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Book cover

4 El debate sobre las víctimas
en el marco de las políticas públicas
de reparación integral

Fabiana Rousseaux

1. Hace unos años, un paciente que recibí en tratamiento psicoanalítico, ex detenido-desaparecido,[1] me regaló un poema de Armando Tejada Gómez, “Elogio de la culpa” (Tejada Gómez, 1982). Me lo obsequió con un resaltado suyo en los siguientes versos:

“No hay heroísmo

porque nos quedamos,

ni hay héroes

que regresan, si regresan;

sólo hay hombres, mujeres y muchachos

que luchan desde adentro

y desde afuera.”

Este “obsequio” en el marco de su tratamiento clínico quedó ligado a la pregunta que lo atravesaba en ese momento: “¿Hasta cuándo los sobrevivientes tendremos que dar explicaciones de nuestra sobrevivencia? En nuestro caso, la sola existencia nos convierte en víctimas no legítimas a la vista de la sociedad. ¿Hasta cuándo?”.

Su planteo, en ese momento social, pasaba por algunos interrogantes que nos ofrecen, aún hoy, una posibilidad de análisis porque nos introduce en un terreno resbaladizo. ¿Qué se espera de una víctima? ¿Y qué implicancias tiene eso en el recorrido subjetivo de un sobreviviente luego de su liberación?

2. En la última década, a partir de la creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, fundado en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,[2] hemos mantenido arduos debates en el interior del equipo de profesionales acerca de la condición de “víctima” de nuestros “asistidos” y también acerca de las implicancias clínicas que esa nominación produce en quienes se acercan a un centro estatal de esas características, que lleva en su nombre la palabra “víctima” como condición de admisión.

Una de las primeras conclusiones que establecimos fue que, si bien esa condición es impuesta por el discurso jurídico, las consecuencias siempre son en el cuerpo y por lo tanto, era fundamental para nosotros sostener la tensión inevitable que encierra tal categoría, evitando establecer significaciones ad hoc. Encontramos allí un modo posible para poder reintroducir luego otros nombres del sujeto que no estén circunscriptos solo a los hechos que lo constituyeron en víctima de violaciones de derechos humanos.

En esos años, recibimos en el centro de asistencia la consulta de personas que padecieron los efectos atroces del terror de Estado. Las marcas indelebles que esa política aterradora produjo sobre los cuerpos no desaparecerán sencillamente porque no es posible anular los efectos de lo traumático en ningún ser hablante, pero sí recepcionamos esas consultas parados en un doble y dilemático lugar. Por un lado, sabiendo que las personas a quienes estaba destinada esa novedosa política de atención en un centro con esas características eran víctimas del terror de Estado y era por esa precisa condición que podían ingresar al dispositivo de atención –ya que el Estado tiene la obligación de gestionar políticas reparatorias sobre quienes han sufrido las consecuencias de violaciones de derechos humanos–. Y por el otro lado, conmover el lugar que las políticas del terror marcaron sobre los cuerpos, a través de un recorrido clínico que abriera las vías de posibilidad para la construcción de un “nuevo nombre” que no empujara a los sujetos al sometimiento absoluto de esa posición.

Pero las vías de ingreso a esos programas, diseñados para intervenir sobre el universo específico de víctimas, exigen siempre a las mismas “demostrar” o dar cuenta de esa condición. Es decir, es la víctima quien debe hacer el esfuerzo de demostrar al Estado su condición y no a la inversa. Esto obedece a que –incluso, muchas veces en un enunciado directo de los agentes del Estado– se vincula la víctima a una “sospecha de simulación”, completando el argumento con la inhóspita idea de que la víctima “quiere beneficiarse de estos programas y de otras medidas reparatorias porque le conviene pedirle al Estado”. Recuerdo la primera vez que escuché este indigno argumento en alguno de los desfiladeros estatales, sobre alguien a quien había escuchado un rato antes.

Así, muchos de los sujetos que fueron torturados, desaparecidos, enviudados forzosamente, apropiados, huérfanos forzados, etcétera, etcétera, llegaban a un dispositivo estatal diseñado para “reparar daños” y se encontraban con la necesidad de sortear todos los obstáculos que implica “relatar lo sucedido y ser creídos en ese relato”. Esto no es menor, ya que ese laberinto rompe de entrada el sentido de lo reparatorio. Antes de ingresar, hay que demostrar que no se está simulando el terror del que está hecho ese cuerpo que desfila por los interminables escritorios estatales.

Sin embargo, como dijimos más arriba, esa misma significación de “ser víctima” sería conmovida, sacudida y cuestionada en el recorrido terapéutico, con la intención de producir otros lugares que no coagulen la pasividad que conlleva ese término tan caro a quien lo porta. La producción de nuevos sentidos, basados en la reconstrucción histórica y de ruta de vida de cada sujeto que llegaba al centro a solicitar asistencia, fue parte del eje de trabajo que reivindicamos con el objeto de abrir ese recorrido a un nuevo lugar subjetivante. Y para ello era necesario que en simultáneo se trabajaran e interrogaran también estos supuestos en los representantes del Estado.

En medio de ese proceso de formación de los agentes públicos y de escucha atenta a las víctimas de estos delitos, produjimos teorías e ideas sobre la práctica que iniciábamos, hasta llegar a participar de debates internacionales sobre la necesidad de crear nuevas categorías de análisis para abordar estas temáticas.

A los efectos de este artículo, me interesa destacar uno de esos debates. Fue a partir del artículo que había sido publicado inicialmente el 25 de marzo de 2001 en el diario Página 12 por el reconocido escritor Juan Gelman titulado “Elogio de la culpa”, que volvió a publicarse en 2013. El texto había sido escrito unos años antes de la reapertura de los juicios en el país (en 2006), lo cual es determinante para entender lo que allí dice.

Destinado a interpelar la condición de “víctima inocente” de su hijo desaparecido, Gelman plantea:

Mi hijo no era un “inocente”. Le dolían la pobreza, la ignorancia, el sufrimiento ajeno, la estupidez, la explotación de los poderosos, la sumisión de los débiles. Nunca se sintió portador de una misión, pero quiso cambiar el país para que hubiera más justicia. Hizo lo que pudo, callada, humildemente. De todo eso fue “culpable”. […] ¿Hubo que ser “inocente” para tener acceso a categoría de “víctima de la dictadura militar”? (Gelman, 2001).

Si ese texto fuera escrito hoy, requeriría de dos nuevos anudamientos al esquema planteado allí de víctima-inocente versus víctima-culpable.

En primer lugar, podríamos añadir un anudamiento de orden filosófico: la víctima-responsable, como bien destacó Gervasio Noailles en el mismo matutino en diálogo con Gelman.[3] Allí Noailles afirma:

¿Por qué sólo se considera víctimas a aquellas personas que se ven recubiertas de un halo de inocencia? ¿Por qué para el sentido común toda víctima, por definición, es inocente? […] Se trata, más bien, de introducir una tercera posición, la de las víctimas responsables. […] Hay una diferencia sustancial entre asumir responsablemente las decisiones políticas, aunque ellas hayan llevado a una derrota, y haber sido una víctima inocente que fue arrasada por una maquinaria terrorífica. De la primera opción se puede salir haciendo una lectura crítica de la historia. De la segunda no, ya que no hay modo de anticipar o elaborar el terror cuando no se comprenden sus razones (Noailles, 2014).

Hasta aquí el planteo incluye tres dimensiones de víctima que se articulan e incluso coexisten. Sin embargo, al tratarse de delitos cometidos por el Estado, la condición de víctima da un giro y requiere de un cuarto nudo de orden ético-político: la víctima-testigo-estatal, que implica la incorporación del concepto de “responsabilidad estatal” en un contexto discursivo en el que el Estado es el agente que tiene la obligación de impulsar medidas reparadoras ante los crímenes cometidos por él mismo. Es decir, un cuarto nudo en la configuración de absolutos discursivos.

Es a partir de este cuarto nudo, la responsabilidad estatal, que las otras dimensiones de la víctima se articulan. Un programa diseñado para absorber la problemática de las víctimas y dar respuesta a ellas puede –a partir de sus acciones– impulsar y/o coagular cada uno de los restantes nudos.

En Los hundidos y los salvados, Primo Levi (2000) plantea un concepto sumamente provocador a la luz del debate acerca de la tríada “inocencia, culpabilidad y responsabilidad” de las víctimas y de la posibilidad que abre la responsabilidad, como acto reorganizador de una nueva semántica y una nueva subjetividad.

Levi decía allí: “[…] en el momento de la liberación, nos atacaba una desesperación al sentir que nos convertíamos en hombres, es decir en seres responsables” (Levi, 2000).

La construcción social que se fue construyendo acerca de esa condición victimal en la Argentina –muy particularmente a partir del proceso de juicios contra el terrorismo de Estado– hace que ya no alcance con relatar los hechos padecidos, sino que, luego de cuatro décadas, las víctimas-testigos reclamen ser consideradas en una dimensión que vaya mucho más allá de la ofrecida hasta ahora a un testigo común involucrado en un proceso penal. El “más allá” al que nos estamos refiriendo está en relación a las condiciones de posibilidad que el testimonio puede comportar en su dimensión de acto reparador. Si el relato que se exige en estos juicios se enmarca solo en la recolección de hechos objetivos, dejando por fuera al sujeto que sostiene el acto testimonial (sujeto dividido por el lenguaje), se pone en cuestión la dimensión dignificante del testimonio. Pero si a eso se agrega el borramiento del lazo existente entre la verdad subjetiva y la verdad de los hechos históricos encarnados en otros relatos colectivos, poniendo en duda la veracidad de un relato común (verdadero modo de reconstrucción del sentido de los hechos), el testimonio se violenta. Queda destituido de su lugar de verdad subjetiva para pasar a ser una verdad extranjera a todos. Aun bajo la modalidad de clandestinidad, el efecto fue dirigido a la sociedad en su conjunto y no solo a quienes se atrevían a enfrentar el terror.

Al construirse y consolidarse durante décadas la condición de víctimas-inocentes versus víctimas-culpables, se intentó construir “otro” que nada tiene que ver con la lucha y la rebelión de los cuerpos. Y esa construcción de la inocencia dio lugar a la denominada teoría de los dos demonios:[4] son víctimas los inocentes de cualquier bando y son responsables –de igual manera– los agentes del Estado que cometieron delitos de lesa humanidad y sus víctimas.

Si el Estado representa el cuarto nudo en esa tríptica fórmula “víctima-inocente, víctima-culpable y víctima-responsable”, analizaremos ahora cómo se juega esa responsabilidad en el escenario testimonial de los juicios por delitos de lesa humanidad, dando lugar al sujeto “víctima-testigo/estatal”.

3. Una sobreviviente del centro clandestino de detención “La Perla”, ubicado en la provincia de Córdoba, dijo luego de ser citada como testigo en el juicio que se llevó a cabo contra los responsables de su secuestro y desaparición:

Al fin empiezo a liberarme del testimonio jurídico. […] En ese terreno instigador de precisiones, el entrevero que rodea a los acontecimientos y la diversidad de focalizaciones con las que uno encara los recuerdos, quedan anulados. Me animo ahora, en estos relatos experienciales y de no ficción, a escarbar con interrogantes que no tienen respuestas unívocas, y con preguntas no acabadas (Mohamed, 2008).

El concepto mismo de “testigo-víctima” es un concepto límite. Los juicios contra el terrorismo de Estado que se llevaron a cabo en el país a partir del año 2006[5] hicieron que se pusiera en juego esta categoría, en la medida en que se tensa y extrema su significado. Esto nos obliga a replantearlo y cuestionar el saber que sobre la figura de testigo-víctima porta el derecho penal.

Consentir en utilizar la categoría de “testigo-víctima” para hablar de sujetos que atravesaron o fueron tocados, en cualquiera de sus dimensiones, por la experiencia concentracionaria peca de convertirse en una rápida y rígida conceptualización que, si bien nos permite “hacer serie” con el discurso jurídico y sociológico, nos limita en cuanto a todo lo que dentro de esa categoría encontramos cada vez que escuchamos a un testigo. Si hay algo que no podemos anticipar es con qué situación nos encontraremos cuando citamos a una persona que se convertirá en un recurso del dispositivo judicial.[6]

Alberto Bovino, en su artículo “Víctima y derecho penal” (2000), plantea que ha desaparecido la noción de daño y, con esta noción, la de ofendido. Así la víctima perdió todas sus facultades de intervención en el procedimiento penal. De este modo, Bovino afirma que “[…] surge una nueva necesidad de control del Estado que sólo requiere la presencia del individuo victimizado para ser utilizado como testigo, esto es, para que legitime, con su presencia, el castigo estatal que debe operar” (Bovino, 2000). Pero resalta que fuera de esta tarea de colaboración en el marco de la persecución penal, ninguna otra función le cabe al testigo en la nueva configuración de administración de justicia en torno a los delitos penales.

Al exigirle al derecho penal que reconozca la relevancia política que la víctima requiere, se choca con un problema aún no suficientemente resuelto: que los mecanismos procesales vigentes “[…] no han logrado transformar el modelo de derecho penal represivo en un modelo de derecho penal reparatorio” y en este sentido, menciona a Maihofer, quien plantea la necesidad de que “[…] en un Derecho penal entre libres e iguales, la reparación debe ser la sanción primera, la terminación del conflicto por composición y por compensación del daño, el procedimiento preferido” (Bovino, 2000).

Ya hemos resaltado en varias oportunidades que otorgar valor a la palabra de las víctimas, dignificándola, es un hecho fundamental en la significación de “lo reparatorio”, para intentar evitar la revictimización de los sujetos a lo largo del proceso penal, por ejemplo en el contexto del juicio oral.

Ahora bien, ¿el debate sobre la condición de víctima y las medidas reparatorias por las que aboga un reducido grupo de juristas tienen posibilidad de ser aplicables en una justa medida, siendo que los mecanismos actuales de administración de justicia son contarios a esta mirada? Si la víctima continúa invisibilizada y solo puede ser considerada en términos de “elemento probatorio”, ¿cómo hacer para que esos cuerpos que portan una cierta verdad de los hechos no sean arrasados por la imposible exigencia de convertirse en mero plexo probatorio?

Destacábamos más arriba las dificultades desencadenas en las propias estructuras estatales encarnadas en algunos agentes que ponían en duda la veracidad de la palabra de las víctimas de delitos de lesa humanidad; y por otra, su utilización en tanto objeto de prueba por parte de algunos agentes judiciales.

Desde el psicoanálisis, sabemos que el intento de transmitir la experiencia insondable a través del lenguaje es siempre un intento fallido. El lenguaje no alcanza para designar lo innombrable de la experiencia concentracionaria. La prudencia en lo que se pide al testigo cobra un estatuto esencial en este terreno y en esta clínica también, dado que está atravesada por el trabajo con sobrevivientes de experiencias innominables.

El campo de lo testimonial plantea dificultades para las víctimas-testigo. Sabemos que en todas ellas se juega el temor intenso de no recordar todos los detalles, debido a la cantidad de años transcurridos, a la magnitud de lo vivido, a su irrepresentabilidad y al proceso de sacralización de la memoria, sostenido en el mandato moral de la memoria intacta. Estos son algunos de los problemas que atraviesan el escenario testimonial para las víctimas.

La legislación referida a la reparación integral de las víctimas establece “[…] la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de sus consecuencias” (Nash Rojas, 2004: 57). Pero en este proceso, ¿qué es lo reparador para las víctimas? Las medidas reparadoras en sí mismas no otorgan sentido a la reparación, pero sí podemos suponer –en base a nuestra vasta experiencia– que la significación reparadora se construye en el proceso alrededor del cual se da la implementación de una determinada medida reparatoria.

El juez no cuenta con las herramientas suficientes para acceder a comprender las particularidades de esta memoria compleja, hecha de manera diferente de la de otros hechos vinculados a delitos comunes. No nos olvidemos que el sistema judicial se maneja con fórmulas y normas muy específicas, lo cual es central en la administración de justicia, pero que implican –en muchos casos– la renuncia a la subjetividad que atraviesa los hechos.

Tal como plantea el sociólogo Gabriel Gatti (2008), el trauma, el acontecimiento y la catástrofe importan diversas consecuencias, pero para abordar el problema de la desaparición forzada, él utiliza el concepto de “catástrofe como acontecimiento intenso” a la vez que permanente, anomia hecha norma, excepción normalizada, que produce un impacto sobre la narrativa del sentido y sobre la identidad. Y se pregunta: ¿Cómo se gestiona, cómo se cuenta, cómo se narra la catástrofe de la desaparición forzada, de la identidad quebrada? ¿Cómo se supera la catástrofe? ¿Reconstruyendo la identidad rota? ¿Restituyendo el sentido?

El derecho a la verdad de lo sucedido no es solo un emblema irrenunciable, se trata del derecho al sentido. Es por esta razón que una gran mayoría de los testigos-sobrevivientes que transitan los estrados judiciales en la Argentina tienen una posición muy clara derivada de la decisión que asumieron, de haberse enfrentado al terror genocida y no admiten que se trastoque la condición de sobreviviente-testigo en un juicio de lesa humanidad por la condición de “paciente” o “enfermo” o incluso de “víctima inocente”, máxime si eso implica admitir que estar afectado emocionalmente impide validar su testimonio, como muchas veces han sugerido o incluso manifestado algunos jueces a lo largo de estos años.

El Estado tiene la obligación de reparar y dentro de los aspectos no pecuniarios o simbólicos de la reparación, se hallan la salud y la salud mental muy especialmente, por tratarse de una de las esferas más afectadas en el campo de las violaciones a los derechos humanos.

Desde esta convicción, quienes hemos definido las políticas de reparación integral al interior de las estructuras estatales pensamos en la construcción de herramientas nuevas para acompañar este arduo proceso de dignificación de los procesos de justicia al abordar desde el derecho penal a las víctimas-testigo. Así el “Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas-testigo en el marco de procesos judiciales”[7] fue presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2011, cuando promediaba la experiencia de juzgamiento a los responsables de delitos de lesa humanidad, sin tribunales extraordinarios, sino con jueces y juzgados ordinarios.

El punto teórico central de ese protocolo fue invertir el concepto penal de testigo-victima por el de víctima-testigo ubicando la prioridad no ya en el rol de testigo objetivo de los hechos, sino en víctima de un delito contra la humanidad con la responsabilidad del aparato judicial que eso conlleva.

En segundo lugar, remarcamos que el testimonio en estos casos habla ya no solo de lo ocurrido a la víctima-testigo, sino de lo ocurrido a la sociedad en su conjunto y de lo ocurrido a la humanidad toda. Es decir que una persona torturada es el testigo de una humanidad torturada porque es el testigo de un crimen que nos interpela a todos.

Las ritualidades que recubren esos procesos testimoniales son insoslayables. Aun cuando no exista el proceso judicial en sí mismo, un acto de reconocimiento por parte de funcionarios estatales provoca una nueva dimensión subjetiva que puede abrir las vías al reconocimiento social en muchos sujetos que hasta la actualidad no se sienten representados en esa figura de víctima a pesar de haber sufrido todo tipo de vejaciones por parte del/los Estado/s.

En el caso de Brasil, por ejemplo, las “caravanas de la amnistía” que se gestaron durante los Gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff estuvieron hechas de una fuerte ritualidad que enmarcó a los testimonios de las víctimas en un escenario inédito. Además, fue el comienzo para que funcionarios del Estado Federal enmarcaran esos testimonios en un pedido de disculpas en nombre del Estado. Es insoslayable el valor reparador que resulta de esa ritualidad. Centralmente, porque el testigo ya no está solo con su dolor, sino que el acompañamiento y sobre todo la “escucha” social que bordean esos escenarios son consecuencias directas de políticas de reparación estatal frente al dolor.

Si los sobrevivientes del nazismo teorizaron sobre esa sensación desesperante que los embargaba al salir de los campos, ya que se realizaba la peor pesadilla anunciada por sus verdugos: “¡Nadie les creerá!”, de este modo la justicia y los rituales estatales ofician de marco ante la construcción de una escucha atravesada de lleno por la lógica del delito. Ya no se trata solo de una escucha “compasionada”,[8] sino de una escucha ubicada en el cruce de la hospitalidad con una ética de la dignidad y de la sanción penal como ordenador.

Entonces, ¿es posible producir políticas de reparación frente a delitos de lesa humanidad sin estos actos estatales?

Para pensar el momento actual que estamos transitando respecto de estas políticas, tomemos al filósofo italiano Enzo Traverso que nos aporta categorías para pensar en ello:

Pero estos dos ámbitos de investigación, el neoliberalismo y la memoria, hasta ahora siempre fueron campos separados, no hay muchas conexiones entre ellos, son abordados como dos continentes separados. Y eso me parece una paradoja, porque el homo oeconomicu del neoliberalismo y el homo memoricus de las políticas de la memoria, coexisten en el mismo espacio social. Y también porque el neoliberalismo afecta todos los campos de las sociedades. Es decir, que afecta la relación que nuestras sociedades establecen con el pasado y la manera de pensar la historia y, creo también, la manera de escribir la historia. Sugiero, entonces, pensar el neoliberalismo como régimen de historicidad de principio del siglo XXI, que afecta las formas y los procesos de elaboración de la memoria colectiva. Casi diría, volviendo a Benjamin, que ni siquiera los muertos están seguros si el neoliberalismo gana (Traverso, 2017).

En efecto, este filósofo resalta que el neoliberalismo tiende a destruir “la pesada herencia de la memoria” tal como podríamos nombrar ese problema en términos más vernáculos, y “[…] transforma la memoria social en recuerdos individuales, en memorias individuales” (Traverso, 2017).

Si, como teoriza el psicoanalista Jorge Alemán en varios de sus textos, el capitalismo opera produciendo dispositivos que destruyen el campo simbólico, produciendo una fábrica de subjetividades, podemos acordar con él que

[…] se trata de un movimiento circular tal como Lacan describe el funcionamiento del Discurso Capitalista. En este aspecto, señalemos que en este discurso ilimitado se van borrando progresivamente los legados simbólicos, la alteridad y la imposibilidad que la determina, hasta volverse la vida expresión de un presente absoluto (Alemán, 2017).

Si el pasado desaparece como experiencia transmisible, qué será de un futuro con memoria pero sin legados, ¿qué efectos tendrá eso en el campo de la memoria vinculada a las violaciones de derechos humanos?

Para finalizar, retomo una breve viñeta de mi paciente del comienzo. En una de las sesiones dice existir –luego de esa experiencia concentracionaria– en el mito de Prometeo. Es un espacio donde la muerte se erige como amo, la necesidad de castigo como causa y el sentimiento inconsciente de culpa como motor de una deuda que solo puede ser pagada con el cuerpo. Comienza a ubicar en ese espacio que define como propio alguna dimensión diferente a los suplicios sufridos por él en la experiencia de “desaparición”. El relato del suplicio prometeico viene a ocupar el lugar de aquellos otros vinculados al dolor psíquico extremo, lo que ya instala, provoca una sustitución. El mito de Prometeo se constituye como momento lógico del tratamiento, donde una pregunta comienza a tornarse causa: Si Prometeo robó el fuego y por eso es condenado, yo ¿qué robé? Tengo una compulsión a pagar que me salvé.

Al poco tiempo, inicia una demanda judicial que tiene fuertes incidencias en los juicios internacionales sobre genocidio. Frente a este acontecimiento, se pregunta si la condición de desaparecido por la cual todos lo reconocen le pertenece absolutamente, dado que continúa vivo. En el movimiento inicial de descongelamiento de su posición subjetiva, se conmueve el paralizante sentido de quedar oculto a la vista de todos, “desaparecido”, hacia el sujeto que demanda al Estado un reconocimiento de sus actos criminales. Este viraje quizás no hubiera sido posible sin el atravesamiento por la pregunta sobre la víctima como condición absoluta y reconocimiento social, pero tampoco si una vez abierto ese interrogante, no hubiera existido un espacio estatal donde articular esa demanda. Ese acto jurídico que él decide tendrá –años después– incidencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en épocas en las que las estructuras del Estado produjeron una nueva escucha sobre la víctimas para dignificar su palabra.

Bibliografía

Alemán, J. (2017). ¿Qué es la subjetivación neoliberal?. Página 12, 5 de junio. Disponible en: https://bit.ly/2Oth2bO.

Bovino, A. (2000). Víctima y derecho penal. Disponible en: bit.ly/2RqW2Dq.

Gatti, G. (2008). El detenido-desaparecido. Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad. Montevideo, Trilce.

Gelman, J. (2001). Elogio de la culpa. Página 12, 3 de enero. Disponible en: bit.ly/2C0isBL.

Levi, P. (2000). Los hundidos y los salvados. Barcelona, Muchnik.

Mohamed, A. (2008). Relatos de no ficción. En Barrionuevo, A. y otros, Identidad, representaciones del horror y derechos humanos. Córdoba, Encuentro Grupo Editor.

Nash Rojas, C. (2004). Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santiago, Editorial Universidad de Chile.

Noailles, G. (2014). Víctimas responsables. Página 12, 30 de enero. Disponible en: bit.ly/2BXUx5J.

Rousseaux, F. (2009). Memoria y verdad. Los juicios como rito restitutivo. En autores varios, Acompañamiento a testigos en los juicios contra el terrorismo de Estado. Primeras experiencias. Buenos Aires, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos.

Traverso, E. (2017). Políticas de la memoria en la época del neoliberalismo. Aletheia, vol. 7, N° 14, abril. Disponible en: bit.ly/2GVpflJ.

Tejada Gómez, A. (1982). Bajo estado de sangre. Buenos Aires, Torres Agüero Editor.


  1. Categoría judicial que implica la condición de haber sido secuestrados por el Estado; eran trasladados por fuerzas de seguridad a centros clandestinos de detención sin que sus familiares supieran nada acerca de su destino. Esta práctica fue sistemáticamente practicada por parte del Estado en la Argentina entre los años 1976 y 1983.
  2. Durante la gestión del Dr. Eduardo Luis Duhalde (2003-2013).
  3. El texto es reproducido en su totalidad a continuación en este mismo volumen, bajo el título de “Víctimas responsables”.
  4. Se denominó “teoría de los dos demonios” a la idea según la cual se equiparan los actos de violencia y terror perpetrados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, durante el terrorismo de Estado en la Argentina y las acciones de resistencia de organizaciones políticas.
  5. Como consecuencia de la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en el año 2003, como así también en el marco del pedido de disculpas que realizó Néstor Kirchner en nombre del Estado en 2004, cuando ingresó a la ex ESMA junto a sobrevivientes de ese centro clandestino de detención y ordenó la bajada de cuadros de dictadores en el Colegio Militar de la Nación.
  6. Parte de los contenidos volcados en estas líneas fueron publicadas en otro artículo de la misma autora (Rousseaux, 2009).
  7. Editado por la Secretaría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en octubre de 2011.
  8. Referida a la compasión.


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