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Puentes entre el Estado y la sexualidad

El presente trabajo se nutre de los aportes teóricos de los estudios sociales de sexualidad. Se asienta también en una visión que entiende al Estado como campo de disputa de los sentidos hegemónicos en torno al género y la sexualidad. A continuación desarrollaré las propuestas teóricas consideradas ya clásicas en el campo de la sexualidad en Ciencias Sociales, como son los desarrollos de Michel Foucault y Gayle Rubin. Luego me referiré a los aportes teóricos en torno a aquellas experiencias que desafían la concepción binaria del género, como los de Judith Butler, Paul B. Preciado y Anne Fausto Sterling. A su vez, desarrollaré una propuesta teórica que entiende al Estado como productor de discursos ficcionales con operatividad social. Para ello me apoyaré en la teoría del Estado de Oscar Oszlak y Guillermo O´Donnell. Si bien estos autores no analizaron específicamente el vínculo entre sexualidad y Estado, influenciados por los desarrollos de Max Weber y Pierre Bourdieu, desarrollaron una serie de conceptos, que permiten entender la forma en la cual al interior del Estado se cristalizan relaciones sociales particulares, históricas y contingentes. Me valdré de la perspectiva ofrecida por la teoría crítica del derecho, en particular, los aportes de los filósofos del derecho Enrique Mari, Ricardo Entelman y Alicia Ruiz. Como fundadores de la escuela que introdujo el pensamiento foucaultiano en Argentina, desarrollaron una vasta productividad teórica en lo que respecta al análisis del rol de las ficciones en el derecho.

Las relaciones sociales de sexualidad como objeto de indagación para las Ciencias Sociales

Los trabajos en torno a la sexualidad que generaron un discurso alternativo al de las disciplinas clínicas surgieron en la década de 1970 en el marco de un clima cultural que retomaba los planteos del psicoanálisis marxista de Wilhelm Reich, el Informe Kinsey de 1948[1], los planteos del feminismo de la diferencia, el marxismo crítico y la teoría postestructuralista (Szasz, 2004). No obstante, los estudios sobre sexualidad comenzaron a forjarse como campo autónomo al interior de las Ciencias Sociales a partir de la década de 1990. Dos trabajos en particular, el de Michel Foucault Historia se la sexualidad escrito en 1976 y el de Gayle Rubin “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”[2] escrito en 1984, constituyeron sus pilares. Hasta la aparición de este conjunto de lecturas críticas, la sexualidad era concebida exclusivamente como una fuerza natural poderosa en permanente tensión con la civilización y la cultura. Tal era el motivo por el cual debía ser controlada y mantenida bajo ciertos límites (Szasz, 2004). Se estableció como norma la sexualidad heterosexual al interior de relaciones conyugales. Su corolario entendía como perversa y enferma cualquier práctica que se distanciara de dicho esquema. En contraste con dicho ideario, en Historia de la Sexualidad, Michel Foucault (1990) planteó una forma de entender la sexualidad no como un caudal de pulsiones naturales contenidas por la cultura, sino como un campo definido por el entrecruzamiento de una variedad de discursos y prácticas (religiosas, morales, médicas, jurídicas, científicas) que instituyen mediante mecanismos de saber y poder aquello entendido como sexualidad (Foucault, 1990).

Siguiendo a Foucault (1990), con la emergencia de las sociedades modernas se dio una proliferación de discursos en torno a la sexualidad. Estos discursos adquirieron un lugar estratégico en los cálculos del poder, ya que la sexualidad se ubicó en un punto de articulación nodal entre lo disciplinario y lo regulador: la disciplina de los cuerpos y la regulación de las poblaciones. Profundizando estos desarrollos, David Halperin (1993) destacó que hablar de “la sexualidad” como una dimensión autónoma y particular de la vida implica realizar un recorte de ciertos actos. Para el autor, el concepto de “sexualidad” refiere a un modo distintivo de organizar e interpretar una serie de hechos y fenómenos a priori independientes. Halperin señaló el carácter individualizante de esta forma de entender la sexualidad, esto es, su capacidad de producir identidades sexuales individuales. Por su parte, Gayle Rubin (1989) en “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad” reconoció su valor político, entendiéndola como un campo con lógicas propias de desigualdades y formas de opresión: las relaciones sociales de sexualidad. Identificó la existencia de jerarquías de valor sexual[3] y de fronteras entre las sexualidades legítimas y las ilegitimas, sostenidas a través leyes, prácticas sociales e ideologías.

En lo que refiere al tratamiento de la sexualidad por parte de las Ciencias Sociales, la antropóloga Carole Vance (1997) trazó un esquema de dos momentos en el tratamiento de la sexualidad por parte de la antropología –que le corresponde también a las Ciencias Sociales en sentido amplio–. El primero va de 1920 a 1990 y lo denominó “modelo de influjo cultural”. Se trató de la reproducción del esquema biomédico de la sexualidad en el campo antropológico, en el que toda diferencia cultural en torno a la sexualidad se encontraba invisibilizada. El modelo se expresaba a través de dos formas: o bien lecturas empapadas de biología y esencialismos, o bien, una invisibilización teórica de la sexualidad. Siguiendo el esquema de Vance (1997), a partir de 1990 se consolidó el “modelo de construcción social y cultural de la sexualidad”, en base a los aportes de Michel Foucault y Gayle Rubin recién mencionados. A partir de ese momento, la sexualidad humana adquirió significación por medio del estudio de lenguajes, símbolos y discursos sociales, dando cuenta de la imposibilidad de concebir una sociedad exenta de sexualidad y unas prácticas sexuales por fuera de marcos sociales y culturales de significación. Esta nueva corriente comenzó a afirmar la historicidad de la sexualidad y sus articulaciones con relaciones de poder que definen normas, representaciones, categorías e identidades sexuales particulares para cada momento histórico (Weeks, 1998).

Como se dijo, en la década de 1990 comenzaron a afianzarse nuevas perspectivas en torno a la sexualidad y al género. Dicho proceso se dio en un contexto de revisión general y profunda de las ideas que durante décadas sustentaron todo el pensamiento moderno. En particular, la idea de un sujeto –ya sea racional o bien determinado unívocamente por el lugar ocupado en las relaciones de producción–, así como el concepto de identidad definido en términos coherentes y lineales. En consonancia con los estudios culturales que promovían una crítica a la noción sustancialista de la identidad[4], nuevos abordajes hicieron lo propio con el género y la sexualidad. El género en disputa de Judith Butler publicado en 1990 fue la obra de mayor circulación y apropiación en ese sentido. A través de su propuesta de performatividad del género, la autora propuso que tanto el género como el sexo son “actos contingentes que crean la apariencia de una necesidad naturalista” en el seno de una cultura que necesita de la estabilidad y linealidad entre los conceptos de sexo-género-deseo para hacer inteligibles los cuerpos y las identidades (Butler, 2001: 67). Desde esta perspectiva, ni la corporalidad ni el género están dados a priori; por el contrario, son superficies dinámicas, maleables, políticas y potencialmente plausibles de ser modificadas. En este mismo sentido, afirmó que el género no se encuentra definido de una vez y para siempre, por el contrario, es un proceso de “estilización repetida del cuerpo, una serie de actos repetidos que se congela con el tiempo para producir la apariencia de sustancia” (Butler, 2001: 67). En línea con este planteo y retomando la propuesta foucaultiana, Teresa de Lauretis también planteó que el género “es el producto de variadas tecnologías sexuales (…) y de discursos institucionalizados, de epistemologías y de prácticas críticas, tanto como de la vida cotidiana” (De Lauretis, 1998: 8).

A partir de El género en disputa comenzó a articularse lo que luego fue llamado “teoría queer[5]. Esta corriente se erigió contra aquel punto de vista que concibe que los sexos son sólo dos –masculino y femenino–, proponiendo una desontologización de los sexos, los géneros y las identidades. Sus estudios se abocaron al estudio de las experiencias que quedan por fuera del binomio hombre-mujer (drags, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, etc.) con el fin de discutir dicho esquema dualista. La misma Butler había identificado en el travestismo un ejemplo paradigmático de su idea de performatividad. Para la autora, la forma paródica en la que el travestismo produce lo femenino expresa que lo femenino es algo dinámico, que el género no tiene esencia y que es posible hacer de la maleabilidad del cuerpo y el género una práctica política contra la rigidez de las normas de género vigentes.

Como antecesora de esta línea de reflexiones puede ubicarse a Donna Haraway (1995), quien en su “Manifiesto Cyborg: Ciencia, Tecnología y Socialismo Feminista en el Siglo Veinte Tardío” de 1985 reivindicó la existencia de criaturas fronterizas, artificiales, monstruosas, abyectas e irrepresentables en las gramáticas hegemónicas, y por ende capaces de ocupar lugares de desestabilización de las grandes narrativas de “lo natural”. Posteriormente, Anne Fausto Sterling (2006) a través de una revisión de los supuestos del conocimiento biológico de la sexualidad, buscó “deshacer el nudo gordiano del pensamiento dualista” (2006: 37). Su propuesta se basó en la idea de que “Machos y hembras se sitúan en los extremos de un continuo biológico, pero hay muchos otros cuerpos (…) que combinan componentes anatómicos convencionalmente atribuidos a uno u otro polo” por ello “si la naturaleza realmente nos ofrece más de dos sexos, entonces nuestras nociones vigentes de masculinidad y feminidad son presunciones culturales” (2006: 48). En esta línea de trabajos, en Manifiesto Contrasexual (2011) Paul B. Preciado, sostuvo que el sistema sexo-género es un sistema de escritura y catalogación de los cuerpos, basado en una hegemonía de la genitalidad sobre el resto de la superficie corporal. Por ello, para Preciado los órganos sexuales “no son solamente `órganos reproductores´ (…) sino que son también y sobre todo `órganos productores´ de la coherencia del cuerpo como propiamente humano” (Preciado, 2011: 120).

En base a estos desarrollos, guía el presente trabajo la idea de que las experiencias genérico-corporales que no encajan dentro del binarismo genérico se ubican del otro lado de la frontera de los cuerpos y los géneros legítimos, siguiendo los términos elaborados por Gayle Rubin (1989). Entenderé al travestismo, la transexualidad y la transgeneridad como posiciones de sujeto[6] que se configuran a partir de una desviación de las normas binarias del género dominantes. En los capítulos 2 y 3 desarrollaré que dichas posiciones se encuentran fuertemente vinculadas a dispositivos médicos de disciplinamiento y control, siendo estos los que durante mucho tiempo ofrecieron las únicas categorías identitarias de nominación socialmente disponibles para las experiencias del género, el cuerpo y la sexualidad que se distancian del binarismo genérico. Durante años, la adopción de una serie de diacríticos asociados a un género distinto al socialmente asignado generó posiciones de sujeto ininteligibles según el esquema binario de género, ya que, siguiendo a Butler, los géneros inteligibles son “aquellos que en algún sentido instituyen y mantienen relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo” (Butler, 2001: 50).

Tanto la asunción de las normas de género como su rechazo o subversión se da en un plano invariablemente público, o sea, el del cuerpo, la gestualidad y lo estético. Se constituye así una posición de sujeto forjada en una compleja ambigüedad: exponerse en el espacio público portando unas corporalidades construidas mediante arduos trabajos de auto producción corporal e identitaria genera un fuerte rechazo social. Ello conmina dichas subjetividades al lugar de la abyección y la otredad radical (Silva, 1993; Kullick, 1998; Benedetti, 2000; Fernández 2004; Pelúcio, 2009) y repercute de modo negativo en las condiciones de vida tanto materiales como vinculares (Berkins, 2007).

Siguiendo a Butler, el hecho de que ciertas vidas sean reconocidas como vidas dignas (dignas de ser vividas, socialmente protegidas, cuya pérdida será llorada) y otras no, radica en la existencia de límites culturales de lo que puede ser definido como humano. Las fronteras de lo humano se basan en normas de género, sexualidad, raza y clase (Butler, 2006b; 2009). Cabe entonces retomar a Roberto Esposito (2009), quien sostiene que lo que se encuentra detrás de la noción de persona es “el umbral más allá del cual algo genéricamente viviente adquiere una significación que cambia en forma radical su status” (2009: 11). Al mismo tiempo, Butler (2009) señala que los conceptos de la vida y de lo humano se basan en dinámicas de saber y poder dado que son fruto del entrecruzamiento de disciplinas científicas, morales, religiosas, jurídicas. Sólo a partir del reconocimiento en tanto que personas es que pueden erigirse y hacerse efectivos los derechos de ciudadanía[7] y conformarse los sujetos “con derecho a tener derechos”. Resulta entonces productivo y necesario indagar el modo en que se vinculan las fronteras genéricas y sexuales en el dispositivo de lo humano operante al interior –y por medio– del Estado.

Las regulaciones estatales como ficciones jurídicas y de género

A lo largo del trabajo sostengo que los discursos del Estado representan una de las tecnologías que construyen los géneros, sus demarcaciones y patrones de inteligibilidad. Es por ello que sus prácticas regulativas se imbrican de un modo particular con los procesos de producción cultural de la diferencia sexual. A fin de desentrañar dicha imbricación, propongo un recorte analítico particular: los cambios en la regulación estatal de aquellas posiciones de sujeto fijadas en las categorías del travestismo, la transexualidad y la transgeneridad. Los interrogantes que planteo retoman la perspectiva de Philip Corrigan y Derek Sayer respecto a lo estatal. Para estos autores,

Clasificaciones sociales fundamentales, como la edad y el género, terminan sacralizadas en leyes, incrustadas en instituciones, rutinizadas en procedimientos administrativos y simbolizadas en rituales de Estado. Algunas formas de actividad reciben el sello de la aprobación oficial, otras son marcadas como impropias. Eso tiene consecuencias culturales enormes y acumulativas: consecuencias en cómo la gente concibe su identidad y, en muchos casos, cómo debe concebirla y en cómo identifica “su lugar” en el mundo (Corrigan y Sayer, 2007: 45).

Por ello las categorías de varón y mujer cristalizadas en los registros identificatorios oficiales poseen un peso social tan particular. Guillermo O´Donell (1993) afirma que el Estado es resultado de un complejo proceso histórico por el cual un orden particular de jerarquías es formalizado a través de un sistema legal y respaldado por medio de la fuerza pública. La adquisición progresiva de “estatidad”[8] que les permite a los Estados constituirse como unidades de control territorial requiere colonizar todo un conjunto de relaciones sociales y subsumirlas a la lógica de lo estatal. Ello le otorga al Estado un poder particular por sobre los distintos espacios de significación social y delinea lo que Pierre Bourdieu ha caracterizado como el “meta-capital” estatal:

El Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, capital cultural o, mejor, informacional, capital simbólico, concentración que, en tanto tal, constituye al Estado en detentor de una suerte de meta-capital que da poder sobre las otras especies de capital y sobre sus detentores (Bourdieu, 1993: 4).

Prestando atención al modo en el cual Estado, orden social y orden cultural se vinculan y retroalimentan, entiendo a las producciones discursivas del Estado como ficciones jurídicas con operatividad social y subjetiva. A continuación descompongo esta afirmación en sus tres dimensiones: discursiva, ficcional y subjetivamente operativa.

En las sociedades estatalizadas el discurso estatal circula a través de normas, reglamentos, decretos, fallos, edictos y sentencias con la función de establecer y regular lo permitido y lo prohibido. El sentido y la validez del discurso estatal no están dados exclusivamente por la lógica que encadena sus enunciados, sino también por la lógica de las prácticas en las que se inscribe. En este sentido, retomo la diferenciación foucaultiana entre lenguaje y discurso. Desde la perspectiva de Michel Foucault (2009), el lenguaje es un “conjunto de hechos lingüísticos ligados entre sí por reglas sintácticas de construcción” mientras que los discursos son las “reglas del juego a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto y tipos de saber” (Foucault, 2009: 13-17). Los discursos poseen, a su vez, dos dimensiones de significación: la interna y la externa (Foucault, 1987). En la dimensión interna de significación el sentido está dado por el encadenamiento sistemático y coherente de los enunciados, así como por las reglas internas de formación del discurso. Estas reglas refieren a los tipos de enunciados admitidos, los sujetos autorizados para producir e interpretar la norma, las formas rituales de distribución de la palabra y las condiciones necesarias para que ciertas palabras tengan validez (Entelman, 1982). Desde una perspectiva performativa del lenguaje, podemos decir que la significación interna requiere de ciertas condiciones, las mismas condiciones que hacen que una expresión realizativa[9] sea afortunada (Austin, 1988): que sea proferida en el marco de un procedimiento convencional socialmente reconocido, incluyendo la emisión de ciertas palabras por parte de ciertas personas en circunstancias específicas. En lo que al discurso estatal respecta, sus expresiones deben estar avaladas por los procedimientos convencionales y ser llevadas a cabo por las personas autorizadas por la propia institucionalidad estatal. Luego, la dimensión externa de significación refiere a la forma en que ese discurso circula socialmente y a sus efectos operativos en la constitución de un campo de objetos y construcción de unas subjetividades particulares (Entelman, 1982; Foucault, 1987).

Para el filósofo del derecho Enrique Marí (1994), las leyes son parte fundamental del discurso del orden dado que

En este espacio, la fuerza encuentra dentro del dispositivo del poder su modo más racional de comunicación social al apropiarse de las técnicas con que las normas jurídicas la transmiten y transportan (…) con los mecanismos de obediencia y control social del derecho (Mari, 1994: 63).

Según este autor, si a primera vista es posible afirmar que la ley es el espacio de la razón, esta es efectiva en tanto opera en el campo de lo simbólico a través de montajes de ficción y soportes mitológicos. Siguiendo a Jacques Derrida (1997), esta naturaleza mítica se asienta en el hecho de que el fundamento último de la justeza y la fuerza de la ley no es más que ella misma:

La operación que consiste en fundar, inaugurar, justificar el derecho, hacer la leyconsistiría en un golpe de fuerza, en una violencia performativa y por tanto interpretativa, que no es justa o injusta en sí misma, y que ninguna justicia ni ningún derecho previo y anteriormente fundante, ninguna fundación preexistente, podría garantizar, contradecir o invalidar por definición (Derrida, 1997: 33).

Siguiendo a Marí, el discurso jurídico cifra de un modo particular los fenómenos extrajurídicos, constituyendo un registro propio de lo real: lo real para el campo jurídico, o sea, las ficciones jurídicas. Por ejemplo, el derecho puede dar validez jurídica a ciertos hechos aunque ello implique una transformación de la estructura de los tiempos cronológicos, una revocación de hechos del pasado o una alteración de las consecuencias de actos o acciones, siempre y cuando se encuentre fundamentado en una utilidad o valor jurídico específico tal como la paz social, la defensa de la moralidad, etc. (Mari, 1994). Aquí ficción no significa “ilusión”, ni “engaño”, por el contrario, las ficciones son parte fundamental de las reglas de formación del discurso jurídico y tienen efectos concretos en lo real, hecho que le otorga su carácter operativo en términos sociales y subjetivos. En este sentido, Marí (1994) agrega que el discurso jurídico será socialmente operativo siempre que sea capaz de interpelar la emotividad de los sujetos, movilizar sus creencias y sentimientos. La emotividad que este discurso invoca obedece al hecho de que al nombrar y especificar a los individuos, los constituye como sujetos que se hacen inteligibles a través de las categorías que este ofrece. Para Alicia Ruiz (2001) “(a) través de ese mecanismo ficcional el derecho alude, prohíbe, interdicta al sujeto, le asigna algún lugar en el campo de la legitimidad o lo excluye de él, le otorga la palabra o lo priva de ella” (Ruiz, 2009: 121); allí radica su potencia en el plano de las identidades sociales y representaciones subjetivas. Debe señalarse también que allí se consolidan imaginarios de género. Una cantidad de autoras ya se han ocupado de señalar que el discurso jurídico, y el discurso estatal en sentido amplio, opera en base a una idea pretendidamente abstracta de ciudadano, equiparándolo a un sujeto heterosexual masculino y promoviendo una idea universal de lo humano a imagen y semejanza de dicho modelo (MacKinnon, 1989; Pateman, 1995; Maffía, 2001; Moreno, 2002). En este sentido, también Silvia Chejter (1990) y Alicia Ruiz (2001) destacaron el modo en el cual el derecho forma parte del proceso de construcción y cristalización de los estereotipos normativos de género asociados a lo femenino, a partir de los cuales luego “se reconocen o niegan `derechos´ a las mujeres de carne y hueso” (Ruiz, 2001: 8). Gracias a la lucha de los colectivos de mujeres y de las organizaciones de las sexualidades disidentes fueron incorporándose lentamente a las instituciones sus demandas de revertir los mecanismos de opresión operantes a partir de dicha invisibilización y desigualdad. Sin embargo, también se ha señalado que a fin de ejercer los derechos adquiridos, los sujetos deben subsumirse a las categorías dicotómicas de género que las legislaciones imponen y reproducen (Cabral, 2003; Viturro, 2003). Si bien a través de los discursos estatales se instituyen y sedimentan creencias en torno a lo que son o deben ser hombres, mujeres, travestis, transexuales o transgénero, es dable afirmar que, al igual que los cuerpos y los géneros, los discursos estatales son entramados situados históricamente, por ende, dinámicos, maleables y contingentes.

En base a estas conceptualizaciones, en el capítulo que sigue indagaré en los sentidos en torno al travestismo que informaron gran parte de las regulaciones estatales en torno al travestismo en Argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta por lo menos mitad de la década de 1990. Desarrollaré que desde el proceso de construcción del Estado Nación argentino la desviación sexual en general y el travestismo en particular ocupó el rol de amenaza y peligro, en tanto que exterior constitutivo de una ciudadanía idealizada.


  1. Estudio basado en más de 20.000 hombres y mujeres en Estados Unidos que tenía por objeto describir el comportamiento sexual del ser humano. De dicho análisis se desprendió que un gran número de prácticas sexuales consideradas inmorales eran practicadas en efecto por una gran cantidad de personas que se autodefinían como heterosexuales.
  2. En el año 1975, Gayle Rubin forjó el concepto de “sistema sexo-género” en un texto ya clásico para el pensamiento feminista titulado “The traffic in women: notes on the political economy of sex”. Allí la autora entendió al género como el conjunto de roles, expectativas y representaciones que la cultura erige sobre la materialidad dada de los cuerpos sexuados (Rubin, 1975).
  3. Según la autora, en base a dicho sistema “la sexualidad `buena´, `normal´ y `natural´ sería idealmente heterosexual, marital, monógama, reproductiva y no comercial. Sería en parejas, dentro de la misma generación y se daría en los hogares. Excluye la pornografía, los objetos fetichistas, los juguetes sexuales de todo tipo y cualesquiera otros papeles que no fuesen el de macho y hembra. Cualquier sexo que viole estas reglas es `malo´, `anormal´ o `antinatural´. El sexo malo es el homosexual, promiscuo, no procreador, comercial o el situado fuera del matrimonio. Será la masturbación, las orgías, el encuentro sexual esporádico, el cruce de fronteras generacionales y el realizado en `público´ o al menos en los arbustos o en las baños públicos. Utilizará la pornografía, los objetos fetichistas, los juguetes sexuales o roles distintos a los tradicionales” (Rubin, 1989: 21).
  4. Según Stuart Hall, “las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas (en las) que nos construyen las prácticas discursivas” (Hall, 2003: 20). Del mismo modo, otros autores han destacado el carácter artificial y contingente de toda identidad, en tanto “formas relativas y precarias de fijación” (Laclau y Mouffe, 2004: 134).
  5. Siguiendo a Elsa Dorlin (2009) Queer significa “extraño, extravagante, anormal. Hasta su reapropiación a comienzos del Siglo XX en el argot homosexual neoyorquino, era un término utilizado cotidianamente como insulto homofóbico”. Posteriormente se convirtió en “una categoría de autoidentificación en el marco de una práctica de orgullo, hoy ya clásica, que consiste en invertir el contenido inflamante de un insulto: antiparastasis” (Dorlin, 2009: 91).
  6. En el sentido que lo entienden Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004): Siempre que en este texto utilicemos la categoría de sujeto, lo haremos en el sentido de ‘posiciones de sujeto’ en el interior de una estructura discursiva. Por lo tanto, los sujetos no pueden ser el origen de las relaciones sociales, ni siquiera en el sentido limitado de estar dotados de facultades que posibiliten una experiencia, ya que toda ‘experiencia’ depende de condiciones discursivas de posibilidad precisas” (2004: 156).
  7. Siguiendo a Roberto Esposito (2009), el gran eje problemático que articula dicha tensión es el proceso que en las sociedades modernas ha llevado a la cosificación del cuerpo. Dicha cosificación se encuentra presente tanto en los esquemas biopolíticos como en el paradigma de los derechos humanos. No obstante la pretendida oposición entre regímenes bio-tanatopolítico como fue el nazismo y las democracias modernas basadas en la presunta defensa de los derechos humanos, ambos esquemas de ciudadanía comparten la escisión cuerpo-razón, cuerpo-mente. En tanto seres humanos con una doble valencia racional-animal, solo adquieren status de personas quienes dominan plenamente la dimensión corporal bajo cierta definición normativa de lo humano, al tiempo que la posibilidad de ser plenos sujetos de derechos está dada siempre que se encarne dicha categoría (Esposito, 2009).
  8. Para Oscar Ozslak “La existencia del estado deviene de un proceso formativo a través del cual aquél va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo. Quizás sea apropiado hablar de “estatidad” (“satenes“) para referirnos al grado en que un sistema de dominación social ha adquirido el conjunto de propiedades -expresado en esa capacidad de articulación y reproducción de relaciones sociales- que definen la existencia de un estado” (Isla, 1978: 4).
  9. Según Austin, la distinción entre expresiones exclusivamente constatativas y realizativas es una escisión exclusivamente analítica, dado que toda expresión lingüística en tanto que acto lingüístico total es ambas cosas a la vez. En su pormenorizado análisis de las expresiones realizativas se concentra en su fuerza ilocucionaria (Austin, 1988).


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