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1 Políticas sociales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado: entre el trabajo y la asistencia

El objetivo de este capítulo es presentar el enfoque teórico y las principales herramientas conceptuales que nos permitieron analizar en qué medida las formas laborales asociativas y autogestionadas promovidas por la política social de promoción de la Economía Social, alcanzan el objetivo que se proponen de integrar a los sujetos que en ellas participan a las condiciones socialmente aceptables y aceptadas de la vida social. Para ello, en el punto 1, desarrollamos la relación entre cuestión social y política social, a fin de profundizar la definición de integración social que adoptamos como marco de referencia para realizar un análisis crítico de la política social. A lo largo de los apartados que conforman el punto 2, analizamos distintas perspectivas de abordaje de la Economía Social y su relación con la política social. Asimismo precisamos la noción de autoempleo y los conceptos de trabajo autogestionado y trabajo asociativo. En el punto 3 describimos brevemente las características de los regímenes institucionales de la asistencia social y de la seguridad social, a fin de conceptualizar la particular tensión entre trabajo y asistencia que hallamos en las experiencias laborales promovidas por las políticas sociales de apoyo y generación de trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina contemporánea. Por último, a modo de conclusión, sintetizamos el recorrido realizado para presentar algunas claves para pensar el problema objeto de nuestra investigación.

Cuestión social, políticas sociales e integración social

La cuestión social hace referencia a una falla estructural de las sociedades capitalistas moderas que pone en cuestión su capacidad de existencia como un conjunto ligado por relaciones de interdependencia[1]. En palabras de Castel, resulta “una aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura” (Castel, 1997: 20). La cuestión social se particulariza en los problemas sociales, cuyas significaciones y definiciones son la expresión hegemónica del modo en que la sociedad interpreta, ordena y canaliza aquel enigma (Grassi, 2003). Las cuestiones que logran adquirir relevancia pública y llegan a constituirse como problemas sociales, son abordadas por las políticas sociales, que a su vez definen y delimitan problemas y sujetos “merecedores” de algún tipo de acción estatal.

Tal como planteamos en la presentación del problema, entendemos las políticas sociales como intervenciones sociales del Estado orientadas directamente a las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos grupos sociales. Éstas son constitutivas del régimen social de acumulación y operan especialmente en la distribución secundaria del ingreso. Asimismo, cumplen una función reguladora de las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo (Cortes y Marshall, 1991; Danani, 1996) e intervienen en la gestión del conflicto social[2].

La política social actúa como contención de la lógica del capitalismo, cuyo fundamento es la separación de los productores y los medios de producción y en la cual la mercantilización del trabajo entra en contradicción con las exigencias objetivas de la reproducción de la vida de sus portadores (Topalov, 1979). Desde la lógica del capital “no todas las necesidades son reconocidas y/o no todos los trabajadores satisfacen sus necesidades por la vía de la venta de su fuerza de trabajo, ya que no hay ninguna garantía que todos los productores puedan vender-se” (Danani, 2004: 16)[3]. En el proceso de producción capitalista el trabajo se concibe como una mercancía y el trabajador como un factor de la producción. Esta concepción plantea un conflicto que se encuentra en los fundamentos del sistema social y económico entre dos objetivos contradictorios: la acumulación de capital y el fin de lucro y el cuidado y el sostenimiento de la vida humana (Carrasco, 2003).

En el marco de esta tensión, las políticas sociales articulan la relación entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad, regulando las responsabilidades de cada institución en la satisfacción de las necesidades y el abordaje de los riesgos sociales. Esto permite inscribir dichas políticas en diferentes regímenes de bienestar, que implican, a su vez, diferentes modalidades de estratificación social y diversos grados de desmercantilización (Esping Andersen, 1993)[4]. El concepto de desmercantilización ha sido desarrollado en las investigaciones acerca del Estado de Bienestar y aspira a captar la medida en que dichos Estados son capaces de debilitar el nexo monetario al garantizar derechos independientemente de la participación de los individuos en el mercado de trabajo. Sin embargo, la crítica feminista ha planteado que al suponer que los individuos y los bienes y servicios que éstos adquieren para el bienestar se encuentran mercantilizados, el concepto presenta limitaciones para dar cuenta de la situación de las mujeres y de las tareas que éstas realizan para el sostenimiento de la vida, cuyo rol económico no suele estar mercantilizado o sólo lo está en parte[5].

En América Latina, una parte importante de la población presenta una inserción laboral informal y/o precaria, lo cual limita el acceso a las protecciones sociales y genera crecientes dificultades para afrontar los riesgos y contingencias de la vida de forma colectiva. Por ello, el bienestar de las personas en estos países depende en buena medida de la existencia de arreglos familiares y comunitarios (Martínez Franzoni, 2005). Si bien estos arreglos permiten satisfacer necesidades por fuera del mercado de trabajo, a diferencia del potencial para la socialización de la reproducción que tienen las políticas sociales, esta estrategia reenvía la responsabilidad por la resolución de las necesidades a la esfera doméstica[6].

El problema que aborda esta tesis, requiere prestar atención a la particular forma que adquiere la relación Estado – mercado – unidades domésticas – comunidad en las experiencias laborales promovidas por las políticas sociales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado. Una de sus características es la estrecha vinculación entre la reproducción de la unidad doméstica y el desarrollo económico de las unidades productivas asociativas. Su lógica de funcionamiento, que difiere de aquella que se despliega en la empresa capitalista, pone en tensión la distinción entre la esfera de la producción (asociada al ámbito de lo público) y la de la reproducción (vinculada al espacio del hogar privado y feminizada) propia de la construcción social de los ámbitos institucionales en las sociedades capitalistas modernas (Murillo, 1995; Collin, 1994).

Asimismo, exploraremos en qué medida las experiencias laborales promovidas por las políticas sociales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado favorecen la socialización de los procesos de reproducción de la vida traduciendo el apoyo a las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado en derechos y en cuánto contribuyen a asentar la subsistencia de las unidades domésticas en la auto-explotación del trabajo del grupo asociado.

La conceptualización de las políticas sociales que presentamos en este punto, nos lleva señalar su centralidad en la regulación de las formas de integración social (Soldano y Andrenacci, 2005). Existe un debate respecto de la función de las políticas sociales. Para Esping Andersen (2000) éstas se conciben como la gestión pública de los riesgos sociales, se trata de una acción política colectiva para abordarlos, cuyo principal objetivo es asegurar a la población contra los mismos. Para el autor, el igualitarismo es una consecuencia derivada del objetivo que las políticas sociales siempre han perseguido y de la desmercantilización de la fuerza de trabajo que posibilitan (Esping Andersen, 1993). Sin embargo, si pensamos la política social desde una teoría del Estado capitalista, observamos que ésta también forma parte de los medios de legitimación del poder y se constituye en un dispositivo de control y disciplinamiento social, al mismo tiempo que contribuye a la reproducción de la fuerza de trabajo.

Tal como afirma Danani (2004) no toda política social permite la desmercantilización de la fuerza de trabajo, porque no todas socializan la reproducción. Sólo aquellas en las que la satisfacción de las necesidades se torna en el reconocimiento de derechos, permiten efectivamente “escapar” (aunque temporal y parcialmente) del mercado[7]. Desde esta perspectiva, las políticas sociales no implican necesariamente el acceso a derechos, ya que éstas son también formas de control y tutela, que si bien proveen ciertos medios de subsistencia, reproducen y en algunos casos potencian la diferencia social (Álvarez Leguizamón, 2005). En este sentido, las políticas sociales se conciben como moduladoras de la propia desigualdad (Adelantado et.al, 1998).

Tal como planteamos en la presentación, entendemos la integración social como un problema que interpela a la sociedad como un todo y que refiere a las formas en que una comunidad política despliega para mantenerse cohesionada. La integración social no es un estado o una situación que se produce de una vez y para siempre, sino un proceso conflictivo en el que se disputa la definición de un nosotros, que implica, a su vez, el reconocimiento y/o desconocimiento, la protección y/o desprotección de distintos grupos sociales. Desde esta perspectiva de análisis la pregunta por la integración, no equivale a inscribir ésta en la igualdad (en su registro político-ideológico, ni socio-estructural). Una sociedad integrada no supone necesariamente igualdad entre sus miembros, ya que los modos en que los individuos y grupos son incorporados y/o reconocidos en la comunidad política pueden crear y/o reproducir condiciones de desigualdad[8]. Estas desigualdades se vinculan con los límites de la construcción de un “nosotros” que, como ya mencionamos, es siempre disputada y su sentido es provisorio[9].

La situación de los individuos que, tomando la expresión de Castel (1997: 15), se ubican en una situación de flotación en la estructura social y “pueblan sus intersticios sin encontrar allí un lugar asignado” es usualmente definida como un problema de esos individuos y grupos sociales, invisibilizando tanto los procesos socioeconómicos y políticos que llevan a la configuración de dichas situaciones, como las consecuencias que supone para el conjunto de la sociedad en relación con la calidad y el tipo de lazos sociales que se tejen en conjunto. Si consideramos que las políticas sociales “hacen sociedad o sociedades, según cuáles sean los principios que las orientan” (Danani, 2004: 11), podemos afirmar que éstas tienen un rol central en la forma e intensidad que adquieren los procesos de integración, en los que, a su vez, se definen las condiciones materiales de reproducción y la calidad de la participación en la vida social y política de los distintos grupos sociales.

Como ya mencionamos, el trabajo juega un rol central, ya que en las sociedades capitalistas modernas, éste es el soporte privilegiado de inscripción de los sujetos y grupos en la estructura social (Castel, 1997). En Argentina ha sido la condición de trabajador (asalariado formal) la que históricamente habilitó el acceso al sistema de seguridad social, la integración y la pertenencia (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994). Por ello, las distintas formas de inserción laboral marcan el alcance y la calidad de las protecciones sociales a las que acceden las distintas categorías de trabajadores y las estrategias que despliegan para satisfacer las necesidades, combinando los intercambios mercantiles, los bienes colectivos y diversos arreglos familiares y comunitarios.

Asimismo, entendemos que el trabajo es un espacio fundamental de construcción de relaciones de sociabilidad y lazos sociales. Paugam (2007) define el lazo social como la forma en que los individuos pueden acceder a la protección y el reconocimiento necesarios para su existencia social. La protección remite al conjunto de apoyos con los que el individuo cuenta o puede movilizar para afrontar imprevistos diversos. Estos pueden ser recursos provenientes de las relaciones familiares, comunitarias, de las políticas sociales, etc. El reconocimiento “señala la interacción social que estimula al individuo proporcionándole la prueba de su existencia y de su valoración por la mirada del otro o de los otros” (Paugam, 2007: 87).

La cuestión del reconocimiento tiene un lugar central en la teoría de Axel Honneth (1997: 114) quien plantea que:

La reproducción de la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a una autorrelación práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de interacción en tanto sus destinatarios sociales.

De esta premisa general el autor desprende que la incorporación del imperativo del reconocimiento intersubjetivo al proceso de la vida social, actúa como una coerción que impulsa a los individuos a delimitar el contenido de dicho reconocimiento, porque sólo de ese modo los sujetos pueden dar expresión social a las pretensiones crecientes de la subjetividad[10]. En este sentido considera que los cambios sociales son impulsados por luchas moralmente motivadas de grupos sociales en un intento colectivo de alcanzar la implantación de formas ampliadas de reconocimiento recíproco institucional y cultural (Honnet, 1997: 115). Partiendo de esta tesis, distingue 3 formas de integración social, según el tipo de lazos a partir de los cuales ésta se establezca: 1) La integración por medio de las relaciones primarias (lazos emocionales, relaciones de amor y amistad, que permiten la autoconfianza); 2) la integración a través del reconocimiento de derechos (lazos de ciudadanía que promueven el autorrespeto); y 3) la integración por valores comunes (relaciones de solidaridad que favorecen la autoestima). La negación de estas formas de reconocimiento, constituye diversas formas de menosprecio que se expresan en el maltrato, que afecta la integridad física, en la desposesión de derechos y la exclusión, perturbando la integridad social; y en la indignidad e injuria, que atentan contra el honor y la dignidad. Los contenidos y el soporte de las formas de integración que propone Honneth coinciden con la delimitación de las dimensiones social, política y cultural de la integración social que planteamos en la presentación.

Partiendo de estas consideraciones, analizaremos los procesos de integración social que se construyen a partir del trabajo (asociativo y autogestionado), entendiendo el reconocimiento social como un elemento explicativo central de la calidad e intensidad de los lazos sociales, así como también del acceso a derechos y la construcción de ciudadanía. Afirmamos que en las sociedades modernas, el trabajo es el ámbito privilegiado de la constitución de identidades sociales, moldeadas a partir de procesos de clasificación y diferenciación, que se despliegan en la interacción cotidiana y que intervienen, a su vez, en la asignación de distintos estatus sociales y relaciones de solidaridad.

En el caso de las experiencias laborales promovidas por las políticas sociales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado, en los espacios de interacción cotidiana con vecinos, otros trabajadores y agentes estatales que intervienen en la implementación de estos programas, se disputa el sentido mismo de las actividades que se realizan y su valoración y reconocimiento como trabajo.

Más allá de la centralidad que otorgamos a la actividad laboral, como veremos en los distintos capítulos, el problema de la integración social no puede saldarse promoviendo cualquier tipo de inserción laboral de quienes se encuentran excluidos del mercado de trabajo, menos aún en los casos en que ésta es fomentada desde el ámbito de la política social asistencial, orientada a poblaciones definidas por su situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. La recreación de las relaciones a través de las cuales se constituyen sujetos “útiles” y reconocidos socialmente como iguales excede el ámbito laboral y es mucho más compleja. Además, no todas las actividades son consideradas -por quienes las realizan o por otros- como un trabajo genuino.

En este punto, resulta sugerente retomar una pregunta planteada por Grassi y Danani (2009: 42) en una investigación referida a la “normalidad” del empleo en la Argentina después de los ’90, para pensar nuestro objeto de estudio: “¿Cuál es el espacio y la naturaleza de las relaciones intersubjetivas en las que “el trabajo” ofrece los sentidos que amalgaman a la sociedad y enlazan cada vida a ella?” Partiendo de este interrogante, cobra relevancia explorar las tensiones que emergen en la promoción del trabajo asociativo y autogestionado desde la política social y cuáles son los sentidos, relaciones y formas de reconocimiento que habilita la participación en estas particulares experiencias de trabajo asociativo y autogestionado “asistidas”.

Para reflexionar acerca de estos interrogantes resulta útil recuperar algunas discusiones del campo de la Economía Social, que nos brindan herramientas para analizar las potencialidades y límites de las experiencias laborales promovidas por las políticas de generación de trabajo asociativo y autogestionado que son objeto de esta tesis.

Política Social y Economía Social

La utilización del concepto de Economía Social es de larga data y ha englobado actividades, prácticas y valores muy diferentes. La primera vez que ésta se dio a conocer públicamente, fue en el año 1867, a través de una exposición de Economía Social realizada en Europa (Defourny, 2003). La Economía Social -desde sus orígenes- refirió tanto a proyectos conservadores, destinados a direccionar la vida de los pobres, a fin de reducir el coste social de su reproducción, impulsado por las corrientes higienistas y filantrópicas del siglo XIX, como emancipatorios orientados hacia la democratización del trabajo e impulsados por el movimiento asociacionista, vinculado con las organizaciones obreras, sus luchas y reivindicaciones (Danani, 2004)[11].

En los años recientes y particularmente en América Latina, la temática de la Economía Social ha tenido una gran difusión y relevancia en el ámbito académico y en el campo de las políticas sociales. En este sentido, se han desarrollado amplias discusiones en torno a la construcción de “otra economía”, dando lugar a diferentes propuestas para la comprensión y conceptualización de las formas de producción no capitalistas que existen en la región[12].

Asimismo, desde distintas perspectivas teóricas y en las intervenciones de política pública en cada contexto local, se han atribuido diversas denominaciones -Economía Social y Solidaria en Brasil, Economía Social en Argentina, Economía Popular Solidaria en Ecuador o Economía Popular, Comunal en Venezuela, entre otras- (Hintze y Vázquez, 2011), que designan lo que en términos generales podemos definir como una economía centrada en el trabajo, que pretende contrarrestar el proyecto civilizatorio del capital globalizado o desarrollan una retórica en ese sentido. Las propuestas de los distintos autores presentan algunos acuerdos básicos, pero también dan cuenta de las discusiones en torno al sentido de la Economía Social y las acciones que se deben impulsar para construirla, fortalecerla y lograr la sostenibilidad de las unidades productivas potencialmente constitutivas de la Economía Social en el largo plazo.

Fundamentos de la construcción de “otra economía”

La propuesta de la Economía Social parte de un diagnóstico pesimista acerca del empleo y plantea la hipótesis, según la cual el problema de la desocupación y los bajos salarios o ingresos de los trabajadores asalariados y por cuenta propia, no pueden ser resueltos simplemente a partir del crecimiento económico. Es necesario transformar las estructuras productivas y el sentido de la economía, debido a que “la consecución de la ganancia como fin tiende a acabar con los mecanismos de integración social y con la sociedad misma” (Coraggio, 2004: 266). Dado el nuevo paradigma tecnológico y de reorganización del trabajo que se está imponiendo a nivel global, aunque se produzca un alto crecimiento, no será posible reintegrar a los trabajadores a la sociedad de mercado (Coraggio, 2002, Lo Vuolo, 2002, Monza, 2002). No es posible “volver” a la sociedad salarial de pleno empleo (Castel, 1997, Rosanvallon, 1995) y para algunos, esto no es ni siquiera deseable. En este sentido, Gorz afirma que no debemos esperar nada de los tratamientos sintomáticos de la crisis, porque ya no hay más crisis: se ha instalado un nuevo sistema que tiende a abolir masivamente el “trabajo” (Gorz, 1997).

Aquí cabe hacer una aclaración acerca de la distinción entre trabajo y empleo. De la Garza Toledo plantea que existen dos concepciones teóricas, relacionadas con el avance del trabajo asalariado. Una es la neoclásica, para la que no hay otro trabajo que no sea aquel que se compra y se vende por un salario en el mercado. La segunda, es la marxista clásica, según la cual “el concepto de trabajo no queda restringido al trabajo mercantilizado, y se reconoce como trabajo a toda actividad relacionada con la riqueza material de la sociedad, no solo con la generación de valores de cambio” (De la Garza Toledo, 2005:9). A pesar de ello, el desarrollo del trabajo asalariado capitalista en el siglo XIX, llevó también al marxismo, no a excluir, pero sí a privilegiar una mirada centrada en el trabajo asalariado.

Las transformaciones del mundo del trabajo y sus particularidades en América Latina, en donde ha coexistido el empleo formal con un amplio sector –con características diversas en cuanto a su capacidad productiva y de consumo- de “trabajadores autónomos” (autoempleados, microempresas, etc.) y de trabajo no registrado o “trabajo en negro” (Torrado, 1992; Etala, 1985; Galín, 1988) nos llevan a revisar el concepto “clásico” que lo asimila a la forma predominante que adquiere el trabajo en el capitalismo. Siguiendo a Livszyc (2003) entendemos el trabajo, desde una perspectiva antropológica, como una actividad útil, vinculada a la esfera de la producción social de los medios de vida. Éste se constituye en un elemento estructurante de las relaciones sociales. En tanto el empleo, es una forma particular que adquiere el trabajo: remunerado, de jornada completa y establecido mediante un contrato laboral. Considerando esta diferencia, no es el trabajo en sentido amplio el que puede estar siendo abolido.

Partiendo de esta distinción, Livszyc analiza las transformaciones del mundo del trabajo en las últimas décadas y plantea que se ha producido un pasaje del trabajo como universo inclusivo, en donde éste resultaba el principal factor de integración a la vida social, a “un territorio de acceso restringido, que condena a amplios sectores a vivir en los márgenes, tanto materiales como simbólicos, de la vida en común” (Livszyc, 2003: 20). Si bien la afirmación del autor, planteada en el contexto de la crisis 2001-2002, parece demasiado extrema a la luz de las condiciones del mercado laboral argentino luego de un período de importante recuperación económica, recomposición del empleo y crecimiento económico sostenido, aún persiste en el país un importante sector de trabajadores desocupados que no pueden (re)insertarse en el mercado de empleo formal y cuyas capacidades están siendo desperdiciadas. Este grupo conforma el llamado “núcleo duro del desempleo”, al cual vienen siendo dirigidas las distintas políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado implementadas a partir del año 2003, principalmente aquellas que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social.

Partiendo de este diagnóstico, la perspectiva de la Economía Social afirma que es necesario redefinir la visión dominante acerca de qué es lo económico y desarrollar estructuras productivas de manera sistemática, contrapuestas a la lógica del capital, capaces de auto-sustentarse y crear nuevas relaciones sociales, tendientes a contrarrestar la degradación de las capacidades humanas que produce el mercado. No alcanza con la redistribución del ingreso[13], porque persistirían las estructuras que destruyen la organización colectiva y solidaria de los grupos y comunidades (Coraggio, 2002, 2004a)[14].

Desde esta perspectiva se plantea la necesidad de políticas socioeconómicas que favorezcan el desarrollo y consolidación de un nuevo sector orgánico de Economía Social, que pueda funcionar de manera relativamente autónoma de la organización del capital y cuyo sentido sea el mejoramiento de la calidad de vida y no el lucro. Esto nos lleva a problematizar el rol de las políticas de promoción de la Economía Social en la estrategia socioeconómica del Gobierno Nacional y su orientación, que como veremos en el capítulo 2, se centra en la atención, exclusiva o prioritaria, de desempleados y personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social. Esta particularidad en la definición de la población objetivo en las políticas sociales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado en el periodo estudiado, expresa el carácter híbrido de estos programas, que se encuentran entre la promoción del trabajo asociativo como medio de integración social y el uso del trabajo como recurso de la asistencia.

En cuanto a la pregunta acerca de qué es lo económico, el enfoque de la Economía Social discute la noción “clásica” de la economía y las consecuencias que esta concepción tiene en la organización de las sociedades. Esta visión hoy hegemónica, considera “que lo económico es lo que se ocupa de distribuir medios escasos entre fines múltiples […]”. Por ello, “dado lo ilimitado de los deseos humanos (notemos que no se habla de necesidades[15]) plantea que se debe reconocer la escasez de los medios y lo económicamente racional es resolver este problema de la forma más eficiente posible. Este criterio de la eficiencia se convierte así en la síntesis de la racionalidad económica” (Vázquez, 2010: 27-28). De esta definición se deriva el postulado que afirma que el mercado -el espacio en donde se realizan los intercambios- es el medio por excelencia de satisfacción de las necesidades y asignación de recursos. Esta visión se apoya en la teoría de Adam Smith de la armonía natural de los intereses, la cual explica la forma en que las “leyes objetivas” instauran un modo de regulación social abstracto en el cual cada individuo sigue su propio interés y esto beneficia al conjunto social. El poder que define el modo de distribución de los recursos es erigido por la llamada “mano invisible”.

En oposición a esta conceptualización formal de la economía, desde la Economía Social se retoma el análisis de Polanyi acerca del proceso socio-histórico por el cual fue posible la instauración de una sociedad de mercado que escindió la economía de la sociedad. Polanyi demuestra que lo que hoy aparece como “natural” -la subordinación de la sociedad a las leyes del mercado autorregulado-, es en realidad una construcción social reciente, ya que “por regla general, el sistema económico quedaba absorbido en el sistema social, y cualquiera que fuese el principio de comportamiento que predominara en la economía, la presencia del patrón de mercado resultaba compatible con el sistema social” (Polanyi, 2007/1944: 118).

Retomando estos aportes, Coraggio plantea que el sentido de la economía desde una perspectiva sustantiva, es la institucionalización de formas de producción, distribución y consumo que puedan garantizar la reproducción ampliada de la vida social. De este modo, define la economía como “el sistema de instituciones, valores y prácticas que se da una sociedad para definir, movilizar, distribuir y organizar capacidades y recursos a fin de resolver de la mejor manera posible las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros”. (Coraggio, 2009, citado en Vázquez, 2010: 36). Una cuestión central de este sistema de institu­ciones, “es como pautar las formas de definir, movi­lizar, distribuir/apropiar y organizar los recursos y capacidades humanas como medios para lograr el fin de la economía” (Coraggio, 2011: 250). Siguiendo a Polanyi, plantea que la comunidad política y social institucionaliza lo económico de acuer­do a 4 principios: 1) la administración de la economía domésti­ca, en donde se procura atender las necesidades de manera autárquica, es decir con los propios recursos de la unidad doméstica o la comunidad. 2) La reciprocidad, basada en la simetría de los sujetos o grupos que participan de diversos intercambios no reglados por el mercado y cuyo sentido no es la adquisición de bienes o servicios, sino la construcción de lazos sociales que asegu­ran la vida en común. 3) La redistribución que opera a través de un centro que recauda y centraliza los excedentes de la comunidad para repartirlos posteriormente o ante situaciones especiales, favoreciendo el acceso a lo necesario y evitando “una diferenciación económica que iría minando la cohesión social”[16] (Coraggio, 2011: 252). 4) El intercambio de mercado regulado por la oferta y la demanda. Luego, Coraggio añade un quinto principio de institucionalización de lo económico que es el plan, entendido como el principio “basado en la coordinación consiente, desde un centro o en forma horizontal, de las acciones económicas de múltiples agentes independientes para aunar fuerzas y recursos, organizando la división social del trabajo, produciendo bienes colectivos, anticipando, regulando o evitando efectos socialmente no deseables de la competencia en el mercado” (Coraggio, 2011: 250-253).

En consonancia con la construcción de una alternativa teórica para pensar la economía y la acción social, Caillé (1996: 148) sostiene que

Interpretar la acción humana con el solo lenguaje de los intereses económicos es suponer que sólo se organiza conforme a la lógica del mercado. Imaginarla en el lenguaje de los intereses del poder es limitarla a la única dimensión de lo político o de lo estatal, ese lugar en el que los intereses compiten para conseguir el monopolio de la legitimidad.

Desde esta perspectiva, el autor distingue dos espacios de las relaciones sociales, el de la “socialidad secundaria”, vinculado con el Estado, el mercado y la ciencia, que considera instituciones clave del orden social moderno, pero que no encarnan en absoluto a toda la sociedad. Las relaciones que aquí se despliegan “no son propiamente relaciones entre personas, sino antes entre funciones, y en la que se encuentran subordinadas a una exigencia de impersonalidad” (Caillé, 1996: 148). Tras estas relaciones, por encima y por debajo de esta socialidad secundaria existe la socialidad primaria, caracterizada por relaciones cercanas, sometidas a la exigencia de la personalización y orientadas por una visión no utilitarista, ni economicisita, vinculada con el paradigma de la reciprocidad que supone un proceso de dar-recibir y devolver[17]. En el registro de esta socialidad el autor ubica la vida asociativa, que se vincula con el desarrollo de los lazos familiares, de vecindad y amistad. Estos lazos son un soporte fundamental de la construcción de una economía centrada en el trabajo y orientada a la reproducción ampliada de la vida.

La reconceptualización de lo económico y la explicitación de su relación con lo social y lo político, así como la caracterización de los diferentes espacios de sociabilidad y sus lógicas de funcionamiento constituyen dos herramientas teórico-conceptuales que nos permiten comprender las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado promovidas por las políticas de promoción de la Economía Social en su singularidad y como parte de un proyecto de construcción de otra economía.

Aportes, acuerdos y debates desde el campo de la Economía Social y Solidaria

Para comprender las experiencias laborales generadas o apoyadas por las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina actual, resulta útil reflexionar acerca de los acuerdos y debates presentes en el campo de estudio de la Economía Social y Solidaria en América Latina.

En líneas generales, existe un acuerdo respecto de que la construcción de “otra economía” debe estar orientada a promover la integración social de aquellos que se encuentran excluidos del mercado de trabajo y cuyas capacidades están siendo desvalorizadas y desperdiciadas por el mercado. Este objetivo no implica, sin embargo, que esta propuesta se trate de una economía destinada exclusivamente a los pobres. Más bien las distintas perspectivas –con distintos énfasis y enfoques- remarcan la importancia de recuperar y potenciar los principios de reciprocidad, asociatividad, autogestión y solidaridad y la lógica reproductiva presentes en muchas experiencias socio-productivas desplegadas por la clase trabajadora. Esto permitirá alcanzar el objetivo de construir un subsistema económico centrado en el trabajo y orientado a la reproducción ampliada de la vida que pueda disputar la hegemonía a la economía capitalista.

En el pensamiento latinoamericano acerca de la Economía Social y Solidaria existen dos improntas teóricas: “la tópica marxista y el proyecto socialista, por un lado, y la teología de la liberación, por el otro” (Coraggio, 2007: 20).

Una de las primeras conceptualizaciones acerca de esta problemática, vinculada con la teología de la liberación, fue la propuesta por Luis Razeto. Este autor chileno, analiza el proceso de surgimiento de una nueva Economía Popular de Solidaridad en ese país, cuyos orígenes se vinculan con las consecuencias de la implantación de un gobierno autoritario y de una economía de mercado, a partir del pronunciamiento militar de 1973 (Razeto, 1986: 24-28). Para el autor, esta Economía de Solidaridad se desarrolla a partir de cuatro componentes: a) La necesidad económica de subsistencia de amplios sectores de la población, b) el esfuerzo por crear o preservar la organización popular, buscando nuevas formas de organización que combinen y articulen lo económico, lo social y lo político, en el marco de relaciones más democráticas y participativas, c) “el movimiento de solidaridad y las actividades de apoyo material y profesional, que han aportado un conjunto de recursos, servicios de capacitación y asesorías, colaboración organizativa […], etc.”, vinculado a “un influjo de ideas y valores morales que refuerzan las tradicionales conductas solidarias, fraternales, de ayuda mutua, de sentido de comunidad, que caracterizan a la cultura popular chilena” (Razeto, 1986: 36). Destacando en estos aspectos el rol de la iglesia y de organizaciones no gubernamentales que dan apoyo a este tipo de iniciativas, y d) las búsquedas de caminos alternativos que vienen realizando investigadores e intelectuales. Desde esta perspectiva, se analizan los factores estructurales y las consecuencias del modelo neoliberal en las condiciones de vida de los sectores populares y en las posibilidades del sistema de promover la integración social y económica. Asimismo, se enfatiza la cuestión de los valores morales y de solidaridad de las personas que participan en estas experiencias y de las instituciones no gubernamentales que las apoyan, planteando que estos emprendimientos de la Economía Solidaria, cuentan con un nuevo factor económico, llamado “Factor C”. Este componente hace referencia a un conjunto de palabras que empiezan con esa letra –compartir, cooperar, compañerismo, comunidad, comunión, colectividad, etc.- y que dan cuenta de las características distintivas de esta nueva forma de organización económica (Razeto, 2001). El desarrollo del Factor C es considerado un elemento central del sostenimiento de estas experiencias.

Al igual que Razeto, pero desde una perspectiva marxista, Singer (2007) utiliza el término Economía de Solidaridad y coincide en la importancia del fortalecimiento de valores de cooperación y reciprocidad. Sin embargo, platea que sería erróneo creer que la Economía Solidaria es la única respuesta posible de los pobres o excluidos de la clase trabajadora, la pobreza no hace a las personas inmanentemente solidarias. El hecho de que estos emprendimientos se desarrollen en un sistema capitalista y necesiten vender su producción en un mercado con reglas y valores diferentes a las que se intentan promover, amenaza con la degeneración o la quiebra de estas formas de producción asociativa y sin fines de lucro[18]. Para el autor, la constitución de habilidades dentro de los principios de solidaridad, es viable en la medida en que exista la posibilidad de que cada emprendimiento pueda financiarse, abastecerse, comercializar su producción, desarrollar o capacitarse tecnológicamente a través de intercambios con otros emprendimientos socio-productivos. Por eso es fundamental la conformación de un sector integrado de instituciones y empresas que se rijan por los principios de la Economía de Solidaridad.

Otra discusión que atraviesa el campo, es la pregunta por el carácter de las experiencias asociativas y autogestionadas que potencialmente podrían constituir otra economía. En este punto, no existe aún acuerdo respecto de “si constituyen o pueden constituir un modo de producción diferenciado que se articula con el capitalista en una misma formación social aunque con hegemonía capitalista” (Coraggio, 2007: 19). Ni tampoco en cuál es el tipo de políticas que se deben impulsar para promover este sector de la economía. Respecto del rol del Estado, sí existe una coincidencia en la centralidad de su intervención para promover nuevas formas de producción económica, garantizar su sostenimiento y desarrollo en el largo plazo.

Tiriba (2007) y Singer (2007), vinculan la Economía Solidaria con un nuevo modo de producción y plantean que ésta “surge como un modo de producción y distribución alternativo al capitalismo, creado y recreado periódicamente por los que se encuentran (o temen quedarse) marginados por el mercado de trabajo” (Singer, 2007: 61). Para el autor, la Economía Solidaria constituye una síntesis que supera tanto la producción simple de mercancías, como la forma de producción capitalista. En este sentido, considera que la unidad típica de la economía solidaria es la cooperativa de producción, caracterizada por los principios organizacionales de posesión colectiva de los medios de producción por parte de los trabajadores que producen, gestión democrática de la empresa y distribución de los ingresos entre los cooperantes a través de criterios colectivamente acordados.

Otros en cambio, prefieren ser más cautelosos en sus afirmaciones y si bien consideran que existen numerosos hechos que avalan la visión optimista respecto del rol alternativo de la Economía Solidaria y la constitución de un amplio movimiento “alter mundista”, se observan también fenómenos que “matizan y contradicen parcialmente la tesis del surgimiento de un nuevo modo de producción” (Gaiger, 2007: 82).

Gaiger considera que los emprendimientos asociativos de la Economía Solidaria presentan capacidades distintivas que deben ser potenciadas, ya que “la cooperación en el trabajo multiplica la capacidad individual de cada trabajador; las decisiones colectivas conducen a resultados más eficientes; compartir conocimientos e información estimula la innovación y reduce costos de transacción; la confianza y el sentido de pertenencia a un proyecto común estimulan y motivan adicionalmente” (Gaiger citado en Vázquez, 2010: 119). Estas potencialidades de los emprendimientos de la Economía Solidaria son las que permitirían, al ser fortalecidas, superar en eficacia a los emprendimientos de iniciativa privada. Por ello desde esta mirada, la sostenibilidad y el desarrollo de este sector debe ser construida “desde abajo” e ir avanzando en la transformación de los niveles meso y macro económico, social y político. Más allá de la importancia de promover la capacidad emprendedora de estas experiencias, Gaiger advierte las dificultades y desafíos que enfrenta esta tarea, ya que el desarrollo de la Economía Solidaria depende también de la creación de un nuevo sistema de regulación económico, que permita generalizar las prácticas de asociativismo y autogestión al conjunto de la sociedad y facilitar el pasaje de la producción en pequeña escala a una ampliación del alcance de estas unidades productivas. Esto implica la democratización de la economía, el reconocimiento y la legitimación de los diversos agentes “para los cuales la producción material de la vida se hace a través del vínculo asociativo” (Gaiger, 2007: 105).

La propuesta de José Luis Coraggio, define el proceso de construcción de “otra economía” como el pasaje de la economía popular realmente existente, entendida como “un conjunto inorgánico de actividades realizadas por trabajadores, subordinadas directa o indirectamente a la lógica del capital” (Coraggio, 2001: 271), hacia una Economía del Trabajo, con una lógica propia, no subordinada, con otras reglas, valores y relaciones de poder más democráticas, cuyo objetivo sea la optimización de la “reproducción ampliada de la vida de todos en sociedades más igualitarias y democráticas” (Coraggio, 2001: 271). “Al nivel de la unidad doméstica, una situación de reproducción ampliada implica un proceso en que, por encima del nivel de reproducción simple, se verifica durante un periodo prolongado (por ejemplo, una generación), un desarrollo sostenido en la calidad de vida de sus miembros. La noción de reproducción simple no se refiere a mera subsistencia, o reproducción de la vida biológica, sino que denota una calidad de vida biológica y social considerada moralmente como un mínimo social por debajo del cual no debería estar ninguna unidad doméstica perteneciente a la sociedad bajo análisis” (Coraggio, 1999: 136).

Para situar esta perspectiva de análisis de las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado, es importante señalar que el enfoque de la economía popular, se distingue de las distintas teorías de la economía o sector informal[19]. Si bien el concepto de informalidad o economía informal intenta caracterizar un fenómeno empírico similar (el de las microempresas y los trabajadores autoempleados), esta mirada presenta limitaciones para captar las particularidades, la lógica de funcionamiento y el potencial de las experiencias asociativas para articularse en la conformación de un sector de Economía Social. La diferencia fundamental entre ambos enfoques es el lugar a partir del cual se observan y describen estas experiencias, la mirada de la economía informal privilegia el punto de vista del capital, en cambio la economía popular se ubica desde el punto de vista del trabajo.

En oposición al énfasis en lo que “les falta (a los emprendimientos) en relación a lo que debería o suele tener una empresa capitalista “normal” o “moderna” […], la perspectiva de la economía popular destaca que los emprendimientos autogestionados están basados en la capacidad del trabajo humano para producir y distribuir bienes y servicios, la centralidad del trabajo frente a otros recursos o factores no está en discusión” (Vázquez, 2010: 83-84). Asimismo, se remarca la racionalidad reproductiva por sobre la racionalidad del capital como única posible. No se trata de impulsar la “modernización” y formalización de los emprendimientos informales, sino de potenciar su capacidad de reproducción y sostenimiento de la vida. De este modo, se enfatiza el carácter alternativo de esta economía, así como también el énfasis en el trabajo en sentido amplio como organizador de la misma, en oposición a la acumulación de capital y el lucro como finalidades de la producción económica. El trabajo adquiere aquí otro valor, otra consideración y reconocimiento.

Desde este enfoque, se trata de impulsar la construcción de una economía mixta y competitiva, con un gran sector de Economía Social (innovador y sin fines de lucro), promovido desde el Estado y la sociedad civil (Coraggio, 2004a: 186-187), que pueda generalizarse paulatinamente hacia toda la sociedad. Este proceso supone el reconocimiento social de otras formas de hacer economía que pueden organizarse, fortalecerse y disputar recursos y poder frente al sector público y al empresarial capitalista (Vázquez, 2010).

Esta propuesta de la Economía Social, también se distingue de la idea de “Tercer Sector”, según la cual en el mercado descansa la solución a los problemas sociales, y solo ante sus “fallas” sería necesaria la intervención del Estado y/o de un Tercer Sector, el de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí adquiere centralidad la filantropía y el trabajo voluntario y predomina un enfoque operacional que acentúa la profesionalización de la gestión de las organizaciones civiles y la búsqueda de patrones de eficiencia gerencial similares al del campo empresarial (Hintze y Vázquez, 2011).

¿Quiénes conforman el sector de la Economía Social?

Distintos autores (Coraggio, 2007, Gaiger, 2007, Singer, 2007, Tiriba, 2007) acuerdan que los emprendimientos que forman parte del sector de Economía Social son organizaciones de trabajadores que se asocian para:

  • Producir juntos para el mercado, no orientados por la ganancia sino por la generación de autoempleo e ingresos monetarios.
  • Comprar juntos para mejorar su poder de negociación en el mercado.
  • Socializar riesgos.
  • Autoproveerse de crédito.
  • Producir juntos condiciones o medios de vida (alimentos, vivienda, entretenimientos, celebraciones, etc.) para su propia reproducción o el uso colectivo de la comunidad (infraestructura productiva, hábitat, servicios públicos) (Coraggio, 2007: 18).

Al mismo tiempo, todos afirman que estas formas de organización económica presentan rasgos no capitalistas, tales como “la no separación del trabajo respecto de la propiedad/gestión de los medios de producción y el producto, característica propia de la producción mercantil simple” (Coraggio, 2007: 19, Singer, 2007). Son emprendimientos basados en la libre asociación, la autogestión y el trabajo cooperativo, aplican el principio de socialización de los medios de producción (esto los distingue de la producción mercantil simple) y presentan un predominio del factor trabajo en la organización productiva. En estas experiencias, el valor de cambio se encuentra subordinado al valor de uso (Tiriba, 2007) y “el concepto de eficiencia se resignifica por la valoración de efectos no reducibles al esquema cosificador productivista” (Coraggio, 2007: 19).

En cuanto al gobierno interno y la toma de decisiones en las organizaciones vinculadas con la Economía Social, éstas se basan en la deliberación y el consenso entre los asociados, los cuales tienen cada uno un voto. Esta forma de organización no supone la supresión de la división de tareas o los sistemas de representación y control de las responsabilidades, pero sí un mayor grado de participación e implicación en la organización del trabajo.

Las personas que impulsan esta economía pertenecen a dos clases diferentes, pero no antagónicas: los propietarios de medios individuales de producción y distribución que dependen de la venta de sus productos para vivir; y los sujetos que cuentan solamente con su capacidad de trabajar y de la venta de ésta para sobrevivir (Singer, 2007). Se trata de un universo heterogéneo, conformado por experiencias con diferentes “orígenes” y características singulares, pero que confluyen en la intensión de desarrollar emprendimientos autogestionados, autónomos y cooperativos. Por ello y más allá de las diferencias existentes, es posible y necesario fortalecer la identidad colectiva en tanto sector socioeconómico (Razeto, 1986, Gaiger, 2007).

En la Argentina, estas experiencias son impulsadas por los nuevos movimientos sociales y “configuran la acción de los trabajadores de empresas recuperadas, constituyen un eje de implantación territorial de varios movimientos «piqueteros», orientan la construcción social de numerosas asambleas barriales” (Palomino, 2003: 115). Para el caso de Chile, Razeto (1986) realiza una breve síntesis de algunos de los tipos de organización que conforman la Economía de Solidaridad y menciona las siguientes: organizaciones de cesantes, talleres laborales, organizaciones para el consumo básico, organizaciones que atienden problemas habitacionales, organizaciones poblacionales de servicios, como por ejemplo de educación, cultura o recreación. A diferencia de los casos de Argentina y Chile, en Venezuela la Economía Social/comunal tiene rango constitucional y se encuentra inscripta en el proyecto político del denominado socialismo del siglo XXI. Por ello, cuenta con un fuerte apoyo estatal que se expresa en un amplio desarrollo normativo, en una institucionalidad de alto nivel, representada por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y en los amplios recursos presupuestarios destinados a ella (Hintze, 2009). En el caso de Brasil se destaca la fuerte articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la Economía Solidaria. “Es allí definitoria la trayectoria de lucha de movimientos sociales que la conforman en la práctica, conceptual y políticamente, confluyen en una organización propia (el Foro Brasileño de Economía Solidaria) y logran incidir en el primer gobierno Lula para establecer un espacio institucional específico (la Secretaría Nacional de Economía Solidaria) e incrementar su presencia en varios otros. Todo ello en el marco de una visión de cooperación/alianza entre estado y organizaciones sociales” (Hintze, 2009: 1).

Esta somera enumeración de algunas de las experiencias latinoamericanas recientes, muestra que las unidades productivas que forman parte de la Economía Social y Solidaria no son solamente emprendimientos mercantiles, sino que se trata de formas asociativas –mercantiles y no mercantiles, redes de comercio justo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales que intentan atender colectivamente diversas necesidades de formas alternativas a las que ofrece el mercado capitalista.

Más allá del amplio espectro de experiencias potencialmente constitutivas de la Economía Social, en esta tesis nos abocaremos específicamente a analizar las experiencias que pueden definirse como de trabajo asociativo y autogestionado, en particular aquellas que han sido promovidas por las políticas sociales de fomento de la Economía Social. A continuación, precisaremos estos conceptos.

Autoempleo, autogestión del trabajo y trabajo asociativo: precisiones conceptuales

En este punto definiremos algunos conceptos que pueden ser utilizados en ocasiones como sinónimos, pero que, si indagamos acerca de su orientación y sentido con mayor detalle, podemos observar diferencias significativas. Luego de esta breve revisión, siguiendo a Hintze y Vázquez (2011) expondremos por qué utilizamos el término trabajo asociativo y autogestionado para referirnos a las experiencias laborales potencialmente constitutivas de la Economía Social.

Si bien la palabra autoempleo no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, es un término frecuentemente utilizado en los últimos años, tanto en las intervenciones que forman parte de la política de empleo del MTESS en la Argentina, como en las estrategias de combate a la pobreza que proponen algunos organismos internacionales. Asimismo, en el ámbito del management empresarial se alude al autoempleo como una alternativa laboral centrada en la iniciativa propia.

El autoempleo es un concepto que, en sentido amplio, designa aquellas actividades laborales que son llevadas a cabo por una o más personas que trabajan para ellas mismas de forma independiente/autónoma. Refiere a unidades económicas gestionadas por las mismas personas que tienen la propiedad de los medios con los que trabajan. El autoempleo es, entonces, una actividad para la generación de ingresos y empleo que puede llevarse a cabo, tanto de manera unipersonal, como en asociación con otros informalmente o bajo la forma de una empresa.

El autoempleo en tanto estrategia de generación de ingresos se vincula con el emprendedorismo, concepto que en sus orígenes refirió a la construcción ideológica y subjetiva del empresario capitalista (Rodríguez y Ciolli, 2011)[20]. Las categorías de emprendedor y emprendedorismo aluden a un conjunto de rasgos y capacidades personales (creatividad, capacidad de asumir riesgos, dinamismo, etc.) que permitirían llevar adelante exitosamente el desarrollo de una empresa. Se trata de una alternativa al trabajo asalariado, que resalta la iniciativa personal, autónoma y la capacidad de autoorganización del trabajo, pero que en sus bases ideológicas no supone una problematización ni la crítica del modo de producción capitalista y la explotación del trabajo que éste supone. Desde esta perspectiva la responsabilidad por el crecimiento y el sostenimiento del emprendimiento de autoempleo está puesta en las habilidades del propio trabajador.

En el ámbito de la política de empleo a nivel nacional en nuestro país, luego de la crisis de 2001-2002 se implementaron diversos programas de autoempleo, cuyo objetivo fue promover la inserción laboral de trabajadores desocupados, principalmente aquellos que ya estaban participando en programas de asistencia al desempleo, como el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados o el Seguro de Capacitación y Empleo[21]. Las características que adquirieron los emprendimientos promovidos por estos programas –en su mayoría individuales en el caso del Programa de Inserción Laboral (PIL- autoempleo) que no planteaba la asociatividad como requisito de acceso[22]– dan cuenta del sentido predominante de estas experiencias, vinculado con el trabajo por cuenta propia, más que con las experiencias de Economía Social como fundamento y horizonte de la intervención para la generación de empleo. Estos programas suponen un sujeto que pueda convertirse en microempresario y gestionar su propio emprendimiento a través de la capacitación y asistencia técnica y así insertarse y competir en el mercado (Hopp, 2010).

En síntesis, si bien la idea de autoempleo hace referencia a algunas de las características propias de las formas de trabajo autogestionadas, potencialmente constitutivas de la Economía Social, como la propuesta de una alternativa al trabajo asalariado que implica el esfuerzo propio y se caracteriza por la no separación entre la posesión de los medios de producción, la toma de decisiones y la realización del trabajo, el sentido de este concepto se aparta de la idea de asociatividad y de los valores de cooperación, solidaridad y reciprocidad vinculados con el proyecto de construcción de una economía centrada en el trabajo y orientada a la reproducción ampliada de la vida.

A diferencia de la noción de autoempleo, según Rodríguez y Ciolli (2011: 29) “el origen moderno de la autogestión se encuentra íntimamente ligado a la historia del movimiento obrero y sus luchas sociopolíticas contra las modalidades de explotación del trabajo en el modo de producción capitalista”[23]. Albuquerque (2004: 39), por su parte, afirma que la autogestión engloba

El conjunto de prácticas sociales que se caracteriza por la naturaleza democrática de las tomas de decisión, que favorece la autonomía de un “colectivo”. En un ejercicio de poder compartido, que califica las relaciones sociales de cooperación entre personas y/o grupos, independientemente del tipo de estructuras organizativas o actividades, dado que expresan intencionalmente relaciones sociales más horizontales. El carácter multidimensional del concepto de autogestión (social, económico, político y técnico) nos remite a pensarlo como mucho más que una simple modalidad de gestión.

En la definición citada, podemos observar las características que para el autor diferencian este concepto de la noción de autoempleo planteada. En primer lugar, la autogestión se define como una práctica colectiva, restringida al trabajo en asociación con otros a partir de relaciones de cooperación. En cuanto a los vínculos sociales que se construyen en esos procesos de autogestión, se trata de relaciones horizontales en las que el poder y la toma de decisiones se ejercen de manera compartida, horizontal y autónoma. En tanto práctica productiva, el trabajo autogestionado supone una crítica a las condiciones del trabajo asalariado, a la explotación y a la organización vertical y jerárquica en la gestión de la empresa y la toma de decisiones. El trabajo autogestionado implica la posesión colectiva de los medios de producción, la no separación entre quien toma las decisiones y quien las ejecuta (es decir que el control y la dirección del proceso productivo se encuentran en manos de los trabajadores) [24], así como también una distribución equitativa de los ingresos generados.

A diferencia del trabajo por cuenta propia o el autoempleo que son prácticas laborales en las que existe autogestión del trabajo, pero no se requiere de manera indispensable la colectivización y el ejercicio de poder compartido, el llamado trabajo autogestionado se anuda con una propuesta de emancipación y transformación de las relaciones de producción capitalistas más amplia.

Retomando la definición citada, Albuquerque (2004) remarca la multidimensionalidad del concepto de autogestión. En cuanto a su carácter social, éste refiere a la percepción de esta práctica social como un proceso capaz de generar acciones y resultados aceptables para el conjunto de personas que de ella dependen. La dimensión económica, define un tipo específico de relaciones de producción en las que se privilegia el trabajo en detrimento del capital. En cuanto a la dimensión política de la autogestión ésta

se fundamenta a partir de sistemas de representación cuyos valores, principios y prácticas favorecen y crean condiciones para que la toma de decisiones sea el resultado de una construcción colectiva que pase por el poder compartido (de opinar y decidir), de modo de garantizar el equilibrio de las fuerzas y el respeto a los diferentes actores y roles sociales de cada uno dentro de la organización (Albuquerque, 2004: 39).

Respecto del aspecto técnico, esta dimensión alude a la posibilidad de crear nuevas formas de organización y división del trabajo.

Históricamente, la autogestión se vinculó con el cooperativismo. El surgimiento de este movimiento remite a la experiencia de un grupo de trabajadores textiles de Rochdale, Inglaterra, quienes en el año 1844 crearon una cooperativa como medio de lucha por mejorar sus condiciones de trabajo. A partir de esta experiencia comenzaron a construirse los principios filosóficos y políticos del cooperativismo.

En la actualidad la idea de cooperativa recupera esos principios y puede definirse como “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas” (ACI, 1995). Las cooperativas son empresas cuyo capital es de propiedad colectiva y el control y la gestión de la misma se realiza democráticamente y se encuentra en manos de los propios trabajadores. Estas características las distinguen, tanto de las empresas controladas por el capital, como de aquellas gestionadas por el Estado. Se trata de unidades económicas orientadas por los valores de solidaridad, ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, transparencia y responsabilidad social[25].

Si bien las cooperativas expresan las características y valores vinculados con el concepto de trabajo autogestionado aquí desarrollado y cuentan con un desarrollo histórico de larga data y una amplia presencia en la economía, no podemos ignorar que se trata de una forma específica que pueden adquirir (o no) las experiencias productivas autogestionadas. En la Argentina post crisis 2001-2002 se han gestado procesos de trabajo asociativo y autogestionado muy diversos que por sus características, algunos han optado por constituirse en cooperativas y otros no han tomado dicha forma.

Más allá de la heterogeneidad de experiencias que conforman el universo del trabajo asociativo y autogestionado, la figura de la cooperativa ha cobrado relevancia en el contexto de las políticas sociales de promoción de la Economía Social en Argentina desde el año 2003 y más fuertemente a partir del 2009 con el lanzamiento del Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, que utilizó la cooperativa como marco legal y operativo de la intervención destinada a la (re)inserción laboral y la integración social de personas en situación de desocupación y/o vulnerabilidad social y pobreza. Más allá de la propuesta normativa del Programa, como veremos en detalle en los capítulos 3 y 4, las cooperativas creadas a partir del mismo, no siempre respetan los principios propios de esta forma de trabajo, ni la concepción de autogestión del trabajo, tal como la definimos en esta investigación.

La promoción del trabajo asociativo y autogestionado desde las políticas sociales de promoción de la Economía Social en Argentina, las experiencias de los diversos movimientos de trabajadores y el sentido que puede adquirir este concepto en el ámbito de la empresa capitalista, nos llevan a afirmar que se trata de un concepto cuyo sentido se encuentra en disputa. En contraposición a la definición de autogestión del trabajo planteada, a partir de la reestructuración productiva orientada por los postulados neoliberales en la década del 90 y la globalización del mercado, el concepto de autogestión adquirió una connotación económica restringida, asociada a una práctica gerencial de la empresa orientada a aumentar la productividad del trabajo (Albuquerque, 2004). Esta definición se aleja del sentido del trabajo asociativo y autogestionado vinculado con la construcción de “otra economía” que tomamos como marco de referencia para el análisis de las experiencias objeto de estudio de esta tesis.

Al mismo tiempo, frente a la crisis del trabajo asalariado, la autogestión volvió a ser retomada por los movimientos de trabajadores como una herramienta de lucha sociopolítica y una nueva forma de organización del trabajo, vinculada con la definición multidimensional planteada y entendida como una crítica radical al modo de producción capitalista. En la experiencia argentina en los años recientes, diversos movimientos sociales organizan sus prácticas y reivindicaciones en torno a la idea de autogestión (para la construcción de viviendas, la provisión de servicios, etc.) y de autogestión del trabajo (Rodríguez y Ciolli, 2011; Palomino, 2003). Algunos movimientos de desocupados y el movimiento de Empresas Recuperadas son claros ejemplos de ello, precisamente porque su origen se encuentra en la autogestión obrera.

En consonancia con el concepto multidimensional de autogestión, el asociativismo como principio o como ideología, alude a prácticas sociales informales o institucionalizadas entre personas que se unen o cooperan partir de intereses u objetivos comunes (Tiriba, 2008; Albuquerque, 2004, citados en Vázquez, 2011). En este sentido, las personas reúnen esfuerzos y recursos para el beneficio común del grupo asociado. Las prácticas asociativas suponen valores compartidos, acuerdos éticos y relaciones de confianza y reciprocidad, en las que puede existir un interés particular, pero éste se encuentra subordinado al interés colectivo, reforzando un sentido de pertenencia y la identidad del grupo asociado. Se trata de prácticas de cooperación, basadas en la pluralidad, el respeto y la solidaridad, entendida como una relación social y política democratizante, basada en la ayuda mutua, la acción colectiva y la autoorganización (Chanial y Laville, 2009, citados en Vázquez, 2011).

Cuando estas prácticas se realizan para la producción de bienes y servicios, podemos definirlas como trabajo asociativo (o trabajo asociado, tal como lo definen algunos autores). Estas formas laborales se basan en la búsqueda de nuevos modos de gestión que se alejan de la dominante y construyen a partir de relaciones sociales horizontales y democráticas un nuevo sentido de la cooperación. Marx (2006) [1867] define la cooperación como “la forma del trabajo de muchos que, en el mismo lugar y en equipo, trabajan planificadamente en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos, pero conexos”. En una gestión empresarial la dirección de dicha cooperación es ejercida por el capitalista, que no es solo una función especial derivada de la naturaleza del trabajo, sino también función de la explotación del proceso social de trabajo. En las experiencias asociativas, la cooperación en tanto forma de trabajo de muchos en un mismo lugar, se desarrolla en nuevas condiciones en las que los medios de producción son de propiedad común y la dirección y el control del proceso productivo se ejerce de forma colectiva por los trabajadores, es decir bajo la forma de autogestión colectiva.

Algunos autores plantean que en el contexto actual, el trabajo asociativo puede definirse como “una estructura contradictoria e inestable frente a la dominación capitalista, esto es, una estructura de transición cuya posibilidad de desarrollo está en su articulación con un amplio movimiento de lucha anticapitalista y por la instauración de una democracia real” (Dal Ri y Vieitez, 2009: 1).

A partir de distintos estudios acerca de experiencias de trabajo asociativo concretas, Vázquez (2011) destaca las potencialidades que presenta esta forma específica de trabajo en la dimensión productiva, mejorando la capacidad de producción y promoviendo la innovación, la creatividad y el compromiso de los trabajadores; en la dimensión formativa, contribuyendo a construir una nueva cultura del trabajo, a partir del desarrollo de conocimientos y saberes desde la propia experiencia de los trabajadores; y política, vinculando estas experiencias laborales con la conformación de un proyecto de economía alternativa sin explotación. Este último aspecto no depende exclusivamente del desempeño de los emprendimientos asociativos, sino tal como plantean Dal Ri y Vieitez (2009), entre otros autores, de la articulación de experiencias entre sí y con otros movimientos sociales y políticos más amplios.

Recuperando las experiencias sociales de asociativas y de trabajo autogestionado, desde la política social y de empleo también se vienen impulsando estas formas laborales. Concretamente éstas se vinculan con la línea de subsidios del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” y definen la población objetivo del Programa de Trabajo Autogestionado, destinado a empresas recuperadas por sus trabajadores y a cooperativas autogestionadas, reconociendo esta nueva categoría de trabajadores y la lucha de sus organizaciones representativas por visibilizar estas experiencias y obtener apoyo estatal para su fortalecimiento.

Como veremos a lo largo de la tesis, el sentido de las experiencias laborales promovidas por las políticas sociales de promoción de la Economía Social y la identidad de estos trabajadores se encuentran en construcción y disputa. A pesar del crecimiento y la visibilización de estas formas laborales, el trabajo asociativo y autogestionado continúa afrontando múltiples dificultades para su desarrollo, tanto porque no existen categorías estadísticas que permitan dar cuenta de la magnitud del fenómeno (cuestión que contribuiría, a su vez, a plantear un diagnóstico adecuado para la implementación de estrategias de apoyo acordes con las necesidades de estas unidades productivas), como porque éste no cuenta con un pleno reconocimiento social y un acceso igualitario a los derechos laborales y sociales.

Como podemos observar a partir de esta breve revisión, la idea de autoempleo refiere en sentido amplio, a la actividad laboral que es llevada a cabo por una persona para ella misma, sin problematizar las condiciones en que ésta se realiza. La categoría de autoempleo o autoempleado designa tanto las actividades realizadas de forma independiente, como aquellas que se llevan a cabo de manera informal o bajo la forma de una empresa en asociación con otros trabajadores, sin especificar los valores y fines que la orientan. Por el contrario, desde el punto de vista de su construcción política-ideológica, tanto el concepto de trabajo autogestionado, como el de trabajo asociativo (tal como presentamos) se vinculan con proyectos socioeconómicos y políticos de transformación social de las formas de producción, enfatizando el carácter autónomo, colectivo y solidario de las experiencias que engloban en las mismas.

Siguiendo a Hintze y Vázquez (2011), podemos caracterizar las experiencias laborales potencialmente constitutivas de la Economía Social, como aquellas en las que confluyen la experiencia de la asociatividad y la de la autogestión. El concepto de trabajo autogestionado y el de trabajo asociativo tienen significados semejantes y dan cuenta de una misma realidad observada desde dos puntos de vista convergentes. Por ello compartimos el uso del concepto de trabajo asociativo y autogestionado para designar aquellas prácticas laborales definidas por la “asociación voluntaria de trabajadores que cooperan en la producción y distribución de bienes o servicios, propiedad compartida de los medios de producción, toma de decisiones participativa y democrática, relaciones internas basadas en la confianza y la solidaridad, distribución con tendencia igualitaria de los resultados y –en general– igualdad de derechos de todos los trabajadores que integran la misma organización productiva” (Vázquez, 2011: 207).

Las políticas sociales de promoción de la Economía Social en Argentina: ¿generación de trabajo o asistencia social al desempleo?

Tal como planteamos en la presentación del problema, la hipótesis central que orientó nuestra investigación afirma que los límites de los programas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado implementados en la Argentina a partir del año 2003, se vinculan con el carácter híbrido de estas políticas que se encuentran entre la promoción del trabajo asociativo como medio de integración social y el uso del trabajo como un recurso de la asistencia.

Esta tensión entre trabajo y asistencia que observamos en el desarrollo de los programas de promoción de la Economía Social en el periodo estudiado, se expresa en la contradicción que supone la implementación de programas que se proponen como objetivo explícito la generación de trabajo asociativo y autogestionado principalmente desde una agencia estatal –el Ministerio de Desarrollo Social- cuya trayectoria institucional ha estado históricamente ligada a la asistencia social a la pobreza.

Para comprender esta cuestión es necesario describir brevemente el modo en que se constituyeron los regímenes institucionales de la asistencia social y la seguridad social en la Argentina, analizar algunas de sus principales características y su relación con el problema de las condiciones de la integración social de quienes son definidos como dependientes y por tanto destinatarios de las políticas sociales asistenciales[26].

A partir del análisis histórico, Castel (1997) afirma que las prácticas asistenciales se caracterizan principalmente por dos factores. El primero de ellos es la proximidad entre el beneficiario de la ayuda social y quien lo asiste. Por ello, “la asistencia es, en la medida de lo posible, un analogon de la sociabilidad primaria” (Castel, 1997: 62), destinada a aquellas personas en riesgo de desafiliación social[27]. El segundo elemento, es la ineptitud para el trabajo. La condición de pobreza e incluso la de indigencia, no es suficiente para ser considerado sujeto de la asistencia. Sólo aquellos que por una desventaja o minusvalía en sentido amplio no puedan trabajar, serán los legítimos beneficiarios de la ayuda social. Es en la intersección entre estos dos vectores -cuyos sentidos y alcances son variables históricamente y en cada sociedad- en donde se encuentra el núcleo de la asistencia y a partir de allí se construyen los destinatarios por excelencia de lo que Castel define como lo social-asistencial. A partir de esta asociación entre incapacidad para el trabajo e inserción en la comunidad se erige también la distinción entre “buenos” y “malos” pobres; o pobres “merecedores” y no “merecedores” de asistencia.

Esta construcción social que define la asistencia como aquello que queda por fuera del trabajo, fundamenta también la existencia de regímenes institucionales diferenciados entre las intervenciones destinadas a la población pobre y dependiente; y las políticas de protección social para los trabajadores. En este sentido consideramos que cada política o programa social supone de manera explícita o implícita tanto la definición de un sujeto de la intervención como una concepción del trabajo y del sujeto del trabajo, es decir “de quien es el que está obligado a vivir de su trabajo, qué reconocimientos recibe por eso, qué obligaciones y qué derechos le asisten o de qué asistencia queda excluido o hasta o desde qué momento de la vida” (Grassi, 2011)[28].

Este esquema de clasificación y de organización institucional entre asistencia a los pobres y seguridad social a los trabajadores, se pone en tensión frente a las situaciones de quienes siendo aptos para el trabajo por diversas circunstancias no lo hacen, o no pueden hacerlo[29]. Al respecto, Castel (1997) plantea que históricamente la figura del “mendigo valido” revela una contradicción insoluble y que se agudiza en nuestros días, vinculada con la necesidad de sostener a aquellos que no trabajan, porque el mercado laboral no precisa de sus capacidades[30]. Aquí el autor plantea una pregunta central para la política social asistencial: ¿cómo convertir al solicitante de ayuda en un productor de su propia existencia? La respuesta a este interrogante no puede pensarse en clave asistencial, sino que se vincula con el registro del trabajo. Considerando el problema del reconocimiento y la estigmatización que supone el hecho de recibir asistencia en una sociedad cuyo organizador es el trabajo, a esta primera pregunta podemos agregar otra cuestión fundamental, vinculada con la posibilidad de constituir al sujeto asistido por la colectividad en un miembro pleno y valioso/ reconocido para la sociedad. Esta respuesta excede el ámbito del trabajo y se vincula con los procesos político-culturales de construcción de sentidos e identidades sociales.

Asistencia y Seguridad Social en Argentina

¿Cómo se constituyeron y qué características tienen los regímenes institucionales de la asistencia y la seguridad social en Argentina? Históricamente, las políticas asistenciales en nuestro país estuvieron separadas de las políticas sociales de protección de los trabajadores.

A partir de la experiencia política del peronismo (1943-1955) se fue conformando una configuración estatal que promovió una fuerte intervención en la economía y que sostuvo su legitimidad en base a la expansión de la seguridad social y los derechos sociales, sentando las bases de la dinámica que nutrió la fase expansiva del Estado Social en la Argentina. Grassi, Hintze y Neufeld (1994) explican que éste se conformó incorporando componentes corporativos meritocráticos, cuyo acceso estaba condicionado por la posesión de un empleo formal, e instituciones con una cobertura universal, fundamentalmente en el sector educación y en menor medida en salud[31].El Estado de bienestar busca a traves del salario directo e indirecto cubrir una porcion mayor del costo de la reproducción de la fuerza de trabajo. Dentro de este esquema, el régimen de protección social de los trabajadores, cuyos principales programas fueron la previsión social, las obras sociales y las asignaciones familiares (Lo Vuolo y Barbeito, 1998), se diferenciaba de la asistencia social, destinada a grupos vulnerables, y constituida como una estrategia residual frente al relativamente amplio desarrollo de los derechos atados al trabajo[32].

Excepto en el período 1945-1955, cuando la política de asistencia social fue más indiferencia respecto de quién/es eran sus legítimos destinatarios, la asistencia social en nuestro país ha estado reservada a quienes eran considerados vulnerables por no encontrarse en condiciones trabajar (los discapacitados, ancianos, etc.) o al binomio madre-hijo como una unidad natural.

La vulnerabilidad por la situación de desempleo y la asistencia social a esta población, es relativamente novedosa y acompañó a las políticas de ajuste estructural implementadas en la década de 1990. Es en ese entonces cuando el “pobre por desocupación” ingresa a la esfera de lo social-asistencial y deviene en un destinatario legítimo de este tipo de intervención estatal, que a su vez, produce un efecto de homologación o equiparación del desempleo con la incapacidad. Recientemente, con la implementación del Programa de Inclusión Previsional en el año 2005 y la Asignación Universal por Hijo para Protección Social en el 2009, se rompe en parte con la lógica de funcionamiento que históricamente estructuró el acceso al sistema de seguridad Social en Argentina. El Plan de Inclusión Previsional permitió, a través de una moratoria, que las personas en edad jubilatoria que carecían de los años de aportes formales necesarios o nunca los habían realizado, pudieran acceder a una prestación previsional. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo creó un subsistema no contributivo de asignaciones familiares destinado a trabajadores desocupados e informales con hijos menores de edad a cargo. Ambas políticas, al incorporar a estas poblaciones a la seguridad social, reconocen el trabajo (pasado o presente) y habilitan el derecho “por sobre la condición y las relaciones en las que éste [el trabajo] se haya realizado o se realice. Es decir que, formalmente, retiran a esta población del lugar de la vulnerabilidad como justificación del derecho y la ponen en el espacio (en sentido figurado) del trabajo” (Grassi, 2012: 6).

A pesar de las transformaciones mencionadas, esta característica de las políticas sociales argentinas, que distingue diferentes regímenes institucionales y delimita una población definida como vulnerable que queda excluida del ámbito de intervención estatal propio de la seguridad social para los trabajadores, se mantiene relativamente vigente. Concretamente, esta organización de la política social se expresa en la existencia de Ministerios específicos, cuyas funciones se orientan, por un lado, hacia la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad social y pobreza en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social[33]; y, por otro, a la regulación de las relaciones laborales y la protección social de los trabajadores, radicada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Tal como describe Grassi (2012: 3), el actual Ministerio de Desarrollo Social es

la última forma institucional que tomaron las políticas de focalización en la pobreza de los años 90. Inicialmente, estos planes y programas de inspiración neoliberal se instrumentaron a través de la creación, en 1994, de una Secretaría de Desarrollo Social dependiente de Presidencia de la Nación, que puso en marcha un “Segundo Plan Social” y paulatinamente quitó trascendencia en esta materia al Ministerio de Salud y Acción Social. Al final de la década (en 1999) y con nuevo gobierno, la Secretaría fue transformada en el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente[34] Ley 25.233 del 10/12/1999, nueva Ley de Ministerios”.

De acuerdo al artículo 23 bis de la Ley 22.520, las competencias del Ministerio de Desarrollo Social refieren a “todo lo que hace al desarrollo social de las personas, las familias y las comunidades del país en un marco de derechos y equidad territorial, articulando intersectorialmente y con otras jurisdicciones provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires las acciones ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad social […]”.

A partir del año 2003, la política social del Ministerio de Desarrollo Social se reestructuró[35] y redefinió sus principales líneas de intervención enfatizando el carácter promocional de las políticas sociales y en consonancia con un discurso oficial que puso en el centro al trabajo, comenzó a implementar programas de generación de trabajo asociativo y autogestionado, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social. En este sentido, la mencionada ley establece como competencia de este Ministerio los siguientes objetivos, vinculados con la promoción y el fortalecimiento de la Economía Social:

17. Elaborar planes y programas de capacitación vinculados con la política social en estricta relación con la Economía Social y oficios y saberes populares en el ámbito de su Competencia. […] 21. Entender en la formulación de políticas tendientes al fortalecimiento de la economía social y en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas de microcréditos. 22. Entender en las acciones que promuevan el desarrollo humano mediante la promoción de actividades productivas y de comercialización en zonas rurales y urbanas. 24. Entender en la elaboración, aplicación, ejecución, superintendencia, control y fiscalización de los regímenes de mutualidades y de las entidades cooperativas. […] 34. Administrar el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social en el ámbito de su competencia (Ley 22.520, énfasis nuestro).

Por su parte, la agencia que administra la seguridad social, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuyas funciones principales de acuerdo al Decreto Nº 355/02, son proponer, diseñar, elaborar, administrar y fiscalizar las políticas para todas las áreas del trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y la seguridad social.

A partir del 2003, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también implementó diversos programas de autoempleo y el Programa de Trabajo Autogestionado como una estrategia secundaria de promoción del empleo de trabajadores desocupados que no pudieran ser absorbidos por la ocupación generada como resultado de una estrategia económica que fomentaba el crecimiento con empleo[36]. De esta división de objetivos, destinatarios y funciones ministeriales se infiere que el sujeto de la seguridad social es el trabajador formal, diferente al sujeto necesitado de la asistencia que es definido por su condición de vulnerabilidad. La concepción neoliberal dio lugar a un nuevo sentido de la vulnerabilidad, a partir de la extensión de esta condición a los sujetos que se encontraban excluidos del mercado de trabajo, pero eran autoválidos. Esta situación va a connotar principalmente la asistencia social desde la década de 1990, cuyo sujeto es “el pobre por desocupación” (Grassi, 2012).

La particularidad de las experiencias laborales asociativas y autogestionadas que estudiamos en esta tesis, radica en el hecho de que sus destinatarios no se caracterizan por su incapacidad para el trabajo, sino por sus dificultades de inserción laboral. Por el contrario, se trata de sujetos autoválidos, que no solo se encuentran en condiciones de trabajar, sino que deben cumplir con esta exigencia como condición de acceso a un ingreso mensual que, desde esta lógica de política social, no se presenta como un subsidio sino como la retribución por el trabajo realizado.

A pesar de que no se trata de la tradicional población asistida por estar incapacitada para trabajar, ni tampoco de las intervenciones asistenciales para los pobres por desocupación, estos programas son implementados en su mayoría desde el Ministerio de Desarrollo Social y en el caso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, forman parte de una estrategia de intervención de menor relevancia orientada a desempleados o personas con una inserción laboral precaria.

De este particular carácter de las políticas sociales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado, emerge la mencionada tensión entre trabajo y asistencia que existe en el desarrollo de la Economía Social en la Argentina. Como veremos a lo largo de la tesis, esta situación restringe, a su vez, las posibilidades de reconocimiento y participación social, económica y política en igualdad de condiciones que el conjunto de la población trabajadora a quienes realizan su trabajo y reproducen su vida a través de experiencias laborales asociativas y autogestionadas[37].

A modo de conclusión: claves para analizar las experiencias laborales asociativas y autogestionadas objeto de esta tesis

El objetivo de este capítulo fue presentar el enfoque teórico y las principales herramientas conceptuales a partir de las cuales abordamos el problema objeto de esta investigación.

Los aportes de la teoría de la política social presentados en el primer punto, nos permiten comprender las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado como un tipo particular de intervenciones sociales del Estado. Como tales participan en la regulación de las formas de integración social y en la modulación de las desigualdades, a partir de la asignación de recursos y responsabilidades diferenciales entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad.

Las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado pueden definirse tanto como políticas sociales, porque su objeto es la reproducción de la vida de distintos grupos sociales, como también como políticas económicas, dado que intervienen en la distribución primaria del ingreso y la intervención en las condiciones de reproducción de la vida se realiza a través de prestaciones típicamente económicas (como subsidios o créditos) que estimulan la producción para el mercado (Abramovich, 2007).

Estas políticas forman parte de un particular modo de acumulación y de reproducción de la vida, actuando indirectamente sobre las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo (Cortes y Marshall, 1991) y “modificando las posibles estrategias de acumulación de las empresas a partir de promover la existencia en el mercado de nuevos productores que participan en condiciones de menor poder relativo” (Abramovich, 2007: 18). Por ello, los programas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado tensionan la tradicional distinción entre políticas sociales, laborales y económicas.

El análisis de estos programas exige, entonces, la construcción de nuevos marcos conceptuales que, desde una perspectiva relacional, pongan el foco en las interacciones que se producen entre Estado, organizaciones sociales y emprendimientos asociativos y autogestionados, así como también en las formas de articulación de estas unidades productivas con el mercado, considerando tanto las relaciones de socialidad secundaria, como aquellos lazos que se tejen por encima y por debajo de dicha socialidad con los próximos, a partir de relaciones personalizadas, orientadas por el principio de reciprocidad (Caillé, 1995).

Esta mirada supone una definición sustantiva de la economía, que -en contraposición con la versión neoclásica- la entiende como el proceso de institucionalización de formas de producción, distribución y consumo para la reproducción ampliada de la vida social. Esta reconceptualización de la economía como una esfera inescindible de lo social y lo político, nos lleva a pensar las experiencias laborales asociativas y autogestionadas como prácticas vinculadas con un proyecto de constitución de una nueva forma de organización social que implica una consideración del sujeto del trabajo como persona y no como factor de la producción.

A pesar de la novedad que presentan las políticas de promoción de trabajo asociativo y autogestionado, cuyo horizonte es la generación de trabajo en el marco de la Economía Social, como planteamos en el punto 3, éstas son implementadas desde una agencia estatal históricamente vinculada con la asistencia social a la pobreza y más recientemente a la pobreza por desempleo. Por ello, a pesar de los esfuerzos discursivos y la propuesta de novedosas estrategias de intervención –como la creación de cooperativas de trabajo o la construcción de herramientas de financiamiento y apoyo a la producción alternativas-, que analizaremos detenidamente en los siguientes capítulos, las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado no logran desmarcarse completamente del sesgo asistencial que persiste en la definición de la población objetivo como un sujeto vulnerable y que, como veremos, interviene en las prácticas de los actores que participan en la implementación de los programas, en las formas de participación económica, en los desiguales modos de reconocimiento social y acceso a derechos de esta categoría de trabajadores, en la débil institucionalidad del trabajo autogestionado y en la construcción de lazos sociales entre pares y con la comunidad.

Esta tensión entre generación de trabajo y asistencia social al desempleo que atraviesa el desarrollo de estas particulares experiencias laborales promovidas por la política social de Economía Social, nos lleva a observar las luchas cotidianas por el reconocimiento institucional y cultural (Honneth, 1997) del trabajo autogestionado como una forma de producción económica alternativa.

Tal como plantean De Sousa Santos y Rodriguez (2011: 35), la viabilidad de estas opciones depende en buena medida de que puedan sobrevivir en el corto y mediano plazo en el contexto del dominio del capitalismo, por ello es necesario prestar atención tanto a su factibilidad como al potencial emancipatorio que representan.

Las diversas perspectivas de la Economía Social y Solidaria presentadas, nos brindan un marco para el análisis y la comprensión de lo que estas experiencias pueden ser y las dificultades a las que se enfrentan. Las diversas propuestas marcan normativamente una direccionalidad hacia la cual es posible orientar el desarrollo de estas formas de producción no capitalistas promovidas por las políticas sociales. Este horizonte de sentido se vincula con el desarrollo de estructuras productivas, diferentes a la lógica del capital que sean capaces de auto-sustentarse y puedan fortalecer los rasgos distintivos de las experiencias de generación de trabajo e ingresos de la economía popular, creando nuevas relaciones sociales basadas en la cooperación, la reciprocidad, la solidaridad, fundadas en la reproducción ampliada de la vida de todos y en la revalorización de las capacidades humanas degradadas por el mercado.

Desde esta perspectiva, no se trata simplemente de “incluir” a quienes se encuentran excluidos del mercado de empleo por medio de un trabajo a cualquier precio y en cualquier condición, tal como promovieron las políticas de asistencia social al desempleo en la década de hegemonía neoliberal (Grassi, 2003), sino de construir “otra economía” centrada en el trabajo digno y sin explotación. Cuando hablamos de “otra economía” nos referimos a prácticas sociales y formas de producción económica que contrarresten los rasgos negativos del sistema capitalista, tales como la producción sistemática de desigualdades de recursos y de poder que genera la separación entre capital y trabajo y la privatización de los bienes públicos, las relaciones de competencia del mercado capitalista que suponen formas de sociabilidad empobrecidas orientadas por el beneficio personal y la explotación y destrucción de los recursos naturales (De Sousa Santos y Rodriguez, 2011).

La conceptualización de las experiencias potencialmente constitutivas de la Economía Social que compartimos con Hintze y Vázquez (2011) resulta útil para pensar los procesos de desarrollo y consolidación de iniciativas laborales asociativas y autogestionadas. A partir de delimitar las características esenciales de este tipo de emprendimientos, pudimos analizar en qué medida se dan cada una de ellas en el caso de las experiencias de trabajo promovidas por las políticas sociales de Economía Social en nuestro país. Como veremos en profundidad en los distintos capítulos, en algunos casos las unidades productivas pueden ser definidas por su carácter asociativo, pero en su desarrollo no existe una práctica de autogestión genuina. En otros, existe una experiencia de autoempleo o de autogestión del trabajo, pero la construcción de la asociatividad se ve obstaculizada por el individualismo y la competencia que impera en el mercado. También encontramos ambos rasgos –asociatividad y autogestión- pero no completamente consolidados o casos en los que ambos efectivamente confluyen y –más allá de las dificultades que encuentran para su sostenimiento- su sentido y sus prácticas se orientan hacia el horizonte de una Economía Social, centrada en el trabajo y cuya finalidad es la reproducción ampliada de la vida.

Por ello, proponemos un análisis que pueda subrayar y evaluar el potencial emancipatorio de estas experiencias, desde una perspectiva que contribuya a visibilizar y tornar creíbles estas alternativas, sin renunciar a analizarlas de forma rigurosa y crítica, a fin de fortalecer y mejorar su desarrollo (De Sousa Santos y Rodriguez, 2011).

Queremos señalar que, si bien tomamos los aportes y debates de las conceptualizaciones acerca de la Economía Social, sabemos que estas propuestas exceden el universo de estudio específico de esta tesis. El conjunto de experiencias de Economía Social es amplio y heterogéneo. Por ello las reflexiones y conclusiones a las que arribamos corresponden a un tipo particular de experiencias asociativas y autogestionadas, aquellas que se conforman a partir de la política social o que fueron promovidas y/o apoyadas por las mismas. Esta característica distintiva nos obliga a ser cautelosos en nuestras observaciones y tal como desarrollamos en este capítulo, a prestar atención a la particular relación entre política social y Economía Social y la tensión entre el uso del trabajo como medio de integración social y como recurso de la asistencia.

Finalmente, dado que nuestro objeto de estudio se despliega en la intersección entre el trabajo y la política social es central considerar el modo en que estas experiencias son interpeladas por discursos que provienen del campo de lo social-asistencial y de la esfera de la producción. Así mismo cobra relevancia el análisis del sentido que adquiere el hecho de ser una unidad laboral promovida por la política social en relación con las características de la iniciativa constituyente de cada experiencia de trabajo asociativo y autogestionado. En tal sentido resulta central observar las distintas intensidades que adquiere la promoción por parte de la política en las distintas etapas del ciclo productivo de las unidades laborales objeto de análisis.


  1. La cuestión social se nombró por primera vez en el siglo XIX dando cuenta del riesgo de destrucción de la sociedad liberal, debido a las nuevas tensiones generadas por la industrialización. Así emerge “lo social”, entendido como los sistemas de regulación (diferentes a los del mercado), instituidos para intentar llenar la brecha entre lo político y lo económico (Castel, 1997). En la Argentina, la “cuestión social” del siglo XIX abarcó los problemas resultantes de la conjunción de las altas tasas de inmigración y urbanización y el desarrollo de la industria moderna. Los problemas en las áreas de vivienda, salud pública y la criminalidad urbana fueron acompañados por el surgimiento de las primeras organizaciones obreras y las consecuentes muestras de un incipiente conflicto social. Esta “cuestión social” fue interpretada como un elemento clave en las transformaciones políticas e ideológicas que ocurrieron en la Argentina durante la primera década del siglo XX (Zimmerman, 1992).
  2. Las políticas sociales no son las únicas intervenciones sociales del Estado, por ejemplo, las políticas laborales también lo son, aunque operen directamente en la regulación de la relación capital-trabajo (Cortés y Marshall, 1993).
  3. “Aunque la virtualidad ambos desconocimientos es intrínseca al capitalismo, las formas que ellos adopten dependen de las condiciones históricas específicas, y se dirime en el curso de la lucha social” (Danani, 2004: 16).
  4. Estas formas de articulación marcan también el grado de familiarización o desfamiliarización de la satisfacción de las necesidades sociales (Martínez Franzoni, 2008).
  5. Al respecto cabe recordar la tesis propuesta por Topalov (1979: 71) acerca de la función del trabajo doméstico en el modo de producción capitalista y las contradicciones que éste engendra. Para el autor, “el trabajo doméstico es una forma de producción privada de valores de uso que no tienen valor de cambio, que no son mercancías. Permite, por lo tanto, satisfacer una parte de las exigencias objetivas de la reproducción, sin la mediación de la mercancía: disminuye, como consecuencia, la cantidad de mercancías necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo, y por consiguiente, su valor de cambio”.
  6. Respecto de los efectos de esta forma de resolución de las necesidades, podemos plantear que ésta no debilita necesariamente la capacidad de resistencia a la explotación y a la subordinación de los trabajadores, pero su lógica (contrapuesta a las luchas colectivas) puede contribuir a la definición del problema de la reproducción de la vida como un problema individual/privado (Danani, 2004).
  7. Esta posibilidad de escapar parcial o temporalmente del dominio del capital fortalece la capacidad de lucha de los trabajadores (Topalov, 1989; Esping Andersen, 1993), aunque al mismo tiempo, las políticas sociales han sido promovidas por el propio capital, debido a que éstas contribuyen al abaratamiento de la fuerza de trabajo y al desplazamiento de una parte de la lucha de clases al “ámbito del Estado” (Danani, 2004).
  8. Una sociedad de castas, por ejemplo, puede ser una sociedad completamente integrada, pero no por ello es igualitaria.
  9. Estas disputas pueden advertirse en políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo o aquellas referidas a la integración y al reconocimiento de derechos de los extranjeros
  10. Del mismo modo, el proceso histórico de individuación social se produce simultáneamente con la expansión de las relaciones de reconocimiento recíproco (Honnet, 1997).
  11. Para un análisis histórico de la Economía Social ver los artículos contenidos en (Vuotto, 2003). También se puede consultar (Monzón y Defourny, 2000).
  12. También en Europa existen debates e interesantes propuestas en torno a la Economía Social, que no desconocemos. A pesar de ello, en esta tesis, privilegiamos la perspectiva latinoamericana, que es la que más claramente orienta las discusiones y propuestas acerca de la promoción de la Economía Social en Argentina.
  13. En cuanto a la cuestión de la redistribución del ingreso, es interesante la propuesta del ingreso ciudadano, pensada como un complemento de la Economía Social. Al respecto ver: (Lo Vuolo, et.al, 1995).
  14. También el hábitat y la naturaleza.
  15. Para una discusión acerca de la política social, las necesidades sociales y el principio de igualdad ver Grassi, 2007.
  16. “Las disposiciones de las autoridades y los me­canismos de redistribución en sociedades tribales o el Estado de Bienestar moderno son formas de esta institucionalización” (Coraggio, 2011: 252).
  17. Caillé retoma aquí y reelabora los aportes realizados por Marcel Mauss acerca del don.
  18. Este riesgo o esta tensión es observada también en el caso de las empresas recuperadas en la Argentina (Rebón, 2007), esto reafirma la idea de que más allá de que se trata de un universo heterogéneo, los distintos emprendimientos tienen potencialidades y dificultades en común. Por ello es necesaria la construcción de una identidad colectiva, de un sujeto social y político.
  19. Distintas conceptualizaciones de la economía informal fueron presentadas por Portes, 1984; Tokman, 2001; De Soto, 1987, entre otros.
  20. “El término se difundió a principios del siglo XX, ligado con los análisis del economista Joseph Shumpeter acerca de las condiciones para lograr la prosperidad del capitalismo. Según sus estudios, el centro de un sistema económico son los emprendedores, cuyas iniciativas permiten el crecimiento del conjunto de la sociedad” (Rodríguez y Ciolli, 2011: 33).
  21. Los principales programas de promoción del autoempleo implementados entre los años 2003 y 2011 fueron el Programa de Inserción Laboral (PIL) (línea autoempleo) y el Programa Herramientas por Trabajo. Asimismo, el Seguro por Desempleo y el Seguro de Capacitación y Empleo incluyen la opción del autoempleo, a partir del otorgamiento de la totalidad de las cuotas de dicho seguro en un solo pago para iniciar un emprendimiento. En el año 2012, el PIL autoempleo y el Programa Herramientas por Trabajo fueron reconvertidos en la línea de empleo independiente gestionada por el MTESS.
  22. Para el caso de la Tipología 6 del PJJHD que tenía como requisito de acceso la asociatividad (reconvertido en el Programa Herramientas por Trabajo), “alrededor de dos tercios de los microemprendimientos visitados estaba integrado por tres personas” (SIEMPRO, 2005: 9). Los emprendimientos de destinatarios del Programa PIL-Autoempleo (programa que no establecía la asociatividad como requisito de acceso), son en su mayoría individuales (Cogliati, 2008).
  23. “Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los socialistas utópicos, idearon y ensayaron experiencias que ligaban prácticas laborales con modos de vida comunitaria y principios morales, humanitarios, igualitarios y solidarios” (Rodríguez y Ciolli, 2011: 29). En distintos momentos históricos la autogestión se identificó con formas de organización productiva diversas, tales como los falansterios, las experiencias de la Comuna de París, los soviets en la Revolución Rusa, como parte de propuestas anarquistas y como formas de organización del trabajo agrícola rural o en experiencias productivas en el espacio urbano (Albuquerque, 2004).
  24. Este rasgo se encuentra presente también en la noción de autoempleo.
  25. Algunos autores (Monzón y Defourny, 2000) definen las cooperativas como el sector tradicional de la Economía Social y de más larga data y plantean que por su personalidad histórica, su presencia en todos los continentes, su arraigo en diversos colectivos sociales, su modo de funcionamiento y su reconocimiento jurídico, pueden considerarse las experiencias laborales centrales y genuinamente representativas de la Economía Social.
  26. “El “derecho a la dependencia” (normalizado como asistencia al inválido o la madre sola, domesticidad de las mujeres, educación para niños y jóvenes, jubilación o pensión para los adultos retirados del mercado) reconoce, […] una historia disputada en la que se constituyen tanto derechos como deberes e imposiciones”. Grassi, Estela. Autovalía y dependencia legítima en las políticas sociales de Argentina del segundo centenario (1910-2010). Programación Científica UBACyT 2011-2014. Código 20020100100195.
  27. Castel utiliza el concepto de desafiliación y no el de exclusión social, porque considera que el segundo es un concepto inmóvil que designa un estado o, más bien, estados de privación. Esta simple constatación de las carencias impide la visibilización y la comprensión de los procesos que las generan. “Hablar de desafiliación, en cambio, no es confirmar una ruptura, sino trazar un recorrido. El concepto pertenece al mismo campo semántico que la disociación, la descalificación o la invalidación social” (Castel, 1997: 17). Todos estos conceptos plantean la pregunta acerca de la relación que produce dicha desafiliación, descalificación, disociación o invalidación social, que es, justamente, la cuestión central que debe ser indagada. Esta formulación obliga a reinscribir los déficits de las trayectorias individuales o grupales, cuyo desenlace es la desafiliación, en dinámicas sociales más amplias y a buscar las relaciones que unen lo que sucede en la periferia con los procesos que provienen del centro.
  28. Grassi, Estela. Autovalía y dependencia legítima en las políticas sociales de Argentina del segundo centenario (1910-2010). Programación Científica UBACyT 2011-2014. Código 20020100100195. En este mismo proyecto se sostiene la hipótesis, según la cual “la obligación de trabajar (o la determinación de la autovalía del sujeto y de quién es el sujeto autoválido), y el derecho a la dependencia (o la especificación de quienes pueden, legítimamente, ser asistidos o sostenidos en su supervivencia por el trabajo de otros, directamente o por políticas o instituciones determinadas) se constituyen como configuraciones socio-políticas en los procesos políticos de problematización, discusión e institucionalización de políticas sociales. Se entiende por “autovalía” a la capacidad para vivir del propio trabajo, libre de dependencias y tutelas. La determinación de las condiciones de autovalía instaura, en el mismo acto, el no derecho a ser mantenido por el trabajo de otros”.
  29. Cabe señalar que esta división institucional no es forzosa, ya que la seguridad social puede comprender a la asistencia, tal es el caso del régimen institucional de Brasil.
  30. Como ya mencionamos, al respecto la intervención estatal tiene dos caras, la asistencia y el control y la represión de estas poblaciones.
  31. En términos de Lo Vuolo y Barbeito (1998) este régimen se constituyó como un híbrido institucional que incorporó elementos de los modelos de seguro social y del socialdemócrata.
  32. En el plano económico, la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, que había comenzado ya con la crisis del 30, fue el eje motor del desarrollo y permitió mantener un alto nivel de empleo y de consumo (Llach y Gerchunoff, 2000). Así se creó un “círculo virtuoso” entre el alto nivel de empleo y la amplia posibilidad de financiar el gasto público creciente, lo que permitió un proceso de redistribución del ingreso en favor de los sectores populares a partir de un modelo de desarrollo incluyente, apoyado en el pleno empleo, la industrialización por sustitución de importaciones y la seguridad social. El pleno empleo (masculino) fue asumido como una característica propia del proceso económico, por lo que no se contó históricamente con un seguro de desempleo. Así, el bienestar de la familia se alcanzaría por “efecto cascada” del trabajo formal asalariado del jefe de hogar (varón proveedor). Cabe recordar que en la Argentina siempre existió un amplio sector de trabajo informal y por cuenta propia que no accedía a estas protecciones. A pesar de ello, este modelo posibilitó un proceso de movilidad social ascendente de carácter tanto intra, como inter generacional y generó un crecimiento acelerado del empleo urbano provocando una expansión de la clase media autónoma, la clase media asalariada, y la clase obrera asalariada. Dadas las características de mercado de trabajo argentino esta situación se mantuvo por lo menos hasta mediados de los 70.
  33. Las funciones del actual Ministerio de Desarrollo Social estuvieron previamente asignadas al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública (1955); al Ministerio de Bienestar Social (1966); al Ministerio de Acción Social (1981) y al Ministerio de Salud y Acción Social (1983) (Grassi, 2012).
  34. En el año 2003, este Ministerio dejó de ser de Medio Ambiente, tomando la denominación de Ministerio de Desarrollo Social vigente.
  35. Esta reestructuración de la política social abarcó los programas de transferencia de ingresos a las familias y las políticas clásicas de asistencia a la población vulnerable por no poder trabajar, así como también algunas líneas de promoción y desarrollo comunitario.
  36. El proceso de surgimiento, ampliación y desarrollo de las políticas de promoción de trabajo asociativo y autogestionado se describe y analiza en profundidad en el Capítulo 2 de esta tesis.
  37. Como ya mencionamos, el carácter y los alcances de dicha participación, la auto-atribución de identidades sociales, las relaciones que establecen los sujetos y grupos con el Estado y con el trabajo que realizan en el marco de estos programas dependen, al mismo tiempo, de las experiencias sociopolíticas y organizativas de los sujetos y grupos asociados.


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