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Introducción

Luis Sanfelippo

Los hechos ocurridos en la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 trascienden enormemente al período comprendido entre el golpe de Estado y el retorno a la democracia. Constituyen un pasado que permanece presente en nuestra sociedad, que persiste en los debates públicos y en las pequeñas anécdotas de nuestra vida cotidiana, que insiste en retornar, a pesar de todos los intentos de pasarlo al olvido, que resiste a las formas de simbolización que pretenden volverlo un relato aséptico sobre un tiempo lejano. Un pasado, en fin, demasiado vivo como para que los muertos puedan descansar en paz y los vivos nos demos el lujo de dejar de recordarlo.

Pero el peso de los “hechos” y, en particular, de los “crímenes de lesa humanidad” no depende únicamente de los acontecimientos pretéritos, sino también de aquellas acciones que, en los sucesivos presentes, se han realizado para intentar abordar, recordar, juzgar y reparar las heridas de la dictadura. Entre ellas, deseamos destacar dos elementos. En primer lugar, las políticas que el Estado desplegó en el terreno de los derechos humanos violentados por él mismo durante la dictadura. Como es sabido, el desarrollo de las mismas no fue homogéneo ni constante. Tras un período inicial en el que los derechos humanos ocuparon un lugar importante en las acciones del Gobierno alfonsinista, se sucedieron una serie de retrocesos en la materia, acompañados de un discurso que, bajo el lema de la “reconciliación nacional”, pretendía dejar atrás las consignas de “memoria, verdad y justicia” impulsadas incesantemente por los organismos de derechos humanos. Hubo que esperar entonces hasta la primera década del siglo XXI para que, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el Estado hiciera de los derechos humanos el eje central de muchas de sus políticas. En segundo lugar, también quisiéramos resaltar los trabajos de subjetivación, colectivos y singulares, que pudieron ser emprendidos para tramitar la experiencia dictatorial, para recuperar su recuerdo y aliviar sus horrores, para cerrar sus heridas sin negar las marcas que inscribió en cada una de sus víctimas y en la sociedad en su conjunto.

El presente libro, que inaugura la colección “Salud mental y derechos humanos: Herramientas conceptuales para el pensamiento y la acción”, procura abrir un espacio para pensar algunas de las huellas que la dictadura ha dejado en nuestra sociedad y algunas de las respuestas que hemos puesto en juego desde entonces.

Comienza con una entrevista a Jorge Alemán realizada por Julieta Calmels. La conversación se posiciona en nuestro presente, es decir, en el análisis de algunos rasgos de nuestro país durante el Gobierno de la alianza Cambiemos. Pero procura discutir la realidad actual a la luz del lugar singular que los derechos humanos han tenido en la Argentina posdictatorial (que los vuelve distintos respecto del modo en que son concebidos en algunas democracias liberales de Occidente) y busca reflexionar sobre las consecuencias que traería escindir a los mismos de la historia y de su vínculo con la lucha contra los crímenes de lesa humanidad.

A continuación, se incluyen cuatro artículos que pueden ser ordenados respectivamente bajo los ejes de memoria, justicia y reparación. El primero de ellos, de mi autoría, parte de la idea de que la memoria sobre la dictadura no es continua ni homogénea. Más bien, lo que es posible recordar de esa experiencia dependería de las sucesivas transformaciones en los marcos colectivos desde donde se ha abordado ese pasado, transformaciones que no son ajenas a las pujas (simbólicas y políticas) en las que diversos grupos pretenden imponer una interpretación alternativa de lo sucedido. El segundo texto, de Mariana Wikinski, se introduce en el terreno de la justicia para indagar las tensiones existentes entre los testimonios de los sobrevivientes y la lógica del funcionamiento jurídico. Tras analizar los supuestos implícitos en el discurso del derecho y las exigencias que este impone a los testigos, abre un espacio de discusión sobre las posibilidades de adecuación del aparato judicial para que pueda alojar los relatos sobre el trauma y, a partir de ellos, contribuir al establecimiento de justicia. El tercero de los trabajos de esta sección, de Fabiana Rousseaux, problematiza la noción habitual de “víctima” plenamente inocente y apolítica. Esta concepción procuraría invisibilizar el compromiso político de muchos de los perseguidos por el terrorismo de Estado, como si este rasgo los volviera culpables de lo ocurrido y alcanzara para negar su carácter de víctima. Tras este cuestionamiento, la autora busca encontrar condiciones de partida para que las políticas de Estado puedan alcanzar su propósito de reparación integral de todos aquellos que sufrieron en carne propia los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. En la misma línea, el artículo de Gervasio Noailles ubica en distintas experiencias históricas (el nazismo, los casos de violencia institucional o de género, el incendio de Cromañón) un mismo proceso que divide a quienes atravesaron esas experiencias entre las víctimas “angeladas” y los sujetos “culpables” de la tragedia vivida. En oposición a esta escisión, propone la noción de “víctimas responsables” como una categoría necesaria para abordar y juzgar lo ocurrido durante la dictadura.

Para finalizar, incluimos en el anexo un texto de Carlos Gutiérrez que intenta dar cuenta del trabajo de subjetivación llevado a cabo por algunos de los hijos de los represores que tomaron distancia pública de lo actuado por sus progenitores. Si bien estas “historia desobedientes” no pueden ser incluidas en la serie de las víctimas del terrorismo de Estado, permiten iluminar consecuencias hasta hace poco impensadas de la época más oscura de nuestro país.



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