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5 Reflexiones finales e interrogantes emergentes

El presente trabajo tuvo como objetivo comprender los cambios en las regulaciones del travestismo, la transexualidad y la transgeneridad en la Argentina. Un corpus de documentos textuales oficiales producidos por el Estado argentino entre 1932 y 2012 permitió analizar cómo fueron variando los sentidos en torno a los deseos y corporalidades que desafían la linealidad hegemónica del sexo-género-deseo y las regulaciones específicas puestas en práctica.

El abordaje requirió recuperar sentidos provenientes de distintos campos discursivos presentes en los documentos analizados: legales, clínicos, académicos, de organismos internacionales y de organizaciones sexo-políticas. Ello permitió identificar y caracterizar tres guiones de regulación del travestismo, la transexualidad y la transgeneridad. Los patrones identificados fueron leídos no como etapas que se oponen y superan progresivamente, sino como capas discursivas coexistentes al interior del Estado, que compiten por acceder al status de legitimidad y, al mismo tiempo, se imbrican, articulan y retroalimentan. El contenido discursivo de cada uno de esos guiones expresa la variabilidad de repertorios disponibles localmente en torno al travestismo, la transexualidad y la transgeneridad, y los cambios en su correlación de fuerzas. El ingreso del travestismo, la transexualidad y la transgeneridad como problema público fue variando en sus sentidos y contenidos: como un problema de moral pública, como un asunto médico-sanitario o bien como un asunto de derechos humanos.

Caractericé cada uno de los guiones identificados en base a tres categorías: la gramática del peligro social, el dispositivo de la transexualidad y el paradigma de la identidad de género como derecho humano. En primer lugar, expuse que la gramática del peligro social cristalizaba en una serie de documentos oficiales la necesidad de defensa social frente un otro amenazante identificado con la anormalidad y la patología. Este patrón discursivo se basaba en el pensamiento sexológico europeo de principios de siglo XX, así como en el higienismo, la eugenesia y la criminología locales. Ubicaban como términos equivalentes la “desviación sexual” y la “peligrosidad”, en los casos en que se vieran puestas en entredicho las normas corporales y eróticas. En el esquema propio de este guión, la acción estatal se caracterizó por la criminalización tanto de las personas identificadas con la desviación o la inmoralidad, como de los/as profesionales de la salud que colaboraban con aquellas en la producción de unas corporalidades no normativas. Con el objeto de proteger la moral hegemónica, la potestad de los individuos sobre su cuerpo quedaba circunscrita a los límites impuestos por el binarismo genérico. En este patrón discursivo la disposición sobre el propio cuerpo era administrada y regulada minuciosamente por policías, legisladores y jueces. En segundo lugar, desarrollé que el dispositivo de la transexualidad se sustentaba en la categoría diagnóstica homónima, nacida a fines de la década de 1960 a partir de la articulación entre el conocimiento del sistema endócrino y el desarrollo de la técnica quirúrgica para la cirugía genital. Allí el accionar estatal no se orientaba a controlar las conductas consideradas desviadas en el espacio público, sino a evaluar pedidos de cambio de nombre y sexo registral de personas que reclamaban individualmente el reconocimiento de su identidad autopercibida en los documentos identificatorios oficiales. Este reconocimiento era otorgado en términos de excepcionalidad. Constituyendo un capítulo más en la medicalización de la sexualidad, la disidencia de las normas genéricas binarias era cifrada como problema de salud. La posibilidad de inscripción de un sexo legal distinto al asignado al nacer se justificaba en tres pilares: la tutela de un conjunto de individuos considerados vulnerables en términos jurídicos; la evaluación de la correcta encarnación del género reclamado a través de un minucioso análisis de las disposiciones corporales, gestuales y deseantes; y el alivio a un padecimiento involuntario. Por último, abordé el guión del derecho humano a la identidad de género. Afirmé que su emergencia fue resultado del desarrollo de perspectivas teóricas deconstructivas del género y la sexualidad, de las acciones de las organizaciones sexo-políticas locales y de la elaboración de documentos sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en materia de orientación sexual e identidad de género. Los posicionamientos analizados apelaban a argumentos que se distanciaban de los conceptos biomédicos patologizantes. Se afirmaba el reconocimiento de la diversidad de identidades sexuales genéricas, absteniéndose de considerarlas enfermas. Travestismo, transexualidad y transgeneridad fueron entendidas como formas genéricas múltiples y ambivalentes. Como sustento conceptual de dichos posicionamientos fueron identificados tres principios: el de autonomía, el de identidad personal y el de inclusión social. La identidad genérica autopercibida era resguardada jurídicamente y era considerada como un aspecto fundamental de la identidad personal. Sin embargo, se identificó que su reconocimiento imponía como condición la estabilidad y persistencia acreditable del género reclamado. La noción de autonomía era entendida en términos de libre autoproducción, ligada a una idea de sujeto de derechos liberal: autónomo, autoconsciente y autocentrado, con una identidad estable y permanente. En dichos documentos el requisito jurídico para reconocer la identidad autopercibida era correcta encarnación de los géneros hegemónicamente instituidos. Si bien los documentos abordados aspiraban a hacer operativa una noción de género desbiologizada, replicaban los sentidos binarios y esencializantes en torno al género y las formas normativas de comprender lo femenino y lo masculino. En un período de casi diez años y sin suprimir totalmente las formas de heteronominación que las vinculaban con el peligro social o la patología, las instancias estatales locales incorporaron de modo extendido y generalizado unos sentidos que polemizan fuertemente con aquellas. Estos cambios obedecieron al hecho de que los propios sujetos fueron capaces de tomar las riendas de su propia nominación. Propusieron nuevos sentidos, e instalaron el debate al interior del Estado valiéndose de la oportunidad propiciada por un marco institucional local e internacional proclive a dicha revisión. Ello se tradujo en nuevas formas de regulación de sus corporalidades y formas de identificación genéricas, en cuyo centro se ubicó ya no la protección social frente a una amenaza, ni el paliativo a un sufrimiento, sino el reconocimiento a la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo y los propios deseos.

El proceso de investigación abrió nuevos interrogantes y visibilizó un debate mayor acerca de la noción de lo humano operante al interior del discurso estatal. El análisis realizado permitió aventurar que el acceso al status jurídico de persona se erigía como condición para el ingreso a la categoría de sujeto de derecho. Si dicho status se encontraba obturado por una serie de fronteras sexuales y genéricas, por fuera de esos límites la categoría de persona y sujeto de derechos se ponía en entredicho. Es por ello que aquellos sujetos que no se constriñen a las normas de lo que cuenta culturalmente como humano quedan expuestos a una serie de violencias tanto institucionales como sociales. Cabe indagar entonces cómo se negocia el ingreso a la categoría de lo humano por parte de travestis, transexuales y transgéneros a través del discurso jurídico, y con qué consecuencias. Surgen entonces los siguientes interrogantes: ¿El reconocimiento de derechos de estos colectivos sociales erige nuevas normatividades en torno a las características que deben portar dichos sujetos para ser destinatarios de los mismos? ¿Qué sucede con aquellas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres? ¿Están obligadas a subsumirse a alguna de esas dos categorías para ser plenamente incluidas en la ciudadanía? Como manifestó la activista Marlene Wayar, luego de la aprobación de la Ley de Identidad de Género tener el derecho a ser registradas bajo las categorías “masculino” o “femenino” –categorías dicotómicas y excluyentes–, implicó invisibilizar los complejos procesos de construcción subjetiva travesti, transexual o transgénero (Página/12, 11/05/2012). En sus propias palabras:

Cada compañerx que hace el cambio en el DNI estará des-inscribiéndose de una identidad trans para un Estado que lx leerá como eso que dicen que lx identifica ‘hombre’ y ‘mujer. Quienes nos propongamos otrxs, y sobre todo en la arena política, tendremos que seguir demandando una manera en que el Estado nos lea’” (Marlene Wayar en Página/ 12, 11/05/2012).

También cabe preguntarse cómo operan estas regulaciones fuera del marco jurídico y en qué medida su sanción propiciará (o se articulará con) un cambio cultural que promueva el reconocimiento de “los/as otros/as” sexo-genéricos/as en la interacción cotidiana, como sujetos plenos y no como personas enfermas o ciudadanas de segunda categoría.

A fin de profundizar el análisis de las implicancias sociales de la aprobación de la Ley de Identidad de Género en mayo del 2012, a continuación plantearé una serie de interrogantes de distintos niveles. Uno de ellos refiere a los alcances efectivos de la Ley en lo que refiere a sus efectos prácticos, en ámbitos tanto sanitarios como de acceso al trabajo, a la vivienda y a la educación. Ello ameritaría desarrollar un abordaje desde el punto de vista de las personas travestis, transexuales y transgénero, así como del de los operadores estatales (jurídicos, profesionales del campo médico, entre otros). Otro, vinculado directamente al anterior, se orienta a indagar en los procesos de apropiación subjetiva de esta nueva normativa por parte de sus destinatarios/as. Esto implica desarrollar una perspectiva que entienda a la ciudadanía no tanto como un conjunto estático de derechos formales, sino más bien como una serie de prácticas llevadas a cabo por los sujetos, demandando o ejerciendo sus derechos (Amuchástegui y Rivas, 2008). Es decir, requiere preguntarse en qué medida la sanción de esta Ley promueve cambios en las prácticas y representaciones de travestis, transexuales y transgéneros en relación al ejercicio de los derechos existentes y la demanda de otros nuevos. Un último interrogante o dimensión analítica emergente pone el foco en el campo del activismo travesti, transexual y transgénero y su consecuente redefinición a partir de la Ley de Identidad de Género y se interroga sobre los reclamos, interlocutores, alianzas y prácticas que se ponen en juego luego de la sanción de esta Ley.

La aprobación de la Ley de Identidad de Género sancionada en mayo del 2012 constituye un hecho social complejo, cuya comprensión requiere descomponer y analizar los múltiples factores que confluyeron para que la sanción de una Ley con esas características haya sido posible. Atendiendo a lo expuesto a lo largo de este trabajo, su aprobación puede ser ubicada en una triple temporalidad: la de los cambios en las regulaciones estatales del travestismo, la transexualidad y la transgeneridad; la de la de la institucionalización de una serie de derechos vinculados a la diversidad sexual –como el acceso al matrimonio para personas del mismo sexo y la inscripción de ambos/as padres o madres en casos de familias homoparentales no casadas– y una tercera temporalidad referida a las transformaciones en la regulación social de los cuerpos en un sentido más amplio.

En el trabajo expuse que uno de los grandes ejes articuladores de los cambios en la regulación del travestismo, la transexualidad y la transgeneridad era la tensión entre el derecho a disponer del propio cuerpo e intervenirlo en base a las tecnologías médicas disponibles, y la vigencia de normas morales que exigen unos usos restringidos y limitados del mismo. Esta tensión atraviesa todo un campo de debates que exceden las reflexiones en torno al travestismo, la transexualidad y la transgeneridad y a la sexualidad en general. La aprobación de la Ley de Identidad de Género puede ser entendida en el marco de un proceso de más largo alcance y trayectoria en el que la noción de autonomía de decisión sobre el propio cuerpo y una serie de tratados de derechos humanos sustentan la emergencia de una nueva generación de derechos y formas de ciudadanía que quedan cristalizadas en distintos documentos oficiales. En este mismo sentido es posible mencionar la Ley de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud (Ley Nº 26.529/09), la Ley de Salud Mental (Ley Nº 26.657/10), la Ley de “Muerte Digna” (Ley Nº 26.742/2012), la Ley de “Fertilización Asistida” (Ley Nº 26.862/2013), a las discusiones públicas en torno a la tenencia de sustancias psicoactivas para el consumo personal y la interrupción voluntaria de embarazo. Es posible entonces trazar puentes analíticos entre la Ley de Identidad de Género y las regulaciones que garantizan el respeto a la voluntad y creencias individuales de los/as pacientes frente a profesionales de la salud, las que aseguran la gratuidad de los procedimientos de reproducción médicamente asistida, aquellas que despenalizan el consumo de sustancias psicoactivas y los proyectos legislativos para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Estas regulaciones o proyectos de regulación son eslabones de una compleja cadena caracterizada por la emergencia de demandas sociales en torno a la ampliación de la frontera de los usos legítimos del cuerpo. Se trata de demandas de derechos ya no basados en la presencia de una enfermedad sino en el principio de la autonomía.

Durante la realización de la investigación acompañé las luchas del colectivo de travestis, transexuales y transgéneros, empapándome de sus reivindicaciones y demandas. En este marco, el momento inmediatamente posterior a la sanción de la Ley de Identidad de Género generó en mí una sensación contradictoria. Por un lado sentí una profunda alegría al ver concretada en una Ley los frutos del esfuerzo de muchas/os militantes históricas/os. La Ley vino a efectivizar la legítima demanda de muchas personas que durante años vivieron en los márgenes de la legalidad por sostener formas de vida distinta a los cánones hegemónicos de la sexualidad y el género. Por otro, su aprobación ponía un “techo” a los interrogantes de investigación planteados originalmente. Me fue posible luego vincular este logro con las luchas de otros colectivos que reivindican el derecho de disponer del propio cuerpo acorde a los propios deseos. Tras identificar esta conexión surgieron nuevas expectativas teóricas. Los interrogantes recién planteados me permiten vincular las demandas de los colectivos de travestis, transexuales y transgéneros con las de otros grupos sociales que no necesariamente pertenecen a la órbita de las organizaciones sexo-políticas, y a un campo de reflexiones más amplio en torno a la frontera de los usos legítimos del cuerpo y los debates en torno a las dinámicas de medicalización y desmedicalización de la vida, y el rol que asume el Estado en dichos procesos.

Siguiendo a Foucault (1999), si el cuerpo es una realidad biopolítica y la medicina una de las estrategias de producción de los cuerpos, es posible afirmar que los cambios en la regulación del travestismo, la transexualidad y la transgeneridad coinciden con transformaciones más generales en la regulación de los cuerpos por parte del campo médico. Según este autor, el régimen de medicalización de la vida iniciado en las sociedades modernas occidentales hacia la década de 1940 tiene como contracara el surgimiento de una serie de grupos que se proponen limitar la potestad del poder médico. La culminación del presente trabajo inaugura nuevos interrogantes analíticos orientados al estudio de los modos en los que la Ley de Identidad de Género se articula con estos procesos en términos del surgimiento de nuevas gramáticas de ciudadanía y demanda de derechos.

El principio de autonomía vigente en estas nuevas gramáticas ciudadanas también requiere ser descompuesto y analizado. Retomando a Butler (2006a), existe una paradoja detrás de la noción de autonomía entendida en términos de elección personal. Toda elección depende de condiciones que no han sido creadas de forma voluntaria, ya que toda elección se da en marcos sociales e individuales que la determinan y condicionan. Leticia Sabsay (2011) considera que la idea de autonomía implícita en los debates actuales es engañosa, ya que esconde representaciones normativas en torno a aquello que puede ser concebido como elegible libremente. Estas operan haciendo que ciertas elecciones sean leídas como autónomas, mientras que otras de ningún modo puedan ser entendidas como tales.

Atendiendo a estos debates y tensiones, en futuras indagaciones me propongo responder los siguientes interrogantes: ¿En qué medida la Ley de Identidad de Género se inscribe en una nueva dinámica de gobierno de los cuerpos? ¿Cómo se combina y articula con la emergencia de una serie de regulaciones que ubican en su centro el derecho a la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo? ¿Cómo se articula en estas regulaciones el discurso de la autonomía y los derechos humanos con los discursos y prácticas del campo médico? ¿Qué tipo de decisiones el Estado legitima dándole status de decisiones autónomas y qué otras formas limita o restringe? ¿Cuáles son las condiciones que plantea el Estado para ejercer la autonomía? ¿Qué implicancias tiene este proceso en la conformación de nuevas gramáticas de ciudadanía? Dicho análisis buscará dilucidar las implicancias de la producción de nuevas normativas en términos de la institución de nuevos guiones regulatorios y de ciudadanía apoyados en formas novedosas –o no– de gobierno de los cuerpos y las subjetividades.



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