacto con Mendoza. Álvarez tuvo a su cargo la concreción de importantes proyectos, como la remodelación de la Legislatura de Mendoza (1923), el trazado del Rosedal del Parque Gral. San Martín (1919), el diseño del Hospital José Néstor Lencinas (1919-1924) y las obras del Hospital Regional de San Rafael.

Paralelamente a la labor de Álvarez, el gobierno de José Néstor Lencinas convocó al arquitecto Gastón Mallet,[12] con el fin de reunir los antecedentes que permitieran llegar a un cálculo aproximado sobre el costo de las obras de un palacio destinado a concentrar todas las oficinas de la administración provincial (Aguilar, 1928). La acción descripta pone en relieve una característica que se mantuvo desde fines del siglo XIX en la relación técnica-política y que consiste en la contratación de profesionales destacados del ámbito nacional o internacional para desarrollar proyectos puntuales, como ser la contratación de Charles Thays por Emilio Civit para el diseño del Parque del Oeste (1896). Estas contrataciones se sumaban a las obras que ejecutaban los equipos técnicos estatales y fueron marcando el avance en la consolidación de la arquitectura dentro del campo técnico y de la estructura burocrática estatal. Hacia fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, los ingenieros se ocupaban de los trazados urbanos y las principales OP. Sin embargo, a partir de 1930, fueron los arquitectos los encargados de proyectar y organizar las características de la arquitectura y la ciudad.

La Sección Arquitectura permaneció en la órbita de la Dirección General de Obras Públicas hasta el año 1935. Durante 1936, mediante la Ley de Presupuesto n.° 1.193, se elevó de categoría, convirtiéndose en Dirección de Arquitectura de la provincia (DPA), organismo dependiente del Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego. Esta denominación se mantuvo hasta 1954, cuando la DPA fue absorbida por la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica de la Gobernación (Giamportone, 1998).

A través de la DPA, los sucesivos gobiernos locales planificaron y concretaron importantes obras. Desde 1932, con la incorporación de los arquitectos Manuel y Arturo Civit a la entonces Sección de Arquitectura, comenzó a perfilarse la más importante característica que distinguió a los años conservadores: la homogeneidad en lo que a planificación y ejecución de Obra Pública se refiere. Esa particularidad se extendió hasta el final del ciclo conservador, incluso cuando la dirección de la repartición estuvo a cargo de Ewald Weyland.

Manuel y Arturo Civit

Estos arquitectos recibidos en la Universidad de Buenos Aires se instalaron en Mendoza hacia 1932.[13] La provincia suponía, para los nóveles arquitectos, una oportunidad laboral tanto por su campo profesional en expansión, como por el número limitado de practicantes dentro de ese campo: hacia 1930, eran alrededor de 15 arquitectos los que actuaban en Mendoza (Raffa, 2015a: pp. 25-40).

Manuel y Arturo Civit

Fuente: Morey, R. (1939) Álbum de Mendoza, Mendoza: Ed. Oficial

El capital simbólico de los Civit, en el que primaron los aspectos sociales y culturales, les permitió estar a cargo de la DPA durante los gobiernos de Ricardo Videla, Guillermo Cano y Rodolfo Corominas Segura y en el inicio de la gestión de Adolfo Vicchi.[14] Asimismo, mantuvieron una fluida relación con los ministros a cargo de la cartera de Economía, Obras Públicas y Riego, de la cual dependía directamente la DPA, sin cuyo apoyo no se hubieran concretado las propuestas técnicas. Aunque los Civit tenían vínculos personales con algunos de los gobernadores, como Cano y Corominas,[15] existía un orden jerárquico al interior de la burocracia estatal que era insoslayable.

Aquel ministerio estuvo presidido durante todo el período por ingenieros: Emilio López Frugoni, en la gestión de Videla; Frank Romero Day, funcionario de Cano y Vicchi; y José María Alurralde, quien se desempeñó en el cargo durante el mandato de Rodolfo Corominas Segura.[16] Todos los ministros eran ingenieros, lo cual permite observar, como en el caso de la DGA, cómo eran los movimientos al interior del campo técnico general y su relación con ámbitos burocráticos. Así, es posible advertir la subordinación de unas profesiones respecto de otras (la arquitectura respecto de la ingeniería, en este caso) dentro de los procesos de consolidación disciplinares. En Mendoza, los arquitectos llegarían a rangos ministeriales a partir de la década del 70.

Sin embargo, al interior del Ministerio de Industrias y Obras Públicas[17], y en relación con el espacio social general, advertimos que el papel desempeñado por el director de la DPA fue importante y dotaba de un plus de prestigio a la gestión. La aparición de la firma de Manuel o Arturo Civit como directores en los anuncios de licitaciones que se publicaban en los diarios y períodos locales y nacionales da cuenta de una posición destacada dentro de la administración (Los Andes, 11/01/1936, 7/1/1938, 8/12/1939).

En los años que permanecieron en la función pública, Manuel se ocupó de la dirección de la repartición de 1932 a 1939[18], mientras que Arturo lo hizo entre 1939 y 1941 (Raffa, 2009). A su vez, su discurso incorporó conceptos de higiene, industria constructiva, alojamiento de masas, vivienda moderna, científica y confortable y funcionalidad, sustento teórico que tomaron como base para la resolución de problemas técnicos y sociales desde la Dirección de Arquitectura; tales discursos habían sido esgrimidos por la arquitectura y la planificación de los Estados Modernos (Alemania, Francia, Austria, EE. UU.), a los que estos arquitectos hacían referencia, y fueron apoyados por el grupo político que gobernaba la provincia a través de la inversión en arquitectura pública.

Durante la gobernación de Ricardo Videla, se inició lo que sería una intensa obra de edilicia escolar: se construyeron numerosos edificios escolares desde 1932 y hasta 1935, como los de las escuelas monumentales Justo José de Urquiza e Industrial de Maipú. También se edificaron pabellones para niños y salas de maternidad en distintos departamentos de la provincia, entre otras obras.

En varias ocasiones, y a lo largo del período, tanto para escuelas como para centros de salud, se utilizaron prototipos (mismo edificio para ubicaciones distintas) aun cuando se tratara de distintas gestiones de gobierno. Esto supuso una continuidad de políticas observable en la falta de interés de diferenciarse en términos materiales. Asimismo, en el orden técnico, supuso un reconocimiento al capital cultural por parte de los gobiernos del equipo de la DPA. En muchos de los discursos de los distintos gobernadores –incluidos en las Labores de Gobierno–, se destacó el aporte realizado por los equipos técnicos del Estado a través de la OP, principal baluarte político del período.[19]

Guillermo Cano se hizo cargo de la provincia en 1935. Probablemente, su gestión y la de Corominas Segura, su sucesor, fueron las más prolíferas en cuanto a concreción de arquitectura pública.

Uno de los principales emprendimientos que puede servir para ilustrar la vinculación técnica-política durante su mandato es el de las Casas Colectivas: primer y más importante ejemplo de vivienda bajo los cánones racionalistas (planta compacta, agrupamiento en bloques y aprovechamiento de suelo) que se construyó en Mendoza.

Apoyado en el conocimiento y el estudio de operatorias privadas, mixtas o estatales sobre el tema de la vivienda popular[20] que le habían proporcionado sus viajes por Europa (capital cultural), Cano entendía que era el Estado moderno el que debía cumplir una función social ineludible a favor de las clases menos afortunadas mediante la intervención directa en la construcción de viviendas populares. A raíz de ello, tras recibir la propuesta técnica de los Civit, impulsó la sanción de la ley n° 1.190 de construcción de las Casas Colectivas (Raffa, 2006: pp. 115-139).

Sobre el apoyo político recibido en aquella operatoria, los Civit manifestaron:

Nuestro único mérito, si es que nos cabe alguno, es haber coincidido con la idea que ya alimentaba al Señor Gobernador de la provincia, Dr. Guillermo Cano, el que con su energía hizo efectiva la construcción de la obra, iniciando en el interior de la república la era de elevación en el standard de vida de la clase obrera (Civit, 1937: pp. 269-279).

Casas Colectivas

imagen 1

Fuente: Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego (1941). Memoria 1938-1941, tomo V. Mendoza: Ed. Oficial

Ese apoyo a la gestión de la DPA se mantuvo con el gobernador Rodolfo Corominas Segura.

Corominas no solo prosiguió con el proyecto de las Colectivas, cuya ejecución se extendió hasta la gobernación de Vicchi, sino también con proyectos de envergadura, como ser: el Hospital Central (1937- 1941), el Hogar para Menores de Agrelo (1941), el concurso del Plan Regulador para Mendoza y el Monumento a la Bandera del Ejército de los Andes en la Plaza Independencia (1941), que supuso, como veremos, una inflexión en la relación técnica-política durante el período, al menos para los Civit.

De escala regional, el Hospital Central fue proyectado funcionalmente como un monobloque con una superficie de 27.688,84 m2 que significó, en términos arquitectónicos, un avance en la concepción compositiva de los hospitales en Mendoza, los cuales, hasta ese momento, habían sido planteados como conjuntos dispersos de pabellones en grandes áreas parquizadas. Nuevamente, el campo político apoyó una propuesta técnica monumental que posicionaba a Mendoza a escala nacional, con un proyecto de modernización hospitalaria que promovía las ventajas de los hospitales en altura (Raffa, 2018).

Esta obra implicó para los Civit una reafirmación de su posición vanguardista dentro del campo técnico, además de la vinculación con especialistas –también funcionarios– de renombrado prestigio, como el médico Alfredo Metreaux,[21] entre otros, lo que acrecentó su capital social.

Hospital Central (maqueta)

Fuente: Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego (1941). Memoria 1938-1941, tomo V. Mendoza: Ed. Oficial

En términos de representación, la obra significó para los dirigentes un posicionamiento político positivo respecto del futuro:

[…] ágil y moderna la alta silueta de esta casa, dirá a las generaciones futuras que la solidaridad con el dolor humano no ha sido solo una hueca afirmación de este gobierno y que al construirlo solo se ha tenido en vista el amplio horizonte de la patria, que necesita hijos fuertes y sanos para que sus pechos no alienten odios ni bajas pasiones y puedan conducirla con fe y sin prevenciones a la consecución de sus altos destinos (Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 1941: pp. 282-283).

Las gestiones conservadoras asociaron de diversas formas la idea de asistencia social a la de igualdad y justicia. Así, fueron parte activa en la ayuda y vigilancia directa de menores con la creación de institutos oficiales en la órbita del Ministerio de Gobierno y Asistencia Social, a partir de la implementación de la ley 1.304/39. En toda esta operación de amparo, protección y vigilancia, los grupos dirigentes y los técnicos estuvieron fuertemente influenciados por una corriente de pensamiento internacional que comenzaba a darles entidad a las acciones del Estado sobre la minoridad (Torres y Pastoriza, 2002: p. 74), identificando y tipificando los delitos cometidos por menores y buscando nuevas estrategias para su reeducación. El proceso de aprobación de la Ley de Patronato y su implementación fue lento y atravesó prácticamente todo el período conservador. La ley se impulsó durante el gobierno de Cano y se promulgó durante la gestión de Corominas Segura, momento en el que también se comenzó con la construcción de los complejos; el uso efectivo de los edificios y conjuntos edilicios diseñados en consonancia con la norma se produciría durante la gobernación de Vicchi.

Colonia para Menores de Agrelo

Fuente: Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego (1941). Memoria 1938-1941, tomo V. Mendoza: Ed. Oficial

Así, se destaca la Colonia para Menores, habilitada en 1941 en el distrito de Agrelo, a la que siguió otra construida en la Villa 25 de Mayo en 1943, en el sur provincial. Estas iniciativas significaron, a nivel local, un cambio en la concepción de los espacios construidos para la asistencia a la niñez[22] y suponen un prisma pertinente para visibilizar la relación técnica-política: en la apertura del primer hogar, acontecida en febrero de 1941, Arturo Civit, en nombre del ejecutivo provincial, estuvo a cargo del discurso inaugural y entregó la obra al presidente del Patronato de Menores. Partes del discurso de Civit –y su retrato en esa ocasión– aparecieron en el diario La Libertad junto a imágenes que ilustran las obras (La Libertad, 15/2/1941).

En este “virtuoso” proceso de vinculación entre técnica y política, también existieron negociaciones.

Estudios recientes (Moretti, 2015: pp. 53-74) señalan la existencia de correspondencia entre Arturo Civit y otros funcionarios de gobierno donde el arquitecto reconocía haber cambiado la propuesta estética inicial para el edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones debido al deseo expresado por el gobernador Corominas Segura. Una situación similar ocurrió con el proyecto para el Arco Desaguadero, en el que se prepararon dos propuestas a partir del mismo programa arquitectónico. Una resuelta en lenguaje racionalista y otra en lenguaje californiano, que resultó electa.

La multiplicidad de propuestas que hemos mencionado fue posible gracias a que la DPA contaba con un equipo técnico de respaldo a la gestión.[23] Dentro de aquel grupo, se destacó la labor de los “dibujantes proyectistas” Ribes y Pagotto, ocupados en la confección de la documentación técnica y en el control de la ejecución de las obras.

En las postrimerías de la gestión de Corominas, el papel de los Civit dentro de la DPA comenzó a declinar: como agentes dentro de la burocracia estatal, fueron perdiendo las posiciones centrales que habían detentado a lo largo del período. Primero, con la salida de Manuel de la dupla director-vice para ocupar el cargo de vicerrector de la UNCUYO en 1939, en la gestión que encabezó Edmundo Correas –hasta ese momento, ministro de Hacienda de la provincia–; luego, por el desplazamiento de Arturo a partir del posicionamiento de otro técnico: Daniel Ramos Correas,[24] director de Parques y Paseos de la provincia desde 1938 (Raffa, 2011, 2016a).

A partir de las disputas entre esos agentes, la ciudad comenzó a ser el lugar del juego: el espacio sobre el que había que accionar para marcar posiciones al interior del campo técnico, en la relación con el campo político y en el espacio social.

En aquellos desplazamientos dentro del campo técnico, no solo participaron los agentes con todo su capital simbólico, sino que también entraron en el juego dos nuevas incumbencias que los arquitectos habían sumado a las que ya venían ejerciendo: la monumentalidad de la arquitectura moderna, asociada a la escala urbana de la ciudad, y el paisajismo en su versión pintoresquista.

En 1940, el gobierno de Corominas Segura impulsó el concurso de propuestas del Plan Regulador para Mendoza.[25] El propósito del proyecto fue efectuar operaciones de reforma en el casco de la ciudad para conseguir, por medio de una nueva estructuración urbanística, mayores ventajas y menos trastornos económicos.

Tal como había pasado en las convocatorias de técnicos foráneos realizadas con anterioridad, el concurso tuvo la particularidad de anteponer al interés por la resolución lograda en el proyecto los antecedentes de los concursantes, a partir de la convicción de que la experiencia llevaría a la búsqueda de la mejor solución para la ciudad y, sobre todo, al aumento del capital político de la clase dirigente.

El Plan Regulador fue promovido por la dupla técnica-política a través de la Comisión Especial de Urbanismo. Creada por el mandatario en 1938, la comisión estaba integrada por Arturo Civit –como director de la DPA– y Ramos Correas –como director de Parques y Paseos–, y era presidida por Adolfo Vicchi, quien luego sería gobernador. Ramos Correas, por su parte, sería designado para participar en calidad de jurado del concurso, como representante del poder ejecutivo.

Casi paralelamente al desarrollo del concurso del Plan Regulador, en 1941, Arturo Civit propuso a Corominas Segura un imponente proyecto de líneas racionalistas para la construcción del monumento a la Bandera del Ejército de los Andes en el centro de la Plaza Independencia, principal paseo de la ciudad.

Propuesta para el Monumento a la Bandera

monumento a la bandera 2-1 p. 64

Fuente: Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego (1941). Memoria 1938-1941, tomo V. Mendoza: Ed. Oficial

El gobernador avaló la propuesta entendiendo que la concepción general de los edificios realizados por el equipo al mando de Civit constituía un acierto arquitectónico, ya que las líneas sobrias y despojadas con que los proyectaban armonizaban perfectamente con el significado que desde el campo político quería darse al monumento (Corominas Segura, 1942). El proyecto de ley se elevó a la Legislatura para que se aprobara la construcción del conjunto, aunque las Cámaras no dieron sanción al pedido del gobernador por el inminente cambio de gestión provincial.

Al inicio de su gobernación, Adolfo Vicchi optó por restituir la calidad de paseo público a la plaza principal de Mendoza. El poder ejecutivo provincial, con el fin de conocer las posibles propuestas de remodelación de la plaza y su costo, pidió asesoramiento a la Dirección de Parques, Calles y Paseos. Fue por ello por lo que, una vez sancionada la ley n.° 1.408 en 1941, que apoyaba la recuperación de este espacio y su modernización, el gobernador puso en manos de Daniel Ramos Correas[26] la responsabilidad de la realización de la obra.

La propuesta de la DPA para la plaza quedó sin efecto. Arturo Civit permaneció a cargo de la Dirección hasta fines de 1941.

Ewald Weyland

Weyland asumió como director de la DPA en enero de 1942. La noticia de su asunción en el cargo fue publicada en el diario La Libertad (medio oficialista), que destacó que la designación había sido por un decreto emanado del Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego (La Libertad, 13/3/1942).

Egresado de la UBA, Weyland recibió el título de arquitecto en 1937 y se instaló en Mendoza a principios del 1941. No tenemos datos de una vinculación con la repartición anterior a su nombramiento como director, pero, a través de las obras que se realizaron durante su gestión (1941-1945), es posible observar que continuó en muchos casos los proyectos impulsados por el equipo dirigido por Arturo Civit, al menos programáticamente. Uno de esos proyectos fue el de viviendas unifamiliares.

Además de la construcción de las Casas Colectivas, la ley n.° 1.190 contemplaba la construcción de casas jardines individuales de arriendo –en los centros más poblados de los departamentos de la provincia– y de casas granja –que serían vendidas bajo el régimen de la Ley del Hogar–. Durante la gestión de Civit en la DPA, y con la asistencia del técnico Pedro Ribes, se proyectaron los prototipos, pero las obras no se concretaron. Sin embargo, la intensión de construir casas individuales se mantuvo en la agenda política y técnica (Raffa, 2015b: pp. 37-63).

En 1942, el gobernador Adolfo Vicchi aprobó el informe de la DPA donde se individualizaban terrenos en la parte noroeste de la ciudad para destinarlos a la construcción de casas económicas para obreros.

Ambas propuestas, la de Civit y la de Weyland, eran, en términos tipológicos, modernas: contaban con distinciones funcionales de ambientes, diferenciación entre zonas públicas y privadas, y servicios sanitarios distribuidos por cañerías internas a locales especializados –cocina, lavadero, sanitarios y previsión de electricidad–.

En términos formales, las viviendas individuales diseñadas bajo la dirección de Arturo Civit estaban alineadas con la corriente californiana: techos de tejas, muros revocados con zócalos y detalles en piedra. Las plantas proponían cierto movimiento que derivaría luego en juegos volumétricos.

Lo que Weyland y su equipo propusieron fueron viviendas mínimas basadas en los principios de confort, economía, higiene, durabilidad y espacio libre. Incluían, además de un patio, un sector para la instalación de una huerta. La vivienda estándar –hubo distintos tipos– tenía dos dormitorios, cocina, baño y lavadero, salón comedor y galería cubierta. Eran edificios pintorescos simplificados de mampostería de ladrillos y techos de tejas. Los ambientes se agruparon reduciendo al mínimo las entrantes y salientes, decisión proyectual por la cual es posible ubicarlos como transición hacia las viviendas tipo cajón –compactas– distintivas de los conjuntos peronistas.

Entendemos que, al momento de proyectar los prototipos de vivienda, Raúl Panelo Gelly ya se había incorporado a la DPA.

Como vimos, la estructura de proyectación de la Dirección había dependido de arquitectos y dibujantes proyectistas. Con la salida de Arturo Civit, y contemporáneamente de Pedro Ribes, resultó necesario para el campo político consolidar esa franja especializada de la repartición. Así, en 1942, se llamó a concurso para ocupar un cargo técnico en la DPA.

Panelo Gelly ganó ese concurso. Arquitecto recibido en 1940 en la Escuela de Arquitectura dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, llegó a desempeñar en la repartición los cargos de subdirector y director. Su trayectoria profesional fue muy importante en el ámbito local.[27]

Edificio para la Municipalidad de Tupungato, de Weyland y Panelo Gelly

Fuente: La Libertad, 17/8/1943

Entre otros, Weyland y Panelo Gelly realizaron los proyectos para las casas departamentales de Tupungato, Santa Rosa (1943) y San Rafael (1944). En tales ocasiones, siguieron los programas que ya se habían desarrollado en la gestión anterior, pero que habían quedado pendientes de resolución. Esta producción fue ecléctica: con influencia del californiano en los edificios públicos de áreas suburbanas y rurales, y del lenguaje racionalista en entornos urbanos. La dupla Weyland-Panelo apareció mencionada en los periódicos locales, junto a la imagen de la obra concluida. Este tipo de publicaciones pudo haber aumentado la visibilidad de los equipos técnicos, que contaban con la particularidad de que se trataba de dos arquitectos foráneos radicados en una provincia que contaba con un campo profesional todavía acotado. Weyland estuvo un corto tiempo a cargo de la DPA dentro de la gestión conservadora (17 meses). En ese entonces existió una estrategia más acotada de comunicación respecto de la concreción de OP –durante la gobernación de Vicchi– en comparación con las gobernaciones anteriores. Creemos que aquella mención de los agentes pudo ser parte de una estrategia para vincular obras y autores, para legitimarse mutuamente, al tiempo que estos últimos se incorporaban tanto al campo de la arquitectura local, como al espacio social general.

La prosecución de esas y otras obras después de la revolución de 1943[28] fue indicio de la continuidad de los cuerpos técnicos en sus cargos, situación común a otras reparticiones hasta la asunción del peronismo en 1945.

Hacia 1946 se desataron suspensiones y cesantías dentro de diferentes ámbitos de la administración pública. En la publicidad sobre OP que se incluye en el periódico La Libertad de junio de 1946, solo aparece el nombre de Panelo, asociado a la gestión de la DPA.

Retirado de la función pública, Ewald Weyland desempeñó una profusa labor como proyectista de viviendas unifamiliares, y llegó a proyectar incluso la casa familiar de Frank Romero Day, ministro del que dependiera políticamente en su paso como director de la DPA.

III. Epílogo

Con la expansión de la Obra Pública, las reparticiones estatales crecieron notablemente, tanto a nivel nacional como provincial, pero manteniendo la estructura organizacional de principios del siglo XX, fuertemente marcada por redes de relaciones. No obstante, la progresiva incorporación de profesionales y especialistas fue también un reflejo de la creciente demanda de un saber especializado por parte del Estado para la materialización de sus políticas públicas.

Durante el conservadurismo, fueron esas tramas de relaciones las que posibilitaron tanto la permanencia o el desplazamiento en los cargos técnicos de los arquitectos, como la rotación en cargos públicos de los políticos. Sin embargo, y más allá de los rasgos ideológicos y la permanencia en el poder, entendemos que, durante ese ciclo político, la obra desarrollada en Mendoza fue producto de la particular relación que existió entre las visiones de mundo de los agentes de los campos político y técnico. Así, terminaron contribuyendo con similar fuerza en la concreción de un modelo particular de ciudad (y provincia) que entendían debía ser “moderno y progresista”.

Con una marcada continuidad programática y con un equipo técnico que se mantuvo durante prácticamente todo el ciclo, escuelas, hospitales, centros de salud, asilos, edificios administrativos y viviendas fueron parte del repertorio de obras de las gestiones políticas más prolíferas para Mendoza en relación con su cultura material; y, como dijimos, se trató de gestiones fundacionales en términos institucionales.

La DPA fue una de las agencias que a escala provincial contribuyó en mayor grado al posicionamiento de los arquitectos en la función pública. En una provincia con un número creciente de practicantes de la profesión, la DPA funcionó como una escuela-taller de arquitectura por la cual pasaron innumerable cantidad de arquitectos, por períodos variables de tiempo, que realizaron allí su primera experiencia laboral.

Además de como ámbito institucional, la DPA sirvió como plataforma para la construcción de otras organizaciones que consolidaron el campo disciplinar y la profesión de arquitecto en Mendoza: la Sociedad de Arquitectos de Mendoza (1953), la Facultad de Arquitectura (1961), e incluso la Dirección de Obras de la UNCUYO (1960). Junto a aquellas entidades, conformó una red de acción que ejerció una marcada influencia sobre los aspectos urbanísticos y arquitectónicos locales, a la vez que resultó relevante en la formación de futuros profesionales durante todo el siglo XX.

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  1. Este capítulo ha sido elaborado sobre la base de indagaciones previas que hemos realizado en las que se vincula a los campos técnico y político con la producción de obra pública para el caso de Mendoza en la primera mitad del siglo XX (al respecto, ver listado bibliográfico). A nivel nacional otros autores han tomado estas relaciones para el análisis de casos (Santa Fe y Buenos Aires, principalmente) desde una mirada disciplinar, entre tantos: Parera (2012) y Müller (2011), para nuestro mismo período de estudio, y Ballent (2005) y Rigotti (2014), para otros momentos del siglo XX.
  2. La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) fue creada en marzo de 1886 por un grupo de profesionales en su mayoría extranjeros. En ese momento, la SCA pudo concretar solo un funcionamiento débil y efímero, y no alcanzó a consolidar una presencia y una acción institucional de importancia que le permitiera sortear con éxito la crisis económica de 1890. Una década más tarde, un segundo grupo, formado por los arquitectos Christophersen, Buschiazzo y Dormal, reorganizó la institución. Como corporación, sociedades como esta se ocuparon tanto del establecimiento de las jerarquías y las normas que regían a sus miembros, como de los deberes, las responsabilidades y los derechos que los asistían (Cirvini, 2012: p. 131).
  3. Si bien había excepciones para la consideración del trabajo en la administración pública como práctica legítima, la SCA, a partir de la reforma de sus estatutos en 1903, tenía como regla aceptar solamente como socios a quienes trabajaban en forma independiente (Cirvini, 2012: p. 131).
  4. La ciudad capital de la provincia de Mendoza sufrió un temblor de tierra en 1861, que la destruyó, prácticamente. Las pérdidas materiales y humanas fueron importantísimas. En 1863, se inició el traslado del centro político-administrativo de la ciudad a un emplazamiento distinto del colonial, tras lo cual se conformó una nueva trama urbana. El proceso de construcción y reconstrucción de la ciudad fue de larga duración: se extendió durante la primera mitad del siglo XX (Raffa, 2016a).
  5. Estos gobiernos se caracterizan por establecer un sistema político liberal en su concepción económica y conservador en su forma de concebir la política.
  6. A nivel nacional esta etapa se abrió con la llegada a la presidencia de la Nación de Agustín P. Justo en 1932; en la provincia de Mendoza, fue desplegada por la sucesión de los gobiernos de Ricardo Videla y Gilberto Suárez Lago (1932-1935), Guillermo Cano y Cruz Vera (1935-1938), Rodolfo Corominas Segura y Armando Guevara Civit (1938-1941), y Adolfo Vicchi y José María Gutiérrez (1941-1943).
  7. Dentro de las acciones generadas desde el Estado para disfrute del tiempo del ocio y la recreación, el gobierno conservador impulsó una serie de construcciones para posibilitar el uso recreativo de distintas zonas del parque Gral. San Martín, entre ellas el balneario Playas Serranas (1935-1937). En la misma década, con el Arq. Daniel Ramos Correas como director de parques, se llevaron adelante una serie de obras que implicaron la ampliación y mejoramiento de ese paseo y de la plaza Independencia. El mismo período incluye obras en zonas suburbanas o de montaña destinadas al turismo (Raffa, 2013).
  8. Sobre la biografía de Emilio Civit, ver Pérez Guilhou, 1997: pp. 151-170.
  9. Esto supuso la descentralización de la producción de la obra pública, ya que los distintos ministerios y direcciones empezaron a tener sus propios cuerpos técnicos para el proyecto y la ejecución de obras arquitectónicas y urbanas.
  10. Raúl Álvarez (Mendoza, 1890-Buenos Aires, s/d) fue un arquitecto representante de la corriente neocolonial, con vasta producción en Mendoza y Buenos Aires. A lo largo de su vida profesional, tuvo una estrecha relación con la Revista de Arquitectura. Activo miembro de la SCA, fue además docente universitario. Participó de numerosos concursos y proyectó una importante cantidad de viviendas urbanas y suburbanas (Cirvini, 2017: pp. 39-42)
  11. Sobre la trayectoria de José Néstor Lencinas, sugerimos consultar Lacoste, 1994.
  12. Arquitecto intérprete de la tradición Beaux Arts, Mallet presentó para Mendoza un conjunto de planos denominados “Mendoza Monumental” que reunieron las propuestas para la construcción de un Palacio de Justicia, un Palacio de Gobierno y un Palacio Legislativo, edificios de tres niveles superiores: planta o piso bajo, entrepiso y primer piso, sobre un subsuelo semienterrado; un edificio para el departamento de Policía, un proyecto de ampliación del hospital provincial y una perspectiva de un nuevo teatro (Cirvini, y Raffa, 2011: pp. 121-124).
  13. Miembros de una tradicional familia mendocina, Manuel nació en Buenos Aires en 1901, y Arturo, dos años después. Ambos estudiaron en la Escuela de Arquitectura, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas (UBA). A poco de graduarse, los Civit viajaron a Alemania, donde tuvieron contacto con la arquitectura racionalista, estilo que marcó su más notoria producción arquitectónica. De intensa participación en el ámbito social y cultural mendocino, los Civit formaron parte del grupo que creó en mayo de 1933 la Academia Provincial de Bellas Artes y Escuela de Artes Decorativas e Industriales. Manuel y Arturo fueron los primeros director y vicedirector, respectivamente, de la Academia, y desempeñaron sus cargos hasta 1935. Manuel, además, fue vicedecano de la Universidad Nacional de Cuyo entre 1939 y 1943. Ambos fueron profesores en la Escuela de Artes Plásticas de la UNCUYO (Raffa, 2009: pp. 181-205).
  14. Para mayor información sobre las trayectorias de los gobernadores, ver Scalvini (1968).
  15. Entrevista a Marta Day Corominas, nieta del gobernador Rodolfo Corominas Segura (Mendoza, 2010), y a Raúl Romero Day, sobrino del Ing. Frank Romero Day (Mendoza, 2016).
  16. Más allá de formaciones afines, el campo político mendocino en las décadas que nos ocupan estuvo caracterizado por las fuertes redes de relaciones familiares y de amistad. Como ejemplo podemos citar el caso del ministro de Industrias y Obras Públicas, Frank Romero Day: yerno del ministro de Gobierno Enrique Day, ambos ocuparon las mencionadas carteras durante la gestión de Cano. Romero Day tuvo además vínculos personales con Adolfo Vicchi, amigo de su hermano menor Edgardo, quien lo convocó para ocupar nuevamente el Ministerio de Industrias durante su gobernación (Romero Day, 2013)
  17. Este organismo cambió su denominación en 1938, a través de la ley n.° 1850, convirtiéndose en el Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego.
  18. Antes de tener el rango de dirección, la repartición también estuvo a su cargo.
  19. Las Labores de Gobierno son compendios de la obra realizada durante cada gestión. Compilan los más variados indicadores y hacen particular hincapié en la obra pública.
  20. En el mensaje el gobernador, se refiere al fomento de la vivienda realizado a partir de tres tipos de procedimiento: la iniciativa privada como El Hogar obrero en Buenos Aires; la acción mixta, mediante subsidios estatales e iniciativas particulares como las que se realizan en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y las estatales como la Ley Nacional n.º 9677 o la edificación a gran escala que se hace en Rusia o Alemania (Cano, 1935).
  21. Metreaux, médico cirujano, fue jefe de servicio del Hospital San Antonio y socio fundador de la Sociedad Médica de Mendoza (1910). En la actualidad, uno de los hospitales de la provincia lleva su nombre (Cassone, 2005).
  22. Los conjuntos abandonaron el sistema claustral de distribución clásico de los reformatorios y asilos, y fueron proyectados como grupos de pabellones en torno de un espacio central (Raffa, 2018a)
  23. Entre los técnicos y profesionales que trabajaron en la repartición hacia 1940, estuvieron: el Arq. Luis Brisighelli (subdirector cuando Arturo Civit estuvo a cargo de la DPA); José María Peña López (secretario e inspector de obras); Margarita Siri y Alida Herrera (auxiliares); Sebastián Ribes (mesa de entradas); Nilo Doiz (auxiliar); Alejandro Lamí Aguirre (ayudante calculista); Pedro Ribes y Luciano Pagotto (dibujantes proyectistas); Walter Franke, Espartaco Cotino, Pedro Valento, Julio Rossi y Carlos Varas Gazzari (dibujantes); Arq. Raúl Odoriz y Osvaldo Godoy (adscriptos); y Humberto Rosales y Humberto Alcalde (copistas) (Giménez Puga, 1940: pp. 188-189).
  24. Daniel Ramos Correas (Chile, 1898- Mendoza, 1992) fue director de Parques y Paseos entre 1938 y 1945, cargo a partir del cual realizó las más importantes remodelaciones y refacciones de los principales espacios públicos de Mendoza: el Parque San Martín y la Plaza Independencia. En la actividad privada se asoció en la década del 20 con el Ing. López Frugoni (ministro de Obras de la gestión de Videla), con quien llevó adelante importantes trabajos. Fue, además, amigo personal de Frank Romero Day (ministro de Obras en la gestión de Vicchi) (Cirvini, y Raffa, 2011: pp. 149-150).
  25. El equipo conformado por los arquitectos Bereterbide, Belgrano Blanco, Cravotto y Scasso obtuvo el primer lugar en el concurso. Los planes reguladores son la máxima expresión del urbanismo moderno en el período y llegan a nuestras ciudades en los 40; asimismo, se trata de la herramienta de base científica para controlar racionalmente los procesos de crecimiento y expansión de las urbes (Raffa, 2014: pp. 21-41).
  26. El capital social de Ramos estaba fuertemente determinado por sus relaciones personales con la élite y la curia mendocinas: fue el arquitecto estrella de estos dos grupos sociales. Podemos aducir, además, que su ascendente capital simbólico (alimentado por su trascendencia como proyectista debido a la clara identificación entre obra y arquitecto) se debió al importantísimo caudal de trabajos por contratación privada que realizó (considerablemente mayor al de los Civit) y al aporte paisajístico de muchas de sus realizaciones. (Raffa, 2014).
  27. Fue miembro fundador de la División Mendoza de la Sociedad Central de Arquitectos; secretario relator de la Comisión Especial de Planeamiento y Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza (1959); docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza, para cuya creación había contribuido, junto a Daniel Ramos Correas y Enrico Tedeschi (Raffa, 2017: pp. 177-181).
  28. El barrio de viviendas individuales al que hemos hecho referencia se licitó en julio de 1943. La fecha de licitación supone que el pliego licitatorio estaba lo suficientemente avanzado como para realizar la operación a poco más de un mes del inicio de la Intervención Federal (Raffa, 2015b).


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