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2 Los marcos sociales
de la memoria dictatorial

Luis Sanfelippo

Prólogos

El domingo 12 de junio de 2016, el matutino Página 12 publicó una nota titulada “De vuelta a los dos demonios” (Dandan, 2016) que aludía al lanzamiento de una nueva edición del Nunca más.

El famoso informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) incluyó, desde su primera publicación de 1985, un prólogo cuya primera oración despertaría sucesivas polémicas: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda” (CONADEP, 1985: 11). Para muchos, era posible encontrar en esas líneas uno de los pilares fundamentales de la llamada “teoría de los dos demonios”. Otros, en cambio, critican esta interpretación, pues en el mismo prólogo también era posible encontrar otras frases que establecían una disimetría entre “los delitos de los terroristas” y el accionar de “[…] las Fuerzas Armadas que respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido” (CONADEP, 1985: 11), a tal punto que sus actos habrían alcanzado “[…] la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad” (CONADEP, 1985: 11). Además, ese informe procuraba demostrar que los derechos humanos no fueron violados excepcionalmente por individuos que actuaban solos, sino “[…] en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas” (CONADEP, 1985: 12). Finalmente, el mencionado informe sirvió como principal base documental y probatoria para alcanzar un hecho inédito: la posibilidad de juzgar en democracia a los máximos responsables del genocidio perpetrado. No obstante, la Comisión también afirmó que sus miembros habían “repudiado siempre aquel terror” cometido por “[…] el terrorismo que precedió a marzo de 1976” y que si no se detuvieron a detallarlo, fue, tan solo, por haber recibido la tarea de ocuparse de los desaparecidos por las dictadura y no de los muertos generados por las organizaciones armadas guerrilleras (CONADEP, 1985: 15). De esta manera, en el inicio de la transición democrática, instalaban la idea de que la sociedad argentina habría sido víctima de dos terrorismos, distintos en magnitud, pero equiparables en su esencia.

Al cumplirse 30 años del golpe de Estado, se publicó una nueva edición del Nunca más que agregaba un segundo prólogo, firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (que presidía Eduardo Luis Duhalde). En los 21 años que separaban ambos prólogos habían sucedido diversos acontecimientos que modificaron el curso de los procesos judiciales y de las disputas simbólicas y memorísticas en torno a lo ocurrido durante la dictadura. Primero, la sanción de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final (durante el Gobierno de Raúl Alfonsín), seguidas por los indultos presidenciales a los condenados (firmados por Carlos Menem); luego, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la anulación legislativa de esas mismas leyes y la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema, que además confirmó “[…] el carácter imprescriptible de los crímenes” (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2006: 7). Ese segundo prólogo pretendía extender el alcance del “nunca más”: no solo se refería a “los crímenes del terrorismo de Estado”, sino también a “las injusticias sociales” (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2006: 9). Además, intervenía sobre el campo de interpretaciones del prólogo anterior y declaraba “[…] inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares” (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2006: 8).

Finalmente, en el 40 aniversario del golpe militar, una nueva edición del Nunca más fue presentada como la reimpresión de la edición original. Lo que la nota de Dandan pretendía denunciar era que bajo esa consigna, impulsada por la rebautizada “Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural”, se intentaba ocultar la eliminación “sigilosa” (Dandan, 2016) del prólogo de 2006, en el mismo contexto en que diversos actores parecen decididos a restaurar la teoría de los dos demonios.

Las pujas entabladas en torno a los prólogos de un informe redactado hace 32 años parecen adentrarse en un territorio cuyos rasgos decisivos se emparentan con el discurso freudiano. Agregados, enmiendas, tachaduras, índices que (en el texto mismo) pretenden dar sentido (producir significado y dirigir en determinada dirección) a aquello que puede leerse en él. Pero, además, conflictos demasiado vivos sobre hechos pretéritos que siguen generando efectos retardados, interpretaciones en disputa que no terminan de inscribir la experiencia vivida en un relato relativamente estable sobre lo ocurrido, resistencias a admitir ciertos fragmentos del recuerdo que no se concilian con el presente, retornos de elementos que se consideraban definitivamente sepultados…

Este sucinto panorama permite afirmar que los recuerdos de esa época oscura están demasiado presentes como para considerarlos plenamente pasados. También pone al descubierto que los procesos de memoria no solo transcurren por las pacíficas vías de los acuerdos y los consensos, sino que parecen constituir un campo de luchas donde, a instancia de ciertos intereses, se intenta pasar al olvido ciertos recuerdos que contradicen lo que, en cada presente y en cada grupo (más o menos homogéneo), se pretende recordar.

Así entendida, la memoria colectiva parece mostrar las escisiones y los juegos de fuerza que Freud vislumbraba en el funcionamiento anímico. Y es sabido que, para el padre del psicoanálisis, esta comparación no quedaba reducida a una mera analogía. Como afirmó Michel De Certeau, las investigaciones psicoanalíticas solo se distinguirían “[…] de los fenómenos tratados por la psicología colectiva por un ‘factor numérico’”; por ende, “[…] la vida social que postula desde el comienzo la constitución del sujeto por medio de una referencia a otro (los padres, etc.) y al lenguaje [presentaría] solamente unidades sociales más amplias [pero que] obedecerían a las mismas leyes” (De Certeau, 1998: 82).

Haciendo propio este legado freudiano, en el presente ensayo procuraremos dar cuenta de las sucesivas transformaciones en los marcos simbólicos desde donde se abordó la experiencia dictatorial argentina e intentaremos analizar las incidencias que esos cambios generaron en la capacidad de recordar, subjetivar y tramitar (colectiva e individualmente) lo ocurrido en esos años oscuros de la vida de nuestro país.

La estructura de lo recordable

El modo en que se interpretan y se recuerdan ciertos sucesos del pasado no depende únicamente de las características intrínsecas de los hechos, sino también del modo en que se organizan, en el presente, las tramas simbólicas desde donde se aborda lo ocurrido. En términos generales, dichas tramas de representaciones se ordenan de maneras distintas según los significantes que, en cada época, adquieren mayor pregnancia y ocupan un lugar tan relevante como para determinar lo que, dentro de ese universo simbólico, va a ser posible, pensable, concebible y recordable.

Cuando algunos acontecimientos alcanzan un gran impacto simbólico o cuando ciertas instancias logran obtener la fuerza suficiente como para inscribir nuevos significantes (y condenar a otros al olvido y la represión), el campo de lo representable se transforma (en la medida en que las nuevas inscripciones reordenan la trama desde donde se aborda la experiencia) y la realidad misma termina modificada.

Estas concepciones no son nuevas ni se desprenden exclusivamente de una lectura inspirada en el psicoanálisis. Más bien, en paralelo a la construcción del pensamiento freudiano, Maurice Halbwachs desarrolló la idea de “marcos sociales” de la memoria, es decir, de cierto tipo de matrices, conformadas en los intercambios colectivos, que determinan lo que va a ser posible recordar y lo que va a ser condenado al olvido. Para Halbwachs:

Estos marcos colectivos de la memoria no son simples formas vacías donde los recuerdos que vienen de otras partes se encajarían como en un ajuste de piezas; todo lo contrario, estos marcos son –precisamente— los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad […] podemos perfectamente decir que el individuo recuerda cuando asume el punto de vista del grupo y que la memoria del grupo se manifiesta y realiza en las memorias individuales (Halbwachs, 2004 [1925]: 10-11).

A esta perspectiva, que resalta el carácter colectivo de los marcos que determinan lo que será recordado y que vincula las diferentes imágenes construidas sobre el pasado con los cambios vividos en los distintos presentes, querríamos agregarle dos dimensiones destacadas por el psicoanálisis. Por un lado, que esos marcos colectivos, construidos en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad en cada época, se ordenan a partir de ciertas marcas simbólicas, generalmente inscriptas en actos que determinaron un corte con el marco ordenador anterior. Por otro lado, que la inscripción de unas marcas en el lugar antes ocupado por otras no se produce a través de intercambios colectivos pacíficos, logrados por consensos que alcanzarían un alto grado de homogeneidad o universalidad. Más bien, serían el fruto de luchas por la memoria, donde distintos actores pretenden imponer cierto orden a expensas de otros, y donde lo efectivamente recordado depende, en buena medida, de lo que fue olvidado por represión y de lo que fue expulsado del campo de lo representable.

Es conocido que la concepción de la memoria para Freud es inseparable de la idea de conflicto. Agreguemos otra idea, que se desprende de Tótem y tabú (Freud, 1986 [1913]) y de Moisés y la religión monoteísta (Freud, 1986 [1939]): en el campo de la memoria colectiva, detrás de los pactos fundadores de un orden simbólico, siempre sería posible encontrar una violencia, o mejor, un trauma, que ninguna alianza ni ningún consenso terminan de eliminar por completo.

De la “guerra” a “los crímenes de lesa humanidad”

A partir de las ideas expuestas, querríamos abordar algunas de las transformaciones en la memoria y en la experiencia colectivas respecto de la última dictadura argentina. Como plantea Hugo Vezzetti (2002), durante gran parte de la década de 1970, los conflictos sociales que atravesaba nuestro país fueron pensados ampliamente en términos bélicos, a partir de la idea de la “guerra”. Sea guerra “por la revolución” o “en contra de la subversión”, esa representación de las disputas sociales y de las soluciones gozaba de un amplio consenso en una sociedad que se había acostumbrado a la fragilidad de las instituciones democráticas, a las rupturas del orden constitucional, a la proscripción del partido mayoritario, a la imposición de los reclamos por la fuerza, a la legitimación de la lucha armada.

En la actualidad, todavía persisten algunos grupos que siguen recordando esa época bajo la figura de una guerra cuyos excesos serían proporcionales al tamaño del enemigo a combatir: de ese modo, pretenden justificar su accionar y evadir sus responsabilidades (morales, políticas o judiciales). Pero si esa representación de los 70 es hoy minoritaria, no era marginal en esos años. Si el régimen pudo imponerse durante tanto tiempo a pesar de los crímenes, la restricción de libertades y los pesares económicos, no fue solo por la aplicación del terror, sino también porque buena parte de la sociedad civil compartía el discurso de la necesidad de un “orden” frente al “caos” en que habría estado inmerso el país.[1] De acuerdo a esa creencia compartida, el caos sería obra de un supuesto enemigo interno, ajeno a las “verdaderas” tradiciones argentinas. Nos referimos, obviamente, a lo que entonces fue denominado “subversión”. La aparición de este enemigo en la vida pública argentina fue el fruto de un largo proceso de construcción discursiva, iniciado antes del comienzo de la dictadura, en el que participaron buena parte de los partidos políticos y la prensa (Franco, 2012).

Es claro que las personas englobadas bajo el título de “subversivos” eran más numerosas y “peligrosas” que los “guerrilleros”. Numerosas porque bajo esa categoría era posible incluir no solo a quienes llevaban adelante la lucha armada, sino a cualquier persona que por sus actividades, su profesión, sus ideas, sus amigos, etcétera, pudiera resultar opositora a la tradición que se intentaba defender y, por lo tanto, sospechosa de alterar el orden establecido. “Peligrosas” porque los subversivos eran considerados como enemigos capaces de camuflarse y ocultar sus oscuras intenciones en prácticas aparentemente inofensivas (como alfabetizar, reclamar un boleto estudiantil, etcétera); por eso, se inculcaba la necesidad de desmontar esos lazos y se procuraba alentar la desconfianza generalizada y la denuncia de cualquier actividad considerada sospechosa. Sin embargo, este discurso, ampliamente compartido, no terminaba de ocultar el contraste entre el enorme peligro atribuido a la subversión (que pretendía justificar la necesidad de eliminarla) y la limitada fuerza con la que contaban los opositores a un régimen dispuesto a desplegar todo el aparato represivo del Estado.

Sin embargo, el campo ordenado a partir de la idea de la guerra comenzó a resquebrajarse, paradójicamente, a partir de la deslegitimación y del impacto simbólico generados por el fracaso bélico en la contienda de Malvinas, que había contado inicialmente con un gran apoyo popular. En la repetición del mismo término “guerra”, comenzaba un proceso de resignificación de lo ocurrido en los años previos, comandado por dos sustituciones claves. El “orden” prometido por las cúpulas militares fue reemplazado por el “desquicio” de un general “borracho” que condujo al país a una derrota previsible; los jóvenes “imberbes” y “subversivos” fueron sustituidos por “colimbas” desamparados, enviados al frío, al hambre y a la muerte por un ejército cuya profesionalidad quedó fuertemente cuestionada. Si las Fuerzas Armadas, empujadas por un fervor patriótico que rozaba el mesianismo, eran capaces de llevar al país y, en especial, a sus jóvenes a semejante destino trágico, las certezas cimentadas anteriormente en torno al orden y a la guerra antisubversiva comenzaban a resquebrajarse. ¿Quiénes eran esos militares a los que se les entregó la suma de todos los poderes? ¿Quiénes eran esos enemigos, mayoritariamente jóvenes, que había que combatir y erradicar sin importar los medios?

Si Malvinas fue capaz de poner en cuestión un orden simbólico que hasta entonces parecía contar con consenso en una parte importante de la sociedad, el Nunca más y el juicio a las juntas posibilitaron la instauración de un nuevo marco discursivo. Ahora bien, para que ese discurso novedoso, centrado en los derechos humanos y en las consignas de “memoria, verdad y justicia”, se materializara en prácticas y medidas concretas, y pudiera instaurar un nuevo marco para juzgar lo ocurrido, no bastaba con la existencia de un Gobierno elegido en las urnas; también era necesario imponerse frente al intento de los militares (y de un parte de la sociedad civil que aún los acompañaba) de decretar una autoamnistía (Ley de Pacificación Nacional 22924) y de evitar la revisión de las acciones del gobierno de facto en nombre de la “reconciliación nacional”.[2]

Hacia el fin de la dictadura, este último sintagma, de fuerte raigambre religiosa, podía ser defendido por buena parte de la población y del arco político, sin que necesariamente condujera a avalar la exculpación o a frenar la investigación de lo ocurrido. Un artículo de Juan Eduardo Bonnin (2015) permite observar las disputas por el sentido de tal “reconciliación” durante la transición democrática. Aunque hoy en día cueste recordarlo, fue también en su nombre que los legisladores recientemente electos debatieron y aprobaron el proyecto del Poder Ejecutivo de derogación de la ley de autoamnistía:

La reconciliación que queremos todos los argentinos solo podrá lograrse dentro del marco de la verdadera justicia. No será ocultando los pecados del pasado como podremos edificar el futuro que todos estamos soñando. No será olvidando las injusticias pasadas ni toda la sangre derramada en el escenario argentino como cimentaremos el estado de justicia. Por estos motivos, creo que sinceramente este es el mejor homenaje que los legisladores podemos rendir al pueblo argentino para lograr la pacificación y la reconciliación nacional (palabras de Antonio Berhongaray, 22/12/1983, citadas en Bonnin, 2015: 240).

Sin embargo, a partir de 1984, ese sintagma comenzó a vincularse paulatinamente con el discurso de quienes defendían el accionar del Estado durante la dictadura y, por lo tanto, empezó a oponerse al reclamo de los organismos de derechos humanos y a las iniciativas del Gobierno alfonsinista en dicho terreno. Tal es así que en el prólogo del Nunca más podía leerse que los miembros de la CONADEP fueron acusados de “no propiciar la reconciliación nacional”, cuando, desde su perspectiva, solo buscaban “la verdad y la justicia” (CONADEP, 1985: 10).

Al mismo tiempo, el derrotero seguido por Chile y por otros países de la región en su transición democrática pone aún más en cuestión la idea de la vía judicial como única e inevitable salida de la dictadura; al mismo tiempo, permite sopesar mejor la magnitud que podían alcanzar las propuestas exculpatorias. En tal sentido, tanto el informe de la CONADEP (que elevó los testimonios y la información recogida al valor de prueba documental) como el proceso judicial que le siguió (llevado adelante a partir de esas pruebas) operaron como un corte que no solo procuraba desmontar y pasar al pasado el marco discursivo previo, sino que también clausuraba la posibilidad de la amnistía como solución para la transición hacia la democracia. De esa manera, se inscribía una marca fundacional desde donde se podría abordar la experiencia dictatorial de una manera inédita. Esta transformación se apoyaba en una sustitución fundamental: “[…] ya no guerra (revolucionaria o anti-subversiva) sino crímenes” (Vezzetti, 2002: 18). Inscribir, en un acto pleno de implicancias simbólicas y jurídicas, los hechos cometidos por la dictadura como “crímenes de lesa humanidad” obligaba a juzgar y a condenar a los culpables y convertía a quienes fueron perseguidos en “víctimas” que debían ser reparadas. El juicio a las juntas militares se llevó a cabo en 1985, un año después de la presentación del informe de la CONADEP. Las primeras leyes reparatorias de las víctimas se promulgaron entre 1984 y 1985.[3] En su mayoría tenían por fin la reincorporación de los trabajadores que habían sido expulsados o cesanteados durante la dictadura. En el año 1986, la ley 23466 estableció por primera vez una pensión para los cónyuges e hijos de personas desaparecidas.

Al mismo tiempo, la sustitución de la idea de guerra por la de crímenes permitió alojar colectivamente los testimonios del horror vivido. La gran mayoría de los sobrevivientes de la tortura y la desaparición forzada comparten la experiencia de haber encontrado enormes dificultades para que su relato fuera escuchado, no solo en la esfera pública, sino también en la intimidad de su familia o su núcleo de amigos y compañeros. Y el obstáculo no residía únicamente en la dificultad de poner en palabras una experiencia corporal que traspasó los límites de lo que puede ser vivido dentro de los marcos habituales del pudor y del placer. También residía en la interpretación de lo ocurrido en términos bélicos. Es que si se piensa que hubo una guerra contra la subversión y en defensa de los valores occidentales y cristianos, un campo de tortura y exterminio se volvía inconcebible. En paralelo, “reaparecer” luego de haber sido “chupado” tampoco era compatible con la moral de la guerra revolucionaria (que inducía al suicidio tras ser capturado) y con la creencia, extendida entre algunos militantes, de que solo era posible sobrevivir si se colaboraba con el régimen delatando a los compañeros. En otras palabras, la presencia de esos “reaparecidos”, testigos del horror y los únicos en condiciones de testimoniar en el lugar de los que permanecían ausentes,[4] resultaba incompatible y ominosa respecto de un campo simbólico ordenado por la idea de la guerra. Los sobrevivientes tenían mucho por decir, pero no existía aún un lugar (colectivo) donde escuchar lo vivido sin producir, cada vez, un “renovado terror” (Freud, 1986 [1920]: 13).

Cuando, a partir del Nunca más y el juicio a las juntas, los acontecimientos fueron inscriptos como “crímenes de lesa humanidad”, los testimonios de los sobrevivientes se volvieron “pruebas” que podían ser escuchadas en un proceso judicial (y simbólico) conforme a ley y alcanzaron una dimensión de “verdad” y de “justicia” que no tenían cuando se reducían a una “memoria” demasiado real como para ser inscripta en una trama. Sin embargo, ello no quita que las características propias del discurso jurídico no generaran tensiones en los testigos, puesto que se les exigía un relato “objetivo” de algo que solo pudo ser vivido subjetivamente y en unas condiciones traumáticas que necesariamente alteran los modos habituales de percibir y recordar.[5]

Además, esta nueva configuración simbólica tampoco puede despertar la ilusión de una memoria y de un relato integral de la experiencia dictatorial. Por ejemplo, dejaba por fuera del recuerdo a la militancia y a los proyectos políticos sostenidos por muchos de los que padecieron esos crímenes. En el prólogo del Nunca más se pueden ver los signos del intento de incidir en una opinión pública que, frente a las noticias de muertes y desapariciones, se había acostumbrado a decir “por algo será” (CONADEP, 1985). En el comienzo de la democracia, se creyó necesario mostrar que esos supuestos “subversivos”, que habían sido transformados en el enemigo principal de la Nación, no eran “apátridas”, “materialistas y ateos”, “enemigos de los valores occidentales y cristianos”, sino

[…] dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos […]. Todos, en su mayoría inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a cuadros combatientes de la guerrilla (CONADEP, 1985: 13; el destacado es nuestro).[6]

En otras palabras, tras años de un discurso extendido que convertía cualquier esbozo de oposición política o cultural en una subversión que debía ser eliminada, el nuevo discurso oficial buscaba inscribir al desaparecido como una víctima y separarlo de cualquier sospecha política, como si los antecedentes militantes y las ideas políticas defendidas aún pudieran manchar su pasado y justificar su destino. Indudablemente, el cambio de perspectiva procuraba resaltar que, aun cuando se tratara de guerrilleros, el Estado debía haber actuado conforme a derecho y que, al no hacerlo, había cometido crímenes de lesa humanidad. No obstante, el acento puesto en la inocencia de las víctimas puede ser leído como el signo de que gran parte de la sociedad mantenía cierta desconfianza de la militancia política y, sobre todo, de la lucha armada.

En síntesis, a partir del sintagma “crímenes de lesa humanidad”, se ordenaba un nuevo campo de representaciones y se vehiculizaban políticas de derechos humanos y procesos judiciales que rechazaban la amnistía, posibilitaban condenar a los victimarios y volvían concebible la reparación de las víctimas. Al mismo tiempo, quedaban desplazados del centro de la escena pública algunos aspectos importantes de lo ocurrido durante esos años. Por un lado, como hemos planteado, se dificultaba recordar la actividad y el carácter político de gran parte de los perseguidos, desaparecidos y asesinados.[7] Por otro lado, en la equiparación plena de los culpables con las Fuerzas Armadas, quedaba invisibilizada la participación de amplios sectores de la sociedad civil en la generación y el sostenimiento de la experiencia dictatorial.

Un giro hacia la impunidad

El cuadro de situación recién descripto se vio rápidamente modificado por un acontecimiento legislativo que sucedió inmediatamente después de un levantamiento de militares “carapintadas”. De nuevo es posible apreciar que los actos con implicancias simbólicas relevantes no son ajenos a los conflictos y a los juegos de fuerza. La sanción de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, impulsada por la presión de ese grupo militar, estableció un límite jurídico y simbólico a lo que podía esperarse respecto de la investigación judicial y del castigo a los culpables.

Esta limitación se vio agravada con los indultos firmados por Carlos Menem, que dejaban en libertad a todos los condenados por crímenes de lesa humanidad, así como también a los líderes de las organizaciones armadas de la guerrilla. Con ese gesto, supuestamente realizado en favor de la “reconciliación nacional” (que volvía a aparecer sobre el tapete, en una oposición semántica ya franca con la idea de juzgar y castigar los crímenes), se producía una paradoja, pues el perdón presidencial no negaba el carácter criminal de los hechos cometidos, pero sí impedía que el Estado pudiera ejercer la potestad de castigarlos. ¿Acaso sería posible sanar las heridas del pasado y mirar hacia adelante, cuando se obligaba a las víctimas a soportar la ausencia de pena de los victimarios y se dictaminaba que un plan sistemático de exterminio podía llevarse a cabo sin el castigo correspondiente a semejantes crímenes?

Al mismo tiempo, las políticas neoliberales aplicadas durante la década de 1990 fueron acompañadas por un discurso que criticaba a la política como una dimensión válida para la resolución de los conflictos sociales y procuraba condenar al olvido las disputas pretéritas, como si cualquier intento de hablar de lo ocurrido y de sus consecuencias fuese equivalente a un aferramiento anómalo a un pasado ya superado. Frente al declamado triunfo del mercado (en el mismo momento en que la caída del comunismo soviético conducía a algunos a proclamar el fin de la historia), no quedaba mucho lugar para la política en el discurso oficial del Estado; mucho menos, para el debate sobre las heridas dejadas por el terrorismo de Estado.

Frente a esa actitud, casi renegatoria (pues admitía y negaba al mismo tiempo la existencia de crímenes), el “escrache” constituyó entonces una estrategia de resistencia que intentaba mostrar, poner en escena, lo que había sido excluido del campo de lo enunciable en la esfera pública estatal. De esa forma, se volvían visibles no solo los criminales que permanecían en libertad, sino también la existencia de un conflicto que se resistía a volverse pasado y que no terminaba de inscribirse en las nuevas tramas ordenadas por las ideas de “olvido”, “reconciliación” y “perdón”. Ahora bien, esa forma política de resistencia también corría el riesgo de repetirse indefinidamente sin nunca terminar de alcanzar los objetivos de “memoria”, “verdad” y “justicia” que, desde fines de la década de 1970, los organismos de derechos humanos reclamaban como una consigna que debería alcanzar a toda la sociedad y al Estado (y no reducirse exclusivamente a las prácticas concretas de esos organismos).

Al mismo tiempo, también es necesario recordar que durante el Gobierno menemista se sancionaron decretos y se dictaron leyes (en particular, la ley 24043 sobre personas detenidas durante el estado de sitio anterior al retorno a la democracia y la ley 24411 referida a las víctimas de desaparición forzada y a los familiares de personas asesinadas durante la dictadura) que establecían indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Estas leyes generaron polémicas entre los organismos de derechos humanos, pues para muchos de sus miembros resultaba paradójico que el Estado ofreciera indemnizaciones pecuniarias a quienes fueron víctimas de su accionar en el mismo momento en que renunciaba a la potestad de juzgar a los victimarios y de investigar el destino sufrido por los que aún permanecían desaparecidos.

Los derechos humanos como política de Estado

Tras la conmoción social ocurrida en 2001 (en el contexto de una crisis profunda de las políticas económicas instauradas en la década de 1990) y las elecciones de 2003, el nuevo Gobierno presidido por Néstor Kirchner otorgó a la memoria de la década de 1970 un lugar central que no se limitó a los discursos pronunciados ni a los gestos de alto impacto simbólico (como el retiro de los cuadros de los presidentes de facto responsables del terrorismo de Estado o la transformación de la ESMA y de otros centros clandestinos en lugares de memoria). También implicó la promoción de actos plagados de consecuencias jurídicas. Tal como figura en el prólogo de 2006 al Nunca más, durante el Gobierno kirchnerista, el Congreso logró derogar las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Corte Suprema las declaró inconstitucionales. Desde entonces, esas disposiciones legislativas, otrora propuestas (junto con los indultos presidenciales) como prenda de “reconciliación nacional”, fueron nombradas como “leyes de impunidad”. También se sancionaron nuevas leyes reparatorias, como la 25814 y la 26564 que ampliaban los plazos e incluían nuevos beneficiarios respecto de los establecidos por las leyes promulgadas durante la década de 1990 y la 25914 que indemnizaba a quienes nacieron o eran menores durante la privación de la libertad de sus madres y a quienes sufrieron sustitución de identidad. Al mismo tiempo, se generaron procedimientos administrativos y se crearon organismos que facilitaron el reclamo de la ampliación de beneficios en caso de lesiones graves o gravísimas (fuesen estas de carácter físico o psicológico) y que implicaron nuevas formas de acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado. Entre ellos, cabe destacar la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, que tuvo como fin el acompañamiento de los testigos en los procesos judiciales recién reabiertos, la coordinación de las juntas interdisciplinarias que determinarían la existencia de daño y la oferta de atención psicológica a las víctimas.

Esta política de Estado, que generó una transformación profunda del marco legal y administrativo respecto del pasado reciente, permitió el relanzamiento de los procesos judiciales detenidos durante quince años, logró condenas efectivas a muchos de los represores que permanecían en libertad y brindó a las víctimas una atención mayor que la que se les había ofrecido hasta entonces. Pero además contribuyó a modificar los marcos de la memoria sobre la década de 1970.

Tras un ordenamiento que ubicaba a los desaparecidos como víctimas despojadas de cualquier contenido político (en los 80) y el intento posterior de condenar al olvido a los crímenes y a los juicios (durante los 90), se produjo una nueva modificación del campo de representaciones desde el que se abordaba la experiencia dictatorial. Sobre todo, a partir del lugar central que empezó a ocupar el significante “militancia”. Olvidado durante años, su retorno no implicó, sin embargo, la sustitución o la supresión de la idea de “víctima” ni la negación del “terrorismo de Estado” para restaurar la vieja figura de la “guerra”. Más bien, desde entonces, fue posible recordar en la esfera pública que muchas de las víctimas del terrorismo de Estado habían sido también militantes que habían defendido un proyecto político y que, justamente, habían sido perseguidas por defenderlo. El cambio más importante en las representaciones compartidas radicaba en la posibilidad de que este reconocimiento público de la filiación política de los perseguidos no los transformara automáticamente en el “otro demonio” generador de la tragedia sufrida por la Argentina.

Al mismo tiempo, si la teoría de los dos demonios dejaba a la sociedad civil en el lugar de una víctima azotada por dos elementos externos a su propia conformación, durante los primeros años del siglo XXI se empezó a debatir la participación de ciertos sectores de la sociedad civil (el empresariado, la Iglesia, la prensa, etcétera) en el establecimiento y el sostenimiento del régimen represivo y del plan de exterminio. Entonces, por primera vez se hizo común el sintagma “dictadura cívico-militar”.

Además, el significante “militancia” no solo permitía traer a la memoria un aspecto importante de la experiencia pretérita que había quedado solapado bajo la pregnancia de la figura de una “víctima inocente” y casi expulsado de lo representable en los tiempos en que el neoliberalismo pretendía decretar el fin de la historia. También posibilitaba que el pasado setentista se anudara con el presente posterior a la crisis de 2001, a partir de una recuperación de la política (por sobre la economía) como dimensión necesaria para la solución de los conflictos sociales.

Vientos de cambio

A pesar de que los significantes “terrorismo de Estado”, “militancia” y “dictadura cívico-militar” parecían ordenar de otro modo el discurso estatal y las representaciones compartidas sobre lo ocurrido en la década de 1970, no debe pensarse que llegaban a constituir un dominio homogéneo ni hegemónico. Como hemos intentado señalar a lo largo de todo el texto, la memoria implica siempre un territorio de luchas, un campo de batallas donde la posibilidad de recordar algún aspecto depende siempre de un juego cambiante de fuerzas entre partes en conflicto. A las tradicionales voces de los militares y de sus familiares que reivindicaban lo acontecido en los 70 en los mismos términos de guerra antisubversiva, se fueron sumando opiniones de periodistas (como Jorge Lanata, antiguo fundador de Página 12, que declamó en 2010: “Me tienen harto con la dictadura”, Perfil, 2011) y de políticos que criticaban la política de derechos humanos y el lugar central que el tema tenía en el discurso oficial. Entre ellos, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, al ser entrevistado por el diario La Nación en calidad de precandidato a presidente, no dudó en prometer que se acabarían “los ‘curros’ que han inventado [en el área de derechos humanos]”.[8] Por ello mismo, no es extraño que tras el fin de la administración kirchnerista, se vislumbren más claramente signos de cambio en algunos aspectos que algunos creían saldados definitivamente.

Entiéndase bien, no pretendemos afirmar que cada Gobierno puede imponer por sí mismo un nuevo marco de la memoria sobre los 70. Pero sí creemos necesario destacar que los cambios políticos generan nuevos equilibrios entre los distintos sectores que pugnan por imponer distintas interpretaciones del pasado y, por ello, producen las condiciones para las transformaciones en las matrices simbólicas desde donde se aborda la experiencia. Así, nuevas sustituciones y metáforas se vuelven posibles, como aquella que equipara a los “militantes” ya no con el “subversivo” demonizado de antaño, pero sí con el “ñoqui” que parasita al Estado. O la Secretaría de Derechos Humanos extiende su nombre para incluir también al “Pluralismo Cultural”; y, en ese marco, su máximo responsable puede reunirse oficialmente con familiares de militares muertos por la guerrilla (cuestión impensable cuando “derechos humanos” era casi un sinónimo de lucha contra el “terrorismo de Estado”). Finalmente, bajo la consigna de un retorno a la “edición original” del Nunca más, se decidió eliminar un prólogo que intentaba impugnar la teoría de los dos demonios. Si esa supresión se volverá una marca que logre pasar al olvido al terrorismo de Estado y a la militancia política, destacados en el marco discursivo anterior, es algo que aún está por verse y que, seguramente, dependerá de las nuevas luchas que lleguen a instaurarse en torno a la memoria.

Epílogo

A principios de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya incluía entre sus miembros a los dos juristas propuestos por el presidente Macri, dictó un fallo en donde se aplicaba un beneficio de reducción de pena a represores, al computar dos años por cada año de prisión anteriores a la condena. El fallo se basaba en la ley 24390, que ya había sido derogada. De esta manera, se construía una vía para que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad fueran dejadas en libertad, bajo el amparo de una legislación que no se encontraba en vigencia para los delitos comunes. En términos más generales, esta sentencia abría la puerta a una nueva jurisprudencia más benévola con los crímenes de la dictadura, en un contexto en el que el discurso de muchos miembros del Gobierno apuntaba a cerrar la discusión sobre el pasado reciente, a dificultar los procesos judiciales reabiertos durante el Gobierno anterior y a instituir un nuevo marco simbólico desde el cual interpretar y recordar la experiencia dictatorial.

Sin embargo, la reacción inmediata de la opinión pública se materializó en una de las manifestaciones opositoras más grandes desde el comienzo del Gobierno de la alianza Cambiemos. Como resultado, el 10 de mayo del mismo año el Congreso Nacional sancionó una ley específica para limitar el uso de ese beneficio en caso de crímenes de lesa humanidad, ley que fue promulgada por el Ejecutivo un día después. De esa manera, se pretendió zanjar la polémica desatada por el fallo de la renovada Corte Suprema.

No obstante, este hecho obliga a resaltar dos aspectos. Por un lado, la vigencia de las luchas por la imposición de distintas memorias sobre el pasado reciente. Por el otro, la fortaleza que aún sigue teniendo (en buena parte de la sociedad argentina) un marco simbólico que interpreta lo ocurrido en la dictadura como crímenes de lesa humanidad, que no solo deben ser recordados y esclarecidos, sino que también deben ser juzgados y condenados.

Bibliografía

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Vezzetti, H. (2002). Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad. Buenos Aires, Siglo XXI.


  1. Sobre este punto, Vezzetti trae a colación un estudio imprescindible de Guillermo O’Donnell sobre la vida cotidiana en la dictadura. La investigación fue realizada en dos períodos. Al solicitarles a los entrevistados durante 1978 y 1979 que compararan el presente con otro momento del país, la mayoría se refería al tiempo previo al golpe como “una época de caos, violencia e incertidumbre insoportables”, que contrastaban con “el orden presente” (Vezzetti, 2002: 44). Pero al entrevistar a las mismas personas tras la derrota en la Guerra de Malvinas, coincidían en la crítica a “las violaciones a los derechos humanos” y no solo se alejaban del discurso dictatorial, sino que “estaban plenamente convencidos de que nunca habían pensado ni dicho nada semejante y que siempre habían rechazado al régimen de facto” (Vezzetti, 2002: 45).
  2. La ley 22924, promulgada el 27 de septiembre de 1983, otorgaba a la reconciliación un lugar central entre sus “Fundamentos”. Citamos, a continuación, un pasaje central de dichos fundamentos publicados en el Boletín Oficial: “La reconciliación nacional y la superación de pasadas tragedias son los antecedentes necesarios para la consolidación de la paz, que constituye uno de los objetivos fundamentales del gobierno nacional […] dejar atrás los enfrentamientos, perdonar los agravios mutuos y procurar la pacificación nacional como gesto de reconciliación […]. La historia también demuestra que, si bien la extinción de acciones penales constituye un presupuesto necesario de la reconciliación nacional, en modo alguno resulta por sí sola causa eficiente” (citado en Bonnin, 2015: 238).
  3. Para un estudio detallado de las normativas sobre la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, véase Guembe (2008).
  4. El valor del testigo como quien puede dar testimonio en el lugar de la ausencia del “testigo integral” (que no sobrevivió) fue resaltado por Agamben (2002).
  5. Con respecto a las tensiones entre el discurso jurídico y el relato de las experiencias traumáticas, véase, en este mismo volumen, el trabajo de Mariana Wikinski, “¿Puede el derecho hacerle lugar al trauma? Verdad jurídica y verdad subjetiva”.
  6. Véase en este mismo volumen el trabajo de Fabiana Rousseaux, “El debate sobre las víctimas en el marco de las políticas públicas de reparación integral”, que problematiza la asociación rápida entre “víctima” e “inocencia”.
  7. Este punto permite distinguir a la dictadura argentina (y las latinoamericanas) de otros crímenes de lesa humanidad, como la Shoah, el Apartheid o el genocidio armenio, en los que los exterminios se llevaron a cabo en nombre de la raza. La dimensión política estaba puesta mucho más en primer plano en el “subversivo” que en el “judío”, el “negro” o el “armenio”.
  8. Citado en Rosenberg (2014).


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