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Introducción

A partir del año 2003, comenzó en la Argentina un proceso de reestructuración de las políticas sociales y de empleo, cuyo objetivo principal fue afrontar la crisis socioeconómica, expresada en los altísimos niveles de pobreza y desocupación[1], a través de la generación de trabajo genuino y de calidad (Tomada, 2006). Esta reestructuración estuvo acompañada de un discurso oficial que intentó diferenciarse de la política de gobiernos anteriores[2]. Sus argumentos hacían referencia al modelo neoliberal y sus medidas de ajuste estructural como causas de los problemas sociales; al mismo tiempo que denunciaban la focalización y el asistencialismo de las políticas destinadas a atenderlos.

En este marco, la política más novedosa –por su enfoque, metodología y objetivos– (Hintze, 2007) fue la implementación desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (PMO), cuyo propósito es “constituirse como un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local, destinado particularmente a los sectores de bajos recursos” (Res. MDS 1375/04). A partir de este Plan, la promoción de la Economía Social tomó un rol más relevante en tanto estrategia de abordaje de los problemas de desempleo y pobreza. El desarrollo de estas políticas socio-productivas, respondió y recuperó diversas experiencias asociativas que se venían desplegando desde distintos sectores sociales y que proponían soluciones parciales e improvisadas, pero originales a la crisis socioeconómica que había estallado en diciembre de 2001 (Abramovich, 2007).

Entre los años 2003 y 2011, se produjo un proceso de ampliación y consolidación de esta línea de políticas sociales, que implicó también cambios en la orientación y el sentido del fomento de la Economía Social en Argentina. Estas transformaciones que serán analizadas a los largo de esta tesis, expresan los resultados –siempre provisorios– de las disputas político-culturales entre distintos agentes (tanto gubernamentales, como de organizaciones sociales y políticas) por imponer el sentido de la Economía Social en la Argentina y la orientación de las intervenciones sociales del Estado destinadas a su promoción y desarrollo.

Algunos de los programas que surgieron y se fortalecieron en este proceso son ejecutados desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entre ellos, el Programa Trabajo Autogestionado (2003), el Programa de Inserción Laboral-línea autoempleo (2005) y el Programa Herramientas por Trabajo (2005), aunque como veremos más adelante, no todos ellos se encuentran orientados hacia la promoción de la asociatividad, ni plantean la Economía Social como horizonte de la intervención propuesta.

En el marco de la crisis económica mundial y en un contexto local de crecimiento económico más moderado que el que se había producido hasta el año 2006, sumado a la persistencia de altos índices de pobreza[3] y del problema del desempleo[4], en el año 2009, se lanzó desde el MDS el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, el cual -según el discurso oficial- profundizaría esta nueva línea de política social, vinculada con la generación de trabajo asociativo y autogestionado en el marco de la Economía Social, iniciada en el 2003.

El objetivo principal del Programa “Argentina Trabaja” es la “inclusión social a través del trabajo” y la promoción de la organización cooperativa (Res. MDS 3182/2009). Éste se implementa en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social y propuso la creación de 100.000 nuevos puestos de trabajo en cooperativas, en una primera etapa en la Provincia de Buenos Aires, que luego se fue ampliando gradualmente a todo el territorio nacional.

En el marco de estas políticas sociales, cuyo objetivo explícito es promover la integración social y económica de los sujetos destinatarios, surgieron y se fortalecieron unidades laborales muy diversas, que pueden ser consideradas como potenciales experiencias de Economía Social, entendida como una economía alternativa, centrada en el trabajo y cuyo objetivo es la reproducción ampliada de la vida[5] (Coraggio, 2004) y no la acumulación de capital.

Presentación del problema, objetivos e hipótesis de la investigación

En este contexto, el problema que aborda esta investigación[6] es en qué medida las formas laborales asociativas y autogestionadas promovidas por la política social de promoción de la Economía Social, alcanzan el objetivo que se proponen de integrar a los sujetos que en ellas participan a las condiciones socialmente aceptables y aceptadas de la vida social. Una dimensión de este problema que excede a nuestra investigación, pero que, sin embargo, es necesario considerar y respecto del cual podremos aportar algunos elementos para su reflexión, refiere a las preguntas acerca de cuándo, por qué y en qué medida las condiciones de algunos miembros y grupos sociales ponen en cuestión las posibilidades de existencia de una sociedad cohesionada, entendida como la nación o la comunidad política.

Entendemos la política social como la forma política o estatalizada de la cuestión social (Grassi, 2003). Éstas constituyen el modo en que la sociedad capitalista desafía la tensión de la estructura entre el principio moderno de la libertad e igualdad de los individuos y las desigualdades sociales, económicas y políticas reales (Fitoussi; Rosavallon, 1997; Grassi, 2003). Las políticas sociales son constitutivas del régimen social de acumulación e intervienen en las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales. Éstas operan fundamentalmente en la distribución secundaria del ingreso y cumplen una función reguladora de las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo (Danani, 1996; Cortes y Marshal, 1991). Estas intervenciones sociales del Estado no sólo participan en los procesos de reproducción social[7], sino que su función se vincula con el mantenimiento del orden. Históricamente las políticas sociales, en particular las de asistencia y seguridad social, han sido utilizadas para frenar la emergencia de protestas y conflicto social en situaciones de crisis (Cortes y Marshall, 1991: 23). La política social está inscrita como posibilidad y como necesidad en el interior del Estado capitalista. Ésta es el resultado del desarrollo histórico de las contradicciones entre capital y trabajo mediadas por la intervención del Estado (Fleury, 1997). Desde esta perspectiva, consideramos la política social no sólo como “un intento de corregir o compensar la desigualdad que produce el mercado en la distribución de los recursos, sino también como una intervención generadora y moduladora de la propia desigualdad” (Adelantado et a.l 1998: 141).

El objetivo de esta tesis es, por tanto, analizar el modo en que las unidades laborales promovidas por las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado, implementadas en la Argentina entre los años 2003 y 2011, realizan el objetivo que se proponen de integrar social y económicamente a las poblaciones a las que se dirigen, es decir de promover la participación de estos sujetos y grupos como miembros plenos del bienestar a través de los medios institucionales legítimos, que son el trabajo y las protecciones sociales.

En la Argentina, la cuestión de la integración social volvió a plantearse como problema a partir de la crisis socioeconómica y política de diciembre del año 2001, cuando los altos niveles de desempleo y pobreza y la desprotección que afectó a gran parte de la población trabajadora, pusieron en tela de juicio la posibilidad de mantener el orden y la cohesión social. Sin embargo, el problema se definió en términos de “la exclusión” de ciertos sectores o de determinados grupos y de la consiguiente necesidad de “su inclusión”.

En función de esta concepción del problema de la integración, fueron reestructurados los objetivos y estrategias de las políticas sociales y laborales, dando lugar a la emergencia de la promoción de la Economía Social como una nueva forma de lucha contra la pobreza y el desempleo, destinada a aquellas poblaciones que no podían (re)insertarse en el mercado de empleo formal, a pesar de un “modelo” económico que favorece el crecimiento de la producción y la demanda de trabajo.

Problematizando esta concepción, en esta tesis, entendemos la integración social como un problema que interpela a la sociedad como un todo, al modo en que un colectivo (una comunidad política, una Nación) se mantiene cohesionado. Es decir, que allí se comprende la situación de determinados grupos sociales, pero el problema no se restringe a ellos. Se trata además de un proceso inacabado, cuyos contenidos son contingentes y se construyen y disputan cotidianamente.

La cuestión de la integración social ha sido abordada desde la sociología clásica por Durkheim (1893), quien discutió las ideas economicistas de su época, según las cuales ésta se alcanzaría “naturalmente” a través de los intercambios en el mercado. Durkheim planteó el problema de la integración como un problema moral y encontró los mecanismos que garantizan la cohesión en la solidaridad orgánica derivada de las relaciones de interdependencia y cooperación impuestas por la división social del trabajo. A partir de este aporte, los estudios vinculados con esta problemática no pueden desconocer la relación entre integración, orden y trabajo.

Desde nuestra perspectiva de análisis, la integración social “refiere a la posibilidad de existencia de una unidad social autoidentificada” y a las formas o mecanismos de regulación social que viabilizan la cohesión, es decir las formas en que las sociedades –a través de las intervenciones del Estado- abordan la cuestión social (Grassi, 2006: 5).

Como ya mencionamos, este problema no puede ser pensado sin hacer referencia al trabajo, dado que éste se constituyó en un organizador central de las sociedades capitalistas modernas, tanto como forma fundamental de garantizar la subsistencia, como en tanto medio de reconocimiento social (Castel, 1997, 2004; Rosanvallon, 1995; Paugam, 2007). A su vez, desde fines del siglo XIX la ciudadanía y el acceso a derechos y protecciones sociales fueron construidos a partir del estatus de trabajador asalariado[8]. Por ello pensamos la integración social como atravesada y articulada por el trabajo.

Partiendo de esta conceptualización, para analizar el problema de las formas de integración social que promueven las unidades laborales impulsadas por las políticas sociales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado, distinguimos las siguientes dimensiones:

1) Dimensión económica: refiere al régimen de producción y de empleo predominante en la sociedad. En el caso que estamos analizando, tomamos en cuenta en qué medida y de qué modo las formas de trabajo asociativas y autogestionadas promovidas por las políticas socio-productivas participan en la economía nacional y hasta qué punto pueden constituirse en una alternativa laboral viable. Al nivel de las experiencias asociativas, la dimensión económica alude a la capacidad de generar recursos para la reproducción y expansión de las unidades laborales y para la reproducción de los hogares que de éstas dependen.

2) Dimensión política: alude a las formas de construcción de la ciudadanía y al resultado de las disputas por las formas y condiciones de participación en las decisiones sobre los cursos de acción en una nación; y el consiguiente acceso a derechos que ésta habilita (seguridad jurídica, social, etc.). No nos referimos únicamente a la política estatal o a las acciones que se desarrollan desde el Estado (sus planes y estrategias), sino que consideramos el conjunto de las luchas que despliegan agentes y grupos sociales por hacer valer sus puntos de vista e intereses. Esta dimensión se vincula, entonces, con la institucionalidad de las formas laborales asociativas y autogestionadas, es decir las regulaciones que marcan las condiciones que viabilizan u obstruyen el desarrollo de la Economía Social en la Argentina[9], considerando como parte de este proceso las formas de participación sociopolítica que se despliegan en el marco de estas experiencias laborales.

3) Dimensión cultural: refiere a los contenidos simbólicos y de sentido que los agentes atribuyen y/o producen en sus experiencias de trabajo y de participación. En el caso que nos ocupa, nos referimos principalmente a la atribución por las políticas sociales y a la producción por los sujetos de identidades colectivas y al reconocimiento que supone la participación en un colectivo.

4) Dimensión social: alude a la construcción de lazos sociales y relaciones de sociabilidad entre grupos sociales. Específicamente, explora la intensidad de los lazos, considerando que éstos implican distintas formas de protección y reconocimiento, y el tipo de vínculos que se construyen a partir de la participación en las unidades productivas asociativas. Aquí incluimos las relaciones de parentesco y entre pares en distintos ámbitos como el barrio, el trabajo y la militancia, y también con el Estado y el mercado.

Para pensar la constitución y la intensidad de los lazos sociales, retomamos parte de la clasificación que propone Paugam (2007) en su análisis de la relación entre pobreza y asistencia social, la cual se compone de los lazos de filiación y de participación electiva, vinculados con lo que Castel (1997) define como protecciones cercanas y con el reconocimiento afectivo familiar y de los próximos con los que se comparte la vida social y doméstica, el lazo de ciudadanía que otorga protección jurídica y está orientado por el principio de igualdad y el lazo de participación orgánica, referido a la protección y el reconocimiento, vinculados con el lugar que ocupa el individuo en la división del trabajo. A diferencia de la clasificación que propone Paugam (2007), optamos por distinguir los lazos de ciudadanía y de participación orgánica de la dimensión social de la integración para considerarlos como dimensiones específicas del problema planteado. Para nosotros el lazo de ciudadanía forma parte de lo que definimos como la dimensión política de la integración y el trabajo –o en términos de Paugam, el lazo de participación orgánica- es considerado el vector que hilvana al resto de las dimensiones de la integración social.

Estas cuatro dimensiones –económica, política, social y cultural- sólo pueden distinguirse analíticamente, ya que en la práctica concreta se encuentran interrelacionadas y el modo en que se configura cada una de ellas tiene implicancias en la definición (y redefinición) de las restantes. Desde esta perspectiva, el trabajo atraviesa estas dimensiones para dar forma a las condiciones y grados de integración social en un periodo y en un contexto determinado.

El problema planteado requiere un abordaje comprensivo que integra tres niveles de análisis. El primero, el de la política social, que indaga el rol e importancia de la promoción de estas formas de trabajo en la estrategia socioeconómica argentina luego de la caída del régimen de convertibilidad y analiza los alcances y límites de estos programas en su objetivo de promover la integración social y económica de los destinatarios. El segundo es el nivel de las unidades económicas, que describe y analiza las características socioeconómicas y productivas de las formas laborales promovidas por estas políticas y el modo en que éstas se vinculan con el Estado, el mercado y otras experiencias de Economía Social. Por último, el nivel de las prácticas sociales, que explora el modo en que los sujetos se relacionan con la política social y el trabajo autogestionado y los sentidos que éstos les atribuyen o producen a partir de estas experiencias e indaga acerca de las formas de participación sociopolítica que se desarrollan en el marco de estas experiencias de trabajo asociativo.

El análisis de cada uno de estos niveles y de sus interconexiones contribuyó a la construcción de una visión conjunta de los aspectos institucionales y del modo en que la política social toma forma en la interacción cotidiana de los distintos agentes que participan en el proceso de su implementación. Este enfoque permitió trascender el análisis de los programas sociales o de las experiencias laborales singulares para comprender la complejidad de la política social de promoción del trabajo asociativo y autogestionado como un proceso en su desarrollo histórico concreto.

Si bien el abordaje del problema planteado requiere la indagación de los alcances y resultados de los planes de promoción socio-productiva, nuestro objetivo no fue realizar una evaluación de las políticas sociales, sino reconstruir las diversas formas en las que éstas se ponen en práctica y contribuyen a construir formas de trabajo asociativas, analizar los sentidos que los distintos agentes construyen en torno al proceso de implementación de las mismas y al trabajo autogestionado, y las potencialidades y limitaciones que presentan para alcanzar el objetivo que se proponen de promover la integración social de los destinatarios.

En esta investigación partimos de la hipótesis, según la cual la estrategia de “inclusión social” a través de la participación en experiencias de trabajo asociativo y autogestionado, impulsada por el Gobierno Nacional a partir del año 2003, encuentra sus límites porque su enfoque no logra superar el sentido tradicional de la política social como asistencia a la pobreza y el desempleo. Por ello, si bien discursivamente se adjudica un rol relevante a la generación de estas nuevas formas laborales, estas políticas socio-productivas se desarrollan al margen de un marco legal adecuado y de una regulación eficiente de las condiciones de producción y comercialización, de protección y de seguridad de los productores. Esta situación restringe las posibilidades de reconocimiento y participación social, económica y política en igualdad de condiciones que el conjunto de la población trabajadora, aunque al mismo tiempo, el carácter y los alcances de dicha participación, dependen de las experiencias sociopolíticas y organizativas de cada grupo. Estas experiencias, son también determinantes de la auto-atribución de identidades colectivas y del tipo de relación que los sujetos y grupos establecen con el Estado y la política. Esta hipótesis general que orientó el análisis realizado, se irá desagregando en sus partes puntuales en los capítulos referidos a las distintas dimensiones del problema estudiado.

La estructura

El libro se organiza en 4 capítulos que desarrollan el argumento central y presentan los resultados de la investigación realizada. Previamente, exponemos la estrategia metodológica construida, la justificación de la selección de los referentes empíricos y las técnicas de análisis utilizadas.

En el capítulo 1 elaboramos una síntesis del enfoque teórico y desarrollamos los principales conceptos a partir de los cuales abordamos el problema objeto de estudio, entre ellos la idea de política social como proceso, la relación entre política social, asistencia, trabajo, e integración social y la definición de lo que entendemos por trabajo asociativo y autogestionado. Asimismo presentamos algunas discusiones sobre las formas de conceptualización de la Economía Social, principalmente en América Latina.

El capítulo 2, realiza una contextualización socio-histórica de la promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina, luego de la caída del régimen de convertibilidad, a fin de explorar su rol e importancia en la estrategia socioeconómica en el período estudiado. La hipótesis específica que orienta este recorrido es que el desarrollo y ampliación de los programas de promoción socio-productiva no estuvo acompañado de las necesarias transformaciones en los modos de regulación económica y de las condiciones de producción y comercialización de los emprendimientos asociativos y autogestionados, que viabilicen su sostenibilidad. El desarrollo de instituciones de regulación, promoción, articulación y fortalecimiento de estas formas laborales, impulsado fundamentalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, se orientó centralmente hacia personas y grupos en situación de vulnerabilidad social; por ello la construcción de la Economía Social en nuestro país emerge como un espacio heterogéneo para la “inclusión” de quienes han sido desplazados del mercado de trabajo.

El capítulo 3, indaga acerca de las potencialidades y limitaciones de la promoción de estas formas de trabajo, a partir del análisis del proceso de implementación de las distintas líneas del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” (subsidios, microcrédito y el Programas de Ingreso Social con Trabajo), implementado por el MDS y del Programa de Trabajo Autogestionado, del MTESS. La hipótesis de partida de este análisis es la siguiente: los límites de los programas socio-productivos derivan principalmente del rol secundario que adquirió la promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la estrategia socioeconómica y del carácter híbrido de estas políticas que se encuentran entre la promoción del trabajo asociativo como medio de integración social y el uso del trabajo como recurso de la asistencia. La potencialidad de estos programas depende de las experiencias de participación sociopolítica y organizativa de los destinatarios de los programas y de la articulación entre las experiencias laborales y los recursos que proveen los programas en el contexto local de implementación de las políticas.

Los capítulos 2 y 3 desarrollan el análisis de lo que conceptualizamos como las dimensiones económica y política de la integración social, y algunos aspectos de la dimensión social, que no pueden escindirse de los sentidos que construyen los sujetos y grupos en torno a su participación y pertenencia a las unidades laborales asociativas y autogestionadas promovidas por los programas socio-productivos y el trabajo que allí realizan.

Por ello, en el capítulo 4, exploramos en profundidad las dimensiones social y cultural de la integración, a partir de la descripción y análisis de las diversas modalidades asociativas y de la construcción de identidades laborales que se desarrollan en el marco de las unidades económicas promovidas por las políticas socio-productivas, considerando las observaciones realizadas en los capítulos anteriores y señalando las interrelaciones entre las distintas dimensiones del problema de la integración social estudiado. En este capítulo consideramos dos hipótesis. La primera plantea una relación entre las trayectorias ocupacionales y la experiencia de vida de los sujetos y los sentidos del trabajo que se construyen a partir de la participación en unidades laborales asociativas y autogestionadas. La segunda refiere a las políticas socio-productivas que, desde nuestra perspectiva, tienen un papel central en el sostenimiento de las experiencias de autogestión del trabajo, por eso participan en la construcción de las subjetividades de estos trabajadores.

Por último, presentamos las conclusiones de la investigación, las cuales recuperan y sintetizan el argumento de la tesis y los principales aportes y discusiones teóricas planteadas en cada capítulo, retomando las hipótesis de partida y reconstruyendo los hallazgos centrales en relación con las dimensiones económica, política, social y cultural (y sus interrelaciones) de las formas de integración que se despliegan en las unidades laborales asociativas y autogestionadas, promovidas por las políticas sociales implementadas en la Argentina en el periodo 2003-2011.

El enfoque teórico-metodológico. Procesos y momentos de la política social

Tal como planteamos en la introducción, el problema que aborda esta investigación es en qué medida las formas laborales asociativas y autogestionadas promovidas por los programas socio-productivos, alcanzan el objetivo que se proponen de integrar a los sujetos que en ellas participan, a las condiciones socialmente aceptables y aceptadas de la vida social. El objeto de esta tesis es, entonces, la vinculación entre las políticas sociales, la autogestión del trabajo y las formas de integración social que a partir de esta relación se construyen.

Para delinear nuestra estrategia metodológica, partimos de considerar las políticas sociales como procesos de construcción/determinación que incluyen tanto el nivel estructural de los procesos político-sociales como el de los sujetos y sus prácticas (Minteguiaga, 2003).

Siguiendo a Minteguiaga consideramos las distintas instancias de las políticas sociales como momentos, en tanto “dimensiones de la formación/realización de una política” (pp. 64). Estos momentos, que comprenden una multiplicidad de sucesos y situaciones en las que intervienen diversos agentes, prácticas y recursos, sólo pueden ser organizados y distinguidos analíticamente a fin de otorgar un sentido explicativo al orden construido por el investigador.

La noción de momentos se opone a la idea de fases o etapas (predominante en el análisis de políticas públicas[10]) que supone una escisión entre el diseño o elaboración de la política y la ejecución de la misma, atribuyendo a cada una de estas etapas una lógica de funcionamiento diferencial en la cual se considera a la primera como una fase política y a la segunda como una instancia meramente técnico-administrativa.

La distinción de momentos (como la definición del problema, el diseño, la implementación, etc.) resulta útil para el análisis de las políticas sociales en la medida en que no los concibamos como instancias autónomas. Los momentos son procesos interdependientes en los que las definiciones, decisiones y acciones que se producen en cada uno de ellos tienen efectos y transforman los restantes. Esta distinción tampoco implica la consideración de alguno de los momentos como más relevante o decisivo que los otros, ya que en todos ellos se realizan actividades y procedimientos de definición, decisión y ejecución, en los que se juegan, disputan y negocian intereses y hegemonía (Minteguiaga, 2003)[11].

De este modo, la noción de momentos “remite a una idea de totalidad que rompe con la sucesión estática y predeterminada de las fases y etapas, en la que pueden superponerse diversas acciones de formación. De esta manera reintegra la lógica histórico-temporal del proceso y sus sucesos y, a través de esta, las condiciones político-sociales de su producción” (Minteguiaga, 2003: 64). En el mismo sentido Danani (1996: 26, énfasis original) afirma que las políticas sociales deben mirarse “en su trayectoria global; esto es: como procesos que recorren diversos momentos y niveles y que involucran a distintos sujetos y agentes sociales”.

Desde esta perspectiva se discute el enfoque que analiza las políticas públicas a partir de una división tajante entre unidades y procesos intra-burocráticos y procesos que se situarían “por fuera” del Estado. En esta investigación, consideramos la política estatal como necesariamente inscripta en procesos sociales más amplios que exceden el aparato estatal y las instituciones públicas, en los que los distintos actores involucrados no cuentan con los mismos medios y recursos para imponer la direccionalidad y el sentido de las acciones.

En el análisis de las políticas sociales y en esta investigación en particular, cobra centralidad la dimensión cotidiana del proceso de desarrollo de los programas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado y la trama de relaciones que se tejen en las interacciones entre agencias estatales, organizaciones, referentes políticos o territoriales y sujetos destinatarios de los mismos.

La articulación del análisis estructural de la política social con la mirada del ámbito cotidiano permite dar cuenta de los conflictos, las contradicciones y tensiones propias de tal proceso. Es en el espacio de la vida diaria en donde se (re)producen, transforman y disputan los sentidos acerca del orden instituido. La idea de proceso permite observar el modo en que los problemas se van definiendo y redefiniendo en la práctica de acuerdo a la capacidad de movilización y representación de los agentes sociales intervinientes y los distintos intereses en juego (Minteguiaga, 2003).

Partiendo de esta conceptualización, consideramos que los efectos de las políticas sociales en general y de las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado en particular, sus potencialidades y limitaciones, se producen en la conjunción de las intervenciones y recursos que proveen los programas y los modos en que los sujetos, grupos y organizaciones sociales se apropian y transforman dichos recursos, a partir de sus experiencias de vida, su capacidad organizativa y los proyectos sociopolíticos colectivos que orientan sus prácticas. En este sentido, el análisis de este tipo de políticas no puede centrarse exclusivamente en el Estado, sino que requiere un enfoque relacional que se sitúe en la interacción entre la institución estatal y la sociedad civil (Hintze y Deux, 2007) o más precisamente como abordamos el problema de investigación en esta tesis, en las interacciones que se producen entre los distintos programas socio-productivos y agencias estatales y las organizaciones cooperativas y asociativas destinatarias de los mismos.

El abordaje del problema planteado no puede centrarse tampoco en el plano normativo de aquello que las políticas sociales deben ser, ni orientarse a evaluar las incongruencias entre su diseño, sus objetivos y los resultados efectivamente alcanzados. Desde nuestra perspectiva de análisis, se trata de comprender el proceso de la política de promoción de la Economía Social como un todo, que incluye tanto la formulación de los programas en el nivel gubernamental central, como las prácticas y relaciones entre agencias estatales y entre éstas y los propios destinatarios y actores sociales que participan en dicho proceso.

Del mismo modo, no pensamos la instancia de la formulación y diseño como el punto de surgimiento o de inicio de las políticas, sino como el resultado –provisorio- de las luchas por hacer visible y constituir como problemas ciertas cuestiones sociales. A partir de la formalización de los resultados de estas disputas en programas que intentan dar respuesta a los problemas, se despliega una trama de relaciones y articulaciones que hacen posible y dan formas concretas a los lineamientos de política social planteados desde el nivel central del Estado.

Históricamente, las definiciones de los problemas son disputadas por distintos grupos sociales y se van transformando en cada época[12]. Los problemas sociales son, por tanto, construcciones que “constituyen a las personas como sujetos con tipos particulares de aspiraciones, autoconceptos y miedos, y originan creencias sobre la importancia relativa [o la falta de importancia] de acontecimientos y objetos”. Por ello, “condiciones aceptadas como inevitables o no problemáticas pueden llegar a verse como problemas, y condiciones perjudiciales pueden no ser definidas en absoluto como cuestiones políticas” (Edelman, 1991: 20). Aquellas cuestiones que logran adquirir relevancia pública y llegan a constituirse como problemas son abordadas por las políticas sociales que recuperan e incorporan, a su vez, las prácticas y experiencias de los agentes que participan de las luchas por la definición de dichos problemas y las formas de intervención adecuadas para atenderlos.

Los términos en los que pretendemos abordar la relación entre política social, autogestión del trabajo y procesos de integración social, plantean una dificultad metodológica ¿cómo articular el nivel de análisis macro de la política de promoción del trabajo asociativo y autogestionado y la Economía Social como una totalidad con las formas concretas y los sentidos específicos que toman las diversas experiencias laborales promovidas por los programas de promoción socio-productiva, que nos permita dar cuenta de esta relación en toda su complejidad? ¿Cómo captar los momentos aludidos y sus interrelaciones?

Para dar respuesta a este desafío optamos por un abordaje socio-antropológico que permitió reflexionar acerca de las formas de interacción social que se producen a partir de las unidades productivas promovidas por las políticas sociales desde las situaciones de “encuentro” entre las intervenciones de los programas y las prácticas cotidianas de los trabajadores que integran estas unidades productivas. Estas formas de interacción y las relaciones que allí se producen ponen en acto el tipo de integración social que resulta de estas políticas que explícitamente se proponen ese objetivo.

Este enfoque permitió “mirar” la forma en que se construye la política social, tanto desde el lugar de su formalización, considerando sus objetivos y lineamientos, como a partir de las experiencias de las personas que participan en las unidades laborales y en la implementación de los programas (emprendedores, cooperativistas, referentes barriales, empleados del MDS, etc.), a través de indagar tanto el plano normativo, como las situaciones cotidianas de su puesta en funcionamiento por esos múltiples agentes. De este modo, pudimos establecer relaciones entre los discursos y prácticas de los distintos sujetos y evidenciar las articulaciones y mutuas implicancias entre los distintos momentos de la política social y las dimensiones –materiales y simbólicas- de las formas de integración social que habilita la participación en las experiencias laborales asociativas que estudiamos en esta tesis.

Bourdieu y Wacquant afirman que la realidad del mundo social es intrínsecamente doble y se expresa en la “objetividad de primer orden”, la cual especifica “la distribución de recursos materiales y medios de apropiación de bienes y valores socialmente escasos” y en la “objetividad de segundo orden” que refiere a “los sistemas de clasificación, los esquemas corporales y mentales que funcionan a manera de patrones simbólicos para las actividades prácticas –conductas, pensamientos, juicios- de los agentes sociales” (Bourdieu y Wacquant, 2005: 30-31, énfasis original). Desde la perspectiva de estos autores:

Primero, dejamos de lado las representaciones mundanas para construir las estructuras objetivas (espacios de posiciones), la distribución de recursos socialmente eficientes que definen las tensiones externas que se apoyan en las interacciones y representaciones. Segundo, reintroducimos la experiencia inmediata y vívida de los agentes con el fin de explicar las categorías de percepción y apreciación (disposiciones) que estructuran su acción desde el interior (pp.35).

Siguiendo las sugerencias teórico-metodológicas que proponen estos autores, en el caso que estamos estudiando, nos centramos, en primer lugar, en reconstruir a partir de datos cuali y cuantitativos elaborados a través del relevamiento y análisis documental (de normativas, informes, evaluaciones de los programas, estadísticas diversas y estudios especializados) el rol que se propone y el lugar que tiene la promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la estrategia socioeconómica argentina tras la caída del régimen de convertibilidad. Luego, indagamos algunos de los alcances y limitaciones de los programas socio-productivos en el objetivo de promover la integración social que se proponen, a partir de las evaluaciones, informes de gestión y auditorías de los mismos y la información proveniente de nuestras fuentes primarias (entrevistas y observaciones in situ). El análisis en profundidad de los casos seleccionados nos permitió conocer los modos de interacción que se generan en distintos momentos de la política social de fomento de la Economía Social. Asimismo, pudimos reconocer algunos de los efectos, resultados y condiciones en que estas interacciones se producen y las razones que pueden esgrimir los distintos agentes que participan del proceso de implementación de estos programas, principalmente los de sus destinatarios.

A partir de este análisis fue posible poner en evidencia algunos elementos del proceso de la política social y de la construcción del trabajo asociativo y autogestionado, que sólo es posible reconocer profundizando el estudio de las experiencias concretas, en detrimento de la generalización. Sin embargo, esto no le quita valor en su generalidad, porque el abordaje propuesto pretende describir y comprender los diversos elementos que intervienen en el proceso de implementación de los programas socio-productivos y en los resultados alcanzados, los cuales son producto de las múltiples interacciones que allí se despliegan y en los que las experiencias de los participantes juegan un rol central, aunque éstas sean infinitamente variables. Si bien la secuencia particular en cada caso es irrepetible, lo que intentamos construir son las relaciones y procesos de valor más general que articulan y explican los sucesos particulares y sus variaciones (Rockwell, 1987). Se trata, entonces, de analizar en la singularidad de cada experiencia, el contexto socialmente construido, en el que éstas se despliegan y a partir del cual cobran sentido.

A través de dicha reconstrucción pudimos dar cuenta del modo en que se realiza parte de la distribución de medios y recursos que permiten a los agentes fortalecer las unidades productivas autogestionadas y desarrollar un proyecto de expansión de la Economía Social. Nos referimos a los recursos en un sentido que excede a aquellos recursos materiales que provee la política social (subsidios, maquinaria, capacitación, etc.). Los entendemos como los medios a través de los cuales los actores emplean el poder y participan en el curso rutinario de la acción social (en este caso de las experiencias laborales promovidas por las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado) y pueden influir -en distinta medida- en los acontecimientos y las conductas de otros. Se trata de elementos estructurales de los sistemas sociales que son reconstituidos en la interacción social (Giddens, 1982). En términos de Bourdieu (1980) éstos son los capitales de distinto tipo –económico, social, cultural, simbólico, etc.- que poseen y ponen en juego los agentes en los distintos campos. Estos capitales se expresan, acumulan y disputan en la experiencia de sujetos y grupos destinatarios de los programas socio-productivos.

Luego de este primer paso metodológico, indagamos las disposiciones que estructuran las prácticas de los agentes que participan en emprendimientos promovidos por las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado. Mediante el trabajo de campo cualitativo documentamos las prácticas y experiencias cotidianas de los sujetos y los argumentos y razonamientos que éstos esgrimen para dar cuenta de ellas y explicarlas. A través de la observación de las prácticas y la interpretación de estos discursos buscamos detectar y comprender los sentidos que los sujetos construyen acerca del trabajo que realizan y las políticas de promoción de la Economía Social en las que participan.

La integración de estos dos momentos del análisis, intenta superar las perspectivas que pierden de vista las prácticas sociales, entendiendo a los destinatarios y actores que intervienen en el proceso de implementación de las políticas sociales como meros receptores o ejecutores de las mismas y aquellas miradas voluntaristas centradas en las prácticas sociales en el nivel micro, que desconocen los condicionamientos objetivos que constriñen las posibilidades de acción de los agentes.

Nuestra estrategia metodológica se centró, entonces, en explorar las mediaciones entre políticas y prácticas sociales, a fin de reconstruir la compleja vinculación entre los programas, la autogestión del trabajo, y la trama de relaciones que da forma concreta a los modos de integración social que se producen a partir de esa relación.

Comprender los sentidos que tienen o adquieren las experiencias laborales asociativas para los sujetos, exigió prestar atención a lo intersticial, a los desfasajes y las contradicciones internas de las prácticas en los distintos niveles institucionales: en las oficinas y agencias estatales tanto como en las cooperativas y emprendimientos laborales:

La relación a veces discordante entre lo formal y lo no formal es una de las fuentes más comunes del desconcierto para el investigador. Es en este punto inesperado, sin referencias teóricas ni coincidencias con la cultura del investigador, donde se producen los quiebres con lo familiar y lo conocido. Y es aquí donde se manifiesta antropológicamente el movimiento de desnaturalizar lo naturalizado, descotidianeizar lo cotidiano (Lins Ribeiro, 1998) o exotizar lo familiar (Da Matta, 1998). Es en el campo, donde esta perplejidad puede y debe ser alimentada, instalando el proceso cognitivo en las contradicciones, las rupturas y las interrupciones en la comunicación. (Guber, 2009: 76).

En síntesis, el abordaje socio-antropológico y el trabajo de campo prolongado, suministran un medio adecuado para encarar estas tareas que posibilitan el estudio de la política social en sus distintos momentos, a través de la comprensión de las conexiones entre el nivel macro del diseño y estructuración de los programas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado (sus aspectos político-institucionales), las prácticas de aquellos que participan en los emprendimientos promovidos por dichos programas y el modo en que estos distintos niveles en los que se “actúa” la política social contribuyen al desarrollo del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina[13].

El objeto de investigación y la selección de los referentes empíricos

El objeto empírico estudiado en esta investigación fue la política social de promoción del trabajo asociativo y autogestionado, implementada en Argentina entre los años 2003 y 2011.

El periodo delimitado comienza con la reestructuración de las políticas sociales y de empleo que llevó adelante el Gobierno Nacional a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia (2003-2007) hasta la finalización del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), cuya gestión continuó los lineamientos que se venían implementando hasta ese entonces. Se trata de un periodo en el que se ubicó al trabajo en el centro de las políticas públicas y en ese contexto se dio impulso a una estrategia de promoción del trabajo asociativo en el marco de la Economía Social, como forma de impulsar la autogeneración de ingresos destinada a poblaciones en situación de desempleo y/o pobreza. Dentro de este periodo, en el año 2009 se produjo una nueva reorientación de la política social, que se expresó también en una reorganización de las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado que serán analizadas en esta tesis.

Para abordar este objeto, la investigación integró tres niveles de análisis: 1) la política social, 2) las unidades productivas y 3) las prácticas sociales. El primero supuso la reconstrucción del proceso histórico de surgimiento y desarrollo de las intervenciones estatales de promoción del trabajo asociativo y autogestionado y de la Economía Social y su rol en la estrategia socioeconómica, luego de la caída del régimen de convertibilidad. Este nivel de análisis permitió una primera contextualización de las posibilidades y limitaciones del desarrollo de las unidades productivas autogestionadas en su objetivo de alcanzar la “inclusión social” de los destinatarios; potencialidades y límites que se vinculan con la particular forma que adquirió el desarrollo de la promoción de la Economía Social en la Argentina. Esta reconstrucción de la formalización de las políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado y de la trama institucional en la que éstas se desarrollan es una instancia ineludible para analizar cómo y dónde se insertan las unidades laborales de este tipo.

A partir de allí pudimos describir las características socioeconómicas y productivas de los emprendimientos y cooperativas y las relaciones que éstos establecen con los programas, organismos estatales y organizaciones sociales que las agrupan, lo cual corresponde a otro plano institucional, aunque de distinta formalidad. Por último, nos detuvimos en las prácticas de los agentes involucrados en el proceso de implementación de estas políticas, especialmente de sus destinatarios.

Cabe aclarar que en el proceso concreto de la investigación estos no fueron “pasos”, sino que se trata de la distinción analítica de los planos o niveles del objeto estudiado -la política de promoción del trabajo asociativo y autogestionado- entendida como proceso tal como lo desarrollamos en el punto 1.

Las unidades de análisis fueron, entonces, los programas de promoción socio-productiva (en el primer nivel), las cooperativas o emprendimientos promovidos por estas políticas (en el segundo) y los trabajadores que en ellas participan (en el tercer nivel de análisis). Siguiendo la conexión entre estos niveles, reconstruimos la unidad del objeto de estudio, en un grado mayor de complejidad.

A continuación, explicaremos los criterios de selección de los referentes empíricos concretos que tomamos.

Los programas analizados

Los programas socio-productivos seleccionados fueron aquellos implementados a nivel Nacional durante el periodo 2003-2011, cuyo objetivo fuera integrar social y económicamente a los destinatarios por medio de la promoción y apoyo de experiencias de trabajo asociativo y autogestionado. Asimismo, éstos debían hacer referencia a la Economía Social como marco y horizonte de la intervención propuesta.

Concretamente, escogimos el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social, del cual tomamos todas sus líneas: subsidios, microcrédito y a partir del año 2009, el Programa de Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”; y el Programa de Trabajo Autogestionado, implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual surgió para apoyar las experiencias de recuperación de empresas que se estaban dando en el país desde mediados de la década del 90 y luego amplió su cobertura a otras cooperativas autogestionadas que se encontraran atravesando situaciones de empleo críticas.

En el proyecto inicial de nuestra investigación propusimos analizar solamente el Plan “Manos a la Obra”, pero a medida que fuimos relevando distintos documentos, tales como su normativa, las evaluaciones, informes y otros estudios académicos acerca del mismo, consideramos que para comprender el proceso de construcción estatal de la Economía Social, sus alcances, límites y los sentidos de la “inclusión” por el trabajo asociativo que la política social del periodo mencionado promueve, era necesario ampliar esta primera selección, a partir de la incorporación de otros programas, implementados también desde el Ministerio de Trabajo. De este mismo modo, una vez avanzado el trabajo de campo y a partir de lo que definimos como el proceso de reorientación de la política social en el año 2009, que incluyó como objetivo la promoción del trabajo asociativo y autogestionado, consideramos relevante incorporar el Programa de Ingreso Social con Trabajo.

En cuanto al Plan “Manos a la Obra”, dada la relevancia que adquirió al momento de su lanzamiento en tanto nueva estrategia de abordaje de los problemas de desempleo y pobreza impulsada por el MDS y por el amplio alcance que éste tuvo, su análisis resultaba fundamental, ya que se trata de la principal política de promoción de la Economía Social en Argentina, en el periodo estudiado.

Además, considerando que la hipótesis general que orienta nuestra investigación plantea que la estrategia de “inclusión social” a través de la participación en experiencias de trabajo asociativo y autogestionado encuentra sus límites, porque su enfoque no logra superar el sentido tradicional de la política social como asistencia a la pobreza y el desempleo, su incorporación como referente empírico abría un espacio privilegiado para indagar las tensiones que emergen de un Plan que se propone explícitamente fomentar la “inclusión” a través de la generación de trabajo, pero sus destinatarios son definidos como los clásicos sujetos de la asistencia social, es decir aquellas personas en situación de pobreza, desempleo y/o vulnerabilidad. Como veremos a lo largo del análisis realizado, la incorporación del Programa de Ingreso Social con Trabajo que expresa la profundización de la estrategia de promoción de la Economía Social desde la política social del MDS, permitió indagar las contradicciones derivadas de esta tensión en un contexto en el que éstas resultan más evidentes.

En cuanto al Programa de Trabajo Autogestionado, se trata del único plan vinculado explícitamente con el apoyo a estas formas laborales que es implementado por el MTESS. Su elección se vincula con el interés por indagar acerca de las diferencias y similitudes entre programas del MDS, cuya tradición histórica se relaciona con la asistencia a la pobreza, y el MTESS, cuyo objetivo principal es la regulación de la relación entre capital y trabajo y sus intervenciones definen al sujeto destinatario como trabajadores.

La consideración de estos diferentes programas nos brindó elementos para reflexionar acerca de qué significa ser una unidad productiva promovida por la política social, a partir de experiencias en las que las características de la iniciativa constituyente de cada unidad laboral son heterogéneas. Por ello, como veremos en el próximo punto, al momento de seleccionar las unidades productivas, buscamos referentes empíricos cuyas características fueran lo más diversas posibles, respecto de las circunstancias de acceso a los programas socio-productivos y a las motivaciones para la conformación de la unidad productiva autogestionada.

En este sentido, el caso del Programa de Trabajo Autogestionado, por un lado, brinda un interesante ejemplo, dado que un componente significativo de los destinatarios son empresas nacidas por iniciativas autónomas de los trabajadores, como son los casos de muchas fábricas recuperadas y de las cooperativas autogestionadas destinatarias de este Programa[14]. Por otro, el Programa de Ingreso Social con Trabajo, brinda el ejemplo de aquellas experiencias que definimos como de “asociatividad forzada” que se conformaron por la intervención de la política social, aunque en su desarrollo cada cooperativa toma formas muy diversas[15].

Si bien en una primera etapa de la investigación que tuvo como resultado nuestra tesis de Maestría (Hopp, 2010) incluimos el Programa Herramientas por Trabajo y el Programa de Inserción Laboral-Autoempleo del MTESS, las conclusiones a las que allí arribamos, nos llevaron a excluirlos de esta segunda selección, debido a que la intervención que proponen, no se vincula directamente con el fomento de la asociatividad y la Economía Social, sino que se encuentra orientada centralmente al apoyo del trabajo autónomo o el tradicional cuentapropismo[16].

Tampoco ignoramos que existen otros planes de promoción socio-productiva que se desarrollan a nivel provincial o municipal y que también el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Sociales (INAES) cuenta con líneas de apoyo a cooperativas[17], sin embargo consideramos que los programas seleccionados son los más significativos por su trascendencia política y el mayor alcance que tienen vinculado con los recursos de los que disponen y su extensión en todo el territorio nacional; lo cual permite analizar las disputas en torno a los sentidos del trabajo asociativo y autogestionado y de las formas de integración social que la política de promoción de la Economía Social promueve.

Las unidades productivas y el desarrollo del trabajo de campo

El criterio principal de selección de las unidades productivas estudiadas fue el carácter asociativo de las experiencias y la intensidad de las relaciones que éstas tuvieran con los programas y agencias de promoción socio-productiva. Como nuestro interés estaba puesto en explorar las relaciones que los sujetos y grupos establecen con estos programas, el modo en que éstas contribuyen a constituir la experiencia de la asociatividad y la autogestión del trabajo, los procesos de construcción de identidades laborales y los conflictos, tensiones y contradicciones que allí se producen, privilegiamos una estrategia orientada a conocer en profundidad un número reducido de experiencias con características diferentes, por sobre la posibilidad de abarcar un número mayor de emprendimientos más superficialmente, a través de la realización de encuestas o entrevistas a referentes o informantes clave.

Esta decisión supuso la consideración de la accesibilidad como una cuestión fundamental. La realización de un trabajo de campo con una duración prolongada, a través del cual pudiéramos conocer la compleja trama de relaciones que se despliegan en los emprendimientos, requirió de condiciones que permitieran establecer un vínculo de confianza con sus integrantes que posibilitara el acercamiento y la participación en las diversas actividades que llevan a cabo en relación con el trabajo y la gestión de recursos estatales provenientes de los programas estudiados.

Si bien es cierto que el campo de la Economía Social es amplio y las experiencias laborales apoyadas por las políticas de generación de trabajo asociativo son heterogéneas y no es posible generalizar conclusiones a partir de un pequeño número de casos, la decisión metodológica de realizar un estudio en profundidad de una cantidad acotada de experiencias, nos permitió acceder a la cotidianeidad de las unidades laborales y conocer la diversidad de miradas de todos sus integrantes, a partir de lo que Geertz (1992) define como la descripción densa de expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie[18]. Muchos estudios de las ciencias sociales centran su atención en el discurso de los referentes de este tipo de organizaciones cooperativas o emprendimientos asociativos, lo cual les permite acceder al discurso “dominante” dentro de esos grupos, es decir al modo en que ellos se muestran de manera homogénea frente a los otros –en este caso los investigadores- que indagan acerca de qué son y qué características tienen estas experiencias socioeconómicas que se presentan como alternativas a las formas de producción capitalista. Si bien esta forma de presentación es parte del modo en que se construye la auto-atribución de identidad e imagen de estos sujetos y grupos y expresa los principales rasgos que sus representantes intentan reafirmar y visibilizar, por tanto debe ser considerada, la atención puesta exclusivamente en este tipo de discurso pierde de vista la polifonía de las voces de los sujetos que conforman las experiencias asociativas y obstaculiza la posibilidad de captar los conflictos, disputas y contradicciones que constituyen la heterogeneidad propia de las prácticas sociales. El trabajo de campo prolongado realizado, contribuyó a desarmar este “guión” preestablecido con el que muchas veces se muestra el trabajo asociativo y autogestionado “hacia fuera” y bucear en las tensiones que emergen en la construcción cotidiana de estas experiencias laborales promovidas por las políticas sociales[19].

Por otra parte, la decisión de mantener un contacto prologando con las unidades de estudio seleccionadas facilitó el establecimiento de una relación de confianza que dio lugar a la posibilidad de observar la emergencia de estas tensiones, conflictos y contradicciones. Además, contribuyó a conocer las experiencias laborales como procesos en los cuales el carácter de la asociatividad, la opción de los sujetos por la autogestión del trabajo y los sentidos que la participación en dichas unidades productivas adquiere no son algo dado, sino cuestiones y atributos en constante construcción y disputa. También permitió observar los cambios que se fueron produciendo en el desarrollo de las distintas experiencias, y analizarlas tanto en los momentos en los que la producción funcionaba bien y lograban obtener ingresos, como en aquellos en donde las necesidades económicas apremiaban y las dificultades para sostener el compromiso[20] con el trabajo asociativo se hacían más evidentes[21].

Si realizar entrevistas muestra la “foto” de una situación en un momento determinado desde la perspectiva subjetiva, la presencia en el campo y la convivencia en distintas situaciones, permite ampliar esa imagen y explorar a partir de los discursos y actos cotidianos las transformaciones que se producen durante el periodo observado. Los cambios en las experiencias asociativas, en las vidas de las personas que las integran y las diferentes miradas que los sujetos con los que interactuamos nos brindaron en los distintos momentos del trabajo de campo y a medida que nuestra relación con ellos se iba estrechando acerca de las actividades que realizan en los emprendimientos, los programas socio-productivos, la autogestión y la asociatividad, nos obligaron a repensar y revisar nuestras hipótesis de trabajo y las categorías construidas a partir del análisis del material de campo.

Más allá de los límites respecto de las posibilidades de generalización de las conclusiones, algunos de los hallazgos de esta tesis, no hubieran sido posibles de haber optado por otro tipo de estrategia metodológica.

Como ya explicamos, el valor y el aporte de la mirada socio-antropológica no reside en la posibilidad de generalización a partir de su representatividad estadística, sino en las herramientas que brinda para la formulación teórica y la elaboración de conceptos que contribuyan a la comprensión de las complejas relaciones entre condiciones, sentidos y prácticas sociales. La “originalidad” y el aporte de esta perspectiva se encuentran en la relación que se establece entre el investigador y sus informantes y en la concepción del trabajo de campo como una instancia reflexiva de la producción del conocimiento (Guber, 2004). Siguiendo a la autora, entendemos la reflexividad en dos sentidos, el primero y más general refiere a la capacidad de los sujetos para dar cuenta de sus prácticas. “[…] Los actores sociales son conocedores de las condiciones de la reproducción social con la que día a día se entretejen sus actividades” (Giddens, 1982). En este sentido, pueden suministrar las razones de sus acciones cotidianas y poseen una conciencia práctica que es el conocimiento tácito que emplean habitualmente y a partir del cual orientan sus conductas. En un sentido específico, la reflexividad alude a la particular relación que se establece entre el investigador y los sujetos cuyo mundo se intenta conocer y explicar. Así, “la reflexividad en el trabajo de campo es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente –sentido común, teoría, modelo explicativo de conexiones tendenciales- y la de los actores o sujetos/objetos de investigación” (Guber, 2004: 87). Por ello, el trabajo de campo realizado no fue solamente la instancia de recolección de información, sino el momento mismo de la producción de datos y conocimiento.

Partiendo de estas consideraciones acerca de la naturaleza del trabajo de campo, es fundamental explicitar las distintas decisiones tomadas en la construcción y desarrollo del mismo. A continuación, explicitaremos las principales decisiones al respecto.

Concretamente el trabajo de campo se llevó a cabo en dos etapas, la primera entre marzo del año 2009 y febrero de 2011, se localizó en una cooperativa de trabajo y en un microemprendimiento familiar, cuyos nombres ficticios[22] son “Cooperativa La Huella” y “Textil Aladín”. Ambos se encuentran situados en la Ciudad de Buenos Aires y recibieron apoyo de los programas seleccionados, en el primer caso, de la línea de subsidios del PMO y del Programa Trabajo Autogestionado y en el segundo, de la línea de microcréditos y de subsidios del PMO.

Ambas unidades productivas tienen una fuerte relación con las agencias que implementan estos programas y parte de sus estrategias de sostenimiento se basan en la búsqueda de recursos provenientes de los mismos. Ambos están vinculados con otras experiencias y organizaciones de Economía Social, aunque de distinto modo. Otro de los criterios de selección de estas dos unidades de estudio fue considerar que estuvieran en funcionamiento, es decir que se tratara de experiencias consolidadas que permitieran observar las características y tensiones propias de estas formas laborales, tratando de diferenciarlas de problemas que tuvieran que ver con el inicio de la actividad económica.

Considerando el tema de la accesibilidad, el contacto con la Cooperativa La Huella lo realizamos a través de una organización de empresas recuperadas y cooperativas con la que teníamos una relación previa y en la que habíamos participado en algunos espacios de capacitación y apoyo para los integrantes de la misma.

Cuando planificamos inicialmente el trabajo de campo, pensamos que éste se iba a localizar exclusivamente en el espacio laboral de la cooperativa, pero cuando comenzamos las primeras visitas, observamos que ésta participaba activamente en la organización social a través de la cual habíamos hecho el primer contacto, por ello a partir del principio metodológico que propone Latour (2008) según el cual el investigador debe seguir a los actores[23], a fin de captar las relaciones que ellos mismos establecen y no delimitarlas de antemano[24], realizamos observaciones participantes en distintas reuniones y asambleas, situando el trabajo de campo en ambos espacios. Esto posibilitó también un acercamiento a otras cooperativas que nos contaron sus experiencias en relación con los programas socio-productivos y pudimos explorar los modos de articulación social y económica entre distintas unidades laborales y actores de la Economía Social, así como también las formas de inserción en el mercado. Además, a partir del vínculo de la cooperativa estudiada con esta organización, pudimos analizar algunos aspectos de cómo juega la relación con otros actores de la Economía Social en el acceso a los recursos que brindan los diversos programas y conocer las formas en que la organización puede facilitar el acercamiento a los programas, a través de la demanda colectiva o el contacto con funcionarios y/o referentes políticos.

De este mismo modo, siguiendo las vinculaciones de los integrantes de esta cooperativa y sus prácticas cotidianas, realizamos observaciones en distintas dependencias estatales. Desde una “entrada” distinta, acompañamos a estos trabajadores y colaboramos haciendo los trámites para la gestión de recursos estatales (como, por ejemplo, la firma de un convenio para la entrega de un subsidio destinado a la compra de una máquina de corte en el MTESS o la presentación y posterior seguimiento de un proyecto destinado a capacitación en el MDS), lo que permitió estar en las agencias estatales del lado de los usuarios. Esta ubicación nos ofreció una perspectiva diferente a aquella que puede captarse desde el lugar de los empleados, estando “con” ellos al momento de realizar la observación. También asistimos a una reunión organizada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que tenía como propósito promover la conformación de una red de cooperativas textiles. Estas instancias de observación participante en las distintas agencias estatales, nos permitieron observar/actuar algunos aspectos de las relaciones que se establecen entre destinatarios de los programas socio-productivos y empleados de diferentes agencias gubernamentales.

Luego de unos meses de trabajo de campo en la cooperativa La Huella, conocimos al emprendimiento Textil Aladín, que funciona en el mismo espacio físico que la cooperativa y cuyas características se encuadraban dentro de los criterios de selección de los referentes empíricos que habíamos establecido. Por otra parte, la incorporación de un microemprendimiento, podía brindar diversidad a los casos seleccionados. De este modo, establecimos el contacto con una de las integrantes del Textil Aladín, a fin de continuar allí el trabajo de campo. La relación previa con los integrantes de la cooperativa La Huella, facilitó el acceso a esta experiencia y el establecimiento de una relación de confianza. Por estas razones decidimos continuar allí el trabajo de campo y tomar este caso como otra referencia empírica.

El trabajo de campo realizado en la primera etapa, nos permitió conocer las prácticas y experiencias cotidianas de los integrantes de estos emprendimientos y reconstruir a partir de la observación de éstas y la interpretación de sus discursos los sentidos que éstos le atribuyen al trabajo y a las políticas socio-productivas. También pudimos conocer en profundidad el modo en que organizan las tareas laborales, algunos aspectos de la relación entre su trabajo y su vida familiar y las actividades de participación social y política que llevan a cabo.

A lo largo del trabajo de campo, realizamos entrevistas abiertas individuales y grupales a los 15 trabajadores que participaron en la cooperativa La Huella, a los 3 integrantes del micro-emprendimiento Textil Aladín y reconstruimos la historia de vida de una de estas integrantes, que participó en distintas experiencias asociativas, incluyendo la cooperativa La Huella. Asimismo, conocimos las experiencias de diferentes cooperativas con las que estas unidades productivas se vincularon mientras desarrollamos nuestro trabajo de campo, que aunque no profundizamos su análisis, en el capítulo 3, citamos a modo de ejemplo las experiencias de 5 de ellas.

La segunda etapa, se desarrolló durante el año 2011 y principios del 2012 y consistió en la realización de observaciones en cooperativas del Plan “Argentina Trabaja” y entrevistas semiestructuradas a destinatarios y empleados del MDS que participan en la ejecución del mismo. Cuando comenzamos a diseñar la “entrada” al campo en estas cooperativas, a fines del 2010 se nos presentaron diversas dificultades de acceso: primero nos pusimos en contacto con uno de los orientadores del Programa en el municipio de Morón que conocíamos y pensábamos que nos facilitaría el contacto con las cooperativas. Como él no podía decidir acerca del acceso a las mismas, nos contactó con el coordinador general del Programa, al cual le escribimos varias veces, pero nunca obtuvimos respuesta. Frente a esta dificultad, comenzamos a buscar otro Municipio.

Asimismo, tuvimos oportunidad de visitar una cooperativa del Programa situada en La Matanza, pero por razones de accesibilidad al barrio, no pudimos continuar allí el trabajo de campo. Por el lugar en donde estaba situado, acceder con transporte público era dificultoso. Además, las personas a través de las cuales llegamos a la cooperativa, consideraban el barrio como “peligroso” y sugerían que para “entrar”, era mejor estar acompañado y hacerlo en auto. Como no contábamos con un vehículo propio y no pudimos volver a coordinar otra visita buscamos otra cooperativa que fuera más fácilmente accesible.

También intentamos conocer las cooperativas de Tres de Febrero, a través de una trabajadora social del Programa, quien nos planteó que, desde el MDS, “dijeron que no podía ir nadie a conocer las cooperativas”.

Finalmente, pudimos establecer contactos con los Municipios de José C. Paz y Avellaneda y desarrollar allí el trabajo de campo. Paralelamente realizamos dos entrevistas a dos informantes clave que trabajaban como asistentes técnicas del Plan “Manos a la Obra”, a fin de actualizar algunos datos acerca del proceso de implementación del mismo y analizar los cambios que se produjeron a partir del lanzamiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo.

Una vez lograda la difícil entrada al campo para conocer la experiencia del Programa de Ingreso Social con Trabajo, seleccionamos dos cooperativas que se encontraban en funcionamiento desde el inicio del Programa, vinculadas con una organización social y una organización política de base, localizadas en los municipios de José C. Paz y Avellaneda. La experiencia de José C. Paz estaba conformada por aproximadamente 40 integrantes y la de Avellaneda contaba con 7 “cooperativistas” y una referente que coordinaba las tareas cotidianas. Asimismo, entrevistamos a 2 destinatarios que desarrollaban su actividad laboral en dependencias estatales y a dos referentes políticas de una organización vinculada con el Partido Justicialista que gestionaba el Programa en Avellaneda y realizamos observaciones in situ en el municipio de José C. Paz. Allí entrevistamos a una trabajadora social, a dos operadores territoriales y conversamos informalmente con otros empleados del MDS que participan de la implementación del Programa de Ingreso Social con Trabajo. En ese municipio asistimos las Jornadas Nacionales “Argentina Trabaja”, organizadas por el MDS, donde pudimos conocer las experiencias de un gran número de destinatarios[25] y obtener un panorama general de los logros y dificultades del proceso de implementación desde la perspectiva de los destinatarios.

La construcción del campo en el caso del Programa de Ingreso Social con Trabajo fue diferente a la realizada para explorar las experiencias apoyadas por las otras líneas del Plan “Manos a la Obra” y el Programa de Trabajo Autogestionado. El contacto con la cooperativa y el microemprendimiento que seleccionamos como referentes empíricos en la primera etapa y la delimitación de los diferentes espacios de observación en los que éste se fue desarrollando, podrían definirse como un proceso que fue “desde” los destinatarios “hacia” la política social[26]. En cambio, en el caso del Plan “Argentina Trabaja” el contacto con las cooperativas y los cooperativistas, se realizó a través de los municipios. Esta decisión tomada a partir de la “entrada” al campo, se vinculó, tanto con las posibilidades de acceso con las que contábamos, como con las características propias de este Programa, en el cual las cooperativas se constituyen a partir de la política social (no por la propia iniciativa de los trabajadores, aunque, como veremos, existen grupos que ya venían trabajando en conjunto, pero no bajo la forma de la cooperativa) y el modo de implementación depende en gran medida del tipo de gestión de cada municipio. Estas características nos llevaron a recortar el campo “desde” la política social “hacia” las cooperativas, dándole mayor centralidad a los municipios como unidades de observación.

En el caso de José C. Paz, esta forma de acceso facilitó la primera visita a la experiencia estudiada, cuyo nombre ficticio es la Mutual Floreciendo, en la que pudimos entrevistar a varios de sus integrantes. Sin embargo, luego del primer encuentro en el que nos presentamos y explicamos el propósito de nuestra presencia y realizamos una entrevista grupal y otra individual con algunos de sus integrantes, no pudimos volver a contactarnos para visitar nuevamente la cooperativa. Cuando intentamos comunicarnos con la referente que nos habilitó el primer acceso, no obtuvimos respuesta. Una posible explicación a la negativa para realizar otra visita podría vincularse con el hecho de que hubieran aceptado recibirnos porque llegamos a través de la trabajadora social del municipio con la que tenían una buena relación, pero cuando supieron que el propósito de mi presencia no estaba vinculado con el Programa “Argentina Trabaja”, “cerraron” ese acceso.

En el caso de Avellaneda, sí pudimos establecer una relación de proximidad con los integrantes de la Cooperativa Unión de Avellaneda, que nos permitió realizar varias visitas y participar del trabajo cotidiano en el barrio. En esta cooperativa realizamos observaciones y entrevistas con la mayoría de sus integrantes y compartimos el trabajo –con escoba y pala en mano-.

Por otra parte, en ese mismo municipio, las características que adquirió la implementación del Programa, nos llevaron a seleccionar también a dos destinatarios que realizaban las tareas laborales en una dependencia municipal. Ambas experiencias –la cooperativa y esta forma peculiar de “empleo municipal”- representan las formas típicas que tomó el desarrollo del trabajo de los “cooperativistas” en este municipio, que desde la perspectiva de los actores se distinguían entre los que trabajaban “en la calle” y los que lo hacían en el municipio.

Estrategias y procedimientos específicos de análisis de los datos construidos a partir del trabajo de campo

En este punto describimos las estrategias y procedimientos específicos que utilizamos para el análisis de los datos construidos a partir de las observaciones in situ y la información obtenida en las entrevistas realizadas. Como ya mencionamos, el procesamiento[27] y análisis de la información recabada en el trabajo de campo, se realizó durante todo su desarrollo, a fin de lograr el necesario ir y venir entre los datos empíricos y la teoría para ir especificando la delimitación del campo y construir los conceptos que permitieron comprender el objeto de estudio con un mayor nivel de abstracción y complejidad.

En cada visita a las unidades productivas, los municipios o agencias estatales y en las entrevistas realizadas tomamos notas en nuestro cuaderno de campo de lo que nos contaban las personas con las que interactuábamos, registrando tanto lo que nos decían como lo que observábamos del contexto, de los gestos, del tono de voz en el que hablaban, etc. Este era un primer nivel de registro ajustado a la observación inmediata, en el que intentábamos describir lo observado y lo dicho de manera detallada y “textual”, de acuerdo a las posibilidades que las situaciones en las que participamos nos lo permitían.

Las entrevistas que decidimos grabar las transcribimos en su totalidad para su posterior análisis. Sin embargo, dadas las características del trabajo de campo realizado, en el que la información más rica se relevó a través de charlas informales individuales y grupales y de la observación de las tareas cotidianas que realizan estos trabajadores autogestionados, la participación en las reuniones con otras cooperativas/emprendimientos, el acompañamiento para la realización de trámites en las agencias estatales o en la elaboración de los proyectos, y el vínculo que con ellos establecimos, decidimos no utilizar la grabación como forma de registro de los diálogos, excepto en las dos entrevistas a los destinatarios del Programa de Ingreso Social con Trabajo que realizamos en el municipio de Avellaneda, en las que la situación de entrevista fue más formal y permitió la grabación de las mismas.

En el caso de los informantes clave y empleados o funcionarios de las agencias estatales entrevistados, consideramos que el uso del grabador podía obstaculizar la posibilidad de que nos trasmitieran cierto tipo de informaciones sensibles, por ello preferimos tomar nota y reconstruir los registros de campo rápidamente luego del encuentro[28].

Estas primeras notas eran ampliadas y sistematizadas luego de cada encuentro, en los registros de campo que utilizamos como insumos para realizar el análisis presentado en esta tesis. En este segundo nivel del registro completábamos la información faltante o desconectada de las primeras notas, detallábamos aquellas situaciones que recordábamos y considerábamos relevantes para nuestros objetivos. Este procedimiento nos permitía arribar a un primer nivel de ordenamiento y reflexión acerca de lo observado.

En esta sistematización de la información obtenida, identificábamos también los temas predominantes en cada jornada de campo y la forma en que los sujetos se referían a ellos (categorías sociales, locales o nativas). De este modo, podíamos plantear nuevas preguntas y ejes de observación para los siguientes encuentros. Asimismo, íbamos delineando algunos ejes generales que podrían orientar el posterior análisis. A continuación, listamos algunos de los temas recurrentes y categorías sociales que registramos.

En las visitas a la Cooperativa la Huella:

  • Los problemas económicos de la cooperativa y los bajos ingresos. Los vaivenes del tener (o no) trabajo y la necesidad de “aguantar” hasta que mejore. Este tema es abordado en el capítulo 3 y especialmente en el 4.
  • La organización del trabajo y los criterios para la incorporación de nuevos socios. En algunas ocasiones estas cuestiones generaban conflictos entre los miembros de la cooperativa y con los representantes del consejo de administración. Estos temas aparecen en los capítulos 3 y 4.
  • La militancia, la política, la participación, el compañerismo y el “compromiso” con la cooperativa. Las distintas formas e intensidades de la participación de los asociados generaban, en algunas ocasiones, conflictos. Este tema es tratado en profundidad en el capítulo 4.
  • “El barrio” en el que vivía la mayoría de los socios de la cooperativa. La relación con el barrio fue un eje de indagación en relación con el cual los integrantes de La Huella vinculaban diferentes cuestiones, entre ellas la relación que tenían con otras cooperativas y organizaciones y con los vecinos; la distancia y el largo viaje entre el barrio y la cooperativa y las estrategias para encontrar un transporte colectivo; la familia y los amigos; las actividades recreativas/del tiempo fuera del trabajo. Estos temas aparecen en los capítulos 3 y 4.
  • La búsqueda de financiamiento/apoyo estatal a la que se referían usualmente como los planes “de nación” “de provincia” o “del municipio” para los que tenían que “presentar proyectos”. Las actividades vinculadas con la gestión de recursos estatales se englobaban dentro de las cuestiones que tenían que ver con “los papeles” de la cooperativa (temas administrativos, actas, libros, redacción de proyectos, rendición de subsidios, etc.). El tema de la gestión de recursos estatales atraviesa los capítulos 2, 3 y 4 de la tesis y fue un eje de observación que nos permitió acceder a las agencias estatales desde el lugar de los destinatarios de la política social.
  • Desde su lanzamiento a fines de 2009, la Asignación Universal por Hijo y las cooperativas del Plan “Argentina Trabaja” fueron temas recurrentes. Estos temas se abordan en el capítulo 2.

En el Textil Aladín:

  • Los problemas económicos del emprendimiento, los bajos ingresos y la necesidad de trabajar muchas horas. La dependencia del trabajo para otros. Las dificultades para dejar de trabajar para otros talleres textiles (Cómo hacer “algo propio”). Estos temas son abordados en los capítulos 3 y 4.
  • La importancia de la ayuda familiar para el cuidado y frente a los problemas de salud. Este tema es abordado en el capítulo 4.
  • La incorporación de más gente para “armar la cooperativa”. Este es un tema que genera conflictos entre los socios del emprendimiento. Es analizado en el capítulo 4.
  • La búsqueda de recursos estatales para generar ingresos (subsidios, becas de estudio para los hijos, la asignación por hijo, etc.). Este tema atraviesa los capítulos 2, 3 y 4 de la tesis.
  • La participación y la articulación con otras cooperativas y la relación con aquellas que trabajan en el mismo espacio físico. Este tema aparece en el capítulo 3.

En los casos de las cooperativas del Programa “Argentina Trabaja”:

  • El Plan, el trabajo y la cooperativa. Este tema atraviesa los capítulos 2, 3 y especialmente el 4.
  • Las dificultades para inscribirse en la obra social. Este tema se trabaja en el capítulo 2.
  • Las relaciones con los referentes: denuncias de discrecionalidad y clientelismo. Este tema aparece en los capítulos 3 y 4.
  • El trabajo de militancia, la organización y la cooperativa. Este tema se trata en profundidad en el capítulo 4.
  • La relación con el municipio. Los problemas cuando no “bajan” materiales/recursos. El tema se encuentra en los capítulos 3 y 4.
  • El barrio y la relación con los vecinos. El tema se menciona en los capítulos 3 y 4.
  • La Asignación Universal por Hijo. Este tema se encuentra en el capítulo 2.
  • La cuestión de género: “trabajo de varón”. La independencia económica y la autonomía que da el trabajo para las mujeres que antes del plan se dedicaban al cuidado del hogar. El tema se aborda en el capítulo 4.

Una vez finalizada cada etapa del trabajo de campo, nos alejamos y comenzamos a trasformar los registros elaborados en materiales que pudieran ser integrados en la escritura de esta tesis. Siguiendo las sugerencias de Emerson et. al (1995) a partir del análisis detenido de los incidentes y sucesos registrados, comenzamos a identificar las cuestiones que nos permitieron vincular los acontecimientos observados de modo que conformaran las historias de las experiencias asociativas y las políticas de promoción socio-productiva estudiadas. Este trabajo se articuló y enriqueció con el análisis de las normativas, informes de evaluación y gestión y documentos diversos producidos por el MDS y el MTESS acerca de las políticas de promoción de la Economía Social, que ya mencionamos y describiremos en detalle en el siguiente punto.

Para ello, realizamos una lectura detenida y profunda de los registros realizados acerca de cada uno de los referentes empíricos y las transcripciones textuales en el mismo orden temporal en el que fueron elaborados. Esto nos dio una visión de conjunto útil para comenzar un proceso más profundo de análisis y comparación, buscando las similitudes y diferencias entre los distintos casos, centrándonos en indagar acerca de las relaciones que los sujetos establecen con la política social y el trabajo en cado uno de ellos.

En el cuadro siguiente presentamos algunos de los aspectos que comparamos a partir de los ejes de análisis que surgían como significativos de las sucesivas relecturas de los registros y los temas recurrentes en cada uno de los casos.

Cuadro 1: Síntesis comparativa de análisis de los casos

Casos

Cooperativa La Huella

Textil Aladín

Coop. “Arg. Trabaja”

Ejes de análisis

Forma de constitución

-Propuesta por el presidente de la cooperativa que previamente era dueño de un taller textil que funcionaba en su casa, en el que trabajaban algunos de los asociados.

-Asociación voluntaria de los integrantes.

-Es un emprendimiento familiar.

-El Programa agrupa a los destinatarios y constituye las cooperativas. Hay cooperativas “de Nación”, “de Provincia” y “del Municipio”, esto es que dependen de esas distintas instancias gubernamentales.

Motivos de la constitución

-Búsqueda de generación de ingresos.

-Alternativa frente a desempleo/dificultad de encontrar trabajo.

-Creencia en los valores del cooperativismo/ búsqueda de alternativa de “trabajo más humano”, “sin explotación”.

-Estrategia de generación de trabajo e ingresos frente al desempleo (primero de uno de los miembros de la pareja y luego del otro).

-Estrategia de acceso a la asistencia para la obtención de ingresos por parte de los destinatarios.

-Desde la perspectiva de empleados del MDS: “para darle formalidad a todo esto [las formas de trabajo que promueve el programa]” y porque es la forma de que más se asemeja a la idea de trabajo que quieren promover del Programa.

Formalidad y formas de protección social

-Están inscriptos en el INAES como cooperativa.

-No pagan el monotributo, por eso no tienen aportes para la jubilación ni cobertura de salud.

-No tienen seguro de riesgos de trabajo.

-La mayoría percibe la Asignación Universal por Hijo.

-Asociación de hecho.

-No pagan el monotributo, por eso no tienen aportes para la jubilación ni cobertura de salud.

-No tienen seguro de riesgos de trabajo.

-Perciben la Asignación Universal por Hijo.

-Están inscriptos en el INAES como cooperativas y en el Registro de Efectores de la Economía Social.

-Son Monotributistas sociales y tienen cobertura de salud a través del mismo. Contabilizan años de antigüedad para la jubilación pero no aportes.

-Tienen seguro de riegos del trabajo.

Cantidad de integrantes y características del grupo de trabajo

-15 trabajadores, 5 mujeres y 10 varones. Cantidad variable, muchos cambios en la composición.

-Relaciones familiares y de amistad entre socios.

-Bajo nivel educativo y de calificación.

-Aprox. 5 de sus integrantes son extranjeros (paraguayos y una uruguaya).

-3 integrantes.

-1 pareja y una asociada que participó de la Cooperativa La Huella. Se conocieron porque trabajan en el mismo espacio físico.

-Formalmente alrededor de 60 integrantes. Los grupos de trabajo en algunos casos son más pequeños.

-Cooperativa Unión: 7 integrantes. Se conocían previamente porque participan en la misma organización política. Son un grupo de trabajo, pero formalmente están inscriptos en cooperativas diferentes.

-Mutual Floreciendo: aproximadamente 40 que participan en el Programa. Se conocían previamente porque participan en la misma organización social. Son un grupo de trabajo, pero formalmente están inscriptos en cooperativas diferentes

-José C. Paz: entre 15 y 25. Cuadrillas de trabajo. Los integrantes en general no se conocían previamente.

Recursos estatales obtenidos

-Una máquina de corte del Programa Trabajo Autogestionado.

-Subsidio individual de $600 de la línea I del Programa Trabajo Autogestionado.

-Microcrédito del Plan “Manos a la Obra”.

-Máquinas y Herramientas del Plan “Manos a la Obra”.

-Microcrédito del Plan “Manos a la Obra”.

-Espacio de trabajo en la Incubadora de microemprendimientos del Municipio de San Martín por un periodo limitado.

-Becas de estudio para la hija de la pareja.

-Mutual Floreciendo: Máquinas y herramientas del Plan “Manos a la Obra” y financiamiento para capacitación del MDS.

-Ingresos del Plan “Argentina Trabaja”

Acceso a recursos estatales

-A través del contacto que tenía la organización de empresas recuperadas y cooperativas en la que participan con los funcionarios del Programa Trabajo Autogestionado del MTESS.

-A través de la misma organización que gestiona un fondo de microcrédito.

-Dificultades para la presentación de los proyectos solicitados, el llenado de los formularios.

-Máquinas del Plan “Manos a la Obra” a través del Municipio de San Martín.

-Microcrédito: a través la misma organización de empresas recuperadas y cooperativas con la que están vinculados y que gestiona un fondo de microcréditos.

-A través de referentes de organizaciones sociales y políticas.

-A través de vecinos del barrio.

-José C. Paz: muchos “estaban en otros planes de empleo nacionales o municipales” y “pasaron” al Plan Argentina Trabaja.

Organización del trabajo y toma de decisiones

-División de tareas administrativas (una persona a cargo, la secretaria de la cooperativa), de producción (la mayoría de los asociados), de gestión de recursos, articulación con otros actores de la Economía Social y comercialización y entrega de pedidos (el presidente y otro de los miembros del Consejo de Administración).

-Dentro de la producción hay diferentes secciones con una persona que coordina cada tarea.

-Asambleas para la toma de decisión.

-Decisiones tomadas por el Consejo de Administración o el Presidente de la Cooperativa.

-Organización flexible del trabajo, aunque con altibajos según los pedidos de calzado que tengan que son irregulares.

-División de tareas de corte de la tela, costura y entrega de los pedidos.

-No llevan registros o controles de lo que producen.

-Producen para otros talleres o marcas que fijan los ritmos y tiempos de la producción.

-No se reúnen especialmente para discutir y/o tomar decisiones, como son 3 integrantes conversan las cosas durante la jornada laboral.

-Mutual Floreciendo:

-Trabajo dividido en áreas de acuerdo al tipo de tareas que realizan (construcción, capacitación, jardín maternal, etc.). Un referente/coordinador de cada área.

-reuniones periódicas en donde organizan las tareas y toman decisiones.

-Cooperativa Unión:

-Todos realizan las mismas tareas de barrido y limpieza en la calle.

-La referente coordina el trabajo, pero es “manzanera”, no “cooperativistas”.

-No tienen instancias de discusión, toma de decisión u organización colectiva.

José C. Paz: Cuadrillas coordinadas por un referente territorial.

Representaciones del trabajo

– “trabajo sin patrón”.

– “una familia”.

– “tener algo propio”/“esfuerzo propio”.

– aprendizaje.

– “trabajo más humano”.

– “sin explotación”.

– espacio de reconocimiento.

– espacio de participación y vínculos entre pares.

– estrategia transitoria de generación de ingresos.

– trabajo cooperativo.

-“trabajo sin patrón”.

-aprendizaje.

-Estrategia de vida.

-Trabajo por cuenta propia.

– “trabajo asociado al plan”.

– “dignidad” y esfuerzo.

– “trabajo de varón”.

– “trabajo como cualquier otro”.

-espacio de reconocimiento.

-espacio de participación y vínculos entre pares.

-disfrute del trabajo, no sólo esfuerzo.

-trabajo como realización de algo útil.

-El trabajo no se asocia usualmente con la idea de cooperativa.

Relación con coop./empren­di­mien­tos de la Eco. Social

-Participan en una organización.

-Mantienen fuertes vínculos con otros emprendimientos y cooperativas-

-Débil articulación con otros actores de Economía Social.

-Relación instrumental

Ingresos

-Bajos entre 1200 y 1500$ mensuales.

-Bajos entre 1500 y 200º$ mensuales

-$1200 pesos mensuales establecidos por el programa.
-Cooperativa Unión cobran $1200 más un plus por presentismo del municipio: $200.
-Mutual: $1200 más im pequeño ingreso de los emprendimientos laborales para los integrantes que trabajan en ellos.

Relación con vecinos del barrio

-Fuertes lazos en el barrio en donde viven los asociados.

-Vínculos con emprendimientos y cooperativas con las que comparten espacio físico.

-No tienen relación con vecinos, sí con cooperativas con las que comparten el espacio físico.

-Mutual: fuertes lazos barriales. Confrontación con otros referentes barriales.
-Coop. Unión: fuertes lazos con vecinos del barrio. Confrontación otras organizaciones políticas locales.
José C. Paz: -Visibilidad del trabajo de mejoramiento barrial que realizan las cooperativas. Fuertes vínculos con vecinos, usualmente buenas relaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a los registros de campo (marzo de 2009-mayo de 2012).

A partir de la identificación de los temas que aparecían en cada registro (ver detalle de los temas más arriba) y la comparación de los casos fuimos estableciendo relaciones y elaborando categorías de análisis que nos permitieron comprender la relación entre las políticas sociales, la autogestión del trabajo y las formas de integración social que son objeto de esta tesis. A continuación, mencionaremos algunas de las categorías construidas y utilizadas.

A través del análisis de los registros acerca de la forma y los motivos de la constitución de la unidad productiva y del rol de los diferentes programas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la promoción de las mismas construimos el concepto de experiencias asociativas que fue al mismo tiempo una herramienta analítica que permitió caracterizar y contrastar los casos y programas objeto de estudio. A través del análisis de las trayectorias de participación sociopolítica de los distintos integrantes de las cooperativas y emprendimientos que fueron nuestros referentes empíricos e integrando estas reflexiones con aquellas vinculadas con las formas de acceso a los programas y su rol en la promoción y sostenimiento de las unidades productivas elaboramos “tipos” de experiencias que definimos como de militancia cooperativista para los casos en que la participación en la cooperativa se fundamentaba en los valores y principios propios de esta forma de trabajo y de asociatividad forzada[29] para los casos en que éstas no se conforman por la asociación voluntaria de sus integrantes, sino por la intervención de la política social; las cooperativas del Plan “Argentina Trabaja” son el ejemplo más claro de este caso. Estas experiencias no son estáticas, sino que varían de acuerdo a diversos factores coyunturales, vinculados con el desempeño económico del emprendimiento, el contexto socioeconómico y político, ciertas cuestiones personales o familiares, etc. Entre estos dos tipos de experiencia asociativa existe una variedad de situaciones –vinculadas también con los factores coyunturales mencionados- que analizamos en detalle en el capítulo 4.

La relación entre categorías sociales y categorías analíticas fue una cuestión central en el proceso de análisis de los datos que construimos a partir de la observación participante y las entrevistas realizadas. Las categorías sociales, entendidas como aquellas “que se presentan de manera recurrente en el discurso o en la actuación de los habitantes locales, y que establecen distinciones entre cosas del mundo en que viven” (Rockwell, 1987: 23), permitieron visibilizar algunas de las cuestiones que resultaban significativas para las personas que participaban en las cooperativas y emprendimientos destinatarios de programas socio-productivos. Sin embargo, para comprender y explicar el problema objeto de nuestra investigación fue necesario reelaborar estas categorías nativas en otras que pudieran constituirse en herramientas teóricas/conceptuales útiles para los objetivos planteados. Mencionamos algunos ejemplos de este trabajo de reelaboración de categorías sociales en categorías analíticas a continuación.

Poniendo en relación la categoría social de “compromiso” (utilizada recurrentemente por los integrantes de la Cooperativa La Huella y del Textil Aladín) con el análisis de la construcción estatal de la Economía Social reelaboramos esta noción como categoría de análisis. De este modo construimos el concepto de compromiso con el proceso asociativo y la autogestión del trabajo, entendido como un compromiso colectivo, fundado en el fortalecimiento del lazo social entre sujetos y grupos, apoyado en condiciones económicas y sociopolíticas que favorezcan la consolidación de formas de trabajo alternativas. El análisis a partir de esta categoría se expone en el capítulo 4.

La categoría social de “cooperación” que registramos en una discusión acerca de las diferencias y similitudes entre cooperativas y empresas recuperadas fue reelaborada como uno de los atributos que permiten dar unidad a las diversas experiencias asociativas y pensarlas como parte del campo de la Economía Social. Esta categoría es utilizada en el capítulo 3.

En el capítulo 3 problematizamos las representaciones que construyen los distintos agentes que participan en el proceso de implementación de los programas socio-productivos acerca de lo técnico y lo político de la política social. Otros conceptos que estructuraron el análisis del material de campo presentado en este capítulo fueron la sostenibilidad socioeconómica de los emprendimientos/cooperativas de la Economía Social, la articulación multiactoral y la trama de relaciones locales.

El capítulo 4 se elaboró a partir de la categoría de experiencia asociativa señalada más arriba, el concepto de identidad laboral y la noción de sostenibilidad.

Finalmente, el análisis de la información relevada en el trabajo de campo y la integración de ésta con el trabajo documental se organizó a partir del concepto de integración social considerando las dimensiones, económica, política, social y cultural, que definimos en la introducción.

El análisis documental

El relevamiento y análisis documental se realizó fundamentalmente en la primera etapa de la investigación, pero continuó durante todo el proceso investigativo, a fin de ir ampliando y actualizando la información necesaria y vinculándola con los datos construidos a partir del trabajo de campo.

El corpus construido incluyó las normativas de los programas y de las acciones de promoción y regulación del trabajo autogestionado, la normativa que establece la estructura orgánica del MDS y las diferentes áreas vinculadas con la Economía Social, informes de gestión, evaluación y auditorías producidos por organismos estatales, ONGs e investigadores, respuestas a pedidos de informe al MDS y el relevamiento de las noticias e información general de las páginas web del MTESS, del MDS, del INAES (el principal ente regulador del sector formal de la Economía Social) y de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI).

Asimismo utilizamos información estadística proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del Ministerio de Economía, del censo de cooperativas publicado por el INAES en el año 2008 y de distintas consultoras privadas, que nos permitieron explorar el alcance cuantitativo de los programas estudiados y su papel en la estrategia socioeconómica, los recursos presupuestarios destinados a los mismos y su relevancia y algunos de los resultados alcanzados. Todos los documentos analizados se encuentran citados como las fuentes utilizadas al final de la tesis.

El criterio general seguido para la conformación del corpus documental fue realizar un relevamiento amplio de toda la información disponible acerca de las acciones de regulación, promoción y apoyo al trabajo asociativo y autogestionado. El análisis de los contenidos de estos documentos permitió describir los aspectos formales de estas políticas estatales y se articuló con la información recabada durante el trabajo de campo, que en conjunto, permitió reconstruir el mapa de políticas y organizaciones gubernamentales que impulsan la Economía Social, delinear a partir de datos cualitativos y cuantitativos un panorama general de las intervenciones del Estado en torno a la problemática del trabajo asociativo y autogestionado y caracterizar las experiencias laborales que emergen o son apoyadas por estos programas.

Además, este relevamiento inicial –que se fue ampliando y actualizando a medida que avanzábamos con el trabajo de campo- nos proporcionó información valiosa para orientar el diseño y el desarrollo de las observaciones in situ y las entrevistas realizadas. En este sentido, a través del conocimiento exhaustivo de la normativa que regula los programas de promoción socio-productiva y las distintas herramientas vinculadas con el fomento de la Economía Social a nivel nacional, pudimos establecer de manera más precisa los ejes de indagación vinculados con la relación que establecen los sujetos que participan en las unidades productivas asociativas con las políticas sociales y los sentidos e identidades que construyen en torno a las mismas y al trabajo que realizan. Esto también nos sirvió para establecer algunos ejes de las entrevistas con los agentes que implementan los programas.

En cuanto a las estrategias y procedimientos específicos de selección y análisis de las del corpus documental la opción fue necesariamente tomar toda la información disponible, ver en ella lo que predominantemente se explicita, cuáles son los términos con los que predominantemente se construyen los problemas y diagnósticos y analizarlos para reconstruir el contexto discursivo general con el que se formalizan y fundamentan los programas o políticas que formaron parte del objeto de estudio.

Específicamente, el análisis de los contenidos de las normativas de los programas y los distintos documentos mencionados, nos permitió observar el modo en que se define qué es y cuáles son las estrategias para alcanzar la “inclusión social” de los sujetos, la forma en que se delimita la población destinataria de dichas políticas y cómo se la caracteriza y la manera en que se concibe el trabajo asociativo y autogestionado y las cooperativas que estos programas promueven.

Las principales variables que tomamos para clasificar y analizar las normativas fueron las siguientes:

  • Tipo de normativa (leyes, resoluciones ministeriales, decretos, etc.).
  • Tipo de acción estatal que establece (promoción y fortalecimiento, regulación del trabajo asociativo y autogestionado, protección de los trabajadores autogestionados, otras.).
  • Identificación y definición del problema.
  • Destinatarios.
  • Alcance y ámbito de aplicación.
  • Objetivos.

Para las resoluciones ministeriales que regulan la implementación de los programas socio-productivos consideramos:

  • Problema y definición del mismo.
  • Población destinataria/sujetos destinatarios.
  • Requisitos de acceso.
  • Alcance.
  • Prestaciones que ofrece el programa.
  • Fuentes de financiamiento.
  • Tipo de contraprestación requerida.
  • Objetivos.
  • Agencia que implementa el programa.

En cuanto a los demás documentos analizados: informes de gestión, evaluación, financieros, auditorías, etc., como ya mencionamos, el criterio de selección fue hacer un relevamiento lo más amplio posible que nos permitiera conformar una mirada general de los alcances, resultados y limitaciones de la promoción del trabajo asociativo y autogestionado.

Cabe señalar que la información disponible acerca del alcance y los resultados de algunos de los programas es escasa y en algunas ocasiones fue de difícil acceso. Tampoco es posible compararla, ya que los documentos analizados tienen diversos fines y la información que presentan se construye a partir de metodologías diferentes[30]. Por ello, no pretendimos realizar un análisis comparado de los resultados de los planes, ni una evaluación de los mismos.

Más allá de las dificultades que se presentaron para realizar esta construcción del mapa de instituciones, políticas y leyes de promoción y apoyo al trabajo asociativo y autogestionado y los riesgos de que nuestra mirada pueda ser incompleta o parcial, consideramos fundamental realizar un esfuerzo por describir y analizar del modo más amplio posible las acciones que se están llevando adelante, indagar acerca de su coherencia o desarticulación, las posibles vías de consolidación y los sentidos de la Economía Social que construyen, el sujeto que definen, los recursos que brindan y los límites que imponen a las experiencias laborales asociativas. Esto se complementó con entrevistas a agentes estatales (asistentes técnicos, trabajadores sociales y operadores territoriales) que gestionan los programas.

Este esfuerzo se vinculó con nuestra hipótesis de partida, según la cual si bien discursivamente se adjudica un rol relevante a la generación de estas nuevas formas laborales, las políticas socio-productivas se desarrollan al margen de un marco legal adecuado y de una regulación eficiente de las condiciones de producción y comercialización, de protección y de seguridad de los productores.

Tampoco ignoramos los límites del análisis del plano normativo. Como ya planteamos, la política es todo el proceso de implementación, no sólo lo formulado o su diseño. Por ello, dar cuenta de este plano del “deber ser” se orientó a captar los términos predominantes en los que se plantean los problemas y las soluciones, para incorporar, a partir de allí, las distintas interpretaciones en juego, las disputas por los sentidos de esos términos identificados en las normativas, que son llenados de contenidos no necesariamente coincidentes por los distintos agentes que participan de los programas socio-productivos y construyen cotidianamente la Economía Social.


  1. En el año 2002 estos indicadores alcanzaron un pico de 41,4% de hogares por debajo de la línea de pobreza y 21,5% de desocupación (EPH-INDEC).
  2. A partir de este año “se ha tendido a reorganizar los programas existentes en el momento de asumir (Néstor Kirchner a la presidencia y Alicia Kirchner al Ministerio de Desarrollo Social) en tres planes nacionales que son considerados los ejes de la política social del Ministerio de Desarrollo Social: a) Plan de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” que agrupa las acciones de apoyo alimentario, b) el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” que busca “promover la inclusión social a través de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios” y c) Plan Familias por la Inclusión Social que apunta a transferir ingreso a las familias pobres, sin las contraprestaciones que exigía el Programa Jefes de Hogar, demandando únicamente la realización de controles de salud y asistencia escolar de los hijos” (Hintze, 2007: 83).
  3. Según el INDEC en el segundo semestre de 2009 la tasa de pobreza se ubica en un 13, 2% “Sin embargo, diversas estimaciones privadas sitúan en la actualidad los niveles de pobreza por encima del 30%, como consecuencia de la persistencia de una inflación a dos dígitos” (Observatorio Social, 2010). Según el Newsletter de la Consultora SEL publicado en junio de 2009 “La pobreza en la población del Área Metropolitana es 31,2%, con una indigencia de 9,7%” (SEL, junio 2009: 6).
  4. Según el INDEC, en el tercer trimestre de 2009 la desocupación fue del 9,1%. Sin embargo, siguiendo los datos que presenta el SEL, para junio de 2009, el desempleo en el Área Metropolitana alcanzaba el 10,5%. En cambio, en los partidos más periféricos del Gran Buenos Aires éste se elevaba a 17,8% (aproximadamente 250.000 desocupados, que son la mitad del total de la población en actividad de esa área) (SEL, 2009).
  5. “Al nivel de la unidad doméstica, una situación de reproducción ampliada implica un proceso en que por encima del nivel de reproducción simple, se verifica durante un periodo prolongado (por ejemplo una generación), un desarrollo sostenido en la calidad de vida de sus miembros. La noción de reproducción simple no se refiere a mera subsistencia, o reproducción de la vida biológica, sino que denota una calidad de vida biológica y social considerada moralmente como un mínimo social por debajo del cual no debería estar ninguna unidad doméstica perteneciente a la sociedad bajo análisis” (Coraggio, 1999: 136).
  6. Este libro se basa en la investigación doctoral que desarrollé en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre los años 2008 y 2013. La tesis fue defendida y aprobada el 26 de agosto de 2013. En las siguientes publicaciones se presentaron resultados parciales o reflexiones temáticas: Hopp, M. (2017) “Políticas de promoción de la Economía Social en Argentina: desafíos para la construcción de una nueva institucionalidad”. Coraggio, J. L. (Org.). Miradas sobre la Economía Social y Solidaria en América Latina. Los Polvorines: – UNGS-CLACSO, 19-62.  Hopp, M. (2015). Identidades laborales de destinatarios del Programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja. Trabajo y Sociedad, 24, 207-223. Hopp, M. (2013) Políticas de promoción del trabajo asociativo y autogestionado en la Argentina actual: un balance, Revista Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, 9, 1-18.
  7. “Los procesos de reproducción de la sociedad, de la población y de la fuerza de trabajo incluyen una dimensión biológica y una dimensión social, ésta alude a aspectos materiales y simbólicos; ambos están presentes en la esfera de lo económico, de lo demográfico y de lo político” (De Oliveira y Salles, 1986).
  8. En cuanto a las protecciones ligadas al empleo, cabe mencionar que en América Latina (y en Argentina en particular) históricamente coexistió un sector de empleo formal protegido con un amplio sector de trabajo no registrado que no se encontraba cubierto por la seguridad social (Portes y Hoffman, 2003). De este modo, a diferencia de lo que sucede en Europa, el acceso al trabajo no garantiza directa ni necesariamente el acceso a las protecciones sociales.
  9. Para este análisis, nos apoyamos en el concepto de sistema público de reproducción del trabajo asociativo autogestionado que propone Hintze (2010). La autora, utiliza este concepto, retomando el análisis que realiza Topalov (1979) acerca del rol del Estado en el mantenimiento de la fuerza de trabajo en las sociedades capitalistas. Desde esta perspectiva, “un sistema público de reproducción del trabajo asociativo autogestionado refiere a la reproducción de la vida dentro y fuera de las organizaciones socioeconómicas, a la vez que a la reproducción de dichas organizaciones. Por lo tanto, también a la relación de esta forma de trabajo y quienes la llevan a cabo con el estado y la sociedad” (Hintze, 2010: 42).
  10. Este enfoque se observa en Aguilar Villanueva (1993) y Tamayo Sáez (1997), entre otros autores. Para una discusión en profundidad al respecto véase el Capítulo II “La política estatal como proceso” de Minteguiaga (2003) en el que nos basamos en la primera parte de este apartado.
  11. “Las políticas sociales son producto de procesos en los que –aunque no siempre sea inmediatamente evidente-está en juego la generalidad del orden” (Danani, 1996: 23).
  12. Así, el problema se constituye en la definición y los términos con los que cada sociedad “nomina, describe, y aún, especifica el contexto de su referencia causal (económico, cultural, etc.) y los ámbitos de responsabilidad por su solución o por la intervención en lo social” (Grassi, 2003: 22).
  13. Nuestra estrategia metodológica encuentra puntos de contacto con el abordaje de la política urbana que proponen Rodríguez y Di Virgilio (2011). Las autoras afirman que el análisis de la política desde distintas escalas permite dar cuenta de la complejidad de su implementación y captar la yuxtaposición de intervenciones de distintos niveles gubernamentales y las consecuencias que sus modos de interrelación se expresan en el territorio.
  14. Si bien en nuestra investigación analizamos algunos aspectos de la experiencia de las empresas recuperadas y el Programa de Trabajo Autogestionado destinado a esta población específica, considerando los objetivos de nuestra investigación orientados hacia el análisis más general de la relación entre trabajo asociativo y autogestionado, integración social y políticas sociales, las posibilidades de acceso a las cooperativas que tuvimos y dadas las particularidades y problemas específicos de este tipo de empresas que fueron ya extensamente estudiados por distintos autores y desde distintas perspectivas (Ruggieri et. al, 2005; Ruggieri, 2009; Rebón, 2004; 2007; Rebón y Saavedra, 2006; Rebón et. al 2007; Fernández Álvarez, 2006; 2012, Fajn, 2003; Arancibia y Deux, 2007; Dávalos y Perelman, 2003, entre otros) no incluimos una empresa recuperada como referente empírico específico para la realización del trabajo de campo.
  15. Estas cuestiones serán abordadas en el capítulo 4 de esta tesis.
  16. Por otra parte, ambos programas tenían un alcance limitado a los destinatarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y del Seguro de Capacitación y Empleo y dejaron de funcionar en el año 2012.
  17. Las principales líneas de acción del INAES serán descriptas en el punto 6.1 del capítulo 2 de esta tesis, en el que se analiza la construcción estatal de la Economía Social.
  18. “[…] la etnografía es descripción densa. Lo que en realidad encara el etnógrafo (salvo cuando está entregado la más automática de las rutinas que es la recolección de datos) es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después, y esto ocurre hasta en los niveles de trabajo más vulgares y rutinarios de su actividad: entrevistar a informantes, observar ritos, elucidar términos de parentesco, establecer límites de propiedad, hacer censo de casas…escribir su diario. Hacer etnografía es como tratar de leer (en el sentido de “interpretar un texto”) un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta modelada” (Geertz, 1992: 24).
  19. Un ejemplo de cómo el discurso “oficial” se fue debilitando para dar lugar a los “grises” de las prácticas, fue una charla que tuvimos con Damián, uno de los integrantes y socio fundador de una de las cooperativas estudiadas, que luego de aproximadamente 6 meses desde que habíamos iniciado el trabajo de campo, nos “confesó” que muchas de las cosas que había contado la primera vez que visitamos la cooperativa respecto de la organización del trabajo, la participación y la toma de decisiones, no eran “tan así”, pero que cuando alguien iba a hacerles una entrevista ellos siempre querían mostrar lo bien que funcionaba la cooperativa.
  20. Nos referimos a un compromiso colectivo fundado en los lazos sociales construidos entre sujetos y grupos, apoyados en condiciones económicas, sociales y políticas que viabilicen la consolidación de formas de trabajo alternativas. Este concepto será desarrollado en el capítulo 4.
  21. Conversando acerca de cómo veía Damián la posibilidad de continuar en la cooperativa en caso de conseguir un empleo, nos dijo lo siguiente:
    “Con cara de preocupado Damián me dijo que él dudaría de seguir en la cooperativa. Luego explicó que el primer día que yo visité la cooperativa y le pregunté, me había dicho todo lo contrario a esto. En esa conversación Damián había enfatizado la elección deliberada del trabajo en la cooperativa, más allá de las dificultades o de los bajos ingresos que percibe, pero que ahora que tiene un hijo necesita ganar más, por eso no sabe si seguiría.” (Registro de campo 15/9/2009). Meses después, Damián dejó la cooperativa que había contribuido a fundar.
  22. Para resguardar la privacidad de los informantes y la confidencialidad de sus relatos, hemos cambiado el nombre de todas las experiencias relevadas y de sus integrantes, a fin de garantizar el anonimato de los mismos.
  23. Para este autor se deben “seguir” todas las relaciones que despliegan los actores, también las de los “productos” u “objetos”. En nuestro caso observamos algunas de ellas, como por ejemplo el modo en que circula lo que estas cooperativas producen.
  24. La teoría del actor-red sostiene que el analista no debe imponer un orden por anticipado, sino que se estará en mejores condiciones de encontrar ese orden, “después de haber dejado que los actores desplieguen toda la gama de controversias en las que están inmersos” (Latour, 2008: 42). Desde esta perspectiva, debemos dejar la tarea de definir y ordenar lo social a los actores mismos y rastrear las relaciones entre dichas controversias, en vez de intentar resolverlas de antemano.
  25. Aproximadamente 50 destinatarios que participaron y contaron sus experiencias de trabajo en las cooperativas en los 3 talleres de las Jornadas Nacionales del Programa “Argentina Trabaja” que observamos.
  26. Nos referimos al abordaje empírico del objeto. Desde nuestro enfoque teórico (ver punto 1), en el análisis de las experiencias asociativas y la construcción de los conceptos que nos permitieron comprender las formas de integración social que éstas promueven, consideramos la relación recíproca entre la política social y las prácticas y experiencias de los sujetos y grupos destinatarios en la construcción de la autogestión del trabajo.
  27. No utilizamos programas de procesamiento de datos cualitativos.
  28. En la primera entrevista realizada a una socióloga del MTESS, cuando le preguntamos si podíamos grabar la entrevista, ella se mostró sorprendida y su reacción fue decirnos –con poca amabilidad- que no pensaba que iba a ser una entrevista formal, pero que si queríamos podíamos grabarla. La situación que se generó fue muy incómoda e inesperada, ya que la entrevistada conocía el propósito de la visita y los procedimientos utilizados en la investigación en ciencias sociales, incluso ella misma estaba realizando su doctorado.
    Con otra de las funcionarias vinculadas con el Programa “Argentina Trabaja” ya habíamos decidido de antemano no grabar la entrevista, pero le avisamos que tomaríamos notas de los que relatara. En un momento de la entrevista, cuando hizo referencia a su opinión acerca de la política del Gobierno Nacional nos dijo “esto no lo escribas”. Situaciones similares se dieron en las charlas con los cooperativistas, que por momentos bajaban la voz porque consideraban que estaban contando cosas confidenciales o se inhibían si observaban que lo que ellos decían estaba siendo registrado.
  29. Estos conceptos se desarrollan en el capítulo 4.
  30. Al respecto debemos hacer mención de la deficiente y poco rigurosa sistematización de las acciones de política pública. Un ejemplo de esto es que, si bien el Ministerio de Economía presenta informes anuales acerca de la inversión realizada y algunos de los resultados alcanzados por las políticas del MDS y el MTESS, las categorías que utilizan año a año son diferentes. Además, no se especifican qué actividades se incluyen en las clasificaciones adoptadas. Esta situación torna dificultosa la comparación del desempeño anual de los mismos planes, y más aún la comparación entre distintos programas.


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