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4 El paradigma del derecho humano a la identidad de género

A la memoria de Claudia Pía Baudracco, Amancay Diana Sacayán y Lohana Berkins, artífices y protagonistas de los principales cambios discursivos abordados en este capítulo.

Los orígenes de la categoría Transgénero

La publicación de El género en disputa de Judith Butler en 1990 repercutió tanto en el ámbito académico como el militante. A partir de entonces comenzó a delinearse la teoría queer: una corriente de pensamiento que condensa el feminismo y los estudios gay-lésbicos con las corrientes teóricas del posestructuralismo y los estudios culturales (López Penedo, 2008)[1]. La teoría queer se erigió fuertemente contra aquel punto de vista sobre la sexualidad humana que concibe que los sexos son sólo dos: masculino y femenino. Radicalizando su propuesta frente a los desarrollos clásicos del feminismo, bregó por una desencialización de los sexos, los géneros y las identidades[2]. Tal como afirma Nieto (2008) el surgimiento de nuevas representaciones en torno al género y la sexualidad significó un cambio de episteme y generó las condiciones para que “las imágenes anticonvencionales, consecuencia de experiencias diversas, de biografías intransferibles, de variedad de espacios y ámbitos culturales, en lugar de considerarse `desviadas´ prefieran ser consideradas generadores de pluralidad” (2008: 180-181). Es en dicho marco que surgió la categoría “transgénero”.

A fin de dar cuenta del proceso de emergencia de esta categoría y sus distintas formas de apropiación y circulación, retomaré la genealogía del concepto elaborada por el antropólogo estadounidense David Valentine (2007). Me remitiré a las primeras formulaciones identificadas por el autor: los desarrollos de Sandy Stone (1991), Susan Stryker (1994) y Kate Bornstein (1994). Según Valentine, la primera utilización del término transgenderist vino de la mano de Virginia Prince en la década de 1970. Esta activista estadounidense formuló el término para referirse a aquellas personas que, al igual que ella, vivían de forma íntegra en un género distinto al asignado al nacer sin el deseo de intervenir su genitalidad quirúrgicamente. Prince buscaba un término que visibilizara aquellas experiencias distintas a la transexualidad quirúrgica y al cross-dressing[3] y que discutiera también con las categorías médicas del transexualismo y el travestismo (Valentine, 2007: 32). Un hito importante en el recorrido del concepto fue la publicación de The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto por Sandy Stone en 1987. Esta autora inscribió su escrito en el posmodernismo, el postfeminismo y el post transexualismo. Allí confrontó el modo en el cual tanto el discurso médico como el feminismo fueron utilizados como herramientas de regulación del sexo y el género en general y de los cuerpos trans en particular. De hecho, el título de su escrito emula al de la escritora feminista Janice Raymond titulado The Transexual Empire: The Making of the she-male[4] escrito en 1979, que entendía la existencia de personas transexuales como parte de la estrategia del imperio falocrático para invadir los espacios femeninos. Stone se abocó a analizar la trama de lo que ella misma denominó “paradoja trans”, que puede ser expresada de la siguiente manera: si por un lado el deseo de ser reconocidos en el sexo/género elegido sustenta los marcos binarios existentes, por otro cuestiona el mantenimiento mismo de ese sistema. En este mismo sentido, para Stone el cuerpo transexual abre potencialidades intertextuales: desestabiliza el sistema sexo-género a través de la yuxtaposición de fragmentos y la reconstrucción de elementos de ambos géneros en nuevas e inesperadas geometrías (Stone, 1991).

En 1993, la militante transgénero Susan Stryker, escribió “My Words to Victor Frankenstein. Above the Village of Chamounix: Performing Transgender Rage. Se trató de la adaptación textual de una performance desarrollada en el marco de una protesta frente a la reunión anual de la American Psychological Association (APA) en San Francisco. Allí Stryker afirmó:

El cuerpo transexual es un cuerpo no natural. Es el producto de la ciencia médica. Es una construcción tecnológica. Su carne es desgarrada y cosida nuevamente, en una forma diferente de aquella en la que nació. En estas circunstancias, encuentro una profunda afinidad entre yo misma como mujer transexual y el monstruo del Frankenstein de Mary Shelley. Como el monstruo, soy percibida con demasiada frecuencia como menos que humana del todo, debido a los medios de mi corporización; como también le ocurre al monstruo, mi exclusión de la comunidad enciende en mí una profunda y sostenida ira que, como el monstruo, dirijo contra las condiciones en las que debo luchar para existir (Stryker, 2005: 196)

Stryker reivindicó la ira transexual como motor para la acción política y la definió como una experiencia subjetiva originada por la transgresión involuntaria de las normas de género. Para Stryker, el activismo transgénero debía oponerse a las intervenciones de la medicina sobre los cuerpos y subjetividades transexuales, reivindicando, por el contrario, las nociones de criatura, monstruo, y artificialidad. Debía denunciar que toda identidad sexo-genérica es una fabricación artificial y ficcional.

Un año después, en 1994, la activista Kate Bornstein escribió Gender Outlaw. Se trató de un escrito en primera persona que desde el relato de su propia experiencia criticaba la gramática de la identidad transexual impuesta por el discurso médico. Puso en práctica un estilo transgénero de escritura y auto escritura: una idea de collage y de unión de fragmentos sin solución de continuidad. Para Bornstein, el estilo transgénero sería un gender outlaw por encontrarse fuera de las leyes del género. Como parte de una acción política sobre el propio cuerpo y la identidad, su relato describe y brega por la experiencia de desidentificación tanto de las categorías de hombre y mujer como de las de gay y heterosexual (Bornstein, 1994).

En el contexto argentino, el activista y académico argentino, Mauro Cabral, definió el término del siguiente modo:

La transgeneridad constituye un espacio por definición heterogéneo, en el cual conviven –en términos no sólo dispares, sino también enfrentados- un conjunto de narrativas de la carne, el cuerpo y la prótesis, el deseo y las prácticas sexuales, el viaje y el estar en casa, la identidad y la expresión de sí, la autenticidad y lo ficticio, el reconocimiento y la subversión, la diferencia sexual y el sentido, la autonomía decisional y la biotecnología como instrumento que es, a la vez, campo de batalla. Es, por lo tanto, un espacio atravesado por una multitud de sujetos en dispersión (…) y (por) tod*s aquell*s que, de un modo u otro, encarnamos formas de vida no reducibles ni al binario genérico ni a los imperativos de la hétero o la homonormatividad (Cabral, 2006: 1).

A partir estas primeras formulaciones originadas en el entrecruzamiento entre campo activista y el académico, la categoría transgénero fue delineándose como término paraguas que incluyó toda una gama de prácticas e identificaciones que atravesaban las fronteras de los géneros binarios (Valentine, 2007).

Con la publicación del texto de Sandy Stone, la categoría transgénero ingresó formalmente en la academia norteamericana. Se inauguró de este modo la llamada trangender theory (teoría transgénero) (Hausman, 2001) y los trans studies (estudios trans) (Irving, 2008). En este conjunto de trabajos pueden identificarse abordajes académicos y activistas. Sin embargo, los vínculos entre esta academia transgénero y el activismo no han sido sencillos. Siguiendo a Mauro Cabral, el uso de la categoría por parte de la academia implicó “la reducción de la transgeneridad a un conjunto de objetos a significar, privados de la capacidad de significar que se reconoce a los sujetos” (2006: 5). Para Cabral, al igual que en los abordajes médico-psiquiátricas, la teoría transgénero replicó un esquema de producción de saberes que promovía un status subjetivo menguado de las personas travestis, transexuales o transgénero, ya que allí también ocuparon el lugar de objeto de conocimiento, quitándoles su capacidad de agencia y su potestad para construir conocimiento sobre sus propias experiencias identitarias y corporales.

En suma, desde la década del noventa hasta la actualidad se produjo una amplia producción teórica que ubicó a la transgeneridad como herramienta conceptual para elaborar una crítica al binarismo genérico. Forjado en una arena de ambigüedad y tensión entre academia y activismo, este concepto reivindicaba el dinamismo de las experiencias genéricas y al mismo tiempo, criticaba y vigilaba sus propias condiciones de producción y circulación.

El ingreso de la orientación sexual y la identidad de género al corpus jurídico y filosófico de los derechos humanos: los Principios de Yogyakarta

La categoría transgénero no solo se tornó operativa en el ámbito activista y académico, sino que también se extendió hacia otras esferas. El entrecruzamiento de la dinámica de progresividad de los derechos humanos y estas formulaciones críticas respecto al género y la sexualidad, posibilitaron la redacción de los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género en 2007. Fueron elaborados por un conjunto de especialistas en cuestiones de diversidad sexual de distintos lugares del mundo con el objetivo de consolidar un cuerpo normativo internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, así como diseñar estándares de trato digno a ser cumplidos por parte de los Estados y las Naciones Unidas. Entre los veintinueve principios se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud y a la protección contra abusos médicos. Los principios son considerados parte del soft law del derecho internacional en materia de derechos humanos[5]. Los principios sostienen que el cumplimiento de dichos derechos es responsabilidad exclusiva de los Estados:

Los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basen en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para hombres y mujeres, y observando asimismo que la comunidad internacional ha reconocido el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente en asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, sin sufrir coerción, discriminación, ni violencia (Principios de Yogyakarta).

Por ello se constituyeron como fundamento de gran parte de los documentos que se analizarán más adelante. Como se mencionó anteriormente, el contenido de los mismos se encuentra vinculado a las nociones deconstruccionistas del género y la sexualidad recién abordadas. Allí el género ha sido entendido como:

La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género; incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (Principios de Yogyakarta).

Esta definición concibe al género como un constructo sociocultural, por ende dinámico e histórico. En base a dicha idea, entiende al cuerpo como superficie transformable acorde al sentir de cada persona. No obstante, también lo entiende como una de las dimensiones más profundas y determinantes de la personalidad (lo que podría ser leído como la reintroducción de una verdad del sexo transportada a la noción de género, similar a la presente en el discurso del dispositivo de la transexualidad tal como fue abordado en el capítulo 3). Lo novedoso de esta formulación es que sostiene que dicha vivencia debe ser libre de cualquier tipo de imposición o juicio externo, ya sea moral, médico o jurídico. De este modo, promueve el respeto a las decisiones personales sobre el propio cuerpo en lo que refiere no sólo a la identidad genérica autopercibida sino también al ejercicio de la sexualidad y la vida reproductiva.

Los Principios de Yogyakarta se encuentran en continuidad con aquellas declaraciones internacionales de derechos humanos que reconocen en la variable de género un fuerte vector de desigualdad. Por ello se ubican dentro la llamada segunda generación de derechos humanos. Allí se inscriben también las convenciones internacionales que protegen las culturas de los pueblos originarios y las que reconocen los derechos a las mujeres como grupo estructuralmente vulnerable[6]. Algunas autoras han destacado ciertos aspectos problemáticos de esta nueva generación de derechos. Para Silvia Rivera Cusicanqui (2010), bajo el discurso humanista occidental de los derechos humanos, la multiculturalidad se encuentra presa de mecanismo encubridor de nuevas formas de colonización, instituyendo una “ciudadanía recortada y de segunda clase, que moldea imaginarios e identidades subalternizadas al papel de ornamento o masas anónimas que teatralizan su propia identidad” (2010: 60). Es aplicable también la crítica de Chandra Mohanty (2008), para quien en tanto Occidente se ubique como referente primario, cualquier forma de vida no occidental es codificada como “lo otro”, objetualizándola a través de una forma homogeneizadora y totalitaria. Por ello los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las mujeres o de la diversidad sexual en parte son subsidiarios de un proceso de colonización de la complejidad constitutiva de sus formas de vida a través de su traducción y fijación en conceptos sociológicos y antropológicos que reproducen un universalismo no sólo eurocéntrico sino también heterocentrado (Mohanty, 2008).

Prestando atención a estas críticas, resulta necesario destacar que la inclusión de estos derechos en la larga lista de derechos humanos no fue fruto de la generosidad de los organismos internacionales. Por el contrario, fueron formulados gracias a grupos y activistas que delinearon y pusieron en práctica una serie estrategias de diálogo y confrontación a fin de conseguirlos. En este sentido, la emergencia de los derechos humanos de segunda generación ha de ser inscrito en el surgimiento de los denominados “nuevos movimientos sociales”[7]. Resulta necesario vincular el análisis del paradigma del derecho humano a la identidad de género en nuestro país con la conformación de las organizaciones sexo-políticas en general y las de travestis, transexuales y transgéneros en particular, así como a los lazos establecido entre aquellas y las instituciones públicas en coyunturas políticas específicas.

El recorrido de las organizaciones de travestis, transexuales y transgéneros en Argentina

Los guiones regulativos a nivel estatal analizados en este capítulo son considerados como parte constitutiva del proceso de consolidación de las organizaciones sexo-políticas a partir de la reapertura democrática en Argentina (Meccia, 2006; Pecheny, 2001), así como de los cambios en las correlación de fuerzas entre las organizaciones de travestis, transexuales y transgéneros y ciertas áreas estatales a partir de mediados de la década de 1990. Utilizaré el término “organizaciones sexo-políticas” para referirme a aquellas agrupaciones que se organizan con el fin de denunciar y revertir la invisibilización, discriminación y estigmatización a la que se enfrentan cotidianamente distintos sujetos identificados como gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales o transgénero, es decir, cuyas prácticas y deseos se distancian de la norma heterosexual y el binarismo genérico. Incluyo en este conjunto a las agrupaciones feministas, quienes denuncian que las formas de control y opresión de las mujeres se basan en un régimen de heterosexualidad obligatoria que instituye la presunción de disponibilidad de sus cuerpos para los varones.

En Argentina los grupos de travestis y transexuales iniciaron un proceso de organización y politización a partir de la década del 1990. Las reivindicaciones sostenidas desde su emergencia pueden desdoblarse esquemáticamente en tres ejes. Por un lado, la lucha por la descriminalización de sus identidades frente a los Edictos Policiales y los Códigos Contravencionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las Provincias. Luego, por su reconocimiento como sujetos de derechos y el reconocimiento institucional y oficial de sus organizaciones. Por último, por el acceso efectivo a los derechos básicos: educación, trabajo, salud y vivienda.

Siguiendo a Lohana Berkins (2003) y a Josefina Fernández (2004), las primeras organizaciones del travestismo fueron Travestis Unidas y ATA (Asociación de Travestis Argentinas), creadas a principios de 1990. Ambas contaron con el apoyo y estímulo de Carlos Jáuregui, fundador de las pioneras Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y Gays por los Derechos Civiles (Gays DC). Estas últimas se instalaron como referentes de la problemática homosexual a mediados de la década de 1980 en un marco de reapertura democrática y de emergencia de la epidemia del VIH/sida a nivel mundial[8].

La consigna más fuerte de las primeras organizaciones de travestis giró en torno a la descriminalización de sus identidades ante a la vigencia de los Edictos Policiales y la criminalización del ejercicio de prostitución. En 1995 se dio una división al interior ATA, originada por el debate en torno a la reivindicación o no de la prostitución como trabajo. De dicha división surgieron OTTRA (Organización de Travestis y Transexuales de Argentina, liderada por Nadia Echazú) y ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual, liderada por Lohana Berkins). OTTRA se disolvió con la muerte de Nadia Echazú en 2004, mientras que ATTTA y ALITT al día de hoy siendo las dos organizaciones de mayor trayectoria local (Berkins, 2003).

El travestismo organizado dio su primera aparición pública en el marco de los debates de la Asamblea Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires de 1996. La Asamblea tenía por objetivo redactar una Constitución para la Ciudad de Buenos Aires que adquiría su autonomía. Uno de los debates giró en torno a la inclusión o no del ítem de “discriminación por orientación sexual” en el Artículo Nº 11 sobre “no discriminación”, finalmente incluido. Tiempo después, la activista Lohana Berkins afirmó que la noción de orientación sexual no resultó útil para proteger al colectivo travesti. No obstante, su inclusión constituyó un puntapié de importancia para las luchas posteriores (Berkins, 2003). Una nueva aparición se dio en el marco los debates legislativos por la sanción del Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires dos años después. Siguiendo a Soledad Cutuli (2011), tras la derogación de los Edictos Policiales las organizaciones existentes profundizaron sus reivindicaciones de derechos y fueron conformándose nuevas organizaciones.

Las organizaciones también se abocaron a problematizar los significantes a través de los cuales las experiencias del travestismo y la transexualidad son entendidas socialmente en general y por las instituciones públicas en particular. Se propusieron disputar los sentidos moralizantes y patologizantes a los cuales sus experiencias fueron tradicionalmente asociadas, construyendo un relato en el que la propia experiencia adquirió un rol central. Según la activista Lohana Berkins, un punto importante en su lucha estuvo dado por la afirmación de una identidad genérica propia, ni masculina ni femenina, así como por la reivindicación de los derechos básicos frente al Estado. Siguiendo a Josefina Fernández (2004), ALITT fue la primera organización que realizó acciones tendientes a legitimar y reivindicar la identidad travesti. Tal como se desarrolló en capítulos anteriores, el término travesti tuvo su origen en el discurso médico y ha sido también la categoría utilizada para criminalizar sus expresiones de género. Por ello, la reivindicación del travestismo como identidad política requirió dotarla de nuevos contenidos.

La implicancia política de las categorías utilizadas para la acción política también generó un debate entre sus organizaciones. ALITT reivindicó la categoría travesti como adscripción político-identitaria, rechazando la adopción del término transgénero. El rechazo se sustentaba en que la categoría había nacido en el entrecruzamiento entre academia y activismo estadounidense y por ende su uso representaría una forma de colonización discursiva. Por su parte, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros Argentina en 1996 incorporó la segunda “T” a su sigla y en el 2001 la “T” correspondiente a “transgénero”. El debate por las categorías tomó relevancia frente a las políticas de prevención del VIH/sida promovidas por distintas agencias internacionales. El colectivo travesti fue englobado bajo la categoría HSH (hombres que tienen sexo con hombres) como grupo destinatario. Mientras que ALITT rechazó dicha categorización por considerar que violentaba sus identidades, ATTTA recibió dicho financiamiento argumentando que el VIH/sida constituye la principal causa de muerte en su comunidad (Cutuli, 2011).

ATTTA focalizó su trabajo en al acceso a la salud a través del reparto de preservativos y material informativo sobre VIH/sida, dictado de talleres de capacitación para promotoras o multiplicadoras, la promoción del testeo y el acompañamiento en el tratamiento para las seropositivas. ATTTA fue una de las organizaciones que en 2005 conformó la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (FALGBT)[9]. Ello le permitió trabajar mancomunadamente tanto con otras organizaciones como en distintas provincias del país. La FALGBT se orientó en estructura y objetivos bajo el modelo de las Federaciones de España y de Brasil. Siguiendo a Renata Hiller, el objetivo fue el de “generar una estructura a nivel nacional que potenció la proliferación de organizaciones en aquellas provincias donde previamente no las había, o estaban escasamente desarrolladas” (2011: 98).

Por su parte, ALITT comenzó a delinear una estrategia vinculada a la creación de oportunidades de trabajo en consonancia con su planteo abolicionista de la prostitución. El proyecto se centró en la fundación de una cooperativa textil. En 2005 recibió la primera donación de cinco máquinas de coser por medio del Programa “Ayudas Urgentes” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Como parte de este proceso también se vinculó con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que aprobó el proyecto para la conformación de una cooperativa textil. De este obtuvo un subsidio para comprar la casa donde funcionaría la sede. La Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación les otorgó los fondos para refaccionarla, construir el taller en la planta alta y financiar los cursos de capacitación. En junio de 2008 quedó inaugurada formalmente la primera cooperativa de trabajo de travestis y transexuales que lleva el nombre de Nadia Echazú, dirigente cordobesa fallecida en 2004. Su creación fomentó la creación de otras similares en el conurbano bonaerense que también contaron con el apoyo de instituciones estatales (Cutuli, 2011).

Estas transformaciones se encuentran en consonancia con un proceso más general de institucionalización de distintas organizaciones sociales e incorporación de sus militantes a la función pública a partir de 2003. Retomando a Hiller, en el campo de las organizaciones sexo-políticas, uno de los hechos que marcó dicho ingreso fue el lanzamiento del Plan Nacional contra la Discriminación en 2005 y la incorporación de cuadros de distintas organizaciones sexo políticas a dicho Instituto[10] a través de la creación de una serie de cargos públicos que fueron ocupados por militantes de distintas organizaciones y movimientos sociales. En palabras de Horacio Sívori (2001):

Este Plan Nacional contempla un abanico de acciones entre las cuales se cuenta el control social sobre políticas y acciones de gobierno que afectan a las personas LGBT, la garantía de políticas específicas de salud y una serie de iniciativas destinadas a combatir el prejuicio en el ámbito escolar. Si por un lado estimula proyectos de sensibilización en ámbitos educativos, de la salud y de la administración estatal, la idea de combate a la homofobia se traduce también en respuestas concretas a la violencia y discriminación sufrida por personas LGBT. Como parte de las políticas de enfrentamiento de la violencia motivada por prejuicio sexual, cabe señalar la creación de Centros de Referencia que proveen contención y asesoramiento a las víctimas (Sívori, 2011: 9).

A partir del camino abierto por estos grupos, y frente al surgimiento de nuevas oportunidades, diálogos y articulaciones con diferentes instancias estatales y otras organizaciones de la sociedad civil, surgieron nuevos agrupamientos orientados hacia el trabajo territorial o a la federalización de las reivindicaciones. Una de las organizaciones creadas con posterioridad a la derogación de los Edictos Policiales fue el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Esta agrupación, conformada en 2002, focalizó sus actividades en el trabajo territorial desarrollado en La Matanza, partido del Gran Buenos Aires. Contó en sus orígenes con el apoyo del Partido Comunista que cedía sus locales para la realización de los encuentros. Posteriormente entabló vínculos con el Hospital Paroissien del partido de La Matanza donde sostuvo un “Servicio de Salud Amigable para la Diversidad Sexual” focalizado en la atención de la población travesti (Diana Sacayán en Página/ 12, 01/07/2011). Su trabajo en torno a la atención sanitaria de travestis, transexuales y transgéneros motorizó la aprobación de la Resolución N° 2.359 en 2007. Esta normativa garantiza el respeto a la identidad de género en todos los efectores sanitarios de la provincia de Buenos Aires. Avanzando en su trabajo territorial y de articulación con las agencias estatales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el MAL promovió la creación del Programa de Inclusión en Educación de la Provincia de Buenos Aires y un Proyecto de Inclusión Laboral para personas trans. También impulsó la realización de una encuesta sobre la población trans organizada en conjunto por el INADI y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (Carlos Rodríguez en Página/12, 20/08/2012).

Otra de estas agrupaciones fue Futuro Transgenérico, vinculada al arte y la cultura. Gran parte de sus actividades se realizan en el marco del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Desde su creación en 2007, la organización produce la primera revista de travestis en Latinoamérica llamada “El Teje” (Bevaqua, 2011).

A partir del 2000 surgieron nuevas organizaciones LGTB que cuentan con fuerte presencia de activistas travestis entre sus integrantes. Entre ellas cabe nombrar a la Agrupación Putos Peronistas surgida en 2007 en el Partido de La Matanza. Esta organización focaliza su trabajo en la intersección entre la discriminación sexual y la marginación social de los sectores empobrecidos del conurbano bonaerense. Por su parte, la organización 100% Diversidad y Derechos surgida en 2009 basa su trabajo en las demandas de las múltiples diversidades, no exclusivamente la sexual. No obstante, gran parte de sus actividades han referido al tratamiento de la Ley de “Matrimonio Igualitario” y al reconocimiento de los hijos e hijas de familias homoparentales. También surgieron agrupaciones en distintas provincias del interior del país, algunas de ellas de la mano de agencias estatales, en particular del Foro de Diversidad Sexual del INADI[11]. Tal es el caso de Chubut Diversx y Tucumán Diverso. Otros grupos se formaron en el marco de los debates en torno a la sanción de la Ley de “Matrimonio Igualitario”. Así, en Córdoba puede nombrarse al Colectivo Diverso Alta Gracia y Devenir Devenirse, en el sur del país, la organización Diversidad de Río Negro y Neuquén y Unión por la Diversidad Sexual de la Patagonia – Santa Cruz. En lo que refiere a organizaciones de travestis, transexuales y transgéneros puede mencionarse al Grupo Transparencia Salteña, creado en 2007. En esa misma provincia se formó posteriormente el Colectivo ADISTAR y en Tucumán, Crisálida.

También se conformaron colectivos que politizan las identidades trans masculinas, como es el caso de la agrupación Hombres Trans Argentinos (HTA). La presencia de militantes y activistas trans masculinos en las distintas organizaciones viene de larga data. No obstante, la existencia de colectivos que reivindiquen políticamente dicha identidad genérica es reciente. Tal como señalan sus militantes, las masculinidades trans han sido históricamente invisibilizadas, camufladas detrás de la identidad de lesbianas masculinas. Comparten gran parte de las reivindicaciones del activismo previamente constituido, aunque poseen planteos políticos propios. Algunos activistas critican a la sobrerepresentación de las identidades trans femeninas en el activismo y también la escasa presencia de personas trans como portavoces de los colectivos de la diversidad sexual. En palabras de Blas Radi: “Estamos `atrapados y ausentes´ de un discurso que hace del femenino la `categoría universal´ del colectivo y nos encuentra en cualquier oportunidad en los márgenes de la periferia” (Radi, 2012: 7). El activismo trans masculino reivindica la existencia y legitimidad de formas de masculinidad ni cisexuales[12] ni heterocentradas y se erige contra aquellas formas de representación de sus identidades que mediante trayectorias biográficas estereotipadas los victimizan y despojan de su capacidad de agencia.

A partir del 2010 la gran mayoría de las organizaciones trans se orientaron a entablar vínculos con distintos partidos políticos y legisladores nacionales a fin de conseguir a la sanción de una Ley de Identidad de Género. Algunos de ellos integraron el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género[13], conformado con el fin de impulsar la sanción de una Ley que regulara no solo el cambio de nombre y sexo legal, sino también los procedimientos médicos de transformación corporal.

Desde 1995 fueron presentados distintos proyectos de ley que tenían por objetivo unificar los criterios legales de acceso al cambio de nombre y sexo registral. Hasta 2012 ninguno había sido tratado, perdiendo sucesivamente estado parlamentario[14]. A fines del 2011, luego de la aprobación de la Ley Nº 26.618 de modificación del Código Civil para permitir que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, distintas organizaciones focalizaron su trabajo en lograr el tratamiento de la Ley de Identidad de Género. Para ello fueron presentados cuatro proyectos de “Ley de Identidad de Género” y un proyecto de “Régimen de atención sanitaria para la reasignación del sexo” (Expediente N° 7643-D-2010). Este último fue presentado por el Frente Para la Victoria. Los restantes fueron presentados por Diputados/as del Partido Socialista (Expediente N° 1879-D-2011), la Unión Cívica Radical (Expediente N° 7243-D-2010) y otros dos también por el Frente Para la Victoria (Expediente N° 7644-D-2010 y Expediente N° 8126-D-2010). Estos últimos contaban con el aval de la FALGBT y por el recientemente conformado Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, respectivamente. Este último unificaba la regulación del régimen de cambio registral de sexo con la de las prestaciones médicas para construir una imagen corporal acorde a la identidad de género, incluyéndolos en el Plan Médico Obligatorio y determinando su gratuidad. Ambos aspectos fueron incorporados en la Ley aprobada.

El 18 de Agosto de 2011 se inició el tratamiento de los cuatro proyectos en las Comisiones de Legislación General y Justicia. El 8 de Noviembre de ese mismo año se elaboró un dictamen de mayoría. El 30 de Noviembre, en la última sesión del año, el dictamen fue tratado en la sesión de la Cámara de Diputados, obteniendo 168 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones[15]. El 9 de mayo del 2012, cuando se reinició el trabajo parlamentario, tuvo su sanción definitiva en la Cámara de Senadores con 55 votos a favor y una abstención, sin votos negativos[16].

Con la aprobación de la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género, la rectificación registral del sexo, cambio de nombre de pila e imagen se realiza mediante un trámite personal ante las oficinas del Registro Civil. Ya no es requisito contar con autorización judicial, certificación de patología, ni tampoco acreditar la voluntad de realización de la intervención quirúrgica. La Ley estipula que cualquier persona mayor de dieciocho años con su sola expresión de voluntad ante una oficina del Registro Civil pueda solicitar el cambio registral. El trámite consiste en la emisión de una nueva partida de nacimiento ajustada a dichos cambios, en virtud de la cual se expide luego un nuevo Documento Nacional de Identidad que conserva el número original. Ninguno de los dos documentos hace mención a la existencia del anterior. Para menores de dieciocho años, la Ley estipula que el trámite de cambio registral sea realizado por intermedio de sus representantes legales, con la expresa conformidad del/a menor involucrado/a. En caso en que estos no presten su conformidad, puede presentarse el pedido ante un juez y deberá intervenir un/a abogado/a del/a niño/a. La Ley también establece que una vez realizado el trámite, sólo puede llevarse a cabo nuevamente contando con una autorización judicial, hecho que implica dar un tratamiento distinto a aquellos casos en los que el cambio de identificación genérica es solicitado en más de una oportunidad. En ese caso sí es requisito la evaluación y decisión de un juez. La Ley establece que la adecuación corporal al género autopercibido pueda llevarse a cabo a través de distintos tipos de intervenciones médicas, incluyendo la intervención quirúrgica genital (intervenciones quirúrgicas parciales, totales y hormonización) y dictamina que ninguna de ellas se encuentra supeditada a la otra. Al eliminar el requisito de la autorización judicial para realizarlas, la Ley las legaliza, disponiendo como única exigencia el consentimiento informado de personas mayores de edad, ya que en caso de menores de edad sigue siendo requisito la autorización judicial. También establece su inclusión en el Plan Médico Obligatorio, esto es, su cobertura por parte de los tres subsistemas de salud (público, privado y obras sociales).

Surgimiento y trayectoria del “derecho humano a la identidad de género” en Argentina

Entre 2003 y 2012 se produjeron una serie de regulaciones que otorgan derechos a travestis, transexuales y/o transgénero basándose en los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional en 1994. Definen al travestismo, la transexualidad y la transgeneridad un grupo social minoritario y vulnerado en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. A diferencia de los discursos analizados anteriormente, se abstienen de otorgar al discurso médico un lugar central. Sostengo entonces que a partir del 2003 se dio la emergencia de un nuevo patrón regulativo al que denomino “dispositivo del derecho humano a la identidad de género”. Se trató de una lógica regulativa que fue permeado los distintos estratos estatales (provincial, municipal, nacional) al nivel de los tres poderes del Estado. Difícilmente pueda afirmarse que esta lógica regulativa haya superado o sustituido los argumentos del peligro social o del dispositivo de la transexualidad. Por el contrario, resultaría más ajustado decir que esta se superpuso y amalgamó a las anteriores, como una nueva capa discursiva rápidamente sedimentada en las lógicas estatales.

A continuación describo el modo en que estas regulaciones fueron emergiendo y permeando los discursos del Estado. Divido el período en dos etapas. La primera va desde 2003 hasta 2009 y la segunda se extiende entre 2010 y 2012. El surgimiento de este nuevo patrón discursivo resultado de las demandas en el espacio público de las organizaciones de travestis, transexuales y transgéneros, que lograron ubicarse como interlocutoras frente a distintas agencias estatales. La profundización y estandarización del patrón regulativo a partir de 2010 obedeció a un cambio en la estrategia del conjunto de las organizaciones con posterioridad a la modificación del Código Civil que extendió la figura legal del Matrimonio Civil a parejas del mismo sexo, con el objetivo de promover el tratamiento legislativo de los distintos Proyectos de Ley de Identidad de Género vigentes.

Las primeras regulaciones guiadas por este patrón fueron producidas por instancias pertenecientes al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. En particular la Secretarías de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (año 2003) [17] y la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires (año 2007). Otro hito importante en esta trama regulativa fue el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2006 que otorgaba a ALITT el reconocimiento de su Personería Jurídica. Este fallo representó un momento bisagra en el modo de regular el travestismo, la transexualidad y la transgeneridad por el Estado Argentino. Dicha instancia había tenido que intervenir tras la respuesta negativa de la Inspección General de Justicia (organismo oficial encargado de evaluar y aprobar las solicitudes de personería jurídica)[18]. Como explicita Alicia Ruiz en referencia al fallo: “el reclamo de reconocimiento explicitado en el caso ALITT (…) conmueve creencias establecidas respecto del sexo y del género, revela prejuicios y descoloca a muchos de los actores jurídicos a quien va dirigida la petición” (2009: 126). La Corte Suprema de Justicia consideró que elevar la calidad de vida de un grupo sistemáticamente vulnerado redundaría en un beneficio para toda la comunidad. Este fallo abrió la posibilidad a la producción de otros posicionamientos similares que entendieron y procesaron la problemática como concerniente a todo el colectivo social, y no exclusivamente a un conjunto aislado de individuos.

En 2009, se emitió en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el primer pronunciamiento con carácter de Ley orientado bajo los lineamientos del derecho humano a la identidad de género (Ley N° 3.062/GCBA). El objeto de este pronunciamiento era asegurar el respeto al nombre y la identidad autopercibida de travestis, transexuales y transgéneros en distintas dependencias estatales.

En 2010, los Consejos Directivos de varias Facultades de distintas Universidades produjeron normativas internas que garantizaban el reconocimiento identitario al interior de sus instituciones[19]. Estas fueron la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de Córdoba. Dichas normativas autorizaban a que travestis, transexuales y transgéneros sean llamadas por el nombre adoptado en el ámbito académico, disponiendo que sea este el que conste en los registros internos (legajos, padrones electorales, citaciones, memorandos, registros, listados, actas, entre otros). Ese mismo año, el Concejo Deliberante de Río Tercero (localidad ubicada en la provincia de Córdoba) elaboró una normativa similar, aclarando que “las personas transexuales, travestis y transgéneros podrán ingresar a los baños de damas” (Or. N° 3304/2010 Río Tercero-Córdoba). Entre los años 2008 y 2012 las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Formosa derogaron o modificaron los artículos de sus códigos contravencionales que penalizaban el “vestir con ropas del sexo opuesto” o similares. Estos actos dejaron de ser conductas penalizables a lo largo del país, a excepción de Santiago del Estero que aún hoy mantiene su penalización.

A fines del 2010 trascendió a nivel mediático que la actriz travesti Florencia de la V. había obtenido mediante un fallo judicial la autorización para obtener la rectificación de su nombre y su sexo en el DNI. Para elaborar su presentación judicial había contado con el apoyo y asesoría de la FALGBT. Lo novedoso era que la jueza había tomado como prueba su sola declaración de voluntad y que el juez se abstuvo de solicitar pericias médicas o informes ambientales. La actriz tampoco justificaba su pedido en la realización de una cirugía genital previa ni se le solicitó comprometerse a realizarla. Este fallo sentó jurisprudencia, inaugurando la llamada doctrina Florencia Trinidad. A partir de allí comenzaron a elevarse una serie de solicitudes (bajo la forma de amparos o medidas cautelares autosatisfactivas) que en su mayoría obtuvieron resoluciones similares[20]. Tanto la FALGBT como el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género patrocinaron estas presentaciones, considerando que la obtención de fallos positivos promovería el tratamiento de los proyectos de Ley de Identidad de Género en el Congreso Nacional. Ello implicaba replicar la estrategia puesta en práctica para lograr la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario apostando a una sinergia entre el Poder Judicial y el Legislativo (Hiller, 2011).

En 2011 dos instancias de Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y la de Salta respectivamente intervinieron para que el Registro Nacional de las Personas realizara modificaciones registrales de nombre y sexo. Hasta el momento, estos cambios registrales habían sido llevados a cabo exclusivamente por la vía judicial, lo que las transformaba en acciones inéditas. Ese mismo año, instancias del Poder Ejecutivo de dos provincias se pronunciaron para asegurar en su ámbito de competencia el respeto a la identidad de género autopercibida (la Defensoría del Pueblo de Tucumán y el Ministerio de Salud de Córdoba). En paralelo, dos Ministerios nacionales generaron normativas similares. Estos fueron el Ministerio de Seguridad (garantizando el respeto a la identidad autopercibida en el ámbito de las Fuerzas Armadas) y el Ministerio del Interior (modificando la norma que establecía los requisitos de validez de la imagen fotográfica en el DNI a fin de que esta pueda expresar la identidad de género de todas las personas).

En un corto período de tiempo una variedad de acciones estatales, producidas por distintos poderes y a lo largo de distintas provincias, afirmaron el reconocimiento a la identidad genérica autopercibida de travestis, transexuales y transgéneros, forjando y afianzando la trama discursiva del derecho humano a la identidad de género. La sanción de la Ley de Identidad de Género en mayo del 2012 que unifica los procedimientos y criterios de modificación del sexo registral, nombre e imagen, representa la culminación un complejo proceso de producción discursiva al interior del Estado. No obstante, dicho concepto no fue aprehendido de manera cerrada y unívoca. Por tratarse de un concepto novedoso en términos jurídicos, estas acciones requirieron dotarlo de contenido, vinculándolo a distintos conceptos, sentidos y significaciones. A continuación analizo los sentidos en tensión en las innovaciones normativas recién descritas.

La identidad de género como derecho humano. Tensiones en torno a un concepto

De los documentos seleccionados para el análisis, dos fueron producidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el otro en el ámbito de la Provincia de Santa Fe. Uno fue producido por un ámbito Legislativo, otro por una instancia Judicial y otro por una instancia del Poder Ejecutivo. Dichos documentos son: la Ley N° 3.062/2009 sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2009 que estableció que travestis y transexuales sean nombradas y nombrados respetando su identidad de género” en toda dependencia pública de la Ciudad de Buenos Aires; el “Fallo Schleiber” producido por un Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en 2010 en el que se autorizó el cambio de nombre y sexo registral de una persona que fue registrada al nacer como perteneciente al sexo masculino y solicitaba ser reconocida legalmente como femenina; y el Decreto Nº 1.245/2011 la Provincia de Santa Fe en el que se autorizó un cambio de nombre y sexo registral frente a la negativa del Registro Civil de dicha Provincia.

La Ley N° 3.062 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ley 3.062 de la Ciudad de Buenos Aires sancionada en 2009, se proponía “asegurar que travestis y transexuales sean nombradas y nombrados respetando su identidad de género” (Ley N° 3.062/GCBA) en toda dependencia pública de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvo como antecedentes la Resolución N° 122 aprobada en 2003 por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 2006 otorgó la Personería Jurídica a ALITT. El fallo de la Corte Suprema otorgó el reconocimiento jurídico y legal a dicha asociación, cuyos fines eran “luchar para que el Estado y la sociedad acepten al travestismo como una identidad propia, lograr que las personas travestis y transexuales se conviertan en sujetas/os de derecho, lograr una mejor calidad de vida para las personas travestis y transexuales” (Fallo ALITT). El pedido debió llegar a dicha instancia tras obtener el rechazo por parte de la Inspección General de Justicia (organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y por una Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil una vez judicializado el caso. La Inspección había rechazado el pedido alegando que los propósitos volcados en el estatuto de ALITT no encuadraban en el concepto de “bien común”. Pero la noción de “bien común” esgrimida por la Corte Suprema de Justicia difirió de aquella. Consideró el “bien común” no en términos cuantitativos, como el interés de la mayoría o de la media de la población, sino como un concepto que debía englobar a una pluralidad de intereses aún divergentes. A su vez, sostuvo que el reconocimiento a ALITT redundaría en un bien para la comunidad, por reducir las tendencias centrífugas y conflictivas de los grupos socialmente excluidos. El fallo procuraba enaltecer la diversidad cultural así como mantener el orden y la paz social.

El reconocimiento público de la existencia de un colectivo social vulnerado en sus derechos elementales fue reafirmado en la Ley N° 3.062/GCBA. A fin de garantizar respeto a la identidad autopercibida, esta consagró un derecho cuyas beneficiarias directas eran las personas travestis, transexuales y transgéneros. Entendió que, en términos colectivos, conformaban un grupo que era objeto de desventajas sistemáticas que impactaban negativamente en sus condiciones de vida. Expresó también que esa condición ameritaba la planificación de políticas públicas específicas para revertir dicha situación y afirmó que “para salvaguardar el derecho a la identidad de travestis y transexuales se requiere que los Estados adopten medidas que aseguren el respeto por la identidad de género que cada persona define para sí” (Ley N° 3.062/GCBA). Sostenía que con ese piso mínimo de derechos sería posible ampliar la órbita de derechos básicos: el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho a la cultura.

En los objetivos de esta legislación se articulaba una política redistributiva con una de reconocimiento, teniendo en cuenta las dos formas de injusticia reconocidas por Nancy Fraser (1997): la injusticia económica y el irrespeto cultural. Su definición del concepto de identidad de género fue retomada enteramente de los Principios de Yogyakarta. Como fundamento estableció tres pilares: el derecho a ser diferente, los derechos personalísimos y los derechos humanos. El derecho a ser diferente fue retomado del artículo 11º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires[21], interpretándolo en términos del “reconocimiento de la individualidad de cada ser humano, que puede expresar su identidad de diversas formas” (Ley N° 3.062/GCBA). Se basó entonces en una noción de sujeto entendido bajo los términos del individuo liberal: indiviso, autoconsciente, auto centrado. Luego, los derechos personalísimos fueron entendidos como aquellas

Prerrogativas de contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona, por su sola condición de tal (…) e incluyen en esta categoría el derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio, al honor, a la identidad y a la dignidad, entre otros (y que) lejos de construir un numerus clausus estos componentes están en continua evolución (Ley N° 3.062/GCBA).

Los derechos personalísimos se sustentan entonces en una definición particular de persona humana. Siguiendo a Roberto Esposito (2009), el status de persona es lo que le otorga a la vida biológica una investidura que la torna digna de respeto y valor. El autor afirma que “los derechos humanos no corresponden a los sujetos en cuanto ciudadanos sino únicamente en cuanto personas” (2009: 13). El derecho a la identidad de travestis, transexuales y transgéneros será asegurado solo si logran acceder previamente al status de persona. Las regulaciones que comienzan a circular en 2003 se proponen incluir a travestis, transexuales y transgéneros bajo la noción de persona a través del discurso estatal, ya que solo a partir de ese piso mínimo se las puede pensar como sujetos con derecho a tener derechos, como afirmaba Hannah Arendt. La demanda de este tipo de normativas da cuenta de la existencia de sujetos que necesitan de un pronunciamiento estatal para acceder a dicho status, a diferencia aquellas que prescinden de ello ya que son siempre-ya-personas.

Este conjunto de normativas acarrean un carácter paradojal. Tal como lo desarrolla Wendy Brown (2000), la protección jurídica de los sujetos socialmente subordinados reifica las categorías identitarias forjadas en aquellos procesos de subordinación que se pretende revertir, o al menos paliar. Lo paradojal radica en que la designación que protege es, al mismo tiempo, la que oprime.

El fallo “Schleiber”

El documento a analizar es un fallo producido en 2010 por parte de un Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, “Fallo Scheibler”). El fuero fue creado en 2000 y la totalidad de jueces y funcionarios accedieron a sus cargos a través de concursos públicos. Ello le permitió constituirse desde su creación como una institución con miembros más flexibles que las burocracias jurídicas tradicionales (Cardinaux, Clérigo, Aldao y Ronconi, 2012). El fuero creó jurisprudencia en materia de derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda. También intervino en los casos de solicitud de autorización para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo ante a la negativa de los Registros Civiles. Intervino también en los casos de negación de solicitudes de cambio de nombre y sexo registral por parte del Registro Civil (Cardinaux, Clérigo, Aldao y Ronconi, 2012).

El caso a analizar se trata de un pedido de cambio de nombre y sexo registral de masculino a femenino de una persona que no presentaba ni solicitaba la realización de una cirugía genital. El juez expuso el caso tal como le fue presentado. Allí incluyó un relato de vida en el que la solicitante manifiestaba que “desde muy temprana edad sintió un deseo irrefrenable de vestirse y relacionarse conforme el sexo femenino” (Fallo Scheibler). El juez afirmó la importancia para el orden público de la inmutabilidad del nombre. Mencionó que con anterioridad, los/as jueces/zas de otros fueros habían solicitado cirugía genital para autorizar el cambio reclamado. A fin de evaluar lo solicitado, estableció diferencias conceptuales entre la noción de sexo y la de género, explicitando que “se entiende por ‘género’ al conjunto de pautas culturales y sociales que se utilizan para distinguir las actitudes o conductas que socialmente se consideran masculinas o femeninas”. Luego afirmó que

Tradicionalmente, el sexo de una persona es fijado en el momento de su nacimiento, circunstancia que determina su registro dentro de las categorías convencionales de ‘hombre’ y ‘mujer’. Sin embargo, ocurre que este hecho puede resultar altamente conflictivo para un porcentaje de individuos. Este grupo está compuesto (…) por personas cuya autopercepción innata difiere de la percepción que su entorno tiene de ellas y en base a la cual se las registró al momento de su nacimiento (Fallo Scheibler).

El juez no recurrió a categorías médicas ni tampoco redujo el problema a un caso aislado. Por el contrario, lo entendió como una experiencia común a un grupo de personas. Reconoció que las múltiples posibilidades identificatorias no tenían posibilidad de ser formalmente reconocidas por los mecanismos estatales vigentes al momento de elaboración del fallo. Sostuvo que las experiencias subjetivas y corporales que desafían el binarismo genérico “no constituyen ‘perversiones’, ‘desviaciones’, ‘sujetos sexualmente inclasificables’ o ‘errores de la naturaleza’”. Al afirmar una noción pluralista y no patologizante de las identidades genéricas que escapan del binarismo genérico, se distanció de los guiones regulativos vigentes hasta el momento en el ámbito judicial en torno al travestismo, transexualidad y transgeneridad.

Un antecedente directo de este pronunciamiento es el fallo del Juez Pedro Federico Hooft del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 4 de Mar del Plata del 2008 (“Fallo Hooft”). Este fue el primer caso que eludió el requisito de la realización previa o posterior de la cirugía genital. Fue un fallo bisagra ya que contenía elementos discursivos que lo ubican dentro del dispositivo de la transexualidad: peritajes médicos, centralidad del diagnóstico de la transexualidad y exposición del drama existencial como argumento habilitante. Sin embargo, priorizó la identidad autopercibida por sobre la morfología genital de la demandante. El diagnóstico de la transexualidad incluyó como instancia ineludible la cirugía genital, sin embargo el fallo estableció que “no es la intervención quirúrgica (feminizante en este caso) la que determina la condición de persona transexual, sino que tal intervención quirúrgica habitualmente se lleva a cabo a consecuencia de la condición de transexualidad previa” (Fallo Hooft). Autorizar el cambio registral de sexo y nombre sin establecer la cirugía como requisito implicó ponderar la identidad por sobre la corporalidad. Su resolución se basó en la evaluación de la correcta encarnación del género reclamado, basada en un examen de su performance corporal y conductual. Tal como explicita Mauro Cabral en su comentario a dicho fallo: “Sólo porque la demandante ya comparece encarnando a una mujer es que puede amparársela como tal” (Cabral, 2008: 3).

En el Fallo Schleiber el juez no recurrió a pericias médicas y tampoco estableció como requisito la cirugía genital. Sí estableció como requisito la comprobación mediante testigos de la estabilidad, persistencia y reconocimiento por parte de los otros del género que la solicitante solicitaba validar legalmente. Una existencia acorde a los patrones sociales del género reclamado, en condiciones estables y contando con la posibilidad de acreditar dicha estabilidad por parte de otras personas, fueron las condiciones impuestas para obtener el reconocimiento estatal. Allí tuvieron valor de pruebas jurídicas las declaraciones de los/as testigos presentados/as por la solicitante, quienes afirmaron que

Desde que conocen a la actora siempre la han visto con aspecto y comportamiento femenino (y) destacaron los múltiples inconvenientes y padecimientos que le produce la circunstancia de no poder contar con documentación que refleje su identidad de género y el nombre femenino por el que es conocida y con el cual interactúa en sociedad (Fallo Scheibler).

En base a dichas pruebas, el juez afirmó:

La actora posee una identidad femenina, que exterioriza en su aspecto y en el nombre por el que es conocida e interactúa socialmente (…) y que tal circunstancia se presenta de modo estable y persistente (Fallo Scheibler).

Esta identidad femenina fue corroborada por el juez aún sin haber establecido previamente cuáles eran los contenidos o las condiciones que permitían establecer dicha afirmación. Ello le hubiera hecho incurrir en los mismos estereotipos de los cuales buscaba desprenderse.

Su resolución se basó en la protección del principio de autonomía personal y la valoración de los propios planes de vida, absteniéndose de considerarla como una persona cuya existencia deba ser tutelada. Como en fallos anteriormente analizados, la tensión entre el interés individual y el colectivo fue un tópico que atravesó la exposición argumental del fallo. En este caso consideró que el interés individual de la persona solicitante no contradecía el interés colectivo y afirmó que escuchar su demanda tendería a promover la inclusión social de la diversidad de integrantes del colectivo social. Esa concepción se justificó en en  base al

Actual paradigma constitucional de los derechos humanos (que) exige agotar los medios para, sin dejar de lado las restricciones a los derechos individuales que puedan resultar necesarias para asegurar necesidades colectivas, poder reducir éstas últimas al mínimo indispensable (Fallo Schleiber).

El fallo reconoció la identidad de género como parte del fuero íntimo, privado y personal y su reconocimiento como parte del principio de autonomía personal, que debía ser jurídicamente resguardado Estas nociones basaban no sólo en la división liberal de lo público y lo privado sino también en una idea de sujeto que, al decir de Leticia Sabsay, debe ser “capaz de realizar demandas de derechos sobre la base del establecimiento de fronteras que estabilizan su identidad” (2011: 78). Es un sujeto que para devenir sujeto de derecho precisa ser autónomo, autoconsciente y autocentrado con una identidad estable. Las concepciones que sustentan el fallo analizado dejan de lado el hecho de que las nociones de autonomía o autoproducción conllevan un dilema, ya que no es posible pensar un sujeto que tome sus decisiones escindido de los marcos históricos de relaciones de poder-saber que lo producen como tal. Por el contrario, sería más ajustado pensar, como propone Cornelius Castoriadis (en Gutiérrez, 2012), en una noción de autonomía situada, es decir surgida en la articulación de una doble dimensión: interna y externa, individual y social.

En definitiva, dentro de la gramática del derecho humano a la identidad de género, el requisito jurídico para ser cifradas como identidades posibles era la correcta encarnación de los géneros hegemónicamente instituidos, requisito que se sustentaba en una noción de individuo liberal: como productor libre y autónomo de su propia identidad genérica.

El Decreto Nº 1.245/2011 de la Provincia de Santa Fe

El último documento a analizar es un Decreto producido en el ámbito de la provincia de Santa Fe que autorizó la modificación del nombre y sexo de masculino a femenino de una partida de nacimiento y dictaminó la emisión de un nuevo Documento de Identidad por parte del Registro Civil de dicha provincia. La norma resultó inédita ya que inauguró la vía administrativa para el reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida de travestis, transexuales y transgéneros. El pedido fue presentado originalmente en ante el Registro Civil provincial. Frente a la negativa de dicha instancia, la solicitud fue presentada ante la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe a fines del 2010, culminando con la redacción y aprobación del mentado Decreto. El mismo afirmaba que detrás del problema jurídico de la transexualidad se evidenciaban otras problemáticas jurídicas: la del concepto jurídico de identidad y el de autonomía personal. Así, entendió la transexualidad

Como una de las categorías intermedias que cuestionan el esquema binario dominante que regula la sexualidad: masculino/femenina. Bajo esta perspectiva, la persona transexual sería aquella que presenta rasgos tradicionalmente considerados `distintivos´ de ambas categorías (ya sean de índole fisiológica, psicológica, pulsional, actitudinal, social), sin que uno termine de prevalecer definitivamente sobre el otro, es decir, sin que todos estén perfectamente ‘alineados’ de acuerdo con las exigencias del modelo binario (Decreto Nº 1.245/2011).

Vinculó la transexualidad con las formas genéricas múltiples y ambivalentes que no encajan plenamente en las categorías de hombre y mujer, y que tienden a desestabilizar dicho binomio. Si bien se valió del término “transexual”, su interpretación de la problemática remite mucho más a la categoría transgénero vigente a partir de la década de 1990, que a las categorías médicas del travestismo y la transexualidad, que servían de prisma de inteligibilidad en regulaciones anteriormente analizadas. En base a esta definición, se propuso revisar los mecanismos estatales de asignación sexual, argumentando a favor de una desnaturalización y relativización de la idea de sexo sostenida institucionalmente:

La sexualización de nuestras identidades personales y su correspondiente fijación dentro del modelo binario masculino/femenina no es un fenómeno determinado por `la naturaleza´, sino el contenido de un compleja interacción social en la que se construye el sentido de los supuestos rasgos naturales con arraigo en los vaivenes de la historia cultural de los pueblos (Decreto Nº 1.245/2011).

Las críticas al binarismo genérico y a la estabilidad de la categoría de género fueron retomadas de los desarrollos de una serie de autoras feministas que llevaron a revisar también el concepto de identidad personal, considerando que la noción cultural y jurídica de persona no es más que el efecto de normas de inteligibilidad socialmente instituidas. En el Decreto bajo estudio se afirmó que la institución estatal debía reconocer la legitimidad de la diversidad de identidades sexuales a través de registros identificatorios que se correspondan con la percepción subjetiva, aunque ello implicara cuestionar esquemas caros a los dispositivos institucionales vigentes:

El modelo binario de regulación de la sexualidad lleva a que las personas transexuales se vean en la necesidad de encuadrar su posición sexual en una u otra de las categorías. Esta necesidad reñida con el ideario liberal, se revela principalmente en el dispositivo institucional constituido por las partidas de nacimiento y el Documento Nacional de Identidad, que desde la más temprana edad exigen una `determinación´ de la identidad de la persona como `masculina´ o `femenina´, a veces incluso mediante el recurso a procedimientos médicos más o menos forzosos (Decreto Nº 1.245/2011).

En base a esta afirmación se formularon los siguientes interrogantes

¿Pero qué pasa con quienes, como las personas transexuales, no encajan en esos estereotipos? ¿Qué pasa con quienes – como bellamente lo dice Judith Butler – `respiran en los intersticios de esa relación binaria´? (Decreto Nº 1.245/2011).

En su afán por desnaturalizar aquellos conceptos caros a las regulaciones antecesoras sobre la temática, revisó críticamente la idea de autonomía. En particular, su vinculación tanto con la noción de identidad como con la idea de libertad a la que es tradicionalmente asociada. Se refirió entonces a la idea de identidad trascendental que una lectura liberal podría interpretar detrás de dicho concepto:

La “identidad” que asumimos no está sujeta a una elección graciosa y casual como si se tratara de elegir una comida o un electrodoméstico. Por el contrario, la voluntad personal que anima esa búsqueda está condicionada y restringida por un complejísimo entramado de relaciones sociales y sentidos culturales (…) Entonces, no implica la afirmación ingenua de una supuesta “libertad trascendental” para constituir nuestra identidad “a gusto”, sino la protección y el respeto por la identidad de género que, atravesando los complejos marcos restrictivos que impone la cultura heteronormativa dominante, hayamos adoptado, cualquiera sea (Decreto Nº 1.245/2011).

Este posicionamiento incorporó lecturas críticas de términos problemáticos, de las que posicionamientos oficiales previos adolecieron. Fundamentó su evaluación positiva del pedido amparándose en una serie de principios reconocidos constitucionalmente: el principio de autonomía, el de igualdad y el derecho a la identidad personal. Se apoyó también en una serie de declaraciones internacionales de derechos, entre las que se encontraban los Principios de Yogyakarta. Asimismo, citó un corpus de doctrina y jurisprudencia de la “doctrina Florencia Trinidad” ya mencionada. En base a todo lo desarrollado afirmó que

El relato de la auto-percepción de A. como mujer bastaría (…) para reconocer su derecho a contar con la identidad de género que ha construido a lo largo de los años, sin ser requerible ningún otro tipo de `análisis´ (…) Pero no puede dejar de notarse (…) (a) la condición femenina persistente y estable de A.; (b) su completa claridad respecto del sentido y alcance de su reclamo de rectificación de partidas civiles; (c) su compromiso colectivo con la lucha por el reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales en el territorio de la Provincia; y (d) su sostenido padecimiento de marginación y discriminación por no contar con ese debido reconocimiento (Decreto Nº 1.245/2011).

Aún en el marco de una trama que buscaba innovar en el contenido de los conceptos jurídicos disponibles con anterioridad, seguían teniendo valor jurídico los informes testimoniales que acreditaban la estabilidad y persistencia de la identidad genérica reclamada, así como la exposición del sufrimiento padecido.

Al evaluar la vía procesal pertinente para la resolución del caso, concibió que el problema de la pertinencia de la vía administrativa en desmedro de la judicial para la resolución de estos pedidos lo que escondía realmente era la pregunta sobre el carácter privado o público del asunto bajo examen. En este sentido, afirmó:

La solicitud de una rectificación de partidas por violentar la identidad de género auto-percibida por la persona no es un asunto individual, ni puede ser bien pensada bajo una grilla individualista. (…) Por lo tanto, no puede ser abandonada a la disímil suerte de las personas trans para sortear las numerosas restricciones de acceso a la justicia que enfrentan (Decreto Nº 1.245/2011)

Tanto bajo el prisma del dispositivo de la transexualidad como en los posicionamientos analizados en este capítulo, una serie de derechos fueron otorgados en base al argumento contrario, es decir, sosteniendo el respeto por la privacidad y la vida privada de las personas. Este posicionamiento, por el contrario, ubicó el pedido y su otorgamiento en otro orden de significados. Asumió que la identidad y su reconocimiento legal era un problema de orden público, no privado ni individual. Consideró que su resolución no podía depender de las posibilidades individuales de resolución, en referencia a la vía judicial como medio exclusivo para la evaluación de las solicitudes, tal como venía sucediendo hasta el momento. Por lo tanto, se expidió a favor de la sanción de una normativa que unificara, estandarizara y regularizara los criterios y mecanismos de cambio de nombre y sexo legal. Esto es, una Ley de Identidad de Género.

A lo largo de este último capítulo analicé las condiciones de emergencia y contenido del paradigma del derecho humano a la identidad de género. Abordé el modo en que en un corto lapso de tiempo el mismo se instaló en los distintos estratos estatales (provincial, municipal, nacional) y de los tres poderes, superponiéndose y amalgamándose a lógicas regulativas vigentes anteriormente. Dicho surgimiento fue subsidiario de la emergencia de nuevos actores que a partir de la década de 1990 comenzaron a disputar los sentidos vigentes en torno al travestismo, la transexualidad y la transgeneridad: las organizaciones sexo-políticas y la teoría queer. Comencé desarrollando algunas tensiones en torno al surgimiento de la categoría transgénero, cuya circulación a partir de la década de 1990 buscaba dar visibilidad a formas contingentes de la identidad y el género. Destaqué que el término nació del entrecruzamiento entre el campo activista y el académico con el fin de discutir con las categorías médicas que habilitaban las intervenciones normalizadoras sobre los cuerpos y subjetividades transexuales. Paulatinamente fue delineándose como término paraguas que incluyó toda una amplia gama de prácticas e identificaciones que desafían el binarismo genérico

En base al análisis de los posicionamientos que la precedieron a Ley 26.743 de Identidad de Género –la Ley 3.062 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2009, el “Fallo Schleiber” del 2010 y el Decreto Nº 1.245 de 2011 de la Provincia de Santa Fe– afirmé que la trama discursiva del derecho humano a la identidad de género se centró en un tipo de acción estatal que afirmaba el reconocimiento y respeto a la identidad autopercibida de travestis, transexuales y transgéneros, considerándolas como un colectivo vulnerado social e institucionalmente. Dichas concepciones se apoyaron en la noción de derechos humanos y de derechos personalísimos. El desarrollo de este patrón discursivo retomaba una serie de tensiones caras al ámbito jurídico. Disputó la noción de “bien común”; abonó a la flexibilidad de las políticas públicas y tensionó las nociones de autonomía e identidad. Si bien en el horizonte de estos documentos la noción de género fue pensada en términos desbiologizados, muchas veces reactualizaron sentidos binarios y esencializados en torno al género, el sexo y la identidad.


  1. El origen de esta corriente estuvo dado por el surgimiento en la década de 1990 de una serie de grupos activistas estadounidenses como ACT-UP (AIDS Coalition to Unleash Power), y Queer Nation. Estos utilizaron el término ‘queer’ para caracterizar su práctica y discurso político que se orientaba a criticar los planteamientos asimilacionistas del movimiento de gays y lesbianas. Criticaban los discursos fuertemente homofóbicos que cobraron vitalidad con la aparición de la epidemia del sida. Asimismo, buscaban discutir las prácticas médicas que ante la enfermedad desplegaron toda una serie de predicados domesticadores y disciplinadores de la sexualidad (López Penedo, 2008).
  2. Tal como se desarrolló previamente, algunas autoras que pueden ubicarse en esta corriente son Judith Butler, Paul B. Preciado, Donna Haraway y Anne Fausto Sterling.
  3. El término “cross dressing” refiere al uso ropas u otros accesorios que desestabilizan las normas de género hegemónicas. Se trata de un uso no permanente sino más bien asociado a la experimentación individual o a performances artísticas y/o activistas.
  4. Así como a la primera parte de la saga de la película “La guerra de las galaxias” cuyo título en castellano también es “El imperio contraataca”.
  5. Si bien no poseen carácter vinculante para los Estados, los principios permiten la celebración de acuerdos y consensos internacionales a fin de que su contenido sea cumplido en cada uno de los países (Maffía y Berkins, 2014).
  6. En esta misma línea también se encuentran la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) firmada en el año 1979, así como a la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer llamada “Convención de Belém do Pará” del año 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995.
  7. Con este término Boaventura de Sousa Santos denominó a aquellos grupos surgidos en la década de 1970 que se caracterizaron por “identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo; y (…) abogar por un nuevo paradigma social, menos basado en la riqueza y en el bienestar material del que, en la cultura y en la calidad de vida” (Sousa Santos, 2001: 178)
  8. Siguiendo a Mario Pecheny (2000), uno de los factores que permitió la progresiva legitimación y acumulación de capital social de las organizaciones homosexuales en el marco de la reapertura democrática en nuestro país fue la emergencia del virus del sida y la respuesta “comunitaria” a la epidemia.
  9. Estuvo conformada originalmente por las organizaciones ATTTA (Asociación de Travestis Transgéneros y Transexuales de Argentina); La Fulana (organización de mujeres lesbianas y bisexuales de Buenos Aires); Nexo Asociación Civil (organización gay de Buenos Aires fundada en 1992); VOX Asociación Civil (organización LGBT de la provincia de Santa Fe fundada en 1998) y la Fundación Buenos Aires Sida (Hiller, 2011).
  10. “El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) es un organismo descentralizado que fue creado mediante la Ley Nº 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997. Desde el mes de marzo de 2005, por Decreto Presidencial Nº 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación” (Hiller, 2011: 89).
  11. Los “Foros de la Sociedad Civil” son espacios propuestos por el INADI como ámbitos de articulación entre el Estado y organizaciones sociales a fin de elaborar conjuntamente propuestas de políticas públicas, seguimiento y monitoreo. Algunos de los foros propuestos por el Instituto son el foro de la juventud, migrantes y refugiados/as, discapacidad, afrodescendientes y diversidad sexual.
  12. Entendiendo por cisexismo “las prácticas y creencias que parten de una relación jerárquica naturalizada en la que las personas trans ocupan lugares de inferioridad con respecto a las personas cis (aquellas que no son trans)” (Radi, 2012: 2)
  13. Coalición de organizaciones creada en el año 2010 y conformada por Putos Peronistas, ALITT, Cooperativa “Nadia Echazú”, Hombres Trans Argentinos, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.), Futuro Trans, Encuentro por la Diversidad (Córdoba), MISER, Antroposex, Viudas de Perlongher, Jóvenes por la Diversidad, Escénica Arte y Diversidad, Cero en Conducta (Santiago del Estero), ADISTAR-Salta, Comunidad Homosexual Argentina, Apid, Crisálida (Tucumán), Ave Fénix, AMMAR Córdoba y activistas independientes. Esta Coalición elaboró un Proyecto de Ley que fue presentado por la Diputada Diana Conti del Frente para la Victoria, registrándose bajo el Expediente N° 8126-D-2010.
  14. El primero de ellos fue presentado por el Diputado Justicialista Gustavo Green en el año 1995 como “Régimen para la adecuación física y cambio de identidad civil para los casos de intersexualidad y transexualidad”. En el año 2001 el Diputado Alfredo Bravo por el FREPASO presentó un proyecto de “derechos personales a la rectificación sexual para transexuales, hermafroditas o seudohermafroditas”. Por su parte, en el año 2002 el diputado Roberto Saredi del Partido Justicialista presentó un proyecto de “Régimen de derechos personales a la rectificación sexual registral”. Luego, en el año 2003 la entonces diputada por el Partido Socialista, María José Lubertino, presentó un proyecto sobre “Cambio de nombre y adecuación sexual en caso de cambio de sexo o discordancia con identidad o expresión de género”. En el año 2007 fue presentado por la diputada Silvia Augsburger del Partido Socialista un proyecto de “Ley de Identidad de Género”. Todos estos proyectos -que no llegaron a ser tratados- se basaron en las nociones de lo que ha descrito como “dispositivo de la transexualidad” ya que el cambio de registro requería la acreditación de dicho diagnóstico indefectiblemente.
  15. http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2011/129OE07_04_R10.pdf
  16. http://www.senado.gov.ar/parlamentario/sesiones/09-05-2012/05/downloadTac
  17. Como antecedentes de estas políticas se encuentran una serie de iniciativas bajo la forma de programas ministeriales que posteriormente impulsaron la articulación entre las agencias estatales y las organizaciones. Entre ellos cabe nombrar, por un lado, el trabajo de prevención de VIH-sida dirigido a la población travesti llevado a cabo por la Coordinación Sida de la Secretaría de Salud Gobierno de la Ciudad de Buenos entre los años 2002 y 2003. Por otro, el programa de “Construyendo Ciudadanía Travesti” de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de la Dra. Diana Maffía (1998-2003) de formación en derechos civiles y apoyo ante situaciones de abuso institucional (Raffo, 2006). Fue esta Defensoría la que elevó a la Secretaría de Educación la recomendación para sancionar la Resolución de respeto a la identidad de género en los ámbitos educativos (Resolución N° 122/GCABA/SED/03).
  18. Este pronunciamiento tuvo como antecedente el otorgamiento de personería jurídica a la CHA en el año 1991. En aquella ocasión, la solicitud presentada en el año 1989 había sido negada tras la presunción de que los intereses de dicha organización no se correspondían con el “bien común”. No obstante, luego de una serie de presiones ejercidas por la comunidad internacional, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor en el año 1991 (Meccia, 2006).
  19. El primer caso que sirvió de antecedente para esta serie de normativas fue el reconocimiento a la identidad de Claudia Vázquez Haro por parte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata en el año 2008 (Pedro Lipcovich en Página /12, 30/05/2008).
  20. También hubo casos de resolución negativa. Entre ellos, el de la actriz Maiamar Abrodos tuvo una importante repercusión mediática por los argumentos esgrimidos por el Juez (Soledad Vallejos en Página/ 12, 11/04/2011) que se encontraban en gran afinidad con el tipo de argumento desarrollado en el Capítulo 2 de esta tesis.
  21. El mismo establece que “Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo” (Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).


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