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Conclusiones

Tras una década de reformas estructurales del Estado, desregulación y apertura de los mercados, flexibilización laboral y asistencialización y privatización de las políticas sociales inspiradas en los postulados del neoliberalismo, el “estallido” y la crisis social de diciembre de 2001 marcaron el inicio de un nuevo ciclo. A partir de la caída del régimen de convertibilidad y más fuertemente desde el año 2003, comenzó en Argentina un proceso de transformación de las políticas económicas, laborales y sociales cuyo objetivo explícito -la promoción de la “inclusión social” a través del trabajo- contrasta con el del ciclo precedente.

En este contexto en el que el trabajo volvió a articular el discurso que le da fundamento a la política socio-laboral del Estado argentino (Grassi, 2012) y éste asumió un rol activo en la generación de ocupación y el mejoramiento de las condiciones laborales, la promoción del trabajo asociativo y autogestionado en el marco de la Economía Social fue asumido como una estrategia central de política social orientada a la (re)inserción social y económica de la población desocupada y/o en situación de vulnerabilidad. El desarrollo de esta nueva línea de programas socio-productivos respondió y recuperó un conjunto de experiencias desplegadas por distintos grupos y movimientos sociales para resolver sus necesidades y desafiar el desempleo y la falta de ingresos.

Cuando comenzamos esta investigación nuestra preocupación era intentar comprender el sentido de estas transformaciones socioeconómicas y políticas y el modo y la medida en que la intervención estatal, en este nuevo contexto, podía contribuir a la construcción de una Economía Social que ya estaba siendo impulsada de manera incipiente desde distintos grupos y movimientos sociales, como parte de una búsqueda de formas de producción alternativas al capitalismo para una sociedad más igualitaria y justa.

Partiendo de esta inquietud inicial y con miras a contribuir –a partir de una reflexión crítica y desde el análisis empírico de experiencias concretas- a pensar políticas sociales que puedan potenciar ese proyecto de construcción de “otra economía” y “otra sociedad”, el problema que abordamos en esta tesis fue en qué medida las formas laborales asociativas y autogestionadas promovidas por la política social de promoción de la Economía Social, alcanzan el objetivo que se proponen de integrar a los sujetos que en ellas participan a las condiciones socialmente aceptables y aceptadas de la vida social.

Nuestro objetivo fue, entonces, analizar las formas en que estas experiencias de trabajo promovidas por los programas socio-productivos, implementados en Argentina entre los años 2003 y 2011, promueven la participación de los sujetos y grupos a los que están dirigidos como miembros plenos de la comunidad política y del bienestar social a través del trabajo y las protecciones sociales.

Para alcanzar nuestro propósito fue preciso conceptualizar la política social como un proceso que incorpora y vincula las prácticas y representaciones que se producen tanto en el nivel estructural de los procesos socioeconómicos y políticos como en el de los sujetos y sus prácticas. Desde esta perspectiva exploramos los distintos momentos del proceso de implementación de las políticas de promoción de la Economía Social y las formas específicas en las cuales las intervenciones y recursos que proveen los programas de apoyo al trabajo asociativo y autogestionado se “encuentran” con los sujetos, grupos y organizaciones sociales destinatarias. Este enfoque relacional nos llevó a prestar atención tanto al contexto sociohistórico en el que se desarrollan las políticas de promoción de la Economía Social, a sus aspectos normativos y a los alcances y límites de los programas, como a las diversas formas de interacción social y las relaciones que se producen en la práctica cotidiana en estas unidades productivas, entendiendo estas relaciones como la puesta en acto del tipo de integración social que resulta de estas políticas que explícitamente se proponen ese objetivo.

Por ello, en cada capítulo intentamos desentrañar las mediaciones entre las políticas y las prácticas sociales. Este esfuerzo posibilitó la reconstrucción de la compleja vinculación entre los programas de promoción del trabajo asociativo, la autogestión del trabajo, y la trama de relaciones sociales y políticas que da forma concreta a los modos de integración social que se producen a partir estas experiencias laborales.

Asimismo, recuperamos distintos aportes de las ciencias sociales para pensar el problema de la integración social como un proceso conflictivo e inacabado que atañe a la sociedad como un todo y a las formas de regulación social que una comunidad política despliega para mantenerse cohesionada y a partir de las cuales construye los límites y el sentido de un “nosotros”, distinguiéndose así de otros colectivos. En estos procesos las desiguales formas de reconocimiento institucional y cultural de grupos y prácticas sociales resultan un elemento central para comprender los alcances y límites del acceso a derechos y la calidad e intensidad de los lazos que tejen las distintas formas de integración social. Esta conceptualización nos permitió arribar a una definición operativa que se constituyó en una herramienta analítica central para abordar las múltiples dimensiones –económica, política, social y cultural- que conforman el problema objeto de estudio de esta tesis, a partir de considerar el trabajo como el vector que las articula.

La presentación de los principales hallazgos y las conclusiones de nuestra investigación que desarrollaremos continuación, se organizan a partir de estas dimensiones, explicitando sus interrelaciones. En este recorrido sintetizaremos y reflexionaremos acerca de las tensiones de la construcción de la Economía Social como política social tal como se ha desarrollado en Argentina durante el periodo 2003-2011.

La integración por el trabajo asociativo y autogestionado promovido por las políticas sociales de Economía Social

La dimensión económica

Para dar cuenta de la dimensión económica de los procesos de integración social que se producen a partir de la participación en unidades laborales asociativas y autogestionadas promovidas por las políticas sociales de Economía Social, fue necesario considerar dos cuestiones: 1) el régimen de producción y de empleo y el rol de la promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la estrategia socioeconómica en la Argentina post-convertibilidad. 2) Al nivel de las experiencias asociativas: explorar su capacidad de generar recursos para su reproducción y expansión y el potencial que presentan para garantizar la satisfacción de las necesidades y el bienestar de los hogares que de ellas dependen.

En cuanto al régimen de producción y de empleo que se configuró en la Argentina durante el periodo estudiado, las investigaciones y los datos estadísticos oficiales y de consultoras y centros de investigación privados que relevamos, nos permitieron delinear sus principales características. En este sentido, observamos que con distintos énfasis y desde diferentes posicionamientos respecto de la política del Gobierno Nacional, los estudios afirman que se produjo una importante disminución del desempleo, vinculada con un sostenido crecimiento económico resultado de un cambio de política macroeconómica que favorece la producción nacional y una mayor demanda de fuerza de trabajo. A pesar de las mejoras en el mercado laboral y la producción local que observan los especialistas, no existe un acuerdo acerca de la profundidad, los efectos y las posibilidades de sostenibilidad de esta estrategia económica, ni de que las medidas implementadas sean capaces de generar cambios sustanciales en la estructura productiva en el largo plazo.

Por otra parte, la persistencia de un núcleo duro de desempleo que no ha podido ser resuelto por los efectos positivos del crecimiento económico, los altos índices de trabajo no registrado y la magnitud de la pobreza que aún existe, indican que éstos siguen siendo problemas relevantes en la agenda pública y constituyen desafíos centrales y prioritarios para una política nacional que declara como objetivo el fomento de la “inclusión social”. Al respecto, el análisis realizado en el capítulo 2 mostró que la creación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y el Programa “Argentina Trabaja” en el año 2009, así como también la implementación del Plan Nacional de Regularización del Trabajo en el 2004, son intervenciones sociales del Estado que van en dirección de afrontar algunos aspectos de dichos problemas, aunque sus alcances y naturaleza son diferentes.

Una cuestión fundamental que caracteriza el periodo estudiado, es la centralidad de las políticas e intervenciones estatales para moldear las condiciones laborales y generar empleo, acompañadas en el plano simbólico de la revalorización de la política y lo político como medios legítimos de construcción y organización de la sociedad y de una identidad nacional, que rompe con el sentido predominante de la economía, el Estado, el mercado y la política en la década de hegemonía neoliberal. Entre estas medidas se destaca la instalación y consolidación progresiva de un nuevo régimen de empleo apoyado en instituciones que favorecen el rol de arbitraje y control del Estado sobre el empleo, la reinstalación de una normativa laboral que busca favorecer el trabajo registrado, las políticas de salario mínimo y negociación colectiva, acompañadas de la participación activa de actores sociales tales como los sindicatos (Palomino, 2007A).

Estas transformaciones de orden económico, sociopolítico y cultural constituyen un contexto favorable para el desarrollo de experiencias de producción asociativa y autogestionada. Sin embargo, en lo que refiere al rol de la promoción de estas formas laborales en la estrategia socioeconómica del Gobierno Nacional, su inserción en la economía y las posibilidades de constituir el trabajo asociativo y autogestionado en una alternativa laboral viable, podemos afirmar que si bien discursivamente se les ha adjudicado un rol relevante y durante los años 2003 y 2011 se produjo una importante ampliación y desarrollo de acciones de fortalecimiento y regulación del sector de la Economía Social, tales como la instauración de instituciones y leyes, la expansión de los programas socio-productivos existentes y la creación de nuevas líneas de intervención, y la consolidación del INAES como institución específica de Economía Social, este proceso no estuvo acompañado de modificaciones profundas en los modos de regulación económica y de las condiciones de producción y comercialización de los emprendimientos y cooperativas de trabajadores autogestionados.

En este sentido, las políticas de promoción de la Economía Social se consolidaron como una estrategia de abordaje de los problemas de desempleo y pobreza más críticos, reafirmando, así, su rol secundario en el modelo socioeconómico que se configuró en el país luego de la caída del régimen de convertibilidad. Más aún a partir de lo que definimos como el segundo momento de reorientación de las políticas socio-laborales en el año 2009, cuando la promoción de la Economía Social se institucionalizó como política social del MDS y se jerarquizó como eje central de la estrategia social del Estado, a partir de la creación de la Secretaria de Economía Social, la incorporación de nuevos destinatarios -como las empresas recuperadas- al Plan “Manos a la Obra” y el giro cooperativo que tuvieron los “programas de inclusión social” vinculados con dicho Ministerio.

Estas instituciones de regulación, promoción, articulación y fortalecimiento del trabajo asociativo y autogestionado se encuentran destinadas a población definida por su situación de desempleo, pobreza y/o vulnerabilidad como criterio principal de delimitación de la población objetivo y fue impulsada fundamentalmente por el Ministerio de Desarrollo Social (e instituciones que de él dependen, como el INAES o la CONAMI) el cual, tal como expusimos en el capítulo 1, es una agencia estatal que históricamente se ocupó de la asistencia social a quienes son definidos como vulnerables y carenciados, ya sea por su incapacidad para el trabajo o como resultado de su situación de desocupación, como se generalizó en la década del 90.

En el caso del Programa Trabajo Autogestionado, si bien se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no se trata de una línea de intervención central dentro de las políticas de promoción del empleo que éste lleva adelante.

Este particular desarrollo de la Economía Social paralelamente o al margen de las instituciones de regulación y fortalecimiento del empleo, implica un modo de concebir la Economía Social como una economía de la pobreza o una vía de inclusión de quienes no son socialmente valorados y útiles, que se contrapone tanto a las propuestas que resultan de la investigación académica sobre la Economía Social, como a la intencionalidad política y las acciones que despliegan las organizaciones sociales y productivas que participan cotidianamente en su desarrollo.

El sesgo asistencial de las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado y este peculiar modo de pensar la Economía Social que subyace a las acciones estatales que la promueven, limitan el desarrollo y las posibilidades de sostenibilidad de estas unidades laborales en el tiempo. Asimismo, obstaculizan la posibilidad de impulsar un cambio sociocultural y económico que favorezca la generalización de estas formas de producción y prácticas económicas alternativas al resto de la sociedad, cuyo eje es el trabajo, la solidaridad y la cooperación y su finalidad la reproducción ampliada y el sostenimiento de la vida.

En el nivel de las unidades laborales, el análisis de sus características socioeconómicas y productivas a partir de diversos informes de gestión y evaluación del MDS y el MTESS y de las experiencias asociativas que tomamos como unidades de estudio para realizar el trabajo de campo que fuimos desarrollando en los capítulos 2, 3 y 4, mostraron las principales dificultades que afrontan estos emprendimientos para su reproducción y ampliación y la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y hogares que de ellos dependen. Estas dificultades que sintetizamos a continuación son de distinto orden y se vinculan tanto con factores “externos” como “internos” de estas unidades productivas cuyo sentido y lógica de funcionamiento difiere de aquella predominante en la economía de mercado.

Como ya señalamos, la particular forma que adquirió el desarrollo de la Economía Social como política social en la Argentina marca una primera limitación de carácter estructural para el sostenimiento de estas formas de producción económica, ya que su desarrollo se despliega de forma desarticulada y muchas veces al margen de la esfera económica dominante. Asimismo, subyace la tensión entre el objetivo de constituir el trabajo como un medio de integración social y su uso como recurso de la asistencia, lo cual conlleva dificultades materiales y simbólicas por parte de los sujetos y grupos destinatarios, para pensar el trabajo asociativo y autogestionado como una opción deliberada y viable en el largo plazo.

Al interior de las unidades productivas observamos: 1) problemas financieros y de financiamiento de la producción, 2) la pequeña escala que caracteriza estas unidades laborales encarece muchas veces los productos y/o la compra de materia prima e insumos, 3) debilidades en la organización de la producción y la gestión del emprendimiento/cooperativa, 4) conflictos personales y/o familiares que inciden negativamente en el trabajo 5) obstáculos para la comercialización, tales como la falta de experiencia y/o estrategias de venta y la escasez de mercados cuyo funcionamiento y valores sean acordes a aquellos que sustenta la Economía Social 6) Como resultado de estas dificultades, los ingresos generados resultan bajos y/o fluctuantes dependientes de la demanda de los clientes o de los recursos que provee el Estado (esto último se da principalmente en el caso del Programa Ingreso Social con Trabajo). 7) Esta situación conlleva una creciente incapacidad para la planificación e inversión a futuro. 8) Sumado a ello, las condiciones de trabajo muchas veces no son adecuadas, ya que estos emprendimientos y cooperativas encuentran limitaciones en el acceso a protecciones sociales de calidad y la inadecuación de las formas jurídicas e impositivas existentes para esta categoría de trabajadores[1].

Estas condiciones en las que se desarrolla el trabajo asociativo y autogestionado y las dificultades para la generación de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de quienes integran las unidades productivas, limitan las posibilidades de reproducción de la propia unidad productiva y su expansión. Asimismo, llevan a perder de vista la importancia de la innovación tecnológica y organizativa, así como también la generación y sistematización de saberes específicos vinculados con las prácticas asociativas y la autogestión del trabajo para la Economía Social, que son cuestiones fundamentales para pensar la consolidación de estas formas de producción y el fortalecimiento de sus características distintivas, de modo tal que puedan competir con las empresas capitalistas. Aquí se plantea una tensión vinculada con la dependencia tanto del financiamiento estatal, como del sector capitalista para la obtención y el desarrollo de tecnologías que favorezcan la innovación y las condiciones de reproducción y ampliación de las formas laborales asociativas y autogestionadas.

Las urgencias materiales y las dificultades que encuentran estos emprendimientos, llevan a que la preocupación principal de los trabajadores y de los agentes que participan en la implementación de las políticas socio-productivas, se centre en garantizar la subsistencia de quienes participan en estas experiencias, perdiendo de vista la importancia de la producción de excedentes en la actividad económica, que colaboren al desarrollo de las unidades productivas y al mejoramiento de las condiciones laborales, más allá del consumo y la reproducción simple de las mismas.

Las dificultades mencionadas atañen en mayor o menor medida a todas las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado promovidas por las políticas de Economía Social. Sin embargo el análisis de los casos específicos muestra que cada experiencia es singular y la forma concreta en que éstas fueron promovidas –en qué momento del desarrollo de la unidad productiva, el carácter de la iniciativa constituyente, el programa del cual son destinatarios, el modo de acceso y el vínculo que establecen los sujetos y grupos con los mismos, marcan características y problemas específicos para cada una de ellas.

Para comprender las dificultades que se presentan en las experiencias asociativas para asumir el trabajo autogestionado como una alternativa al trabajo asalariado, así como también para entender los límites y obstáculos para lograr el reconocimiento social e institucional y la consolidación de la Economía Social como forma de producción capaz de competir y disputar recursos y poder frente al sector público y al empresarial capitalista, más allá de las dificultades concretas con las que se encuentran los emprendedores y cooperativistas, resulta sugerente recordar el largo proceso socioeconómico y cultural que requirió la imposición de una nueva disciplina laboral al momento del surgimiento del capitalismo[2]. La disciplina del trabajo asalariado regular llevó siglos para consolidarse como forma de producir y como forma de vida. Además, para ello fue necesario el desarrollo de estrategias de distinto tipo para obligar a las clases populares a trabajar o estimularlas a ello. En este sentido, tanto pensadores como políticos discutieron acerca de la necesidad y la conveniencia de dicha forma de trabajo y sugirieron distintos medios para fomentarlo y lograr la internalización de una disciplina laboral para la cual, en ese entonces, las personas no se mostraban interesadas y/o dispuestas a incorporar, ni tampoco se vislumbraba la posibilidad de cambiar las formas de vida existentes para adaptarlas a este nuevo modo de producción económica. Con esta breve reflexión queremos señalar que la transformación de las formas de producción y las prácticas económicas contiene también una dimensión moral y requiere de la construcción de nuevos valores y una disciplina del trabajo que sólo puede ser consolidada a partir de un profundo cambio social, político y cultural de largo aliento. En este sentido, la potencialidad de la consolidación del trabajo asociativo y autogestionado en el marco de una nueva economía es aún una cuestión abierta.

La dimensión política

La dimensión política de la integración social hace referencia a las disputas por las formas y condiciones de participación en una comunidad política y el consiguiente acceso a derechos que ésta habilita. Para dar cuenta de esta dimensión, acudimos al análisis de lo que llamamos institucionalidad del trabajo asociativo y autogestionado, entendida como las condiciones sociales, políticas y económicas que hacen posible el desarrollo de la Economía Social en la Argentina. El carácter de esta institucionalidad es resultado de las luchas por el reconocimiento que despliegan distintos agentes y grupos sociales por hacer valer sus intereses y puntos de vista.

El rol secundario de la promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la estrategia socioeconómica argentina y la tensión entre trabajo y asistencia que subyace al diseño de estas políticas de promoción socio-productiva, se vinculan y tienen efectos en la dimensión política de la integración social. El análisis de las condiciones de trabajo y las formas de participación sociopolítica que se despliegan en las cooperativas o emprendimientos creados a partir de los programas estudiados, da cuenta de que si bien se ha avanzado en alguna medida en el reconocimiento y la construcción de marcos legales y regulatorios para estas formas de trabajo y en la ampliación de los derechos de estos trabajadores (como la salud y la seguridad social), la participación del trabajo cooperativo, asociativo y autogestionado como sector de la economía y las formas de protección social a las que tienen acceso, siguen siendo limitadas.

Tal como expusimos en los capítulos 2 y 3, el avance en el acceso a derechos y protecciones sociales para esta categoría de trabajadores se produjo, por un lado, a través de la creación del Registro Nacional de Efectores de la Economía Social y la figura del Monotributo Social, que permitió formalizar y brindar acceso a una obra social y computar años de antigüedad para la jubilación a las personas que integran este tipo de experiencias asociativas, aunque como pudimos observar en los distintos casos analizados, el Monotributo Social presenta aún limitaciones en la cobertura, en la calidad de las prestaciones y en el efectivo acceso al derecho a la salud y a la jubilación. Por otro lado, en el marco del proceso de ampliación de la seguridad social para los trabajadores informales y desocupados, la implementación de la Asignación Universal por Hijo en el año 2009, incorporó a una parte importante de este universo al sistema de asignaciones familiares. Sin embrago el alcance de esta medida fue desigual y generó inequidades al interior del grupo de trabajadores autogestionados. Aquellos que desarrollan su actividad productiva en condiciones de informalidad o bajo la categoría del Monotributo Social, comenzaron a percibir este componente no contributivo. En cambio quienes se encuentran registrados bajo el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, independientemente de cuál fuera su nivel de ingresos y su situación socioeconómica, quedaron excluidos de este derecho por ser considerados trabajadores formales[3].

Por otra parte, la figura del Monotributo –social o general- que es la única en la que se encuadran estos trabajadores, es inadecuada. A pesar de las persistentes luchas de las organizaciones vinculadas con la Economía Social, aún no existe un pleno reconocimiento de la figura del trabajador autogestionado, que contemple sus particularidades y su carácter colectivo.

En el caso del Programa Ingreso Social con Trabajo, la relación que se establece entre las “cooperativas” y el Estado y el tipo de tareas que realizan los destinatarios en los municipios que implementan el Programa, nos llevan a afirmar la existencia de procesos de precarización laboral promovidos por un programa social que supone la realización de tareas socialmente necesarias pero que otorga una retribución por el trabajo realizado que es inferior al valor establecido para el salario mínimo, vital y móvil y que si bien garantiza el acceso a protecciones sociales, su calidad y alcance no es igual a las que perciben los empleados formales.

Las limitaciones descriptas se vinculan precisamente con la débil institucionalidad de estas formas laborales y la inexistencia de un sistema público de reproducción del trabajo asociativo y autogestionado (Hintze, 2010) que viabilice el fortalecimiento y la expansión de estas formas de trabajo en condiciones socialmente aceptables. En este sentido, las acciones de regulación, apoyo y promoción de la Economía Social impulsadas por el Gobierno Nacional en el periodo estudiado, supusieron un nuevo sujeto social y económico capaz de contribuir al desarrollo social a partir del trabajo asociado, pero contradictoriamente, no han logrado reconocer plenamente. Como veremos en el análisis de la dimensión cultural de la integración social, esta situación marca los sentidos que adquiere el trabajo para los sujetos y grupos destinatarios de estos programas, así como también sus posibilidades de sostener el trabajo asociativo y autogestionado como una alternativa laboral viable. Tal como planteamos al inicio, la ampliación y el desarrollo de estas experiencias y el aumento de su participación e importancia en la economía nacional, depende en buena medida de la transformación estructural de las condiciones socioeconómicas, institucionales y políticas, a fin de promover la generalización de los principios de funcionamiento y los valores propios de estas formas de trabajo, mejorando también las condiciones laborales y de protección de las personas que allí participan. Aquí podemos afirmar que el rol del Estado y la disputa por transformar sus formas de intervención es una cuestión central.

La dimensión social

Definimos la dimensión social de los procesos de integración social, como aquella que se vincula con las relaciones de sociabilidad. Aquí indagamos la calidad e intensidad de los lazos sociales que se producen a partir de la participación en experiencias laborales asociativas y autogestionadas promovidas por las políticas sociales de Economía Social. Consideramos los lazos sociales como los medios a partir de los cuales los sujetos construyen formas de protección y reconocimiento intersubjetivo en distintos ámbitos de la vida social, como el barrio, la familia, el trabajo, la militancia y en las relaciones con el Estado y el mercado.

En cuanto al tipo de relaciones que las políticas socio-productivas generan, vinculadas con las formas de articulación multiactoral y de participación social y comunitaria, podemos afirmar que el modo en que los programas se insertan en la trama de relaciones locales y las formas específicas que adquieren las prácticas políticas de las instituciones de los distintos niveles gubernamentales y de los actores sociales, son centrales para comprender la potencialidad y los límites de las intervenciones que éstos promueven.

El análisis presentado en los capítulos 3 y 4 muestra que la experiencia organizativa y los lazos que unen a los grupos que participan de estos programas, son fundamentales para garantizar el funcionamiento cotidiano de las unidades productivas. Los informes de gestión y evaluación que relevamos, así como también las experiencias que tomamos como unidades de estudio en nuestro trabajo de campo, ponen de relieve la importancia del trabajo grupal, la confianza entre los trabajadores asociados, la experiencia laboral y organizativa, la articulación con otros actores de la Economía Social y la intervención estatal para la puesta en marcha y el sostenimiento de las unidades productivas en el tiempo.

En el caso de la Cooperativa La Huella, observamos la centralidad de los lazos de parentesco y las relaciones de vecindad, tanto en la constitución de la unidad productiva como para la incorporación de nuevos asociados. Uno de los principios que organiza las unidades laborales potencialmente constitutivas de la Economía social y que encontramos en esta experiencia, es el de organización doméstica, el cual supone un encastramiento de lo económico en las formas y relaciones de sociabilidad. Asimismo, la solidaridad y la cooperación emergen como valores fundamentales de esta forma de organización del trabajo.

Estos principios de producción económica, marcan los sentidos que algunos de sus asociados construyen acerca del trabajo y contribuyen a consolidar los lazos de participación electiva que los unen. Por ello, la cooperativa puede ser considerada “una gran familia” o “un proyecto de vida”. Cabe señalar que esta proximidad que caracteriza las experiencias asociativas no se encuentra exenta de tensiones, ya que la misma puede profundizar los conflictos laborales, precisamente porque en ellos se juegan cuestiones vinculares y afectivas que exceden el mundo del trabajo.

En el caso del Programa “Argentina Trabaja”, si bien constatamos que la forma de organización y el funcionamiento de las experiencias laborales que se generan se alejan de la idea de una cooperativa, los lazos que unen a los grupos de trabajo –vinculados con el hecho de compartir la vecindad o participar en una misma organización social o política- son centrales para viabilizar la concreción de las tareas y metas establecidas por el Programa. Asimismo, tanto en la Mutual Floreciendo como en la Cooperativa Unión de Avellaneda, el trabajo que realizan los “cooperativistas” es socialmente necesario, mejora las condiciones de los barrios en los que éste se desarrolla y por ello es reconocido y valorado por los vecinos.

Otra cuestión que distingue el tipo de relaciones y prácticas que se desarrollan en algunas de las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado que fueron objeto de estudio de esta tesis, es que éstas no pueden ser comprendidas exclusivamente desde una racionalidad mercantil. Por ello afirmamos que la participación en estos emprendimientos tiene potencial para contribuir a generar prácticas sociales y formas de producción económica que contrarresten las formas de sociabilidad empobrecidas orientadas por el beneficio personal y la explotación que generan las relaciones de competencia propias de mercado capitalista.

En oposición a las relaciones que contribuyen a revalorizar y fortalecer los lazos comunitarios y el reconocimiento de los próximos con los que se comparte la vida social, observamos también la persistencia de formas de relación entre organizaciones sociales, destinatarios y Estado en las que predomina la subordinación y la asimetría entre quienes “dan” y quienes “reciben” planes. Asimismo, encontramos profundos conflictos entre “trabajadores” y “beneficiarios” que no son reconocidos como tales. Estas situaciones profundizan la estigmatización de quienes requieren ser asistidos y obstaculizan la posibilidad de transformar el sentido de las políticas sociales para vincularlas con la idea de socialización de la reproducción que supone el acceso a un derecho. Tampoco permiten desafiar la dependencia y los modos de control y tutela que caracterizaron a los programas de asistencia social al desempleo que se implementaron a lo largo de la década del 90 bajo los principios del neoliberalismo. Estas relaciones reproducen la idea de un sujeto pasivo receptor de la asistencia y generan formas de integración social portadoras de una mayor subordinación y desigualdades sociales.

Los programas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado que implementa el Ministerio de Desarrollo Social conciben el espacio cercano de la localidad como el lugar privilegiado para la reconstrucción de los lazos sociales. En este sentido, observamos que la intervención que proponen estas políticas está centrada en el trabajo en los municipios, en los barrios y en la articulación con las organizaciones. Estos vínculos que se producen en el marco de los programas tienen potencialidades para fortalecer las relaciones de cooperación y reciprocidad que se despliegan en las unidades laborales asociativas y entre estas y la comunidad. Sin embargo, el trabajo conjunto entre los propios emprendimientos y organizaciones de la Economía Social y entre éstos y las instituciones gubernamentales, no están exentos de tensiones, conflictos y dificultades, vinculadas con los diferentes enfoques e intereses de los actores que participan en el proceso de implementación de las políticas.

Una de las cuestiones que tensiona dicho proceso se vincula con las distintas representaciones y prácticas que construyen los destinatarios y agentes estatales que participan de los programas de generación de trabajo asociativo y autogestionado, especialmente en torno al sentido que adquieren las normas, reglas y procedimientos técnico-burocráticos del Estado. Las distintas concepciones acerca de la institucionalidad y el funcionamiento estatal tienen relación con las trayectorias técnico-profesionales o político-militantes de quienes participan en los programas. En este sentido, se advierten dos miradas contrapuestas: en el primer caso, la percepción de las normas, pautas y reglas se conciben como un recurso para el funcionamiento estatal y el control del uso de los recursos públicos, orientadas a acompañar y fortalecer los proyectos políticos de las organizaciones y las unidades laborales asociativas y autogestionadas que participan en los programas socio-productivos. En el segundo en cambio, estas cuestiones son entendidas principalmente como obstáculos técnico-burocráticos incapaces de responder a sus intereses y de favorecer el cumplimiento de los propios objetivos definidos como políticos.

Por otra parte, si pensamos la dimensión del problema de la integración social que refiere al mantenimiento del orden y la cohesión social y consideramos la función que cumple la política social en ese sentido, es necesario señalar la centralidad e importancia que le atribuyen muchas organizaciones y movimientos de trabajadores a la dimensión territorial en la construcción de poder local y el desarrollo de los procesos organizativos y reivindicativos que impulsan (Merklen, 2004; Svampa y Pereyra, 2003). Al respecto podemos pensar que este tipo de políticas sociales que asientan su intervención en el ámbito comunitario y promueven la participación de los actores locales puede tener efectos vinculados al fortalecimiento de estos procesos participativos, así como también contribuir a direccionarlos, cooptarlos y/o despolitizarlos coartando las posibilidades de un desarrollo con autonomía que favorecería una integración en condiciones de igualdad.

En el caso del Programa Ingreso Social con Trabajo, una política con un fuerte sesgo asistencial y de carácter masivo, implementada fundamentalmente en el Conurbano Bonaerense, hallamos diversos testimonios de destinatarios que hacían referencia a la imposibilidad de finalizar con el Programa, porque eso produciría la emergencia inmediata del conflicto. Ante la pregunta acerca de qué harían cuando terminara el Programa, una destinataria del municipio de José C. Paz afirmaba rápidamente que “Argentina Trabaja” no puede terminar porque “se prende fuego todo”. En un tono más conciliador, aunque en el mismo sentido, una de las referentes de la organización política de Avellaneda expresaba que eso sería imposible porque se armaría “un lío bárbaro”.

Finalmente, mostramos que, en el diseño de estos programas, la participación comunitaria y la promoción de lazos de solidaridad no pueden ser consideradas un punto de partida dado, sino que deben ser pensadas como procesos conflictivos y como un objetivo a alcanzar a través de la consolidación de las experiencias laborales asociativas y autogestionadas.

La particular forma de intervención que proponen los programas de fomento de la Economía Social y el modo en que se insertan en la trama de relaciones locales plantea nuevos desafíos, tanto para las organizaciones sociales, emprendimientos y cooperativas, como para el Estado. Para las organizaciones, el desafío está centrado en su capacidad de generar formas de organización autogestionadas que puedan ser una alternativa laboral sostenible y alcanzar cierta autonomía respecto de los recursos del Estado. Para el Estado, implica, por un lado, repensar y fortalecer las relaciones entre los distintos niveles gubernamentales y los vínculos de co-gestión con las organizaciones sociales. Por otro, fortalecer un nuevo tipo de política social que de cuenta de una revisión crítica de las formas tradicionales de abordaje de los problemas del desempleo y la pobreza.

La dimensión cultural

La dimensión cultural de la integración refiere al sentido y a los contenidos simbólicos que los agentes atribuyen y/o producen en sus experiencias de trabajo y de participación en emprendimientos o cooperativas de la Economía Social. Para explorar esta dimensión analizamos los procesos de construcción de identidades laborales que se producen a partir de la relación entre las políticas sociales y las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado. Esto nos permitió delimitar diferentes tipos de experiencias, que van desde aquella que definimos como “militancia cooperativista” a la experiencia de “asociatividad forzada”. Estas categorías fueron una herramienta analítica fundamental para comprender el modo concreto en que los sujetos y grupos estudiados construyen y significan la autogestión del trabajo y la asociatividad a partir de su participación en los programas de promoción de la Economía Social.

Tal como desarrollamos en el capítulo 4, definimos la identidad laboral como una forma particular de identidad social, referida a la relación que establecen las personas con el trabajo que realizan. Se trata de la construcción social e histórica de un “nosotros” que permite la cohesión del propio grupo y la delimitación de las fronteras simbólicas con otros. La construcción de identidades sociales se produce en la interacción cotidiana entre distintos agentes y forma parte de lo que Bourdieu define como la “lucha por la clasificación”. Su estudio permite percibir el modo en que los colectivos se constituyen en tanto tales y cobran visibilidad en el marco las disputas por el reconocimiento social y cultural de sus prácticas. En el caso que estamos analizando, la identidad laboral se encuentra condicionada por los programas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado. Por ello analizamos en qué medida la identidad de estos sujetos se construye en relación con el mundo del trabajo y en cuánto refiere al campo de la asistencia.

El análisis en profundidad de las experiencias de la Cooperativa La Huella, el emprendimiento Textil Aladín y las distintas “cooperativas” del Plan “Argentina Trabaja”, mostró que los sentidos que adquieren las actividades que se realizan en el marco de los programas socio-productivos se vinculan con las trayectorias laborales y de participación socio-política de los sujetos; las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en las unidades productivas; la situación y el sostén familiar de quienes las integran y su rol en la división del trabajo doméstico; las formas de articulación con otros emprendimientos de la Economía Social y la relación que establecen los sujetos y grupos con las políticas sociales.

Tanto la trayectoria ocupacional como la experiencia de participación sociopolítica se vinculan con los sentidos que adquieren los programas o los recursos provenientes de los mismos para los destinatarios. En el caso de los trabajadores que cuentan con experiencia de militancia o han sido fundadores de la iniciativa productiva, observamos un compromiso mayor con los valores y principios de la Economía Social y una tendencia hacia la construcción de una identidad laboral en tanto trabajadores autogestionados. En este sentido, ellos se distinguen tanto de las experiencias que podemos definir como “asistidas” porque dependen exclusivamente de los recursos que proveen las políticas sociales y no cuentan con autonomía para la autogestión del trabajo, como de otras categorías de trabajadores al interior de la clase, como los asalariados que sufren la explotación del capital y los cuentapropistas o autoempleados quienes si bien realizan una forma de autogestión, lo hacen de manera unipersonal y no problematizan el individualismo y la competencia que impera en el mercado. Para estos trabajadores-militantes la opción por la asociatividad y la autogestión del trabajo se anuda con un proyecto emancipatorio de transformación social y económica, orientado por los valores de igualdad, reciprocidad y cooperación como inherentes a esta forma de organización del trabajo. Desde esta perspectiva, este proyecto de construcción de “otra economía” sólo puede ser realizado de forma colectiva y articulada con otros actores vinculados con la Economía Social. En el caso de la Cooperativa La Huella, vimos como su inserción en un movimiento social más amplio y organizado de trabajadores autogestionados, favoreció el fortalecimiento de un nosotros al interior de la cooperativa y posibilitó una mayor visibilización hacia la sociedad y el Estado de su experiencia, lo cual contribuyó también a acceder a los recursos que proveen los programas socio-productivos.

En los casos en los que la asociación con otros fue voluntaria, pero adquirió un carácter predominantemente instrumental a fin de acceder a los recursos de las políticas sociales, como en el Textil Aladín, o cuando ésta se produjo como resultado de la intervención de la política social, como en algunas de las cooperativas del Programa Ingreso Social con Trabajo, que definimos como experiencias de “asociatividad forzada”, encontramos mayores dificultades para la construcción de una identidad vinculada con el trabajo asociativo y autogestionado. En este sentido observamos que en algunas experiencias si bien existen prácticas de autogestión, la asociatividad no se encuentra presente (Textil Aladín). En el caso de las cooperativas del Plan “Argentina Trabaja”, en cambio, algunas de las experiencias que en un primer momento fueron resultado de la asociatividad forzada, en el desarrollo cotidiano de las tareas, pudieron construir y fortalecer lazos de participación electiva que favorecieron la cohesión y el desarrollo de relaciones comunitarias. Sin embargo, las características del Programa vinculadas con la débil autonomía económica, política y organizativa de las unidades laborales y de los “cooperativistas” respecto de los referentes o de las autoridades que gestionan el Programa, dan cuenta de la escasa posibilidad de conformación de experiencias de autogestión genuinas. Al respecto diversas organizaciones de cooperativas y estudios académicos señalan como problema el hecho de que estas singulares organizaciones no respetan los principios, valores y sentidos propios de una cooperativa de trabajo.

En ambos casos (de autogestión sin asociación o de asociatividad sin autogestión) hallamos obstáculos subjetivos más profundos para concebirse como parte de un proyecto de Economía Social, orientado por valores diferentes a los del mercado y tendientes al fortalecimiento de lazos sociales y a la construcción de valores de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Asimismo, observamos un esfuerzo mayor por parte de estos destinatarios para definirse y ser reconocidos como trabajadores, escapar al estigma de la asistencia y distinguirse del estereotipo que asocia al beneficiario de planes sociales con la vagancia, la falta de esfuerzo, la subordinación y la dependencia.

Las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado son fundamentales para el sostenimiento de estas unidades productivas y contribuyen a la expansión de la Economía Social en Argentina, sin embargo, el sesgo asistencial que presentan tensiona las representaciones y prácticas de los destinatarios, así como también el modo en que otros agentes perciben las actividades que se realizan en el marco de los programas. Todo ello limita las posibilidades de construcción de una identidad valorada y vinculada con el mundo del trabajo asociativo y cooperativo. Tal como señalamos en el capítulo 4, respecto de esta cuestión hallamos diferencias significativas entre el Plan “Manos a la Obra” del Ministerio de Desarrollo Social y el Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyas intervenciones consisten en la adjudicación de máquinas y herramientas de trabajo o asistencia técnica para poner en marcha o fortalecer emprendimientos asociativos y/o cooperativas autogestionadas, y el Programa de Ingreso Social con Trabajo, cuyo objetivo explícito es generar trabajo por medio de la creación de cooperativas, pero su estrategia de intervención principal es la transferencia directa de ingresos a cambio de la realización de tareas laborales. En los dos primeros casos el sujeto de la política social es el grupo asociado o la cooperativa de trabajo. En el caso del Plan “Argentina Trabaja”, en cambio, el sujeto es el “pobre” o el “desocupado” individualizado, quien se inscribe en el Programa, a fin de obtener un ingreso económico y luego es agrupado (forzosamente) con otros en una cooperativa constituida exclusivamente a los fines de la implementación del Programa.

Como ya marcamos en el análisis de la dimensión económica, los avatares del desempeño de las unidades laborales y las dificultades que encuentran para generar ingresos regulares y suficientes muchos de los emprendimientos promovidos por las políticas socio-productivas estudiadas, obstaculizan la posibilidad de construir una identidad colectiva en relación con el trabajo autogestionado y tensionan las relaciones cotidianas entre los participantes. En el caso de La Huella y el Textil Aladín, observamos que las dificultades económicas generaron conflictos entre los miembros del grupo de trabajo, debilitando de ese modo la pertenencia y el compromiso colectivo con el proyecto asociativo -fundado en el fortalecimiento de los lazos sociales y apoyado en condiciones socioeconómicas que favorezcan la consolidación de formas de producción alternativas-, llevando incluso, en algunas ocasiones, a la renuncia a la experiencia asociativa, incluso en los casos de aquellos que habían podido asumir la autogestión del trabajo como un proyecto de vida o habían iniciado el emprendimiento. Las condiciones de desprotección en las que se encuentran los trabajadores autogestionados, profundizan aún más estas dificultades y llevan a concebir el trabajo asociativo y autogestionado como una estrategia de generación de ingresos transitoria y no como una alternativa laboral genuina y viable en el largo plazo.

En este contexto observamos que la situación familiar, el ciclo vital y el lugar que ocupa el individuo en el sostenimiento de la economía del hogar, son cuestiones que intervienen en la elección de permanecer (o no) en los programas, buscar otro trabajo o poder “aguantar” en la cooperativa/emprendimiento a pesar de los bajos y/o fluctuantes ingresos.

La dimensión simbólica de los procesos de integración social, debe ser comprendida a partir de su interrelación con las dimensiones política, económica y social anteriormente descriptas. En este sentido, observamos que la posibilidad de construir una identidad colectiva como trabajadores asociados y autogestionados, se encuentra tensionada por las condiciones de trabajo, los bajos ingresos que generan estas unidades laborales y el sesgo asistencial que presenta el diseño de las políticas de fomento de la Economía Social en nuestro país. Estas dificultades se vinculan, a su vez, con la débil articulación de las cooperativas y emprendimientos con la esfera productiva y el mercado.

A pesar de estas limitaciones, desde la perspectiva de los sujetos que integran estas unidades laborales, las políticas socio-productivas son fundamentales para el sostenimiento de las mismas. El sentido que adquieren estos programas en la vida de los sujetos, marca una ruptura respecto de los planes de asistencia al desempleo implementados previamente. Para aquellos que han podido poner en marcha la cooperativa o el emprendimiento, o en el caso del Programa “Argentina Trabaja”, quienes participan activamente en las tareas asignadas, se definen como trabajadores y no como “beneficiarios”. Por ello consideran la posibilidad de participar en una experiencia asociativa tanto como una fuente de trabajo como de autonomía.

Esta tesis fue un esfuerzo por interpretar y sistematizar el proceso de construcción estatal de la Economía Social en Argentina y las condiciones en las que las unidades laborales promovidas por los programas de generación y apoyo al trabajo asociativo y autogestionado alcanzan el objetivo que se proponen de integrar social y económicamente a los sujetos que en ellas participan. Mirando al futuro nos preguntamos si es posible consolidar estas experiencias de producción alternativas, potenciando sus posibilidades de promover formas de sociabilidad más ricas y una integración social en condiciones de igualdad o se profundizará el sentido de la Economía Social como una economía de la pobreza. Del análisis realizado resulta claro que estas posibilidades dependen en gran medida del modo en que se resuelvan las tensiones que observamos en la promoción del trabajo asociativo y autogestionado, que como mostramos, derivan fundamentalmente del carácter híbrido de los programas, cuyas intervenciones se encuentran entre la generación de trabajo asociativo como una vía para la integración social y el uso del trabajo como un recurso de la asistencia.


  1. Las cuestiones mencionadas en el punto 8 son desarrolladas en profundidad en el punto siguiente, cuando nos referimos a la dimensión política de la integración social y a la institucionalidad del trabajo asociativo y autogestionado.
  2. Al respecto se puede consultar Thomson (1989); Polanyi (2007) [1944]; Bauman (1997), entre otros.
  3. Recuérdese que los monotributistas también se encuentran excluidos del derecho a percibir asignaciones familiares de carácter contributivo.


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