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2 Defender la sociedad

El travestismo como peligro social

Genealogía del concepto de travestismo

El travestismo como concepto fue forjado en el seno de los discursos científicos de la psicología y la medicina. Estos moldearon la forma en la que la cultura moderna occidental entendió y especificó un fenómeno compartido por una multiplicidad de culturas y sociedades, tanto occidentales como no occidentales (Fernández, 2004). Siguiendo a Dave King “el travestismo y la transexualidad son conceptualizaciones contemporáneas que pueden ser relacionadas con su contexto histórico y cultural y que acarrean determinadas consecuencias para los fenómenos a los que se refieren” (King, 1998: 125). La emergencia de estos conceptos puede ubicarse en el marco de lo que Michel Foucault definió como el proceso de expansión discursiva en torno a la sexualidad iniciada en el siglo XVI (Foucault, 1990). Si hasta el siglo XVIII dicha expansión estuvo regida por reglas que dividían lo lícito de lo ilícito en términos penales, a partir de ese momento comenzó a instalarse una lógica reguladora y normalizadora de las sexualidades. Ese hecho fue fruto del entrecruzamiento de distintos discursos: la justicia penal, la medicina y la psiquiatría (Foucault, 1990). La superposición entre ley y disciplina médica implicó dejar de penalizar las acciones concebidas como desviadas para instaurar, a cambio, unas técnicas de búsqueda y fijación de sexualidades periféricas (Foucault, 1990). Al definir una norma sexual e indagar minuciosamente cuándo dicha norma es quebrantada, se configuraron identidades sociales signadas por la etiqueta de la degeneración.

La fijación de las sexualidades periféricas en términos de perversiones encontró su justificación en la moderna teoría del dimorfismo sexual: existencia de dos sexos y dos géneros linealmente asociados. A la luz de este principio, las diferencias anatómico-sexuales y de género han sido concebidas de modo binario y antagónico. Según Thomas Laqueur (1994) desde la antigüedad hasta finales del siglo XVII en la literatura médica y filosófica imperaba una noción de sexo único, esto es, un modelo en el que “en lugar de estar divididos por sus anatomías reproductoras, los sexos están vinculados por una anatomía común (y) en el que los límites entre hombre y mujer son de grado y no de clase” (1994: 55-56). La instauración del modelo de dimorfismo sexual fue fruto de una revolución epistemológica y político-social. Detrás de la idea de que existen formas de sexualidad patológica se encuentra la presunción de que existe un sexo verdadero y una sexualidad “natural” y “normal”. Según este patrón, cualquier alejamiento de dichos esquemas representa un desvío y un peligro tanto para la naturaleza como para la sociedad.

A continuación retomo los desarrollos de Jorge Leite Jr. (2008) sobre los orígenes del travestismo como categoría clínica forjada al interior del campo médico y psiquiátrico. Según este autor, la ambigüedad sexual en la modernidad fue cifrada bajo los términos de la categoría de “pseudohermafrodita”, idea que remite al la figura mítica del hermafrodita. Para Leite, es posible vincular las nociones modernas de la ambigüedad sexual con un mundo fantástico de monstruos y criaturas mágicas diluido dentro del discurso científico moderno.

El término travestismo surgió en Europa Occidental a fines del siglo XIX, en el momento en el que se dio un pasaje del control de las sexualidades consideradas como desviadas del ámbito punitivo al ámbito médico (Foucault, 1990). Si en el discurso de los criminólogos europeos el travestismo fue concebido como parte de la gama inespecífica de la desviación sexual, al desplazarse de superficie discursiva y ámbito donde se establecería su control, comenzó a especificarse, diferenciándose de la homosexualidad y otras desviaciones. Fue la disciplina sexológica la que tomó dicha tarea en sus manos. Tres nombres se presentan como referencia obligada al rastrear en los orígenes del concepto de travestismo: Richard Von Krafft Ebing, Henry Havelock Ellis y Magnus Hirschfeld (King, 1998; Fernández, 2004; Leite, 2008).

Krafft Ebing, psiquiatra alemán, escribió en 1886 Psychopathia sexualis donde estableció una taxonomía rigurosa de los distintos cuadros de las desviaciones sexuales. En el esquema desarrollado por Krafft Ebing aún no se desarrollaba la separación conceptual entre las categorías sexo, género y deseo. Por el contrario, estos tres conceptos eran concebidos de manera amalgamada: los verdaderos varones serían masculinos y su deseo se orientaría hacia las mujeres; así como las verdaderas mujeres serían femeninas y su deseo se orientaría hacia los varones. Cualquier perturbación de esta linealidad era cifrada como un desvío o una perversión que podía ubicarse en algunas de las sub-especies del amplio cuadro de la ambigüedad sexual diseñado por el autor (King, 1998; Leite, 2008). Un tipo de perversión del instinto sexual descripto en su obra refería a la excitabilidad de las funciones sexuales por estímulos inadecuados. Estas podían ser categorizadas como sadismo, masoquismo, fetichismo o antipatía sexual. El autor utilizó este último término para referirse a la atracción homosexual adquirida, de la cual podían identificarse distintitos grados. Un primer grado refería a la reversión de la atracción sexual que incluía la homosexualidad y uranismo; un segundo grado a la pérdida de masculinidad o feminidad; un tercer grado a la transición hacia la ilusión de cambio sexual; un último grado representaba la ilusión de cambio de sexo propiamente dicha. De este modo, trazó un continuum de la desviación de menor o mayor gravedad. En su esquema se le otorgaba importancia a la supuesta etiología de los deseos desviados –innatos o adquiridos. Asimismo, se establecía la diferencia entre el deseo por personas del mismo sexo y el deseo de pertenecer al otro sexo, como diferencias de grado en un cuadro más amplio vinculado a los estímulos eróticos considerados inadecuados. El deseo de vivir acorde a un género distinto al asignado era entendido allí como una ilusión frente a una verdad sexual dada basada en la genitalidad.

En 1897, el médico y psicólogo británico Havelock Ellis escribió el libro Inversión sexual. En esta obra, el autor utilizó el concepto de homosexualidad para referirse a la atracción entre personas del mismo sexo en un sentido general. En 1913 acuñó el término “inversión sexo-estética” y en 1920 el de “eonismo”, para referirse a individuos que se identifican con el sexo opuesto no sólo en el uso de vestimentas, sino también en sus gustos y características emocionales, considerándolo este último como un fenómeno específico que no debía confundirse con la homosexualidad. Havelock Ellis lo entendió como un fenómeno en sí mismo y no como un grado en el continuum de perversiones sexuales.

En 1910, el médico alemán Magnus Hirschfeld escribió “Transvestites. The erotic drive to cross dress” en el que creó una categoría clínica autónoma para referirse a personas que usan ropas del sexo opuesto, independientemente de la orientación de su deseo sexual hacia personas del mismo u otro sexo: el travestismo. Esta categoría se distanciaba de la indiferenciación entre sexo y género sostenida hasta el momento. Para este autor, el uso de ropas del sexo opuesto fue expuesto como un fin en sí mismo que configuraba una forma particular de subjetividad. Esta nueva categoría clínica hizo nacer un personaje autónomo, no ya subsumido indiferenciadamente a noción de desviación sexual.

A lo largo de las distintas conceptualizaciones es posible observar el modo en el cual el travestismo fue reconfigurándose desde sus primeras formulaciones como categoría clínica. Si inicialmente fue identificado con una serie de actos incluidos en la amplia gramática de la desviación sexual, posteriormente permitió el nacimiento de una categoría autónoma que no se reducía a la atracción erótica por personas del mismo sexo.

Usos y sentidos de las “sexualidades desviadas” en la conformación de la nación argentina

Mientras que en Europa se forjaban las primeras definiciones clínicas en torno al travestismo, en Argentina las élites dominantes buscaban convertir el país en un moderno Estado Nación soberano y capaz de insertarse económicamente en el mercado internacional. Para ello era necesario unificar el territorio en términos políticos e institucionales, así como instaurar un sentimiento nacional y de pertenencia compartido.

Siguiendo a Jorge Salessi en su libro Médicos, maleantes y maricas (1995), un texto fundador del proyecto de Nación unificada y soberana fue el Facundo de Sarmiento. Escrito en 1845, Facundo inauguró la mirada médica para pensar la nación en conformación como un organismo en el que se libraba una lucha entre civilización y barbarie. Esa mirada fue retomada más tarde por el pensamiento higienista, que hacia fines del siglo XIX logró instaurar la “hegemonía de la disciplina de la higiene en el proyecto de reorganización liberal” (Salessi, 1995: 21). El modelo higienista basado en la dicotomía salubre/insalubre supo instalarse como esquema dominante para pensar lo social luego de las pandemias ocurridas en Buenos Aires entre 1852 y 1871[1]. Dicha ideología fue permeando en las instituciones del Estado en formación, logrando instalar una interpretación verosímil de los problemas locales (Terán, 1987). En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires fue objeto de una serie de reflexiones e intervenciones bajo una lógica discursiva que la equiparaba metonímicamente a la nación en formación (Salessi, 1995). Según Irina Mendiara:

A través de fronteras amenazadas por barbaries, invasiones y pestes, la ciudad fue delimitada como un espacio moral a construir y garantizar para una población que sería organizada –en tanto que comunidad– en torno al peligro de la desintegración y la anarquía (Mendiara, 2002: 28).

La idea de un “invisible enemigo que amenaza la integridad de todo el cuerpo nación” (Salessi, 1995: 14) fue la noción que signó el pensamiento público de la época. Ello permitió la unificación de distintos actores, incluso aquellos portadores de intereses contradictorios, tales como ganaderos, burgueses, gauchos e inmigrantes, habitantes del campo y de la ciudad.

Cuando las epidemias fueron diezmadas, el lugar de amenaza fue ocupado por aquellos sujetos y grupos que contradecían el ideario de ciudadanía que los fundadores de la moderna Nación Argentina habían proyectado. El exterior amenazante, pero constitutivo de la ciudad-nación, fue encarnado indistintamente por obreros urbanos, anarquistas y socialistas, prostitutas y homosexuales (Guy, 1994; Salessi, 1995; Ben, 2000). De este modo, eran entendidos como amenaza para el orden en formación no sólo los trabajadores organizados, sino también cualquier forma de vida que pusiera en cuestión el modelo de familia nuclear, conyugal, monogámica y heterosexual.

Higienismo, criminología y reforma moral conformaron una tríada que ocupó un rol central en la gestión de lo público en los inicios del Estado Nación argentino. La desviación sexual fue leída allí como una enfermedad degeneradora que amenazaba con su contagio, sobre todo en los espacios designados para la conformación del nuevo ciudadano argentino por excelencia: la Escuela y el Ejército (Salessi, 1995; Fernández, 2004). Distintos saberes ubicaron en su centro el problema del “sexo verdadero”. Psiquiatría y criminología se fueron acoplando a las instituciones y discursos estatales a fin de controlar y normalizar a los denominados invertidos sexuales ya que, al igual que la prostitutas, eran entendidos como “auxiliares del delito” (Ben, 2000). La conjunción entre juristas y médicos obedeció a la necesidad de determinar qué tipo de tratamiento correspondería darles a los individuos catalogados como desviados. De los invertidos congénitos se ocuparía la medicina y de los invertidos por determinantes del ambiente, la policía.

Tres referentes del positivismo higienista y criminológico argentino de principios de siglo que dedicaron parte de su obra a los cuadros de desviación sexual fueron José María Ramos Mejía, Eusebio Gómez y Francisco De Veyga. En su libro Multitudes argentinas de 1899, Ramos Mejía acuñó la noción de invertido sexual o guarango en referencia a un espectro amplio de hábitos y costumbres femeninas en el hombre que podrían ser corregibles mediante la educación. En 1910, José Ingenieros publicó su artículo “Patología de las funciones psicosexuales” en el que estableció una rigurosa y extensa clasificación de perversiones sexuales, basándose la idea de que toda emoción, sentimiento o tendencia sexual que no estuviese vinculado a la finalidad biológica de la reproducción era patológica (Mendiara, 2002). Por su parte, Eusebio Gómez publicó en los Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines[2] de 1907 su artículo “La mala vida en Buenos Aires”. Allí definió a los integrantes de la mala vida porteña como

Sujetos que viven parasitariamente, delinquiendo o llegando hasta las fronteras del crimen para allí detenerse y ejercer todas las malas artes propias de la canallada; que se dedican a la prostitución en sus más soeces manifestaciones y en sus tendencias heterosexual y homosexual; que no tienen otro oficio que la mendicidad, por una repugnancia marcada a toda labor honesta (Gómez, en Mendiara, 2002: 36).

Consideró a delincuentes, prostitutas y homosexuales como amenazas públicas que debían conocerse en profundidad con el fin de prevenirlas y controlarlas. Gómez concibió a la inversión sexual como la satisfacción de los instintos sexuales mediante procedimientos contrarios a las leyes de la naturaleza. Argumentó que si bien la pederastia activa[3] era considerada como un vicio tolerable, la pederastia pasiva, por el contrario, representaba una patología peligrosa ya que traicionaba el rol sexual masculino normal. Siguiendo a Salessi:

La pederastia pasiva denotaba la inversión del rol insertivo definido como correcto para el hombre. De acuerdo con esta concepción finisecular de la desviación una vez que el hombre invertía su rol sexual, seguía invirtiendo las costumbres, los hábitos, modales y vestido definidos como correctos para su sexo biológico en un proceso de simulación que culminaba con la patología del delirio de creerse una mujer en el cuerpo de un hombre (Salessi, 1995: 250).

Tal como lo había entendido Krafft Ebing en 1886, Eusebio Gómez pensó un continuum de la desviación que iría desde la inversión adquirida hasta la ilusión delirante de creerse de otro sexo. Este conjunto de trabajos distinguía la inversión sexual natural congénita de la adquirida, producto esta última del medio ambiente proclive a la degeneración. Mientras que la inversión congénita era disculpable, la adquirida no, y hacía necesaria la contra-educación de los desviados a fin de revertir sus tendencias perversas.

En sintonía con estas concepciones, Francisco de Veyga estudió el fenómeno de aquellos hombres que se visten con las ropas del sexo femenino, concebido como una clase especial de inversión. Sus análisis pueden encontrarse en los artículos titulados “Inversión Sexual Congénita” e “Inversión sexual adquirida” escritos en 1902 y 1903 respectivamente y publicados en los Archivos de Criminología, Psiquiatría y Ciencias Afines. Como afirma Irina Mendiara (2002), los artículos allí publicados tomaban la forma de informes periciales, indagaciones y diagnósticos presentados por los médicos a los jueces, lo que pone en evidencia el tipo de amalgamamiento entre ciencia y derecho de la época. A través de los relatos de vida de Manón, Aída, Rosita del Plata, Aurora y la Bella Otero, descompuso al travestismo en sus diferentes tipos patológicos como inversión congénita o adquirida, especificando al interior de esta última tres tipos: profesional, por sugestión y por causa de decaimiento mental (Salessi, 1995; Mendiara, 2002). En cada uno de los casos descritos y analizados por Veyga, lo que aparecía como fuerte preocupación era la simulación, el engaño y la mentira. Es así que entre sus análisis pueden leerse sentencias de este tipo:

El concepto que todos ellos se forman de la sexualidad femenina –a cuya imitación dedican todo su afán– es por lo pronto, completamente erróneo. Esa “alma de mujer” que tantos de entre ellos pretenden poseer y en cuya existencia han llegado a hacer creer a muchos observadores dignos de la mayor consideración, no es sino una pura fantasía, una ilusión delirante de la verdadera acepción de la palabra. Después, ese aparato exterior de que se rodean, tratando de materializar su idea primordial, no es sino un miserable artificio, en que lo ridículo se mezcla a lo extravagante, en proporción pocas veces tan marcadas (…). En una palabra: un estado mental perfectamente patológico (Veyga, en Mendiara, 2002: 70)

A partir de estos desarrollos es posible entender por qué hasta la introducción de las figuras de los Edictos Policiales que tenían como fin perseguir el travestismo y la homosexualidad en la década de 1930, no hubo sanción penal explícita contra las desviaciones sexuales: el discurso médico había sabido suplir dicha ausencia especificando y controlando a los sujetos considerados peligrosos.

Los cuerpos de la ley, la ley de los cuerpos

Hacia fines del siglo XIX la desviación sexual fue colocada en el lugar de la amenaza a la nación en formación. Esa misma gramática de peligro social se ubicó como eje articulador de una serie de documentos que conforman parte del corpus construido para la presente investigación. A continuación abordo los sentidos presentes en el primer guión regulativo identificado, el del travestismo como peligro social. Analizaré los Edictos Policiales –en particular, las figuras introducidas en 1932–, el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires sancionado en 1998 con sus modificatorias y dos fallos producidos en 1966 y 1974 respectivamente.

Los Edictos Policiales y el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires

A partir de la década de 1930, la sanción legal de la homosexualidad y el travestismo fue vehiculizada a través de los Edictos Policiales. Estos se encargaron de penalizar aquellas conductas ilícitas que afectaran la convivencia social y que no estuvieran especificadas en los códigos penales como delitos. Por ser penas menores, no configuraban delitos sino contravenciones o faltas. Sin embargo, los Edictos tomaron la función de control, vigilancia y disciplinamiento como un sistema penal paralelo (Salomón, 2011). Siguiendo a Rafael Gentili, quien rastrea los orígenes históricos de los Edictos Policiales:

La primera norma relacionada con los Edictos Policiales data del año 1772. Se trataba de un bando policial dictado por el Virrey Juan José Vértiz, organizador de los primeros servicios de policía a cargo de los Alcaldes de barrio[4] (…) Según el sub comisario Juan A. Ré con estas medidas el señor Virrey `procuraba prevenir la comisión de delitos, imposibilitando los desórdenes inherentes a la corrupción de las buenas costumbres´ (Gentili, 1995: 11).

En 1823, Bernardino Rivadavia reglamentó el ejercicio de la mendicidad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires junto con otras ordenanzas que incluían la vagancia, el juego, la fuga de menores, entre otras. Estableció que era la Policía la encargada de identificar a los infractores asignando a los juzgados de paz la responsabilidad de juzgar y ejecutar las penas. No obstante, siguiendo a Gentili (1995) el reglamento de Policía creado en 1868 autorizó a la policía a juzgar y aplicar las penas correspondientes a dichas ordenanzas. Ello fue refrendado luego por medio de la Ley 2.372 de 1889, sancionada con posterioridad a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, las modificaciones de fondo y forma de las ordenanzas fueron efectuadas por los sucesivos Jefes de Policía de forma autónoma e independiente.

Los Edictos Policiales no refirieron a un cuerpo de sanciones elaboradas por juristas sino que provenían de una serie descoordinada de Órdenes del día, Disposiciones, Circulares, Reglamentaciones y Órdenes telegráficas, muchas de ellas elaboradas ad hoc conforme surgían hechos configurados como amenazantes de la convivencia social (Pita, 2003). Las modificaciones al cuerpo de Edictos Policiales efectuadas por el Coronel Luis J. García de 1932 en la Orden del día del 21 de julio de 1932 introdujeron las figuras de “exhibirse en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario” y de “incitarse u ofrecerse al acto carnal” (Gentili, 1995)[5]. Estas continuaron vigentes hasta la derogación de los Edictos con la Sanción del Código Contravencional en 1998. Es posible pensar los Edictos como la contracara de los Archivos de Criminología, Psiquiatría y Ciencias Afines. En aquellos se habían plasmado “representaciones y configuraciones de las zonas morales de la ciudad adheridas a descripciones de las prácticas y a la clasificación de los modos de vida, conductas y procedencias de las personas que las transitan” (2002: 60). Estas mismas representaciones fueron traducidas luego a figuras contravencionales a fin de prevenir, controlar y reprimir aquellos peligros morales que amenazaban la ciudad-nación.

En 1944, el Decreto 32.265 estableció el primer estatuto de la Policía Federal, en el que se oficializaban las normas de procedimiento de la policía vigentes (incluyendo los Edictos). Hasta ese momento dichos procedimientos se regían por la costumbre y la autoridad de los Jefes de Policía. En 1947, la Ley 13.030 validó distintos decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional entre 1943 y 1946, que también los incluía. Luego, en 1958, la Ley 14.467 ratificó todos decretos emitidos hasta el momento, incluso los de la reciente dictadura. En dicha oportunidad “los Edictos Policiales, conjuntamente con el reglamento de procedimientos que los acompaña, pasaron a ser Ley del Congreso Nacional con aplicación exclusiva en la Capital Federal” (Gentili, 1995: 15).

Los Edictos establecían que fuera la policía quien detenga, investigue y por último juzgue, por ello se ubicaban en un punto intermedio y conflictivo entre el derecho administrativo y el derecho penal. A través de los Edictos la policía detentaba un poder legislativo (creaba normativa), policial (detenía sospechosos) y judicial (producía pruebas, acusaba y juzgaba) (Pita, 2004). Por ello es posible afirmar que los Edictos Policiales tomaron la forma legal de aquello que no podía tener forma legal, esto es, la persecución de los sujetos considerados peligrosos sin mayor prueba que la presunción de un agente policial. La antropóloga Sofía Tiscornia (2004) afirma que como técnica de gobierno, los Edictos Policiales se orientaron a “obligar al encauzamiento de conductas, domesticar las relaciones entre los hombres, civilizar las costumbres públicas y privadas” (Tiscornia, 2004: 81). Gentili compara el derecho penal y el derecho contravencional y afirma que en los delitos la víctima inmediata es el titular del derecho atacado, mientras que en las faltas el sujeto pasivo es la sociedad o comunidad (Gentili, 1995). Teniendo en cuenta que las primeras formulaciones de los Edictos datan de la Colonia, incluyendo la mendicidad y la vagancia como figuras penalizables, es posible pensar que no buscaban tanto penalizar una serie actos puntuales, sino más bien especificar y controlar aquellos sujetos concebidos como peligrosos o amenazantes del orden social en construcción. En palabras de Gentili, “los Edictos Policiales condenan a las personas no tanto por lo que hacen sino por lo que son” (1995: 27).

Los Edictos se basaban en un tipo de derecho que Raúl Zaffaroni caracteriza como derecho penal de autor (a diferencia del derecho penal de acto). Mientras que en la teoría del delito penal de acto se sancionan conductas consideradas lesivas del orden social, para la teoría del delito penal de autor “el delito no es más que un signo que revela la necesidad de que el sistema penal investigue y reproche toda la vida pecaminosa del autor. No se reprocha el acto sino la existencia de la persona, o sea, no lo que hizo sino lo que se supone que es” (Zaffaroni, 2002: 49). Siguiendo a Leticia Sabsay (2011) los Edictos operaron como máquinas de subjetivación, configurando, delimitando y fijando unas subjetividades particulares, las segregadas del orden social hegemónico.

Los Edictos[6] tenían por objeto regular el espacio público. Algunos de sus títulos referían a “bailes públicos”, “carnaval”, “desordenes”, “ebriedad y otras intoxicaciones”, “escándalo”, “juego de naipes, dados y otros”, “derecho de reunión”, “vagancia y mendicidad”. En lo que refería a la regulación de los bailes, en el artículo 4° Inciso d, se establecía que los mismos serían suspendidos “cuando permitieren a los concurrentes la práctica de danzas inmorales u obscenas”. El título sobre “desordenes” en su artículo 1° dictaminaba la sanción de todos/as aquellos/as “que perturbaren el orden público de cualquier manera que fuere”. En lo que refiere al “carnaval”, el artículo 10° rezaba: “las personas que en la vía pública o lugares públicos realizaren actos colectivos que ofendan la moral, las buenas costumbres, la tranquilidad y el orden público, serán reprimidos con las penas establecidas en los Edictos sobre `desordenes y `escándalo”. A los fines de esta investigación, cabe hacer especial mención al título sobre “escándalo”. Su artículo 2° establecía:

Serán reprimidos con multa (…) a) los que provocaren o molestaren a los transeúntes con palabras o ademanes que implicaren una ofensa a la moral; (…) d) los que incitaren a menores a actos inmorales y facilitaren o permitieren su entrada a sitios de prostitución o cabarets y otros impropios para la moral; e) Los que se exhibieren en comercios, plazas u otros lugares de esparcimiento público con vestimentas indecorosas o se despojaren en los mismos sitios, de ropas de vestir, exigibles a la cultura social ; f) Los que se exhibieren en la vía pública o lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario; (…) h) las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofreciesen al acto carnal; i) los sujetos conocidos como pervertidos que se encontraren en compañía de menores de 18 años cumplidos[7].

Las formas de sexualidad que se alejaban de la alcoba matrimonial eran entendidas como ofensivas a las buenas costumbres e impropias para la moral y, por ende, lesivas del orden público. Dicho carácter ameritaba su penalización. Así eran codificadas también las expresiones de género que desestabilizaban los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, considerándolos como disfraces del sexo contrario. Si bien estos artículos no penalizaban directamente el travestismo como forma de vida, la penalización de algo tan amplio y ambiguo como las vestimentas indecorosas se habrían establecido con el objeto de reprimir cualquier predisposición gestual o corporal leída como contraria a lo esperable en base al modelo de ciudadano ideal. Lo que estas figuras buscaban reprimir era la homosexualidad masculina. La homosexualidad femenina, sin ser directamente criminalizada, era controlada por parte de médicos legistas, psiquíatras y ginecólogos, quienes bajos las categorías del tribadismo y el safismo también la cifraron durante años como una enfermedad (Ramacciotti y Valobra, 2008; Gemetro, 2011).

Los Edictos fueron pensados para regular las acciones en el espacio público, sin embargo, siguiendo a Leticia Sabsay (2011) la noción de espacio público era utilizada de forma eufemística para poner en práctica la regulación de una moral pública. Ello implicaba imponer una moral particular que era presentada como la moral general de una sociedad. La definición de “honor” o “buenas costumbres” se basaba en criterios morales. Por ello, bajo el imperio de los Edictos, la evaluación de lo que ingresaba o no dentro la órbita de lo penalizable era establecido discrecionalmente por parte de un agente del orden en base a lo que este considerara indecoroso, inmoral u obsceno.

Existen rasgos comunes entre el pensamiento excluyente que signó los orígenes de la nación y los Edictos Policiales formulados décadas después. Estos se encontraban atravesados por la necesidad de defensa social frente a la figura de un otro amenazante que debía ser excluido o corregido[8]. Los Edictos se orientaban a la conservación del orden y la moral pública de acuerdo a los sentidos asociados a la figura del “invertido sexual” desarrollada por el pensamiento higienista y la criminología de principios de siglo.

Los Edictos fueron derogados en 1996 tras la adquisición de autonomía de la Ciudad en 1994[9]. En reemplazo, se sancionó un nuevo Código Contravencional caracterizado como “de Convivencia Urbana”, cuya primera versión fue elaborada por la Legislatura de la Ciudad en 1998. Frente al espíritu moralista y represivo de los Edictos, el Código se presentaba como una forma garantista y democrática de asegurar la convivencia urbana y reducir la corrupción policial. No obstante, según Leticia Sabsay (2011), en parte se trató más de una declaración de principios que de un concepto operante en los hechos. En sus artículos se dio un desplazamiento semántico de los significantes con los cuales se buscaba regular el espacio público, reemplazando las viejas figuras de la moral pública, el orden, el decoro y las buenas costumbres, por el de “tranquilidad pública”. Sin embargo, bajo la noción de “defensa de la tranquilidad pública” se escondían las mismas nociones de peligrosidad y amenaza social que signaban a los Edictos Policiales recién derogados (Sabsay, 2011). Ello da cuenta de la persistencia de mecanismos de estigmatización, control y regulación entre los Edictos Policiales y el nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (Raffo, 2006; Salomón, 2011; Sabsay, 2011). El flamante Código, en sus sucesivas reformulaciones basadas en la retórica de las garantías constitucionales, replicó la penalización de ciertos sujetos por considerarlos una amenaza a la moral social. Ello se puso en evidencia en una de las discusiones más polémicas por las que atravesaron sus distintas reformas, referida a la sanción o no de la prostitución callejera.

En su primera versión, el Código había eliminado las figuras de “prostitución” y “exhibirse en la vía pública con ropas del sexo contrario”, que en la práctica significó la despenalización de la prostitución y el travestismo. En respuesta, asociaciones de vecinos de Palermo (barrio de clase media alta donde la prostitución era realizada mayoritariamente por travestis) reclamaron el establecimiento de una “zona roja”[10] en un lugar apartado de la ciudad. Una segunda versión agregó el artículo N° 71 sobre “Alteración a la tranquilidad pública”, reintroduciendo la reglamentación de la prostitución bajo las figuras de “ruidos molestos” y “alteración al orden público”. En base a esta formulación, el ejercicio de la prostitución callejera era penalizable en caso de

Causar alteraciones a la tranquilidad pública frente a viviendas, establecimientos educativos o templos, o en su proximidad, con motivo u ocasión del ejercicio de la prostitución y como resultado de su concentración, de ruidos, o perturbación del tránsito de personas o vehículos, o con hostigamiento o exhibiéndose en ropa interior o desnudo/a. (Ley N° 42/GCBA).

Según esta formulación la prostitución sería tolerada cuando solo en caso de ser ejercida de modo silencioso, disimulado, en definitiva, imperceptible.

En 1999, por decreto del presidente Menem, se aprobaron medidas que permitían las detenciones sin orden judicial por “ofrecimiento o incitación al acto sexual” cuando este implicara la “perturbación de la tranquilidad” (Decreto N° 150/99). Ello redundó en un avasallamiento a la autonomía recientemente adquirida por la Ciudad de Buenos Aires y generó una fuerte contienda política. Ese mismo año, la Legislatura porteña reformuló el artículo N° 71 prohibiendo completamente “Ofrecer o demandar para sí u otras personas, servicios sexuales en los espacios públicos” (Ley N° 162/GCBA). Esta medida siguió vigente hasta 2004, año en el cual tuvieron lugar nuevos conflictos por un conjunto de reformas en relación a los usos del espacio público, que implicaron a travestis y mujeres en situación de prostitución pero también a vendedores ambulantes y cartoneros, entre otros grupos sociales marginalizados. Las reglamentaciones allí aprobadas se encuentran vigentes momento de escritura de este trabajo, a través del artículo N° 81 que regula el “uso del espacio público y privado”. Allí se penaliza la

Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos. Quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado (…) (e)n ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales (Ley N° 1.472/GCBA).

La protección jurídica de la tranquilidad pública viene a señalar cuáles son los sujetos habilitados e inhabilitados para hacer un uso legítimo del espacio público. La prostitución es la figura que aun en el marco de regímenes democráticos pretendidamente garantistas persiste, condensando la idea del peligro social vigente desde fines del siglo XIX. En este sentido, si por un lado el Código Contravencional eliminó la figura de vestir con ropas del sexo contrario, la sanción de la prostitución permitió seguir controlando el travestismo dado que estas aún se constituyen como una amenaza a la moral hegemónica.

Como se verá en los capítulos que siguen, los discursos del peligro social de principios del siglo XX resurgieron en el marco de la discusión pública del Código Contravencional a mediados de la década de 1990. Como se verá en los capítulos subsiguientes, en ese contexto ya se encontraban en circulación otros sentidos en torno al travestismo que incluso ya habían sido oficializados por instancias estatales. Algunos venían de la mano de ámbitos médicos, otros de la mano de las organizaciones sexo-políticas locales recientemente conformadas. No obstante, se trata de discursos que se imbrican, solapan y articulan, y no de una sucesión de sentidos oficiales que se superan linealmente.

Análisis de dos fallos

Algunos de los sentidos desarrollados por el campo sexológico europeo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se encuentran presentes en los primeros fallos que en nuestro país procesaron judicialmente las acciones llevadas a cabo por personas que deseaban intervenir sus cuerpos a fin de adecuarlos un género distinto al que les fue asignado al nacer. A continuación se analizan dos fallos producidos en los años 1966 y 1974 respectivamente. Allí se dará cuenta de los sentidos oficializados por los operadores estatales al evaluar en casos en los que desafiar las normas de uso correcto del cuerpo en términos genéricos podía ser catalogado como un delito penal. El primero de ellos se trata de una acusación penal a un médico por haber realizado una cirugía genital sin la autorización judicial correspondiente –en adelante “Fallo lesiones”–, mientras que el segundo refiere a una solicitud de autorización para la realización de dicha cirugía –en adelante “Fallo Pischetto”–.

El primero de los documentos a analizar se fundamentó en el Decreto N° 6.216 sancionado en 1944. Este reglamentaba el ejercicio de la medicina y en uno de sus artículos prohibía expresamente “practicar intervenciones que provoquen la esterilización en la mujer, sin que exista una terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos los recursos conservadores de los órganos reproductivos”. El segundo fallo se amparaba en la Ley N° 17.132 de ejercicio de la medicina sancionada en 1967, que en su artículo 4° establecía la obligación de “no llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorización judicial”.

El “Fallo lesiones” tuvo por objeto evaluar el carácter lícito o ilícito de una intervención quirúrgica realizada en 1965 a una persona registrada legalmente como perteneciente al sexo masculino. El fallo refiere que la operación en cuestión “consistió en la amputación de su pene, extirpación de ambos testículos epidídimos y sección de ambos cordones espermáticos, habiéndosele implantado la uretra en el periné y confeccionado una pseudovulva en las bolsas” (Fallo lesiones). El juez concibió que se trataba de una “operación mutilante (y) castrativa” que hubiera sido viable legalmente sólo en caso de comprobar la existencia de una enfermedad, por lo que existía un delito cometido por parte de los/as profesionales de la salud intervinientes. Los acusados eran el cirujano que realizó la intervención, su ayudante (prófugo), el anestesista y la enfermera. Estos dos últimos, originalmente procesados, fueron sobreseídos posteriormente. Se presentaron como testigos la persona que lo acompañó a realizarse la intervención y un vecino. En las declaraciones citadas en el fallo, ambos expresaron que desde hacía ocho años su allegado había comenzado las gestiones para realizar la intervención quirúrgica en cuestión. No lo había logrado hasta que se vinculó con quien se desempeñó como ayudante en la operación en cuestión (el prófugo “R. J”). Este médico, también cirujano, lo había operado previamente de la nariz y le hizo de nexo con el cirujano que le realizó la operación sobre la cual versa el fallo. El fallo refiere que presentaron como pruebas jurídicas la documentación secuestrada en la clínica donde la intervención fue realizada y varios testimonios de distintos profesionales de la salud que habían atendido a la persona a lo largo de su vida, a fin de indagar si sufría o no de algún tipo de dolencia en su genitalidad que justificara dicha intervención. En base a las pruebas jurídicas expuestas, el fallo condenó al cirujano que le realizó la operación, desestimando el argumento del consentimiento de la víctima como factor atenuante propuesto por la defensa. Luego de la apelación interpuesta, fue confirmada la condena al médico cirujano a cumplir la pena de tres años de prisión.

En el abordaje de esta causa el juez tuvo especial interés en hacer inteligible la naturaleza psicológica del sujeto que solicitó dicha intervención. Con tal objeto, y recurriendo a peritajes psicológicos, el juez inscribió el deseo de transformación corporal en una trama vital particular al corroborar que

Desde su niñez ya mostró tendencias femeninas. Que en la edad de la pubertad realizó su primer contacto sexual con un muchacho, algo mayor que él, asumiendo papel pasivo. Comercio que siguió realizando ininterrumpidamente hasta la iniciación de esta causa,

Así como que

Desde aproximadamente unos ocho años atrás comenzó sus tratativas de cambiar de sexo por medio de una intervención quirúrgica enmasculativa, no habiendo reparado ni en medios económicos ni en modo para lograrlo (Fallo Lesiones).

En la trama del fallo, el sujeto fue ubicado como lo otro en términos no solo de anormalidad sino también de inferioridad, al firmar:

En la actualidad posee una personalidad anormal, debido a su propia desviación sexual. Con una torpe inteligencia, media inferior, de tipo práctico, con una moral sin juicio crítico reflexivo (Fallo lesiones).

Si bien a priori lo que se encontraba en entredicho era la licitud o no de la intervención quirúrgica, casi la totalidad del fallo se centró en el estudio de las características personales de la persona a quien le fue realizada la intervención. Se quitó el foco de las características del profesional que la realizó, así como de las condiciones en la que la misma se llevó a cabo. Las nociones de perversión sexual y peligro social fueron las categorías centrales que hicieron inteligible el caso. La preocupación estaba puesta no en la regulación del ejercicio de la profesión médica, sino en asegurar la vigencia de una serie de normas morales, de las que el mismo juez se presentó como fiel defensor:

Dicha operación solo tiene fundamento científico cuando existe cáncer de genitales externos (…) A pesar de que con dicha intervención se ha practicado dicho tipo de amputaciones, nuestras normas morales, científicas y de sana convivencia social (…) permite(n) afirmar que tales operaciones no tienen ningún fundamento científico, esgrimiéndose argumentos que pueden explicar pero no justificar la perversión sexual (Fallo lesiones).

Amparado en el Decreto antes mencionado, el juez declaró culpable al profesional de la salud interviniente. Es posible inferir que tuvo por objeto disciplinar y controlar la práctica médica a fin de evitar cualquier acto que niegue o contradiga “la verdad impuesta por la naturaleza” (Fallo lesiones). La sentencia del Fiscal de Cámara incluida en el fallo también expresó que “por más que avance la medicina, jamás podrá esta violar los secretos de la creación” y afirmó “a estos enfermos no hay que destrozarles el cuerpo, hay que procurar curarles la mente” (Fallo lesiones).

El segundo fallo a analizar data de 1974 y se trató de la evaluación de una solicitud de autorización para acceder a una cirugía genital feminizante. En dicha oportunidad el juez afirmó: “corresponde denegar la autorización judicial solicitada por el peticionante para que un médico lo opere para cambiar de sexo, pues la operación mutiladora a que aspira someterse no está permitida legalmente en nuestro país” (Fallo Pischetto). Aún señalando claramente el objeto del fallo y sus demarcaciones legales, el juez también ahondó en las características subjetivas de la persona solicitante. Acorde a dicha búsqueda afirmó que

Se está en presencia de un sujeto psíquicamente desequilibrado y de conformación morfológica perfectamente masculina; sus angustias y sus inclinaciones por el travestismo y sus peculiaridades de conducta que lo sitúan en el transexualismo, tienen origen en desviaciones eminentemente psicológicas (y que) se infiere el enfoque paranoico del sujeto y la posibilidad de que, dado el monto de su heteroagresividad puede llegar a revestir peligrosidad (Fallo Pischetto).

En estas afirmaciones se ubican en términos de equivalencia la “desviación psicológica” y la “peligrosidad”. La peligrosidad es entendida como la posibilidad de que el sujeto cometa actos lesivos hacia sí mismo, pero bien puede ser equiparada a la noción de peligrosidad social anteriormente desarrollada. La personalidad del sujeto solicitante era cifrada indiferenciadamente bajo los términos clínicos tanto del travestismo como de la homosexualidad. La homosexualidad era definida en base a presencia de una morfología corporal masculina y la existencia de deseo homoeróticamente orientado, entendido como el desarrollo de “tendencias femeninas” (Fallo Pischetto) en el encuentro sexual. Acorde a las taxonomías vigentes desde principios de siglo, dicho deseo era a su vez inscrito en una trama en la que la forma de ejercicio de esa sexualidad (rol pasivo o activo) se ubicaba como llave para inferir toda una gama de características subjetivas de las personas. En el fallo coexistían formas divergentes de entender el travestismo, ya sea como “conducta” inherente a la homosexualidad, o bien definiendo una subjetividad particular: “sujetos con compulsivo deseo de pertenecer al otro sexo para poder vestir y comportarse como ellos” (Fallo Pischetto).

En el primer caso la decisión del juez buscaba resguardar jurídicamente lo que entendía por sexo verdadero:

La intervención quirúrgica a que desea someterse no le reportará ningún beneficio en su salud mental ni en su salud física porque además de destruirle varias vías nerviosas que condicionan la posibilidad actual de alcanzar el orgasmo, no originará un total cambio de sexo sino un símil de la anatomía y fisiología femenina genital (Fallo lesiones).

En el segundo, conducir a los sujetos por las vías de lo definido como “lo normal”:

El hecho expuesto por los expertos de que la operación quirúrgica en cuestión no transferiría la libido del paciente a su ubicación normal (…) me llevan a una conclusión contraria a las pretensiones del recurrente (Fallo Pischetto).

Detrás de la distinción entre lo real y lo aparente sobre el sexo, preocupación que ya expusiera Veyga en sus escritos, en estos fallos se encontraba presente el problema de la delimitación de las fronteras entre la esfera pública y la esfera privada. Como explicitaba el Juez Pischetto, se trataba de dirimir entre

(El) alcance de los derechos del individuo humano para resolver respecto a una intervención mutiladora sobre su propio cuerpo y (el) alcance de los derechos de la sociedad a oponerse a que el individuo disponga libremente de su cuerpo (Fallo Pischetto).

Este pasaje expresa la centralidad que ocupaba el cuerpo en la ecuación del poder y, en particular, la necesidad de control del mismo acorde a las normas de género vigentes. Tanto es así que la potestad de los individuos sobre su propia corporalidad se encontraba cercenada si sus deseos contradecían las normas del uso pretendidamente correcto del cuerpo: binario, heterosexual y orientado a fines reproductivos. La disposición sobre el propio cuerpo, si bien forma parte de la dimensión privada e íntima de las personas (atendiendo al esquema de la división entre lo público y lo privado instituida según el artículo 19 de la Constitución Nacional) es parte constitutiva de los asuntos públicos. Retomando a Paul B. Preciado (2009) estos posicionamientos pueden ser ubicados en el marco de un régimen de control de los cuerpos “en el que el pene y la vagina siguen siendo propiedad del Estado” (Preciado, 2009: 24)

A continuación se describirá el surgimiento de la transexualidad como tópico médico a partir de la segunda mitad del siglo XX, en base a la articulación de dos disciplinas: la psiquiatría y la endocrinología. Luego se analizará un corpus de tres fallos judiciales producidos en Argentina a fin de profundizar en los sentidos de la dimensión jurídica del dispositivo de la transexualidad.


  1. El autor refiere a las distintas epidemias de fiebre amarilla que sufrió la Ciudad de Buenos Aires en los años 1852, 1858, 1870 y 1871.
  2. En 1900 De Veyga, médico militar, creó la Clínica de Psiquiatría Forense en la que nombró como director a José Ingenieros. De allí surgió la Clínica Psiquiátrica y Criminológica que contó con su propio laboratorio de Psicología Experimental. En este marco, en 1902, se creó una revista de divulgación de las investigaciones llevadas a cabo en dicho laboratorio, se trató de los “Archivos de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatría”, que en 1903 cambió su nombre por “Archivos de Psiquiatría y Criminología aplicada a las Ciencias Afines. Medicina Legal. Sociología. Derecho. Psicología. Pedagogía.” En la revista colaboraban médicos, abogados, sociólogos, funcionarios policiales, escritores y filósofos. Se editaron 84 números hasta el año 1913 (Mendiara, 2002).
  3. Allí el autor entendía la pederastia en el sentido de sexo entre dos hombres, sin tener en cuenta la edad, lo que denota un uso diferente de la categoría en la actualidad.
  4. El bando incluía medidas respecto al cierre de comercios a determinada hora, represión del ejercicio de la mendicidad y la vagancia, penalizando severamente a las personas catalogadas como peligrosas (Gentili, 1995).
  5. Agradezco a Rafael Gentili su orientación en referencia a las fechas en las que se introdujeron estas figuras.
  6. Se referirá a los Edictos Policiales reproducidos por Gentili (1995)
  7. A partir de la década de 1950 muchas provincias del país también elaboraron sus propios Códigos de Faltas en los que replicaron lo vigente en los Edictos aplicados en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el código de faltas de la provincia de Jujuy sancionado en el año 1951 como el de la Provincia de Entre Ríos sancionado en el año 1952, el de Santiago del Estero del año 1953, el de Santa Cruz de 1961, el de Neuquén de 1962 y el de Formosa de 1979 incluyeron un capítulo dedicado a las faltas contra la moral y las buenas costumbres en los que penalizaron el escándalo, las palabras o actos considerados inmorales (que incluían el “homosexualismo”) y la prostitución callejera. Luego, el de Santiago del Estero en su artículo N° 78 inciso “C” penalizaba a aquel “Que se exhibiere públicamente con ropas de otro sexo y el de Formosa en su Artículo N° 99 rezaba: “Será sancionado con arresto de tres a quince días el que vistiere o se hiciere pasar como persona de sexo contrario”.
  8. Algunos antecedentes de los Edictos Policiales a fueron la Ley de Residencia sancionada en 1902 que habilitó al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo, principalmente anarquistas y socialistas, la Ley de Defensa Social sancionada en 1910 que prohibía la entrada y admisión de anarquistas y la Ley de Profilaxis de 1936 de prevención de enfermedades venéreas, utilizada para el control de los segmentos de la población considerados peligrosos, en particular a las mujeres en situación de prostitución.
  9. Hasta 1994, conforme a la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires era gobernada por un Intendente Municipal designado por la Presidencia de la República. La reforma constitucional de ese año estableció en el artículo 129 que la Ciudad tenga un régimen autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, con un jefe de gobierno elegido por el pueblo.
  10. Espacio urbano de tolerancia para el ejercicio de la prostitución.


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